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Cauca: Pobreza, cultura de la legalidad y marihuana

Por: Hernando Zuleta

El departamento del Cauca tiene cerca de un millón y medio de habitantes y un índice de ruralidad del 60%, es decir, cerca de novecientas mil personas viven en áreas rurales. El ingreso por habitante de este departamento es cerca del 60% del promedio nacional y, usando esta medida, es uno de los 6 departamentos más pobres del país.

En 2016, la mitad de la población del Cauca no tenía un ingreso mensual suficiente para acceder a la canasta básica y el 22.3% no pudo adquirir la canasta de bienes alimentario.

En este entorno, propicio para el surgimiento de economías ilegales, se presentan gran incidencia de cultivo de marihuana, cultivo de coca y minería ilegal; actividades que están íntimamente conectadas con el delito y la violencia.

El cultivo de marihuana, predomina en la zona norte. Según cifras oficiales, hay más de 6,000 hectáreas sembradas en esta región. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos –SIMCI-, empezó a implementar una metodología para medir el cultivo de marihuana bajo invernadero, pero aún no se produce el primer informe de resultados. Los hallazgos de un proyecto piloto basado en alertas lumínicas arrojó un dato aproximado de 50,700 hectáreas con posible presencia de invernaderos para marihuana en el departamento.

Además de los problemas asociados a criminalidad y violencia, el cultivo de marihuana, está asociado a pérdidas no técnicas en la prestración del servicio de energía eléctrica, esto es, pérdidas que obedecen a acciones externas al sistema, electricidad entregada pero no pagada por los usuarios (robo de energía). Las pérdidas no técnicas de energía generan cuatro problemas básicos: (i) sobrecargan el sistema y generan interrupción en el suministro y daños a los electrodomésticos, (ii) reducen el retorno de la inversión y, por lo tanto, la capacidad para reinvertir en tecnología e infraestructura y ampliar la cobertura del servicio, (iii) la baja calidad del servicio afecta la economía de las familias a través de los ingresos. (iv) genera hábitos ineficientes de consumo de energía, ya que las personas que no pagan no tienen incentivos para tener hábitos de ahorro.

Con respecto al problema de violencia, el Acuerdo de paz con las FARC trajo un periodo de tranquilidad para los caucanos entre 2013 y 2016. El desplazamiento forzado se redujo 88% entre 2012 y 2017, el índice de homicidios por cien mil habitantes pasó de 48 en 2012 a 38 en 2016. La vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados disminuyó entre 2014 y 2015. Sin embargo, la tranquilidad no logró mantenerse, la tasa de homicidio tuvo picos de aumento en 2015, 2017, y la tendencia de este año es al aumento. ocupaba esa guerrilla hoy es objeto de disputa por grupos criminales. De hecho, del total de acciones atribuidas a las disidencias de las FARC entre el 10 de junio de 2016 y el 27 de marzo de 2018 el 16% ocurrieron en el.

La ubicación del Cauca es estratégica para el narcotráfico. La salida al océano pacífico funge como ruta para exportar droga; permite el paso al interior del país; y sirve como área de aislamiento para actividades ilícitas. Este atractivo sumado a las condiciones de pobreza, convierte al Cauca en un departamento clave para el éxito en la implementación del acuerdo de la Habana.

En este orden de ideas, Cauca requiere un plan de reducción de la pobreza, de construcción de estado e impulso a la cultura de la legalidad y un esfuerzo para aumentar la calidad y la cobertura de servicios y bienes públicos.

En este orden de ideas, la legalización de la marihuana recreativa puede tener efectos positivos sobre la formalización del trabajo, reducción de violencia, aumento en ingresos tributarios y surgimiento de la cultura de la legalidad, e igualmente permitiría realizar asesorías acerca del manejo eficiente de la energía eléctrica lo cual redundarían en la reducción de pérdida no técicas para las empresas que prestan este servicio.

La evidencia internacional indica que si bien la legalización puede generar aumentos en el consumo de marihuana en ciertos grupos poblacionales, no ha generado cambios en accidentes de tránsito y sí ha generado reducciones en el número de sobre-dosis de derivados de opio, reducción en violaciones, crímenes contra la propiedad, caídas en el consumo de otras drogas incluido el alcohol y un aumento sensible en el recaudo tributario (Dragone, Prarolo, Vanin, & Zanella, 2018; Livingston, Barnett, Delcher, & Wagenaar, 2017; Aydelotte, et al, 2017; Cerdá, et al, 2017).

Es posible que la evidencia internacional no sea reproducible en su totalidad en el caso colombiano. No obstante, por las condiciones del departamento del Cauca y por el momento que está viviendo el país, vale la pena adelantar una política experimental que pueda ser evaluada. Las lecciones de los casos de Washington, Colorado y Uruguay serían útiles para el diseño de la política de legalización.

 

 

Aydelotte, J., Brown, L., Luftman, K., Mardock, A., Teixeira, P., Coopwood, B., & Brown, C. (2017). Crash Fatality Rates After Recreational Marijuana Legalization in Washington and Colorado. American Journal of Public Health, 107(8), 1329-1331. doi:10.2105/AJPH.2017.303848

Cerdá, M., Wall, M., Feng, T., Keyes, K., Sarvet, A., Schulenberg, J., . . . Hasin, D. (2017). Association of State Recreational Marijuana Laws With Adolescent Marijuana Use. JAMA pediatrics, 171(2), 142-149. doi:10.1001/jamapediatrics.2016.3624

Dragone, D., Prarolo, G., Vanin, P., & Zanella, G. (2018). Crime and the legalization of recreational marijuana. Journal of Economic Behavior and Organization, 1-14. doi:10.1016/j.jebo.2018.02.005

Livingston, M., Barnett, T., Delcher, C., & Wagenaar, A. (2017). Recreational Cannabis Legalization and Opioid-Related Deaths in Colorado, 2000-2015. American journal of public health, 107(11), 1827-1829. doi:10.2105/AJPH.2017.304059

 

 

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