Los gobernantes como Donald Trump y Abelardo de la Espriella que viven dando discursos apologéticos a los militares, a quienes llaman respectivamente “salvadores de MAGA” y “héroes de la Patria Milagro” y los halagan con su firme saludo militar, deberían acompañarlos de vez en cuando al campo de batalla y demostrarnos su valentía. Así tendriamos la certeza que son algo más que tigres de papel. Lamentablemente ninguno de los dos prestó servicio militar a su amada Patria y no sabrían cómo combatir y defenderla. Además, el Tigre se precia de que su civilidad y la Constitución le demandan hoy tareas más complejas, como las finanzas públicas, atender las visitas de altos dignatarios de otros Estados, las relaciones internacionales y las calamidades domésticas que exigen su presencia ubicua en toda Colombia cada minuto. Por todo ello, delega en los profesionales de la violencia, los militares, esa labor heroica e ingrata de combatir feroces y desalmados enemigos, que amenazan con desintegrar la nación y como presidente solo puede acompañarlos cuando exhiben esos cuerpos de apátridas sin vida, felicitándolos por la labor cumplida y estimulándolos con su grito de “Viva Cristo Rey” a elevar el número de bajas para bien de la “Patria Milagro”.
El oficio de “Neutralizar”
Por eso confía a la Fuerza Pública esa misión heroica de combatir, disparar y matar, que en lenguaje oficial y de los noticieros hoy llaman neutralizar. Neutralizar es un eufemismo más apropiado, pues permite reconciliar –vaya ironía más letal– a los pacifistas neutrales que exigen el fin de conflicto armado con los beligerantes belicistas situados en su vórtice, que desde hace más de medio siglo están a un tiro de ponerle fin. Mientras tanto, los civilistas gobernantes, como De la Espriella y su más admirado antecesor, Álvaro Uribe Vélez, se resguardan en un sofisticado entramado de normas e incisos para quedar a salvo de toda responsabilidad por sus órdenes mortales. Una vez estas son impartidas y cumplidas por los Generales y la alta oficialidad, los presidentes quedan exentos de toda responsabilidad. Los malos del paseo, entonces, resultan ser los militares, pero sobre todo los subalternos que dispararon y se excedieron en el cumplimiento de sus funciones. Es una tradición que viene desde la más rancia civilidad, como bien lo expresó Alberto Lleras Camargo en el Teatro Patria en 1958 ante la oficialidad de las Fuerzas Militares, ad portas de ser el primer presidente del Frente Nacional: “Es muy peligroso que se desobedezca una orden, que, por insensata que parezca, ejecutada por cien o mil hombres con rigurosa disciplina puede conducir a la victoria o minimizar el desastre… La preparación militar requiere, pues, que el que dé las órdenes haya aprendido a darlas sin vacilar, y tenga, hasta donde es posible, todo previsto, y que el que las recibe las ejecute sin dudas ni controversias”.
El Palacio del Horror, no del Honor Militar.
Quizá esta tradición de obediencia ciega, poco civilista y menos democrática, explique en parte acontecimientos tan brutales y criminales como los del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Una tradición de la que también participaron quienes portaban uniformes en las filas de la insurgencia, pues no de otra forma se puede comprender un asalto tan delirante y terrorífico como el ejecutado por el M-19, con un desenlace todavía más cruento y letal, precipitado por quienes constitucional y legalmente deberían haber actuado cumpliendo principios, normas y límites fijados por la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario, que aprendieron en su formación en las academias militares. En ambos bandos, tanto el estatal, precedido por Belisario Betancur, como comandante de las Fuerzas Armadas y la contraparte insurgente del M-19, bajo el mando de Alfonso Jacquin, no hubo rastro de honor militar, pues fueron responsables del asesinato de cerca de 100 civiles inermes y la desaparición de al menos una docena. Es peor aún que 41 años después continúe imponiéndose un relato de heroísmo por cada parte, en lugar de reconocer sin ambages los horrores cometidos. Ello está presente en la memoria colectiva que se divide entre los defensores a ultranza de los guerrilleros asaltantes por su osadía y, de otra parte, la valentía de los militares que los derrotaron y aniquilaron, así fuera con tiros de gracia y desapariciones, como la de Irma Franco Pineda. Lo más deplorable de esta memoria belicista, es que hoy continúa viva, como se aprecia en el paseo presidencial del Tigre en medio de cadáveres de “narcoterroristas neutralizados” y su grito triunfal de “Firmes por la Patria” y “Viva Cristo Rey”. A esto se añaden ingredientes todavía más radicales e incontrolables como la fe y el patriotismo para la prolongación y degradación del conflicto armado, a los que se suman la inestimable ayuda de Maga, el Escudo de las Américas y la inteligencia de agencias y asesores del Estado israelí.
