El documento fue puesto a disposición del público para comentarios, pero ya ha encendido el debate regional. Líderes sociales, congresistas y veedurías ciudadanas advierten sobre posibles afectaciones a las comunidades indígenas y campesinas, y reclaman la realización de una consulta previa antes de tomar cualquier decisión.

Exigen consulta previa

El representante a la Cámara Carlos Ardila manifestó que esta no es una situación nueva para el departamento y que, históricamente, este tipo de decisiones ha generado tensiones. El congresista considera fundamental que se escuchen las voces de las comunidades antes de avanzar en una decisión de tal magnitud.

En la misma línea se pronunció Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, quien advirtió que se estarían vulnerando derechos fundamentales al omitir este proceso obligatorio. Según Bustos, la medida “podría favorecer intereses particulares y dejar en el desamparo a campesinos e indígenas que dependen directamente de este territorio”.

El consultor y experto en temas de consulta previa, Fernando Álvarez, estima que en el proyecto del acto administrativo de la Corporación Autónoma de Corpoamazonia, “por medio de la cual se compilan y actualizan las Determinantes Ambientales para el Municipio de Mocoa en el Departamento del Putumayo y se toman otras determinaciones” se debe tener en cuenta a los pueblos étnicos que estén dentro de su rango de aplicabilidad territorial, es decir a los pueblos indígenas por medio de la Consulta Previa.

Álvarez dice que por cuanto la actualización de las determinantes ambientales del municipio que propone el ente territorial, “es un acto administrativo que puede tener un impacto de afectación directa sobre el territorio colectivo de los distintos pueblos allí establecidos

“Por lo tanto, “Cualquier medida que pueda modificar las condiciones ambientales del territorio debe ser sometida a un proceso de consulta previa, ya que afecta los derechos e intereses de estas comunidades”, puntualiza.

La reconstrucción de Mocoa también entra en debate

El reclamo por la consulta previa también ha alcanzado al proceso de reconstrucción de Mocoa, capital del departamento, cuyo proyecto de vivienda ha estado paralizado por más de ocho años tras la tragedia de 2017 y hoy, gracias a la labor que ha desarrollado la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo, se logró destrabar y se busca completar las 909 viviendas inicialmente proyectadas.

Sectores sociales insisten en que esta obra también requiere consulta previa, ya que podría afectar la vida y el entorno de comunidades indígenas ubicadas tanto en el casco urbano como en las zonas rurales de Mocoa.

Llamado al diálogo

Ante la creciente división, se hace urgente la apertura de un diálogo amplio e incluyente que permita conciliar posturas y garantizar que tanto la protección ambiental como el desarrollo regional se realicen con pleno respeto por los derechos de las comunidades. El futuro de Putumayo y de su capital Mocoa depende, en gran medida, de encontrar un equilibrio entre conservación y desarrollo.

Nota recomendada: Bogotá no está caminando segura

Los días 14 y 15 de mayo se llevó a cabo la 2° sesión de la Mesa Humanitaria de Caquetá en la ciudad de Bogotá, con la participación conjunta de la Red de Derechos Humanos de Putumayo. El objetivo del encuentro fue la reiteración en el llamado humanitario de urgencia de las organizaciones a la institucionalidad pública, frente al riesgo inminente por las constantes arremetidas de los grupos armados al tejido social organizativo en estos territorios.

Durante esta gira de incidencia, se trabajó en el desarrollo de las agendas ambientales, agrarias y sociales impulsadas por las organizaciones sociales que buscan movilizar al actual gobierno. Allí se hizo un llamado al cumplimiento y seguimiento de los compromisos previos, ante la grave situación de riesgo y vulneración de los DD.HH y ambientales en estos territorios, y particularmente el riesgo inminente que afronta el tejido organizativo y los procesos sociales, comunales, ambientales, campesinos, firmantes de paz y de mujeres en estos territorios.

Los voceros de las organizaciones sociales partícipes en el espacio, señalaron la falta de respuesta por parte de la institucionalidad, con énfasis en la incapacidad de los funcionarios públicos a nivel regional. La realización de reiterados escenarios de exigibilidad de sus derechos no han sido suficientes, ni han brindado las garantías de seguridad para la continuación del ejercicio de sus liderazgos.

