Este lunes histórico, Temis, la diosa de la ley y la justicia, reencarnó en la jueza tolimense Sandra Liliana Heredia Aranda. Primera de 15 lecciones: En Colombia no hay intocables.

1.       Las líneas iniciales del fallo constituyen una crítica contundente al periodismo colombiano y a la clase política, que quisieron impresionar a la jueza buscando influir en su decisión. Los medios y los políticos deberían reflexionar sobre estas palabras: “Sabemos que este juicio ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones, pero también sabemos algo más importante: el Derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. (…) La administración de justicia (…) no está al servicio de la política, ni de la prensa, ni de la historia; está al servicio del pueblo colombiano, que merece, exige, una justicia imparcial, transparente, libre de prejuicios, firme frente a la presión y diligente, cualidades que suponen implícitas a la ética que todo proceso de justicia y funcionario al servicio debe tener, sin que debiera ser objeto de suspicacias irresponsables y malintencionadas de quienes pretenden cuestionarlas…”, dijo la jueza Sandra Heredia

2.      Faltando cinco meses para concluir el año, Sandra Heredia, la jueza de hierro, ya es el personaje del año 2025 de forma anticipada, junto con el senador Iván Cepeda, tres veces exiliado por sus luchas sociales en favor de los derechos humanos, y quien de manera estoica está lidiando con un cáncer agresivo, según reportó El Espectador. El fallo configura una victoria para la izquierda colombiana, que históricamente ha sido una víctima de crímenes de Estados y víctima de las circunstancias políticas de este país. Para no ir tan lejos, al padre de Iván Cepeda, Manuel Cepeda (fue director del semanario Voz y secretario del Partido Comunista Colombiano), lo asesinaron en Bogotá en 1994 dentro del plan de exterminio de la Unión Patriótica, al que denominaron El baile rojo.  Estoy seguro de que a la señora jueza se le abre un camino promisorio en su vida profesional, incluso más allá de las fronteras colombianas. Al expresidente Álvaro Uribe Vélez podemos considerarlo desde ya el antipersonaje del año por ser culpable de dos delitos, pero también por haber pretendido enlodar la honra y buena imagen de su contradictor político.

Iván Cepeda con su padre, Manuel Cepeda, asesinado en 1994. Foto: cortesía Semanario Voz.

3.      El expresidente Uribe fue hallado culpable de fraude procesal y soborno (a testigos) en actuación penal en calidad de determinador. ¿Hubo confabulación para engañar a la justicia mediante la presentación de pruebas controvertibles por parte de la defensa? Con su fallo, la jueza desestimó los argumentos de los pesos pesados del Derecho en Colombia. El desenlace de este juicio significa la derrota de dos grandes abogados: Jaime Lombana y Jaime Granados, al tiempo que se demostró que hubo obstrucción a la justicia e intento de inducir al error en el caso del abogado Diego Cadena. En su corta intervención, Granados insistió en la presunción de inocencia de su cliente, como si no hubiera entendido el sentido del fallo. Solo resta conocer el monto de la pena, que se hará público este viernes a las 2:00 de la tarde.  Independiente de lo que pase en adelante, el legado de Uribe quedó con mácula para siempre. La justicia se ha pronunciado, así quedará consignado en la historia oficial.  

4.      Colombia necesita con urgencia un nuevo juramento ético para abogados y leguleyos. El letrado debe ser leal con su cliente pero leal también con los jueces que confían en la veracidad de sus palabras. “El Código Disciplinario del Abogado y el Código Disciplinario Único imponen, básicamente, a los abogados la obligación de actuar con extrema honestidad en el desarrollo de sus actividades cotidianas, pues como máximos defensores de la justicia y del ordenamiento jurídico son los llamados a fortalecer la credibilidad que se ha depositado en esta profesión”, dice el periódico Ámbito Jurídico en el artículo Los 10 mandamientos del abogado.

