Febrero ha sido un mes de fuertes desastres causados por una temporada atípica de lluvias que ha afectado a gran parte de Colombia, especialmente el norte de la región Andina y el Caribe, donde el departamento de Córdoba ha sufrido algunas de las más graves inundaciones. El Gobierno nacional ha enfocado sus acciones en atender la emergencia invernal. Mientras tanto, una crisis silenciosa avanza en otra región del país: la Amazonía arde y los deforestadores no han perdido el tiempo en su objetivo de destruir el bosque y colonizar amplias zonas de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

Así lo pudo constatar Mongabay Latam en un sobrevuelo de varias horas realizado el 27 de febrero y organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). “A pesar de que en estos días de lluvia en Bogotá no se note, aquí [en la Amazonía] la selva ya está ardiendo. Vimos un enorme avance de carreteras, instalación de grandes potreros y nuevas instalaciones para el poblamiento del territorio”, asegura Rodrigo Botero, director de la FCDS.

En el recorrido de más de cuatro horas sobre la Amazonía noroccidental colombiana se observó un avance significativo de la deforestación en varios núcleos, como los parques nacionales naturales Tinigua y Sierra de la Macarena. También preocupa a los expertos la colonización al oeste del resguardo indígena Yaguará, en el núcleo de deforestación del río Camuya, así como el avance de las carreteras, los cultivos de coca y los lotes para ganadería en el Parque Nacional Chiribiquete, el más grande del país.

La deforestación también ha avanzado de forma acelerada hacia el occidente de la Amazonía, principalmente en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, entre el río Yarí, la zona de Remolinos del Caguán y el borde del parque Chiribiquete.

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El parque Sierra de la Macarena sigue los pasos del parque Tinigua

El caso de Tinigua es el más preocupante porque, según los expertos, casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, dijo en diciembre de 2025 Clara Solano, directora de la Fundación Natura a Mongabay Latam.

Solano destacó que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

Desafortunadamente, el panorama de febrero de 2026 parece más desalentador. Desde el aire no sólo se observan carreteras ilegales nuevas, sino que otras existentes han sido ampliadas y niveladas con el uso de maquinaria pesada. También han aumentado los potreros con fines ganaderos.

En el parque Tinigua, la dinámica de deforestación y control territorial no puede entenderse sin la presencia activa de las disidencias de las FARC, en particular del Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), estructuras armadas que ejercen autoridad en amplias zonas del parque y sus alrededores y que regulan la ocupación del territorio y la movilidad de la población.

En el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025, publicado por FCDS, se resalta que los parches grandes y conectados de hábitat que antes existían en el sector sur de Tinigua se han transformado en una red dispersa de relictos de bosque pequeños, irregulares y aislados, lo que pone en riesgo tanto la conectividad ecológica como la funcionalidad ecosistémica del parque.

La tendencia acelerada de deforestación que se ve en Tinigua ha empezado a imitarse en Sierra de La Macarena, el parque contiguo. El sobrevuelo permitió ver una enorme red de carreteras, que lejos de pretender estar ocultas en el bosque, cada vez son más anchas y con una deforestación a lado y lado de al menos 100 metros. La zona nororiental del parque ha sido invadida por cultivos de coca y el 27 de febrero se observaron varios incendios activos en zonas colindantes a las carreteras y a los lotes de coca ya establecidos.

En declaraciones recientes para este medio, la congresista Julia Miranda aseguró que “en La Macarena se incrementan los procesos de transformación y ocupación ilegal”.

Cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) muestran que durante los últimos 20 años el parque ha perdido 66 133 hectáreas de bosque, lo que representa el 11.7 % de su cobertura boscosa en 1990.

Rodrigo Botero comenta que gran parte de la porción oriental del área protegida (planicie amazónica) ya se encuentra conectada, tanto por accesos viales terrestres como por río, y que tan solo faltan algunos tramos para conformar una especie de “circunvalar” que rodearía por completo los bosques remanentes en esta porción del parque.

Y es que el informe 2025 de FCDS ya daba cuenta del acelerado crecimiento de la malla vial ilegal dentro del área protegida: 623.6 kilómetros se construyeron entre 2007 y 2025, de los cuales 76.9 km fueron entre abril de 2024 y marzo de 2025.

La coca también ha venido en aumento. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) registró 1464 hectáreas de coca en 2023 con enclaves en la zona del río Cafre y el Guayabero, en el río Cabra, entre las zonas de Santa Lucía y las bocas del Cafre, y en el cañón del río Sanza. Por otro lado, registros de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) mencionan la presencia de 68 543 vacas dentro del parque.

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El control de las disidencias de las FARC en los llanos del Yarí

Los llanos del Yarí son una importante zona de sabanas amazónicas que conectan los parques Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete. Allí también se ubica el resguardo indígena Llanos del Yarí–Yaguara II.

Históricamente ha sido uno de los focos de deforestación de la Amazonía y de acuerdo con el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025 de la FCDS, entre abril de 2024 y marzo 2025 se perdieron 1533 hectáreas de bosque en el resguardo, donde según la fundación existen unos 175 kilómetros de vías ilegales.

Al sobrevolar la zona se aprecia un aumento en la cantidad de vías y un extenso campo con zonas deforestadas para actividades agropecuarias, así como maquinaria e instalaciones para procesar lo producido. Este enorme enclave productivo pertenece a Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá», jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una facción disidente de las antiguas FARC.

Calarcá construyó en la zona un colegio, instaló una procesadora de arroz y distribuyó tierras para familias campesinas, trayendo consigo una fuerte deforestación de la selva. “Le hemos entregado tierra a los campesinos, les hemos entregado proyectos. Ahora entregamos unos proyectos arroceros, de maíz y paneleros”, dijo al diario El Espectador en una entrevista de diciembre de 2024.

En los llanos de Yarí, Calarcá no sólo cuenta con proyectos productivos sino que tiene su centro de mando político‑militar y su escenario de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro, con quien mantiene negociaciones en el marco de la política de Paz Total. Estas no pasan por su mejor momento, luego de que a finales de febrero el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un aumento de las operaciones militares contra grupos al margen de la ley, como el que lidera Calarcá.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad creada con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, también ha expresado preocupación y en un informe publicado en octubre de 2024, menciona que las acciones relacionadas con la deforestación han sido impulsadas en varios municipios de la subregión del Caguán y Llanos del Yarí. “A raíz de esto, el Frente 7, hoy coordinado por Calarcá le ordenó a la población civil incrementar la tala de árboles para que aumente la ganadería, la producción de leche y el pago de extorsiones”, dice el informe.

La JEP también agrega que las disidencias de Calarcá y de Néstor Gregorio Vera, alias «Iván Mordisco», se disputan el control del corredor que conecta los departamentos de Caquetá y Guaviare con la altillanura. “La importancia geoestratégica de esta área radica en que permite el tránsito de tropas, de estupefacientes y de armas, así como para el establecimiento de zonas para cultivos de uso ilícito, ganadería extensiva y minería ilegal”, dice el informe.

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El asedio al parque Chiribiquete crece desde Cartagena del Chairá

Las presiones al parque Nacional Chiribiquete no cesan. Nuevas carreteras se adentran en la zona noroccidental del área protegida continental más grande de Colombia, junto a lotes deforestados que ahora albergan ganado y coca. El sobrevuelo del 27 de febrero también permitió observar cómo aumentan la tala y quema de bosques y las vías en la parte occidental de Chiribiquete, en el municipio de Cartagena del Chairá.

“Probablemente lo más impactante es la magnitud de lo que ocurre en Cartagena del Chaira, entre Remolinos del Caguán y el río Yarí, en el borde de Chiribiquete”, dice Rodrigo Botero. El director de la FCDS asegura que en el último sobrevuelo se aprecia la consolidación de un nuevo corredor de cultivos de coca que va desde la frontera entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, subiendo por el río Caguán hasta llegar al municipio de La Macarena, en el departamento de Meta.

El informe 2025 de FCDS menciona 165.7 kilómetros de vías construidas entre 2007 y 2025 en el parque Chiribiquete, de los cuales 80.3 kilómetros (48.5 %) se construyeron en los últimos siete años. Algunas de las carreteras más preocupantes son Puerto Cachicamo–La Tunia, que comunica a la vía Marginal de la Selva con el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguara II. Esta vía tiene 30.1 kilómetros al interior del parque. También está la ampliación de la vía El Camuya, de 45.4 kilómetros de longitud, y que se encuentra en su totalidad dentro de Chiribiquete.

“En Chiribiquete hay invasiones. Hoy vemos debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques”, dijo la congresista Julia Miranda.

Para Botero, “hoy [27 de febrero] pudimos observar cómo cada vez más se está creando un enorme vacío de bosques entre la planicie amazónica y los Andes y cómo esto está interrumpiendo poderosamente el ciclo del agua”. Otro problema, según dice, es que hay un trasfondo en el que viene ocurriendo una integración de las economías ilegales con las legales, que seguirá en aumento si nadie en Colombia comienza a preguntarse de dónde provienen productos como la carne, los derivados lácteos o lo que se exporta en minerales como el oro.

Botero asegura que aunque Colombia ha tenido algunos años con reducciones en la deforestación, se trata de variaciones en las tendencias anuales, pero el efecto acumulativo es negativo porque la capacidad de restaurar los bosques sigue siendo mucho más baja que la velocidad con la que se pierden.

*Imagen principal: incendios dentro del parque Chiribiquete. Foto: Antonio Paz.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Grandes áreas con quemas recientes, suelos chamuscados y unos cuantos árboles que permanecen en pie. Trazos de carreteras que se adentran entre el bosque, pastizales de vieja data, pozos artificiales de agua abiertos con retroexcavadoras y algunas pocas vacas distribuidas en enormes extensiones de tierra. Así luce desde el aire Guaviare, uno de los seis departamentos amazónicos de Colombia.

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Pese a tener áreas clave para la conservación de la biodiversidad, como el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete o la Reserva Nacional Natural Nukak, el departamento de Guaviare es uno de los cinco más deforestados del país y forma parte de lo que se conoce como “Arco de la deforestación amazónica”.

En el último año, este territorio se ha convertido, además, en el epicentro de la disputa entre dos grupos disidentes de las extintas FARC: el Estado Mayor Central (EMC), comandado por alias “Iván Mordisco”, y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), comandado por alias “Calarcá”. Ambos grupos eran parte del proyecto de “Paz Total” impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, en el que se estableció el control de la deforestación como uno de los pilares de la mesa de negociación. Sin embargo, en agosto de 2024 la facción liderada por “Mordisco” decidió abandonar el diálogo.

Su salida también se sintió en la deforestación, que había tenido una reducción considerable a nivel nacional, pasando de 123 517 hectáreas perdidas en 2022, a 79 256 hectáreas en 2023 (justo cuando los actores armados prohibieron la tala con panfletos y manuales de convivencia), y que volvió a repuntar en 2024, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), cuando alcanzó 113 608 hectáreas.

Incluso, la ex ministra de Ambiente Susana Muhamad reconoció a inicios de 2025, antes de dejar el cargo, que la deforestación estuvo altamente influenciada por lo que ocurría en las mesas de negociación y la reestructuración de estos grupos en la Amazonía.

Guaviare es una muestra de los enormes retos para conservar los bosques en medio del recrudecimiento del conflicto. A mediados de noviembre, en medio de una ofensiva militar impulsada por el Gobierno contra las disidencias de “Mordisco”, y luego de varios días de combate, Petro ordenó bombardear a dos frentes del EMC que se encontraban en la vereda Itilla, en el municipio de Calamar, zona rural de Guaviare.

Aunque se trató del séptimo bombardeo realizado por la fuerza pública este año, recibió una atención diferente, luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que, entre los 20 “abatidos” se encontraban siete menores de edad, cuatro mujeres y tres hombres.

Según la Defensoría del Pueblo (entidad encargada de velar por los derechos de las personas y las comunidades en Colombia), solo en 2024 fueron reclutados 463 menores de edad y casi la mitad pertenecían a pueblos indígenas.

“Cada semana que pasa, la complejidad es mayor”, aseguró Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare (la capital del departamento), en medio de un encuentro organizado por la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales (IRI-Colombia) en el municipio. “Mientras no exista la tranquilidad y la armonía en el territorio, va a ser muy difícil hablar de conservación o de estrategias que permitan una dinámica económica para estas familias”, enfatizó.

Las cifras oficiales también reflejan esa dificultad. Según el último informe del Ideam, Guaviare pasó de perder 11 467 hectáreas de bosque en 2023 a perder 16 906 hectáreas en 2024, un aumento de más de 5000 hectáreas. “Las principales causas directas de la deforestación fueron la praderización con fines de acaparamiento de tierras, las prácticas insostenibles de ganadería extensiva, el desarrollo no planificado de infraestructura de transporte, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilegal de madera y la expansión de la frontera agrícola en zonas no permitidas”, señaló la entidad.

“Va más rápido la deforestación que el control, van más rápido las praderas para meter ganadería. Semanalmente sacamos, en promedio, más de 2000 animales para sacrificio a Villavicencio y Bogotá”, confiesa también el alcalde.

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Las zonas sobre las que la Defensoría ha alertado por el aumento del conflicto en Guaviare coinciden con las áreas donde se ha incrementado la pérdida de bosque. En enero de este año, la entidad emitió una Alerta Temprana sobre los riesgos para la población civil, especialmente en los municipios y zonas rurales de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno, así como en el Resguardo Indígena Nukak y el Resguardo Indígena Yarí Yaguará II. En junio escaló la situación a una “crisis humanitaria”.

De manera similar, el primer boletín de alertas tempranas de deforestación de 2025 (que cobija los meses de enero a marzo), publicado por el Ideam, identificó cuatro de los núcleos con mayores alertas por deforestación en Guaviare: Yaguará II, Calamar-Miraflores, San José del Guaviare-Kuway-Nueva York y El Retorno. El informe más reciente (del trimestre entre abril y junio) mostró que los municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare mantienen niveles altos de detecciones tempranas de deforestación.

Mongabay Latam sobrevoló, por invitación de IRI-Colombia, algunos de los puntos con mayores índices de deforestación, como los municipios de El Retorno, Calamar y San José del Guaviare, así como el Resguardo Indígena Nukak y las inmediaciones de la Reserva Nacional Natural Nukak. El avance de la tala y quema de bosques, la ganadería, las vías ilegales y los cultivos de coca se han vuelto una imagen común entre el paisaje.

Entre parches enormes de deforestación, se hace evidente una práctica que los expertos describen como “ganadería extensiva”, donde se ven enormes potreros de cientos de hectáreas con un poco menos de una decena de cabezas de ganado.

En municipios como Calamar y Miraflores, por ejemplo, hay más vacas que personas. El censo de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) registra 126 286 cabezas de ganado en estos dos municipios, mientras que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hay 19 565 personas (2023).

En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que había cerca de 1 200 000 cabezas de ganado invadiendo territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak.

Según Parques Nacionales Cómo Vamos (una iniciativa de la sociedad civil que evalúa el estado de las áreas protegidas en Colombia), el aumento de la producción ganadera en las zonas de amortiguación de los parques nacionales puede afectar el funcionamiento de sus ecosistemas y dificultar su conectividad ecológica.

Uno de los municipios más afectados es Calamar, donde se perdieron más de 6969 hectáreas por deforestación solo en 2024, es decir, 2552 hectáreas más que el año anterior. Esto lo convierte en uno de los municipios que concentra la mayor superficie deforestada.

Por este municipio pasa un tramo de los 159 kilómetros de trocha que conecta a los municipios de Calamar y El Retorno con Miraflores, en el departamento de Guaviare. La vía está ubicada en una zona de reserva forestal que conecta ecológicamente el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Nacional Natural Nukak.

