A la fecha, 196 países han suscrito este convenio, que tiene como objetivos conservar la diversidad biológica, utilizar sus componentes de forma sostenible y favorecer la participación justa y equitativa de todas las personas mediante el acceso  y la transferencia apropiada de tecnologías pertinentes, así como una financiación apropiada.

Se han realizado 14 reuniones ordinarias de las partes y una extraordinaria. De 1994 a 1996 las reuniones se realizaron cada año y desde entonces se realizan cada dos años, la última tuvo lugar en Montreal, Canadá, en diciembre del 2022.

La COP adoptó la misión para 2030 de emprender medidas urgentes para detener e invertir la pérdida de la diversidad biológica, garantizando la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven del uso de recursos genéticos, asegurando los medios necesarios para lograrlo. Así mismo, acogió la visión para 2050 de conservar, valorar y restaurar la biodiversidad a nivel nacional, manteniendo servicios de los ecosistemas y sosteniendo el planeta sano en beneficio de todas las personas.

En el marco de los esfuerzos emprendidos por la COP16, el profesor Camilo Andrés Julio Vergara, egresado de la Maestría en Educación de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, lideró el desarrollo del IX Diplomado ambiental en bici 2024, centrando la atención en aportar a la conservación de la biodiversidad. Esta propuesta formativa va más allá de un curso de corta duración, pues constituye una estrategia educativa relevante para emprender acciones concretas para disminuir la huella de carbono, mitigando la emisión de gases efecto invernadero y luchando por la conservación de miles de especies en humedales, bosques y páramos de Bogotá y sus alrededores.

El Diplomado ambiental en bici (DAB) es un espacio formativo de promotores ambientales que nació hace nueve años cuando el profesor Camilo, lo formuló como parte de su tesis de Maestría en Educación realizada en la línea de investigación Pedagogía Urbana de la Universidad Pedagógica Nacional. Abarca 10 sesiones de trabajo en bici con un total de 80 horas, a través de las cuales se conocen humedales, huertas, bosques y una parte del páramo de Sumapaz perteneciente a la jurisdicción de Bogotá, destacando las experiencias de líderes ambientales que luchan por la conservación de estos ecosistemas.

El IX DAB inició el pasado 28 de julio con la exploración del humedal Santa María del Lago, ubicado en la localidad de Engativá, que cuenta con una extensión de 10.86 hectáreas. Clasificado como área protegida, alberga 86 especies de aves y una rica variedad de flora y fauna autóctonas. Durante las demás sesiones, los participantes rodaron por la ciudad reconociendo la biodiversidad del bosque urbano de Ciudad Montes, la huerta los Copetones, el humedal Capellanía, la reserva Thomas van der Hammen, el humedal de la Libélula y parte del Páramo de Sumapaz ubicado en la localidad de Usme.

Dentro de las experiencias comunitarias que defienden la naturaleza desde los territorios se conoció la huerta de los Copetones, el museo itinerante de la bici promovido por Motato, los emprendimientos rurales de Sumapaz y los colectivos ambientales de suba que luchan por proteger la reserva Thomas van der Hammen, entre otros.

Dentro de las principales luchas ambientales estudiadas, se destaca la adopción del Acuerdo de Escazú en Colombia y las movilizaciones en contra de la implementación actual del trazado de la avenida ALO, que destruirá parte de algunos humedales de la ciudad, entre ellos, una zona del humedal Capellanía.

El Diplomado cerró el pasado 15 de septiembre con la graduación de 102 promotores ambientales, dentro de los cuales me incluyo, con mucho orgullo, porque viví esta maravillosa experiencia formativa, pasando del rol de profesor de la UPN , exrector, a estudiante de uno de nuestros apreciados egresados, el profe Camilo, quien  es parte de los más de 40.000 egresados de la UPN que lideran diversas experiencias educativas transformadoras en diferentes territorios de Colombia.

En la sesión de cierre se dio lectura al manifiesto de la bici – rumbo a la COP16, que se llevará en bicicleta desde Bogotá hasta Cali, para ser leído ante la Conferencia de las partes COP16. Este manifiesto constituye una clara expresión ciudadana de defensa de la naturaleza y la necesaria transformación de nuestro actual modelo de desarrollo basado en el extractivismo y en la destrucción de los ecosistemas y el planeta.

