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Publicado el El Espectador - The Nature Conservancy - Dejusticia

Así se ve la pesadilla del agua en Santa Marta

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En lo que va corrido del año, los samarios ya han vivido 89 desbordamientos de aguas negras. / Fotos: Alcaldía de Santa Marta

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Con la salida de Metroagua, la empresa que por 30 años se encargó de las alcantarillas y el acueducto de la ciudad, los samarios esperan que termine el mal servicio.

Por: María Paula Rubiano
Periodista Blog El Río y El Espectador

El pasado enero, los turistas que llegaron a disfrutar de las playas de Santa Marta se encontraron con una marea nauseabunda corriendo por las calles asfaltadas del centro histórico y del sector turístico El Rodadero. Los dos desbordamientos de las aguas negras del alcantarillado de la ciudad se dieron por la sobrecarga en varias bombas del sistema.

Según Metroagua, la empresa que desde 1991 maneja las redes de alcantarillado y acueducto del distrito industrial, comercial y turístico, la marea de turistas fue la que hizo que las calles se llenaran de aguas con residuos de excrementos y otros desechos.

Pero para los samarios, ver inundadas las calles no es ninguna novedad. De hecho, en los cuatro meses que van corridos del año, la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) ha identificado 89 desbordamientos a lo largo y ancho de la capital del Magdalena, que han afectado a 138.000 de sus habitantes. “Los samarios nos hemos acostumbrado a llegar con mierdita en los zapatos a la casa”, dice un funcionario de la Alcaldía, quien agrega: “Tanto, que nos hemos olvidado de que eso no es normal”.

En cierta medida, los desbordamientos del centro histórico son solo uno de los síntomas de un desastre social y ambiental que lleva tres décadas configurándose y que empezó en abril de 1991, cuando Metroagua, una empresa creada por varios inversionistas locales , se asoció con la Alcaldía de la ciudad para operar sus redes de alcantarillado y acueducto. Debían, además, hacer mantenimientos y mejoras al sistema.

img-20170418-wa0021 En la estación Mamatoco, que da el agua al norte de la ciudad, los tanques de agua que más tarde irá al acueducto no tienen las medidas de seguridad adecuadas.

Casi treinta años más tarde, el manejo de las aguas se ha convertido en un desastre que tiene a la ciudad al borde un colapso. Cada mañana, y probablemente pisando las calles cubiertas de espejos de aguas putrefactas, los samarios salen a comprar bolsas de agua potable para cocinar. En promedio, una familia se gasta entre $10.000 y $15.000 diarios en agua potable. La razón: en el índice de riesgo de la calidad del agua (Irca), el agua de la ciudad siempre tiene resultados negativos.

Según Metroagua, esto se debe a estudios mal realizados y a que los samarios hacen conexiones ilegales al sistema que, por cierto, solo cubre al 83 % de los ciudadanos. Íngrid Aguirre, gerente de la Essmar, dice en cambio que eso se debe al mal estado de los tanques de almacenamiento, a la falta de mantenimiento y a que, presuntamente, la empresa estaría ahorrando en los químicos necesarios para tratar el agua, usando menos cantidad para descontaminarla.

Para Jaime Avendaño, director del Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente de Santa Marta (Dadma), parte de la contaminación tiene que ver con los vertimientos ilegales que la empresa ha hecho en ríos, arroyos y quebradas vitales para el abastecimiento de la ciudad.

“En 2012, por denuncias de la comunidad, nos dimos cuenta de que en la época de invierno, cuando esta empresa veía sus alcantarillas rebosadas, vertía las aguas negras directamente sobre el río Manzanares, el más importante de la ciudad”. Desde entonces, la entidad ha intentado ponerle 28 sancionatorios a Metroagua, que, por su parte, ha apelado cada uno de ellos. Ha ganado seis, que suman cerca de $9.000 millones. De ganar el resto, la deuda de la empresa con el Distrito ascendería a los $15.000 millones.

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Así se ve una de las paredes de los tanques de la estación Mamatoco. De colapsar, dice Ingrid Aguirre, la mitad de la ciudad se quedaría sin el servicio de agua potable.

Pero ese no es final del suplicio para el millón de habitantes de la ciudad. En el distrito portuario, un negocio floreció gracias a Metroagua. Allí, las motobombas se venden a $70.000 en la calle y cada casa tiene una, incluida la del gerente de la empresa que presta el servicio de acueducto, Luis Londoño.

Él asegura que es una condición “normal” debido a la escasez de agua que enfrenta la ciudad, especialmente en épocas de verano, cuando el abastecimiento de las redes se reduce a la mitad de lo necesario para suplir las necesidades de todos los samarios. Por eso existe un plan de solución definitiva que plantea que en 50 años, la ciudad pueda traer desde el Magdalena el líquido vital. Por el momento, hay planes a 2022 para traerla de los ríos Córdoba y Toribio.

Todo esto, con el agravante de que el contrato firmado en 1991 no permitía que la Alcaldía sancionara a la empresa en caso de fallas en el servicio, ni que lo terminara de forma unilateral antes de que se cumpliera la fecha final del contrato: el 17 de abril de 2016. Según Jaime Avendaño, la falta de sanciones también tenía que ver con el entramado político costeño, pues directivos de Corpamag y Metroagua compartían casta política. El director de la empresa, Luis Londoño, le dijo a El Espectador que las acusaciones están infundadas.

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Si bien Metroagua lo niega, las condiciones de higiéne de las estaciones en las que se tratan las aguas del sistema de acueducto podrían influir en la calidad del agua que beben los samarios.

La situación escaló a tal punto que en 2015 el entonces alcalde, Carlos Caicedo, comenzó una recolección de firmas para sacar a la empresa. El año pasado, el movimiento que lideró Caicedo logró las 260.000 que necesitaba. Pero la empresa sacó a relucir una cláusula que se añadió al contrato en 2002, cuando la sociedad española del Canal de Isabel II compró el 36 % de Metroagua, que decía que hasta que no recuperaran todas sus inversiones, no devolverían las alcantarillas ni el acueducto. Las inversiones son, supuestamente, de $60.000 millones.

Finalmente, en febrero de este año una jueza administrativa les dio la razón a los ciudadanos y obligó a que la empresa entregara las redes el pasado 17 de abril. El desastre, más allá de los líos jurídicos, le ha dejado al distrito una afectación ambiental de proporciones colosales: $895.072 millones, según el Dadma. “Son décadas de desorden, de negligencia, de falta de vigilancia y control”, expresa el director del Dadma, Jaime Avedaño.

La Essmar ya consiguió un socio para que opere las redes durante el próximo año, hasta que esté lista la licitación para la empresa mixta que manejará las redes a largo plazo. Esta vez el contrato sí incluye exigencias respecto a los estándares de presión, cantidad y calidad del agua para el acueducto, y cláusulas que permiten finalizar el contrato en caso de incumplimientos, cuenta Íngrid Aguirre. Este año, la idea es inyectarle $12.500 millones al sistema. La esperanza es que por fin los samarios vean salir de sus grifos agua limpia y dejen de ver la sucia corriendo por las calles.

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Así se ve el tanque de una de las estaciones de bombeo de la planta Gaira. Allí, los niños se bañan y defecan en los tanques de almacenamiento del agua potable.

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