En los escenarios propuestos por las organizaciones, se ha visibilizado el incremento de los hechos victimizantes y las amenazas directas contra las organizaciones sociales. En los casos de ASOJUNTAS de Cartagena del Chaira y COORDOSAC, se ha denunciado el riesgo inminente en contra de la participación de la organizaciones en zonas del departamento y el ejercicio de sus liderazgos.

Entre los hechos victimizantes, se registran 2 masacres en los departamentos en lo corrido del 2024 y el homicidio selectivo de 7 líderes y lideresas. El caso de Ludivia Galindez, presidenta de ASOJUNTAS del municipio de La Montañita, continúa siendo un reclamo de las organizaciones hacia las autoridades públicas y al actor armado en el territorio, ante la falta de esclarecimiento, celeridad en las investigaciones y el impacto que este hecho ha traído consigo en las comunidades del departamento de Caquetá.

Debido a este panorama, los líderes y lideresas trajeron entre sus propuestas el seguimiento a las solicitudes y compromisos que se han acordado con las instituciones públicas. Hacia la delegación del Estado para la negociación con una de las Disidencias de las FARC-EP, autodenominadas como Estado Mayor Central (EMC), las organizaciones multilaterales garantes y la Defensoría del Pueblo, se exigieron mínimos y alivios humanitarios frente a la escalada de violencia que se vive en sus territorios.

Se hace necesario que lo que se pacte en la mesa nacional de negociación con el EMC se desescale al nivel territorial y se materialicen los acuerdos que se vayan alcanzando. En palabras de las y los voceros: “De no ser así la lucha y el compromiso que hemos mantenido por la paz en el territorio, nos llevará a que nuestro empeño nos cueste la permanencia en el territorio y hasta nuestra vidas”.

A pesar de que el Estado colombiano y las agencias de cooperación internacional han intentado continuar con la implementación de acciones por las transformaciones sociales territoriales, estas se han visto limitadas o cooptadas por los actores armados. Son varias las acciones y propuestas que han acompañado los liderazgos en el territorio; la sustracción de áreas de reservas forestales que ya se encuentran ocupadas, estrategías hacia la no estigmatización y persecución al campesinado por la deforestación del territorio y el hacer efectivo el cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz, sobre la Reforma Rural Integral (RRI).

En el espacio de diálogo abierto con el Ministerio de Ambiente y Agricultura, se presentaron los interrogantes frente a estos temas, “¿Qué herramientas se han construido para el acceso a la información a las comunidades de los procedimientos burocráticos en materia de acceso a tierras en sus territorios? ¿Cómo se va garantizar su participación en espacios como los Comités de Reforma Agraria? ¿Qué garantías se establecerán para el acceso a recursos propuestos por el Estado a los pequeños productores, sin que estos se conviertan en medio extorsivos hacia las arcas de los actores armados?”.

Se mantienen estas preguntas y la incertidumbre de las organizaciones posterior a estos estos espacios de incidencia. Sin embargo, pese a que el panorama es poco alentador continúan los compromisos, tanto por parte de las organizaciones y la institucionalidad pública por continuar los espacios de exigibilidad de derechos, solicitudes y compromisos. Esperamos que sea una respuesta real y efectiva para que la defensa de la naturaleza y los derechos no cueste la vida.

Más de 19.000 personas –920 de manera presencial y otras 18.370 a través de nuestras redes sociales–, presenciaron los conversatorios, realizados con el apoyo de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM Colombia), y conocieron las propuestas de gobierno de 43 candidatos a las alcaldías de estos municipios.

La creación de un impuesto ambiental en San José del Guaviare, para garantizar que las comunidades cuiden y preserven los bosques; la reconversión de la ganadería extensiva en ganadería sostenible y la implementación de sistemas silvopastoriles, en El Retorno; un programa de capacitación y fortalecimiento de la gobernanza forestal como estrategia de contención de los crímenes ambientales.

Así mismo, en Miraflores; la ampliación de las rutas de recolección de residuos sólidos y un programa para fomentar el reciclaje en zonas rurales, en San Vicente del Caguán; proyectos de turismo sostenible, en Calamar; un programa de sustitución de leña por energías de transición, bonos de carbono e incentivos tributarios para no deforestar, en Puerto Rico; el reconocimiento del río Caguán como fuente de protección y una planta de tratamiento de aguas residuales,en Carta gena del Chairá, son algunas de las propuestas planteadas por los 43 candidatos que participaron en los debates.

