Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Caminar, para el pueblo awá, es una forma de aprender el mundo. Andar su territorio —dicen— es la única manera de conocerlo de verdad. “Al caminar se cuentan historias de la cultura y eso para nosotros es mejor que estar detrás del escritorio en una oficina”, explica Yuri Caicedo. Alguna vez, un mayor se lo dijo con claridad a un biólogo: si quería conocer al pueblo awá, tenía que “batir barro”, es decir, internarse por caminos donde no llegan los vehículos, atravesar suelos húmedos que se vuelven barrizales y aceptar que el conocimiento también implica ensuciarse.

Así se entiende la vida en la Reserva Natural La Planada, ubicada en el municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño. Esta área protegida al sur de Colombia es gestionada desde 2010 por el Resguardo Indígena Awá Pialapí Pueblo Viejo. Allí, bajo la dirección de Caicedo, recorrer el territorio sigue siendo la base para cuidar la selva.

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De esos recorridos surgieron, precisamente, los investigadores awá: un grupo de 18 mujeres y hombres —de entre 24 y 70 años— capacitados no solo para guiar visitas de turismo científico en la reserva, sino también para liderar procesos de educación ambiental en escuelas locales y colaborar en proyectos de investigación junto a universidades, organizaciones e investigadores independientes.

El grupo nació en 2021 cuando los conocimientos ancestrales del pueblo awá comenzaron a dialogar con la investigación científica de la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt.

“Fue un proceso de entrar en confianza y conversación entre investigadores locales e investigadores científicos; lo que se plantea es que todos los actores del proyecto aprendan el uno del otro”, dice Caicedo. “Ayudó mucho caminar en los diferentes senderos de la reserva, conocer e identificar plantas y animales; fue una formación en doble vía para lograr esa participación entre lo científico y lo ancestral”.

Así, la Universidad de Nariño aportó herramientas de monitoreo biológico; el Instituto Humboldt, enfoques sobre turismo, mapeo y dinámicas socioecológicas; y el resguardo, el conocimiento tradicional y su relación profunda con la naturaleza de la región.

“Los investigadores fueron seleccionados por asamblea general, cada uno según sus distintas habilidades y gustos, y se vincularon a cinco diferentes grupos biológicos: aves, mariposas, plantas útiles, plantas epífitas vasculares y anfibios y reptiles”, describe Caicedo.

Una reserva para la investigación

La Reserva Natural La Planada se encuentra en un paisaje oculto entre nubes bajas. Enclavada en las montañas del suroccidente colombiano, esta área protegida despliega 3200 hectáreas de bosque de niebla ubicado entre los 1200 y 2300 metros sobre el nivel del mar, en la vertiente pacífica de los Andes. Es territorio del pueblo awá, que se nombra a sí mismo Inkal Awá, “gente de montaña”.

Aquí, la selva no es solo un entorno: es Katsa Su, la “casa grande”, un espacio vivo donde la comunidad habita en relación con los ciclos naturales y los espíritus del territorio.

Ubicada en un punto estratégico del corredor biológico Chocó-Darién, la reserva se ha consolidado como un sitio clave para el flujo e intercambio de especies entre Norte y Suramérica. Esa posición privilegiada explica su extraordinaria biodiversidad: datos del Sistema de Información de Biodiversidad (SiB) Colombia —resultado de un proceso de organización y sistematización de registros biológicos, literatura y monitoreos realizados junto a investigadores awá y la Universidad de Nariño— indican que en la zona se han registrado al menos 2144 especies de flora y fauna. Esto representa el 21 % de las especies reportadas para el departamento de Nariño y el 2.8 % del total nacional.

En La Planada habitan más de 400 especies de aves, equivalentes al 23 % de las registradas en Colombia. Entre las más destacadas, se encuentran el terlaque de Nariño (Andigena laminirostris) y una amplia variedad de tangaras.

Además, se registraron 324 especies de mariposas diurnas, 57 anfibios, 25 reptiles y al menos 24 especies de mamíferos, entre ellas el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el puma (Puma concolor), el kinkajú  (Potos flavus) -también llamado tejón- y el mono aullador de manto (Alouatta palliata).

