Detrás de Interbolsa

Publicado el Alberto Donadio

Sr. juez: no deje escapar a Delvis Sugey Medina

Escribe TS:—

Saludos Don Alberto, el día miércoles 6 de junio de 2018 se llevará a cabo la audiencia de apelación a la medida intramural  de Delvis Sugey Medina, esposa del Zar de las libranzas Roberto José Herrera y Representante Legal de Credimed, Alejandro Jiménez y otras cooperativas que participaron plenamente en la estafa de ELITE, mi mensaje es para pedirle al juez competente que recibió todas las pruebas de la Fiscalía, que No deje escapar a esta persona que claramente es un peligro para la sociedad, Delvis Medina también participó en otro escándalo de IPS en las que también es representante legal.  Adjunto los links.  Es increíble que por ese otro hecho fraudulento no haya sido condenada, dando pie a que se produjera una nueva estafa como la de ELITE, que por valor y número de afiliados es la más grande generada en el país, si esta señora queda libre, seguirá en sus andanzas y esperaremos en unos años otra estafa más.

Link # 1:

Esposa del excongresista Herrera se entrega a la justicia por escándalo de libranza

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Se entregó a la justicia, Delvis Sugey Medina, esposa del excongresista del Magdalena Roberto Herrera por la presunta estafa con libranzas. Esta entrega fue motivada por la captura que hizo ayer la Fiscalía a cuatro personas vinculadas al proceso de Estraval.

¿QUÉ PAPEL JUEGAN HERRERA Y SU ESPOSA?
En el 2012 Estraval entró en problemas de liquidez, las cooperativas aliadas frenaron la puesta en marcha de nuevos créditos que eran el insumo del negocio, lo cual aceleró la crisis con los préstamos que ya habían sido vendidos.

Sin cartera para comprar, sin flujo económico, no había títulos para ofrecerle a los inversionistas ni dinero para realizar los pagos de manera oportuna. Esta empresa, en su época de bonanza, inspiró a muchos a adentrarse al negocio, a tal punto que empleados crearon sus prestadoras.

Estraval trabajó con sus propias cooperativas; mientras que las que se organizaron como competencia en el mercado de los créditos, Elite y las demás, se aliaron a quienes ya las tenían. La Supersociedades comprobó que hay coincidencia en la red de cooperativas que les proveía créditos.

Aquí empieza el protagonismo del excongresista Roberto José Herrera, padre de la actual diputada del Magdalena, Valentina Herrera Serrano, y su esposa Delvis Sugey Medina, quienes lideran el grupo en la región Caribe. La pareja tiene a su mando las compañías Inversiones Alejandro Jiménez -a la que Supersociedades decretó reorganización- y la Corporación de Inversiones de Córdoba Invercor (DYM SAS).

También controlaban a Corposer, una corporación sin ánimo de lucro, sombrilla de cuatro más que son:Cooinvercor, Coovenal, Coomuncol y Sigescoop (conocidas como Redescoop.
Aparte de este grupo que manejaban, ponían cartera para Elite y otros intermediarios en Bogotá como la Cooperativa de Créditos Medina, Coocredimed, Credimed, Coomundocrédito y dos más constituidas como Sociedades por Acciones Simplificada, SAS.
Las empresas mencionadas tenían como centro de operaciones a Barranquilla, Cartagena, Valledupar y Montería. Las investigaciones se han dedicado a desenredar este entramado de cooperativas que resolvería parte de la cadena donde se generó el colapso del mercado extra bancario.

El grupo de cooperativas, liderado por Roberto Herrera, ha conversado con algunos de los clientes para acordar cómo responderles en la proporción que ellos lo consideren. Elite y las demás empresas deben hacerse responsables del resto de la plata que invirtieron los afectados. Los nombres de Herrera Díaz y Medina Herrera no es la primera vez que suenan para la opinión pública, porque Delvis Medina ha sido conocida por hacer parte de las IPS que presentaron reclamaciones engañosas al Fosyga luego de la ola invernal de 2007.

Héctor Mario Rodríguez, director del portal Primera Página, investigó la injerencia de esta pareja en el negocio de las libranzas. Roberto Herrera nació en Barranquilla, pero creció en el barrio Schiller en Pivijay, Magdalena. En 2010, cuando era representante a la Cámara, según Rodríguez, el excongresista certificó que no tenía actividad económica privada ni tenía participación en sociedades económicas.