De otra parte, la necesidad de articulación entre las diferentes instituciones a nivel local, regional y nacional; así como el permanente apoyo internacional, fueron algunos de los temas que de manera reiterada plantearon los candidatos.

La realización del “Gran Debate Ambiental de IRI-Colombia por la Amazonia” en cada uno de los municipios donde la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales hace presencia, forma parte de la estrategia de incidencia que busca promover la creación e implementación de leyes, programas y políticas públicas que contribuyan con la protección de los bosques, la contención de la deforestación y de la pérdida de biodiversidad, la mitigación del cambio climático y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que habitan los bosques.

Como resultado de esta serie de debates, 37 candidatos a las alcaldías firmaron el acuerdo programático propuesto por IRIColombia y se comprometieron a, una vez elegidos, hacer de la protección de los
bosques amazónicos un prioridad ética y política; formular e implementar programas y proyectos orientados a restaurar el ecosistema amazónico, preservar los bosques amazónicos y las fuentes hídricas, reducir la deforestación y garantizar los derechos humanos de sus comunidades en
un marco de equidad y justicia ambiental.

La jornada pedagógica, celebrada en el Centro Pastoral La Consolata de Puerto Leguízamo, fue una oportunidad invaluable para adquirir herramientas conceptuales sobre el cambio climático y sus impactos, reflexionar sobre las tendencias de la deforestación y evaluar cómo afecta negativamente tanto a sus territorios como al cumplimiento efectivo de los derechos humanos.

Por otra parte, el diálogo interreligioso, cimiento de las actividades de IRI-Colombia, fue un pilar fundamental en el conversatorio “Fe, espiritualidad y restauración de los bosques tropicales”.

En este, importantes representantes de diversas iglesias, como monseñor Joaquín Güiza, obispo del Vicariato Puerto Leguízamo-Solano; el pastor de la iglesia Bautista y miembro del Consejo Asesor de IRI-Colombia, Édgar Castaño; y el pastor de la iglesia cuadrangular y coordinador de IRI-Puerto Leguízamo, Miguel Antonio Varón se unieron para debatir sobre cómo la fe y la ciencia pueden converger en una herramienta esencial para detener el cambio climático, y el papel crucial de la acción pastoral en la contención de la deforestación y la restauración de la Amazonia.

La jornada fue de aprendizaje pero también de acción. Inspirados por la importancia de proteger los bosques tropicales, los líderes identificaron las consecuencias del cambio climático y formularon propuestas para enfrentar este fenómeno.

Así mismo, se comprometieron a implementar medidas concretas para contrarrestar los efectos del cambio climático en sus territorios, como
un paso fundamental en la ruta hacia la preservación de la Amazonia y la mejora de la calidad de vida de quienes la habitan.

El 36.3% de los proyectos PDET implementados en las subregiones Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, y Putumayo están destinados al Pilar 2 “Infraestructura y Adecuación de Tierras”. En total 634 proyectos fueron la respuesta de la La Agencia Presidencial de Renovación del Territorio  (ART) a una serie de iniciativas de las comunidades, un número muy superior, por ejemplo, a los 49 proyectos del Pilar 3 “Salud Rural”; según los datos obtenidos a corte de enero de 2023 por la Asociación Ambiente y Sociedad.

El Pilar 2 “Infraestructura y Adecuación de Tierras” tiene como objetivos primordiales brindar infraestructura física para el desarrollo de las zonas rurales, entendida como vías, conexiones de energía, e infraestructura productiva, de riego y drenaje. Desde esta perspectiva, el pilar es clave para el desarrollo de la región, especialmente de la productividad; sin embargo, pese al gran número de proyectos implementados, la situación no es tan alentadora.

En la revisión detallada de iniciativas encontramos que la interpretación que hace la ART del Pilar 2 olvida los enfoques diferenciales, propios del Acuerdo Final de Paz y del PDET, así como el componente de adecuación de tierras. Esto se suma a lo ya denunciado antes por la Asociación Ambiente y Sociedad sobre las irregularidades en las cifras de implementación.

