Creo que al banco BCSC no le gustó que yo le quisiera hacer una donación a WikiLeaks. De acuerdo con una carta que recibí ayer de la gerente de la sucursal donde tengo mi cuenta, fui informado de que el BCSC se negó a tramitar una transferencia de fondos (US$75) de mi cuenta a la cuenta de WikiLeaks en el banco Landsbanki en Islandia. El BCSC afirma que la operación “lleva implícito un riesgo de carácter reputacional para nuestra organización.” A mí me parece que esto es censura.

Primero, en el BCSC me estuvieron echando los “cuentos del gallo y el toro”. En la sucursal me dijeron que yo había proporcionado un código de identificación internacional errado del banco receptor de la donación. Yo verifiqué ese código en el sitio web del Landsbanki y pude comprobar que no había ningún error. Como la cosa me pareció sospechosa, el 18 de diciembre del año pasado solicité a la defensora del cliente de Colmena BCSC que tramitara mi queja: yo le mostré que no había ninguna justificación para esa dilación y pedí que el banco completara la transacción.

El 21 de diciembre recibí una llamada de la sucursal en la que me pedían que pusiera en una carta todos los datos que yo ya había puesto en el formulario correspondiente a los giros internacionales. El 22 de diciembre envié a la sucursal un correo con un archivo adjunto con la correspondiente carta. Me dijeron que la tenía que entregar personalmente, lo cual hice posteriormente. El 23 recibí un correo de la defensora del cliente del BCSC donde me informaba que mi queja había sido tramitada.

En los primeros días de enero recibí otra llamada en la que me informaban que la entidad que tramita los giros internacionales del BCSC se había negado a transferir los fondos correspondientes a mi donación. Yo solicité que me dieran por escrito la información que me habían dado por teléfono. La respuesta de la funcionaria del banco con quien hablé fue la de que tenía que hacer esa petición por escrito.

Yo le agradezco al BCSC que me haya ahorrado la tinta y el papel que habría gastado en reiterar lo que ya había pedido. También le agradezco que finalmente haya tenido la sinceridad de decirme que se negaba a tramitar la donación que quería hacerle a WikiLeaks. Se lo agradezco porque cuando a uno lo tienen a punta de cuentos del gallo y el toro, uno no puede discutir seriamente acerca de las razones que le asisten a una entidad para negarse a proporcionarle un servicio a un cliente.

A estas alturas, creo que este asunto ya no nos concierne únicamente al BCSC y a mí. Esto ya ha dejado de ser un asunto privado por la sencilla razón de que yo creo que aquí está en juego algo mucho más valioso que mi preferencia personal o que el prestigio del BCSC. Está en juego la libertad de los ciudadanos para decidir qué causas les parecen merecedoras de su apoyo económico, así como la discreción de los funcionarios de un banco para decidir cómo es que ellos le prestan el servicio a sus clientes.

Empezaré diciendo que yo creo en las restricciones legales a las donaciones que puedan hacer las personas a distintas causas. Creo que es legítimo que organismos públicos pongan límites a la cantidad de dinero que un ciudadano puede aportar a una campaña electoral. Creo que es correcto que las autoridades impidan que se le hagan contribuciones a organizaciones criminales y, por la misma razón, creo que las organizaciones privadas y demás personas deben colaborar con las autoridades en el cumplimiento de dicho propósito.

Justamente aquí radica la objeción que yo planteo respecto del obrar del BCSC en este caso. WikiLeaks no es una organización criminal. No hay ninguna acusación ni contra WikiLeaks ni contra sus miembros por haber realizado las filtraciones que han llevado a cabo. (Por un asunto eminentemente diferente, hay una acusación contra Julian Assange, acusación cuya legitimidad todavía está en disputa) No hay ningún tribunal en ningún país del mundo que haya puesto a WikiLeaks fuera de la ley. Por lo tanto, quienes queremos hacerle donaciones a WikiLeaks no cometemos ningún delito.

Aparentemente, el gobierno de los Estados Unidos presionó a varias entidades para que se negaran a prestarle servicios financieros a WikiLeaks. Paypal, Visa y MasterCard se negaron a tramitar las donaciones dirigidas a WikiLeaks a través de su conducto. Allá esas entidades. Aquí, a menos que hayan cambiado la Constitución y no me haya dado cuenta, una entidad financiera no puede hacer una cosa de esas. Negarle un servicio financiero a un cliente con base en una consideración acerca de su prestigio como entidad es una decisión que viola la libertad de los ciudadanos y el estatuto de los bancos como servidores del público.

La discrecionalidad de los bancos no es absoluta. Un banco puede negarse a prestarle dinero a una persona con una historia crediticia que de muestras de irresponsabilidad o de insolvencia. Puede prestar dinero a una tasa de interés más alta si es más alto el riesgo que corre al hacer el préstamo. Pero si dos personas tienen la misma historia crediticia, sería una arbitrariedad que a una de ellas le prestaran a una tasa más alta. Eso violaría su derecho a la igualdad.

En relación con el destino de los fondos, la única restricción que un banco puede imponerle a un cliente es que lo utilice para hacer transferencias a personas o entidades involucradas en actividades criminales como el narcotráfico o el lavado de activos, por dar sólo un par de ejemplos. Mi caso es completamente diferente. Que Joe Biden haya dicho que Julian Assange es un “terrorista de alta tecnología” no significa que Assange sea un terrorista, que WikiLeaks sea una organización terrorista o que quienes queremos hacerles una donación estemos incursos en el delito de concierto para delinquir, apoyo a organizaciones terroristas o cualquier cosa por el estilo.

Puede suceder que el BCSC sea indiferente con respecto a que yo quiera hacerle donaciones a WikiLeaks. Puede suceder incluso que haya funcionarios dentro de ese banco que simpaticen conmigo, pero que se encuentren en una situación en la cual las entidades corresponsales encargadas de efectuar las transferencias de dinero en el exterior no quieran hacer negocios con quienes le hacen giros a WikiLeaks. Desde este punto de vista, para el BCSC se impone el resultado de un cálculo de costo y beneficio. “Más vale perder un cliente que perder un corresponsal e incluso que perder la reputación.” Tal puede que sea el razonamiento del BCSC.

Sin embargo, este es un razonamiento que nada tiene que ver con el respeto debido a las personas, a su libertad, a sus derechos. Si ese respeto puede sacrificarse cada vez que los cálculos de costo beneficio así lo indiquen, podemos empezar a descender por una pendiente muy resbalosa. Si los cálculos de costo-beneficio aconsejaran matar personas económicamente improductivas para donar sus órganos a personas económicamente productivas, ¿las mataríamos? El ejemplo es extremo, pero sirve para ilustrar el hecho de que el razonamiento basado únicamente en el costo-beneficio no es absoluto. A la hora de hacer esos cálculos, uno debe tener muy presente aquello que se sacrifica. Es posible que al estar de acuerdo con un “pequeño sacrificio” haya quienes, sin darse cuenta, den su aprobación a algo que nunca habrían permitido que ocurriera.

Puede suceder que usted no esté de acuerdo conmigo acerca de la contribución que WikiLeaks le ha hecho al mundo al hacer las filtraciones de los diarios de la guerra en Iraq y en Afganistán, y de los telegramas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero si usted no está de acuerdo en que yo ejerza mi libertad de hacer donaciones a quien quiera, es posible que sin darse cuenta usted se haya puesto en el lugar de todos los enemigos de la libertad con los cuales usted no querría identificarse.