En los últimos años creó la red de créditos de empleados de gobernaciones y alcaldías, pensionados (Fopep – Colpensiones), miembros de las Fuerzas Militares, entre otros, residentes en Montería, Barranquilla, Valledupar, Sincelejo, Cartagena, Santa Marta, Riohacha y ciudades vecinas. Delvis Medina, su esposa, se ha dedicado a los negocios.
Roberto Herrera inició su carrera política en Pivijay como concejal en el periodo 2002- 2006; en 2008 perdió las elecciones a la Asamblea del Departamento; en 2009 aspiró al Congreso como representante a la Cámara en fórmula con Manuel Julián Mazenet Corrales al Senado.

En la campaña en la que aspiraba a ser diputado realizó brigadas de salud lideradas por Delvis Medina, quien figuraba como representante legal de Brigamet IPS EU, Global Salud IPS, Desumeh Ltda de Pivijay. Estas eran empresas unipersonales que atendían primer nivel de complejidad, y les prestó servicio a los damnificados de la ola invernal de 2007.
Medina Herrera no tiene pendientes con la justicia; sin embargo, su nombre aparece en 460 procesos judiciales en Montería, Barranquilla, Sincelejo y Cartagena, en los que actúa como demandante debido a que desde 2008 la pareja se dedicó a los préstamos y constituyeron el 15 de enero de ese año la Cooperativa de Créditos Medina, Coocredimed.

En este negocio las cooperativas no solo terminaron cobrando intereses elevados, además, suman a la deuda seguros, cuotas de sostenimiento, aportes, servicios, entre otros que aumentan el valor que fue desembolsado en el crédito. En el auge que tuvo esta modalidad en la región se debe tener en cuenta que las condiciones socio-económicas del Caribe hacen que sea una zona de cultivo para adquirir estos créditos, por la dificultad de hacerlo con un banco.

Link # 2:

https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/articulo118006-los-avivatos-del-invierno

Los avivatos del invierno

Norbey Quevedo H.

Empresas de salud montaron un negocio de requerimientos por atención a damnificados de  las lluvias. 78 mil reclamaciones al Estado resultaron fraudulentas. El proceso está en revisión. Testigo evidenció el caso.

El invierno que azotó al país el año pasado será recordado como uno de los más fuertes de la historia. Una tragedia con decenas de muertos, que arrasó 130 mil hectáreas de cultivos, que acabó con miles de animales y que dejó en la ruina a 230 mil familias de 27 departamentos. Una dramática postal que mostró el contraste entre los damnificados que buscaban reponerse de su desgracia, en la zonas de inundaciones, con la avidez de empresarios de la salud que generaron un lucrativo negocio de reclamaciones al Estado por atención a las víctimas que asciende a $46 mil millones. Con un preocupante balance: una tercera parte de las reclamaciones son fraudulentas.

La operación parecía sencilla. Durante el segundo semestre de 2008, en municipios de Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena o Cesar, con el agua al cuello los damnificados clamaban ayuda. Además de los auxilios oficiales, anuncios de donaciones y las dramáticas imágenes de televisión, apareció en Malambo, Soledad, Calamar, Turbaco, Manaure, Tierralta, El Carmen de Bolívar o Manatí, entre otros pueblos, nuevo personal de salud.

Llegaban espontáneamente. Miraban preocupados. Hacían consulta general, terapias respiratorias y entregaban medicamentos sin costo alguno para los afectados. A los pocos días, pasaban una relación de los pacientes atendidos a cada alcaldía, que certificaba la prestación del servicio. Luego, con ese listado de pacientes atendidos y otras facturas, los jefes de los caritativos brigadistas empezaron a cobrarle el servicio al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), que administra los recursos del sector salud. Una cuenta de cobro elaborada por 80 entidades, que indica que supuestamente atendieron a 283 mil damnificados, un asunto que les reportaría para sus arcas $46 mil millones.