La riqueza vegetal también es excepcional: se han identificado más de 1000 especies de plantas, incluidas más de 300 variedades de orquídeas. Esta abundancia le valió una de sus descripciones más emblemáticas: en 1991, el botánico Alwyn Gentry la denominó “el imperio supremo de las epífitas”, en alusión a la impresionante presencia de estas plantas que crecen sobre los árboles.

“Nuestros ancestros han sido científicos de naturaleza porque han convivido en medio de la flora y la fauna”, dice Irene Caicedo Guanga, investigadora awá sobre plantas epífitas. “Con la parte científica occidental pudimos reforzar nuestros conocimientos; yo creía, según mi conocimiento ancestral, que solo existían las orquídeas grandes, pero aprendí que hay orquídeas diminutas que no se pueden observar a simple vista”.

Según el SiB, dadas las condiciones ecológicas y evolutivas de la reserva, esta alberga 112 especies endémicas para el país. Dentro de ellas se registran 107 plantas, cinco animales y 29 especies migratorias. Igualmente, la reserva alberga 50 especies con alguna categoría de amenaza, como la rana venenosa de La Planada (Paruwrobates andinus), en peligro crítico de extinción.

“Aquí no se colecta”

En 2023, los investigadores awá publicaron sus hallazgos junto a la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt. Esta información se recopiló a través del intercambio entre participantes de talleres y actividades de documentación y caracterización de la reserva, así como en el diálogo de intereses, perspectivas y características del vivir de los awá.

“Desde mi experiencia como investigadora awá el proyecto ha sido un éxito porque desde nuestra ancestralidad hemos podido compartir con los científicos de la academia occidental a través del proyecto de turismo científico”, agrega Caicedo Guanga.

Uno de los ejercicios participativos con investigadores awá permitió identificar 95 especies clave en la Reserva Natural La Planada —61 plantas y 34 animales—, valoradas no solo por su utilidad, sino también por su vínculo cultural, espiritual y cotidiano con la comunidad.

Los resultados revelaron un dato alarmante: al menos 34 de estas especies han disminuido drásticamente o desaparecido en otras zonas del territorio awá debido a la deforestación y la degradación ambiental. En este contexto, la reserva ha funcionado como un refugio vital, al albergar de forma exclusiva 41 de estas especies. Entre los casos más representativos está el palmito (Prestoea acuminata), un alimento tradicional que hoy casi ha desaparecido fuera de la reserva.

“Los recorridos son bastante importantes”, dice Germán Libardo Ortiz Nastacuas, investigador awá de plantas útiles. A sus 58 años y con tres décadas de experiencia como guía, recuerda especialmente la primera vez que explicó la importancia del palmito: “Recuerdo tanto la primera vez que explicaba la importancia del palmito, que es un alimento tradicional para nosotros los awá y los campesinos mestizos en Ricaurte, y que también es una planta que sirve para hacer los techos de las chozas”.

Para él, estos espacios tienen un valor que trasciende la enseñanza. “A nosotros nos queda la satisfacción de haber explicado, compartido y que otros aprendan, que no se quede ahí el conocimiento y se pierda el saber nuestro, sino que otras personas también sepan qué tanta importancia tiene la Prestoea acuminata”, comenta.

El grupo de la Universidad de Nariño y del Resguardo Indígena Awá Pialapí Pueblo Viejo desarrolló extensas jornadas de campo, en las que identificaban especie por especie en cada punto del territorio. Durante dos años recorrieron la zona con libreta en mano, documentando cada hallazgo.

“Todos iban adquiriendo conocimiento, tanto práctico como teórico, sobre las aves y las plantas, sus nombres científicos y comunes, mientras iban seleccionando y colectando información en sus libretas”, explica Yuri Caicedo.

Históricamente, la reserva se ha consolidado como un referente de investigación a nivel nacional e internacional, con más de un centenar de estudios sobre la biodiversidad que han aportado información clave de todos los grupos biológicos. Sin embargo, en los últimos años, la formación de investigadores awá en ámbitos biológicos, ambientales y socioculturales ha marcado un nuevo rumbo.

Este proceso ha impulsado líneas de investigación prioritarias, ampliando el enfoque hacia temas como el manejo de recursos —incluyendo energías limpias, sistemas de agua y gestión de residuos—, la construcción de una política de manejo de fauna, así como áreas emergentes como la bioacústica, la gastrobotánica, el monitoreo comunitario y la recuperación de la lengua y las expresiones culturales del pueblo awá.