En este caso, la respuesta de la ART se enfocó en impulsar las acciones para mejorar y fortalecer el sistema vial, brindando contratos a diestra y siniestra, olvidando la finalidad real del PDET: consolidar condiciones de transformación de los territorios más impactados por el conflicto armado. Las comunidades ya han advertido sobrecostos, desvío de recursos y pérdida del enfoque en la implementación de la RRI.  A pesar de eso, la ruta parece seguir por el mismo camino.

Dejaron botadas las obras

El proyecto No. 20201301011152 fue la respuesta de la ART a la iniciativa 1186571179514 donde se dispuso la construcción de 10 puentes vehiculares en inspecciones del municipio de Puerto Guzmán-Putumayo, a cargo del contratista VÍAS PUTUMAYO 2020. Uno de esos 10 puentes se tendría que haber ubicado en la vereda La Delicia, Inspección de José María, permitiendo el paso vehicular sobre la quebrada Caño Avena.

Este proyecto tiene como origen recursos provenientes del Sistema General de Regalías y se enmarca en el Pilar 2 “infraestructura y adecuación de tierras”. Ahora bien, pese a que el dinero fue girado, la construcción del puente no avanzó. La comunidad de la vereda La Delicia denuncia que la obra ha sido abandonada, así lo manifiesta un líder de la vereda: “En la vereda La Delicia hace más de un año se inició la construcción del puente en la quebrada Caño Avena, donde se hicieron unas columnas e hicieron un puente alterno mientras se terminaba la obra. A la fecha de hoy ya no hay paso. (…) Y nos preocupa porque el otro puente ya se cayó, se pudrió, la gente ya no se puede movilizar y es una vía que conecta con todo el municipio”.

Se les olvidó la inversión en adecuación de tierras

Caquetá y Putumayo han sido dos departamentos que han padecido los rigores del invierno en Colombia. Es muy común escuchar y ver las noticias que hablan sobre las afectaciones a cultivos. En el 2022 las autoridades municipales de 9 de los 13 municipios del departamento del Putumayo manifestaron la calamidad pública en sus territorios por las emergencias generadas por las lluvias, además de los reportes entregados por los organismos de socorro, donde se evidenció que las inundaciones provocadas por las fuentes hídricas arrasaron con 3.000 hectáreas de cultivos de pancoger.

Ahora, pese a que el PDET contempla tomar medidas al respecto, no ha habido inversión para la adecuación de tierras en los departamentos del Caquetá y el Putumayo. Así se pudo determinar a partir de la revisión de  la base de datos de la ART.

Infraestructura que debilitan el tejido organizativo

En el análisis realizado por la Coordinadora de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (COORDOSAC) de la implementación de 6 obras del programa PDET-ART, se encontró que la implementación del PDET en estos territorios ha conllevado a un gran desgaste organizativo y en algunos casos, malversación de recursos por parte de los consorcios implementadores.

Según COORDOSAC en la implementación de la estrategia PDET-ART se presentan grandes obstáculos para el acceso a la información por parte de las comunidades, existen cargas desbalanceadas cuando son las JAC quienes implementan las obras y los consorcios no implementan realmente el componente de fortalecimiento organizativo, ejemplo de esto es que las comunidades calificaron como 36,4% insuficiente y 18,2% deficiente el componente de fortalecimiento de capacidades, que era central en la implementación del programa.

Así mismo, el estudio encontró casos en donde los consorcios implementadores, que funcionan como intermediarios del Fondo Colombia en Paz para habilitar la implementación de las obras, no pagaron a tiempo a las comunidades, en algunos casos pasaron más de 2 años para que se les cancelara la totalidad de la obra, debilitando las finanzas de las organizaciones.

Proyectos que desconocen el componente del enfoque de género

¿Cómo incorporar los intereses de las mujeres en la implementación del Pilar 2 en los departamentos del Caquetá y el Putumayo? La ART dispuso la necesidad de llevar a cabo acciones que faciliten “el acceso a la infraestructura y a los medios productivos para el desarrollo de actividades sociales, económicas y culturales de las mujeres rurales”. No obstante, en los departamentos del Caquetá y el Putumayo se encontró que las cerca de 32 iniciativas que giraban en torno a la garantía de acceso a las mujeres a la infraestructura y adecuación de tierras, no obtuvieron una respuesta clara. En términos generales, en este pilar no se encontró ningún proyecto dedicado a la mujer rural en los departamentos del Caquetá, Algeciras – Huila y el Putumayo.