Alerta en Navidad

Pero el 24 de diciembre, en las horas de la mañana, mientras el río Magdalena arrasaba con todo y el Gobierno, la Cruz Roja y los nativos miraban con impotencia la magnitud de la tragedia, un acongojado testigo rompió el cerco oficial y confesó una miserable estrategia que se estaba cocinando para defraudar los dineros oficiales de la salud.

Ante el propio ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, el testigo confesó que las brigadas de salud no eran más que un montaje para cobrarle al Estado a través del Fosyga cuantiosos recursos, so pretexto de atender a damnificados por las inundaciones.

Con otra acusación aún más sorprendente. Que tras la operación estaban personas cercanas al Ministerio de Protección Social, el propio Fosyga y equipos privados de auditoría. Y un modus operandi particular: Algunos de ellos estaban visitando empresas de salud, especialmente de la Costa Atlántica, para proponerles que presentaran cuentas de cobro por atención a los damnificados, que serían pagadas en los siguientes 60 días.

Entonces las miradas se dirigieron al Consorcio Fiduciario (Fosyga), contratado por el Ministerio de Protección Social para tramitar y pagar las reclamaciones. Con resultados tan preocupantes, que ratificaron buena parte de la información que había suministrado el testigo.

Un reporte confidencial sobre la materia entregado al ministro Palacio a finales de diciembre y conocido por El Espectador muestra que el asunto no es de poca monta. Ratifica que entre junio y noviembre de 2008 se registró un aumento progresivo de reclamaciones por inundaciones; la mayoría corresponde a municipios de la Costa Atlántica. Y que se presentaron más de 200 mil requerimientos por más de $40 mil millones, de los cuales se habían aprobado para pago más de $11 mil millones, con desembolsos de $3.400 millones.


Otro informe privado, elaborado por el Consorcio Fosyga, reflejó nuevos hallazgos que evidenciaron el altísimo precio de la filantropía de las empresas de salud. Se encontró que se inducía a la demanda de servicios, que las reclamaciones estaban concentradas en 18 instituciones de salud y que los brigadistas formularon a los damnificados “medicamentos en presentación y dosis fuera de los normalmente aceptados en la práctica médica y que no son los de primera elección para las enfermedades diagnosticadas, formulando siempre medicamentos de marca y de última generación”.

Según el documento, con ese tipo de medicamentos cada reclamación fluctúa entre $250 y $350 mil, cuando el promedio normal por las afecciones diagnosticadas no debería superar los $60 mil.

Filantropía a prueba

Aunque dentro del listado de las 80 IPS reclamantes hay reconocidas empresas de salud, sorprende que la mayor parte de las reclamaciones correspondan a entidades poco conocidas. El Espectador revisó nuevos registros de estas compañías con particulares características.

Por ejemplo, las IPS Brigamed E.U., Desumeh IPS Ltda., Emersalud IPS E.U., Global Salud IPS y Por Su Salud Colombia IPS, fueron constituidas en 2008, después de la fuerte temporada invernal. Los documentos muestran además que algunas son empresas unipersonales. También resulta curioso que tres IPS tienen como representante legal a Delvis Sugey Medina Herrera y en otras dos aparece Edgardo Montalvo Pacheco.

Otro reporte del viernes expedido por el propio Fosyga muestra otra verdad: que algunas IPS presentaron en total 78.559 reclamaciones engañosas y su pago no fue autorizado por el Fosyga.

Hoy todas las reclamaciones y pagos están en revisión, no hay cuestionamientos de la justicia sobre nadie. Según el Ideam, el primer semestre de 2009 será muy lluvioso. Seguramente reaparecerán más empresas de salud para atender a los nuevos damnificados por el invierno.

La responsabilidad del consorcio

El Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) es una cuenta adscrita al Ministerio de la Protección Social manejada por fiducia, cuyos recursos se destinan a la inversión en salud. Es el corazón financiero del sistema.

Durante años su administración y manejo se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno, a tal punto que sólo por órdenes de los jueces se han podido desentrabar diversos asuntos del sector. No es la primera vez que se cuestiona su labor y se habla de redes de tramitadores en su interior.

Vea con detalle los datos de las empresas que han realizado reclamaciones haciendo clic AQUÍ

Vea el lsitado de entidades que han realizado reclamaciones por los daminificados haciendo clic AQUÍ

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