5.      ¿Cuánto costó, hasta hoy, esa defensa de lujo que hizo un papelón, actuando como rábulas, en esta primera instancia del caso? No se nos olvide que si bien Álvaro Uribe perdió el juicio, también perdió su defensa. Todavía es muy temprano para saber cómo afectará esto las carreras de los abogados. La condena a Uribe, supone uno, debería implicar cambios drásticos de su bufete. No entendí por qué el expresidente no se encontraba en los juzgados de Paloquemao en Bogotá durante la lectura del fallo, pues no estamos en pandemia, él se encuentra en Colombia y continuamente se lo ve en correrías por el país. Eso sí, como todo abogado, él lo es, estuvo muy juicioso tomando notas durante los 475 días que duró el juicio.

6.      Las más de mil páginas del fallo, por la condena a un expresidente, -hecho que no tiene antecedentes en la historia colombiana-, debería ser documento de obligatoria lectura y análisis no solo para los políticos; también para los periodistas y los muchachos en las facultades de Derecho. La jueza comparó la actuación de la defensa con la literatura, por el derroche de ficciones y puestas en escena: cuento, novela de caballería y hasta realismo mágico.

7.      No sólo es histórico el fallo por la culpabilidad del implicado, sino también el texto íntegro del mismo, que hace una radiografía extraordinaria de las líneas tenues que separan lo legal de lo ilegal, entre mandaderos y recaderos yendo y saliendo de las cárceles, ese mundo sombrío donde el delito se mueve a sus anchas.

8.      Los ciudadanos deberíamos leer este fallo antes de leer las reacciones de las partes interesadas o las interpretaciones libres que hacen ciertos medios de comunicación a través de titulares tendenciosos. Cualquier bachiller que preste atención entiende lo que está relatado en el documento, por su lenguaje sencillo.

9.       Este fallo también puede leerse como el mayor escarmiento para esa clase política acostumbrada a transgredir la ley. Puede verse también como la consecuencia de la adicción al poder y los comportamientos por fuera de la ley, que tarde o temprano terminan por pasar factura. El que deba algo que pague en esta vida, porque otra no conocemos por ahora.

10.       Los partidos políticos deben apelar a la sensatez. Si el Centro Democrático es inteligente, debería considerar la posibilidad de reinventarse como partido sin el lastre que ha significado un Álvaro Uribe envainado con la justicia. Si no aprenden a soltar, el costo lo pagarán dolorosamente en las elecciones del 2026. La izquierda colombiana no debe cometer el error de creer, al calor de los acontecimientos, que el senador Iván Cepeda, teniendo méritos y estatura presidencial, debe ser su candidato oficial a las elecciones del 2026. Tienen meses por delante para decantar la realidad del país, más allá de la mala hora de Uribe.

“La administración de justicia (…) no está al servicio de la política, ni de la prensa, ni de la historia; está al servicio del pueblo colombiano”: Sandra Heredia, jueza del caso Uribe.

11.      Si el papel de ciertos medios de comunicación era actuar como defensa de Uribe, también fracasaron. Medios como Semana y La FM, por citar sólo dos, quedan en el peor de los mundos, con su credibilidad afectada (más) y quizás abocados a un revolcón interno. Por respeto con sus audiencias, el periodismo debe guardar prudente distancia de los poderosos. Me pregunto si el expolítico Juan Lozano está considerando la posibilidad de su renuncia a la FM por haber actuado en este caso como juez sin serlo y no como periodista.

12.      ¿Este fallo abre la posibilidad de que Uribe Vélez sea investigado por otros casos? Yo creo que sí. Una decisión condenatoria no sólo les permite a los ciudadanos recuperar la confianza en la administración de justicia, sino que le da todo el sentido al dicho popular: el que persevera, alcanza o, si se quiere, la esperanza es lo último que se pierde. La filosofía popular es sabia. Se abre una luz de esperanza para las Madres de Soacha, que esperan la condena de quien ordenó los 6.402 falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales), cometidos durante los dos gobiernos de Uribe.