Se solicita a todos los entes gubernamentales y privados del país y del planeta, el emprendimiento de acciones concretas para transformar la infraestructura de las ciudades de tal manera que se privilegie la movilidad limpia en bicicleta, a través de vías seguras y adecuadas; instalación de bici-parqueaderos en puntos estratégicos y especialmente en entradas de humedales, bosques y demás ecosistemas que promuevan el conocimiento de la biodiversidad.

Es fundamental emprender acciones educativas en bicicleta para fomentar la cultura ciudadana de cuidado y respeto de la naturaleza, construyendo y apoyando huertas comunitarias, protección de fuentes hídricas, ahorro y uso responsable del agua, así como manejo adecuado de residuos sólidos.

Se deben apoyar las organizaciones y colectivos de ciclistas urbanos con el aporte recursos tanto financieros como logísticos, con el fin de desarrollar procesos de investigación y educación ambiental en bicicleta, orientados a la defensa de la naturaleza y los territorios de las comunidades urbanas que desarrollan prácticas sustentables.

Las organizaciones y colectivos de biciusuarios deben articularse en la toma efectiva de decisiones para el desarrollo de políticas públicas, planes de acción y normativas orientadas a convertir la bicicleta en un eje fundamental para la lucha y protección de la naturaleza.

Como dice el profe Camilo: ¡Viva la bici! ¡Viva la vida!

@LeoMartinezUPN

Todas las personas tenemos una gran responsabilidad frente al consumo e impacto de los plásticos. ¿Qué son? ¿Cómo surgieron? ¿Son indispensables? ¿Qué intereses sostienen su producción? ¿Qué impactos tienen sobre la naturaleza? Son algunas preguntas que debemos hacernos para comprender la problemática derivada de estos materiales.

Los plásticos son polímeros, es decir, productos químicos constituidos por pequeños “bloques” que se repiten sucesivamente formando grandes cadenas. El origen de los plásticos se remonta a finales del siglo XIX, cuando el norteamericano John Wesley Hyatt participó en un concurso destinado a la obtención de un material que reemplazara el marfil de las bolas de billar. Wesley logró obtener el primer plástico al que llamó celuloide. Desde entonces varios investigadores empezaron a trabajar para obtener fibras sintéticas, como las usadas en la fotografía clásica.

El origen de los plásticos evidencia que este invento, en principio, no representaba ninguna amenaza, esta innovación generada de un concurso era parte de un proceso creativo, sin embargo, el interés económico de la industria capitalista, lo apropió y, desde la primera mitad del siglo XX se generó la producción a gran escala de estos polímeros, derivados del petróleo.

La producción masiva de plásticos, entre 1950 a 2020, pasó de ser de 1.5 millones de toneladas a 367 millones. Se crearon las bolsas y rollos de polietileno para envoltura de alimentos, medicamentos, utensilios y todo aquello que requiriera un embalaje. Se fabricaron los envases plásticos con polipropileno, poliestireno, PVC, entre otros, para enfrascar todo tipo de productos de consumo.

En la construcción se disparó el uso de plásticos para tuberías de agua, electricidad y gas. Las carcasas de electrodomésticos, computadores, celulares, partes de automóviles se fabrican, especialmente, a partir de un acrílico-butadieno-estireno, un termoplástico de uso industrial.

En el campo de la salud se usan jeringas, lentes, guantes, filtros, válvulas, gafas, bolsas de sangre y suero, entre otros productos plásticos. En la agricultura y pesca también se usan los plásticos en fabricación de máquinas, utensilios y herramientas, invernaderos, mangueras, redes, contenedores, y muchos más productos.

Es decir, que estamos rodeados de plásticos, ya que, debido a sus propiedades físicas y químicas, estos materiales ofrecen maleabilidad, resistencia, durabilidad y versatilidad, haciéndolos “ideales” para fabricar todo tipo de objetos.

La solución ofrecida por los plásticos a una gran cantidad de necesidades humanas propias de la sociedad capitalista se convirtió en una problemática ambiental desbordante y, por lo tanto, encierra una gran paradoja, entre su masiva producción y la necesaria diminución y eliminación.