Adicionalmente, pese a que muchas iniciativas plantean enfoques diferenciales, las obras no permiten medir el impacto en estos términos. Ejemplo de esto es la iniciativa 618205292911 en el municipio de Curillo que describe la necesidad de mejorar las vías terciarias rurales facilitando la transitabilidad de la comunidad campesina, PNIS, Víctimas del conflicto armado, mujeres y afrocolombianos con sus respectivos productos e insumos agropecuarios. La respuesta de la ART fue trazar un proyecto que mejore las vías terciarias en los municipios PDET, en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional. La descripción de este proyecto no permite determinar en qué medida la vía ha repercutido en mayor flujo de productos e insumos de estas comunidades, pues no hay un indicador que permita medir el impacto diferencial.

Proyectos que no responden a las iniciativas

En los Planes de Acción para la Transformación Regional-PATR de la subregión Putumayo y la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño se propusieron iniciativas para construir o mejorar la conectividad aérea entre regiones. Así quedó determinado por las iniciativas 1186568253771 y 0618001337966 que buscaban respectivamente realizar estudios y diseños para viabilizar la construcción y/o implementación de un aeropuerto internacional en el departamento del Putumayo; además de realizar estudios, diseños y mejoramiento del aeródromo en Araracuara, ubicado en el departamento del Caquetá. La única respuesta en este sentido fue la construcción de cerramiento perimetral para el aeropuerto Caucayá en Puerto Leguízamo, una medida muy por debajo de las expectativas.

Segundo, uno de los objetivos del PATR en el departamento del Putumayo era, originalmente, gestionar tecnología (conectividad) que permitiera integrar y comunicar las regiones, mejorando el acceso a los servicios. Esto pretendía alinearse con el objetivo general del Pilar 2 que buscaba “infraestructura física básica para aumentar la productividad (vías, conexión a energía y a internet)”, de tal forma que se impulsara la economía agrícola mejorando la transformación y comercialización.

En la práctica esto no sucedió, pues los únicos proyectos de conectividad a internet del Pilar 2 se destinaron a obras en centros educativos que, si bien son importantes, se relacionan más con el pilar de educación que con el objetivo de mejorar las condiciones de productividad y comunicación.

En conclusión, pese a que la mayor inversión se realizó en infraestructura vial, este no ha sido garantía de cumplimiento para las comunidades. Hechos similares han denunciado organizaciones sociales en Caquetá y Putumayo con proyectos de energía fotovoltaica con cuestionamientos y retrasos y casos de demoras en el pago a comunidades que han implementado obras.

Pese a que la infraestructura vial, y quizás no tanto la adecuación de tierras, se convirtió en la punta de lanza del desarrollo, esto ha generado una preocupación sobre la idea de desarrollo local, pues las otras dimensiones que se ven representadas en los pilares han quedado supeditados al paradigma del enfoque infraestructural. Olvidando, como menciona Martha Nussbaum, que “la calidad de vida de las personas son plurales y cualitativamente distintos: la salud, la integridad física, la educación y otros aspectos de las vidas individuales no pueden ser reducidos a una métrica única sin distorsionarse”.

Los datos recopilados permiten concluir que existe un gran margen entre los pilares. Esta desproporción deja prever que en la cima de importancia e inversión se encuentra la infraestructura (634 proyectos), educación rural y primera infancia rural ñ (408 proyectos), reactivación económica y producción agropecuaria (277 proyectos), vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural (225 proyectos), reconciliación, convivencia y construcción de paz (158 proyectos), ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo (74 proyectos), sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación (49 proyectos) y, por último, salud rural (49 proyectos).

Así las cosas, la implementación del Pilar 2 deja entrever que el PDET no avanza como se esperaba y que, en algunos casos, su implementación ha sido motivado más por el interés de llenar de pavimento la paz… pavimento que ya muestra serias grietas.

Bibliografía:

Martha Nussbaum, Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. 2021.

En el análisis de los avances en la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los departamentos de Caquetá y Putumayo, evidenciamos obras implementadas en departamentos distintos, pérdida del enfoque étnico, de género, comunitario y territorial, y valores distintos para los mismos proyectos; así como el cumplimiento parcial de las iniciativas con proyectos que abarcan sólo parte de lo que las comunidades propusieron. También encontramos casos en donde los mismos beneficiarios se repiten en más de cinco proyectos, los cuales no concuerdan con las iniciativas. Estos son algunos de los hallazgos que nos muestran que, quizás, el PDET no va como lo pintan.