13.      Fue un juicio penal, no político. Los amigos del expresidente Uribe quieren verlo como un juicio político, porque el actual presidente, Gustavo Petro, es un contradictor de Uribe. En honor a la verdad, hay que decir que este pleito comenzó en 2012 y el cambio de gobierno lo único que hizo fue permitir la elección de una fiscal imparcial que decidió mantener abierto el caso, en contra de lo que hizo el fiscal del gobierno de Iván Duque, Francisco Barbosa, amigo personal de Uribe, que fracasó en su intento de archivarlo.  

14.       Si el caso prescribe en octubre (la defensa tiene derecho a apelar el fallo condenatorio), el primer afectado será el propio uribismo, pues en el imaginario popular quedará sembrada la idea de que los políticos por medio de sus abogados son capaces de lo que sea para ponerle zancadilla a la justicia, como quedó claro en el recuento pormenorizado de los hechos durante este lunes. Un lunes negro para el Centro Democrático y el uribismo en general.

15.      “No hay paz para los malos, dijo Jehová”: Isaías, 48:22.

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Lo peor que le puede pasar a un medio de comunicación periodístico es que un político (o expolítico) esté al mando. Pero en este país esa ha sido la regla, no la excepción.

Esta mañana desperté preguntándome cuál es el verdadero poder que tiene Álvaro Uribe Vélez sobre ciertos medios de comunicación. ¿Qué hizo él por ellos para que lo que quieran tanto, que incluso hasta se muestran capaces de meter las manos al fuego por aquel como si fueran sus más leales copartidarios y no parte de ese contrapoder que está para vigilar a los poderosos?

No se entiende de dónde tanta gratitud a sabiendas de que han pasado 15 años desde que Uribe ya no es presidente de la República, ahora es un ciudadano común y corriente, tan común y corriente que hoy está entre el agua y la pila bendita –esto es, en espera de la condena o la absolución-, por presuntamente haber cometido fraude procesal y soborno a testigos.

Uribe pasó de acusador –contra el senador de la izquierda Iván Cepeda- a sentarse en el banquillo de los acusados. Todo este meollo comenzó en 2014 cuando el senador Iván Cepeda denunció públicamente que Uribe y su hermano Santiago estarían detrás de la creación del grupo paramilitar Bloque Metro de la AUC, como lo reseña en este informe la Fundación Paz y Reconciliación, Pares. Si nada extraordinario ocurre, la verdad se sabrá muy temprano (8:30 a.m.), este 28 de julio. Por ahora, el consumo de valeriana está al alza en esta contrarreloj judicial donde más de uno debe estar ya sin uñas.

Lo de Juan Lozano es vergonzoso. Lo dije en este mismo blog cuando el hombre asumió la dirección de La FM de RCN Radio, que pertenece a la organización Ardila Lule, dueña de empresas y medios de comunicación. “Cuando un mismo personaje bucea a sus anchas en dos mares -las aguas “mansas” del periodismo y las aguas turbulentas de la política-, hay que desconfiar de las intenciones de aquel que diserta como político en una columna de opinión y asume luego su personalidad de periodista (a lo Clark Kent) frente a un micrófono. El uno con aires de “salvador”, y soluciones mágicas para casi todo, y el otro con la capa de hombre que posa de bien informado”.

Su historia es la del galanista que cayó en brazos del uribismo para luego atrincherarse en el periodismo. El Juan Lozano político publica una columna semanal en El Tiempo, el diario que ya no pertenece a la familia Santos, sino a don Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de empresas, bancos y medios de comunicación. Su última columna produce vergüenza más no extrañeza. Se titula “Carta abierta a la juez de Álvaro Uribe”. No entiendo por qué insisten en llamarla juez si es jueza.