Como reveló una investigación de Mongabay Latam, en esa franja, hasta 2015, se veían apenas algunos parches de deforestación que sumaban 495 hectáreas. Dos años después, esa cifra se multiplicó casi por cinco. Para 2023, la pérdida acumulada de bosque desde el año 2000 superaba las 25 000 hectáreas, el equivalente a más de 35 000 canchas de fútbol o un área similar a la ciudad de Cartagena.

La deforestación no llegó sola. El terreno deforestado a cinco kilómetros de la vía se convirtió en cerca de 9000 hectáreas de pasto y actualmente, en lo que alguna vez fue selva, deambulan más de 40 000 vacas.

Las áreas protegidas también se han visto ampliamente afectadas. En el último año, la deforestación en áreas del Sistema de Parques Naturales representó el 10 % del total nacional (con 10 127 hectáreas). El aumento se concentró principalmente en áreas protegidas de la región amazónica.

El sobrevuelo por las inmediaciones de la Reserva Nacional Natural Nukak y el Resguardo Indígena Nukak deja ver cómo la deforestación, el ganado y los cultivos de coca se adentran cada vez más en las áreas protegidas y contrastan con la gran masa de bosque que aún se mantiene al interior. Según Parques Nacionales Cómo Vamos, “se ha venido presentando en los últimos años la llegada de grandes deforestadores que buscan ocupar y acaparar tierras para luego destinarlas a la ganadería y a los cultivos de coca para uso ilícito”.

En el departamento de Guaviare, la ruta que conecta las veredas (zonas rurales) de La Libertad (Calamar) y La Paz (El Retorno) se ha consolidado como un bastión importante para la producción ilegal de hoja de coca en la Reserva Natural Nukak, que colinda con ese último centro poblado. Aunque la carretera empieza a ser visible, de acuerdo con un monitoreo satelital realizado por Mongabay Latam, desde el año 2000 es una zona cocalera y es a partir de 2016 que se mejora y se amplía en casi 57 kilómetros. Allí, a la par de la deforestación de 15 564 hectáreas (a cinco kilómetros alrededor de la vía), también aumentaron las hectáreas de cultivos de uso ilícito.

El análisis evidenció que en 2022, a un kilómetro de la vía había alrededor de 9 hectáreas de cultivos. Un año después alcanzaron las 22 hectáreas. A tres kilómetros de las carreteras, la tendencia se mantuvo pasando de 68 hectáreas a 120.

Ante el avance de estas problemáticas, a los científicos les preocupa otro aspecto más grave, pero menos visible: la degradación.

De los 34 focos de degradación del suelo por erosión, que identificaron el Ministerio de Ambiente y el Ideam hace 10 años, en Guaviare (donde el 12.1 % de los suelos del departamento se encuentran afectados por algún grado de erosión), uno de los principales focos “severos” de erosión se encuentra en el municipio de El Retorno. Entre las causas, señala el estudio, está la sobreutilización del suelo para fines ganaderos, las áreas con susceptibilidad a incendios forestales, deforestación y los usos inadecuados del territorio.

“El conflicto es un gran reto para el territorio, no solo para las alcaldías o para las gobernaciones, que no contamos con los recursos ni las herramientas para hacer frente a ese tipo de problemáticas tan grandes, sino también para las organizaciones de la sociedad civil, para cooperación internacional y sus programas, o para las estrategias de conservación y de reforestación que se impulsan desde el Gobierno Nacional”, le dijo a Mongabay Latam Kelly Castañeda, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Guaviare y quien actualmente se desempeña también como la gobernadora encargada.

“Aunque hemos encontrado campesinos y comunidades indígenas que quieren impulsar el trabajo de liderazgo y de protección, son las mismas dinámicas del conflicto las que los han sacado de esos territorios”, insiste Castañeda. Como resultado, solo en 2024, el 68 % de la deforestación de Colombia se concentró en la Amazonía.

Imagen principal: la deforestación avanza sobre grandes extensiones de selva en el departamento de Guaviare. Las vías abren paso al acaparamiento de tierras, ganadería y cultivos de uso ilícito. Foto: Daniela Quintero Díaz

El artículo original fue publicado por YDaniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La deforestación en el departamento colombiano de Guaviare —que está cubierto en un 85 % de bosque— repuntó en 2024 y muestra señales de alerta en lo que va del año. Esto ocurre mientras los grupos armados, la ganadería a gran escala, los cultivos ilegales y los incendios se expanden en la región amazónica del país.

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Un análisis de la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza de Colombia estima que en 2024 la deforestación en Guaviare repuntó con pérdidas de hasta 20 000 hectáreas de bosque. El estudio, basado en un modelo de Inteligencia Artificial e imágenes satelitales, ha permitido detectar focos de deforestación en la región, principalmente por cambios de uso de suelo.

Incluso, el análisis sostiene que los incendios forestales detectados entre enero y junio de 2025, especialmente en bosques primarios de los municipios de Calamar y San José del Guaviare, siguen un patrón y rutas marcadas por economías ilícitas.

Estos incendios forestales han impactado en áreas como La Sierra de la Macarena, ubicada en el departamento de Meta, y la Reserva Nacional Natural Nukak, cuyos territorios no solo son de gran importancia biológica, sino cultural para pueblos indígenas, quienes históricamente han sido desplazados por conflictos armados y actividades ilegales.

Descenso y repunte de la deforestación

De acuerdo con el estudio de la Defensoría, Guaviare había disminuido notablemente la pérdida de bosques con un registro de 17 000 hectáreas, luego de que en 2018 alcanzó máximos de 45 000 deforestadas.

Esta reducción fue incluso regional, pues el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) registró una disminución histórica del 38 % en la deforestación de la Amazonía colombiana respecto a 2022. En el caso de Guaviare, la reducción fue del 27 %, según los registros oficiales.

Sin embargo, la misma institución advirtió desde el año pasado un aumento en los focos de deforestación. Además, en los primeros tres meses de 2025 detectó 18 núcleos de Alerta Temprana de Deforestación, el 21 % de ellos en territorio de Guaviare, algunos dentro de resguardos indígenas como Yaguará II y la Reserva Nukak-Makú. El colindante departamento de Meta acumuló otro 20 % de las detecciones.

Autoridades detectaron como causas directas el acaparamiento de tierras, obras de transporte no planificadas, ganadería extensiva y cultivos ilícitos.

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Angélica Rojas Moncada, coordinadora regional de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en Guaviare, señala que estas actividades siguen siendo los principales delitos ambientales en la región, donde los grupos armados se involucran cada vez más.

«El Guaviare ha tenido un proceso [de deforestación] que está auspiciado o permitido por los grupos armados. En la medida en dejan la negociación de paz con el Gobierno, las zonas que dominan van siendo más ocupadas y dañadas”, explica.

En el caso del Parque Sierra de La Macarena, área de gran biodiversidad y punto de encuentro entre la Amazonía, los Andes y la Orinoquía, la especialista recuerda la complejidad de su manejo, pues antes de ser decretada como área protegida ya vivía procesos de ocupación y deforestación que siguen sin resolverse.

Además, destaca Rojas, fue también un centro de ocupación del conflicto armado donde se fortaleció la producción de coca. “Actualmente está retomándose esa producción coquera, además del cambio por ganadería en unas zonas y por cultivos intensivos en otras que obviamente sigue afectándola”, dice a Mongabay Latam.

En el caso de la Reserva Natural Nukak, hogar de las comunidades indígenas Puinave, Curripaco y Nukak, los cultivos de coca, la construcción de vías y la presión ganadera se han convertido en serias amenazas para el área natural.

Mongabay Latam ha documentado la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación, principalmente en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, donde también se impactan áreas protegidas y resguardos indígenas.

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Crisis ambiental y humanitaria en Guaviare

El departamento de Guaviare acumula, desde 2010, casi el 60 % de la deforestación total de Colombia, principalmente por el cambio de bosques a pastizales, de acuerdo con una investigación científica publicada en 2024.

Otra de las complejidades que tiene es que las unidades ambientales y las 26 reservas indígenas cubren casi todo el departamento, pues abarcan más del 90 % de la superficie, por lo que los impactos de la deforestación van directamente contra las comunidades que ahí habitan.

Además, la disputa de los grupos armados por el control de los territorios y sus recursos han generado una crisis humanitaria en los territorios.

La Defensoría del Pueblo y la Naturaleza advirtió desde los primeros días de 2025 una alerta en Guaviare por las desapariciones, el reclutamiento y asesinato de adolescentes por grupos armados, así como comunidades confinadas por la disputa territorial entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo y el grupo disidente Estado Mayor Central.

En especial, destaca la situación de los pueblos Nukak y Jiw, a quienes considera en proceso de extinción física y cultural por el desplazamiento forzado de las comunidades.

Rojas afirma que el manejo de los resguardos indígenas bajo una estructura cultural diferente ha permitido la conservación de los bosques.

“Su papel es protagónico y algo aún más importante es que conocen los bosques, los han utilizado históricamente para proveer medicina, alimento, vivienda, vestido. Ese conocimiento implica usarlo adecuadamente”, sostiene la investigadora de la FCDS.

Imagen principal: pese a una disminución de la deforestación en 2023, este proceso repuntó en 2024 y su tendencia aumenta este año. Foto: cortesía Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una cuerda improvisada atraviesa de lado a lado una carretera que se abre paso en la selva amazónica de Colombia. Sirve como barrera en uno de los peajes informales que hay a lo largo de 159 kilómetros de trocha que conecta a los municipios de Calamar y El Retorno con Miraflores, en el departamento de Guaviare. Rosa*, la encargada de dar paso, asegura que, para cruzar, los carros deben dar un aporte de COP$15 000 (3,8 dólares), las motos $2000 (0,5 dólares) y los camiones $60 000 (14 dólares). Quienes transportan ganado, además, deben aportar $1000 (0,25 dólares) por cada res. Los recursos, dice, son administrados por la comunidad.

“El [cobro del] peaje se utiliza para alquilar la maquinaria para el mantenimiento de la vía hasta Puerto Nuevo, el caserío más cercano”, explica Rosa, quien por seguridad pide la protección de su nombre. Su trabajo consiste en reunir dinero para cuidar una vía que no ha sido autorizada por el Estado.

El tramo de carretera que administra Rosa empezó a abrirse bajo el bosque a finales de 1990, impulsada por grupos armados ilegales que buscaban mejores rutas para el narcotráfico. Debido a su ubicación estratégica entre los municipios de El Retorno y Miraflores, también fue usada por la guerrilla como corredor para dirigirse a Venezuela. Por supuesto, no fueron los únicos usuarios y, conforme la vía se consolidaba, empezaron a aparecer problemas mayores.

La vía está ubicada en una zona de reserva forestal que conecta ecológicamente el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Nukak, dos áreas claves para la biodiversidad. Tras su apertura, esta conectividad se ha ido perdiendo. Además, las autoridades se enteraron de su existencia “oficialmente” en el 2017, cuando se organizó un rally que pasaba por allí y los participantes compartieron fotos en las redes sociales. “Fue así que se dieron cuenta de que había una carretera en medio de la selva”, recuerda el exalcalde de Calamar, Giovanny Garcés.

2017 es una fecha clave, pues coincide con el período de devastación que llegó tras la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuando la desmovilización de los grupos armados le abrió las puertas a la colonización. A partir de entonces, las autoridades optaron por ignorar que esta era una vía ilegal y destinaron fondos públicos para ampliarla irregularmente. La excusa fue promover la conexión. Sin embargo, con esa decisión llegaron muchos problemas. Quien desconoce el impacto de las vías en la Amazonía podría pensar que sus beneficios sobrepasan cualquier tipo de daño ambiental. La realidad demuestra que esto no es cierto.

Al menos 28 mil kilómetros de carreteras se han construido dentro de la Amazonía en Colombia, según la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS). Esto equivale a recorrer 28 veces la ruta de Bogotá a Cartagena. En palabras de Maryi Serrano, coordinadora de Seguimiento y Análisis Territoriales de la FCDS, “la tendencia constante al crecimiento de vías ilegales en la Amazonía colombiana tiene un impacto muy fuerte en términos de fragmentación y deforestación, especialmente en zonas con restricción ambiental, donde el avance ha sido más intenso”.

El análisis geográfico hecho por Mongabay Latam evidencia la magnitud del desastre. En esta carretera que se extiende por 159 km —donde se encuentra el pequeño tramo que cuida Rosa—, trazamos una línea imaginaria de 5 km a los costados de la vía. En esa franja, hasta 2015, se veían apenas algunos parches de deforestación que sumaban 495 hectáreas. Dos años después, esa cifra se multiplicó casi por cinco. Para el 2023, la pérdida acumulada de bosque desde el 2000 superaba las 25 mil hectáreas, el equivalente a más de 35 mil canchas de fútbol o un área similar a la ciudad de Cartagena.

La deforestación no llegó sola. El terreno deforestado a cinco kilómetros de la vía se convirtió en cerca de 9 mil hectáreas de pasto y hoy, en lo que alguna vez fue selva, deambulan más de 40 mil vacas. Este panorama se repite de forma exponencial en la Amazonía, la región donde se concentra la mayor deforestación del país (63 %).

Mongabay Latam analizó geoespacialmente la transformación del paisaje en torno a cinco carreteras ilegales que, en conjunto, suman 1926 kilómetros que fragmentan la selva colombiana. Además, un equipo periodístico —en alianza con France 24 en Español, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante— se desplazó hasta algunos de los principales tramos de esas vías, situados en los núcleos de deforestación del país, y los recorrió. Lo más preocupante es que la deforestación que detectamos no se ha detenido. Según la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, entre enero y mayo de 2025 se han activado 805 352 nuevas alertas de deforestación en la franja de cinco kilómetros alrededor de las vías. Los resultados muestran una relación directa entre la expansión de las vías ilegales, el avance de la deforestación y el crecimiento del hato ganadero, en medio de un contexto complejo donde confluyen comunidades locales, actores estatales y grupos armados ilegales.

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Las vías, fuente de “deforestación primaria”

Si juntamos, una tras otra, las cinco vías ilegales de la Amazonía colombiana analizadas por Mongabay Latam para este proyecto, el trayecto total sería equivalente a cruzar Colombia de extremo a extremo: desde Punta Gallinas, en la Guajira —la zona más al norte del país— hasta Leticia, en el extremo sur, en la triple frontera con Brasil y Perú.

Se trata de un trayecto enorme, de 1926 km, que reúne los casos más críticos de vías y deforestación en la selva amazónica colombiana: la red vial Selvas de Mapiripán, la vía Marginal de la Selva, la vía Calamar-Miraflores, la vía La Libertad-La Paz, y las redes viales que rodean y se adentran en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

A lo largo de esos caminos ilegales, el bosque ha ido desapareciendo. El análisis de Mongabay Latam revela que alrededor de estas cinco vías, en un radio de solo un kilómetro, ha habido, entre el 2000 y el 2023 , una pérdida acumulada de 104 674 hectáreas de bosque, un área casi tan grande como Río de Janeiro. Si se amplía la mirada a cinco kilómetros alrededor, la cifra se triplica y alcanza las 342 070 hectáreas, más de dos veces el tamaño de Ciudad de México.

La apertura de estas carreteras también ha impactado el resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II, que ya acumula 27 kilómetros de vías ilegales en su interior, además de otros siete resguardos ubicados en los departamentos de Meta y Guaviare. Áreas protegidas de gran importancia, como el Parque Chiribiquete y la Serranía de la Lindosa, también están en riesgo. Dentro de ellas se extienden casi 76 kilómetros de vías ilegales que amenazan ecosistemas frágiles y pueblos indígenas no contactados. Además, otras áreas protegidas como la Reserva Nukak, el Parque Nacional Tinigua y el Parque Nacional Serranía de La Macarena se han visto fragmentadas y amenazadas por las vías ilegales que los rodean.

Con la llegada de las vías también se ha incrementado, a solo cinco kilómetros de los trayectos analizados, el número de vacas (con 464 262 registradas) y de cultivos de hoja de coca para uso ilícito (con 781 hectáreas para 2023). Estos últimos han cobrado fuerza cerca y dentro de la Reserva Nacional Natural Nukak.