Así, la reserva y sus investigadores se convirtieron en los primeros actores comunitarios en publicar datos en el SiB de Colombia, abriendo un camino inédito para que las comunidades locales participen activamente en la construcción, publicación y difusión del conocimiento científico.

Bajo el mandato del pueblo Awá, este territorio ha sido declarado tangán de la biodiversidad. Este concepto cobra especial significado al entender su origen: en la vida cotidiana awá, el tangán es un espacio dentro de las cocinas familiares donde se resguardan y conservan elementos esenciales.

Esa visión redefine las reglas de la reserva: en La Planada no se permite la caza —ni siquiera para subsistencia—, tampoco derribar vegetación ni la colecta científica que implique sacrificar animales. La decisión marca un punto de inflexión en la investigación biológica en Colombia, al anteponer la ética y la espiritualidad a las prácticas occidentales de estudio.

“Como expertos de su territorio, nos enseñaron a entrar en su dinámica y sus normas, a conocer la parte espiritual y todo lo que los mayores recomiendan”, dice Andrés Felipe SantoDomingo, investigador en ciencia participativa y enfoque biocultural del Instituto Humboldt. “Dentro de eso, una pauta fuerte que tiene la reserva y que los investigadores awá hacían cumplir, es ‘aquí no se colecta’. En este territorio se colectó antes, cuando no pertenecía al resguardo, pero ahora tienen el principio de cuidar la vida en todas sus manifestaciones”.

Turismo científico para la conservación

La Reserva Natural La Planada comenzó su historia a inicios de la década de 1980, impulsada por una fundación civil. Sin embargo, desde 2010 su rumbo cambió: la administración pasó al Resguardo Awá Pialapí Pueblo Viejo. Desde entonces, es la propia comunidad awá la que lidera su manejo y conservación, construyendo alternativas desde el territorio.

A través de un modelo de turismo científico de naturaleza, la reserva se ha abierto a investigadores y visitantes, quienes se integran a una Red de Amigos de La Planada, lo que ha permitido incrementar el conocimiento sobre la biodiversidad y aspectos sociales de la zona.

“Desde el momento que la reserva fue entregada en calidad de donación al pueblo awá, se adquirió el gran compromiso de cuidar igual o mejor que antes. Con grandes desafíos, hemos logrado cumplir ese objetivo”, afirma Caicedo.

Durante décadas, el pueblo awá ha enfrentado las consecuencias del conflicto armado, en un territorio marcado por la violencia y el desplazamiento de varias de sus comunidades. Frente a este contexto, surgió desde las propias comunidades la necesidad de generar alternativas que garantizaran ingresos directos y sostenibles. Así, con el apoyo de la Gobernación de Nariño y el Instituto Humboldt, se impulsó un proyecto que no solo promoviera la investigación y gestión de la biodiversidad, sino que también abriera oportunidades económicas a través del turismo científico.

En este camino, la reserva logró articular a distintos actores —agencias de viajes, universidades y otras instituciones— para consolidar un modelo que combina conservación y experiencia en campo. Como parte de esta apuesta, se diseñaron senderos interpretativos con guiones que orientan a los guías sobre cómo explicar la biodiversidad en cada recorrido, identificando zonas clave según los grupos biológicos. Esto permite que, al recibir visitantes, los recorridos sean más precisos, educativos y conectados con el entorno.

“Hay varios senderos donde ellos lograron identificar, por ejemplo, dónde hay mayor concentración de epífitas o de ranas y lagartos para que, al momento de que lleguen los turistas, puedan llevarlos al lugar indicado”, agrega Caicedo.

Actualmente, el impacto de La Planada trasciende sus propios límites. En el municipio de Ricaurte se ha convertido en un punto de partida: otros resguardos comienzan a replicar su modelo de conservación, delimitando zonas de reserva y desarrollando sus propios procesos de monitoreo de fauna y flora. La experiencia se comparte de mano en mano: investigadores awá viajan a otros territorios para intercambiar conocimientos y capacidades.

El siguiente paso ya está en marcha: llevar a niños y niñas de las escuelas locales a la reserva para que crezcan entendiendo el valor de la biodiversidad que los rodea.

