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Amenazas a líderes indígenas y sociales no cesan en Colombia

  • En entrevista con Mongabay Latam, Robinson López, coordinador de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), habló sobre la última amenaza de muerte que recibió.

(Mongabay Latam / Antonio José Paz Cardona)

El panorama para los defensores sociales y ambientales en Colombia empezó muy mal en 2019. Solo en enero ya iban 17 líderes asesinados y decenas de amenazados. El presidente Iván Duque aseguró que la guerrilla del ELN y bandas criminales como el Clan del Golfo, Caparrapos, Pelusos y Los Pachenca serían los principales responsables de los homicidios. De hecho, el 31 de enero, el gobierno colombiano presentó el cartel de los hombres más buscados y ofreció recompensas que van desde los 500 millones hasta los 4000 millones de pesos (entre 158 000 y poco más de 1 millón de dólares). Los montos más altos son para Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Chamorro Acosta, alias Antonio García; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito. Los tres del ELN.

López asegura que las intimidaciones se deben a la defensa del territorio que hacen los indígenas. “No podemos esperar a que haya un decreto para defender la vida, eso debe ser inmediato”.
López asegura que las intimidaciones se deben a la defensa del territorio que hacen los indígenas. “No podemos esperar a que haya un decreto para defender la vida, eso debe ser inmediato”.

Los líderes indígenas tampoco han escapado de los asesinatos y amenazas. Recientemente circularon varios panfletos contra educadores, comunicadores y líderes en el departamento de Putumayo. Entre ellos se encuentra Robinson López, coordinador de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC). Mongabay Latam habló con él sobre estas amenazas, la seguridad en los territorios y las preocupaciones ambientales de los pueblos ancestrales.

Su nombre apareció en un panfleto el pasado 17 de enero, ¿a qué cree se debe esta amenaza?

Desde 2017 los líderes defensores de Derechos Humanos hemos sido declarados “objetivo militar” en el país.  Esto tiene que ver con intereses económicos que se tejen en los territorios y a la incomodidad por los llamados y denuncias oportunas que hacen nuestras autoridades indígenas ante las entidades de Gobierno a nivel central. Esto hace que haya cierta represión contra nuestra actividad. Hemos interpuesto demandas y tutelas (mecanismos jurídicos para la defensa de derechos fundamentales) a favor del territorio y de esta manera hemos impedido que se den licencias o se otorguen bloques para proyectos mineros y petroleros. Eso se cruza con intereses de muchos sectores del país.

El 17 de enero recibimos un panfleto emitido por un grupo denominado Águilas Negras, bloque sur de las autodefensas, donde hacen unas amenazas contra siete líderes, entre los cuales estoy yo, y nos daban 24 horas para salir de la zona (Putumayo) o de lo contrario atentaban contra nosotros y nuestras familias. El panfleto también señalaba represalias contra autoridades y gobernadores indígenas que están en la región. Eso nos preocupa mucho porque estamos hablando de más de 240 personas.

En este panfleto del 17 de enero, el grupo que se hace llamar Águilas Negras amenaza de muerte a Robinson López.
En este panfleto del 17 de enero, el grupo que se hace llamar Águilas Negras amenaza de muerte a Robinson López.

¿Qué hicieron luego de recibir estas intimidaciones?

En el marco de la coordinación de Derechos Humanos de la OPIAC nos pronunciamos de manera contundente rechazando este tipo de actuaciones. Hasta la fecha esta es la primera vez que salgo en un panfleto, a pesar de que he tenido amenazas telefónicas previamente. Iniciamos una acción urgente que se envió a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al Ministerio del Interior para que ellos adelanten las acciones pertinentes y se establezca una protección efectiva para los líderes amenazados.

Queremos que las Naciones Unidas hagan un llamado e insten al gobierno de Colombia para que tome medidas concretas que lleven al cese de los asesinatos de líderes indígenas y sociales en el país. No puede ser que estén amenazando a casi toda la dirigencia indígena del Putumayo, incluyendo presidentes de organizaciones indígenas como la Organización Zonal Indígena del Putumayo (Ozip), y en general, asociaciones de cabildos creadas por el decreto 1088 de 1993.

¿Cuál ha sido la respuesta del Estado?

En este momento no hemos tenido la primera llamada de la UNP. Sabemos que la Defensoría ha oficiado a esta entidad y a la Fiscalía, pero no hay resultados. No se sabe de dónde provienen estas amenazas, qué intereses hay sobre ellas ─aparte de asesinar─.  La acción del gobierno ha sido lenta y precaria. Más bien nula.

Con la llegada de este nuevo gobierno los asesinatos a líderes se incrementaron en cerca de 50 %. Creemos que el gobierno nacional debe tomar acciones contundentes y concretas, tanto individuales como colectivas.

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En abril de 2018, la asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona (Acips), los resguardos Siona de Buenavista, Piñuña Blanco y el cabildo Bajo Santa Elena alertaron a las autoridades de que la guerra aumentaba su intensidad. Foto: Mateo Barriga Salazar.
En abril de 2018, la asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Siona (Acips), los resguardos Siona de Buenavista, Piñuña Blanco y el cabildo Bajo Santa Elena alertaron a las autoridades de que la guerra aumentaba su intensidad. Foto: Mateo Barriga Salazar.

Pero, ¿usted tiene esquema de protección?

Sí, nos aplican el decreto ordinario que tiene la UNP que consiste en un casco, un chaleco, un auto blindado y hombres armados. Sin embargo, para los pueblos indígenas la protección también viene desde lo tradicional, lo espiritual y lo ancestral. Hemos construido una propuesta de decreto para la protección diferencial pero está engavetada en los escritorios de la UNP. Necesitamos que haya más voluntad política del gobierno nacional, más cuando están amenazando y asesinando a nuestros líderes. Lo máximo que nos han permitido es tener de acompañante a un guardia indígena, que también debe contar con las capacitaciones exigidas por el gobierno.

En los esquemas de protección hay varias falencias. Por ejemplo, los carros blindados son muy pesados y exigen alto consumo de combustible, pero solo permiten que llenemos el tanque una vez al día. Esto es complicado porque nosotros solemos tener rutas extremadamente largas, de hasta 14 horas por carretera. En caso de que el protegido no tenga dinero, el carro se queda sin gasolina y debe esperar hasta el día siguiente, en el lugar que sea, para poder llenar nuevamente.  Eso pone en grave riesgo la seguridad de muchos líderes. Los escoltas tampoco tienen suficientes viáticos para desplazarse y a veces solo les autorizan dos o tres días fuera de la ciudad, y en el caso de nosotros, muchas veces permanecemos hasta ocho días en cada territorio. La UNP asegura que no hay muchos recursos y hasta ahora se conoce que solo hay presupuesto para garantizar escoltas hasta junio de este año.

¿Cuáles son las zonas más peligrosas en este momento?

Tenemos una zona bastante delicada en Putumayo. En el departamento de Amazonas tenemos varios reportes de denuncias y Caquetá también preocupa. Incluso, en departamentos como Vaupés, donde era menos frecuente saber de amenazas, también se están presentando algunos hechos. Esto en cuanto a la Amazonía, pero también hay indígenas de otras zonas en grave riesgo, sobre todo en departamentos como Nariño, Cauca, Antioquia y Chocó.

La versión completa de este reportaje fue publicada en Mongabay Latam. Puedes leerla aquí.

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