Un logro del CNMH y la FLIP

Los periodistas pasamos buena parte de la vida escuchando historias ajenas. Preguntamos, tomamos notas, viajamos, entrevistamos, revisamos archivos y tratamos de reconstruir acontecimientos que consideramos más importantes que nosotros mismos. Tal vez por eso pocas veces nos detenemos a pensar qué ocurre cuando quienes terminan convertidos en noticia son los propios periodistas. En Colombia esa pregunta no es retórica. Durante décadas, informar significó asumir riesgos que en muchas democracias resultarían difíciles de imaginar y que dejaron una huella profunda en el oficio. Algunos colegas fueron amenazados, otros tuvieron que abandonar las regiones donde habían construido su vida profesional y muchos fueron asesinados por intentar contar aquello que distintos actores armados, políticos o criminales preferían mantener en silencio. Con ellos desaparecieron investigaciones, fuentes, archivos y preguntas que probablemente nadie volvió a formular, una pérdida que no afecta únicamente al periodismo sino a la capacidad de toda la sociedad para comprenderse a sí misma.

El periodismo ocupa un lugar peculiar dentro de la historia. A diferencia de los políticos, los empresarios, los generales o los dirigentes sociales, los periodistas rara vez buscan convertirse en protagonistas de los acontecimientos. Su tarea consiste precisamente en observar, registrar y transmitir. Son intermediarios entre los hechos y la ciudadanía. Sin embargo, en países atravesados por conflictos prolongados, esa posición aparentemente secundaria puede transformarse en una actividad extraordinariamente peligrosa. Contar lo que ocurre, preguntar quién ejerce el poder, seguir el rastro de la corrupción, documentar violaciones de derechos humanos o simplemente describir la vida cotidiana de una comunidad puede convertir a un reportero en objetivo de quienes prefieren el silencio a la transparencia.

Por esa razón la historia del conflicto colombiano no puede entenderse únicamente a través de las experiencias de las víctimas directas, de los actores armados o de las instituciones que participaron en él. También debe incluir a quienes dedicaron años de su vida a documentarlo. Los periodistas fueron testigos de masacres, secuestros, desplazamientos, asesinatos selectivos, tomas guerrilleras, operaciones militares, negociaciones de paz y transformaciones sociales profundas. Gracias a ellos existen archivos, fotografías, grabaciones, investigaciones y crónicas que hoy permiten reconstruir una parte importante de la memoria nacional. Muchas de las cosas que sabemos sobre nuestro pasado reciente llegaron a la esfera pública porque alguien estuvo dispuesto a asumir el riesgo de contarlas.

Por eso resulta especialmente significativa la reciente reunión entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fundación para la Libertad de Prensa, un encuentro dedicado a reflexionar sobre la violencia ejercida contra periodistas en Colombia y sobre la necesidad de preservar la memoria de quienes fueron perseguidos, amenazados o asesinados por ejercer su oficio. Más allá de la agenda institucional, la conversación plantea una pregunta de enorme importancia para el país: ¿qué sucede con una democracia cuando quienes se encargan de informar son silenciados? La respuesta trasciende el ámbito periodístico y toca el corazón mismo de la vida pública, porque una sociedad incapaz de proteger a quienes investigan y cuentan su realidad termina debilitando sus propios mecanismos de conocimiento y deliberación.

Las cifras permiten aproximarse a la magnitud del problema. De acuerdo con los registros construidos a partir del informe La palabra y el silencio. La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015), elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y complementado posteriormente por la FLIP, al menos 172 periodistas han sido asesinados en Colombia desde 1977 por razones asociadas a su trabajo. Sin embargo, incluso esa cifra podría ser insuficiente para reflejar la dimensión real de la tragedia, pues la propia organización advierte que existen enormes subregistros que dificultan establecer con precisión cuántos casos ocurrieron realmente y cuántos permanecen aún en la penumbra estadística.

Detrás de esos números aparecen historias individuales que rara vez ocupan un lugar destacado en los grandes relatos nacionales. Están los reporteros de radio que recorrían carreteras secundarias para recoger testimonios en municipios apartados. Están los periodistas de periódicos regionales que conocían de memoria las dinámicas de sus comunidades. Están quienes trabajaban prácticamente solos, sin grandes redacciones detrás, enfrentando presiones económicas, amenazas constantes y enormes dificultades logísticas. También están aquellos que comprendieron antes que muchos otros los cambios que se estaban produciendo en determinadas regiones del país y que intentaron explicarlos cuando todavía resultaban invisibles para la opinión pública nacional.

