Una persona, en cualquier lugar de Colombia, llega a una autoridad ambiental con un tigrillo entre los brazos. Dice que ya no puede cuidarlo. Un funcionario recibe al animal, diligencia un acta de «entrega voluntaria» y el felino pasa a un centro de atención de fauna silvestre.

En apariencia, el procedimiento cumple un objetivo de conservación: sacar a un animal silvestre del cautiverio y darle una nueva oportunidad: rehabilitarlo y devolverlo a su hábitat natural o mantenerlo en un centro especializado para su cuidado. Investigadores que analizaron más de 600 registros oficiales de entregas voluntarias de pequeños felinos en el país encontraron que esta vía se ha convertido en la principal forma en que estos animales ingresan al sistema de las autoridades ambientales en Colombia.

El hallazgo abrió una pregunta que hoy no tiene respuesta: ¿cuántos de esos animales provienen del tráfico ilegal de fauna?

El interrogante surgió de manera inesperada. Natalia Muñoz Cassolis, abogada e investigadora especializada en comercio de vida silvestre, buscaba entender la magnitud del tráfico de jaguares en Colombia cuando, junto con otros investigadores, solicitó información a las autoridades ambientales del país sobre todos los felinos que habían ingresado a su cuidado bajo distintas figuras administrativas.

«Cuando empecé a limpiar las bases de datos fue evidente que había muchísimos pequeños felinos y que las entregas voluntarias predominaban sobre los demás mecanismos», recuerda Muñoz Cassolis.

Entre 2015 y 2021, más del 60 % de los registros recopilados correspondían a entregas voluntarias, muy por encima de decomisos e incautaciones. El dato fue publicado este año en la revista Biological Conservation y constituye uno de los primeros análisis sobre pequeños felinos recuperados en Colombia.

El estudio documentó 643 entregas voluntarias que involucraron 708 felinos de 11 especies distintas, entre 2015 y noviembre de 2021. El ocelote (Leopardus pardalis) fue, por mucho, la especie más afectada: representó el 56.7 % de los individuos registrados, casi cinco veces más que la segunda especie más común, la oncilla (Leopardus tigrinus).

“El tamaño hace que la gente los quiera tener», explica Johana Herrera, investigadora y coautora del estudio, vinculada actualmente a WWF Colombia. «Algunas especies se ven como gatos grandes y esa apariencia puede resultar atractiva para algunas personas. Diferente a que fuera un jaguar o un puma, que ya tiene que estar en otras condiciones”, dice.

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Pero el porcentaje de ocelotes entregados voluntariamente no fue lo único que sorprendió al equipo.

«Empecé a buscar dónde estaba regulada la figura de la entrega voluntaria y no la encontraba en ninguna parte», explica Muñoz Cassolis. «Hasta que descubrí que la definición aparece únicamente en un anexo de la Resolución 2064 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad pública que existió bajo ese nombre hasta 2011, cuando se dividió en dos carteras independientes. Ahí fue cuando entendimos que había un problema jurídico importante«.

La resolución define la entrega voluntaria como el ”acto mediante el cual un tenedor desiste de conservar un animal como mascota ya sea por pesar, porque enferma, se volvió agresivo o porque ha sido encontrado en la vía pública o en el campo, herido o desamparado y desean garantizarle su bienestar”. Para Muñoz Cassolis, esa definición entra en tensión con el resto del marco jurídico colombiano que prohíbe la tenencia de fauna silvestre sin autorización.

«Hay una completa desconexión entre la definición de entregas voluntarias y lo que dice el resto del ordenamiento legal sobre la tenencia de fauna», afirma.

Un sistema con demasiados vacíos

Las dudas no terminan en la norma. Cuando los investigadores comenzaron a revisar la información enviada por las Corporaciones Autónomas Regionales —máximas autoridades ambientales a nivel regional— encontraron otro problema: el país ni siquiera cuenta con un sistema consolidado para registrar estos casos.

«No existe un sistema nacional funcionando», explica Muñoz Cassolis. «Cada autoridad maneja su propia información y muchas llevan simplemente un archivo en excel.»

Aunque hace 17 años, en la Ley 1333 de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) asumió el compromiso de crear el Portal de Información sobre Fauna Silvestre (PIFS), el sistema no se encuentra actualmente disponible para consulta pública. Según respondió el Ministerio a Mongabay Latam, el PIFS tuvo una primera versión, pero actualmente está siendo sometido a revisión y ajustes técnicos y tecnológicos, por lo que aún no existe una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento.

