Es hora de marcar un punto de inflexión porque las estrategias del gobierno se han enfocado en excelentes visiones a largo plazo y una insuficiente ejecución institucional del presente. El peor error, es culpar de sus fallas a la persecución de la oposición, que, si bien ésta ha existido, no es la única razón para justificar su propia incapacidad para gobernar, dado que eso no llevaría a nada distinto que a convertirse en todo aquello que criticó durante décadas, es decir, una administración que señala todo lo malo como consecuencia de sus antecesores, y sus propias carencias como resultado de actores externos que no le permiten hacer las cosas.

La política ha fallado, tanto en la composición del gabinete como en las relaciones con las diferentes bancadas en el Congreso – especialmente la suya -, la defensa de las reformas, los cambios de funcionarios en las instituciones, las estrategias frente a las elecciones territoriales que se avecinan, la atención a sus electores y por supuesto, la comunicación política. El presidente decidió nombrar un gabinete para lograr un gobierno de coalición y contrario a ello, no logró sino un cuerpo ministerial que en su mayoría es controlado por los partidos políticos que no ganaron las elecciones, con el único fin de obtener las mayorías en el Congreso de la República. Un muy alto costo político.

En ese intento, el presidente logró tener un número importante de partidos como coalición, pero no tuvo en cuenta que, en su afán, solo entregó el poder institucional a los políticos tradicionales, quienes aceptaron las cuotas burocráticas, pero se reservaron el derecho a asumir las reformas legislativas estructurales con “beneficio de inventario”, es decir, lo que a su juicio es más correcto para el país. Eso da cuenta de un error gravísimo y es que la gobernabilidad que se buscó en coalición terminó siendo un condicionamiento que dará como resultado algo diferente a lo que este gobierno imaginó y prometió en campaña.

A eso debe sumarse que el presidente decidió que su propia bancada, únicamente debe limitarse a votar, porque ésta “fue elegida por el único mérito de representar al entonces candidato presidencial Gustavo Petro”, y por eso, no la atiende, aunque sí le exige fortalecer al Pacto Histórico en los territorios, siendo ellos quienes deben responder a la gran pregunta, ¿por qué siguen los mismos funcionarios del gobierno anterior en las entidades? Cuestionamiento que sólo el presidente puede y debe responder, porque al parecer, él confunde las malas prácticas clientelistas con la posibilidad de construir con su propia gente.  

Entonces, frente al reto de ganar las elecciones territoriales, se cree que las reformas estructurales marcarán la diferencia para que el Pacto salga victorioso, pero al final, las reformas no van a ser tan estructurales como se pensó, porque una cosa es crear una coalición con ideas similares y otra, es crear unos acuerdos burocráticos sin puntos de encuentro, por lo que el camino sigue incierto. Ya los rumores plantean que la estrategia es enfrentar las contiendas electorales de octubre con el denominado frente amplio, que no es otra cosa que aliarse con los tradicionales para viabilizar candidaturas.

Así las cosas, el Gobierno está ad-portas de entrar al peor de los mundos, condicionado en su gabinete para poder ganar en el Congreso y ahí, tiene una coalición tan crítica que vota lo que le conviene. La reforma a la salud y la reforma política son una clara muestra, la reforma a la salud está en cuidados intensivos y solo será viable si los propios partidos la rescatan, mientras que la reforma política ya se hundió.

Por último, se han jugado una ficha que es la más débil en todo este andamiaje. Se le ha pedido a la población que salga a defender las reformas a las calles, pero no se ha entendido que a la gente no se le ha escuchado, no la representan quienes tienen el poder en las instituciones y tampoco han visto decisiones contundentes que le entreguen la esperanza como para salir y sostener el gobierno que se avizoraba como un cambio trascendental en siglos de desolación.

Señor presidente, es momento de atender a las bases, a su bancada en el Congreso y a quienes se sacrificaron y allanaron el camino del cambio, seguramente encontrará personas que lo ayudarán a recomponer, porque aún está a tiempo y las decisiones están en sus manos.