Las mismas propiedades que permiten el uso diverso de los plásticos, se constituye a su vez, en un problema ambiental centrado especialmente en la difícil degradación de estos materiales en la naturaleza. Dependiendo del tipo de plástico pueden durar en descomponerse entre 100 a 1000 años. Además, el proceso de degradación por acción física o química genera contaminantes que se incorporan en las redes alimenticias de la naturaleza.

La producción de plásticos emite contaminantes y genera gases de efecto invernadero que contribuyen con el cambio climático. Estos materiales desechados por personas en todo el planeta han formado poco a poco 5 islas gigantes de desechos en los océanos. Estos polímeros asfixian y son letales para la vida marina.

¿Qué hacer frente al uso paradójico de los plásticos, más aún cuando estos polímeros se incorporaron a la producción capitalista y se tornaron indispensables para gran parte de las actividades humanas, pero a un costo ambiental muy alto?

Para empezar, es importante ser conscientes de la compleja problemática que ha generado la producción masiva de plásticos, y en este sentido, es necesario, repensar el consumo de estos productos en todas las actividades diarias, disminuyendo su uso, es decir, debemos reflexionar cuidadosamente frente a lo que consumimos y pensar en los impactos que esto genera en la naturaleza. 

Una pequeña, pero, importante acción frente a toda esta problemática está constituida por la eliminación de los plásticos de un solo uso, es decir, todos aquellos materiales que fueron creados para satisfacer necesidades de consumo inmediato, lo que hace que sean desechados indiscriminadamente, teniendo una baja reciclabilidad y reutilización.

Colombia desde el 2022 a través de la ley 2232 comenzó a establecer un marco legal para reducir gradualmente la producción y consumo de plásticos de un solo uso. Parte de esta ley se reglamentó en la resolución 0803 del 24 de junio del 2024, que estableció de forma concreta la no comercialización y uso de productos plásticos, tales como: bolsas usadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías; bolsas para embalar periódicos, revistas, publicidad y factura; bolsas usadas en las lavanderías; rollos de bolsas vacías en superficies comerciales para empaques; mezcladores de azúcar; pitillos de bebidas; soportes plásticos para bombas usadas en fiestas; soportes plásticos de los copitos, entre otros.

Estas normas son importantes para avanzar en la lucha contra el uso indiscriminado de plásticos, pero, lo más importante es generar una cultura ambiental en toda la ciudadanía y así orientar acciones de consumo y se ayude a pensar desde distintos ámbitos sociales sobre cómo generar prácticas sustentables que prescindan del uso de plásticos y que busquen la transformación o eliminación de estos materiales en la naturaleza, de tal forma que podamos algún día recomponer el equilibrio ecológico que hemos alterado gravemente. Comienza desde ya, rechaza los plásticos de un solo uso, reutiliza los restantes y recicla lo que queda.  

Leonardo Fabio Martínez Pérez

Profesor Titular, Universidad Pedagógica Nacional

@LeoMartinezUPN

El 20 de diciembre del 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó, el 22 de mayo, día mundial de la diversidad biológica, como una estrategia internacional para impulsar acciones sociales, políticas y educativas destinadas a implementar con mayor contundencia, el convenio sobre este mismo fin acordado en 1992. Con este hecho se busca conservar la diversidad biológica, utilizar sus componentes de forma sostenible, favorecer la participación justa y equitativa de todos los beneficios que se derivan de ella.

Pero, más allá de la fecha conmemorativa, es urgente y necesario emprender mayores acciones orientadas a la formación ciudadana en todos los niveles, modalidades y ámbitos educativos para comprender el significado profundo de la categoría biodiversidad.

A propósito de esto, la Universidad Pedagógica Nacional publicó en el año 2022, producto de una cátedra doctoral en educación, el libro Educación en Biodiversidad: perspectivas y retos. Este propone elementos esenciales para avanzar en un proceso amplio y significativo para pensar este asunto, en un escenario complejo que evidencia, con mayor preocupación, que los índices de extinción estarían entre 100 y 1000 veces más altos de lo que se considera natural y se espera que crezca por diez, en lo que resta del siglo, esto según datos de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre la Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

El libro tiene aportes de 14 autores, dos argentinos, una mexicana, y 11 colombianos(as). La edición fue realizada por los profesores Édgar Orlay Valbuena Ussa, Julio Alejandro Castro Moreno y Robinson Roa Acosta de la Universidad Pedagógica Nacional.

