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Minería ilegal atrae a algunos indígenas del Amazonas

La falta de oportunidades laborales hace que indígenas andoque, nonuya, muiname, yucana y matapí vean la actividad como una opción de subsistencia en la zona.

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Según el Ideam, del total de área desforestada en 2013 a nivel nacional, el 24.7% se concentró en el departamento de Caquetá./Foto: Alejandra Laina.

Por: Tatiana Pardo
Periodista del blog El Río

“Lo que un día fueron dos o cinco balseros, con el tiempo llegaron a ser más de sesenta que utilizaban el río y las tierras de manera indiscriminada, haciendo mal uso del mercurio, contaminando los peces, alterando las zonas de playa que antes eran usadas por las tortugas (charapas) para anidar y que ahora han sido modificadas por el dragado,  generando enfermedades en la población y talando especies maderables para reparar sus balsas”, cuenta Levy Andoke, antropólogo e indígena andoque.

Levy habla de la zona del medio río Caquetá, entre Araracuara y el resguardo Nonuya de Villa Azul (suroeste del país), en donde la minería ilegal de oro se viene incrementando desde el año 2004 con la llegada de balseros del Chocó, Antioquia y Caquetá.

Esta situación fue condensada en el libro “Las rutas del oro, Estudios de caso en cinco países amazónicos”, presentado el mes pasado en Bogotá por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). La investigación, que pretende dar luces sobre lo que está ocurriendo con los mineros que llegan a las selvas de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil contó con la participación de expertos en cada uno de los países. En Colombia los encargados fueron Alejandra Laina y Rodrigo Botero, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Ante el alza de precios internacionales en el pasado, indígenas andoque, nonuya, muiname, yucana y matapí vieron en la extracción de oro  el mejor camino hacia la riqueza económica pues, según dicen los líderes locales, no hay presencia del Estado y mucho menos otras alternativas laborales que generen ganancias similares a las de la minería.

“Algunas personas ven esto como positivo porque podemos vender plátano, peces y cerdos a los mineros, cocinarles y demás, pero no creo que alguno de nosotros esté de acuerdo con los impactos ambientales y sociales que esto ha traído consigo. Estos pueblos ahora tienen problemas de drogadicción, prostitución, alcoholismo, violencia intrafamiliar y enfermedades como diarrea, vómito y dolor de cuerpo que suponemos es por el mercurio pero no estamos seguros de eso”, cuenta Vicente Hernández indígena y habitante de Araracuara quien además sostiene que los jóvenes de la comunidad ya no están interesados en el conocimiento tradicional pues solo piensan en conseguir dinero y beber alcohol. “La cultura no se va a acabar pero el respeto por ella sí, y eso es lo más triste de todo. Ya nadie quiere hacer caso y por eso muchos piensan en irse”, sostiene el indígena.

Entre el puerto de Araracuara hasta la zona de la Quebrada el Arroz (aproximadamente 120 kilómetros)  pueden llegar a haber 70 balsas trabajando sobre las aguas del río Caquetá. En una semana pueden producir cerca de 4,200 gramos de oro, de los cuales la mitad son usados para el pago de los empleados y la otra mitad queda como ganancia equivalentes a US$ 92,400 (250 millones de pesos) pues el gramo de oro en la zona oscila entre US$ 32 y US$ 44 (90 mil y 125 mil pesos).

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Lo cierto es que cada gramo de oro que se saca del Amazonas colombiano responde a extracciones ilegales. En el área de estudio no hay concesiones mineras, ni permisos de explotación, ni títulos mineros. Por eso los habitantes han propuesto crear una zona de reserva minera indígena que regule la actividad como solía hacerse años atrás en donde el mercurio era depositado en huecos lejanos a las playas por los mismos indígenas para mitigar los impactos de la actividad

Con la minería también han llegado los problemas de inseguridad y aunque la comunidad dice no recibir amenazas constantes de grupos al margen de la ley “siempre y cuando se mantengan al margen de la situación”, sí se han sentido abandonados por el Estado para garantizarles otras alternativas laborales que no se traduzcan en altos niveles de contaminación, destrucción de hábitats y atropellos culturales.

“Detrás de todo esto hay mineros, grupos guerrilleros y militares  involucrados pues las maquinarias que se emplean en esta actividad llegan por avión al aeropuerto de Araracuara que queda al lado de la base militar. Son ellos quienes hacen las inspecciones por lo que saben perfectamente lo que entra y ocurre en la zona pero nadie hace nada ni lleva otras opciones para la comunidad”, asegura Andoke.

En Colombia, los operativos militares que se realizan para combatir la minería ilegal son coordinados por la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la autoridad ambiental correspondiente; sin embargo, parecen ser insuficientes a la hora de solucionar el problema, al menos en Araracuara. Además de la dificultad que implica realizar un operativo en lugares aislados, la única acusación que se puede sustentar contra estos actores es la de cometer delitos ambientales, cuyas penas no superan los 32 meses y son excarcelables.

“Estos operativos destruyen las balsas en las que se extrae el material de manera ilegal y que además generan problemas de contaminación en las fuentes hídricas (derrames de aceite, combustibles, desechos sólidos). Sin embargo, los mineros ilegales rápidamente restauran sus operaciones y compran nuevas balsas, lo que hace que el problema deba ser abordado de manera integral”, dice el informe.

Lo cierto es que las comunidades indígenas de la Amazonia colombiana han sido testigo no sólo del deterioro ambiental producto de esta actividad, sino también de un deterioro social que pone en riesgo su salud y existencia.

“Los indígenas del medio río Caquetá son los que presentan mayor vulnerabilidad sobre su base territorial, una amenaza en sus recursos naturales ya que ahora tienen que cazar y pescar para muchas más personas, y una disminución demográfica producto de las nuevas economías ilícitas que llegan a su territorio. Es una barbaridad lo que está ocurriendo porque son economías que están estancadas desde hace muchos años y tampoco tienen mejores opciones, trabajan bajo condiciones muy difíciles para conseguir algo de dinero”, concluye Rodrigo Botero.

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