“Nosotros, como awá, nos hemos criado toda la vida con la fauna y la flora, y desde temprana edad nuestros padres nos enseñaron los nombres de cada planta”, concluye Germán Libardo Ortiz Nastacuas. “Los recorridos dentro de la reserva para nosotros son un orgullo porque nos sentimos juntos, dándoles a conocer a los visitantes la importancia de nuestra reserva”.

*Imagen principal: en 2023, los investigadores awá publicar sus hallazgos junto a la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt. Foto: cortesía Banco de Imágenes Ambientales (BIA) / Instituto Humboldt.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El pasado 19 de febrero una noticia sorprendió a los indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, los cuatro pueblos ancestrales que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, un macizo montañoso único en Colombia, aislado de los Andes y el más alto del mundo junto a la costa, con picos que superan los 5700 metros. El Consejo de Estado, uno de los altos tribunales del país, declaró la nulidad del decreto 1500 de 2018, más conocido como el decreto de la Línea Negra.

Esta norma redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas, trazando un límite simbólico y sagrado llamado “Línea Negra” (o Sheshiza, en su cosmovisión), basado en 348 espacios sagrados. Su principal objetivo era proteger el valor espiritual, cultural y ambiental del territorio, regulando el uso de recursos, la consulta previa en decisiones que los afecten y su autonomía en la conservación.

“Para los pueblos indígenas esta decisión significa desconocer un proceso histórico de reivindicación de nuestras culturas y del conocimiento que tienen los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta”, dice José Mario Bolívar, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Wiwa. Por su parte, Jaime Luis Arias, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Kankuamo, asegura que rechazan la decisión y les preocupa porque “la interpretación que hace este tribunal es completamente regresiva en derechos”.

La sentencia del Consejo de Estado, que no puede apelarse, también generó rechazo en sectores sociales y ambientales. Juana Hofman, directora de integración territorial técnica en Amazon Conservation Team (ACT), comenta que la decisión de anular el decreto por razones de forma y no de fondo pone en jaque más que un acto administrativo. “Lo que está en riesgo son los avances en la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la garantía efectiva de la diversidad étnica y cultural y, en un plano más estructural, la coherencia del Estado colombiano como Estado social de derecho que se reconoce pluriétnico y multicultural”.

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Un decreto que incomodó desde el momento de su firma

Los principales argumentos del Consejo de Estado para anular el decreto de la Línea Negra están en que, al momento de ser expedido, no existía cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y no se agotó la consulta previa con otros grupos étnicos que quedaron incluidos dentro del territorio ancestral, entre ellos los pueblos indígenas ette enaka y wayúu, así como varios consejos comunitarios afro.

El alto tribunal también expresó que en 2018 hubo un exceso en la potestad reglamentaria del Presidente, quien interfirió en la autonomía territorial de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y en la de sus municipios.

Se generó tanta polémica que pocos días después de conocerse la sentencia, el presidente Gustavo Petro se pronunció a favor de los pueblos indígenas y propuso la elaboración de una nueva norma. “He convocado la unidad de los pueblos indígenas del corazón del mundo. Los espero masivamente en las playas de Santa Marta, a firmar el nuevo decreto de la Línea Negra que expanda el territorio sagrado de los cuidadores del agua”, dijo el mandatario.

El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el decreto de 2018 un día antes de dejar su cargo, también defendió la norma. “Los pueblos kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo están en riesgo. Preservar la Línea Negra no es un capricho. Es proteger la Sierra Nevada, su riqueza incomparable y su dimensión espiritual. Y es honrar una orden de la Corte Constitucional”, dijo en un video que publicó en la red social X. Dicha orden le pedía al Gobierno Nacional adoptar medidas efectivas para delimitar y proteger el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas.

Jenny Ortiz es coordinadora del Programa Movilización, Derechos Humanos e Interculturalidad del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), fundación colombiana dedicada a la investigación, formación y defensa de los derechos humanos y la paz. Según dice, detrás de la demanda que llevó a la nulidad del decreto hay intereses económicos, ya que la norma funcionaba como una barrera que impedía la entrada de agricultura a gran escala y proyectos extractivos como la minería.