Una carta que comienza con alabanzas “por su investidura y por su idoneidad”, pero que rápidamente se torna intimidatoria: “Su fallo –dice el expolítico periodista- se convertirá anticipadamente en la vara con la que usted será medida por siempre, más allá de los aplausos efímeros de algunos y las presiones circunstanciales de otros”. Y como si creyera que la jueza no es una persona letrada, le insiste en un tono que amedrenta: “La dignidad de su nombre, de aquí en adelante, estará referida a la calidad de su fallo”.

Hay un tufillo de desesperación en las líneas de la carta. Nótenlo ustedes; “Por eso, señora juez, con todo respeto se lo expreso, falle en derecho. Falle en derecho, señora juez”.

Lo que yo entiendo es que Juan Lozano entiende que la jueza no entiende lo escrito a la primera vez y él se lo repite dos veces, -y hasta tres- y de formas distintas o de la misma forma. Creo que era innecesario tratarla como a una persona obtusa.

Más adelante dice el director La FM de RCN Radio. “Debo confesarle, señora juez, que, por Colombia, me atormenta la idea de que los victimarios de siempre, los que siguen impunes, vayan a imponer el relato”. Al caer en este párrafo, se los digo sinceramente, pensé que iba a referirse a los 6.402 falsos positivos que ocurrieron durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe o sobre las acusaciones que pesan sobre él por dos masacres ocurridas en Antioquia siendo gobernador de ese departamento.

El también decano de periodismo se despide en su carta abierta repitiéndole por enésima vez a la jueza Sandra Heredia: “Falle en derecho, señora juez. Y que Dios la ilumine”. Como si Dios no tuviera ya demasiados problemas en qué pensar.

Vergonzosa no es solo esa carta de Juan Lozano. También la posición de Semana y la de varios de sus columnistas adheridos a la causa uribista. Horas antes del veredicto, esa revista dedica el tema de portada para hablar sobre la vida privada y pública de la jueza. “Su familia en el Tolima es conservadora, pero quienes la conocen aseguran que ella es de izquierda”. Y más adelante escriben: “… a juzgar por los recuerdos que tienen algunos de sus compañeros de colegio con los que habló Semana, es progresista. Incluso, la califican como una persona con “ideología de izquierda”, poniendo en negrilla esas últimas palabras: ideología e izquierda para, a renglón seguido, advertir que esas personas pidieron reserva de su identidad.

Volvemos al tema de las fuentes anónimas o no identificadas, de lo cual están abusando los medios, y en el caso específico de Semana, de forma descarada para insinuar que el juicio a Uribe está politizado, sin aportar pruebas fehacientes. El portal Pulzo se pega de esta información y construye este otro titular tendencioso: “Destapan intrigante posición política de jueza encargada del caso de Álvaro Uribe”.

El reportaje de Semana parece más un perfilamiento velado que un perfil periodístico (Por ejemplo, ¿era necesario, “con fines periodísticos” dar las coordenadas de la familia de la jueza e inmiscuirla, ubicando el municipio donde se encuentra?) Artículos como este le recuerdan a uno las épocas dolorosas de los jueces sin rostro y condenados al ostracismo, pues estaban en la mira de la mafia, presionados e intimidados por los carteles del narcotráfico. Nunca como ahora fueron más necesarios los tribunales de ética periodística. ¿Alguien conoce sus coordenadas para ubicarlos?

Pero hay más. Un confidencial de revista Semana -de propiedad del grupo Gilinski, que se ha mostrado cercana al acusado desde cuando estaba en manos de la hoy candidata presidencial Vicky Dávila- dice lo siguiente: “Preocupación en el Congreso de Estados Unidos por las ´irregularidades´ en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe”, dando entender que de manera unánime todo el Legislativo de ese país está pendiente del caso, cuando nota adentro queda claro que se trataría de una declaración del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, -el mismo que propuso disminuir la ayuda a Colombia- , sin que Semana aclare quién o quiénes firman lo que ellos llaman informe.  “… las cuestiones de politización plantean serias preocupaciones sobre el deterioro de la independencia judicial y el Estado de derecho en Colombia”, dice el mini-artículo.