La obra plantea de forma cuidadosa y con profundidad, comprensiones del concepto biodiversidad, para ir más allá de indicar relaciones de número de organismos en determinado espacio; logra complejizar este concepto en el sentido de las interacciones que esta implica con la biología de la conservación, la ética, la cultura y el desarrollo biotecnológico, enfrentando las corrientes filosóficas del antropocentrismo y del biocentrismo.

En este sentido, para el profesor Leonardo Galli, no es lo mismo referirnos a diversidad biológica que biodiversidad, puesto que el primer concepto se centra en cuestiones de riqueza de especie; el segundo es de carácter político, posibilitando relaciones con la biología de la conservación y la ética ambiental, así como la valoración de la biodiversidad.

Para el profesor Alejandro Castro puede ser práctico apropiar la trilogía de la biodiversidad cuyos niveles son genéticos y ecosistémicos. Lo anterior no es suficiente si no se tiene en cuenta lo ontológico, ya que de lo que se trata es de reconocer qué entidades cuentan, reconociendo la incisión entre humanos y naturaleza como integrantes de la diversidad biológica.

A propósito de las rupturas entre naturaleza y cultura, la profesora Irma Bernal expresa que para avanzar en lo que respecta a la biodiversidad, se requiere un estudio profundo del ser humano, abrazando la interdisciplinaridad y las interacciones complejas entre lo biológico, lo cultural y lo ecológico; propone acuñar nuevos conceptos como los holiobiontes, ya que permiten dimensionar la acción humana, concretamente el cambio antropogénico y las afectaciones simbióticas en los ecosistemas.

El profesor Robinson Roa irrumpe con una perspectiva diferente a lo expuesto, pues trae una discusión de la epistemología de la biología y sus características como campo de conocimiento propio, discusión que gradualmente genera tensión entre la biotecnología y la biodiversidad, trayendo nuevas comprensiones sobre la manipulación de lo vivo y la vida en términos de producción económica e industrial.

Estos aspectos conceptuales invitan a pensar cómo trabajar en las apropiaciones sociales y públicas que se hacen del concepto biodiversidad para generar acciones de defensa y conservación de la vida, lo que es fundamental para orientar ejercicios de ciudadanía crítica y responsabilidad social.

Poner en discusión la biodiversidad en términos de lo que tenemos y del para qué sirve, nos lleva a la complejidad del tema, aunque poco se hable de los mitos, leyendas, seres sagrados que habitan la naturaleza, de nuestra marcada violencia por los conflictos ambientales y, específicamente, de la biodiversidad, nos posibilita comprender que nuestras representaciones sociales, concepciones, apropiaciones normativas y experiencias, orientan nuestras acciones.

Es importante enfrentar el reto de la educación por la biodiversidad, a partir del conocimiento y praxis que defienda la vida humana, la vida no humana y de los territorios. En palabras de Sahotra Sarkar “la biodiversidad es similar a la libertad humana, o al amor, en el sentido de que es demasiado importante para ser comercializada en el mercado”.

Esta columna fue escrita colaborativamente con la profesora Diana Fabiola Moreno Sierra del Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional.

Esas y otras cuestiones serán debatidas en el próximo Foro Social Panamazónico, que tendrá lugar en Bolivia en junio próximo, y también en el encuentro de los gobiernos en el marco de la Convención de la Diversidad Biológica, en Colombia, en octubre. Por lo tanto es oportuno repasar algunos aspectos de la coyuntura actual en la región desde la perspectiva de las alternativas al desarrollo y las posibles transiciones para alcanzarlas. En este primer artículo se pone el énfasis en las posiciones gubernamentales.