Las cifras son un correlato del extenso análisis realizado hasta marzo de 2024 por la FCDS en toda la Amazonía de Colombia. Los investigadores de la organización ambiental estimaron entonces la apertura de cerca de 28 091 km de vías, unas 16 veces el trayecto anterior. La devastación detectada forma parte de lo que los expertos han llamado “una fuente de deforestación primaria”, es decir, que le abre paso a otras actividades económicas, tanto legales como ilegales, que contribuyen a la pérdida de bosque primario o virgen.

Estas transformaciones alrededor de las vías son lo que el Panel Científico por la Amazonía —una red de más de 200 científicos que se unieron para producir el primer informe integral del estado de la cuenca— denomina el efecto “espina de pescado”. Es una forma sencilla de explicar cómo, a partir de una vía principal, surgen nuevos poblados, nacen otras carreteras, aumenta el valor de la tierra y las actividades agrícolas se vuelven más rentables.

Para Adriana Rojas, coordinadora técnica de MapBiomas Colombia, una iniciativa que analiza la transformación de los bosques, las vías son “el principal impulso a todos los males de la Amazonía”. “Son una pieza fundamental para la deforestación, la pérdida de conectividad, la ampliación de la frontera agrícola y se han convertido en una amenaza para los pueblos indígenas de esos territorios”, afirma. Como resultado, el bosque desaparece y se convierte en enormes extensiones de pastos.

Ese fue uno de los motivos por los que, en 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que los tramos pendientes de una vía conocida como “La Marginal de la Selva”, que atravesaría la Amazonía colombiana de extremo a extremo, no se iban a realizar. El proyecto se originó en 1963 y buscaba conectar la Amazonía desde Venezuela hasta Bolivia, como un símbolo de desarrollo regional, aunque con enormes implicaciones ambientales.

Pero la decisión presidencial fue insuficiente. Los tramos que no terminó el Estado fueron abiertos de manera informal e ilegal. Este es el caso del corredor de 318 kilómetros que se abre paso entre San José del Guaviare (Guaviare), La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), desconectando los Parques Nacionales Tinigua y Sierra de La Macarena del PNN Serranía de Chiribiquete. Desde el 2000 hasta 2023, el análisis geográfico realizado para esta investigación muestra que a un kilómetro de ese tramo se han perdido más de 13 000 hectáreas de bosque húmedo tropical. A cinco kilómetros la pérdida es casi cuatro veces mayor, sumando más de 63 000 hectáreas.

Al recorrer esa vía, el equipo periodístico de Vorágine pudo corroborar que la carretera continúa abriéndose sin el aval de las autoridades. Además, existe un control de grupos armados que incluye cobros a grandes terratenientes y ganaderos, y establece restricciones de movilidad. También hay un sistema comunitario de peajes informales. “La carretera está a la merced de ellos”, asegura un habitante de la zona. Mientras las comunidades campesinas recogen el dinero, contratan maquinaria y organizan jornadas de trabajo para arreglarla, los grupos armados controlan el paso y dan órdenes sobre el estado en el que debe permanecer.

Lo peligroso es que los ramales que se desprenden de las vías no solo desconectan áreas protegidas, también se extienden hasta el interior de ellas. La organización Parques Naturales Cómo Vamos publicó en su último reporte que, entre 2018 y 2023, se abrieron 827 nuevos kilómetros de caminos ilegales en áreas protegidas del Arco de Deforestación Amazónico. En total, a 2023, se tenían registrados más de 1500 kilómetros de vías al interior de esos santuarios naturales.

Vías sin permisos, pero “¿planificadas?”

Una de las vías analizadas se ubica en la zona de transición entre las sabanas de la Orinoquía y la selva amazónica. Allí, Mongabay Latam identificó más de 10 ramales que, en conjunto, suman 549 kilómetros. Se trata de la Red Vial Selvas de Mapiripán, donde se deforestaron 23 600 hectáreas entre 2000 y 2023 en una franja de apenas un kilómetro alrededor de las carreteras. Si ampliamos la mirada a cinco kilómetros, la deforestación casi se duplica, alcanzando más de 42 000 hectáreas en el mismo periodo de tiempo.

Lo que llama la atención es que algunos de los tramos están perfectamente trazados en línea recta por hasta 60 kilómetros, un trabajo que requiere de condiciones técnicas, equipo especializado, maquinaria y altas inversiones económicas. Como alertó la Procuraduría en febrero de 2023, esa infraestructura se estaría desarrollando “con la posible aquiescencia o pasividad de las autoridades locales y muchas veces mediante procesos contractuales que estas mismas autoridades autorizan y ordenan”.

En Guaviare, un departamento que se encuentra amparado casi en su totalidad por medidas de protección ambiental desde hace más de 60 años, la FCDS analizó 117 proyectos de infraestructura vial y rural, por un valor de más de COP$990 500 millones (240 millones de dólares), destinados a mejoramiento y mantenimiento de la red de carreteras. La mayoría de los recursos públicos se dirigían a los municipios donde la deforestación avanza aceleradamente (San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores).

En el caso de la vía ilegal que une a Calamar y Miraflores, en 2019, la Fiscalía señaló a los alcaldes de El Retorno, Calamar y Miraflores, así como a un funcionario de la Gobernación del Guaviare, de contratar obras para el mejoramiento del tramo en medio de irregularidades. La vía estaba asociada a focos de deforestación e incendios. La pérdida de bosque en el departamento pasó de 11 456 hectáreas a 34 527 en solo tres años (2015-2018), delitos por los cuales aún se les investiga.

Mongabay Latam detectó, a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW), que la vía se seguiría ampliando. Entre enero y mayo de 2024 se registraron 96 462 alertas de deforestación, en comparación con las 117 381 alertas activadas entre enero y mayo de este año. Esto indica que el bosque sigue cayendo.

Este no es el único caso en el que autoridades regionales han sido señaladas de promover, ya sea con fondos o con maquinaria pesada, la apertura y adecuación de vías ilegales.

Ganadería: más vacas que personas

A la par del aumento del número de vías, el análisis hecho por Mongabay Latam muestra que hay una correlación entre el crecimiento de la infraestructura, el aumento de la deforestación y la expansión del hato ganadero. En Guaviare, Caquetá y Meta, donde la red vial ha crecido de forma acelerada, las cabezas de ganado también se incrementaron en 95 %, 60 % y 40 %, respectivamente, entre 2016 y 2022, según datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Un contraste notable con el promedio nacional, donde el aumento fue de 31 %.

En municipios como Mapiripán (Meta), en los trayectos analizados para esta investigación, se abrieron más de 200 kilómetros de vías entre 2018 y 2021. Según las cifras más recientes del ICA, a cinco kilómetros de estas carreteras pastan más de 19 000 vacas. En todo el municipio, el hato ganadero casi se triplicó entre 2016 y 2023 hasta alcanzar las 162 237 cabezas de ganado.

De forma similar, en el municipio de La Macarena (Meta) —que es atravesado por los tramos informales que buscan “completar” la Marginal de la Selva—, las cabezas de ganado aumentaron casi cinco veces tras la firma del Acuerdo de Paz, según las estadísticas del ICA. Se trata del municipio que acumula el mayor número de vacas en la región desde 2016.

Otros municipios aledaños al PNN Chiribiquete también experimentaron un crecimiento significativo. En Calamar y Miraflores, por ejemplo, ya hay más vacas que personas. El censo de vacunación del ICA registra 126 286 cabezas de ganado en estos dos municipios, mientras que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hay 19 565 personas (2023).

Aunque la ganadería no es una actividad ilegal, su desarrollo sí está restringido en áreas de importancia ambiental, como la Amazonía, donde actualmente cerca del 85 % del territorio tiene un estatus legal que promueve la conservación. Pese a esto, las vacas se acercan cada vez más al interior de las áreas protegidas. En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que había cerca de 1 200 000 cabezas de ganado invadiendo territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak.

Sin embargo, como insiste Catalina Oviedo, coordinadora de la oficina regional en el Amazonas de la ONG Centro de Alternativas al Desarrollo (Celades), aunque existe una conexión directa entre la expansión de la ganadería y la creación y la mejora de vías, hay que tener en cuenta que estas también han sido históricamente usadas por campesinos y poblaciones indígenas. “Hay que ampliar la discusión sobre esta relación, evitando caer en estigmatizaciones y violaciones de derechos humanos”, afirma. En palabras de Guillermo Peña, líder campesino en San Vicente del Caguán, esas vías, “así las tilden de ilegales”, son la columna vertebral que los conecta y los saca del aislamiento.

Lo cierto es que los pequeños campesinos no son los grandes impulsores de la deforestación, y tampoco son los únicos que usan las vías de esos territorios. Un estudio publicado en la revista científica Nature, en el que se analizó la transformación en la Amazonía colombiana entre 1985 y 2019, concluyó que la conversión masiva de bosques a ganadería no fue impulsada por “pequeños agricultores”, sino por grandes terratenientes con el objetivo de “asegurar expectativas sobre el valor futuro de la tierra y especular a través de mercados ilegales de tierras”. Otros análisis coinciden. En municipios como La Macarena y Mapiripán, la FCDS encontró una alta concentración de terrenos abiertos, con más de 500 hectáreas por propietario.

Además, según un informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la ganadería en estas áreas puede ser una fuente de financiamiento para grupos armados ilegales y organizaciones criminales que operan en la región, así como un entorno propicio para el lavado de activos.

Vías, conflicto y cultivos ilícitos

La Amazonía en Colombia es un lugar clave y disputado. Allí, además de bosques prístinos o áreas naturales protegidas, se encuentran alrededor de 62 pueblos indígenas, indígenas en aislamiento voluntario y campesinos que han llegado con diferentes oleadas de colonización. Pero también grupos armados ilegales que han utilizado la zona para la extracción de recursos y para ejercer un control territorial.

Como recuerda Fernando Reyes, presidente de la vereda Nuevo Horizonte, en Cartagena del Chairá (Caquetá), él compró su tierra cinco meses antes de que a su alrededor iniciara la “locura de los baldíos”, como le llamó a la migración de personas de otras partes del país hacia esta región en 2015. “A la gente se le metió en la cabeza que la guerrilla ya no estaba y que nadie los atajaba”, menciona. Esa fue la forma que encontraron para lograr un pedazo de tierra donde antes estaban las FARC. Aunque, según la ley, estos predios colonizados no pueden ser vendidos, comprados ni explotados, sobre ellos avanzan actividades legales e ilegales.

Organizaciones ambientales que estudian la Amazonía han identificado “una compleja y fluctuante red de grupos armados ilegales, actores privados y algunos funcionarios corruptos” que han aprovechado el vacío dejado por la desmovilización y desarme de las FARC para ampliar su poder y actividades. “Como resultado, la magnitud, intensidad y velocidad de explotación de recursos en la Amazonía colombiana ha aumentado”.

En el departamento de Guaviare, la ruta que conecta los municipios de La Libertad y La Paz se ha consolidado como un bastión importante para la producción ilegal de hoja de coca en la Reserva Natural Nukak, que colinda con ese último centro poblado. Aunque la carretera empieza a ser visible en el monitoreo satelital desde el año 2000 en una zona cocalera, es a partir de 2016 que se mejora y amplía en casi 57 kilómetros. Allí a la par de la deforestación de 15 564 hectáreas (a cinco kilómetros alrededor de la vía), también aumentaron las hectáreas de cultivos de uso ilícito.

El análisis de Mongabay Latam evidenció que las hectáreas con cultivos de coca se duplicaron alrededor de esta vía. En 2022, a un kilómetro de la vía había alrededor de 9 hectáreas. Un año después los cultivos ilícitos alcanzaron las 22 hectáreas. A tres kilómetros de las carreteras, la tendencia se mantuvo pasando de 68 hectáreas a 120. A nivel general, en el departamento, se registraron 4395 hectáreas de coca sembradas en 2022 y, como aseguró uno de los habitantes de La Paz, allí la economía gira alrededor de la pasta base de coca.

Una situación similar ocurre en la vía Calamar-Miraflores, en Guaviare, donde —entre 2022 y 2023— las hectáreas de coca a 1 km de la vía se cuadruplicaron. Además, como alertó un informe de la UNODC en 2023, la cuenca amazónica compartida por Colombia, Brasil, Perú y Bolivia “se está configurando como un corredor clave para el narcotráfico en la región”.

La situación es difícil de controlar pues, como informó Parques Nacionales a Mongabay Latam, hay al menos 11 áreas protegidas de la Amazonía colombiana en las que los guardaparques y funcionarios de la entidad tienen restricciones de acceso y movilidad por parte de los actores armados. “Eso dificulta llevar a cabo acciones de investigación y monitoreo a la biodiversidad. También limita la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control”, aseguró la entidad.

Todas las vías llevan a Chiribiquete

Uno de los lugares con la mayor categoría de conservación en Colombia es el PNN Chiribiquete, que fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2018 y al que nadie, además de los guardaparques, algunos investigadores y los pueblos indígenas que lo habitan, puede entrar. Sin embargo, ya ha sido atravesado por más de 62 kilómetros de vías amplias y tecnificadas, como lo muestra el análisis de Mongabay Latam, aunque si se consideran otras trochas que se encuentran debajo del bosque y que están desconectadas del entramado de caminos la extensión alcanza los 125 kilómetros, tal y como figura en el reporte de FCDS incluido en el informe de Parques Cómo Vamos.  Algunas son vías históricas que hicieron parte de la movilización de las guerrillas durante décadas y que, en su origen, estaban ocultas bajo el bosque, pero que, tras el proceso de paz, comenzaron a abrirse con maquinaria.

Según Jenny Cueto, directora de la oficina territorial de la Amazonía de Parques Nacionales, cada año se deforestan, en promedio, mil hectáreas de bosque dentro del parque. Las vías que amenazan el área protegida “no salen de la nada. Sino que vienen asociadas a unos tramos que, a su vez, vienen de unas vías que se conectan entre municipios y departamentos”, insiste.

Al norte de Chiribiquete, por ejemplo, las vías se desprenden de la Marginal de La Selva, que conecta La Macarena con San José del Guaviare. Desde La Macarena también se desarrollan caminos que conducen hacia Chiribiquete y el Resguardo Yaguará II. Como estas, al menos 13 tramos más que forman parte de las vías que están alrededor del parque buscan llegar o pasan por el área protegida. En total, se trata de 843 kilómetros de trochas ilegales.

Su apertura ha desencadenado la deforestación de más de 195 mil hectáreas a cinco kilómetros alrededor de las vías, un área equivalente a casi 1730 veces el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Además, según el análisis realizado por Mongabay Latam, en un radio de un kilómetro de estos 13 tramos alrededor del PNN Chiribiquete existen 53 437 bovinos.

En otras áreas protegidas la situación se repite. Según el último informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos, se identificaron accesos viales en los Parques Nacionales Naturales Tinigua (723,6 km), Sierra de La Macarena (600,4 km), Serranía de Chiribiquete (125,2 km) y La Paya (19,5 km), así como en la Reserva Nacional Natural Nukak (33,3 km). Las carreteras coinciden con las áreas protegidas donde se reporta, también, mayor deforestación. De hecho, en las áreas protegidas de la Amazonía se concentra el 82% de la deforestación de todo el Sistema Nacional Natural de Áreas Protegidas (SINAP).

En agosto de 2024, el Minambiente presentó lo que llamó “una acción contundente en la lucha contra las estructuras criminales que operan en el Parque Nacional Chiribiquete”: destruyó acceso terrestres ilegales y cultivos ilícitos existentes al interior del área protegida. “Estas infraestructuras eran usadas para actividades ilícitas como procesamiento de cocaína en laboratorios y ganadería como motor de la deforestación. Por lo anterior, se realizó la inhabilitación de dos laboratorios, un establo y además se llevó a cabo la destrucción de 5 puentes carreteables presentes al interior de este parque, que eran utilizados para facilitar estas labores”, le dijo la entidad a Mongabay Latam.

