Las graves advertencias hechas por el abogado Pablo Bustos no solo comprometen al exmandatario, quien presuntamente estaría ejerciendo influencias, realizando llamadas y manteniendo contactos políticos desde su lugar de reclusión. El verdadero escándalo nacional es otro: ¿cómo es posible que una persona privada de la libertad conserve capacidad de maniobra política y administrativa desde un centro de reclusión bajo vigilancia del Estado?

Si estas denuncias llegan a confirmarse, el principal responsable institucional sería el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), una entidad que desde hace años arrastra cuestionamientos por corrupción, falta de controles y debilidad operativa. Lo preocupante no es únicamente el eventual uso irregular de teléfonos celulares o las visitas no autorizadas; lo verdaderamente alarmante es la sensación de permisividad estructural dentro del sistema penitenciario colombiano.

Porque en Colombia pareciera existir una justicia para el ciudadano común y otra para quienes tienen conexiones políticas. Mientras miles de internos viven hacinados, sometidos a requisas permanentes y estrictos controles, algunos condenados por corrupción continúan moviendo influencias, operando redes de poder e interfiriendo en asuntos públicos como si la cárcel fuera simplemente una oficina alterna.

El INPEC no puede seguir escudándose en investigaciones internas o en comunicados tibios cada vez que estalla un escándalo. La repetición constante de estos episodios demuestra que no se trata de hechos aislados, sino de una crisis profunda de autoridad y vigilancia. Cada teléfono que ingresa ilegalmente a una prisión, cada visita irregular y cada privilegio indebido son evidencia de un sistema permeado por la negligencia o, peor aún, por la complicidad.

Se supone que Abadía cumple su condena en un centro de reclusión especial, y no importa cual sea este, es decir, sí es de la Policía o de otra institución, la responsabilidad es la misma.

Resulta inadmisible que en establecimientos bajo custodia estatal puedan desarrollarse presuntas presiones a funcionarios, movimientos burocráticos o gestiones contractuales. Si alguien condenado conserva capacidad de operar políticamente desde prisión, entonces el sistema penitenciario ha fracasado en su función esencial: garantizar que la sanción judicial implique una verdadera limitación del poder y no una simple reubicación física.

Lo más grave es el daño que esto produce sobre la credibilidad del Estado. Cuando la ciudadanía percibe que los condenados por corrupción continúan ejerciendo influencia tras las rejas, el mensaje es devastador: delinquir desde el poder sigue siendo rentable incluso después de una condena.

El país necesita una reforma penitenciaria seria, con controles tecnológicos reales, vigilancia independiente y sanciones ejemplares contra funcionarios que faciliten privilegios ilegales. De lo contrario, las cárceles seguirán siendo espacios donde algunos pagan condenas y otros simplemente administran sus negocios desde una celda con teléfono incluido.

Porque una democracia no solo se mide por la capacidad de condenar a los corruptos, sino también por la firmeza para impedir que continúen actuando desde prisión.

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En un comunicado oficial, la Red expresó su preocupación por el contenido y el momento en que se emitieron las afirmaciones de Rojas Cuéllar. Según la organización, las denuncias presentadas carecen de respaldo documental y no fueron tramitadas por las vías institucionales adecuadas.

“Las denuncias deben presentarse con oportunidad y sustento probatorio. No basta con comunicados tardíos y sin respaldo de pruebas”, enfatizó Pablo Bustos.

La Red de Veedurías cuestionó especialmente que Rojas Cuéllar, quien afirma haber sido testigo directo de los hechos, no haya acudido en su momento ante organismos competentes como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o la Contraloría para formalizar sus denuncias. En su lugar, optó por divulgar sus señalamientos a través de un documento carente de valor legal.

Para la organización veedora, resulta llamativo que dichas afirmaciones se hagan públicas únicamente después de la salida del exdirectivo de su cargo en Hocol, lo cual, a su juicio, pone en duda tanto la motivación como la veracidad del testimonio.

La Red insistió en que este tipo de declaraciones deben hacerse con responsabilidad, pruebas y ante las instancias pertinentes, evitando así causar daño injustificado a la imagen de instituciones como Ecopetrol.

Bustos recordó además que Ecopetrol y su filial Hocol en un comunicado dejaron claro que lo dicho por el exfuncionario no es cierto:

«El Sr. Rojas efectivamente gestionó por su cuenta la visita de dos analistas de seguridad a su oficina en las instalaciones de Hocol para realizar verificaciones. Dicha visita no arrojó resultados ni evidencias de la presencia de dispositivos de vigilancia. Posteriormente, una vez el Sr. Rojas dejó su posición como presidente, Hocol llevó a cabo una evaluación adicional de seguridad, la cual tampoco encontró evidencia alguna de micrófonos, cámaras o interceptaciones», dice el texto de la empresa.

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