El Me Too Colombia, propio de esta fase feminista en clave digital del siglo XXI, estalló en todas las redes y, a manera de búmeran, visibilizó casos de denuncia de violencia, abuso sexual, abuso de poder y otras formas de acoso en el mundo del periodismo y en otros escenarios. Esto, sin duda, removió y dio oxígeno —no solo de manera simbólica, sino real— al movimiento dedicado a estas causas nobles, a las mujeres víctimas que se atrevieron a denunciar, hoy y siempre, y a las colectivas dedicadas al litigio violeta, muchas de ellas igualmente perseguidas, estigmatizadas e incluso denunciadas por los victimarios.

Pero también cuestionó, entre otras instituciones, al Estado patriarcal y a su justicia lenta, responsable en parte de la impunidad frente a la infinidad de casos que llegan —o que deberían llegar— a su conocimiento. El #MeTooColombia dejó al descubierto “el pacto de silencio” en torno a esta crueldad normalizada por todos y todas, en donde el Estado y la justicia han quedado en cuestión significativa. Ni hablar del silencio del primer gobierno de izquierda ante tantas denuncias, en el que ha preferido premiar a los denunciados, dejándolos en condiciones privilegiadas para la construcción de estrategias de silenciamiento y violencia sistemática.

Gracias a la lucha de siglos y décadas de las colectivas, se ha avanzado en un marco jurídico de protección que va desde la misma Constitución Política, su bloque de constitucionalidad (CEDAW y Belém do Pará) y, entre otras normas, la Ley 1257 de 2008 (gran ley contra todas las formas de violencia de género), la Ley 1542 de 2012, la Ley 1761 de 2015 (feminicidio o Ley Rosa Elvira Cely), la Ley 2126 de 2021, el Código Penal en su componente violeta y el Código de Procedimiento Penal. Aun así, la impunidad ha sido la regla.

Todo este ordenamiento jurídico —en muchos casos de carácter punitivo— se ha tenido que implementar ante la prevalencia de una cultura que sigue viendo a las mujeres como propiedad, como subordinadas, como cosas, como objetos y hasta como amenaza. Así lo reflejan las cifras, en donde las mujeres constituyen el 75,6 % de las víctimas de violencias basadas en género (VBG), dato que evidencia la feminización de la crueldad en este ámbito, sin desconocer que otros géneros e identidades sexuales también son susceptibles de estas violencias estructurales e históricas.

El tema de la impunidad en la violencia basada en género hace referencia, entre otras cosas, a que más del 90 % de los delitos contra las mujeres no llega a una condena, y en casos como el acoso sexual la impunidad bordea el 99 %. Pero la impunidad va más allá de la ausencia de fallos condenatorios: también está en el imaginario social que impide a las mujeres creer en el Estado y en sus instituciones; en el temor a denunciar por la estigmatización y las consecuencias que ello conlleva; en la dependencia económica, laboral y social frente a los victimarios; y en la falta —o insuficiencia— de formación de quienes deben protegerlas en comisarías de familia, el ICBF, la fuerza pública, Ministerio de Igualdad y Equidad, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y las instituciones de justicia, entre otras.

Son estas mismas instituciones las que conocen de primera mano los hechos aberrantes o reciben las denuncias y, por lo tanto, tienen la enorme responsabilidad de recepcionar, acompañar, investigar y administrar justicia en casos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, feminicidio, acoso sexual, trata y toda forma de violencia simbólica. Al final, todo se convierte en un viacrucis —como he denominado esta columna— que culmina en la revictimización o crucifixión de las víctimas: una especie de Semana Santa permanente, pero sin resurrección, sin la más mínima esperanza.

Por fortuna —y lo digo así— las estrellas se alinearon en el caso de #MeTooColombia: algunos agresores fueron removidos de escenarios de poder (ya los veremos en otros escenarios, como si nada), se activaron redes de mujeres y mecanismos de protección, y el tema logró visibilidad gracias a voces femeninas influyentes en el mundo de la comunicación, un asunto impensable para mujeres de otras geografías en Colombia. Sin embargo, esto no puede quedarse en la reacción coyuntural. Se requiere ir más allá de comités de investigación —el show mediático que están haciendo las instituciones ante lo que denominan crisis— y avanzar hacia la creación urgente de culturas organizacionales con enfoque de género e interseccionalidad.

En esa línea, resulta relevante el anuncio de la Fiscal General de la Nación sobre la creación de grupos especializados con enfoque de género, la revisión histórica de casos bajo su conocimiento —¿qué pasó?— y la valoración y el seguimiento del derecho fundamental al escrache, identificado por la Corte Constitucional de Colombia como la libertad de expresión que “permite a las víctimas denunciar vulneraciones graves a sus derechos, especialmente en escenarios de impunidad o falta de acceso a la justicia” (Sentencia T-289 de 2021). Un derecho fundamental que, en el contexto colombiano, culmina con la criminalización de las víctimas y de las colectivas, quienes terminan denunciadas por injuria y calumnia por parte de sus agresores. Lo de la Fiscalía llega tarde, pero es mejor tarde que nunca.

Vuelvo entonces a la metáfora de los lentes: no todos los casos los requieren, pero los de VBG, indudablemente, sí. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han insistido en la necesidad de juzgar con perspectiva de género cuando los casos clamen dichos enfoques. Sin embargo, estos lentes resultan insuficientes si no se articulan con enfoques de interseccionalidad e interculturalidad. No es lo mismo estar en Bogotá que en las diversas geografías del país. Edad, etnia, condición migratoria, identidad sexual, discapacidad, ruralidad, pobreza y subordinación son variables que deben cruzarse para comprender la complejidad de estos casos, muchos de los cuales terminan en el olvido, mientras el viacrucis continúa.

La crueldad histórica contra las mujeres no ha terminado y no promete hacerlo pronto. Hablamos de siglos de sistema patriarcal, pero también de luchas, resistencias y avances —desde distintas geografías y miradas— que nos recuerdan que este proceso no es lineal ni homogéneo. En Abya Yala, por ejemplo, las luchas no solo son por igualdad, sino por comunidad, reconocimiento y vida digna. Allí, el feminismo comunitario también realiza la tarea.

Nota 1: Esta columna fue escrita en plena Semana Santa. Que la espiritualidad nos colme de empatía para comprender —y erradicar— tamaña crueldad histórica.

Nota 2: Un análisis más profundo de este tema se encuentra en el artículo escrito junto con Ana Lucía Caldas: La lucha por la inclusión de la perspectiva de género en la aún justicia patriarcal colombiana. Cuatro casos emblemáticos, el cual se puede consultar a texto abierto en el siguiente enlace:
https://www.rivistaianus.it/numero_30_2024/flipbook/html/05/05_Ianus_30_Achury_Caldas_117-148.html