Sin embargo, las operaciones militares no han logrado debilitar las redes que destruyen y degradan Chiribiquete y la Amazonía. La pérdida de bosque ha generado zonas desconectadas y la fragmentación de los ecosistemas.

Aunque también el gobierno ha impulsado acuerdos sociales para pasar de “núcleos de deforestación” a “Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad” en la Amazonía, ofreciendo posibilidades económicas a los campesinos que ya se encuentran allí, por ahora los resultados son poco alentadores. Según explicó la exministra de Ambiente Susana Muhamad, antes de dejar el cargo, de los 15 núcleos de los que hay información, en cuatro persisten niveles similares de deforestación y en cinco la pérdida de bosque aumentó.

Mientras tanto, cientos de kilómetros de vías se siguen abriendo diariamente en la Amazonía y reproduciendo las tensiones entre las necesidades de la población, el conflicto y el futuro incierto de la Amazonía. Si esta tendencia continúa, la región se dirige a un proceso de sabanización y praderización irreversible: lo que los científicos han llamado ‘un punto de no retorno’.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con France 24, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, María Isabel Torres y Antonio Paz Cardona. Coordinación: Vanessa Romo. Investigación: Vanessa Romo y David Tarazona. Análisis geoespacial: Cristian Salas. Periodistas: Daniela Quintero Díaz, Mariana Guerrero, María Clara Calle, César Molinares, María Paula Murcia Huertas, Natalia Duque Vergara, Juan Carlos Granados. Visualizaciones: Eduardo Motta y Cristian Salas. Ilustración: Alma Ríos. Diseño gráfico y video: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Dalia Medina Albarracín.

**Ilustración principal: 1926 km de vías ilegales analizadas por Mongabay Latam están acabando con la selva en resguardos indígenas y áreas protegidas de la Amazonía de Colombia. Ilustración: Alma Ríos

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El Parque Nacional Carrasco está en grave riesgo. La apertura de caminos clandestinos, la proliferación de asentamientos ilegales de comunidades, el aumento de cultivos de coca y el narcotráfico se han profundizado en los últimos cuatro años. Detrás existe una frágil fiscalización de las autoridades y el poder de comunidades o sindicatos de productores de cocales que habitan en su interior, legal e ilegalmente. A pesar de que se trata del área protegida con mayor humedad de Bolivia, es una de las tres más deforestadas.

Leer más:Detrás de masacre en Punino: asesinato de 11 militares revela expansión e impacto ambiental de la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana

Una investigación que empezó a finales de diciembre de 2024 permitió establecer que solo entre octubre de ese año y febrero de 2025, cuatro vías han sido abiertas en la zona de protección estricta. La primera, el 20 de octubre en los sindicatos ilegales Campamento y Carmen Pampa, con una extensión de cinco kilómetros. La segunda, el 12 de noviembre, impulsada por el sindicato Yungas Perguantío (también ilegal), con una longitud de cuatro kilómetros y medio. La tercera vía está en el sindicato de Macho Yungas (legal) y tiene una extensión de 16 kilómetros; los trabajos empezaron el 5 de noviembre. Finalmente, el 21 de febrero de este año hubo una cuarta apertura, en la subcentral Pampas Amarías, compuesta por los sindicatos Peña Rumi, Nuevas Pampas, Primero de Agosto y Chaco soberano (todos legales), con una longitud de 10 kilómetros. Los trabajos de este último camino terminaron en mayo.https://albumizr.com/a/ZLlk

Estas imágenes registradas dentro del parque Carrasco, que han sido proporcionadas por una fuente en territorio, muestran el avance de las vías ilegales dentro del área protegida. Foto: Cortesía comuneros locales.

El parque, de 622 600 hectáreas de superficie, está ubicado en el departamento de Cochabamba, y abarca dos provincias y diez municipios. Debido a su extensión, tiene desde bosques amazónicos hasta puna, pasando por sectores de Yungas, bosque montano, ceja de monte y subandino. Esta variedad de ecosistemas es la que la ubica como la segunda área protegida “con mayor representatividad ecológica y de biodiversidad” del país, después del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado (ANMI) Madidi, en La Paz. Así lo establece un diagnóstico ambiental al que Mongabay Latam tuvo acceso.

Exfuncionarios y biólogos coinciden en que el mayor riesgo al que se expone el área es la pérdida de su categoría de Parque Nacional, para pasar a ser un Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), lo que implicaría legalizar actividades humanas en su interior que actualmente se consideran fuera de norma. Asimismo, se pone en riesgo la riqueza biodiversa de un territorio de reserva que provee agua dulce a toda la zona tropical de Cochabamba.

“Lo poco que se está sosteniendo (del parque) es justamente por su categoría. Pero si la dirección omite sus funciones de protección, incurriría en procesos por no resguardar la categoría”, explica Noel Altamirano, biólogo que estudia y trabaja en el lugar desde hace más de 20 años. “Pero más allá de eso, lo que se va a perder es un ecosistema, porque se sabe que hay planes de unir los municipios de Pojo y Epifania con Chimoré Bulo Bulo, es decir, atravesar todo el parque”, advierte.

El otro conflicto que observa Altamirano es el político-social, ya que hay disputas entre grupos cocaleros de la zona subandina que se disputan el poder con los del trópico, señala una fuente que pidió reserva por seguridad. “La coca del trópico no es para consumo (o acullicu, que es como se conoce al masticado tradicional de la hoja en Bolivia). Es más, ni siquiera nosotros consumimos. En el camino se puede ver que la coca que se vende es la de Yungas de La Paz o la de Yungas de Vandiola (Parque Carrasco), porque es más dulce y pequeña. La otra tiene otro destino y ya se están generando disputas por este tema, porque los compradores prefieren la de Yungas (de Vandiola)”, dice.

Todos los caminos conducen a Carrasco

La apertura de caminos ilegales comenzó en 2021, señala un ex funcionario del parque, quien pidió reserva en su  nombre por seguridad. Ese año se abrió una vía de 15 kilómetros en el sector de Arepucho. Tres sindicatos cocaleros—Arepucho, Guanay y Guanay A— promovieron los trabajos, que luego fueron legalizados mediante una licencia ambiental que se tramitó cuando ya había un avance de nueve kilómetros y se habían derribado árboles primarios con maquinaria.

Un lugareño que habita dentro del parque confirmó que, para llevar adelante los trabajos de dicha apertura, cada familia hizo un aporte económico. Dicho dinero  se usa para: alquilar tractores, pagar combustible diésel y la multa que se estipula por una falta administrativa, ya que se trata de sindicatos reconocidos legalmente.

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“Cuando empezaron a tramitar la licencia ambiental (en el sector de Arepucho), nosotros ya teníamos una senda abierta, que luego se convirtió en un camino. Una noche, un dirigente llegó a mi casa y nos explicó que se había llegado a un acuerdo con la Dirección del parque, y que había que dar una cuota para los trabajos y pagar la multa”, reveló la fuente. En una asamblea, se informó que la recaudación superó los 67 mil bolivianos mil (9 600 dólares, al tipo de cambio oficial: Bs 6.96). Sin embargo, el entrevistado cree que la cifra alcanzó los 150 mil bolivianos (21 500 dólares), porque se recibió aportes de tres sindicatos para realizar dichos trabajos y pagar la citada multa.

A partir de ahí, las vías comenzaron a proliferar de forma alarmante. Lo mismo sucedió con el aumento de coca ilegal, los asentamientos de nuevos colonos o “interculturales”, como se les denomina en Bolivia, y la deforestación de bosque primario.

En el caso de los caminos, en cinco meses se abrieron cuatro y con tres fines, según fuentes consultadas: expandir y ampliar la producción de coca ilegal mediante la mecanización del sembradío, facilitar el tránsito para la comercialización de la hoja ilegal y, finalmente, para sacar otros productos agrícolas. De hecho, entre 2022 y 2023, los cultivos no permitidos crecieron en un 38 %, según el informe de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito, por sus siglas en inglés) presentado en febrero último. En esa línea, Carrasco es también la tercera área protegida nacional con mayor deforestación del país, con una pérdida total de bosque de 31 688 hectáreas entre 1953 y 2023, según un informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).

A través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW), Mongabay Latam y La Región han podido constatar que de mayo del 2024 a la fecha se han registrado 245 805 alertas de deforestación en el Parque Nacional Carrasco. Esto significa un 25% más de alertas en comparación al año anterior. Alrededor del 61% de estas alertas ocurrieron entre agosto y octubre de 2024, durante el pico de incendios del año pasado. Además, según los datos de GFW, el 2024 fue el tercer año con mayor pérdida de bosque primario en el 2015 dentro del Parque Carrasco.

Actualmente se estima que en la zona de protección estricta hay, al menos, 16 comunidades ilegales, algunas de las cuales han establecido trancas para controlar el ingreso de foráneos, por lo que no está permitido el patrullaje de guardaparques. “Ellos (los guardaparques) no tienen más que someterse o alejarse de ciertas zonas críticas, por su seguridad y la de sus familias”, dice a Mongabay Latam Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (Abolac).

Uno de los puntos más críticos es Parajti, donde hace seis años se construyó un paso peatonal, según confirmaron a este medio tres fuentes distintas con acceso al lugar. Del mismo modo, se conoce de la existencia de una pista de aterrizaje, que no estaría en funcionamiento, pero que se encuentra “bien mantenida”. Ni el cuerpo de protección ni otras instancias de Estado han podido llegar al punto.

Muchas de las comunidades asentadas ilegalmente ya tienen sistemas de agua, construyeron casuchas con madera de árboles derribados y comenzaron con nuevos cultivos de coca. Es más, las familias fueron contabilizadas en el reciente censo de 2024. “Otros no viven ahí, solo entran dos o tres veces al año, para sembrar la coca, cuidarla con agroquímicos y luego sacar la cosecha”, explicó el exfuncionario. Siguiendo su declaración, también se encontró a personas extranjeras y fosas de maceración, “pero muchas de estas denuncias no se hacen por temor”.

Pese al temor, el último 7 de abril se denunció un caso ante la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) por el hallazgo de una fosa de maceración de cocaína abandonada y otra activa en el norte del área protegida. Aunque no se encontró a nadie, los indicios de la presencia de narcotráfico fueron corroborados por asambleístas del Poder Legislativo.

Tanto la senadora Cecilia Requena como el diputado Saúl Lara, del Comité de Medio Ambiente y el de Lucha contra el Narcotráfico, respectivamente, solicitaron informes a autoridades del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el Ministerio de Medio Ambiente por las denuncias en Carrasco, sin obtener respuesta alguna, aseguraron por separado. Lara incluso realizó inspecciones para verificar la erradicación de cocales junto al Ministerio de Gobierno. “Entre 2022 y 2023, constatamos que había una gran cantidad de focos de calor. Quiere decir (que había) decenas de factorías de elaboración de droga”, aseguró en una entrevista.

En febrero último, el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, apuntó a declarar el área protegida como territorio libre de cultivos hasta fin de este año. Pero los congresistas dudan que esto sea posible. Desde octubre pasado, los trabajos de erradicación son irregulares, ya que cocaleros expulsaron a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un grupo de élite conformado por el Ejército, la Policía y la sociedad civil. Se estima que en el interior hay alrededor de 310 hectáreas de coca ilegal, según UNODC.

Desde el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), no han querido referirse al respecto. Desde abril pasado, se esperaba una entrevista con el director interino, Jair Gonzales Delgadillo, pero el 15 de mayo último, este fue reemplazado de forma sorpresiva por Idelfonso Canaza Kapajeique. El director del parque, David Andrade, pidió que se le devuelva la llamada y no respondió más el teléfono. Hasta el cierre del reportaje se esperó que alguna autoridad pudiera referirse a la situación.

La profundización de presiones sobre el área coincide con el masivo despido de directores jefes de protección y guardaparques que se dio en 2021. “Ninguno de los anteriores directores se dejó convencer de abrir los caminos, pero cuando los cambiaron, los nueve sindicatos cocaleros legales y los que se asentaron ilegalmente se unieron para construir los caminos”, dijo el exfuncionario.

La exasesora legal del parque, Fabiola Iriarte, aseveró en una entrevista por mensajes de WhatsApp que cuando ella dejó el cargo se echó por la borda todo el trabajo que venía realizando. Desde su departamento se habían iniciado procesos penales por estos y otros hechos, “pero me sacaron y en mi área entraron justamente personas del trópico (cocaleros) y paralizaron todos los procesos”, aseguró de forma escueta sin entrar en detalles.

Territorio “no disponible”

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) declaró gran parte del territorio de Carrasco como “tierra fiscal no disponible”. Al tener categoría de Parque Nacional, no debiera haber presencia humana dentro, pero se respetó a las comunidades asentadas antes de la creación, el 11 de octubre de 1991. Según documentos, en ese momento, eran alrededor de 100 familias campesinas (entre 700 a 800 personas), aglutinadas en nueve sindicatos cocaleros. Actualmente hay 16 sindicatos o comunidades ilegales, la mayoría de las cuales se dedica al cultivo de coca.

Nivardo Rivera, director de la Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico (Udestro), una repartición respaldada por ley para medir hectáreas de cocales ilícitos y apoyar la erradicación, dijo a Mongabay Latam que dos federaciones de cocaleros —Bulo Bulo-Mamoré y Carrasco— no permiten el ingreso a ciertas zonas. En enero último, dos campamentos lograron ser instalados en la zona Pampa Colorada, pero un grupo tuvo que retirarse “por falta de alimentación e insumos”.

Lo ocurrido en octubre pasado, con la expulsión de la Fuerza de Tarea Conjunta, es solo una muestra del poder de las seis Federaciones del Trópico cochabambino: una red campesina jerárquica conformada por sindicatos (cada uno de entre 30 y 50 familias) agrupados en subcentrales o centrales. Actualmente, el presidente es el exmandatario Evo Morales, secundado por el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien busca inscribirse como candidato a la Presidencia, en las elecciones generales previstas para agosto próximo.

Tanto el Trópico de Cochabamba como los Yungas de La Paz son las únicas zonas autorizadas para el cultivo de coca en Bolivia. Cada familia puede producir un cato de coca, que equivale a 1600 metros cuadrados de terreno. “Algo que no se cumple”, admite el hijo de un cocalero que vive dentro del área protegida. “Por ejemplo, nosotros somos ocho hermanos y no haríamos nada con un cato. Mi papá se ha comprado un cato en blanco (denominativo que se da al terreno ilegal). El sindicato ayuda en esa parte (la compra del cato ilegal), así que cada familia tiene, por los menos, dos catos: uno legal y otro que no está permitido”, dice.

Durante el gobierno de Evo Morales, se llegó a un acuerdo respecto a la coca ilegal, refiere el entrevistado. Se dejaría un cato por familia y se permitiría “voluntariamente” la eliminación del o los otros catos que tuviesen. Pese a que la acción era ilegal, ello permitió seguir con los trabajos, de ahí que el término “erradicación” se cambió por “racionalización”.

Historia de un parque “donde siempre llueve”

El Parque Nacional Carrasco solo ha sido estudiado en un 20 % de toda su riqueza biodiversa, lamenta el biólogo Noel Altamirano. Él y su hermano Saúl fueron parte de equipos de investigación desde que eran universitarios, lo cual les permitió conocer gran parte del territorio en reserva.

Hasta 2005, más de 3000 especies de plantas fueron registradas, 300 de ellas, orquídeas. En fauna, 181 especies de mamíferos, 750 especies de aves, 306 especies de reptiles y los más recientes hallazgos incluyen animales de extrema rareza como la rana de cristal.