Por: Juan Diego Perdomo Alaba @Perdomoalaba

Definitivamente gobernar es otra cosa. En 2017, desde el activismo electoral, el entonces candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro Urrego, criticó los peajes por numerosos, onerosos y asfixiadores, pues “la industria nacional se ahoga por sobrecostos en transporte a través de peajes”. Hizo referencia -vaya paradoja- a lo que actualmente se vive en su propio Gobierno, los “altos costos en los servicios públicos y materias primas”. Escupió pa’ arriba y no demoró en recibir el salivazo en la cara.

https://twitter.com/petrogustavo/status/946061167990071296?t=cX_Eci7czClU2LoCw7jS7w&s=19

En febrero de 2022, el candidato presidencial del Pacto Histórico llegó a la plaza principal del municipio de Turbaco, se reunió e hizo fotos con el comité antipeajes y se puso la gorra. En tarima y frente a miles, asestó que los peajes empobrecían a las comunidades. Nunca dijo que los acabaría, pero apoyó a grupos que buscan su eliminación.

El 25 de marzo del año en curso, el ministro de Transporte, el conservador Guillermo Reyes, anunció con vehemencia que a partir del 1 de abril “no habrá ningún peaje sin cobrar“. Pero fue más allá, hizo un llamado de atención a políticos, precandidatos, gobernantes en ejercicio y activistas que prometen desmontar peajes: “Uno no puede ir irresponsablemente por el país diciendo que va a quitar peajes, sin tener en cuenta la viabilidad financiera y las consecuencias jurídicas que implicaría desmontarlos”.

Reyes dijo que mientras no exista otra forma de mantener y hacer las vías, se seguirá cobrando vía peajes, “Yo les quito el peaje con mucho gusto apenas empecemos a cobrar valorización a los colegios, fincas, casas y hoteles que se encuentran en las zonas aledañas a las doble calzadas. Así lo permite la ley y lo permitirá el Plan de Desarrollo”, explicó.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura CCI Seccional Norte, el Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar, de manera conjunta, expresaron su preocupación debido a las “problemáticas de orden público” que se vienen presentando en los peajes, por eso le pidieron al Gobierno Nacional adoptar medidas para la seguridad en las casetas. El Gobierno acató y se excedió en su cumplimiento. Ya verán por qué.

Tal como lo anunció el ministro Reyes arriba, hace ya ocho días se reactivó el cobro del peaje de Turbaco tras 19 meses sin talanqueras por las protestas que se adelantaban contra ese recaudo. Dos días antes se retomó el cobro de Marahuaco, en la Vía al Mar. Ese día en Turbaco todo fue caótico y tenso, pues desde la madrugada las autoridades desplazaron un operativo militar sin precedentes que contó con la presencia del ESMAD y más de un centenar de efectivos de la Policía, una presencia de fuerza pública que nunca se ve, ni siquiera en la Cartagena de los 200 asesinatos en 200 días.

Los plantones, bloqueos y manifestaciones por parte de los activistas antipeajes no se hicieron esperar; frente a esto, el Ministro de Transporte anunció la instalación de una mesa de concertación el próximo martes en la Gobernación de Bolívar para llegar a acuerdos, diálogo que se debió pactar antes de reiniciar el cobro y no después de la polvareda social que afecta a muchos.

Los representantes del comité antipeajes, quienes otrora han demostrado efusividad, consistencia y templanza, han sido bastante condescendientes frente a las reacciones de este gobierno torpe que ha demostrado ser todo menos uno dado al diálogo y a la concertación. Si la orden de reactivar el cobro y mandar al ESMAD la hubiese dado Iván Duque, ese peaje estuviera en llamas. Hoy quien paga el pato es el transportador, el pasajero, el mototrabajador y el usuario de la vía quienes se tienen que “mamar” los retenes ILEGALES que montaron hace cinco días durante todo el día cada media hora en ambas calzadas de la vía Troncal a la altura del sector “La Virgencita”, en Turbaco. Lo hacen dizque para hacer “pedagogía”, claro, poner a la gente a aguantar media hora de sol en una vía Nacional no es muy “pedagógico” que digamos.

Eso sí, muchos de ellos están desilusionados con el Petro de tarima que poco se arrima al Petro tuitero gobernante, ese que tira la línea en privado para que sus ministros hagan el trabajo sucio en público.

