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De las asociaciones de usuarios a las Asociaciones Público-Privadas en la adecuación de tierras: una nueva dádiva al sector privado en medio del proceso de Paz

Por Karla Diaz-Asociación Ambiente y Sociedad

Tras la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno Nacional el país se ha volcado en un debate alrededor de lo acordado en términos especialmente de participación política y judicialización de los ex – integrantes de esa guerrilla, dejando de lado la discusión alrededor de los demás puntos del Acuerdo, entre ellos la Reforma Rural Integral (RRI). El debate pendiente acerca del RRI tiene como punto álgido, entre otros muchos, la incorporación de la figura de Alianzas Público-Privadas (APP) en la operación de obras de Adecuación de Tierras (obras de riego, drenaje y/o protección contra inundaciones), abriendo una nueva puerta de oportunidad para el sector privado, incluso extranjero, en medio del proceso de paz.

La polarización del país que se hace efervescente en el Congreso, sumado a la baja gobernabilidad del actual Presidente, tienen en vilo, a pocos días de culminar el Fast-Track, los principales proyectos de la RRI, a saber: La Ley de Baldíos, Adecuación de Tierras e Innovación Agropecuaria y el Sistema Catastral Multipropósito. Los peligros de no ahondar en estas discusiones traen implícita la posibilidad de frustrar la Reforma Rural por tanto tiempo anhelada y que parecía ser ésta la oportunidad para cortar la larga espera que impuso el Pacto de Chicoral en 1973.

Dentro de este grupo de reformas pendientes se encuentra un tema que ha sido poco discutido dentro de la literatura sobre RRI, centrada especialmente en temas de distribución de tierras y legalización de baldíos, y es la construcción de infraestructura física para riego, drenaje y/o protección contra inundaciones, componente que hace a una reforma rural realmente integral.

Los antecedentes al Proyecto de Reforma a la Ley de Adecuación de Tierras es la Ley 41 de 1993 que abrió la puerta para la inversión de capital privado en las obras de adecuación con el fin de aliviar la deuda pública adquirida en la década de los años 60 y 70 para tal propósito (Ramírez, 1998). La entrada de capital privado en un asunto que fue por mucho tiempo potestad del Estado se materializa a través de la figura de Organismo Ejecutor Privado, el cual debía estar autorizado por el Consejo Superior de Adecuación de Tierras (CONSUAT) y ser elegido por las Asociaciones de Usuarios para poder ejecutar obras de drenaje, riego y protección ante inundaciones.

No obstante, la financiación privada para obras de adecuación de tierras ha sido limitada entre otras cosas, por la presión de las asociaciones de usuarios que pujan por ser las encargadas de administrar la prestación del servicio (administración, operación y conservación del distrito que incluye, entre otras cosas, la recuperación de la inversión) de los Distritos de Adecuación de Tierras que le son adjudicados por el Estado.

Al 2014 la Misión para la Transformación del Campo conformada por el DNP y la CEPAL encontró que la mayor parte de la inversión en proyectos de Adecuación de Tierras son realizadas en su totalidad o en gran parte por el Estado. Para el 2014 estaban en operación 15 distritos de mediana y gran escala, de los cuales 6 son eran administrados por el INCODER y 9 por asociaciones de usuarios; además, 64 distritos de pequeña escala de carácter público que son operadas en su totalidad por asociaciones de usuario. En total se han construido 837 distritos de adecuación en el país (CEPAL y DNP, 2014, p.12-13)

La Misión advierten la precariedad en la prestación del servicio de adecuación de tierras, haciendo evidente la falta de convergencia entre el proceso de planificación territorial y los distritos de adecuación, la falta de complementariedad entre la construcción de esta infraestructura y los proyectos productivos en las zonas, la falta de claridad en la competencias de las instituciones, la no regulación del servicio que ha ocasionado una falta de unidad de criterios para la priorización de proyectos y un alto sobrecosto en el cobro de recuperación de la inversión y, finalmente, la falta de garantía jurídica para las inversiones privadas, entre muchos otros.

De las recomendaciones hechas por la Misión, el proyecto de reforma de adecuación recoge con gran énfasis una de ellas:  debe promoverse “la participación del sector privado en el financiamiento de los proyectos integrales de adecuación de tierras” (CEPAL y DNP, 2014, p. 58). Con esto se busca resolver lo que se considera como el cuello de botella de las obras públicas, su ineficiencia, los actos de corrupción por parte de las asociaciones de usuarios y los sobrecostos en la operación. Ahora, si bien las asociaciones de usuarios siguen siendo en el proyecto de reforma un actor que administra distritos de adecuación de tierras, las disposiciones y nuevas reglas de juego que plantea el proyecto augura un cambio en la proporción de las actuaciones públicas, frente a las privadas.

 

El camino allanado por las Alianzas Público Privadas en términos de seguridad jurídica y garantías a la inversión que se materializa en la Ley 1508 del 2012 corresponden a la consolidación del marco jurídico para la minimización de los riesgos de la inversión privada que reclama la Misión y que ha sido priorizada en el marco de la política nacional para la construcción de obras públicas, configurando un nuevo nicho de interés para los actores privados, quienes en tiempos de paz han visto un boom de escenarios de oportunidad.

 

Referencias

DNP y CEPAL (2014) Diagnóstico y prospectiva de la adecuación de tierras en Colombia, Misión para la transformación del campo, documento técnico

Ramírez, M. (1998) Análisis de la política de adecuación de tierras en Colombia, Revista Planeación y Desarrollo, 29 (2), Bogotá D.C.

 

 

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