Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

Paz territorial, ¿dónde y cuándo?

*Por Luisa Fernanda Uribe

En el marco de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC-EP (2012-2016), surgió la necesidad de abordar los enfoques territorial y diferencial para la implementación de lo acordado en los seis puntos de la agenda: problemática agraria, participación política, drogas ilícitas, víctimas/justicia transicional y verificación/implementación.

Ambas partes, junto con múltiples organizaciones de la sociedad civil , concibieron varias estrategias para abordar dichos enfoques: la creación de una Subcomisión de Género, que contó con la participación de por lo menos tres delegaciones de mujeres en los cuatro años de negociación; la redacción de un capítulo étnico, retomando propuestas de organizaciones indígenas y procesos de comunidades negras; y, finalmente, la priorización de municipios como punto de partida para la implementación del Acuerdo Final.

Durante una conferencia realizada en Harvard en 2014, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, habló de un concepto que sería enunciado de ahí en adelante como la herramienta clave en el “post-conflicto”: la paz territorial. Dicho concepto fue explicado por Jaramillo como “la necesidad de complementar el enfoque de derechos con un enfoque territorial. Primero, porque el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros. Y segundo, porque ese cambio no se logrará “si no se articulan los esfuerzos y se moviliza a la población en esos territorios alrededor de la paz”.

La paz territorial fue pensada, además, como una respuesta a la carencia de una visión regional/municipal en la agenda inicial de las negociaciones. Si bien los equipos negociadores hicieron énfasis en la importancia de esta visión, como ya se mencionó anteriormente, fue muy difícil que esto se manifestara en las negociaciones concretas de cada uno de los puntos y, aún más, que los acuerdos respondieran a las manifestaciones concretas de más de cinco décadas del conflicto en todo el territorio nacional.

La noción de paz territorial propuesta por el Alto Comisionado dinamizó el debate público en torno al tema de construcción de paz, en la medida en que visibilizó las diversas iniciativas que desde las regiones se han adelantado y confirmó la necesidad de asumir un enfoque diferenciado de acuerdo con la heterogeneidad espacial/temporal de la guerra y de sus impactos.

La apuesta reconoce que el territorio constituye el escenario fundamental para resolver los problemas prácticos y más recurrentes en procesos de postconflicto. Por eso mismo, la comprensión de qué  significan los territorios, cuál ha sido la presencia diferenciada del Estado en ellos y cómo estos se han insertado al Estado-nacional, son elementos de gran importancia al momento de diseñar y ejecutar intervenciones de política pública para la implementación de lo acordado, según un informe del CINEP del 2015[1]

En este contexto, el caso de las iniciativas de paz de los Consejos Comunitarios y de los procesos de comunidades negras en el departamento del Chocó, así como de otras iniciativas en el país, como en el Nororiente con la defensa de las Zonas de Reserva Campesina y la construcción de territorialidades interculturales en el Magdalena Medio, resultan clave para abordar la perspectiva territorial de los acuerdos de paz.

En el caso del Chocó, el territorio no tiene un carácter residual sino que es el espacio de y para la vida. Las comunidades negras entienden el territorio más allá de la objetivación física del terreno, lo asumen desde la vivencia cultural y, como lo manifestó en el 2016 Richard Moreno, uno de los líderes del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, FISCH, “en el territorio tejemos y construimos relaciones familiares, comunitarias, económicas, administrativas, simbólicas, religiosas y espirituales con las plantas, el agua, los animales, el monte (…) en el territorio escribimos y reescribimos nuestra historia”.

No obstante, las condiciones actuales de incursión  y choques de las Autodefensas Gaitanistas con el ELN en el Litoral del San Juan, Kiparadó (Bajo Atrato), Capa y Alto Atrato (Lloró)[2] y el desplazamiento de más de 50 familias cerca de Bojayá [3] dejan mucho que decir sobre la presencia contundente del Estado en un momento tan clave para la consolidación de escenarios de paz. Y es que además de estás dinámicas violentas, el departamento del Chocó aún cuenta con el índice más alto de desempleo, unas condiciones precarias en salud y educación y la falta de recursos para vías e infraestructura.

Las comunidades negras están en constante interlocución con entidades estatales con el fin de garantizar proyectos productivos sostenibles y provechosos para la población chocoana. Además, tienen iniciativas concretas para poner en marcha planes de Etnoeducación y reivindicación de las luchas negras en el país.

¿Cómo será todo esto posible si la paz territorial se queda en un enunciado sin mucho desarrollo?

La movilización y la articulación entre movimientos y organizaciones sociales existe en este departamento, las comunidades organizadas están dispuestas a construir escenarios de paz, pero todo esto no pasará si seguimos ignorando que la historia se está repitiendo. Ahora no se trata únicamente de desplazar el control territorial que antes le pertenecía a las Farc, sino de garantizar que este vacío sea intercedido por el Estado e impedir que nuevos grupos armados lo vuelvan a ocupar. Erróneamente pensamos que el paramilitarismo se había superado en el Chocó, que la construcción de paz desde lo local no implicaría más que buenas intenciones y que la creación de entidades estatales transitorias, que poco o nada reconocen el trabajo que ya hacen organizaciones sociales, serían suficientes para acabar y transformar 53 años de guerra y olvido.

[1] Informe Cinep
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*Investigadora asociada al Observatorio

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