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Por una política de drogas de largo plazo

Ana Arjona

El gobierno del Presidente Duque ha anunciado dos medidas que buscan enfrentar diferentes problemas relacionados con las drogas ilícitas en Colombia: la fumigación con glifosato que busca disminuir los cultivos de coca y el decreto que autoriza a la policía a confiscar la dosis mínima y multar a quien la porte para reducir el microtráfico y el consumo de drogas.

Estas medidas buscan cambiar la conducta de diferentes actores: cultivadores de coca, grupos criminales que trafican drogas, vendedores o jíbaros y consumidores. Como ambas medidas aumentan los costos esperados de cultivar, vender y consumir, se espera que, en el corto plazo, haya menos cultivos, menos jíbaros y menos consumidores.

¿Pero cuánto sabemos sobre estos actores y su comportamiento en el largo plazo? ¿Con base en qué información esperamos que estas políticas funcionen o fracasen?

Comencemos por el consumo. Se ha dicho hasta la saciedad que el consumo de drogas ha aumentado. Pero no sólo no hay cifras que permitan hacerle un seguimiento riguroso al consumo, sino que carecemos de datos sobre cuántos de esos consumidores hacen un uso abusivo o problemático de las drogas. Aún más, sabemos muy poco sobre las características del consumo: ¿en qué circunstancias ocurre, quiénes son los consumidores y qué tipos de drogas usan?

Un mejor entendimiento del consumo y los consumidores permitiría hacer un mejor análisis del impacto que podrá tener la confiscación de la dosis mínima y la multa. Permitiría, por ejemplo, establecer si la medida impactará a consumidores problemáticos (que seguramente continuarán consumiendo) o sólo a consumidores recreativos; si tendrá un impacto diferente entre ricos (que pueden pedir droga a domicilio) y pobres; y si aumentará las barreras para que quienes necesitan ayuda de profesionales de la salud la busquen.

Lo mismo ocurre con los cultivadores de coca. El país lleva décadas implementado políticas para reducir los cultivos. A pesar de los recursos millonarios que hemos invertido, sabemos muy poco sobre los cultivadores, sus familias y sus comunidades. ¿Quiénes son? ¿En qué condiciones decidieron cultivar la coca? ¿Qué les ha pasado cuando han decidido dejar de cultivarla? ¿Cuáles son las características de sus comunidades? ¿Qué tipo de interacción han tenido con grupos armados? ¿Cuál ha sido su relación con diferentes entidades del estado?

Entender mejor el contexto en que individuos, familias y comunidades deciden cultivar la hoja de coca—y dejar de hacerlo—nos permitiría anticipar mejor las consecuencias que tendrían diferentes políticas públicas. Ayudaría, por ejemplo, para saber cómo reacciona una persona cuyos cultivos son fumigados con glifosato: ¿Dejan de sembrar o buscan cómo sembrar en otros lugares? ¿Cómo se transforma su interacción con los actores armados que operan en sus territorios? ¿Cómo cambia su relación con el estado? ¿Qué nuevos retos económicos, sociales y políticos enfrenta su comunidad en el largo plazo dada la mayor conflictividad social y la mayor tensión con el estado?

A pesar de la larga lucha del país con grupos armados ilegales de todo tipo, tampoco sabemos lo suficiente sobre la manera en que estas organizaciones se adaptan a las políticas que afectan sus fuentes de financiación. Es posible, por ejemplo, que estos grupos reaccionen a la fumigación extendiendo su presencia a regiones donde antes no operaban para llevar los cultivos de coca a tierras nuevas. O que, ante el riesgo de la confiscación y las multas, suban el precio de la droga y bajen su pureza, dejando intactas sus ganancias.

Colombia tiene todas las razones para priorizar su política de drogas: la producción, el tráfico y, en menor medida, el consumo de estas sustancias han supuesto para el país costos enormes en vidas, violaciones de derechos humanos, medio ambiente, instituciones y desarrollo. Las medidas que, hasta ahora, ha adoptado el gobierno podrán tener, en el mejor de los casos, un efecto en el corto plazo pues no afectan factores estructurales. En el peor de los casos, no reducirán los cultivos, el microtráfico ni el consumo, pero sí incrementarán el conflicto social en las zonas de cultivo; llevarán a los actores criminales a expandirse a nuevas zonas; crearán nuevas fuentes de desigualdad y discriminación por el trato diferenciado a los consumidores; y aumentarán los problemas de salud pública propios del consumo criminalizado.

Ya es hora de dar un debate serio sobre qué políticas pueden tener un impacto positivo en el largo plazo. Y, para hacerlo, necesitamos información sobre los actores involucrados así como investigación sobre su comportamiento. ¿Cómo esperamos cambiar su conducta si sabemos tan poco sobre ellos?

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