La violencia contra periodistas posee una característica particularmente devastadora: sus efectos no terminan con la muerte o el desplazamiento de la víctima. Cuando asesinan a un periodista regional suele desaparecer también una red de conocimiento acumulada durante años. Las fuentes dejan de hablar, los colegas sienten miedo, las investigaciones se interrumpen y determinados temas dejan de ser cubiertos. En algunos casos, regiones enteras experimentan una especie de apagón informativo que puede prolongarse durante mucho tiempo. Durante la reunión, representantes de la FLIP insistieron precisamente en esta realidad, señalando que cuando un periodista es asesinado muchas veces nadie retoma su labor y las comunidades terminan enfrentando un vacío informativo que contribuye a perpetuar la impunidad.

Ese fenómeno ayuda a comprender por qué la libertad de prensa no puede reducirse a una reivindicación gremial. Durante años se ha repetido, con razón, que la libertad de prensa es un pilar de la democracia, pero con frecuencia esa afirmación se formula de manera abstracta. En realidad, la cuestión es mucho más concreta. La libertad de prensa significa que los ciudadanos puedan conocer lo que ocurre en los lugares donde viven, que tengan acceso a información relevante para tomar decisiones y que existan mecanismos para examinar críticamente el ejercicio del poder. Cuando esas condiciones desaparecen, quienes pierden no son únicamente los periodistas, sino todos aquellos que dependen de la circulación de información para participar plenamente en la vida democrática.

En el caso colombiano, además, la violencia contra la prensa adquiere una dimensión adicional porque está estrechamente vinculada con la construcción de memoria. Las guerras no solo producen muertos, heridos y desplazados. También generan disputas por la interpretación de los hechos. Todos los actores buscan imponer sus versiones de la realidad, legitimar sus acciones y minimizar sus responsabilidades. En ese contexto, los periodistas desempeñan un papel fundamental porque documentan acontecimientos en tiempo real y crean registros que posteriormente permiten contrastar relatos, verificar versiones y reconstruir procesos históricos complejos.

No es casual que numerosos periodistas hayan sido perseguidos precisamente por investigar asuntos incómodos. La información constituye una forma de poder y quienes intentan ocultar determinadas realidades suelen comprender muy bien la amenaza que representa una investigación rigurosa. De ahí que la violencia contra periodistas pueda entenderse también como un ataque contra la memoria futura. Cuando una historia deja de contarse, cuando una investigación queda inconclusa o cuando una comunidad pierde a quien registraba sus transformaciones, se produce una fractura que afecta la manera en que las generaciones posteriores comprenderán lo ocurrido.

Durante el encuentro, el director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, D’Mar Córdoba Salamanca, recordó precisamente la importancia de preservar el trabajo que muchos periodistas dejaron inconcluso y destacó la necesidad de seguir documentando las experiencias de periodistas víctimas del conflicto armado. La observación resulta particularmente relevante porque invita a pensar la memoria más allá del homenaje. Recordar no consiste únicamente en pronunciar nombres o conmemorar fechas. También implica rescatar archivos, investigaciones, testimonios y preguntas que la violencia intentó borrar. En el caso del periodismo, significa reconocer que detrás de cada reportaje existe un esfuerzo por ampliar el conocimiento colectivo sobre la realidad.

Quizás por eso la conversación entre el CNMH y la FLIP tiene una importancia que va más allá de las organizaciones que la protagonizaron. Lo que allí se discutió forma parte de una reflexión más amplia sobre el tipo de sociedad que Colombia quiere construir después de décadas de violencia. Una democracia sólida necesita ciudadanos informados, instituciones transparentes y periodistas capaces de investigar sin miedo. También necesita memoria. Necesita comprender que las agresiones contra la prensa no constituyen episodios aislados, sino fenómenos que afectan la calidad misma del debate público y la capacidad de una comunidad para comprender su pasado y orientar su futuro.

Los periodistas solemos pasar la mayor parte de nuestra vida profesional contando las historias de otros. Es una condición inherente al oficio y probablemente una de sus mayores virtudes. Sin embargo, existen momentos en los que resulta necesario volver la mirada hacia quienes asumieron riesgos extraordinarios para que esas historias pudieran conocerse. No para situarlos en el centro del relato nacional ni para convertirlos en héroes, sino para reconocer que la memoria de Colombia también está escrita en sus cuadernos de notas, en sus grabadoras, en sus fotografías y en sus investigaciones.

Porque cuando un periodista es asesinado no desaparece únicamente una persona ni se interrumpe solamente una trayectoria profesional. También se pierde una mirada construida durante años sobre una región, una comunidad o un problema específico; se rompe una cadena de transmisión de conocimiento sobre el país y se extinguen preguntas que quizás nadie volverá a formular. Por eso recordar a quienes fueron asesinados por cumplir con el deber de informar no constituye únicamente un acto de reconocimiento hacia las víctimas y sus familias, sino también una defensa de la memoria colectiva y de la posibilidad misma de que una sociedad conozca su propia historia.