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Colombia y Venezuela, dos estrategias de inversión china en América Latina

Por: Camilo Perdomo Estrella  Asociación Ambiente y Sociedad – AAS

América Latina, en su búsqueda de acuerdos de financiación para grandes proyectos minero energéticos y de infraestructura, ha buscado refugio en los bancos de inversión multilaterales, incluyendo la banca china, que ha realizado importantes préstamos y asociaciones empresariales con varios países de la región. América Latina se convierte así en la segunda zona de inversión de China, después de Asia, pero ¿cómo son sus estrategias de inversión en la región? Colombia y Venezuela son dos ejemplos de estas estrategias donde la poca transparencia y las malas prácticas parecen repetirse.

Desde el año 2003, las inversiones chinas en América Latina han llegado al monto de US$ 110.000 millones, y más de la mitad fue en los últimos cinco años. Colombia, al igual que otros países de la región, ha suscrito diversos acuerdos con el país asiático para financiar proyectos extractivos y de infraestructura.

Aunque muchos de los proyectos chinos están enfocados al fomento de actividades comerciales al pacífico, como es el caso de su interés en participar en el Proyecto Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura (CAEB), también tiene la intención de invertir en proyectos petroleros o de infraestructuras, como el plan de carreteras del gobierno colombiano 4G o la hidroeléctrica de Ituango.

Colombia, según afirma el investigador David Cruz, de la Asociación Ambiente y Sociedad, “no tiene unas relaciones tan fuertes con China, como sí las tienen otros países de América Latina, sin embargo, a día de hoy, China es el segundo socio comercial de Colombia”.

“Ambos gobiernos han mostrado el interés de iniciar las negociaciones y el estudio de prefactibilidad del Tratado de Libre Comercio y, aunque no se ha llegado a un acuerdo, se está preparando el terreno para que en los próximos años las relaciones comerciales se consoliden a través de un Tratado de Libre Comercio que podría acelerar participación china en proyectos de infraestructura, agricultura, hidrocarburos y energía”, concluye Cruz.

La empresa Emerald Energy PLC Colombia, filial de la estatal china Sinochem, es la contratista para la exploración y explotación del proyecto Bloque Petrolero el Nogal. Una empresa estatal clave bajo la supervisión de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos del Estado del Consejo de Estado de China (SASAC).

La página web chinaenamericalatina.info ha cubierto en varias ocasiones el caso, denunciando sus particularidades y las manifiestas irregularidades cometidas por la empresa Emerald Energy PLC Colombia en las certificaciones de comunidades indígenas.

En un primer momento la empresa solicita certificación a la Dirección de Consulta Previa por el área total del bloque y esta declara la presencia de cuatro comunidades indígenas. Sin embargo, en otra certificación posterior presentada por una zona parcial del mismo bloque, declara que no existe ninguna comunidad étnica.

En consecuencia, como lo denunció la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la duplicidad contractual evitó la realización de un proceso de consulta, vulnerando así este derecho reconocido por la Constitución Colombiana y la legislación internacional.

Según lo demuestra un estudio independiente contratado por las Comisiones por la Vida del Agua (CVA) en el sur del Caquetá, un movimiento organizado por los campesinos de la región desde 2015 y que hace oposición al proyecto, Emerald Energy PLC Colombia desconoce el movimiento de aguas subterráneas, humedales y cuerpos de agua superficiales, pudiendo causar graves daños al medio ambiente.

La actuación de Emerald Energy PLC Colombia en la región generó graves conflictos sociales. Así, desde el año 2015, comienza una represión sistemática por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía (ESMAD) y del Batallón Minero Energético del ejército a las protestas realizadas por las comunidades indígenas y campesinas.

La represión de las autoridades, que ha puesto en grave riesgo la vida e integridad de los defensores ambientales e indígenas, ha sido llevada ante la comisión de Derecho humanos de la ONU, donde China debe pasar el Examen Periódico Universal (EPU), un examen periódico sobre las violaciones de derechos humanos que haya podido realizar China dentro y fuera de sus fronteras en los últimos cinco años.

Para el investigador David Cruz de la Asociación Ambiente y Sociedad, “el Banco Interaméricano de Desarrollo desarrolló un fondo conjunto con el Banco Popular de China, del cual se tomó dinero para el financiamiento de Hidroituango”, el controversial proyecto hidroeléctrico que se desarrolla actualmente en Colombia. Cruz pide más transparencia, debido a que “las informaciones sobre estas inversiones no son claras y queremos saber las reglas de juego de ese Fondo”.

