Aunque la paz es un derecho, y por lo tanto es un deber del Estado garantizarla, en Colombia todos menos el presidente nos habíamos dado cuenta que desde hace meses la intención del ELN era entretener la opinión pública y las miradas mientras que fortalecían su brazo financiero y armado.

Esto supone ahora un problema muy serio, puesto que la tarea de organizar las Fuerzas Armadas no es de ‘soplar y hacer botellas’. Es necesario verificar las capacidades tácticas y tecnológicas del ejército, fuerza aérea, armada y policía. En este blog no vamos a hablar de eso, pero vale la pena mencionar que este gobierno ha dilatado peligrosamente la decisión de la renovación de la flota super sónica (reemplazo de los KFir), así como la renovación de las Fragatas (Construcción de las Plataformas Estrategicas de Superficie), ambas columnas vertebrales de la defensa y seguridad nacional.

Retomando, así como él fue el único que no se dio cuenta del actuar del ELN, es necesario que el presidente salga de su urna de Cristal, en el que es un líder mundial que vencerá, él solito, al cambio climático, las petroleras y renovará la industria agropecuaria.

Bueno sería que el señor presidente ahora volteara a mirar cada una de las carteras que tiene a su cargo y se empiece a dar cuenta de las fallas en las que se han dejado dar largas y no se han dado soluciones de fondo.

Los casos de corrupción son alarmantes. Mientras el 60% de la población del país se encuentra en la pobreza o en riesgo de caer, no puede pasar que se roben plata en el gobierno que prometió trabajar por los pobres. Se requiere mano dura y agilizar los procedimientos para juzgar a los culpables, recuperar el dinero y entregarlo a quienes si lo necesitan.

La economía del país está en una no oficial recesión. Esto significa que los estímulos tienen que llegar para aumentar la producción, que aumentará el recaudo y que evitaría así una nueva reforma tributaria (aunque la quieran llamar ley de financiamiento). Es necesario hacer un recorte, ser austeros, ajustarse el cinturón y proceder a trabajar con consciencia y evitar que los impuestos hundan a la económica colombiana. Vale la pena decir que la inflación actualmente la está cediendo por la buena gestión del Banco de la República, no por la gestión del gobierno nacional.

En cuanto a las reformas, lo primero que debería hacerse es centrarse en la ejecución de la Reforma Rural. Fue de las primeras logradas, hace parte del mandato del Acuerdo de Paz con las FARC y es parte del plan de gobierno del Presidente, pero parece que al sector Agricultura le da miedo ejecutar. La ciudadanía no va a confiar en las reformas mientras que las que ya han salido no se ejecuten y no demuestren su potencial benéfico.

Y, aunque acá podríamos continuar un buen rato, lo importante es que el Presidente se dé cuenta de estas situaciones al interior de la administración y que no vuelva a pasar que todos sabemos qué está pasando, menos él.

Incluso, ante el hostigamiento que vivían los liberales y su impunidad, en abril de 1947 (un año antes de su muerte) Gaitán le remitió al presidente Mariano Ospina y al ministro de Gobierno un “Memorial de Agravios”. Ya en febrero de 1948, Gaitán convocó la “Marcha del Silencio” la cual reunió en el centro de Bogotá alrededor de 100 mil personas que protestaron contra la violencia ejercida contra simpatizantes del Partido Liberal. En la manifestación, los participantes debían guardar silencio como expresión de duelo por las victimas asesinadas por la policía en regiones como el Sumapaz, Tolima, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Pero ¿cuál fue la fuente de la violencia en ese momento? Son varias las hipótesis planeadas, entre las que se cuentan: el triunfo del conservatismo en 1946 (luego de 16 años de liberalismo), lo cual devino en una sociedad cada vez más polarizada; la persecución y represión contra el movimiento gaitanista y los sectores subalternos que estaban emergiendo en plena Guerra Fría; sin embargo, la que más profundo ha calado está relacionada con la tenencia de la tierra.

Después del proyecto de reforma agraria impulsada por la Ley 200 de 1936 en el marco del gobierno de Alfonso López Pumarejo, en el campesinado se configuró la esperanza de que la tierra podía ser distribuida en un término de 10 años. La ley era expresa en proponer que, quienes concentraban tierras improductivas, tenían una década para ponerlas a producir, de lo contrario, el Estado podía expropiarlas para entregarlas a desposeídos.

