En este país hay empresas a las que les gusta el capitalismo, pero a las que no les gusta el mercado. Les gusta que haya consumidores, pero no les gusta que haya ciudadanos. Sin realizar ninguna actividad productiva, se las ingenian para sacar provecho de los usuarios. Esto es lo que los economistas llaman captura de rentas. A este fenómeno también lo podemos llamar captura legal del estado.

Un buen ejemplo es lo que hacen las empresas distribuidoras de gas. Por experiencia propia, me voy a referir al caso que bien conozco: el de Fenosa, el conglomerado dueño de Gas Natural.

En marzo de este año recibí una comunicación de la empresa Gas Natural en la que esa empresa me informaba que realizaría una revisión técnica reglamentaria de las instalaciones de gas de mi apartamento y que tendría que pagar por dicha inspección la suma de cincuenta y ocho mil trescientos pesos. El valor de esta inspección en el caso de establecimientos comerciales tales como restaurantes está alrededor de los cien mil o ciento diez mil pesos.

Las distribuidoras de gas como Fenosa contratan con terceros y les pagan una suma por cada revisión que realizan. Esa suma no es superior a los veinte mil pesos. Por no hacer nada, en Bogotá, la empresa Fenosa – Gas Natural se gana por derecha entre cuarenta y ochenta mil pesos en cada inspección. Cada mes Fenosa hace aproximadamente cuarenta mil inspecciones. Saquen ustedes la cuenta.

Sin haber realizado ninguna actividad productiva, cada mes Fenosa factura una enorme suma de dinero. Lo mismo hacen otras distribuidoras de gas en el país con el mismo o con un esquema diferente.

Los economistas llaman a fenómenos de este tipo captura de rentas. Mediante una manipulación legal, en este caso del concepto de libertad vigilada, las distribuidoras de gas le dicen al usuario que ellas son las que fijan el precio de la inspección técnica reglamentaria y que también son ellas las que deciden cuál es la empresa que puede hacer esas inspecciones.

A esto uno también lo puede llamar captura legal del estado. Sin amenazas de muerte ni nada por el estilo, las distribuidoras de gas abusan de la regulación estatal para explotar a los usuarios. Sin el estado, no podrían excluir del mercado a los competidores. Si el estado cumpliera su función de proteger los derechos de los usuarios, esta situación nunca se habría presentado. En este sentido es que el estado ha quedado capturado por las distribuidoras de gas.

En realidad, esta captura de rentas es ilegal. La ley de servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994) consagra como derecho del usuario la libertad de elegir al prestador del servicio y al proveedor de los bienes necesarios para su obtención o utilización. Sin que lo diga la ley expresamente, es claro que el usuario tiene el derecho a elegir quién le hace la inspección técnica de las instalaciones de gas de su casa o de su empresa. Sin embargo, de una forma absolutamente amañada, las distribuidoras de gas lograron que una regulación previa del servicio fuera interpretada como si las únicas que pudieran hacer esas inspecciones fueran las mismas distribuidoras de gas.

Yo objeté el valor de la inspección técnica reglamentaria y el procedimiento para realizarla. Pregunté a Fenosa si había en el mercado personas o empresas que pudieran hacer las revisiones a quienes yo pudiera contratar directamente. La respuesta que recibí es que la reglamentación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) le dio a las distribuidoras de gas la tarea de realizar las revisiones y que son ellas quienes las llevan a cabo.

No contento con esa respuesta, verbalmente primero y luego por escrito, manifesté ante Gas Natural que realizaría una videograbación de la revisión técnica. El propósito de esa videograbación era el de solicitarle a un perito técnico que realizara una estimación del precio de mercado de dicha revisión. Con ese concepto técnico, yo podría luego recurrir a la vía legal apropiada para poner en cuestión el valor que Fenosa quiere que le pague (y que ya empecé a pagar).

Independientemente del uso que yo le de a esa videograbación, realizarla en mi domicilio hace parte de mi derecho a la libre información. Fenosa puede decir lo que quiera acerca del valor de la revisión. Yo estoy en mi derecho de cuestionar lo que diga Fenosa basándome en el concepto de personas competentes en la materia.

A Fenosa no le gustó ni cinco que yo ejerciera mi derecho. La respuesta por escrito que recibí de esa empresa con respecto a la realización de la videograbación de la inspección es que las políticas de la compañía impedían que yo hiciera una cosa semejante. Yo repliqué haciendo referencia a mi derecho y recordándole a Fenosa que no está en Arabia Saudita, en China, en Cuba o en cualquier otro régimen autoritario donde los consumidores no tienen derecho alguno. Fenosa reculó y yo pude prender mi cámara cuando vinieron a revisar mis instalaciones de gas.