Los Estados amazónicos: empujes y estancamientos

Los gobiernos de los países amazónicos históricamente han tenido responsabilidades directas en las distintas crisis que se padecen en esa región, lo que ha sido denunciado por años. Pero a diferencia de otros momentos, en la actualidad uno de esos gobiernos ofrece un discurso diferente. Pretende dejar atrás los extractivismos en hidrocarburos y carbón, se propone un abordaje más amplio sobre la problemática amazónica (asociando factores ecológicos y económicos), y está abierto a iniciar transiciones (enfocándose en combustibles fósiles). Ese es el caso de la administración de Gustavo Petro en Colombia. Al menos en el pasado reciente, ningún gobierno amazónico ha ofrecido un discurso de este tipo, y por ello debe ser bienvenido.

Pero como ha sido advertido varias veces, por un lado están las intenciones y dichos presidenciales, pero por otro lado, no siempre hay claridad en las ideas que sustentan esas aspiraciones, en las acciones que son necesarias, así como en la capacidad de actores políticos y técnicos en concretarlas, sin olvidar que las ambiciones ciudadanas son mucho más radicales (1).

Esas aspiraciones colombianas deben lidiar con la de todos los demás países amazónicos. En ese frente puede diferenciarse, por un lado, la postura de Brasil, donde hay actores que comprenden la urgencia de transiciones y alternativas, y por el otro lado, la de los demás Estados, los que persisten en minimizar o desatender la Amazonia.

En el caso brasileño, la presidencia de Lula da Silva, encierra distintas tendencias, está enmarcada en una coalición que incorpora partidos de centro e incluso centro derecha, y está además presionada por los llamados “bolsonaristas” tanto en gobiernos estaduales como en el Congreso. De todos modos, no puede olvidarse que en su campaña electoral, Lula rechazó el llamado que había lanzado Petro para una coordinación postpetrolera entre Colombia, Brasil y México. En más de una ocasión, como candidato y luego como Presidente, Lula se manifestó a favor de continuar con la explotación de hidrocarburos, y siempre apostó por “desarrollar” la Amazonia.

Sin embargo, en ese gobierno de debe destacar la presencia de Marina Silva, una vez más al frente del Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático. Ella es amazónica, conoce la situación de la región, y no puede negarse su experiencia, preparación y vocación. Silva no tiene un discurso que proponga abandonar los extractivismos de combustibles fósiles, pero ha dejado en claro que entiende esa cuestión. Su ministerio respaldó, por ejemplo, la decisión de impedir nuevas exploraciones petroleras en la desembocadura del Río Amazonias por sus impactos ambientales, y eso desembocó en una controversia con el presidente Lula. Es más, la Ministra de alguna manera reconoció ante el propio Petro, en una mesa redonda en el reciente Foro Económico de Davos, que su gobierno discute las implicancias de una moratoria petrolera en la Amazonia, pero que eso involucra cuestiones que van más allá de las consideraciones ambientales. Tampoco es menor el papel de Sônia Guajajara, la nueva ministra de pueblos indígenas, con posiciones que servirían para explorar alternativas.

En otros temas hay más coincidencias. Por ejemplo, Colombia y Brasil detuvieron los planes de militarización de la gestión territorial amazónica que se habían lanzado bajo las administraciones de Duque y Bolsonaro. También concuerdan en la necesidad de mejorar la gestión ambiental en la Amazonia, y en especial en detener la deforestación. Pero de todos modos, Brasilia no apoya los discursos de transiciones que parten desde Bogotá.

Entretanto, los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Guyana y Suriname, aunque no tienen posturas idénticas, pueden agruparse en un conjunto que carece de planes y gestiones efectivas para la Amazonia, que no logran detener la deforestación ni controlar los incendios, toleran la contaminación de suelos y aguas, y permiten la diseminación de los extractivismos. No discuten alternativas al desarrollo, e incluso las pueden considerar peligrosas al interpretarlas como obstáculos al provecho económico.

Algunas diferencias en ese grupo deben ser apuntadas. En Ecuador, la actual administración de Daniel Noboa debe lidiar con una situación que no se repite en ningún otro país, ya que allí, en 2023, tuvo éxito una consulta ciudadana para detener la explotación petrolera en la región amazónica de Yasuní. A pesar del contundente respaldo de casi el 60 % de los votos, se suman señales de que esa administración intentará postergarlo o incumplirlo. Es difícil determinar cómo avanzará esa contradicción, ya que el país está convulsionado por una ola de violencia y escándalos de corrupción que dominan la atención ciudadana.