Aunque el MADS asegura que las entregas voluntarias forman parte de la información que deben registrar las autoridades ambientales y que existen instrumentos nacionales para documentar aspectos como la procedencia reportada, la fecha y circunstancias de recepción, la identificación del animal y su disposición final, los investigadores encontraron problemas de calidad y homogeneidad en la información que analizaron.

Las bases de datos de las corporaciones regionales presentan nombres científicos incompletos, errores de identificación de especies, campos vacíos y formatos diferentes entre autoridades.

Francisco Perera, encargado del análisis estadístico del estudio, encontró que incluso aspectos básicos variaban según la entidad que hubiera diligenciado el registro.

«Algunas escribían la especie completa; otras solo registraban el género y otras simplemente anotaban ‘felino’. Eso limita mucho cualquier análisis», explica.

Herrera detalla un problema adicional de identificación. Ocelote, margay y oncilla pertenecen al mismo género, Leopardus, y son fácilmente confundibles para quien no tiene entrenamiento especializado. «Un policía tal vez va a decir: ‘No, eso es un tigrillo’, y un tigrillo puede ser un ocelote, puede ser un margay, puede ser una oncilla», explica. «No hay mucha confiabilidad de que se identifique bien la especie.»

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Los instrumentos nacionales contemplan mecanismos para reconstruir parte de la historia del animal, pero no garantizan que esa trazabilidad sea completa. El Ministerio de Ambiente explicó a Mongabay Latam que los registros pueden incluir información sobre la procedencia reportada, las circunstancias de recepción, la identificación del ejemplar, su historia clínica y el manejo previo. Sin embargo, el Ministerio reconoció que estos instrumentos no permiten necesariamente verificar cuánto tiempo permaneció un animal en cautiverio o cómo fue adquirido: esos aspectos deben ser investigados y valorados por la autoridad en cada caso.

Además, en la base de datos analizada, los investigadores no encontraron información suficiente para reconstruir sistemáticamente quién entregó cada animal, cuánto tiempo permaneció en cautiverio o cómo llegó hasta la persona que finalmente lo entregó.

«Está muy raro que no se anote quién entrega el animal», dice Perera. «Sin esa información es imposible saber si existen reincidencias o identificar patrones.»

La respuesta del Ministerio ayuda a explicar parte de esa dificultad. La cartera dice que, aunque la normativa permite solicitar y registrar los datos de identificación de quien entrega un animal, la Resolución 2064 no establece que la identificación plena de la persona sea un requisito absoluto para recibir y atender al ejemplar.

Entonces, ¿en qué caso una entrega voluntaria llega a convertirse en una investigación penal? La respuesta tampoco está clara para las propias instituciones.

Una pista que se pierde entre instituciones

Para entender si las entregas voluntarias terminan derivando en investigaciones por tráfico de fauna, Mongabay Latam consultó a la Fiscalía General de la Nación. La respuesta mostró otra limitación institucional: la entidad aseguró que sus sistemas de información no permiten identificar cuántas investigaciones se originaron a partir de una entrega voluntaria de fauna silvestre, pues esa variable no existe dentro de sus mecanismos de consulta.

La Fiscalía también informó que no lleva un registro diferenciado que permita saber si una investigación comenzó por una entrega voluntaria, un decomiso o una incautación, por lo que tampoco puede generar estadísticas bajo esos criterios.

Esa ausencia de información coincide con una de las principales preocupaciones planteadas por las autoras del estudio.

La Fiscalía indicó, además, que una entrega voluntaria no genera automáticamente una noticia criminal. Eso significa que la sola entrega de un animal silvestre no implica que exista una investigación penal, aunque, como lo explica Muñoz Cassolis, la tenencia de fauna silvestre sin autorización está prohibida por la legislación colombiana.

La entidad también reconoció que no cuenta con herramientas para establecer si una persona que hizo una entrega voluntaria volvió a aparecer posteriormente en otra investigación por tráfico de fauna, ya que sus sistemas tampoco registran esa información.

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Un problema difícil de medir

El tráfico de fauna es, por definición, un mercado clandestino. Por eso los investigadores trabajan con indicadores indirectos, como decomisos, incautaciones o registros oficiales, para aproximarse a su dimensión.

Las entregas voluntarias podrían ser otro de esos indicadores. El problema es que hoy permanecen en una zona gris.

