El MERIDIANO 82

Publicado el El meridiano 82

Patricio Pazmiño, ¿un caballo de Troya en el Sistema Interamericano?

La llegada del presidente de la Corte Constitucional de Ecuador a la Corte Interamericana de DD.HH. despierta críticas de múltiples organizaciones y expertos que alegan un posible conflicto de intereses.

patriciopazmino

Por Daniel Salgar Antolínez / @DanielSalgar1

La reciente renovación de cuatro de las siete plazas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras cuatro de las siete de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estuvo cargada de polémicas. Primero, porque más de 60 organizaciones de la región se quejaron sobre la falta de un espacio de dialogo con la sociedad civil promovido por la OEA para analizar las calidades de los 11 candidatos y sus méritos. Este año la OEA no respondió a las solicitudes para hacer ese foro, como se había hecho en años pasados y como es práctica común en el Sistema Europeo de DDHH. Por eso, la sociedad civil estuvo protestando durante las votaciones.

Segundo, por la elección del ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire como nuevo juez de la Corte IDH. Pazmiño, de 57 años, es presidente de la Corte Constitucional de Ecuador y se le conoce como un hombre muy cercano al presidente Rafael Correa. El Informe Final del Panel Independiente para la Elección de Comisionados y Jueces Interamericanos señala que Pazmiño ha ocupado diversos cargos en el gobierno, como asesor sobre temas de derechos humanos, como académico y dentro de organizaciones no gubernamentales. Dice además dice que Pazmiño, en su propio blog, ha informado sobre el escándalo de Cervecería Nacional, en el que fue acusado de soborno en beneficio de la empresa en un juicio de varios millones de dólares. La Fiscalía presentó una acusación, pero la Corte Constitucional, que él preside, la desestimó.

El panel de expertos concluyó que Pazmiño tiene experiencia como juez y conocimiento en el campo de los derechos humanos, especialmente en derechos ambientales y económicos, sociales y culturales. Sin embargo, no pudo dar una valoración sobre la idoneidad de Pazmiño para ejercer como juez de la Corte IDH, debido a que el candidato no respondió el cuestionario requerido. No fue respondido, por ejemplo, si el caso por el que fue procesado aún está pendiente de fallo ante la misma Corte que él preside (aunque él no participe en el caso como juez).

Según el informe, lo anterior plantea preocupaciones sobre el cumplimiento de Pazmiño con los dos requisitos establecidos en el Artículo 52.1 de la Convención Americana. “Otra cuestión preocupante es qué pasaría si el candidato decide continuar siendo miembro de la Corte Constitucional. No pudimos encontrar ningún precedente reciente de algún miembro del tribunal de mayor jerarquía de un Estado que mantuviera una posición concurrente como juez de la Corte Interamericana. Si bien ni la Convención ni el Estatuto lo prohíben per se, creemos que esto plantea serias preocupaciones desde el punto de vista de una carga laboral que podría ser un impedimento para sus funciones, así como de potenciales conflictos de interés”.

Pazmiño apoyó la famosa Ley Orgánica de Comunicación, la cual ha sido fuertemente criticada por la CIDH como una ley que no ofrece garantía alguna para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Ecuador. La exrelatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, ha dicho que se trata de una ley que permite que el presidente decida lo que es o no ofensivo. “Es una ley que establece que los medios tienen la obligación de publicar todo aquello que el Estado y el gobierno considere que es de interés público. Si el gobierno considera que un acto como la inauguración de un puente es de interés público, todos los medios lo tienen que cubrir. Si no, estarían incurriendo en una falta y los podrían sancionar con multas cuantiosas. Además, no pueden publicar nada que el gobierno considere que no es de interés público. Si el medio pública algo que el gobierno no considera de interés público, lo pueden sancionar”, explicó Botero en una entrevista con El Espectador.

La Ley ha sido objeto de críticas por parte de muchas otras organizaciones. El director para las Américas del Comité para la Protección a Periodistas (CPJ), Carlos Lauría, dice que Ecuador tiene una de las leyes más regresivas en materia de libertad de expresión que se han dictado en las últimas dos décadas en la región. En una reciente entrevista con este diario, calificó como ridícula la concepción nueva de que el periodismo es un servicio público y criticó los casos de rectificación, censura y multas a medios de comunicación que se han dado desde la implementación de una ley que es contraria a los estándares interamericanos.

En los últimos años el presidente Rafael Correa ha aparecido como uno de los más fuertes críticos del Sistema Interamericano de DD.HH. Ecuador, liderando a los países del ALBA, ha embestido contra el Sistema, calificándolo como un brazo del imperialismo, y particularmente contra la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH, a la que ha intentado dejar sin financiamiento. Incluso ha llegado a proponer que el Sistema sea reemplazado por otro.

Por estas razones, es cuestionable el interés ecuatoriano en poner un juez en la Corte IDH. Desde que se oficializó la candidatura de Pazmiño, por lo menos 70 juristas y académicos ecuatorianos, incluido un exjuez de la Corte IDH, presionaron para que el aspirante no fuera tenido en cuenta, debido al conflicto de intereses que podría generar por sus funciones como presidente de la Corte Constitucional ecuatoriana. La preocupación de los expertos radicaba en que la conformación de órganos que deberían ser integrados por técnicos independientes, termine respondiendo a agendas políticas de los estados. En una carta, aseguraron que Pazmiño no cumple con la independencia requerida para ejercer como juez del tribunal interamericano, como ejemplo de esto citan “los fallos obsecuentes frente a las posiciones gubernamentales en casos como el de la Ley de Comunicación; el dictamen frente a las reformas constitucionales que, entre otras cosas, pretende instituir la reelección indefinida (…) los dictámenes que obstaculizan la celebración de consultas populares”.

Para muchos expertos y organizaciones civiles, Pazmiño es un “caballo de Troya” que tiene el objetivo de continuar con el debilitamiento del  Sistema Interamericano y, a punta de sentencias, hacer la contrarreforma del Sistema que no ha podido hacer el gobierno de Correa políticamente. Esta preocupación no es menor, teniendo en cuenta que la Corte IDH es el máximo tribunal regional de DD.HH y sus decisiones afectan la protección de los derechos de cerca de 500 millones de personas.

Según la Corte Constitucional ecuatoriana, el nuevo juez se comprometió a fortalecer el Sistema Interamericano y elevar la capacidad y calidad de los mecanismos de promoción y difusión de la jurisprudencia de la Corte. Después de la elección de Pazmiño, el subsecretario de Organismos Internacionales Supraregionales de Ecuador, Diego Morejón, afirmó que su país tiene interés “en hacer cambios en el Sistema desde dentro del Sistema, no bloquear, no boicotear, sino trabajar conjuntamente con los demás países desde dentro para lograr una reforma sustantiva”.

*Foto tomada del diario El Universo.

 

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