¿No configura esto una intromisión a la soberanía colombiana, en línea con lo hecho por el presidente Donald Trump, que amenazó a Brasil con mayores aranceles por el juicio contra el expresidente golpista Jair Bolsonaro? La nota de El País de España no deja lugar a dudas: “Eduardo Bolsonaro, el hombre que susurra a Trump para que castigue a Brasil”. Según el periódico español, “el diputado e hijo del expresidente brasileño se mudó a Estados Unidos para maniobrar contra Lula, allanar el camino a los aranceles y alentar las sanciones contra el juez que investiga a su padre”.

“… los juzgados y tribunales (…) tampoco fallan de conformidad con las tendencias mayoritarias en redes sociales, programas radiales o columnas de opinión”: exmagistrado José Gregorio Hernández.

Y cómo no, Vicky Dávila también se pronunció a favor de Uribe. Primero acusó al presidente Petro de ser “aliado político del sector que quiere condenado al expresidente Álvaro Uribe” y después afirmó: “Sí lo condenan, es sin pruebas”. El presidente Petro fijó su posición a través de un trino en X, como lo cuenta El Espectador en esta nota: “Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general. Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado (…) quien ejerza el oficio de juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad”.

Llama la atención este titular de El Tiempo: “Con carta, 38 juristas emitieron un concepto en el que dicen que no hay pruebas para condenar al expresidente Álvaro Uribe; ¿quiénes la firmaron?”.

Cualquier ciudadano de a pie —uno que se debe portar juicioso y apegado a la ley, porque no tiene los millones que cuesta una defensa— ya quisiera tener a tantos abogados, como buenos samaritanos, poniéndose de acuerdo para defenderlo si resulta implicado en delitos y muy seguramente sin cobrar un solo peso, aunque no sabemos la génesis de aquella carta en la que los juristas en coro afirman que el juicio contra Uribe “fue un burdo montaje y una campaña de descrédito urdida por los adversarios y detractores políticos del expresidente, y cohonestada por una Fiscalía militante, para mancillar su buen nombre, enlodar su legado histórico, deslegitimar su lucha política, y reducir su ascendencia ante los más amplios sectores de la opinión pública”.

La columna más sensata la escribió el exmagistrado José Gregorio Hernández en el diario El Nuevo Siglo, bajo el título: “Respetar la autonomía judicial”. Dice el jurista y catedrático universitario: “… en un Estado de Derecho -como lo es el colombiano, según dice la Constitución-, los juzgados y tribunales son independientes, merecen respeto y acatamiento. No profieren sus sentencias según orientación política, ni para satisfacer o agradar, ni para mortificar o acatar a grupos o partidos, ni para producir efectos políticos. Tampoco fallan de conformidad con las tendencias mayoritarias en redes sociales, programas radiales o columnas de opinión”.

¿Qué creo yo, ya para concluir? Que dudo mucho de que la señora jueza —una persona que debe estar más interesada en códigos y normas que en frivolidades mediáticas— tenga tiempo para pararle bolas a tanto “ciudadano preocupado” que ya dio “su veredicto” a favor de Uribe a través de la prensa y las redes sociales. En lo político, la condena a Uribe podría significar el comienzo del fin del Uribismo y el inicio de la despolarización. Su absolución no creo que reviva a su alicaído partido político, el Centro Democrático, hoy caído en desgracia por cuenta de este caso, el cual afectó su imagen durante los más de diez años que el país lleva hablando del asunto.  

La verdad verdadera se sabrá este lunes 28 julio, como también se supo ya en la condena reciente, en primera instancia, contra los directivos de Chiquita Brands por financiar a paramilitares, que así lo informa Vorágine. “El juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia emitió este 22 de julio un fallo histórico contra siete empresarios bananeros por financiación de grupos paramilitares”, dice el portal.

