Por: Oscar Alejandro Quintero R.
Sociólogo, Ph.D.
Docente del Departamento de Sociología
Universidad Nacional de Colombia
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A propósito del actual contexto de movilización por la defensa de la educación superior pública en el país, es imperativo dar una mirada a las características del sistema con el fin de identificar los principales elementos en juego para entender cómo, a pesar de que la educación sigue funcionando como un “ascensor social” para algunas personas, se mantienen tendencias inerciales que reproducen desigualdades sociales. Estas tendencias hacen pensar que si no se hace una reforma estructural, habrá una avería inminente del ascensor.
Las interpretaciones sobre el sistema de educación superior colombiano son variadas y complejas. Para algunos, se caracteriza por la proliferación de carreras intermedias y técnicas, por las modalidades de universidad nocturna y a distancia y por la estratificación del sistema de educación superior. Para otros, la diversificación de carreras y modalidades ha permitido el acceso a más colombianos al sistema. Lo que es claro, es que esta evolución ha estado acompañada por el debilitamiento de la universidad pública y el auge de las instituciones de educación superior privadas, con grandes diferencias en términos de calidad entre ellas.
Mientras en 1960 las universidades públicas concentraban el 59% de la matrícula universitaria de pregrado, en 1996 la participación pública en la matrícula había descendido al 32%. Esta tendencia se revirtió en la primera década del siglo XXI, impulsada por las políticas gubernamentales orientadas a aumentar la cobertura de las universidades oficiales pero también por el incremento injustificado de las matrículas en las universidades privadas, lo cual originó una baja en la demanda educativa, sobre todo en períodos de crisis económica, como ocurrió a finales de los años 1990.
Como consecuencia de ello, entre 2000 y 2017, la matrícula en educación superior se incrementó en 157% y las instituciones oficiales pasaron a representar el 51% del total de la matrícula en 2017. Para el 2017 se contó con un total de 2.446.314 estudiantes matriculados en los distintos niveles de formación, de los cuales el 63,3% (1.548.485 estudiantes) son universitarios. La matrícula en los niveles de técnica profesional y tecnológica asciende a un 30% y el resto de la matrícula está en los niveles de especialización, maestría y doctorado (6,7%) (datos del MEN-SNIES a mayo de 2018). Según esto, en la educación superior colombiana un poco más de la mitad son estudiantes universitarios, pero como lo veremos más adelante; el crecimiento de la cobertura ha sido mayor en las formaciones técnicas y tecnológicas.
Este comportamiento de la matrícula se relaciona con la dinámica de las propias Instituciones de Educación Superior (IES). En una década, las IES tuvieron un crecimiento del 22%. Si en 1990 se registró un total de 74 instituciones públicas (30,5%) y 168 privadas (69,5%), para 2001 se observó un total de 311 instituciones, de las cuales 101 (32,5%) eran públicas y 210 (67,5%) privadas. Para el 2017 se registraron 292 IES, de las cuales el 72,3% son privadas (211 instituciones) y el 27,7% públicas (62 oficiales y 19 de régimen especial). Las universidades privadas se han multiplicado sin que eso signifique mayor garantía de calidad educativa. No sobra mencionar que de las 292 IES registradas por el Ministerio de Educación en 2017, sólo 49 están acreditadas.
Se puede ver que hay una desigualdad estructural en la carga asignada al sector público en el crecimiento del sistema. Así pues, la razón es de 15.331 estudiantes por cada institución en el sector público, frente a 5.709 estudiantes por cada institución privada.
Por otro lado, según los datos oficiales más recientes, la tasa bruta de cobertura[1] pasó de 28,4% en 2005 a 52,8% en 2017. Sin embargo, estos datos deben leerse de manera cuidadosa. Un análisis más detallado brinda mayores indicios de lo que ha significado en realidad esta tendencia reciente de aumento de las tasas de cobertura en educación superior en Colombia. El aumento de la cobertura obedece principalmente a un aumento de la matrícula en la formación técnica profesional y tecnológica, que representaba el 24,7% de la matrícula total en 2005, y pasó a 30% en 2017. De manera proporcional, la matrícula universitaria representaba el 70,4% de la matrícula en 2005 y bajó al 63,3% en 2017. Si bien ha aumentado el número de estudiantes en educación superior, este crecimiento ha sido mucho menor para el caso de la matrícula universitaria.
Desde el punto de vista de las desigualdades de clase, visto a través de las tasas de cobertura por quintiles de ingreso, se observa que el quintil 5 (el de más altos ingresos) presenta una cobertura bruta de 72% y una neta de 42%; mientras que el quintil 1 (el de más bajos ingresos) presenta una cobertura bruta del 7% y una neta del 4%. Aún más, de aquellos jóvenes que logran insertarse al sistema de educación superior, el 55% del estrato 1 ingresa a la educación universitaria y el 38% lo hace a carreras técnicas y tecnológicas; en el estrato seis, los registros son del 80% y el 18%, respectivamente.
Estas cifras no serían problemáticas si no se tuviera en cuenta el carácter jerarquizado del sistema de educación superior colombiano. Este es bastante heterogéneo en relación con la calidad de la educación, los programas de estudio, los valores de los títulos en el mercado de trabajo y las jerarquías de la distinción social; en donde lo técnico y lo tecnológico están socialmente valorados como la base de la pirámide. En suma, los más ricos siguen teniendo muchas más posibilidades de estudiar en universidades que los pobres. De los pobres que logran entrar a una universidad lo hacen en mayor proporción en formaciones e instituciones en donde la calidad no está asegurada, por ende tampoco se asegura la promesa de tener una mejor vida en el futuro.
Una situación similar ocurre en términos de género, en donde el país está en sintonía con las tendencias internacionales. Para el último año, las mujeres representaron el 53% de la matrícula en educación superior. No obstante, persisten las desigualdades en términos de la elección de las carreras, derivada de la división sexual del trabajo. Hoy en día se mantiene una segregación de las mujeres en aquellas carreras que tradicionalmente se conocen como “femeninas”, asociadas por lo general a una labor de cuidado y que no son valoradas por la sociedad ni en lo simbólico ni en lo material.
Por otro lado, se encuentran aquellas carreras con mayor participación masculina, la mayoría de las cuales son reconocidas simbólicamente en la sociedad como prestigiosas y necesarias, así como reconocidas materialmente por los altos salarios de sus profesionales. Dicha distribución en las áreas del conocimiento y carreras explica parcialmente la persistencia de una brecha salarial entre mujeres y hombres con estudios superiores.
El anterior panorama de la educación superior en el país permite entender mejor lo que está en juego en la coyuntura actual. Si no se conjuga la crisis del sector estatal, lo que está en peligro no es únicamente las universidades públicas, sino la sostenibilidad misma de todo el sistema de educación superior en el país, empezando por las universidades privadas con menor capacidad financiera a las cuales acceden una gran proporción de estudiantes de sectores medios y medios-bajos. El reto para el gobierno actual es el de aceptar y actuar en consecuencia, de manera creativa y progresista, frente a un modelo de política educativa insostenible, como ya lo demostró con creces el caso chileno.
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* Este texto recoge y actualiza un diagnóstico mucho más extenso sobre la educación superior en el país publicado en el documento titulado Enfoque e identidades de género para los lineamientos de educación superior inclusiva, publicado por el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Nacional de Colombia (Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género) en agosto de 2018. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357277_recurso_3.pdf
[1] La tasa bruta de cobertura se calcula con base en la relación entre estudiantes matriculados en la educación superior sobre el total de la población de 17 a 21 años en el país.
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