Las subregiones PDET Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño y PDET Putumayo tienen un aproximado a 6.550 iniciativas, 3.438 en Putumayo y 3.112 en Caquetá y Algeciras, Huila. De acuerdo con la base de datos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se han cumplido con 4.964 iniciativas a enero del 2023, mientras 1.367 se encuentran en preparación. Según los datos de la ART, a enero del 2023 se habría implementado el 75.7% de estos PDET, una cifra ciertamente alentadora.

Pese a este panorama, organizaciones sociales del Caquetá y Putumayo vienen señalando fallas en el funcionamiento del PDET. Para algunos, este instrumento se ha convertido en “nuestra desilusión”, así lo afirmó Farid Murcia, miembro del grupo motor del Municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, durante el conversatorio sobre posibilidades para la participación comunitaria en los PDET, desarrollado el 25 de abril del 2023.

Una de las causas de la desilusión son por lo menos cinco incongruencias en el reporte de implementación. A continuación se presentan algunos ejemplos:

1. Información errada:

Durante el proceso participativo de formulación de las iniciativas en el PDET Putumayo, las comunidades plantearon la necesidad de resolver la titulación de baldíos en un radio de 2.500 mts alrededor de áreas de explotación de recursos no renovables en Villagarzón, Putumayo. Paradójicamente, esta iniciativa se da por cumplida con un proyecto financiado por una alianza público-privada sobre regularización de baldíos en el municipio de Cantagallo, Bolívar.

Lo mismo sucede con cuatro obras que se realizaron en el municipio de Puerto Rico, Meta y que reportan en el cumplimiento del PDET de Cuenca Caguán y Piedemonte Caqueteña.

2. Proyectos distintos para los mismos beneficiarios

En el municipio de Puerto Asís existen siete proyectos que tienen diferente identificación, pero atienden a los mismo beneficiarios y objeto: dotar e instalar 207 sistemas fotovoltaicos en las comunidades indígenas Ksxa´w Nasa (40 familias); Kwe´sx Kiwe Ksxa´w (67 familias);  Yu´Luucx (64 familias); Kiwnas Cxhab (100 familias); Sa´t Tama (19 familias); Nasa Cxhab (31 familias); Nasa Fxiw (32 familias).

Los proyectos 30970, 30971, 30972, 30973 y 30977 por un valor de $78.546.210 cada uno, buscan el objetivo arriba mencionado. Por su parte, el proyecto 20191301010137 financiado con recursos del Sistema General de Regalías, por un monto de $19.080.294.357, busca la instalación de sistemas fotovoltaicos en el departamento e incluye, entre otros, también a estos mismos beneficiarios. Como si fuera poco, el proyecto con identificación 33021 tiene el mismo objeto, por un valor de $48.336.109.

Es decir, parece que para la instalación de 207 paneles solares se hubieran implementado siete proyectos diferentes, seis de ellos destinados exclusivamente a ello y un proyecto macro en donde se incluye esta iniciativa. No es claro en este caso, la destinación específica de cada proyecto.

3. El mismo proyecto con valores distintos

En el seguimiento realizado por la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) hemos encontrado proyectos que, entre una y otra base de datos, cambian de valor, por ejemplo con la base de datos de obras implementadas en marzo del 2022, el proyecto 30773, relacionado con el fortalecimiento comunitario para el mejoramiento de la vía que conduce a la vereda El Loro 1 en Valle del Guamuez; costó $218.662.699. Luego, el mismo proyecto en la base de datos remitida en enero del 2023, tuvo un costo de  $327.673.235.

Caso similar es el de la iniciativa 18206 que tiene como objeto el “Fortalecimiento social y comunitario mediante la adecuación de una caseta comunal en la vereda la Cabaña del municipio de Puerto Asís Putumayo”, la cual, según base de datos del 2022, fue implementada por Fundación Panamericana Para el Desarrollo FUPAD por un valor de $31.599.784; mientras en la base de datos del 2023 aparece como ejecutada por la Unión Temporal Guanga por un valor de $55.382.071.