Esa riqueza natural en parte se debe a la calidad y cantidad hídrica que se genera dentro. Un estudio de diagnóstico ambiental de 2016 da cuenta que “la zona más húmeda de Bolivia se encuentra en los Yungas de Cochabamba”, que es parte de Carrasco. “La evapotranspiración real en el Parque Nacional Carrasco oscila entre 1000 a 1300 milímetros, con una humedad relativa de 80%”, se lee en el mismo. En palabras del biólogo Noel Altamirano, “se trata de un banco que almacena agua”.

Estos detalles, sumados a la presencia de pueblos indígenas Yuqui, Yuracaré y Chimanes, fueron argumentos suficientes para la creación del parque, primero por resolución ministerial, en 1988, y luego por decreto supremo, el 11 de octubre de 1991. En el documento también se incorporó al Santuario de Vida Silvestre Cavernas del Repechón, que alberga especies de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.

Con el tiempo, los originarios fueron relegados y, entre las décadas de 1960 y 1970, el territorio empezó a ser ocupado por migrantes quechuas y aymaras, que llegaron a colonizar distintos puntos del país, atraídos por una “selva virgen, que cubre las montañas, donde están los ricos Yungas de Arepucho, (lugar) donde se produce la coca más famosa de Bolivia, por su calidad y su tamaño diminuto”, describe el historiador Jorge Ovando Sanz.

Desde la creación del área protegida —según el diagnóstico ambiental de 2016— la presencia de asentamientos humanos fue un tema a debatir, debido a que legalmente, la categoría de Parque Nacional (PN) en Bolivia no permite actividad humana alguna. Frente a ello, en 2001, un acuerdo entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y los sindicatos de cocaleros legales permitió una delimitación preliminar de ocho zonas dentro del parque, dejando el 80 % del territorio como protección estricta, demarcado por una “línea roja”.

Un acuerdo que se dejó de cumplir en 2016, con el inicio de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, mediante el cambio de categoría, de “protección estricta” a “zona de uso especial”. El argumento fue que se trataba de “una obra de interés y prioridad nacional”.

Un destino incierto

Pese a la profundización de las amenazas, el biólogo Saúl Altamirano, quien trabaja actualmente en el lugar, asegura que el área está “bastante bien conservada”. Sin embargo, los riesgos de que pierda la categoría de Parque y se convierta en ANMI, permitiendo o legalizando los asentamientos irregulares y los nuevos caminos, son latentes.

Al cierre de este reportaje, el Sernap analizaba un plan de manejo o administración que fue elaborado “en escritorio y no en campo, como debió realizarse”, denunció a Mongabay Latam un experto que conoció el proceso de adjudicación. Uno de sus temores era precisamente la “rezonificación” o serios cambios en las zonas de protección estricta y aquellas donde está permitido algún tipo de actividad humana controlada.

Por su parte, Nivardo Rivera, director de la Udestro, aseguró que la meta de erradicación de coca ilegal solo será posible si la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) recibe apoyo logístico, como helicópteros y alimentación. Por lo pronto, las oficinas de la repartición en Villa Tunari, municipio del trópico cochabambino al que también pertenece el parque Carrasco, están tomadas desde agosto último por cocaleros de las seis federaciones, quienes reclaman el derecho de consensuar la designación de autoridades. Mientras ello no suceda, no permitirán “ni erradicación ni racionalización”.

En la zona, lo que se conoce entre habitantes de las comunidades es que se hicieron acuerdos verbales con alcaldes de los municipios a los que pertenece el área protegida para abrir más caminos, por lo menos hasta antes de las elecciones generales, debido a la incertidumbre sobre quién será el nuevo gobernante del país.

Actualmente, muchas de las decisiones en el parque dependen del momento político que vive el país. Fuentes consultadas sobre erradicación de coca ilegal aseguraron que no se hará énfasis en ello, por lo menos hasta el 17 de agosto, fecha de las elecciones generales. En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien había prometido declarar a Carrasco libre de coca ilegal, renunció a su cargo, para postular a la presidencia por el actual partido en poder, Movimiento Al Socialismo. El cambio intempestivo del director del Sernap tampoco cayó bien entre activistas y ambientalistas, ya que se presume se dio para dar vía libre a irregularidades en el tiempo que le queda a los actuales gobernantes.

Mientras las rutas ilegales se multiplican y la frontera de la coca se amplía en silencio el “banco natural de agua” está cada vez más perforado por nuevas amenazas. El año pasado ya se registraron incendios forestales en zonas de alta humedad y contaminación de aguas por uso de agroquímicos para mejorar la producción de la coca ilegal y el narcotráfico. Al cierre de este reportaje, Mongabay Latam todavía esperaba respuesta del Sernap y la Dirección del Parque.

Imagen destacada: Una fuente en territorio, a la que protegemos por seguridad, nos proporcionó está imagen de una de las vías ilegales abiertas dentro del parque Carrasco. Foto: Cortesía comuneros locales.

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El 9 de mayo de 2025, 11 militares ecuatorianos fueron asesinados durante un operativo de control en la zona del río Punino, en el norte de la Amazonía ecuatoriana. El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El hecho levantó las alarmas sobre el crecimiento y el impacto de la minería ilegal en ese territorio.

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Entre noviembre de 2019 y junio de 2024, 1422 hectáreas fueron deforestadas por la minería irregular, de acuerdo con información de la fundación Ecociencia y el Programa Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés). Además, un estudio de Corporación Participación Ciudadana encontró altas concentraciones de mercurio en las zonas afectadas. Aunque los metales pesados no han llegado a Francisco de Orellana, la ciudad incurre en gastos adicionales para tratar el agua que viene cargada de sedimentos por la actividad minera.

Tras la fatal emboscada, unos 1800 militares se desplegaron y están rastrillando un área selvática de unos 460 kilómetros cuadrados. Como referencia, el Distrito Metropolitano de Quito, que abarca la zona urbana y grandes extensiones rurales, tiene una superficie de 372 kilómetros cuadrados. En los primeros días del conflicto, el Ministerio de Defensa comunicó que alias Compadre, líder de los Comandos de la Frontera en Ecuador, fue “abatido durante la operación de respuesta”. Además, el Ejército encontró dos cuerpos, presuntamente de miembros de la disidencia.

El 15 de mayo, el presidente Daniel Noboa dispuso identificar como grupos armados organizados a los Comandos de la Frontera, el Frente Óliver Sinisterra y Disidencias Comuneros del Sur. Estas dos últimas también son disidencias de las ex FARC que operan en la frontera con Ecuador. Con esto se busca facilitar la acción estatal en contra de estas agrupaciones y sucede en el contexto del Conflicto Armado Interno declarado por Noboa a inicios de 2024.

El rastrillaje del área dio hasta el 18 de mayo con unos 12 campamentos clandestinos, en los que había viviendas, maquinaria pesada, tanques de combustible, armas, municiones, uniformes y hasta siluetas utilizadas para entrenamiento de tiro. El Ejército Ecuatoriano también comunicó que gracias a información de inteligencia hallaron a otro integrante de los Comandos de La Frontera, quien murió tras un enfrentamiento.

La minería creció exponencialmente

Entre junio de 2024 y mayo de 2025, la minería aluvial irregular continuó creciendo en esta zona de Ecuador. “Podría haber unas 300 hectáreas nuevas de deforestación, tenemos que verificar”, dice un especialista de la Fundación Ecociencia quien prefiere mantenerse en el anonimato por seguridad. De ser así, el área afectada ya sumaría alrededor de 1700 hectáreas, equivalente a unas 2390 canchas de fútbol profesional.

El primer reporte elaborado por MAAP de minería irregular en la zona mostró que 32 hectáreas alrededor del río Punino fueron deforestadas entre noviembre de 2019 y noviembre de 2021. El río está en la frontera de las provincias de Napo y Orellana. Hasta diciembre de 2022, 185 nuevas hectáreas fueron deforestadas, sumando 217 hectáreas afectadas. El crecimiento porcentual fue del 578 %, uno de los más altos registrados, y se dio hacia el este, tomándose el noroeste de la provincia de Orellana.

A diciembre de 2023, la actividad ilegal ya sumaba 1001 hectáreas y se había expandido hacia los ríos Sardinas, Lumucha y Supayacu. Los tres desembocan directamente en el río Coca, mientras que el Punino llega de manera indirecta a través del Payamino.

Los especialistas de MAAP estaban realizando monitoreos anuales, con corte a los últimos meses de cada año, pero el acelerado crecimiento de la minería elevó la preocupación y en 2024 hicieron un corte a junio, que reveló el daño de otras 420 hectáreas. “El último reporte muestra que la expansión fue bastante fuerte, se extendía hacia el norte, afectando a otras cuenca hidrográficas, y se extendía por la cuenca del Punino hacia el sur hasta llegar casi al Payamino”, relata el experto.

El equipo de MAAP también documentó que la actividad minera se sobrepuso a territorios indígenas de la nacionalidad kichwa, afectando 300 hectáreas. Además, la expansión solapó la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras y deforestó 144 hectáreas del Área de Conservación Municipal El Chaco.

Si bien cerca de 1700 hectáreas son directamente afectadas por la creación de trochas, piscinas de procesamiento de oro y campamentos mineros, el área en la que están operando los mineros ilegales es mucho más amplia, entre los ríos Punino, Payamino y Coca. Al especialista de Ecociencia le preocupa que las carreteras abiertas faciliten el cometimiento de otros delitos ambientales, incluyendo la deforestación y el tráfico de vida silvestre.

Un estudio realizado en 2025 por investigadores del Laboratorio de Geoinformación y Teledetección de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) evidenció que 182 hectáreas de área deforestada por minería se encontraban aproximadamente a cuatro kilómetros del río Coca.

También detectaron con imágenes satelitales un aumento en la turbidez del agua del río Payamino entre 2023 y 2024, resultado asociado a la expansión de la minería ilegal. El color del agua turbia contrasta con el color de los ríos amazónicos en buen estado.

Hasta mayo de 2025, encontraron un frente de minería ilegal en alto Punino, otro en las proximidades del río Coca y cuatro frentes extendiéndose hacia el río Payamino.

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El Punino tiene metales pesados

Un estudio realizado por la Corporación Participación Ciudadana encontró que el agua y los sedimentos de la parte baja del río Punino tienen concentraciones de metales pesados que exceden los límites permitidos por la normativa ecuatoriana.

El informe presentado en septiembre de 2024 incluyó la toma de muestras de agua y sedimentos. Los investigadores inicialmente se plantearon llegar a la zona caliente de la actividad minera. Sin embargo, funcionarios del Municipio de Francisco de Orellana, la capital de Orellana, les advirtieron que allí operan grupos criminales.

El equipo tomó muestras en la confluencia del Punino con el Payamino y se apoyó de habitantes del sector para la recolección de muestras en dos puntos más del Punino. Por motivos de seguridad, no fue posible llegar a la zona de mayor actividad minera, por lo que las muestras más cercanas fueron tomadas a 13 kilómetros aguas abajo de esa zona.

Los resultados de calidad revelaron que el agua era ácida y presentaba niveles altos de turbidez, es decir, partículas de suelo en suspensión están mezcladas con el agua. Ambos indicadores están asociados a la minería aluvial realizada sin precauciones técnicas.

Tras analizar el agua, encontraron concentraciones elevadas de aluminio, cadmio y plomo. Los análisis de sedimentos también revelaron altas concentraciones de metales pesados, entre esos, cadmio, cobalto, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo y zinc.

Las zonas más bajas presentaron valores más altos de metales pesados. Esto se debe, explicaron los investigadores, a que la actividad minera creció hacia el río Payamino y a la geografía de la zona.

La cuenca alta del Punino está en una zona de transición entre los Andes y la Amazonía baja. La intersección con el Payamino ya es una zona de mayor planicie. Es decir, en las zonas de pendiente los sedimentos son arrastrados con mayor facilidad por la corriente de agua, mientras que en las zonas planas hay mayor probabilidad de que estos se depositen en las orillas o en el fondo. Además, uno de los puntos donde se tomaron las muestras es una curva sinuosa donde se estima que se acumulan los metales pesados que arrastra el río.

El costo de tratar el agua

Desde la confluencia del Punino y el Payamino hay unos 25 kilómetros por río hasta la ciudad de Francisco de Orellana. Omar Proaño, director de agua potable y alcantarillado del Municipio, cuenta que debido a derrames de petróleo y la erosión regresiva que afectan al río Coca, desde 2020 la ciudad capta agua del Payamino.

El funcionario asegura que hasta el momento no se han detectado metales pesados fuera de la normativa. “El río, a medida que avanza, se va autodepurando”, dice. Sin embargo, el agua sí llega con mucha turbidez y hierro, un mineral asociada a la minería ilegal.

Además de monitoreos mensuales en laboratorios certificados, la dirección monitorea cada dos horas el agua con el fin de darle el tratamiento adecuado. A mayor presencia de tierras, lodos o arcillas, hay que colocar concentraciones más altas de policloruro de aluminio. Este es un químico que hace que las partículas de sedimentos se junten y caigan al fondo de los depósitos por gravedad, dejando en la superficie el agua clara.

En noviembre de 2022, el año en el que se registró el mayor crecimiento porcentual de la minería ilegal, la concentración de materia flotante liviana se incrementó en un 10 %, de acuerdo con Nelson Cambo, ingeniero químico de la dirección. Esta materia tendría relación con las actividades mineras. El aumento de estos contaminantes provocó que haya pérdidas del 15 % del agua y que, para obtener la calidad de agua acostumbrada, el tiempo de trabajo en “horas hombre” se incremente en un 300 % y haya un 15 % más de consumo energético.

En contraste, dice Proaño, en el sector de la Unión Imbabureña hay un sistema por pozo donde solo se trata el agua con filtros y cloración para desinfección.

Después de la emboscada y el despliegue del Ejército en la zona, la actividad minera paró por completo y el agua empezó a llegar más clara. Para Proaño esta es la prueba de que la minería ilegal sí incide en la calidad del agua del río.

El Ejército anunció que intensificará las operaciones en contra de la minería ilegal en Orellana, pero también en Sucumbíos, provincia fronteriza con Colombia donde tendrían mayor actividad los grupos de delincuencia organizada.

Foto principal: desde el 9 de mayo, 1800 militares están rastrillando las zonas afectadas por la minería ilegal alrededor del río Punino. Foto: cortesía Ejército Ecuatoriano

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Las imágenes satelitales que se muestran en la plataforma Amazon Mining Watch muestran cómo la minería está arrasando con los bosques amazónicos. Esta deforestación causada por la actividad minera se observa como manchas que en conjunto superan las 2 millones de hectáreas —equivalente a la extensión aproximada de El Salvador—. Esta cifra refleja la depredación de la minería en la selva amazónica entre 2018 y 2024.

Esta herramienta, desarrollada con inteligencia artificial, permite tener un panorama general del bioma amazónico. Se observa, por ejemplo, que las zonas más afectadas por la minería se concentran en tres áreas principales: el sureste de Brasil, entre los ríos Tapajos, Xingu y Tocantis; el Escudo Guayanés, que incluye Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa; y el sur de Perú, que corresponde a Madre de Dios.

El monitoreo realizado con esta nueva herramienta en línea también muestra que el 36 % de la deforestación por minería acumulada en 2024 —más de 725 000 hectáreas— corresponden a áreas protegidas y territorios indígenas.

“El objetivo es tener datos consistentes en una vasta área como la Amazonía. En MAAP -otra herramienta de monitoreo-, podemos usar satélites para monitorear áreas prioritarias específicas en tiempo real, pero es mucho más difícil monitorear toda la Amazonía de esta manera. Con Amazon Mining Watch, podemos ver el panorama general, incluidas áreas que ni siquiera conocíamos”, señala Matt Finer, investigador senior y director del Programa MAAP, proyecto de Conservación Amazónica (ACCA)

La herramienta Amazon Mining Watch (AMW) es parte del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) liderado por Earth Genome, la Red de Investigaciones de la Selva Tropical del Centro Pulitzer y Conservación Amazónica. Se trata de una plataforma abierta que utiliza un algoritmo creado para detectar la huella de la actividad minera tomando como base imágenes satelitales del Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea.