A finales de la década del treinta e inicios del cuarenta fueron muchos los campesinos que invadieron terrenos privados improductivos con la finalidad de que el Estado cumpliera su palabra y distribuyera la tierra. Algunos de los grandes propietarios habían asumido el dictamen del gobierno y estaban dispuestos a entregar sus predios al Estado. A pesar de estos avances, con la Ley 100 de 1944 (impulsada por la misma administración de López en su segundo mandato), se instauró la contrareforma que empoderó a los propietarios de grandes extensiones y limitó los derechos adquiridos por los campesinos.

La respuesta de algunos terratenientes no se hizo esperar. Armaron con machetes, cuchillos y escopetas de fisto a sus peones y los enviaron a expulsar campesinos invasores, presentándose las primeras masacres y asesinatos selectivos en 1945. Este año fue traumático para el país: además del intento de golpe contra la administración de López Pumarejo en Pasto, llegó el gobierno interino de Alberto Lleras Camargo que hizo caso omiso a estos hechos delictivos y al inicio de la violencia en Colombia. Si bien el asesinato de Gaitán extrapoló la violencia, desde finales de 1944 y producto de la respuesta criminal de sectores terratenientes es que se presentan los primeros hechos victimizantes.  

Aplaudo la sistematización de esta información (que empezó a realizar el CNMH en cabeza de Gloria Valencia Gaitán), pues ayuda a develar los orígenes del conflicto armado en Colombia que tiene como antecedente el periodo de la Violencia.  

Investigadora en Ambiente y Sociedad

La cuestión agraria se pone en la primera línea de las reformas y se perfila como un asunto crucial en la afanosa cruzada del Gobierno Nacional por saldar las deudas con el campesinado. Pese a los asuntos pendientes por reglamentación, traer la Reforma Agraria al frente es un gran avance. Esta columna muestra algunos de los avances legales más destacados y los desafíos que aún enfrenta el campesinado en la Amazonía.

La Reforma Agraria no es solo un asunto técnico o legal, es la promesa de un futuro más justo y próspero para las comunidades rurales de Colombia. Por esta razón, fue el primer punto en el Acuerdo de Paz para lograr una paz sólida y duradera. En la Amazonía, uno de los desafíos más urgentes es regularizar la tenencia de la tierra y frenar la expansión de la frontera agrícola. Esta región se distingue por los siguientes elementos:

1. Alta informalidad en la tenencia, alcanzando en Caquetá y Putumayo índices mayores al 50%. Esto implica que más de la mitad de los predios rurales no cuentan con todos los requisitos para ser reconocidos como privados^[1]. Así mismo, para el 2018 el GINI rural era superior al 0.8 en los departamentos de Caquetá y Amazonas^[2], lo que pone de presente una muy alta concentración de la tierra.
2. La deforestación es un problema crónico en la Amazonía^[3]. El Acuerdo de Paz propuso que la Reforma Rural Integral debe contribuir a su disminución, a partir del cierre y estabilización de la frontera agrícola.
3. El conflicto armado se agudiza cada vez más en la región^[4] con el asesinato de líderes sociales en la Amazonía. Desde el Acuerdo de Paz, se comprende que la Reforma Rural Integral (RRI) debe contribuir a la paz y la seguridad en la región.

Desde el 2022, se han realizado cambios importantes en el régimen de tierras con impactos en la Amazonía. Entre estos, resaltamos la Sentencia de Unificación SU -288 del 2022 de la Corte Constitucional que le ordena al Estado recuperar los baldíos que podrían haber sido declaradas propiedades privadas por jueces, sin considerar su función social y ecológica ya que, en principio, deberían haber sido adjudicados por el Estado a sujetos de reforma agraria, lo que hace evidente dos situaciones fundamentales:

1. Las personas acudieron al sistema judicial ante las fallas del Estado para administrar, regular y redistribuir los predios de la Nación.
2. Existe la urgente necesidad de corregir un posible mecanismo de acumulación de tierras que agudizó los conflictos en el campo.

La sentencia resalta esta realidad, haciendo evidente la alta inseguridad jurídica alrededor de la tenencia de la tierra. Ahora bien, esta no sólo marca un hito legal, sino que plantea interrogantes que nuestra sociedad debe abordar: ¿Estamos verdaderamente asegurando la justicia social y una redistribución equitativa de la tierra? ¿Qué medidas se deberían tomar para brindar seguridad jurídica a quienes buscan el reconocimiento de sus derechos en este contexto?

Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre el futuro de la tenencia de la tierra en Colombia y sobre cómo el Estado puede tomar las riendas de este tema desde criterios de justicia y equidad, al respecto se tienen los siguientes esfuerzos: 

Retos en un escenario como la Amazonía

El Acto Legislativo 1 de 2023 reconoce al campesino como eje central del desarrollo, promoviendo sus derechos y oportunidades. Ahora bien: ¿Qué implicaciones prácticas tiene este reconocimiento? Hasta el momento el campesinado y la cuestión agraria continúan en las márgenes de discusiones importantes en la Amazonía, como lo es la implementación de la Sentencia 4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia, la ocupación campesina en áreas de importancia ambiental y los modelos de desarrollo de la región. Aquí, uno de los retos es articular la agenda ambiental con la apuesta agraria.

Ante este desafío, el Decreto 1406 del 29 de agosto 2023 que reactiva el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Rural se presenta con una estrategia integral que busca conservar el ecosistema, reducir la deforestación y fomentar prácticas agrícolas sostenibles. Esta podría ser una oportunidad de articulación en la Amazonía.

Con la incorporación de la Jurisdicción Agraria y Rural mediante el Acto Legislativo N°03 de 2023, surge el desafío de garantizar una participación adecuada, enfoques diferenciados y criterios ambientales precisos para la Amazonía. Los datos demográficos subrayan la importancia de esta perspectiva, pues los departamentos más poblados de esta región albergan 216 territorios indígenas, responsables de más del 50% de la selva amazónica. Desde el punto de vista ambiental, el 28.4% de la Amazonía está cubierto por Áreas Naturales Protegidas (Gaia Amazonas, 2019), lo que hace imperativo que los jueces consideren criterios interculturales y ambientales, además de la legislación agraria, para garantizar la justicia social y proteger los derechos de las comunidades y la Amazonía.

Otro gran desafío que enfrenta la Amazonía es la necesidad de un Catastro Multipropósito eficaz y participativo, que ahora está delineado por la Resolución 1040 del 2023, este tiene un reto importante en materia de participación y enfoques diferenciales, pues en un comunicado de prensa del 20 de julio de 2023, la Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC y el Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC, expresaron su preocupación por el enfoque del catastro multipropósito en la Amazonía, indicando que no se ha realizado la consulta previa y que su aplicación pone en riesgo los resguardos coloniales y republicanos (CRIC, 2021).  Por su parte, comunidades campesinas señalan que no hay clara articulación de este instrumento con otros mecanismos del Acuerdo de Paz, relacionados con el acceso y redistribución de la propiedad.

Finalmente, en fila se encuentran los siguientes proyectos normativos con ocasión al Plan Nacional de Desarrollo 2022 y 2026, en cumplimiento de las sentencias T-488 de 2014, T-622 de 2017, T-052 de 2017 y la SU 288 de 2022 de la Corte Constitucional:

En el contexto amazónico, donde la tenencia de la tierra es fundamental para la sostenibilidad y equidad, estas regulaciones pueden asegurar una distribución justa de la propiedad y un manejo adecuado del territorio, promoviendo el uso adecuado del suelo conforme su vocación agrícola y productiva, disminuyendo la deforestación, garantizando el acceso a la tierra de la comunidad campesina, los cuales son los fines del Estado.

Así pues, que la cuestión agraria se sitúe en el centro de las reformas, consolidándose como un asunto de importancia no es tema menor, no hace falta más que recordar las raíces del conflicto armado en Colombia. Por eso, a pesar de los desafíos y temas pendientes en términos de reglamentación, el hecho de que la reforma agraria se ubique en primera línea representa un notable progreso.

^[1] Amazonas 16,25%, Caquetá 58%, Guainía 36,76%, Guaviare 32,34%, Putumayo 61,41%, Vaupés 39,29%(UPRA, 2020)

^[2] Amazonas de 0,82, Caquetá 0,826, para Putumayo de 0,738, Vaupés 0,49) Guaviare y Guainía no se pueden calcular porque tienen menos de 10 propietarios privados con predios en destino agropecuario, pero cuenta con datos del 2015 que indica (Guainía 0,6164, Guaviare 0,5519) conforme datos recaudados (DANE, 2022)

^[3] Caquetá, en la Amazonía, perdió 5861 hectáreas más de bosque —en 2020 perdió 32 522 hectáreas— y presentó el mayor aumento en el país. Otros de los territorios más impactados fueron Guaviare (25 021 hectáreas), Putumayo (12 804 hectáreas) y el sur del Meta, que también forma parte de la selva amazónica ( (Mongabay, 2022).

^[4] Los riesgos para la población residente en el territorio de las subregiones Eje Putumayo y Trapecio Amazónico se expresan en la posibilidad de sufrir extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, homicidios selectivos con especial afectación de autoridades tradicionales, incluyendo aquellas que son defensoras de los derechos colectivos y del ambiente (Defensoria del Pueblo., 2021, pág. 10).