Lo mismo sucede con varios proyectos que cambian de valor, a pesar que se reportan como obras implementadas en el 2022. En este caso, cabría la posibilidad de adiciones presupuestales a último momento o luego de la implementación, lo que genera dudas sobre los mecanismos de verificación y control.

4. Proyectos que desconocen el componente territorial y participativo de las comunidades

En el departamento del Caquetá se han encontrado proyectos que desconocen la complejidad de las iniciativas propuestas por las comunidades. Un ejemplo es la iniciativa 618610303970 del municipio de San José del Fragua, en este caso la descripción busca la implementación de tecnologías que permitan mejorar las líneas productivas del municipio como el sector frutero, cárnico, panelero, del caucho, los granos, entre otros. Sin embargo, la respuesta de la ART fue un proyecto para el mejoramiento de la competitividad de 1.400 productores de leche en el departamento del Caquetá.

En este mismo sentido, identificamos cerca de 35 iniciativas que, en su transformación en proyectos, limitaron el enfoque étnico, de género y comunitario, pues, aunque tengan una relación mínima con la iniciativa, se asocia a su cumplimiento.

En efecto, existe una inversión muy importante en proyectos que no responden a la complejidad de las descripciones de las iniciativas, evidenciando una respuesta no integral por parte de la ART. Aquí se evidencia que la ART no tiene mecanismos para una comprensión amplia de las iniciativas, ni herramientas que le permitan  medir el impacto sobre iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de las poblaciones, desde una perspectiva cualitativa.

5. Proyectos que desconocen el enfoque étnico

Ejemplo del desconocimiento del enfoque étnico es el proyecto 40683, que responde a la iniciativa 1186320215151 del municipio de Orito. En este caso, el proyecto busca fortalecer la línea productiva de caña de azúcar, sin que ello implique atender  los usos y costumbres de la comunidades indígenas Embera Chamí , Nasa, Awá, Pastos, Siona, Kofan, Pijao, Kamentsa, Yanaconas y las comunidades Afro, como lo propone la iniciativa. De esta forma, se borra de un tajo el enfoque étnico en la implementación.

Lo mismo sucede con el caso del proyecto que busca fortalecer la competitividad de 1.400 productores que integran el sector lácteo, pues se asocia al cumplimiento de la iniciativa 618094296794 del municipio de Belén de los Andaquíes, en donde se busca fortalecer el valor nutricional de las familias de la comunidad del Resguardo Indígena La Cerinda.

En este caso se evidencia la unión de dos falencias, un proyecto que no tiene relación con la iniciativa y el desconocimiento del enfoque étnico en la implementación.

Así las cosas, las cuentas no cuadran…

Estos posibles hallazgos plantean serias dudas sobre las cifras de implementación del PDET en los departamentos de Caquetá y Putumayo. De hecho, intentamos crear una herramienta de seguimiento a este instrumento, pero simplemente no fue posible. Las comunidades en la práctica se ven relegadas al rol de observadores o beneficiarios; en algunos casos, se quedan con sus denuncias de desviación de recursos e incumplimientos, sin que nada pase.

Como antes lo ha señalado la Asociación Ambiente y Sociedad, la participación de las comunidades es limitada, pues no existen herramientas de verificación de cumplimiento de las iniciativas, las organizaciones por lo general no conocen los contratos o convenios, menos si estos son privados, de cooperación o de obras por impuestos.

Así las cosas, la información disponible de proyectos y cumplimiento de iniciativas no permite hacer un balance real del avance en la implementación del PDET, lo que, sumado a las falencias en el reporte deja entrever que el PDET no va como lo pintan.

A la reunión acudieron la alcaldesa de Curillo, Maria Edith Rivera Bermeo; la secretaria de gobierno, Jazmín López Pérez; y el coordinador de Juntas de Acción Comunal, Gregorio Antonio Díaz; con quienes además se discutió la creación de un decreto que apruebe un plan ambiental y pastoral para la Mesa de Libertad Religiosa del municipio.

Adicionalmente, la Iniciativa tiene planeado instalar durante el segundo semestre de 2023, un capítulo urbano en Orito y dos rurales en las veredas Las Malvinas y Lusitania, en Putumayo. Con estas propuestas, IRI-Colombia contaría con 46 capítulos locales ubicados en los municipios de la Amazonia con las  mayores tasas de deforestación.