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¿Estamos los colombianos condenados a la Corrupción?

José-Alberto Guerra

Hace menos de un mes los votantes colombianos participaron en la denominada Consulta Anticorrupción. A pesar de no haber alcanzado el umbral para obligar al Congreso a legislar sobre las iniciativas allí incluidas, el Gobierno del presidente Duque concertó con los partidos políticos 8 proyectos de Ley. Al radicarlos ante el Congreso, el Presidente afirmó complacido que “estamos comprometidos a derrotar el cáncer de la corrupción”. Y la nuez de algunos de los proyectos radicados sí puede ayudarle, por lo menos en teoría, a los proponentes a cumplir ese compromiso.

Uno de los principales problemas asociados al estudio de la corrupción, definida como todo acto ilegal cuya finalidad sea alguna forma de ganancia privada,[1]  es su naturaleza subrepticia. La cual dificulta su medición y el análisis de sus determinantes.

En cuanto a su medición, según el Índice de Percepción de la Corrupción[2] calculado por Transparencia Internacional, Colombia se encuentra en la mitad del escalafón entre los países más corruptos del mundo. Adicionalmente, su índice se ha mantenido constante en los últimos años, sugiriendo que nuestro país puede encontrarse en una suerte de “trampa de corrupción”. Es decir, un proceso en el cual la incidencia de actos corruptos se retroalimenta a sí misma, manteniendo niveles de corrupción elevados y constantes.

Respecto al análisis de sus determinantes, la literatura académica (ver Abbink y Serra (2012)) sugiere algo que en principio suena trivial: el diseño de las instituciones para combatir la corrupción debe inclinar la balanza entre las ganancias esperadas de ser corrupto y las de ser honesto, en favor de estas últimas. El problema de corrupción es esencialmente un problema de riesgo moral: un Estado emplea a un funcionario público para realizar sus labores honestamente, pero como los organismos de control no pueden observar perfectamente sus acciones, el funcionario puede optar por ser corrupto siempre que los beneficios asociados sean menores que los costos.

De tal manera, las instituciones que luchen contra la corrupción deben combinar incentivos extrínsecos, asociados a la recompensa o al castigo monetario; e intrínsecos, asociados a los sentimientos morales y creencias personales que determinan el cumplimiento de una norma (Benabou y Tirole, 2006). La alquimia de esos incentivos es compleja.

Específicamente, los incentivos externos correctos se asocian al incremento de la probabilidad de detección de un acto corrupto, al costo asociado a ser detectado y a mejorar la remuneración al trabajo honesto. Por su parte, los incentivos intrínsecos toman la forma de aumentar la reputación asociada a ser honesto, o la sensación de culpa de no serlo. Los incentivos intrínsecos se mantienen gracias a las normas sociales que desaprueban, o aprueban, el accionar de un corrupto.

En general, las normas sociales correctas pueden dificultar la coordinación entre dos funcionarios para actuar corruptamente (i.e., disminuyen su complementariedad estratégica).  Sin embargo, las normas sociales pueden ser contraproducentes, como lo es, en nuestro caso, la de “a papaya puesta, papaya partida” que invita a aprovechar cualquier oportunidad, legal o ilegal, para obtener una ganancia privada.

A la luz de este marco conceptual, veamos el alcance de las iniciativas anticorrupción radicadas. Estas pueden asignarse a dos grupos, en función de su efectividad para combatir “el cáncer de la corrupción”: Positivas e Inciertas.

Entre las Positivas destaco la de hacer público el listado de bienes de los servidores públicos, la de llevar un registro anual de conflicto de intereses y la participación ciudadana en la discusión de presupuestos de inversión; todas estas aumentan la información disponible y por tanto incrementan la probabilidad de detectar un acto de corrupción. También pertenecen a este grupo, porque aumentan el costo esperado asociado a un acto de corrupción, las iniciativas que dan cárcel para corruptos sin privilegios especiales, hacen imprescriptibles los delitos de corrupción y otorga la facultad al Estado de terminar contratos por corrupción de manera unilateral y sin indemnización. La efectividad de estas últimas dependen sarcásticamente de que el órgano encargado de investigar estos delitos tenga la voluntad de hacerlo. Es decir, que no sea corrupto. Por último, limitar a tres los períodos en corporaciones públicas y obligar a rendir cuentas y llevar registro de cabildeo disminuye la complementariedad estratégica entre corruptos, y hace más relevante la reputación de un funcionario.

Entre las Inciertas está el congelamiento de salarios a altos funcionarios, ya que reduce los beneficios asociados a su labor y puede atraer a personas menos preparadas, aunque con mayor motivación intrínseca por servir al País. También incluyo la exigencia de pliegos tipo para procesos de licitación pública, pues incrementa la transparencia en la contratación a costa de disminuir la competencia, lo cual puede tener efectos contraproducentes.

Aunque sutil, una de las mayores ganancias de todo este debate, es que la sociedad colombiana está abiertamente sancionando a los corruptos. Y parece decirle por fin a la Corrupción, en palabras de Neruda, “Yo te desafío, con duros versos te golpeo el rostro, te embarco y te destierro.”

No estamos condenados.

 

Referencias

Abbink, K., y Serra, D. (2012). Chapter 4 anticorruption policies: Lessons from the lab. En New advances in experimental research on corruption (pp. 77-115). Emerald Group Publishing Limited.

 

Benabou, R. y Tirole, J. (2006), “Incentives and prosocial behavior”, The American Economic Review 96(5), 1652-1678.

[1] Basada en https://www.transparency.org/what-is-corruption

[2] Este índice categoriza a los países según la opinión que tienen los ciudadanos sobre qué tan corruptos son sus servidores públicos.

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