Los peajes: el florero de Llorente 

En Colombia los peajes están -como dice un amigo- calumniados. Como la inversión en infraestructura de transporte es muy costosa, los gastos son mayores a los ingresos y las asignaciones presupuestales se priorizan para inversión social, se acude desde hace 30 años a las alianzas público privadas APP, mecanismo que busca atraer capital privado para la rehabilitación, mantenimiento y construcción de medios de transporte, que se le paga al particular vía peajes.

Para nadie es un secreto que estas concesiones se han convertido en todo un cartel, o sino pregúntenselo a Aída Merlano, excompañera del finado congresista Roberto Gerlein, hermano de Julio, megacontratista que se volvió archimillonario a costa de estos cobros vitalicios que además de pagar vías, pagan campañas electorales. Luis Carlos Sarmiento, el otro magnate involucrado en el negocio de los peajes, tiene 4 de los 10 peajes más costosos del país.

En la actualidad en todo el territorio nacional existen más de 170 peajes, a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), seguido del Instituto Nacional de Vías (Invías) y el resto manejadas por concesiones privadas.

Por eso resulta realmente escandaloso, a la sazón de las innumerables polémicas sobre contratos leoninos de peajes en el país -verbigracia los internos en Cartagena- que se anuncie uno a 30 o 40 años de cobro. ¡Un exabrupto! Eso la ciudadanía ya no se lo aguanta, no es ni política ni socialmente viable ni presentable.

En cuando a Cartagena, todos sabemos, hasta la misma Concesión Víal, que la tasa interna de retorno se alcalzó hace años. Es decir, la obra ya se pagó. Y ese es uno de los líos con los peajes en el país, que se pagan tres y hasta cuatro veces con la complacencia de los tomadores de decisiones. O las vías siguen rotas, como los de Sucre, por ejemplo. Por eso, el próximo alcalde o alcaldesa de Cartagena debe dar la lucha jurídica responsable para demostrar que ya la TIR de los peajes internos se alcalzó. No obstante, soy de la idea de que las casetas se deben preservar para mantener el Corredor vial, hacer vías complementarias y/o financiar el Plan de Rehabilitación Víal, pues el presupuesto de libre destinación del Distrito es limitado y lo poco que queda es para inversión social. Mucho mejor que cobrar obras por valorización. El cobro además lo haría el mismo Distrito. Pero bueno, no hay ambiente político ni confianza para tal idea. Quien la proponga que aliste casco y de paso flotador. O sino que lo diga Pedrito Pereira.

Para terminar, me permito preocuparlos más e insistir en algo. En el informe de empalme Duque – Petro, del sector transporte, su coordinadora, María Constanza García, informó al país sobre la instalación de 19 nuevos peajes entre 2023 y 2024, ante la necesidad de financiar la sostenibilidad de las vías de cuarta generación (4G) ya comprometidas. Nada que hacer, el expresidente Duque los dejó aprobados desde 2021.

Y ya que insiste tanto en el “cambio”, ojalá que, en la medida de lo que le permita la ley, Petro entre a renegociar todos esos peajes leoninos o, en su defecto, presentar o apoyar un proyecto de ley que los ponga en cintura.  Tres puntos para abordar serían:  1. Los peajes concesionados deben contar con una tarifa diferencial para las comunidades aledañas a las áreas de influencia de los proyectos. Caso Turbaco. 2. Que entre un peaje y otro haya una distancia mínima de 150 kilómetros. 3. Que los incrementos en las tarifas no sean superiores al IPC del año anterior y que los municipios y distritos no puedan establecer peajes internos.

Entre el populismo electoral y la sobresimplificación política del asunto, y el abuso financiero y leonino del mecanismo, los peajes, como herramienta de financiación de infraestructura necesaria para el desarrollo del país, se está quedando sin piso político ni legitimidad pública . Y Petro, al respecto, está dando palos de ciego. Ojalá reoriente y tome mejores decisiones sobre el particular. Si es que el sistema lo deja, porque como lo señalé al inicio, gobernar es otra cosa.