En el caso de Bolivia, en la década pasada el gobierno mantuvo un enérgico discurso sobre la protección de la Madre Tierra, la plurinacionalidad y la indigeneidad, pero como es sabido, en su gestión apostó por más extractivismos, generándose múltiples conflictos con comunidades locales y organizaciones de base. Se toleró y hasta se apoyó el avance de los extractivismos en hidrocarburos y minerales, incluyendo la minería de oro, incluso dentro de áreas protegidas, y se padecieron severas crisis como las de los incendios forestales en 2019. La persistente crisis política en ese país, alimentada ahora por una fractura dentro del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), hace que en los hechos siga avanzando, por ejemplo, la explotación minera en su región amazónica, incluso invadiendo territorios comunitarios o en los incumplimientos de asegurar medidas de conservación dentro de las áreas protegidas.

La situación en Perú es en cierto modo similar. El anterior presidente, Pedro Castillo, respondía a un plan de gobierno extractivista y hostil a la participación ciudadana; la actual presidencia de Dina Boluarte cayó en más represión y autoritarismo. La consecuencia es que los problemas amazónicos siguen su marcha, e incluso empeoran por la inacción gubernamental. Por si fuera poco, se entretiene con rencillas políticas minúsculas, como la oposición presidencial a la designación de autoridades colombianas en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

Finalmente, en Venezuela distintos analistas y líderes ciudadanos han denunciado la proliferación de múltiples actividades en la Amazonia, tal como ocurre en los otros países. La particularidad es que la administración de Nicolás Maduro ha desplegado a los militares, tanto en la represión y desplazamiento de personas, como en encaminar extractivismos formales. Su apetencia extractivista queda en claro por el conflicto de este país con su vecino, Guyana, al disputarse las concesiones petroleras marinas.

En resumen, entre estos seis gobiernos podrán encontrarse llamados genéricos, a veces con sentido de publicidad u oportunismo, que se refieran a la Amazonia, su riqueza ecológica o repitiendo slogans como ser el “pulmón” del planeta. Pero carecen de planes y acciones concretas para detener problemáticas de fondo como el deterioro ambiental, la pobreza y la violencia, y sus gestiones ante urgencias como los incendios forestales o la invasión de la minería de oro, son insuficientes. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que sería el organismo clave para acordar y coordinar respuestas, es desatendida y hasta olvidada por los propios países. Ninguno de esos gobiernos se alineará con los llamados de Bogotá a una transición que deje atrás la dependencia en combustibles fósiles e, incluso, mantendrán distancia de muchas posiciones brasileñas (como la de realmente intentar controlar la deforestación, mientras que no hay medidas efectivas para lograrlo, por ejemplo en Bolivia o Perú). No sólo eso, sino que no están siquiera dispuestos a explorar las posibilidades de una transición.

La imposición de nuevos territorios

Existe una abundante información sobre la problemática amazónica, desde las advertencias por la pérdida de biodiversidad, a la desigualdad y la pobreza, y en especial aquella que golpea a los pueblos indígenas (2). No es posible aquí abordar en detalle todos esos frentes, pero un análisis de coyuntura permite alertar sobre un proceso que no siempre resulta evidente y en el que los gobiernos tienen responsabilidades directas.

En efecto, en la Amazonia persiste, y en varios sentidos se están agravando, procesos de radicales y sustantivas transformaciones territoriales. Sobre los viejos territorios, sean aquellos que responden a pueblos indígenas o comunidades campesinas, o los que se deben a arreglos administrativos como municipios o departamentos, se imponen nuevas territorialidades. Estos son extrovertidos, en el sentido de estar asociados y ser dependientes de agentes, mecanismos y flujos globales. Sus ejemplos más dramáticos son la diseminación de enclaves de emprendimientos mineros, petroleros o agrícolas.

Los territorios prexistentes tenían distintos vínculos con las zonas que les rodeaban, mientras que estos nuevos, precisamente por ser enclaves, están desconectados o están débilmente relacionados con los espacios vecinos; algunos de ellos incluso están cercados y resguardados por fuerzas de seguridad. Estos enclaves, en cambio, reciben insumos desde el exterior y los recursos naturales que extraen son exportados hacia otros continentes; frecuentemente mediados por empresas transnacionales, más allá que en algunos rubros o países pueden ser estatales o estar asociadas a compañías nacionales.