Datos recogidos y procesados por el CINEP, y que fueron obtenidos de la plataforma de la Agencia Nacional de Minería (ANM), muestran que para febrero de 2024 existían 151 títulos mineros vigentes dentro de la Línea Negra, los cuales ocupaban un área de 77 805 hectáreas, aunque la mayoría se encuentran inactivos o en fase de exploración. También había registro de 95 solicitudes mineras en espera de aprobación y que abarcan 74 644 hectáreas.

Precisamente, una de las preocupaciones con la nulidad del decreto es que las presiones mineras, agroindustriales y petroleras aumenten.

Hofman afirma que desde 2018 sectores gremiales y económicos alertaron que la aplicación del decreto “paralizaría el desarrollo” de tres departamentos y que cualquier actividad requeriría consulta previa. Sin embargo, para ella, no se prohibía el desarrollo sino que se establecían reglas de protección y coordinación en un territorio ancestral reconocido. “Lo que incomodaba era el reconocimiento efectivo de límites al extractivismo y a una expansión sin diálogo”, dice.

Jaime Luis Arias comenta que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta son conscientes de que históricamente ha habido intereses por explotar toda la riqueza cultural y ambiental de la zona. “Esta decisión desde luego afecta y crea una incertidumbre jurídica [que favorece] a esos intereses porque este decreto obedecía, precisamente, a una decisión de la Corte Constitucional que orientaba a establecer mecanismos y garantías para la protección del territorio”. Arias agrega que no solo se trata de intereses legales sino que en la Sierra hay minería ilegal y grupos armados que generan afectación a los derechos de los pueblos indígenas.

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Un nuevo decreto viene en camino

Aun en medio del escenario de preocupación, los expertos consideran que la Sierra Nevada de Santa Marta no queda del todo desprotegida. “Cualquier actividad que genere afectación sobre los cuatro pueblos indígenas tiene que pasar por consulta previa”, comenta Hofman.

Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), considera que el territorio ancestral que está fuera de los resguardos, y es parte del polígono conocido como Línea Negra, no queda desprotegido porque el decreto se cayó, pues hay otras figuras legales que lo protegen, como el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia o tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran en constantes reuniones para pensar en un nuevo decreto, aunque José Mario Bolívar dice que tienen claro que una norma no los hace indígenas ni cambia su cosmovisión: para ellos el decreto era “un formalismo para podernos entender en el diálogo y en la convivencia con un pensamiento [occidental] diferente”.

Además, después del apoyo del presidente Petro, los indígenas iniciaron acercamientos con el Gobierno Nacional. El 28 de febrero Gabriel Rondón, viceministro del diálogo social y los derechos humanos del Ministerio del Interior, instaló un espacio de diálogo intercultural para construir colectivamente la ruta hacia un nuevo decreto de protección de la Línea Negra. “El propósito es empezar desde el principio, aclarar dudas y generar una ruta amplia que nos lleve a concertar un nuevo acto administrativo sin las fallas del anterior”, dijo Rondón.

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche del 4 de marzo el inicio de la consulta previa sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta. “Oficialmente declaro iniciado el proceso de consulta a las comunidades étnicas de la Sierra en pos de la Línea Negra”, dijo al cierre de una asamblea donde participó cada uno de los delegados de los pueblos indígenas y afro.

Los gobernadores indígenas le dijeron a Mongabay Latam que esperan que el decreto quede listo en abril. Sin embargo, Bolívar es insistente al afirmar que la nulidad de la norma no cambia para nada la manera en que los indígenas se relacionan con el territorio y sus sitios sagrados. “Siempre hemos sido claros: con o sin decreto nosotros seguiremos defendiendo el territorio de la Línea Negra”, concluye.

*Imagen principal: el decreto de la Línea Negra buscaba proteger más de 300 lugares sagrados de cuatro pueblos indígenas. Foto: cortesía AIDA/Yeny Rodríguez.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Swaka es una palabra en lengua arhuaca que puede traducirse como centro para el pensamiento, un lugar donde se transforma la palabra. De la mano de la familia Durán, perteneciente al pueblo iku o arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, se convirtió en un proyecto que busca generar dinámicas para fortalecer la economía y soberanía alimentaria de su pueblo.

El proyecto inició en 2015, cuando Juan Durán era estudiante de Zootecnia en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Cada vez que volvía a su territorio, le rondaban una serie de ideas. Una de ellas fue la de llevar algunos productos de la Sierra a la ciudad para comercializarlos, sin mucha experiencia y sin un plan concreto.