Si la justicia falla en derecho —y Uribe es hallado culpable en primera instancia, así sus veneradores lloren y pataleen—, se demostrará que la justicia en Colombia no es únicamente para los de ruana y que aquí las leyes tampoco son trajes hechos a la medida de los privilegiados. Mejor dicho: que nadie tiene corona, porque esta esquina desdichada de Suramérica no es monarquía, ni es principado, ni es colonia de Estados Unidos, y el que la hace, si es culpable, la paga, que ese es el lenguaje que aprendimos desde que éramos chiquitos y descalzurriados, sin necesidad de ser abogados.

Sea cual sea el sentido del fallo, intromisiones como la de Juan Lozano y compañía minan la credibilidad de una prensa que lucha por recuperar su honra y la confianza de las audiencias.  

Yo creo que más de uno en este país ya se ha imaginado al expresidente Uribe con el pijama de rayas puesto. Su situación tiene semejanzas con la del tristemente célebre expresidente peruano Alberto Fujimori. Vamos a desgranar las arvejas.  

Si hay una condena por manipulación de testigos el próximo 28 de julio, y todo indicaría que sí, lo primero es que el expresidente Álvaro Uribe apelará la decisión, porque es su derecho, y lo segundo es que, una vez confirmada la sentencia, lo que tomaría vaya usted a saber cuánto tiempo, es probable que el reo sea conducido no a una cárcel, sino a su casa por cárcel. 

De algo debe servir haber sido presidente de la República. Ese fue el caso, por ejemplo, de Cristina Kirchner, la expresidenta de Argentina, quien desde junio de 2025 cumple prisión domiciliaria tras confirmarse su sentencia a 6 años de cárcel por corrupción. Pasaron tres años, pues había sido condenada en primera instancia en 2022. Calcule: el novelón colombiano comenzó hace siete años (2018).

Pero puede ser que al final sí vaya a una cárcel de las normales, como le sucedió al expresidente del Perú, Alberto Fujimori, quien en 2009 terminó preso a la edad de 71 años, por ordenar la muerte de 25 personas, en dos masacres, a manos de un escuadrón de la muerte denominado Grupo Colina, más su participación en el secuestro, en 1992, de un periodista y un empresario. Fujimori, ya indultado y sin haber cumplido los 25 años de pena, murió de cáncer en 2024. Pasó a la historia como el primer mandatario latinoamericano sentenciado en su propia patria por crímenes de lesa humanidad, que así lo contó la BBC de Londres.

¿Se despolarizará el país con Uribe Vélez fuera de la escena política?  No creo porque este es un país de fanáticos, tanto religiosos como políticos, y la polarización crecerá conforme se acerque la elección presidencial. Los uribistas más uribistas, denominados pura sangre, mantendrán su nombre, el de Uribe, en la punta de la lengua como imán para asegurarse una buena pesca electoral. 

¿Moriría el uribismo con Uribe en la cárcel? No morirá, de la misma manera que no han muerto ni el chavismo en Venezuela ni el fujimorismo en el Perú, a pesar incluso de que ambas figuras, Chávez y Fujimori, ya descansan en paz.

Además, si los hijos de Gaviria, Simón y María Paz, se preparan para continuar el legado de su padre, algo similar podemos esperar de Tomás y/o Jerónimo, los hijos de Uribe, porque a los males de este país, súmele los apellidos con pedigrí que están llamados a perpetuar los linajes políticos en el poder, como si los ciudadanos estuviéramos condenados a padecerlos hasta el fin de los tiempos.

Según las cuentas, el expresidente Uribe, hoy de 73 años, recibiría una pena de hasta 12 años por el delito de soborno a testigos (paramilitares) en actuación penal y de 12 años por fraude procesal. Suponiendo que hoy le conmutan la pena y le aplican doce años, saldría libre a los 85, quizás demasiado viejo para querer seguir en estas lides, aunque ya sabemos que hay adicciones incurables. Para la muestra dos botones: los políticos Álvaro Leyva y Jorge Robledo, ambos ya pensionados pero negados al retiro de la vida pública.