El Ministerio de Ambiente hizo una precisión importante a Mongabay Latam: las entregas voluntarias sí forman parte de la información que reportan las autoridades ambientales, pero no pueden equipararse automáticamente con tráfico ilegal. Según el Ministerio, establecer si detrás de una entrega hubo tenencia ilegal, rescate o una posible cadena de comercialización requiere analizar las circunstancias particulares de cada caso.

«Si esta figura no está siendo analizada dentro del fenómeno del tráfico, entonces estamos subestimando el problema», explica Herrera.

La investigadora aclara que el equipo no afirma que todas las entregas voluntarias correspondan a tráfico ilegal. Muchas personas, dice, efectivamente rescatan animales o deciden entregarlos cuando comprenden que no pueden mantenerlos.

Sin embargo, también existen otros escenarios posibles.

«Si una persona tiene un animal en su casa, la pregunta es cómo llegó hasta allí», señala. «Puede haber alguien que lo rescató de buena fe, pero también puede existir una cadena de comercialización detrás de ese animal.»

Para los investigadores, la falta de trazabilidad impide diferenciar esos escenarios.

El vacío tiene además una dimensión internacional. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), el marco global de referencia para medir el tráfico de fauna, solo contabiliza decomisos e incautaciones. «Al parecer, la figura de entrega voluntaria todavía no está siendo reconocida como un dato dentro de esa cuantificación del tráfico», dice Herrera. Es decir, mientras la cifra oficial internacional no incluya las entregas voluntarias, cualquier estimación del problema en Colombia, y en la región, arranca ya subestimada.

Muñoz Cassolis resume así la limitación de fondo: «Tienes unos sesgos de entrada. Solo estás viendo lo que la autoridad es capaz de capturar o lo que la gente es capaz de entregar, pero no tienes ninguna forma de medir qué es lo que no está siendo capturado o qué es lo que no está siendo entregado. Es decir, el iceberg completo».

Educación o sanción

Las respuestas obtenidas por Mongabay Latam a través de derechos de petición muestran que las autoridades ambientales tampoco actúan de manera uniforme.

Corantioquia —autoridad ambiental de 80 municipios del departamento de Antioquia— aseguró que cuando una persona realiza una entrega voluntaria, la Corporación privilegia un enfoque pedagógico. Según la entidad, quienes entregan animales reciben información sobre la normatividad ambiental, la importancia ecológica de la fauna silvestre y las consecuencias de reincidir en este tipo de conductas.

La Corporación explicó que la estrategia busca incentivar que las personas entreguen voluntariamente animales mantenidos en cautiverio y evitar que permanezcan en condiciones inadecuadas.

Cornare —autoridad ambiental de las cuencas de los ríos Negro y Nare—indicó que evalúa cada caso de manera individual para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

Estas respuestas reflejan, precisamente, una de las preocupaciones planteadas por los investigadores: la ausencia de criterios homogéneos sobre cómo debe aplicarse la figura.

El Ministerio de Ambiente, sin embargo, no reconoce por ahora la existencia de un vacío regulatorio específico. En su respuesta a Mongabay Latam, señaló que actualmente revisa la aplicación de la Resolución 2064, incluida la recepción, el registro, la trazabilidad y la disposición de los animales entregados voluntariamente, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y precisar responsabilidades.

«La ley está en un papel», dice Muñoz Cassolis. «Pero quien la aplica también tiene percepciones sociales, culturales y jurídicas que terminan determinando cómo actúa.»

Lo que el Estado todavía no sabe

El estudio no concluye que las entregas voluntarias estén siendo utilizadas sistemáticamente para encubrir el tráfico de fauna. Tampoco sostiene que quienes entregan animales formen parte de redes criminales.

Lo que sí evidencia es que el Estado colombiano no dispone hoy de la información necesaria para responder esas preguntas.

«Podemos tener medidas de justicia restaurativa, trabajo social, jornadas educativas», dice Muñoz Cassolis. «No estoy diciendo que a todo el mundo hay que meterlo preso o ponerle multas, pero tenemos que saber de dónde sale esto”, asegura.

Mientras las autoridades ambientales continúan recibiendo animales bajo esta figura, el Estado colombiano sigue sin saber cuántos corresponden a rescates genuinos, cuántos a tenencias ilegales aisladas y cuántos podrían ser la última evidencia visible de una cadena de tráfico que nunca llegó a investigarse.

*Imagen principal: en octubre de 2025, una ocelote juvenil fue entregada voluntariamente a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) después de ser encontrada en una vivienda del municipio de Caucasia, Antioquia, donde permanecía bajo tenencia humana. Tras varios meses de atención veterinaria y rehabilitación, fue liberada. Foto: cortesía Corantioquia.