La videograbación que realicé confirma buena parte de todo lo que he dicho hasta aquí. Fenosa no mueve un dedo a la hora de hacer las revisiones. Todo el trabajo lo hacen terceros. El único trabajo que hace Fenosa es fijar horarios para las revisiones y tramitar el pago que tenemos que hacer los usuarios. El ingreso de muchos usuarios como yo proviene de trabajar, de producir algo. El ingreso de Fenosa, en lo que respecta a las revisiones, proviene de no hacer nada, excepto el de manipular una reglamentación a su favor, una manipulación consistente en abolir la competencia que beneficiaría a los consumidores.

Esta situación está a punto de ser revertida. La CREG tiene listo un proyecto de reglamentación que nos devuelve a los usuarios la posibilidad de ejercer nuestro derecho a escoger quién hará la revisión técnica reglamentaria. En otras palabras, la CREG va a reestablecer las condiciones de mercado que benefician a los usuarios y que le ponen fin a la captura de rentas de la que sacan provecho las distribuidoras de gas.

Sin embargo, la cosa no está tan fácil. El representante de las distribuidoras de gas, Eduardo Pizano, ha recurrido a argumentos falaces para confundir a la opinión y para desprestigiar la regulación que beneficia a los usuarios. Según Pizano, el proyecto de regulación de la CREG va a afectar nuestra seguridad porque los terceros escogidos por los usuarios para hacer las inspecciones no tienen el poder de suspender el servicio si detectan algún tipo de riesgo. Por lo menos en el caso de Bogotá, son terceros los que hacen las inspecciones. Eso lo debe saber muy bien el señor Pizano. Si hay alguna anomalía que ponga en riesgo a los usuarios, esos terceros tienen que reportarla al distribuidor de gas para que suspenda el servicio. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es que las distribuidoras de gas ya no podrán meterle la mano al bolsillo al usuario como lo están haciendo ahora, sin que tengan derecho alguno.

Naturgás, la asociación que agrupa a los productores, transportadores y distribuidores de gas, también ha dicho que la nueva regulación va a afectar a los usuarios de estratos bajos porque impedirá que les financien el costo de la inspección. ¿Desde cuándo las distribuidoras de gas están preocupadas por la distribución del ingreso en favor de los más pobres? Lo que la nueva regulación va a hacer es acabar una distribución del ingreso en favor de las distribuidoras de gas. Por eso es que nos salen a los usuarios con engaños y falacias de todo orden.

Espero que las Comisiones Sexta del Senado y de la Cámara tomen atenta nota de todo este asunto. Una llamada desde el Congreso a la CREG para que expida la resolución que le devuelve a los usuarios el derecho de escoger a los inspectores de gas sería un gesto que los electores agradeceríamos. Serviría para poner en vigor cuanto antes una regulación que nos beneficia y que le pone fin a la infame captura de rentas que se ha producido en el caso del gas.

Este no es el único aspecto de la controversia con las empresas distribuidoras de gas. Su captura de rentas la quieren llevar a cabo de la manera más eficiente posible y lo suficientemente indolora para que los consumidores no pongamos el grito en el cielo. El cobro correspondiente a las revisiones técnicas ha quedado incorporado en la factura que recibimos mes a mes, de acuerdo con un programa de cuotas “libremente escogido” por los usuarios.

Un ciudadano ha interpuesto una acción popular sobre este asunto ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Puesto que la captura de rentas es ilegal, ilegal también es la inclusión de su cobro en la factura mensual. A todos los usuarios interesados en esta causa les recomiendo que presenten sus argumentos en contra de este abuso de las distribuidoras de gas. El número del expediente correspondiente a este caso es el siguiente: 25000 23 24 000 2010 00776 01. El nombre del accionante es Jaime Vega y las entidades demandadas son el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Ponerle fin a la captura de rentas es también darle un empujón al desarrollo económico del país. Eso lo puede decir cualquier economista de Colombia. Es hora de ponerle un tatequieto a estos conglomerados a los que les gusta el capitalismo pero no les gusta el mercado, a los que a nombre del mercado quieren abusar de los usuarios.

Lo que los usuarios pedimos es que dejen que el mercado funcione. Los terceros que hacen las inspecciones han tenido que acreditarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora tienen que hacerlo ante el Organismo de Acreditación de Colombia (ONAC). Si esta entidad cumple con su función de avalar a quienes tienen la idoneidad técnica y financiera para realizar las inspecciones, nosotros, los usuarios, en el libre mercado, decidiremos quiénes hacen las inspecciones.

Una nota adicional, para terminar. En el curso de toda esta controversia con Gas Natural, logré que la revisión de las instalaciones de mi apartamento se realizaran sin que me obligaran a esperar todo el día al técnico inspector. Me tocó pelear la cosa, contrario a lo que ha sido mi experiencia con otras empresas de servicios públicos domiciliarios que han adoptado una actitud amable con el usuario. La regla general debería ser que todas las visitas se hagan dentro de un rango limitado de tiempo y que a uno lo llamen para confirmar la visita. Por eso, si usted tiene pendiente una inspección de Gas Natural, exíjales por escrito que no le hagan perder todo el día. Ya llegará la hora de que nos devuelva a todos los usuarios la renta ilegal que quiere ganarse a expensa nuestra.