“Se espera que proporcione información trimestral para que los actores locales puedan, a través de estos datos, conocer exactamente qué está sucediendo en su territorio, sin la necesidad de esperar un estudio o un reporte específico”, comenta Jorge Villa, especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y de Sensores Remotos de la Fundación Ecociencia, en Ecuador.

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Las zonas más devastadas

El reporte publicado el 4 de mayo de 2025 indica que la deforestación acumulada por minería para 2024 fue de 2.02 millones de hectáreas. El monitoreo realizado a través de Amazon Mining Watch indica que en 2018, el primer año del que se tienen datos, alcanzó unas 970 mil hectáreas. Luego, entre 2019 y 2024, la deforestación por minería de oro creció en 1.06 millón de hectáreas. El informe también indica que el punto más alto de la deforestación ocurrió en 2022, mientras que en 2023 y 2024 hubo desaceleración en la pérdida de bosques.

Según el reporte de MAAP más de la mitad de la deforestación por minería en la Amazonía ocurrió en Brasil, seguido de Guyana, Surinam, Venezuela y Perú. Solo para 2024 la deforestación en Brasil por esta causa fue de 57 240 hectáreas. Para Guyana la pérdida de bosques alcanzó 19 372 hectáreas; en el caso de Surinam fue de 15 323 hectáreas;  para Venezuela se reportó 9531 hectáreas; y en Perú fue de 6020 hectáreas.

“Lo que se pretende es brindar las herramientas necesarias para que tanto gobiernos locales como organizaciones de la sociedad civil puedan desarrollar un monitoreo de la minería en sus territorios y fortalecer sus capacidades de gobernanza con respecto a esta importante presión”, agrega Villa.

El reporte también muestra que más de un tercio de la deforestación por minería ocurre en áreas protegidas y territorios indígenas de la Amazonía. La mayor parte ocurre en Brasil. En el caso de Perú, la deforestación por actividad minera afecta a varios territorios indígenas, principalmente a los que rodean el denominado corredor minero, un área designada por las autoridades dónde está autorizada esta actividad. En este país también existe deforestación minera en áreas protegidas. En tanto, en Ecuador, la deforestación por minería sigue amenazando numerosos lugares, incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas.

“La minería sigue avanzando en Ecuador”, agrega Villa. Al respecto, el especialista de la Fundación Ecociencia señala que para realizar este monitoreo se ha dividido la Amazonía ecuatoriana en tres sectores: norte, centro y sur. “En cada uno de estos corredores vamos a identificar las zonas específicas donde existe esta actividad”, agrega.

Villa explica que los análisis para Ecuador corresponden, en el sector norte, a las zonas limítrofes con Colombia. Se centraron en analizar cómo ha ido creciendo esta actividad en lugares alejados de las zonas pobladas. En la zona central se analizará la provincia de Napo, mientras que los estudios en el sur se harán principalmente en la provincia de Zamora Chinchipe, la superficie más afectada en ese país.

De acuerdo con Matt Finer, investigador senior y director del Programa MAAP, en 2019 Ecuador perdió 708 hectáreas. Al año siguiente, sumó 346 hectáreas deforestadas; y en 2021 casi las duplicó (con 653 hectáreas de desbosque). En 2022 la deforestación continuó en alza y el año terminó con 970 hectáreas deforestadas. El nivel más alto de desbosque fue en 2023. Ese año, se perdieron 2421 hectáreas. El año pasado, Ecuador perdió otras 1062 hectáreas de bosques.

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Áreas protegidas y territorios indígenas

Las áreas protegidas y los territorios indígenas continúan perdiendo bosques a causa de la minería aurífera. En estos casos, además, se trataría de minería ilegal puesto que son lugares donde no está autorizada esta actividad.

Solo para 2024 se estima en un 36 % la deforestación acumulada, es decir, más de 725 000 hectáreas de bosques, sucedió dentro de áreas protegidas y territorios indígenas.

La mayor parte de esta deforestación en este tipo de territorios se produjo en Brasil. Según este estudio, nueve de las diez áreas protegidas más deforestadas están en Brasil. La lista es liderada por el Área de Protección Ambiental Tapajós, que ha perdido más de 377 000 hectáreas, seguida de los bosques nacionales Amanã y Crepori, el Parque Nacional Rio Novo, los bosques nacionales Urupadi, Jamanxim, Itaituba, el Parque Nacional Jamanxim —unidad de conservación que difiere del bosque del mismo nombre— y el Bosque Nacional Altamira. El top 10 se completa con el Parque Nacional Yapacana, en Venezuela.

En cuanto a los territorios indígenas, las zonas más afectadas también están en Brasil. Se trata de los territorios de los pueblos Kayapó, Mundurucu y Yanomami, con casi 120 000 hectáreas en conjunto. El cuarto de la lista es Ikabaru, en Venezuela; seguido de tres territorios del sur de Perú —San José de Karene, Barranco Chico y Kotsimba—, con más de 17 000 hectáreas de pérdida de bosques. El top 10 se completa con Sai Cinza y Trincheira Bacajá, en Brasil, y San Jacinto, en Perú.

“El territorio indígena más afectado del Perú, San José de Karene, ya ha perdido más de un tercio de su superficie a causa de la minería aurífera ilegal”, dice en el reporte.

Dhaynee Orbegozo, experta en gobernanza forestal en Perú, señala que, lamentablemente,  en Madre de Dios están las zonas más afectadas por la minería aurífera. Agrega que esta actividad prácticamente empezó en los años 80 en Perú y que en esa época no se le brindaba toda la atención que ahora se le brinda el tema de deforestación.

“En ese momento ningún gobierno tomó cartas en el asunto y, ahora, con el incremento del precio del oro y el debilitamiento de la institucionalidad, desde hace bastante tiempo, se ha agudizado”, comenta Orbegozo. “Quizá el primer momento en el que se perdió la batalla fue cuando el Gobierno, alrededor de 2013, decidió que la zonificación ecológica económica y el ordenamiento territorial no iban a ser vinculantes”, es decir, que estas decisiones sobre el territorio  no son de cumplimiento obligatorio.

En cuanto a la presencia de la minería en territorio indígenas, Orbegozo menciona que las invasiones en estos territorios “doblegan a los pueblos indígenas” en las comunidades nativas, pero también, precisa, existe minería hecha por las mismas comunidades.

“La minería divide a las comunidades porque parte de la población se opone, quiere seguir conservando su territorio. Pero también hay mineros ilegales que forman sus propias organizaciones indígenas y empiezan una lucha contra las organizaciones indígenas representativas de la zona”, precisa Orbegozo.

Cuando se habla de minería ilegal, se habla de un problema de impacto al medio ambiente, señala Orbegozo, por la deforestación y la contaminación de los ríos, los peces, que luego alimentan a las personas. Es un tema de salud para los propios trabajadores, pero también es un problema de debilitamiento de la institucionalidad que corrompe autoridades nacionales, regionales, locales, legislativas, de las Fuerzas Armadas y policías, asegura la especialista.

Imagen principal: huellas de la minería en Madre de Dios. Foto: Tom Laffay

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En Colombia las vías ilegales siguen dañando sus áreas protegidas. En el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete se perdieron 525 hectáreas de bosque entre 2024 y marzo de 2025 debido a la construcción de 81.5 kilómetros de caminos ilícitos en la reserva. Además, en el resguardo indígena de Llanos del Yarí-Yaguará II, que está en el norte del parque, existen 22 kilómetros de vías ilegales, lo que provocó la pérdida de 856 hectáreas de su bosque. La invasión carretera es obligada por la ganadería y la presencia de grupos armados.

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Estos son los resultados de un reciente reporte elaborado por expertos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), bajo la colaboración de la organización ambiental Fundación para la Conservación y el Desarrollo Colombia (FCDS) y el apoyo financiero de la Fundación Overbrook, que revela que el Parque Nacional Chiribiquete se ve afectado por varias presiones de deforestación, como la expansión de caminos e infraestructura vial, la ganadería extensiva, la expansión de los pastizales, el acaparamiento de tierras y cultivos ilícitos de coca, este último en menor medida.

Estas presiones a menudo interactúan, ya que los caminos de acceso facilitan la ganadería y la expansión de pastos, y a su vez facilitan el acaparamiento de tierras.

Luz Alejandra Gómez, líder de Análisis Geoespacial de FCDS Colombia, explicó a Mongabay Latam que en esta zona de la Amazonía colombiana hay presencia de grupos guerrilleros armados, con mayor presencia del Estado Mayor Central, que son los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que las vías ilegales son aprovechadas por estos grupos para su desplazamiento. Además, la experta detalló que existen vías “bajo el bosque”, lo que obliga el asentamiento humano en estas tierras para implementar alguna actividad, como la ganadería extensiva o los cultivos ilegales de hoja de coca.

“La relación entre deforestación y vías es muy fuerte porque es mucho más fácil entrar y tumbar bosque donde ya hay una accesibilidad. Antes a la Amazonía se entraba por ríos, pero ahora es mucho más fácil y viable moverse por carretera. En esas zonas al haber grupos armados hay baja presencia del Estado colombiano, son zonas donde no es fácil que ingrese el Ejército o donde el Estado pueda hacer una gobernabilidad eficiente porque son territorios en disputa”, detalló Gómez.

La experta añadió que esta tendencia de áreas deforestadas puede incrementar si es que no hay control territorial por parte del Estado. Sin embargo, explicó que los mismos grupos irregulares ponen sus propias reglas para no deforestar mucho bosque. “Esa es la ley de la selva, son las leyes que los grupos armados ejercen, y claro, eso es muy vulnerable y la pérdida de bosque no se puede controlar. El Gobierno hizo esfuerzos, realizó intervenciones militares, ejecutó programas con las comunidades indígenas, pero no fueron efectivos porque no ha sido contra los grandes deforestadores”, destacó Gómez.

El estudio muestra que la mayor amenaza se presenta en el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguará II, en donde todo 2024 y parte de 2025 una carretera ilegal de 22 kilómetros se abrió paso para tumbar bosque de esa zona. La expansión vial en el área dejó 856 hectáreas de deforestación. Según el mapa del reporte, se observa que el camino se extiende por medio del resguardo indígena y a sus costados se evidencia monte caído.

Las zonas afectadas del Chiribiquete 

En el caso del Parque Nacional Chiribiquete, el reporte de MAAP y FCDS revela que las vías ilegales, que están ubicadas en los departamentos de Caquetá y Guaviare, dejaron al menos 525 hectáreas de deforestación. En el sector de El Cayuma hay 189 hectáreas afectadas por la construcción de una vía de 45,3 kilómetros, mientras que en el sector de El Palmar hay una afectación de 179 hectáreas deforestadas y un camino de 21 kilómetros. Por último, en el sector Norte se deforestaron 148 hectáreas y existe una vía ilegal de 15.2 kilómetros.

Matt Finer, especialista senior en investigación y director de MAAP, detalló en diálogo con Mongabay Latam que es importante visibilizar la deforestación en estas zonas no solo por su impacto en los bosques primarios, la biodiversidad y los grupos indígenas, sino también por las reservas de carbono. En el informe se revela que el Chiribiquete es uno de los sumideros de carbono más importantes y significativos de la Amazonía.

“El reporte es para mostrar lo que está pasando en esta parte de la Amazonía, pero también es para advertir que si no avanzamos en los controles, la situación seguirá creciendo, ya que en Colombia ya tenemos casos muy graves de deforestación en parques nacionales”, afirmó Finer. “La deforestación en parques de Colombia es increíble, la deforestación es incontrolable con índices súper altos. Lo que estamos diciendo es que para evitar que el Chiribiquete sufra como en otros casos, como el parque Macarena, hay que mejorar las condiciones”, agregó.

El experto de MAAP acotó que el estudio sobre la reciente deforestación en el Chiribiquete y el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguará II destaca políticas clave, como el fortalecimiento de los procesos de investigación relacionados con el cumplimiento de la ley. “Es necesaria la sinergia entre los diversos actores para implementar acciones más integrales que minimicen los impactos negativos en la Amazonía”, dijo.

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Además, el estudio afirma que “reducir la deforestación y el impacto en los bosques debe ser parte de los acuerdos para el cese de hostilidades y el desescalamiento del conflicto entre el gobierno nacional y los grupos armados” y recomienda “monitorear y regular la inversión pública de todos los niveles de gobierno para reducir los incentivos públicos hacia la expansión de la ganadería como driver de la deforestación”.

Mongabay Latam solicitó una posición oficial a la oficina de Parques Nacionales Naturales de Colombia para tener una percepción sobre la deforestación en el parque Chiribiquete. Hasta el cierre de edición de esta nota periodística no hubo respuesta de parte de esta instancia pública colombiana. 

Según Gómez, de FDCS, a las comunidades indígenas que buscaron resistir la deforestación las amenazaron y los líderes y lideresas del resguardo Llanos del Yarí-Yaguará II tuvieron que desplazarse forzosamente en 2021. Ahora, la experta explicó que no existe resistencia en este resguardo indígena, por lo que el acceso a vías ilegales se da sin ningún tipo de problemas. Además, la experta informó que los equipos que realizaron el estudio en terreno tuvieron ciertos peligros debido a la presencia de los grupos irregulares armados. Sin embargo, no hubo afectaciones al personal humano.

El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia anunció recientemente que, después de que el país experimentó en 2023 su deforestación más baja en más de 20 años, la tala de bosques aumentó un 35 % en 2024. Además, esa cartera de Estado informó de un aumento de la tala de tamaño medio, lo que indica operaciones relativamente organizadas y financiadas.

En los últimos diez años, el 60 % de la deforestación en Colombia ocurrió en la zona de la Amazonía. Hubo un gran aumento en 2017 tras los acuerdos de paz con el grupo guerrillero FARC, y una disminución posterior en 2022 y 2023. En total, hubo casi 1 200 000 hectáreas de deforestación en toda la Amazonía colombiana en los últimos diez años.

Imagen destacada: las vías ilegales se incrementan en el Parque Nacional Chiribiquete de Colombia, lo que implica el aumento de la deforestación en la reserva. Foto: cortesía FCDS Colombia

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las dimensiones que ha alcanzado la pérdida de bosques primarios en el planeta en el año 2022 corresponde a la extensión de todo un país, Suiza. Han sido 4.1 millones de hectáreas de cobertura boscosa las que desaparecieron en un solo año, a un promedio de 11 campos de fútbol por minuto, señala el más reciente estudio realizado por Global Forest Watch (GFW) —plataforma de monitoreo del World Resources Institute (WRI)— y la Universidad de Maryland.

El análisis basado en imágenes satelitales, publicado este 27 de junio, también indica que como resultado de la deforestación se han emitido, por lo menos, 2.7 gigatoneladas de dióxido de carbono (CO2), cantidad equivalente a las emisiones de combustibles fósiles anuales de India, uno de los cinco países en el mundo que más libera gases de efecto invernadero a la atmósfera cada año.

La investigación también presenta una lista de los países con mayor pérdida de bosques primarios en el planeta. En primer lugar está Brasil, seguido por República Democrática del Congo y Bolivia, nación que por tercer año consecutivo aparece en el tercer lugar.

Según los datos de GFW y la Universidad de Maryland, Brasil se quedó sin 1.8 millones de hectáreas de bosques primarios, mientras que en Bolivia fueron 400 mil hectáreas. Perú y Colombia también aparecen entre los diez países que perdieron más cantidad de hectáreas de bosques primarios en el último año.

“Los datos de este año demuestran que estamos perdiendo nuestra principal defensa para proteger la biodiversidad, luchar contra el cambio climático y proteger las vidas y salud de millones de personas”, señala Mikaela Weisse, directora de Global Forest Watch.