Esta nueva territorialización responde a agentes y dinámicas por fuera de la Amazonia, incluso más allá de las capacidades de regulación de los propios gobiernos. Inciden en ellos las subas y bajas de los precios de las materias primas, la disposición de capital de inversión, las trabas o aperturas comerciales, y el apetito de consumo de países como China o de las naciones industrializadas. Por ejemplo, el récord histórico del aumento del precio internacional de referencia del oro, por encima de los dos mil dólares la onza, que acaba de ocurrir en marzo de 2024, es un factor que fatalmente disparará aún más ese tipo de minería en la Amazonia. Los gobiernos locales o nacionales no controlan ese tipo de dinámicas.

Desde la mirada de las comunidades locales, esos enclaves significan muy pocos beneficios económicos y laborales, y se pierden prácticas ancestrales tales como la pesca, recolección, caza y agricultura adaptada a esos ecosistemas tropicales. Es también una territorialización impuesta: ocupa los espacios desconociendo los territorios antes existentes y sus habitantes, y además se bloquea la capacidad de esas comunidades en incidir, controlar o rechazarlos. Esa imposición puede seguir vías pretendidamente legales, como ocurre con las concesiones mineras o petroleras que se deciden en las capitales de los países amazónicos. Pero también puede ser ilegal, en lo cual el ejemplo más alarmante ocurre con la expansión de la minería de oro aluvial, que invade los territorios de muchas comunidades y los ocupan empleando la violencia.

De estos modos, la re-territorialización extrovertida crea lo que podría describirse como “huecos” en los espacios amazónicos, ya que al extraer o aspirar sus recursos, esos enclaves destruyen la continuidad de sus ecosistemas. Son huecos tanto sociales como ambientales, ya que pueden ser pasivos ambientales, como ocurre con sitios deforestados y contaminados con mercurio, los que difícilmente pueden ser restaurados, o por comunidades que son desplazadas o se dispersa a sus integrantes. La secuencia de paisajes y ecosistemas queda interrumpida por los enclaves, y éstos incluso pueden confluir en amplias superficies, como ocurre con el arco de deforestación amazónica que avanza desde el sur.

Bajo esta dinámica es como si la Amazonía fuese en realidad gestionada desde los centros financieros y comerciales. Los gobiernos nacionales no tienen capacidades para modificar o amortiguar esos factores, ya que prevalecen los mercados internacionales y la globalización. Pero a pesar de todo, los gobiernos y sus grupos de apoyo empresariales, apoyan ese tipo de inserción internacional, y por ello, los Estados terminan siendo funcionales a estas situaciones. Así se condenan las regiones amazónicas que quedan subordinadas a esas dinámicas globales.

Es cierto que distintas comunidades locales se han resistido a esas imposiciones de territorios que expolian sus ambientes e, incluso, han estallado conflictos sociales de distinta intensidad. Pero es sabido que las respuestas gubernamentales predominantes han sido las de apoyar la permanencia de los enclaves, y no han dudado en reprimir a las comunidades locales y hostigar a las organizaciones ciudadanas.

La importancia de esta cuestión radica en que los gobiernos no advierten esta dinámica, y si lo hacen no lo consideran un asunto de gravedad. Si bien por lo general minimizan las cuestiones amazónicas, cuando las abordan, se enfocan en problemas puntuales o locales, tales como la deforestación en un sitio, incendios salidos de control o un alzamiento indígena. Pero no parecen comprender que todos esos son síntomas de una enfermedad más profunda, la que radica en esa subordinación a la globalización como proveedores de los recursos naturales. Esa es una condición que se sufre desde cada país pero que se articula y potencia en su conjunto a nivel de toda la cuenca amazónica.

En las concepciones políticas más simplistas, no han faltado actores políticos o empresariales que consideren que la Amazonia está vacía o casi vacía, que debe ser “civilizada” y que para ello deben explotarse sus bienes naturales. Esperan multiplicar las exportaciones con la esperanza de obtener dineros para financiar el gasto del Estado, cubrir los déficits presupuestarios, y pagar la deuda externa. Bajo esa perspectiva, esta territorialización extrovertida es bienvenida, y no han dudado en promoverla.