Téngase en cuenta que, aunque en este país hay rebaja de pena por buena conducta, también es posible que, mientras el expresidente antioqueño esté privado de la libertad, se revivan otros casos contra él, acusaciones que seguramente le han desmejorado el sueño: los falsos positivos (6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales) ocurridos durante sus ocho años de gobierno y su supuesta vinculación a masacres ocurridas en 1997, siendo él gobernador de Antioquia, como lo resumió de manera cruda María Jimena Duzán en este capítulo de su pódcast.

Independientemente del desenlace, el caso Uribe debería llevar al país a iniciar un debate profundo sobre la necesidad de una reforma política que permita fortalecer los partidos políticos por encima de los caudillismos o personalismos. En el pasado había una distinción clara: usted o era de derecha (votaba liberal o conservador), o era de izquierda (votaba por el Partido Comunista, la ANAPO, o más adelante la Unión Patriótica), o no votaba. La política terminó tan deformada que cada cuatro años nacen nuevos partidos que luego desaparecen con la misma rapidez con que a regañadientes asumen sus derrotas. 

Para el caso, pondré como ejemplo a la “recién nacida” coalición “Ahora Colombia”, integrada por Jorge Robledo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y el partido cristiano MIRA (Ana Paola Agudelo). Hace tres años eran los mismos pero con otro nombre, como lo conté en este blog.

Para las elecciones de 2022 se hicieron llamar coalición “Centro Esperanza” (Robledo, Alejandro Gaviria, Carlos Amaya, Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán), en la cual hubo implosión por exceso de egos, lo que podría repetirse en esto tan dinámico que es la política.  

Una condena a Álvaro Uribe –de ser hallado culpable, claro-, sería un  escarmiento para toda la clase política colombiana.

El papel estelar que ha cumplido en este juicio la “jueza de hierro”, Sandra Heredia, a quien ya veo como una firme candidata a personaje del año, y lo mismo al senador Iván Cepeda, demuestra que hay razones para creer que en Colombia la justicia, aunque a trancas y mochas, se esmera por actuar con firmeza, apegada a los códigos. 

Una condena a Álvaro Uribe –de ser hallado culpable, claro-, sería un  escarmiento para toda la clase política colombiana, que debe saber que en este país nadie puede asaltar ni la Constitución ni las leyes, y sería un mensaje al mundo de lo sólida que son la democracia y la independencia de poderes en Colombia.  Si el caso prescribe, será otra lamentable derrota para el sistema judicial colombiano y todos perderemos, incluso Álvaro Uribe, cuyo legado, sin el caso resuelto, quedará con mácula para la Historia.  

Mientras termino de escribir esto, recibo un titular: Donald Trump amenaza con imponer aranceles del 50% al vecino Brasil en represalia por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, acusado de un golpe de Estado. Ojalá el gobierno norteamericano no esté pensando igual con relación al juicio del siglo en Colombia contra Uribe. Si ocurre algo parecido, ojalá la jueza no se deje amedrentar por presiones externas.  

Se me olvidaba: Al día de hoy, solo tres selecciones (Argentina, Brasil y Ecuador), tienen asegurado su boleto al Mundial 2026. La Selección Colombia, que es sexta en la clasificación, en un descuido podría pasar a la zona de repechaje y quedar por fuera de la cita mundialista. Ya otras veces hemos dejado de ir a un campeonato y aquí estamos, como siempre, resolviendo asuntos que son realmente importantes para el futuro de la nación.

La noche de bar terminó y las opiniones estaban divididas entre quienes odian el fútbol y aquellos que prefieren ver a Uribe en prisión. El más animado de todos hasta dijo que no lo esperen en la casa el 28 de julio.