El artículo original fue publicado por Natalia Pedraza Bravo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 28 de abril pasado un cráneo de jaguar cruzó casi toda Bolivia. Los huesos de la cabeza del felino salieron de la Chiquitania, en el departamento de Santa Cruz, y fueron interceptados en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz. Un ciudadano boliviano trasladó el cráneo hasta la frontera con Chile. El traficante fue detenido y, según informaron varios activistas ambientales, ofrecía partes del jaguar en redes sociales. En los dos últimos años, los casos de tráfico de jaguar ascienden a 20, aunque no son datos oficiales y son procesos enumerados por expertos.

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El traficante se enfrentó a la Justicia un día después de haber sido detenido. Obtuvo el beneficio de la detención domiciliaria. El cráneo del jaguar tenía sus colmillos intactos, lo que presume que iba a ser ofertado a buen precio. Según el director de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA), coronel Carlos Chispas, el detenido ofrecía en redes sociales el cráneo del jaguar a 2500 bolivianos (360 dólares).

“Nosotros realizamos el operativo en la ciudad de El Alto y se aprehendió a esta persona. Hay personas que se dedican al tráfico ilegal del jaguar para traficar los colmillos de este animal, que son muy demandados en países de Asia con fines medicinales u otros usos. Lamentablemente, como en otros casos, la Justicia decidió que el traficante tenga detención domiciliaria”, afirmó Chispas a Mongabay Latam.

El jefe policial detalló que un solo colmillo de jaguar en Asia cuesta 4000 dólares y que en los últimos cuatro años se decomisaron 236 colmillos de este felino en distintos operativos. Chispas añadió que POFOMA realiza las acciones para dar con los traficantes, pero que en la Justicia muchas veces no se abren los procesos legales o son beneficiados con detenciones domiciliarias o incluso recuperan la libertad.

“Tenemos medidas cautelares emitidas por el Tribunal Agroambiental, pero aún existen tareas pendientes en la protección del medio ambiente. Nos faltan jueces capacitados que puedan analizar adecuadamente estos casos, ya que algunos de ellos terminan liberando a personas implicadas en delitos como el tráfico de fauna silvestre”, dijo Chispas.

Por ejemplo, explicó el jefe policial, un caso reciente que motivó el reclamo policial fue la liberación de cuatro extranjeros involucrados en el tráfico ilegal de peces ornamentales en el departamento de Beni, pese a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

En el primer semestre de esta gestión, 173 animales silvestres fueron rescatados en distintos operativos en diferentes regiones de Bolivia, además de 37 animales domésticos encontrados en condiciones de vulnerabilidad, según datos de POFOMA y de la Fiscalía General. De esos 173, un 20 % son felinos y hay diez jaguares rescatados.

Rebrote de asesinatos

Sobre los casos de tráfico de jaguares vivos, la fiscalía y POFOMA no tienen un dato concreto, pero según Chispas “pasan los diez” en los dos últimos años. Pero existe otra problemática que se agrava: según Rodrigo Herrera, director de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia, existe un rebrote de asesinatos de jaguares en diferentes regiones bolivianas.

“No son cifras oficiales, es información que tenemos sobre los reportes que nos llegan. Desde la pasada gestión, han rebrotado estos casos de tráfico y caza del jaguar, siendo alarmante lo que sucedió hace aproximadamente tres semanas, con cuatro hechos de caza y tráfico de jaguar”, relató Herrera a Mongabay Latam. 

En los últimos 20 años, el desborde de casos de tráfico y caza del jaguar sucedió en el periodo entre 2014 y 2019, según datos de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia. El delito comenzó a disminuir por las sentencias que se estaban ejecutando contra los acusados. Durante la pandemia por el Covid-19 la actividad ilegal bajó, pero desde 2024 nuevamente se dieron a conocer casos de jaguares asesinados.

Según Herrera, entre 2024 y septiembre de este año, existen 12 casos conocidos que implican al menos a 20 jaguares asesinados. “Solo son los casos sobre los que tenemos certeza, son cifras no oficiales. Es muy preocupante, no habíamos tenido este rebrote de casos desde hace mucho tiempo”, alertó el activista.

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El experto sostuvo que estos crímenes son consecuencia de la inacción del Estado para actuar de oficio y procesar a los responsables. Además, también alertó sobre la oferta de caza silvestre que algunos operadores de turismo estarían promoviendo, similar al caso de Jorge Néstor Noya, un ciudadano argentino que ofrecía paquetes turísticos desde su país para llegar a Bolivia a cazar jaguares, a través de su empresa Caza & Safari, como publicó Mongabay Latam. El costo de este paquete llegaba a 50 000 dólares.