Queda de este modo expuesto un dramático vacío. Esa reterritorialización amazónica es uno de los problemas más severos y complejos que afecta a toda la región. Sin embargo no solamente no se reconoce la cuestión, sino que cualquier acción ante ella requiere establecer estrategias y acciones coordinadas entre los gobiernos. Eso hace que, desde el punto de vista de unas transiciones enfocadas en alternativas al desarrollo, sea esencial recuperar la autonomía ante la globalización.

El contexto de las alternativas

A diferencia de lo que ocurre con los gobiernos, en algunos sectores de la sociedad civil existen múltiples propuestas alternativas, originadas en la propia región, y que revisten enormes potenciales. Aunque un análisis de coyuntura sobre las expresiones ciudadanas requeriría otro artículo, deben mencionarse algunos ejemplos. Entre ellos, el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza tal como se aprobó en Ecuador, o la aplicación de moratorias, como la enfocada en la región de Yasuní, para emprendimientos que tienen impactos severos, que se consideran inaceptables o intolerables, y que no tienen resolución tecnológica. Ocurre otro tanto, con la experiencia peruana en organizar una plataforma ciudadana que reclame alternativas a los extractivismos. Esas y otras ideas muestran propósitos y orientaciones en las alternativas, y al tener eso en claro, es posible diseñar estrategias de transición para alcanzar tales fines. Es importante tener esa condición presente ya que en la actualidad, al proliferar el uso del término transiciones, no siempre está claro hacia dónde se quiere transitar, lo que a su vez está afectado por imprecisiones y confusiones en conceptos (3).

Teniendo presentes esas condiciones, es posible ofrecer algunas reflexiones sobre las alternativas. Desde una perspectiva regional, aquí se entiende que la reterritorialización hacia la globalización es la condición más grave que se enfrenta. Muchos de los problemas que se identifican como severos, como por ejemplo la deforestación o la minería de oro, sin duda lo son. Pero en casi todos los sitios son consecuencia de esa condición. El que prevalezcan las reacciones a los síntomas pero sin llegar a enfrentar las razones de fondo, no recibe la atención necesaria, y es urgente dejarlo en evidencia. Es que las alternativas, para ser realmente efectivas deben lidiar con las raíces de los problemas, como puede ser la condición subordinada.

Teniendo eso presente, la retórica del actual gobierno colombiano ofrece opciones para poner en discusión las alternativas desde otras posturas. Es cierto que sus acciones aún son insuficientes para resolver los problemas, pero sirven como base de apoyo para que la sociedad civil pueda sumarle sus propios aportes, con planes más precisos y organizados, como pueden ser los de asegurar los derechos de la Naturaleza en toda la Amazonia.

Finalmente, debe asegurarse la más adecuada identificación de los principales, y desde allí se deben articular las alternativas de cambio y los modos de alcanzarlas. Por ello es necesario no quedar encapsulados a los modelos de transiciones organizados en otros continentes, con realidades muy distintas a las amazónicas, para atender seriamente lo que se ha pensado y ensayado desde la propia Amazonia. Como tampoco puede repetirse el autolimitarse por obediencias o simpatías políticas. Las alternativas necesitan sumar tanto en independencia como en rigurosidad crítica.

Notas

1. Transiciones: una necesaria intención de cambio atrapada en una maraña de confusiones, E. Gudynas, Desde Abajo No 299, Bogotá, febrero 2023 – https://www.desdeabajo.info/ediciones/edicion-no299/item/transiciones-una-necesaria-intencion-de-cambio-atrapada-en-una-marana-de-confusiones.html

2. Véase por ejemplo los informes en RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada), en https://www.raisg.org/es

3. Sobre las distintas alternativas y sus implicaciones en Desarrollos alternativos. Alternativas al desarrollo. Una guía ante las opciones de cambio, E. Gudynas, Ediciones desde Abajo, 2023 – https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=358

El presente texto adelanta algunos resultados del autor sobre alternativas y transiciones como investigador del Centro de Información y Documentación de Bolivia (CEDIB), basado en una versión publicada por el periódico Desde Abajo (Bogotá), y que luego fue republicada en distintos medios de la región.