El ejemplo venezolano

Venezuela, al igual que Colombia, busca refugio en los fondos de inversión multilaterales, pero en este caso es el Banco de Desarrollo Chino el encargado de suministrar recursos al Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano por medio de la firma de la Asociación Estratégica por el Desarrollo Conjunto entre los dos países. Acuerdos suscritos con el ánimo de diversificar la economía venezolana y que permiten al país petrolero inversiones en los sectores de energía y minas, infraestructura y alta tecnología a cambio de materias primas necesarias para la industria china.

El problema de estos acuerdos, es la falta de información que hay sobre las materias primas que debe entregar el gobierno venezolano a China por el pago de la deuda, ya que cuanto más baja la cotización del petróleo y otros minerales, más aumenta la cantidad de la deuda contraída.

El gobierno venezolano crea en 2016 la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, también conocido como Arco Minero del Orinoco, al norte del estado Bolívar. Debido a la magnitud del territorio, un área de 111.846,86 kilómetros cuadrados, se crean varias zonas de explotación con distintas multinacionales.

De momento, aunque en el proyecto participan más de 100 empresas de diversos países, se conoce que el Estado venezolano suscribió dos acuerdos con la República Popular de China, una con una empresa minera del Congo y otro con la empresa canadiense Gold Reserve para la extracción de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial.

El dios Wanadi creó el Orinoco para calmar la sed de los Yekuana, según las creencias de esta comunidad indígena nativa de la zona. Sin embargo, ahora los Yekuna, al igual que Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako, Baniva, Piaroay Jivi, y pueblos en contacto inicial: Eñepá y Jodi o Joti, deben compartir el río y su territorio con multinacionales mineras, colonos nacionales y extranjeros en busca de fortuna, grupos armados y el ejército: la fiebre del oro llegó a su territorio.

El Arco Minero se divide en cuatro áreas, de las cuales la empresa china Camc Engeerering Co. Ltd. (CAMCE), filial de la estatal China National Machinery Industry Corporation (SINOMACH), explotará el área 1, donde predomina el coltán; y la empresa estatal Yankuang Group Co. Ltd. (Yankuang), explorará el área 4, donde predomina oro, bauxita, cobre, caolín y dolomita. Ambas tienen un alto control del gobierno chino y reciben financiamiento directo del Banco de Desarrollo Chino para dicho proyecto, además de cumplir con el domicilio legal en China.

Organizaciones ambientalistas, así como defensoras de los Derechos Humanos, han denunciado el proyecto en su totalidad. Las explotaciones mineras del Arco del Orinoco no cuentan con estudios ambientales y tampoco han consultado a las comunidades indígenas de las regiones, comunidades indígenas que han sido desplazadas de sus territorios ancestrales por las autoridades.

La oposición y protestas de diversas organizaciones indígenas no se ha hecho esperar, los proyectos mineros implican la alteración de su modo de vida tradicional, ya que compromete los territorios y recursos que tradicionalmente han poseído con deforestación masiva y la contaminación su principal fuente de agua, la cuenca del río Orinoco, que representa el 92% del agua total del país.

Pero la violación a los derechos humanos y ambientales no para ahí, las comunidades indígenas han sido criminalizadas por las autoridades y el asesinato de uno de sus líderes a manos de un sicario hizo saltar todas las alarmas de las organizaciones sociales. La existencia de una minería formal con una minería ilegal ha producido que diversas mafias entren a la región y favorezca que las autoridades, que en teoría deberían vigilar las explotaciones mineras, terminen sobornadas por estas mafias.

Aunque el gobierno venezolano ha reconocido las violaciones de derechos humanos y ambientales ante la Comisión Interaméricana de los Derechos Humanos, la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas – ORPIA ha llevado el caso ante la ONU, presentando un informe ante el EPU, que establece un examen de derechos humanos a cada país miembro de la ONU cada cinco años.

La opinión pública en Colombia y Venezuela, así como la de toda la región, se enfrenta al oscurantismo que se cierne sobre las inversiones del gigante asiático y el monto total de las deudas contraídas por sus gobiernos. Asimismo, se convierte un reto para los Estados la transparencia y las buenas prácticas frente a las irregularidades sobre la contratación de ciertos proyectos, las violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente que se vienen presentando sobre las inversiones chinas en América Latina.

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