¿Un orden terrorista?
Por eso no solo es absurda e indignante la orden del presidente De la Espriella para que la Cancillería y la Embajada de Colombia en Washington asuman la defensa del coronel retirado Alfonso Plazas Vega en los Estados Unidos, ante hechos tan criminales, vergonzosos y dolorosos como la salida con vida del Palacio de Justicia del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Uran. Salida de la cual hay registro fílmico y más de un testimonio de periodistas que lo conocían y lo vieron caminando herido, apoyado en soldados, para luego ser encontrado su cuerpo sin vida y con signos de tortura en el interior del Palacio de Justicia. Una orden presidencial, justificada además con el pretexto de defender a “un héroe de la Patria”, lo que apenas es comparable con que se hubiera tolerado nacionalmente que, por iniciativa del presidente Petro, se realizará un homenaje de desagravio al M-19 por su acción terrorista, en aras de la reconciliación nacional. No se puede llegar a semejantes extremos de cinismo y negación de la realidad, cuando ya el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de dichos crímenes. Negarlo es volver a validar la absurda explicación del entonces coronel en ejercicio, Plazas Vega, al decir “que estaba manteniendo la democracia” y la independencia de las ramas del poder público, mientras el Palacio de Justicia ardía y la cúpula del Poder Judicial estaba siendo decapitada. De llevarse a cabo esa defensa en nombre del Estado, podría significar, ni más ni menos, la continuidad y repetición de hechos semejantes, arguyendo de nuevo salvar la integridad del Estado de derecho y la democracia, pero en la práctica afianzando un orden de terror oficial y de impunidad absoluta.
¿De la “Patria Milagro” al Oeste salvaje?
En tal caso, no cabría hablar de “Patria Milagro” sino más bien de un “Oeste Salvaje” por la exaltación de héroes que no honraron sus uniformes, ya que los mancillaron con crímenes inexcusables, como sucedió con miles de falsos positivos y los desaparecidos del Palacio de Justicia, respaldados por inmunes e impunes presidentes que ostentan sin mérito el calificativo de civilistas y demócratas. Todo ello, hay que reconocerlo, gracias a los votos y el respaldo de millones de “ciudadanos de bien”, la impostura y complicidad de una tramoya de gremios empresariales, medios de comunicación e incluso la inteligencia de destacados ensayistas y académicos que ponderan la supuesta tradición civilista y democrática de la Fuerza Pública y del Ejecutivo, como lo hizo Eduardo Pizarro en reciente entrevista con Patricia Lara para le revista CAMBIO. Por eso, para impedir que ello siga sucediendo, necesitamos más ciudadanos comprometidos con el rescate de la democracia y la civilidad y menos “héroes militares” condenados a morir y matar en una guerra interminable como la emprendida contra las drogas, prolongada y dinamizada por millones de consumidores y adictos en todo el mundo. Requerimos más inteligencia civil y menos brutalidad militar. Más autonomía y soberanía nacional, en lugar de dependencia y sumisión a mandatarios de Estados genocidas, como el estadounidense y el israelí.
Más civiles rescatistas sin armas
Especialmente, precisamos de esos miles de ciudadanos que respondieron al devastador terremoto en forma solidaria, con acciones valerosas, esas sí heroicas, sin más armas que sus manos y su arrojo para salvar ciento de vidas de los escombros. Sería algo demasiado lamentable que, por miedo o peor aún en nombre de prejuicios, fanatismos políticos o religiosos, la defensa de sus intereses económicos o incluso en nombre de Cristo Rey, muchos de esos héroes civiles anónimos crean ahora que su seguridad dependerá de tener un arma de fuego. Entonces corran a comprarla al flexibilizarse su porte y eventualmente procedan a “neutralizar”, con la mejor buena conciencia y en nombre de su “legítima defensa”, a quienes consideren sus agresores o posibles enemigos. Valdría la pena que mejor comprarán y leyeran el libro Un país bañado en sangre de Paul Auster en el que nos informa, en la página 170, que “millón y medio de norteamericanos han perdido la vida a balazos desde 1968: más muertes que la suma total de todas las muertes sufridas en guerra por este país desde que se disparó el primer tiro de la Revolución Norteamericana”, precisamente por la facilidad con que compran, portan y disparan sus armas muchos ciudadanos de bien y sus jóvenes hijos.
Hernando Llano Ángel
Abogado, Universidad Santiago de Cali. Magister en Estudios Políticos, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. PhD Ciencia Política, Universidad Complutense Madrid. Socio Fundación Foro Nacional por Colombia, Capítulo Suroccidente. Miembro de LA PAZ QUERIDA, capítulo Cali.