^[5] Mediante Decreto 2367 de 2015 “Por el cual se crea el Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural”.

^[6] La sentencia fue proferida a raíz de una acción de tutela interpuesta por un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos que solicitaron la protección de sus derechos al ambiente sano, a la vida y a la salud, vulnerados por las altas tasas de deforestación de la Amazonía colombiana.

^[7] El Plan de implementación de la reforma agraria en Colombia es un documento que establece las acciones y metas que el gobierno colombiano debe implementar para lograr la reforma agraria y el desarrollo rural sostenible, sin embargo, este documento fue posible consultarlo.

Recientemente, la comunidad del corregimiento de San Isidro en Pradera (Valle del Cauca) publicó una “carta abierta” en la que, entre otras razones, establece la urgencia de que el gobierno nacional constituya el municipio como ZRC.  Según se establece en la “carta abierta”, a pesar de que la comunidad de Pradera haya adelantado desde agosto de 2021 el Plan de Desarrollo Sostenible para la constitución en ZRC, el municipio haya sido considerado como PDET, reconocido como una de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC) y priorizado para el desarrollo del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR), existen amenazas “por la proliferación de proyectos de parcelación de grandes predios, que hasta el momento se habían mantenido sin uso productivo, y que en los últimos años han pretendido ser vendidos con fines recreativos y vacacionales”.

Fundamentalmente, la queja de la comunidad de San Isidro está en los proyectos “Mirador las Veraneras” y “El Paraíso 2022”, pues son proyectos de parcelación con fines turísticos que contradicen lo estipulado en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) y no corresponden a los usos potenciales del suelo establecidos. Es más, según quedó estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, las ZRC (constituías y en proceso de constitución) tienen determinantes ambientales, es decir, que prevalece esta figura jurídica antes que el PBOT.

La respuesta de la Alcaldía de Pradera, según se esgrime en la carta, ha sido impulsar una modificación al PBOT para cobijar la pretensión de estos nuevos proyectos, sin tener en cuenta las afectaciones medio ambientales que ello traería a los corregimientos que tradicionalmente han sido productores de frutas y hortalizas orgánicas.

En comunicación mantenida con uno de los líderes sociales de San Isidro, manifestó que la comunidad está preocupada porque, detrás de los proyectos recreativos y vacacionales, existen intereses políticos-económicos regionales que pretenden establecer un turismo desorganizado y desenfocado, en contra vocación agropecuaria del uso del suelo. Este fenómeno se está presentando en corregimientos aledaños como Potreritos, La Fría, El Recreo y Los Pinos, donde se han presentado procesos de urbanización creciente, con las consecuentes problemáticas que ello acarrea.

La problemática más impactante que refiere la comunidad es el abastecimiento de agua. En el caso de San Isidro, los habitantes se abastecen del acueducto comunitario de la quebrada Salsipuedes y con la puesta en marcha de proyectos turísticos como los que están en proceso, se generaría un desabastecimiento del preciado líquido. También se presentarían impactos ambientales, pues, al constituirse urbanizaciones, existiría contaminación del agua irrigada a los campesinos de las zonas bajas del corregimiento.

Pradera ha sido uno de los municipios donde se ha presentado una histórica violencia por la tenencia de la tierra. Desde la década del cincuenta, ingenios azucareros (Mayaguez, Riopaila, Castilla e Incauca) presionaron a los campesinos a desplazarse a las zonas de media y alta montaña del municipio, apropiándose de las planicies. En ocasiones les compraron las tierras a los campesinos y en otras los desplazaron. Con el advenimiento de los actores armados y el narcotráfico en la década de los ochenta, los ilegales despojaron y generaron abandonos forzados en las zonas más productivas del municipio. Las lógicas de despojo han sido recurrentes, en parte, porque la mayoría de los campesinos no cuenta con títulos de propiedad o están en proceso de formalización. La “falsa tradición”, las “promesas de venta”, las “ocupaciones sin documentos”, según refiere el líder de San Isidro, son una constante.

La comunidad ha señalado que las problemáticas deben solucionarse por vía del dialogo. Una de las salidas que proponen es que el gobierno, en el marco del cumplimiento del punto 1 de los “Acuerdos de Paz de La Habana”, compre los predios en los que se pretende desarrollar proyectos turísticos y los entregue a los campesinos que no tienen tierra; es decir, que se establezca una Reforma Agraria Integral y se constituya la ZRC Pradera.