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Políticas que alientan la pérdida de bosques

El estudio de GFW resalta que Brasil fue el mayor contribuyente a la pérdida de bosques primarios tropicales en 2022, al ser responsable del 43 % del total. Como en años anteriores, una vez más, este país lidera la lista mundial con 1.8 millones de hectáreas de bosque tropical arrasadas en solo un año. La investigación también indica que este nivel de deforestación ha significado la emisión de 1.2 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera en 2022.

En Brasil, la pérdida de cobertura forestal que no se relaciona con los incendios forestales aumentó en un 20 % entre 2021 y 2022, —indica la investigación. Esta cifra es la más alta desde el año 2005. Otro dato que se resalta sobre este país es que los niveles más altos de pérdida de bosques primarios no relacionados con incendios forestales se encontraron en los estados occidentales de Amazonas y Acre.

“El estado de Amazonas, que alberga más de la mitad de los bosques intactos de Brasil, casi ha duplicado su tasa de pérdida de bosques primarios en solo tres años”, indica el reporte. En este estado brasileño, entre las causas de deforestación figuran la minería y el acaparamiento de tierras.

Jeferson Ferreira, coordinador de Data Science de WRI Brasil, señala que en los últimos cuatro años, que corresponden al gobierno de Bolsonaro, e incluso desde el 2015, la pérdida de cobertura forestal aumentó. “Hay políticas que se implementaron en ese periodo de tiempo que permitieron la pérdida de cobertura arbórea a niveles altos. Antes de 2015 teníamos de 25 % a 29 % de pérdida de bosques en los trópicos de Brasil y ahora estamos por encima del 40 %”.

Con relación a la deforestación que está ocurriendo en el estado de Amazonas, Ferreira indica que, históricamente, la pérdida de bosques era mayor en los estados de Pará y Mato Grosso. Para 2022, esto ha cambiado. “Nos preocupa la pérdida de cobertura arbórea en Amazonas, porque tienen la mayor cantidad de bosque primarios del país”, dice Ferreira.

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Bolivia: deforestación que no se detiene

El segundo país con mayor deforestación en Latinoamérica y tercero en el mundo es Bolivia. La cifra de 2022 bordea el medio millón de hectáreas de bosque primario en solo un año, el más alto registrado para esa nación. Según el estudio, la agricultura es el principal impulsor de la pérdida de bosques en el territorio boliviano.

“Es lamentable lo que está ocurriendo en Bolivia”, comenta Marlene Quintanilla, directora de investigación de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). “Creo que en Latinoamérica, sobre todo en Bolivia, estamos atravesando una era del negocio de la tierra. Hay muchos intereses que están generando un driver que está eliminando más bosque, camuflando o empujando un negocio de tierras donde los territorios indígenas y las áreas protegidas están convirtiéndose en islas por los niveles de fragmentación que están ocurriendo producto de la deforestación y la degradación”, agrega Quintanilla.

La directora de FAN recuerda que la capacidad de los ecosistemas está cambiando y eso tiene consecuencias, sobre todo, para las comunidades más vulnerables. “No vamos por buen camino. Deberíamos trazar una adaptación inteligente a los efectos del cambio climático, pero creo que vamos en sentido contrario”, comenta.

La especialista explica cómo funciona el “negocio de la tierra” en Bolivia. Este proceso empieza con la migración desde los Andes al Chaco y la Chiquitanía, siguiendo los ofrecimientos de entrega de tierras. Luego de que se han deforestado los bosques para convertirlos en campo de cultivos llega la titulación. Sin embargo, “sostener la agricultura requiere mucha inversión”, dice Quintanilla, por tanto, los propietarios terminan vendiendo estos predios titulados que son adquiridos por capital extranjero. “Esto se convierte en un círculo vicioso, porque quienes lograron el título y luego vendieron a un buen precio, se traslada a otra zona para hacer lo mismo”.

Quintanilla también señala que, según los datos de FAN, desde 2020 el Chaco boliviano —un ecosistema que se comparte con Paraguay y Argentina— ha sufrido una altísima deforestación, incluso mayor a la que ocurre en la Amazonía. “El negocio de la tierra es un driver que se ha hecho más evidente el 2022 y está ampliando mucho más la deforestación en Bolivia”.

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Leyes que vulneran a los bosques

En Perú, la deforestación de bosques primarios llegó a 160 991 hectáreas, según el estudio de GFW. En Colombia, la cifra alcanza 128 455 hectáreas. Estos dos países también figuran entre los diez con mayor cantidad de deforestación en el mundo en 2022. Perú aparece en el quinto lugar y Colombia está en el sexto, después de Brasil, República del Congo, Bolivia e Indonesia.

“Creo que estos datos confirman las tendencias que habíamos visto en el informe Amazonía contra reloj, que desarrolló la iniciativa Amazonía por la vida, en el que ya se veía que el punto de no retorno se estaba dando justo entre Brasil y Bolivia”, comenta Alicia Guzmán, codirectora del Programa Amazonía de Stand.earth.

Guzmán señala el rol de los Estados frente al mercado. “Lo que tenemos que entender es la dialéctica entre Estado y mercados. No hay esa división porque de hecho los Estados son las unidades administrativas de este mercado. No podemos esperar que el Estado, sobre todo los extractivistas en América Latina en general, se opongan a un mercado que llena las arcas fiscales”.

En ese sentido, la investigadora resalta el caso de Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro. En ese momento, explica, un conjunto de leyes fueron creando las condiciones para que el mercado llegara y se expandiera. “En Brasil se desmanteló el Ministerio de Ambiente y el de Pueblos Indígenas”. Guzmán también se refiere a lo que está sucediendo en Perú que, “a pesar de tener una selva bastante conservada, con el 33 % de bosques intactos y el 57 % de bosques con baja degradación, también está enfrentando el desmantelamiento de las políticas ambientales”.

La experta de Stand.earth menciona la propuesta que buscaba modificar la Ley para pueblos indígenas en aislamiento que acaba de ser archivada en el Congreso de la República. “Era una propuesta que iba contra 9 millones de hectáreas de bosques, que es el 13 % de la selva peruana”.

Guzmán también resalta una serie de iniciativas que van en contra de la conservación de los bosques, como la modificatoria de la Ley Forestal y la reciente propuesta de hacer cambios en la Ley de Áreas Naturales Protegidas. “No solo van contra los territorios indígenas, sino contra las áreas protegidas, en general, contra todo. Esto hace pocos años era impensable, entonces, estamos frente a Estados cuya funcionalidad responde a un extractivismo en una nueva etapa, un extractivismo agresivo”.

“Es una situación alarmante. Nos encontramos en un escenario en el que cobra mayor fuerza la expansión de las fronteras extractivas”, señala Miguel Vargas, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) de Bolivia.

Vargas asegura que Bolivia intenta replicar el “exitoso modelo brasileño”, que permite la producción de “alimentos para la población, cuando en realidad es la consolidación de los monocultivos o la ampliación de áreas para la producción de carne”.

El investigador explica que la legislación aprobada en los últimos años en Bolivia, como el plan de cambio de uso de suelo en el departamento del Beni, ha permitido implementar este modelo. Y como ejemplo recuerda el estudio de Cejis que identificó que tan sólo en un año, después de aprobada esa ley, “los índices de incendios forestales se incrementaron 62 % dentro de territorios indígenas”.

El estudio también expone cuáles han sido los 10 países que mayor incremento en la deforestación tuvieron en una comparación que toma el promedio de pérdida de bosque de los años 2015-2017 con los años 2020-2022.

Esta lista está liderada por Ghana, en África, que en este periódo de tiempo aumentó su deforestación en 71 %, además, en la relación figuran cuatro países Latinoamericanos.  Bolivia va segundo a nivel mundial con un incremento del 59 %; Colombia aparece en quinto lugar con 32% de aumento de pérdida de bosques; Argentina se ubica en el sétimo lugar con 26 % de aumento en la pérdida de bosques y Ecuador está en el puesto nueve con 25 % de avance en la deforestación en el periodo de tiempo indicado.

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Bosques que desaparecen

El informe de Global Forest Watch también menciona la pérdida de bosques en territorios indígenas. Se resalta, por ejemplo, que en Brasil, la minería y el acaparamiento de tierras se han convertido en las principales amenazas de los territorios indígenas en la Amazonía.

“Los datos y análisis que se acaban de presentar sobre las pérdidas del año pasado es muy alarmante, porque lo que pasa en los bosques no se queda solamente en los bosques”, dice Frances Seymour, investigadora principal del Programa de Bosques de WRI. “Se puede diseminar virus que causan pandemias, la minería irresponsable contamina ríos, la producción de drogas lleva a la violencia internacional”, agrega sobre la deforestación y sus causas.

Seymour habla sobre las funciones que desempeñan los bosques tropicales y su relación con la estabilidad del clima. “Los bosques interactúan con la atmósfera. Por ejemplo, el humo de los incendios forestales que ocurren en un lugar, causan problemas respiratorios a miles de kilómetros de distancia. En años recientes, hemos visto cómo la deforestación y la degradación de los bosques causan impacto en el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero”.

La deforestación en la Amazonia afecta los patrones de lluvias y vientos, que están asociados a sequías e incendios —menciona Seymour— e impacta en el aumento de la temperatura en zonas inmediatas a ellas, además de que afecta la producción agrícola y la salud humana.

“Las cifras de 2022 nos rompen el corazón a muchos. Después de los compromisos adoptados por los líderes globales en Glasgow (Escocia) sobre bosques y usos de la tierra, teníamos esperanza, pero no hay señales de que se cumplan esos compromisos, estamos yendo en dirección contraria. Los compromisos financieros y políticos tienen plazos, pero colectivamente no enfrentamos el problema”, precisa Seymour.

En África y Asia, las cifras de pérdida de bosques también son preocupantes. En la República Democrática del Congo la cifra de deforestación ha sido de medio millón de hectáreas para 2022, ubicando a este país en el segundo lugar en el mundo con mayor pérdida de bosques, según el estudio de GFW. En el sudeste asiático, Indonesia es el país que más bosques ha perdido con aproximadamente 107 000 hectáreas corroboradas por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura para el 2022.

“En la República Democrática del Congo las causas de la pérdida de bosques es la agricultura a menor escala y la producción de carbón, puesto que la pobreza y falta de acceso a electricidad hace que las personas dependan directamente de los bosques para sus necesidades básicas”, señala Elizabeth Goldman, gerente senior de investigación de Global Forest Watch.

Rod Taylor, director global del Programa de Bosques de World Resources Institute (WRI), menciona también los compromisos adoptados por 145 países  en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26)  realizada en Glasgow, Escocia. “¿Estamos en camino para detener la deforestación al 2030? La respuesta es no. Estamos en la dirección opuesta. En 2022 los rangos persistieron, a pesar de necesitar una reducción de 10 % durante todos los años para llegar a 2030 con cero deforestación. La deforestación global en 2022 fue un millón de hectáreas por encima de lo que se necesitaba para cumplir esta meta”.

Imagen principal: Deforestación en Colombia. Foto: Sinchi.

• La Mosquitia hondureña es una región en donde confluyen tres áreas naturales protegidas: el Parque Nacional Patuca, la Reserva de la Biósfera de Río Plátano y la Reserva Tawahka Asagni.
• En Honduras, las zonas naturales protegidas son áreas abandonadas por el Estado, según expertos consultados por Mongabay Latam. La deforestación, la ganadería, los cultivos ilícitos y la minería ilegal han acabado con más del 54 % del bosque de La Mosquitia.
• La mayoría de líderes ambientales e indígenas de la zona han dejado sus comunidades por razones de seguridad. Solo en la comunidad Tawahka, 500 personas se desplazaron forzosamente a las capitales de los departamentos de Honduras; mientras que otras 150 abandonaron el país.

Su territorio ya no es un espacio seguro para la comunidad indígena Tawahka. Quienes aún viven allí, luchan y alzan la voz ante la pérdida de bosques en La Mosquitia hondureña, esa región en donde confluyen tres áreas naturales protegidas y habitan seis pueblos indígenas es azotada por la deforestación, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos y la extracción ilegal de oro. Una acción retrata el desdén oficial: en 2021 la construcción de una carretera ilegal avanzó sin obstáculos por una de las reservas.

La Mosquitia es una región que se extiende por los territorios de Nicaragua y Honduras y que forma parte del llamado corredor mesoamericano. Allí hay bosques montañosos, pantanos de tierras bajas y selvas tropicales. Esa región es también un gran complejo de reservas, ya que en la zona se encuentran el Parque Nacional Patuca, la Reserva de la Biósfera del Río Plátano y la Reserva Tawahka Asagni.

“En la clasificación de biorregiones de la organización One Earth, los bosques de Centroamérica están dentro de una sola bioregión de bosques mixtos que incluye diferentes ecoregiones incluyendo los bosques en La Mosquitia”, explica Ruth Nogueron, asociada senior en el Programa de Bosques de la organización no gubernamental Word Resources Institute (WRI).

Esteban Payán Garrido, líder del programa de especies para América Latina de la organización no gubernamental Wildlife Conservation Society (WCS), explica que la importancia de La Mosquitia hondureña radica en la conectividad que tiene con los otros grandes bosques de Centroamérica, la biodiversidad que alberga y la gran provisión de agua que representa. “Esta zona es un gran foco en lo que llamamos los cinco grandes bosques mesoamericanos. No se pueden aislar por la conectividad entre ellos y eso (ahora) está sucediendo”, asegura Payán.

La deforestación, motor de la pérdida del ecosistema

Hace más de una década, una de las razones que llevaron a la declaratoria de las reservas en esta región de Honduras, fue el tratar de detener los problemas que ponen en riesgo este ecosistema clave. En los planes de manejo se determinó que la deforestación, derivada de la llegada de colonos a los territorios que ancestralmente han ocupado los indígenas, era una de las causas para el establecimiento de economías ilegales como el narcotráfico, la ganadería, la tala de árboles y la minería.

De acuerdo con análisis de la plataforma Global Forest Watch, desde 2001 hasta 2021, la Reserva Tawahka Asgni, perdió el 33 % de su cobertura arbórea; la Reserva de la Biósfera del Río Plátano, el 18 % y el Parque Nacional Patuca, el 34 %. Además, en el Programa Nacional de Conservación de Ecosistemas Terrestres 2021-2030, de la Secretaría de Recursos Naturales y de Ambiente de Honduras, se afirma que la deforestación del bosque tropical húmedo en Honduras está concentrada en La Mosquitia.

En medio de ese proceso que se ha expandido en los últimos años, las comunidades indígenas y mestizas que denuncian las invasiones y actividades ilegales y que reclaman la acción estatal para proteger su territorio, terminaron convertidas en objetivos de los criminales. Las amenazas y hostigamientos han obligado a muchos líderes a abandonar el territorio y por eso casi todas las fuentes que respaldan este reportaje, muchas de ellas en el exilio, pidieron proteger su identidad.

Para el líder del programa de especies para América Latina de WCS, la deforestación genera desarraigo de los grupos étnicos, cada vez que les quitan, destruyen o queman sus territorios ancestrales. “Es como si te quemaran la mitad de la casa a una escala mucho más grande. Y es triste porque no solo es la deforestación sino que casi es algo que no se puede solucionar. Es lo mismo que con los fuegos en el Amazonas, la gente, los grupos étnicos no van a volver a tener esa tierra de vuelta o por lo menos no en las condiciones actuales”, afirma.

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Una carretera en medio de la reserva

El delito ambiental más reciente que cortó la conectividad ecológica en La Mosquitia fue la construcción de una carretera ilegal que comunica a los municipios Dulce Nombre de Culmí, del departamento de Olancho, y a Wampusirpi, de Gracias a Dios, con La Mosquitia hondureña. Habitantes de la la zona aseguraron a Mongabay Latam que el proyecto costó más de dos millones de dólares y no se conoce de dónde provinieron los recursos. Tanto comunidades indígenas como sus dirigentes se enteraron de esta construcción cuando ya estaba en marcha.