Según datos de POFOMA, los lugares donde se registran la caza de jaguares son en el municipio de Ixiamas, al norte del departamento de La Paz; en el municipio de Porvenir, en el departamento de Pando; en municipios de Beni; en el Chaco boliviano; y en la Chiquitania de Santa Cruz.

Por los últimos casos de este periodo, existen alrededor de 13 personas que están siendo investigadas por la fiscalía tras denuncias de los activistas. Según datos de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia, desde 2014 hasta la fecha, se registraron 47 casos relacionados con la caza y el tráfico ilegal del jaguar. De esa cantidad, solo cinco terminaron con sentencia. Ninguno corresponde al último periodo.

Herrera añadió que la baja cantidad de sentencias se debe a que los fiscales del sector rural no están capacitados para realizar una investigación por ese delito ambiental. Además, a pesar de que el Estado debería actuar de oficio, los procesos son impulsados por activistas, pero la falta de recursos económicos para hacer el seguimiento hasta conseguir un fallo se convierte en otro obstáculo.

Mongabay Latam buscó conocer la opinión del Ministerio de Ambiente y Agua sobre el rebrote de asesinatos del jaguar, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Fallo inédito

El Tribunal Agroambiental de Bolivia emitió en abril de este año un fallo inédito y ordenó a diferentes entidades del Estado la protección del jaguar y de su hábitat. La sentencia exige mayor control en aeropuertos, fronteras y terminales de buses con el objetivo de frenar el tráfico de fauna silvestre. Esa sentencia, que está en plena vigencia, dispone medidas de protección para el jaguar, para su hábitat y para los defensores ambientales.

En ese fallo, la instancia judicial ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua que en el plazo de seis meses (hasta octubre) concluya la actualización de la categoría del jaguar en el libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia para que se lo catalogue como especie en peligro o en peligro crítico, porque actualmente está como una especie vulnerable. También instruyó a esta cartera de Estado a que implemente planes de manejo participativo para mitigar los conflictos ambientales, en el plazo de seis meses, con énfasis en el jaguar.

Marcos Uzquiano es el presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) y considera a los jaguares como su familia. Por su trabajo, sabe que el felino ya no vive tranquilo. Las mafias internacionales “le han echado el ojo” y lo buscan en las profundidades de la selva boliviana para arrancarle sus colmillos después de matarlos a balazos.

Para Uzquiano, esto tiene una explicación sencilla: en los países asiáticos los jaguares son apuntados como sustitutos del tigre (Panthera tigris), una especie que está al borde de la extinción, y es por eso que ahora son traficados para suplir una demanda.

Desde hace varios años, Uzquiano recibe información que apunta a que ciudadanos chinos pagan a los comuneros bolivianos por los colmillos de jaguar. El guardaparque, junto a su equipo de trabajo, lleva años rastreando este crimen, decidido a ponerle freno antes de que sigan matando a más felinos.

“La única alternativa para conservar el jaguar es una mayor fiscalización, una mayor coordinación a nivel interinstitucional entre los distintos niveles del Estado y también mayores acciones de prevención y de sensibilización con las comunidades”, resaltó Uzquiano, quien también afirmó que se necesita “un fortalecimiento directo al trabajo que hacen los guardaparques para que por lo menos los jaguares que están dentro de las áreas protegidas puedan ser protegidos realmente, como debe ser”.

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Según datos de la Dirección General de Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, entre 2014 y 2020, al menos 760 colmillos de jaguar han sido decomisados en Bolivia en diferentes operativos a personas que habían comprado o trataban de comercializar estas piezas, aunque no existe información de decomisos por año.

Las cifras y datos más actualizados en Bolivia están en el Plan de Acción para la Conservación del Jaguar 2020-2025, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el que se detalla que desde 2014 existe una “caza furtiva” de jaguares en el país con el fin de vender partes -como los colmillos y piel- al mercado asiático. Sin embargo, este plan también recoge datos que revelan que se solicitaron cuerpos enteros de jaguar para elaborar la “pasta de jaguar”, la cual es utilizada como una alternativa a la “pasta de tigre”, con fines medicinales en China y otros países de Asia.

Imagen principal: las autoridades de Bolivia están alarmadas por un rebrote en el asesinato y tráfico de jaguares durante los últimos dos años. Foto: cortesía El Deber.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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