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Publicado el Juan Carlos Torres

Si Colmenares hubiera sido Gringo.

Sorprende gratamente la eficiencia del sistema judicial colombiano, a propósito de los resultados obtenidos en tiempo record, sobre el vil crimen perpetrado por ex integrantes  de la banda los canarios, contra el ciudadano estadounidense y agente de la DEA, James Terry Watson. Máxime, cuando el mundo se mofa de nuestra justicia, estimada  como la sexta más lenta del universo, de acuerdo a estudio realizado por el Banco Mundial  en el 2012.

No obstante, alarma la selectividad que se evidencia, característica de la celeridad sobre algunos casos y la omisión y desidia sobre otros, donde si bien, el sistema judicial colombiano cuenta con instrumentos para la captura y posterior judicialización de los criminales, hecho que cercioramos; la corrupción, la negligencia, la inutilidad y el amiguismo entre otros; conllevan al hecatombe del sistema y por ende a la impunidad de un sin número de casos símiles de colombianos del común, que no portaron la etiqueta “Made in USA”.

Esta vez no se escucharon las colombianadas típicas de estos casos: “estamos investigando”,  “vamos tras la pista” “hay que ser pacientes”, “nadie vio nada”. No imagino al Presidente Santos al teléfono ofreciendo este tipo de respuestas a su homólogo estadounidense; las mismas que han tenido que escuchar por años familiares de cientos y miles de colombianos que fueron víctimas mortales del hampa, y  cuyos derechos no valieron.

La pregunta obligada para las autoridades colombianas es por qué no  actúan con la misma eficiencia en los casos de hermanos colombianos del común, si quedó manifiesto que poseen las herramientas para gestar resultados justos y oportunos. Reseñemos: menos de 72 horas para resolver el caso, siete capturados, intervención de 25 cámaras de seguridad, información y solidaridad ciudadana, ciento de diligencias de allanamientos, articulación de los grupos especiales de inteligencia de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, capturas en diferentes regiones (Bogotá, el Guamo Tolima y Villavicencio)  y un Presidente forzando  los resultados.

Entiendo que para el Estado colombiano hay muchas cosas en juego: las relaciones con los Estados Unidos, el Plan Colombia para la paz (que es para la guerra) sus alianzas estratégicas y comerciales, la lucha contra las drogas y el comunismo; y otros acuerdos bilaterales.

Celebro y me enorgullece este tipo de golpes contra la delincuencia común y organizada; y lamento la muerte del agente de la DEA tanto como la de mis congéneres  colombianos. Si hay algo que admiro de los estadounidenses es el padecimiento hacia sus semejantes, a ellos si les duelen sus muertos, y aún sin vida, regresan a suelo norteamericano con honores, eso es ¡patriotismo!

Duele la desidia de las autoridades colombianas. Debió morir un ciudadano extranjero, para que funcionaran las cámaras de seguridad en el país y desmantelaran la red, a la que se  atribuye el 35% de los casos de secuestro express en Bogotá, siendo que esta modalidad de extorsión y muerte, se practica en la capital desde hace más de una década, ante la mirada indiferente del Estado y el poder judicial.

En este contexto, Luis Andrés Colmenares encarna el sin número de hermanos colombianos que en la frontera del cielo y la tierra, yacen esperando justicia; y así conseguir la paz en los corazones de quienes los llorarán por el resto de sus vidas. Solo el cuerpo de Luis Andrés contiene más  elementos de juicio, que las cintas de las cámaras de seguridad que llevaron a la captura de la banda delincuencial del caso del agente de la DEA.

Para las capturas de los victimarios del agente Watson, no hubo tanto protocolo  ni tecnicismos, sobró la voluntad de los organismo del estado por las razones sostenidas en párrafos precedentes. Cabe entonces, reflexionar sobre “Si Luis Andrés Colmenares hubiera sido gringo”, seguro las versiones de los testigos serían fidedignas, las cámaras de seguridad de Pent-House y sectores adyacentes al caño El Virrey aún conservarían los registros de aquel 31 de octubre de 2010, el polígrafo gozaría de valor, así como las interceptaciones telefónicas realizadas a los implicados en el proceso y hasta la proyección de una pitonisa sería considerada prueba fehaciente. Elementos probatorios no se habrían perdido y en algún lavadero de carros de Bogotá sería sorprendido uno de los investigados despojando la evidencia del vehículo donde presuntamente habrían movilizado el cuerpo del occiso. Las declaraciones de los bomberos serían suficientes para una condena y el dictamen de medicina legal no sería manipulado al igual que la justicia; los investigados hoy serian  convictos en alcatraz condenados a cadena perpetua y este artículo no existiría; por ultimo este caso no estaría tan asediado por los personajes de gran notoriedad pública como ex fiscales, penalistas importantes, Procurador y Ministros, entre otros.

Las comparaciones suelen ser grotescas. Sin embargo, llama poderosamente la atención que pasado treinta y dos meses, la posibilidad de un juicio justo en el caso Colmenares cada vez es más remota; mientras en el caso Watson bastaron setenta y dos horas para compilar los elementos suficientes que permitieran la judicialización y posible extradición de la banda delincuencial. Y así hay infinitos casos, como  el de Diego Felipe Becerra, el joven grafitero asesinado por agentes de la policía en Bogotá en agosto de 2011; entre otros que no conocemos, donde prima la impunidad.

Estoy convencido que los organismos del estado y  su aparato judicial cuenta con la idoneidad y los medios para el buen ejercicio de la inteligencia policiva y un cuerpo de investigación acorde a las necesidades que presenta una sociedad compleja como la nuestra, donde los actos delincuenciales son pan de cada día. No obstante reitero, se evidencia una marcada selectividad y priorización sobre algunos casos en particular que a criterio del investigador ameritan solución oportuna, desconociendo que todos somos iguales ante la ley y ante Dios.

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