La ilegalidad de esta carretera fue confirmada por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación Forestal de Honduras (ICF), Luis Solís. El 23 de marzo de 2023, en una publicación periodística el funcionario aseguró que la construcción de la vía no contaba con los permisos necesarios y que los inversionistas fueron motivados por el lavado de activos y el narcotráfico.

Incluso, varios de los habitantes afirmaron a Mongabay Latam que la carretera ilegal que se construyó como un camino para llegar a la reserva tiene como fin el tráfico de madera. “El maderero está azotando en un alto porcentaje a los bosques de La Mosquitia. Aquí lo vemos todos los días”, dijo uno de los entrevistados.

Mongabay Latam tuvo acceso a unos audios que los pobladores de la región enviaron a la autoridad militar de la zona. En ellos se escucha que lo que antes era bosque “ahora es un desierto”. También se advierte que la comunidad no tuvo que ver en la construcción de la carretera, que a ellos no les beneficia, que solo sirve a los que llegan de fuera y que están interesados en La Mosquitia. En el audio también se denuncia que las comunidades están en grave estado de vulnerabilidad y que las autoridades no los escuchan.

Reservas naturales, sólo en el papel

Según el Plan de Manejo publicado en 2013, la Reserva de la Biósfera de Río Plátano es el hogar de más 75 especies de anfibios y reptiles y de más de 130 especies de mamíferos, entre los que se encuentran los pumas (Puma concolor), los monos araña (Ateles geoffroyi) y el jaguar (Panthera onca), catalogados como especies en Peligro de extinción por la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Mientras que el Parque Nacional Patuca, según su Plan de Manejo, es el hogar de 56 especies de anfibios y reptiles y de más de 66 especies de mamíferos.

La importancia ecosistémica de La Mosquita, según la UICN, radica en que este territorio es el remanente boscoso más significativo de Honduras y su red de ríos y sistemas lagunares constituyen la mayor reserva de agua dulce del país. “En este sitio se encuentran 20 de las 21 familias de aves acuáticas reportadas para Honduras. Resguarda la guara verde (Ara ambiguus) y el águila arpía (Harpia harpyja), en Peligro de extinción, y al ibis verde (Mesembrinibis cayennensis), el cholo dorado, la gaviota parasita, la garza tigre rufa (Tigriornis leucolopha) y la avoceta, reconocidas como aves endémicas. Además, es refugio del cocodrilo americano (Crocodylus acutus), el caimán (Caiman fissipes) y la tortuga lagarto (Chelydra serpentina)”, afirman.

La conservación de esta región es clave para proteger el corredor mesoamericano. Un ejemplo es el del jaguar que está en peligro porque, según explica Payán, “cada día hay más secciones de bosques desconectadas; reconectarlas es una tarea difícil y la deforestación es un fenómeno casi irreversible”.

Uno de los biólogos que por más de una década ha trabajado en la región con el ICF, y quien pide mantener su nombre en anonimato por razones de seguridad, explica cómo es que avanza la deforestación en La Mosquitia: allí, dice, hay un abandono estatal: “Impera más la ley del plomo que las leyes comunes”.

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Los pobladores reafirman lo que dice el biólogo. En La Mosquitia, el abandono estatal ha sido una constante. “Al final nadie es responsable, entonces nosotros, los pueblos, no tenemos de dónde echar mano. Las autoridades aquí en Honduras ya conocen las noticias de lo que vivimos, pero no hay a quién acudir. Esa es la historia actual de nosotros, del pueblo Tawahka”, cuenta uno de los miembros de la comunidad.

Aunque los pobladores no detallan qué tipo de amenazas han recibido, si aseguran que han varios han tenido que salir de la zona por los peligros que corren.

En La Mosquitia, además del pueblo Tawahka, también se encuentran los pueblos Pech, Nahua, Tolupán, Miskito y Garífuna.

Pobladores de la comunidad indígena Pech se suman a la queja de que no tienen el respaldo de las autoridades estatales en la protección del ecosistema que han habitado ancestralmente. “Las mismas autoridades —afirman— son parte de la deforestación masiva de estos territorios”.

Y como ejemplo del abandono estatal que hay en la región de La Mosquitia, los habitantes de la zona mencionan lo que sucede en el Parque Nacional Patuca, área que desde 1995 era protegida y administrada por la Asociación Patuca, organización de la sociedad civil en la que sus miembros “trabajaban con las uñas”. Después de la muerte de su fundadora, esta sociedad se acabó. En teoría, el Estado debería hacerse cargo de esta área natural protegida. En los hechos, el parque se quedó sin protección.

El Parque no tiene un director ni quien se encargue de su administración. Son varias las organizaciones sin ánimo de lucro involucradas en trabajar en la zona, pero en el desarrollo rural, no en programas ambientales.

Desde 2001, el Plan de Manejo del Parque Nacional Patuca advirtió que la fuerte migración de personas que llegaban a la zona, en búsqueda de suelos agrícolas fértiles y de oro, estaba ocasionando una gran deforestación del área. “La apertura de carreteras para extraer madera y extracción de oro son solo algunas de las actividades que están contribuyendo a la degradación de estos sistemas”, se lee en el plan.

Veintidós años han pasado. El problema no se ha detenido, al contrario, los escenarios que afectan al parque, y a la región de La Mosquitia, se han multiplicado.

El significado de ser un patrimonio ambiental

El fotógrafo y biólogo Javier Maradiaga trabajó durante 14 años en el Parque Nacional Patuca para documentar la existencia de las Águilas Harpía (Harpia harpyja). Durante ese tiempo pudo ver que los colonos no reconocen la importancia de ese territorio ni las implicaciones de destruirlo. Por eso, algunas organizaciones no gubernamentales han centrado su trabajo en la implementación de iniciativas comunitarias con el fin de concientizar a los nuevos habitantes, y en especial a los niños, sobre la importancia biológica de la zona.

La Reserva de la Biosfera del Río Plátano fue declarada Patrimonio Mundial en 1982 por la UNESCO y pertenece a la lista de Patrimonio Mundial en Peligro desde 2011. Esto último, según la Convención de Patrimonio Mundial, quiere decir que es un bien amenazado de desaparición por deterioro, grandes obras, destrucción, alteración o abandono.

En Honduras, las zonas declaradas como parques nacionales o reservas son áreas protegidas que, según el ICF, gozan de un estatus legal que obliga a su protección y la de su fauna. Pese a lo anterior, tanto los biólogos como los líderes aseguran que el Estado abandonó el territorio.

Madariaga afirma que ellos no saben “por qué el Patuca sigue todavía con el nombre del Parque Nacional porque no lo es en realidad. Básicamente lo que hay son pequeños parches de selva de un área muy extensa en donde todavía hay fauna. Pero la zona está completamente intervenida por la ganadería y los ríos por la minería”.

La expansión de los cultivos ilícitos

El 11 de febrero de 2023, el Ministerio Público de Honduras decomisó siete paquetes de pasta base de coca y varias plantaciones de cultivos ilícitos en el territorio de La Mosquitia. Un hecho similar ya se había presentado dentro del Parque Nacional Patuca: el 18 de julio de 2022, la policía hondureña destruyó tres laboratorios destinados al procesamiento de la pasta base de coca y localizaron cerca de 42 hectáreas de cultivos ilícitos.

Los habitantes de la zona coinciden en que la tala para cultivar coca es una de las principales razones por las cuales se está deforestando y dañando el ecosistema de La Mosquitia.

Según el informe Deteniendo la marea: Una Estrategia para la Mantención de la Conectividad Forestal Dentro del Corredor Biológico Mesoamericano de WCS, desde 2009 el tráfico de drogas en Honduras ha aumentado exponencialmente y con ello se han incrementado las tasas de deforestación. “El comercio ilegal de cocaína puede representar entre el 15 % al 30 % de la tasa anual de pérdida de bosques y desde un 30 % a un 60 % de pérdida de cobertura vegetal dentro de áreas protegidas nacionales o internacionales”, afirman.

Una de las personas entrevistadas por Mongabay Latam, y que solicitó el resguardo de su identidad, narra una escena que es común en la región: “Usted puede andar en algún lado boscoso de la selva de La Mosquitia y en cualquier momento se puede topar con una plantación de coca, y hasta ahí llegó su vida. Es una realidad bien fuerte la que están viviendo estos parques. Estas áreas protegidas ya no solo son un lugar del jaguar, sino también de fuertes negocios como el narcotráfico que tanto daño hace”.

La investigación El terror en la selva de Honduras donde los narcos engordan ganado de la fundación Insight Crime, publicada el 18 de mayo de 2022, relata cómo la Reserva de la Biósfera del Río Plátano se consolidó desde hace más de dos décadas como la principal puerta de entrada de la cocaína a Honduras. “La ubicación es estratégica: su frontera con Nicaragua es porosa, tiene una amplia costa en el mar Caribe y densas selvas de difícil acceso”, afirman. Además, Insight Crime estableció que esta zona es de especial interés para las redes criminales por la ausencia del Estado y sus débiles instituciones.

Las personas entrevistadas por Mongabay Latam comentan que uno de los mayores atractivos que ofrece la zona a los criminales es la mano de obra barata, derivada de las pocas oportunidades y de la vulnerabilidad de los habitantes de la zona.

Para Madariaga, la consolidación de esta ruta centroamericana para la droga que lleva a países como Guatemala, México y Estados Unidos, se dio entre 2005 y 2006 junto al estallido de violencia por el narcotráfico en 2006.

Convertir bosques en pastizales

Otra de las mayores preocupaciones de las comunidades indígenas y ambientalistas es la creciente ganadería dentro de La Mosquitia. “Alguien le está vendiendo la idea de la ganadería a la gente y es porque la carne tiene un gran mercado. Ahora, en Honduras, comer carne de vaca es un lujo. Cada lempira (moneda hondureña) equivale a unos 3 dólares y es el catalizador, el impulsor de todo el resto de delitos como la deforestación”. dice un habitante de la zona.

Maradiaga afirma que, por lo menos, el 90 % de las zonas deforestadas en La Mosquitia son como consecuencia de la ganadería que requiere de largos potreros para prosperar y que ha ido en aumento con el paso del tiempo. El fotógrafo cuenta que la llegada de “colonos” (personas que no pertenecen a las comunidades indígenas), a partir del año 2000, fue uno de los factores determinantes para el crecimiento de estas prácticas, pues llegan a talar árboles y a habilitar pastizales para introducir ganado como una apuesta económica.

Para Payán, es común que la deforestación de los bosques exista a partir de la colonización. “En la deforestación hay algunos factores que la empujan y entre estos está la colonización de la tierra. La llegada de campesinos que sacan maderas duras y meten ganado”, indica.

El Programa Nacional de Conservación de Ecosistemas Terrestres 2021-2030 de la Secretaría de Recursos Naturales y de Ambiente de Honduras confirma que una de las principales causas de la deforestación en el país es la ganadería, sumado a la creación de pastizales para este fin y la agricultura migratoria.

El informe de WCS asegura que se logró detectar dentro de las reservas la prevalencia de quema de bosques, asentamientos humanos, ganadería y agricultura.

Una región en donde avanza la minería ilegal

En octubre de 2012, indígenas miskitos denunciaron la presencia de una draga manejada por colombianos que estaba extrayendo oro ilegalmente en el Río Patuca, el cual atraviesa la región de La Mosquitia. “Esa máquina se mantenía ahí siempre. Esa máquina no tenía documentos e hizo mucho daño al ecosistema porque nos dejó sin playas”, afirmó uno de los indígenas que hace diez años hizo la denuncia.

El 6 de marzo de 2022, el secretario de Estado de la Secretaría de Recursos Naturales de Honduras, Lucky Medina aseguró a través de su cuenta de twitter que fueron encontradas nueve dragas de extracción mineral a nivel industrial en los ríos Patuca y Guayape. Según Medina, en los registros oficiales hay solo dos permisos de minería para todo Olancho.

La minería artesanal, según habitantes de las comunidades indígenas, es una actividad ancestral que está dentro de la cultura de su comunidad, pero que se incrementó desde hace un par décadas e incluso llegó a proyectos de extracción más industrializada. “Es nuestra cultura y siempre la hemos practicado. Ahorita se hace por la necesidad, porque aquí en nuestra zona no contamos con una fuente de ingreso”, dicen.

El crecimiento de la venta de madera talada de forma ilegal es otro de los atentados que sufren las tierras en donde viven los pueblos Tawahka, Misquitos y Pech. Este negocio se alimenta de la deforestación de los bosques de La Mosquitia.

Según el informe de WCS, “de acuerdo a la Fiscalía General de Honduras, durante el periodo 2003-2004 cerca de dos millones de pies cúbicos fueron explotados ilegalmente de la Reserva de la Biósfera de Río Plátano. Los puntos críticos de extracción ilegal de madera se concentran alrededor del Río Patuca, el valle de Sico-Paulaya y el área sur de la Reserva, en Olancho”.

El peligro que corren los defensores

Desde hace un par de décadas algunos de los principales defensores de La Mosquitia hondureña no pueden entrar al territorio. En varias ocasiones los habitantes de la comunidad de Tawahka recibieron amenazas, entre ellas el hostigamiento, y a partir de entonces, aumentó la violencia y el uso de armas de fuego en sus territorios. Ese escenario propició una fuerte migración de indígenas. “Tan solo en nuestra comunidad Tawahka, 500 personas se desplazaron forzosamente a las capitales de los departamentos de Honduras; entre 25 y 30 lo hicieron a México; 30, a Europa, y más de 60 están en Estados Unidos”, dice una de las personas que aún vive en Honduras.

Actualmente, aseguran los que se quedaron en la región, ya no hay habitantes indígenas en el Parque Nacional. Varios de ellos afirman que denunciar cualquiera de las problemáticas que tiene la zona pondría en riesgo su vida y las de las comunidades. “Denunciar todo lo que pasa acá sería un suicidio”, dicen. Aún así, ellos comentan que no pueden dejar de luchar por recuperar su hogar ancestral.

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Durante marzo de 2023, las comunidades indígenas Tawahka y Miskitos se enteraron de la intención que tiene el gobierno nacional hondureño de construir una mega cárcel de máxima seguridad en terrenos que se encuentran en la región de La Mosquitia.

El anuncio se convirtió en una más de la larga lista de preocupaciones de las comunidades indígenas que expresaron su rechazo rotundo al proyecto gubernamental. “La Mosquitia es un territorio indígena (…) no es el patio trasero de ustedes (refiriéndose al gobierno). Hoy mismo los indígenas estamos solicitando la salida inmediata de las autoridades corruptas de nuestros territorios. (…) La Mosquitia ya despertó y despertó con garras para acabar con quienes no están abusando”, aseguró una líder indígena de la comunidad de La Mosquitia a través de un video al que tuvo acceso Mongabay Latam.

Un escenario difícil en el que aún hay oportunidades. La asociada senior en el Programa de Bosques de Word Resources Institute, Ruth Nogueron, cree que una combinación “entre palo y zanahoria” podría funcionar para enfrentar las dinámicas de deforestación. “Las soluciones pueden abarcar desde acciones para controlar eficiente y efectivamente las actividades ilícitas, el empoderamiento de las poblaciones locales para proteger y defender sus territorios, oportunidades económicas y acceso a mercados e inversión que permitan a la población ocuparse en actividades económicas legítimas y generar ingresos justos y suficientes para mantenerse”, dijo a Mongabay Latam.

En cuanto a las acciones de control, la investigadora creer que se puede abarcar el uso del monitoreo satelital de los bosques para informar y priorizar estas acciones.

Imagen principal: En la vasta región de La Mosquitia, en Honduras, la deforestación es la principal razón de la pérdida del ecosistema. La ganadería, los cultivos ilícitos y la minería ilegal son algunas de las causas. FOTO: Cortesía habitantes de la región.

El artículo original fue publicado por Alejandra Cetina en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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