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Con esa primera vivencia, Durán se dio cuenta de la necesidad de crear un enlace entre el campo y la ciudad. Sin embargo, no podía ser un proyecto productivo más, apoyado por instituciones u organizaciones, que usualmente se limitan a brindar una asistencia temporal. Este proyecto tenía que basarse en una apropiación del conocimiento por parte del pueblo arhuaco.

Swaka, a su vez, nació de la necesidad de recuperar conocimientos acerca de la memoria agrobiológica y agroalimentaria del territorio. Esta necesidad no es menor, pues actualmente gran parte de la dieta de las comunidades de la Sierra se basa en productos adquiridos desde fuera de su comunidad, como el arroz y la pasta. “La iniciativa es ver cómo poco a poco empezamos a disminuir esa dependencia porque ahí también empieza la soberanía”, comenta Juan Durán.

Es por esto que el proyecto tiene varios frentes: educación comunitaria, memoria agroalimentaria, comercialización de productos y recuperación de saberes ancestrales. “De donde yo vengo hay muchas formas de enseñar, desarrolladas a lo largo de milenios, por lo que necesitamos empezar a apropiarlas, para que no vayan a desaparecer», recalca Durán.

Para Margareth Durán Izquierdo, arhuaca, doctora en toxicología, es importante ver cómo se pueden recuperar y salvaguardar saberes para el servicio de la humanidad. No se trata solo de extraer plantas y medicinas sino de entender la dimensión espiritual y social de cada planta.

Dentro de las actividades que han realizado las mujeres y los niños se encuentra el desarrollo de semilleros de plantas medicinales y de plantas en peligro de extinción. Estos procesos se realizan de la mano con la autoridad de la comunidad, el Mamo, quien autoriza la realización de estas actividades por medio de un ritual tradicional.

“Nuestros mayores son muy celosos con el conocimiento y creo que no es por algo en contra de la ciencia, o de este saber, sino que es una respuesta a todo lo que han vivido”, cuenta Margareth Durán. Esta propuesta de Swaka, es, para ella, una invitación a revalorar cómo ha sido considerado el conocimiento tradicional a lo largo de varios siglos.

Un término del que se habla en la academia tradicional es el de la apropiación social del conocimiento. De allí surge la idea de generar nuevas metodologías que integren los conocimientos ancestrales con el trabajo que se desarrolla en las universidades. “La idea no es decir que la mía sí es la definición acertada de desarrollo, sino mirar desde el punto de vista territorial y cultural cómo hacemos para encontrar la convergencia entre estas dos definiciones”, recalca Margareth Durán.

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Un proceso que teje puentes entre la técnica y la cultura indígena

Una de las preocupaciones principales de los estudiantes indígenas en las universidades es cómo ser capaces de aportar a sus comunidades una vez finalizados sus estudios. Esta fue una obligación para Juan Durán, cuando estaba terminando sus estudios en 2016.

Junto con la profesora Adriana Patricia Ramírez, y al también arhuaco Rafael Mindiola, concibieron la idea de generar un proyecto de extensión solidaria. Este proyecto intentó generar una incidencia de la agroacuicultura en los territorios de Juan y Rafael.

Según cuenta la profesora Ramírez, “encontramos que el modelo de sistemas agro acuícolas era el modelo que técnicamente se podía ajustar a ese contexto donde ellos estaban como pequeños productores físicos y se vio que era posible formular un proyecto en la escuela indígena en Jimaín”.

Lo más importante para llegar a trabajar con ellos, según Ramírez, fue entender las dinámicas propias de la comunidad, más que velar por las metodologías de trabajo a implementar. “El escenario ideal es que los habitantes indígenas hagan sus propias investigaciones y sean protagonistas de sus propias experiencias, todos lo hacemos en conjunto para que el resultado sea para ellos y no para mí como profesora», recalca.

A la hora de entender los ritmos y los tiempos de las esferas académica y comunitaria, no siempre se cuenta con una sincronía. Por lo general, en la comunidad se aprecia más la escucha a través del círculo de la palabra (reunión circular en la que las personas se sientan a hablar y a escucharse entre sí), las recomendaciones de los y las guías espirituales, así como la reflexión constante de los procesos. Esto añade un valor a la academia, donde se suelen priorizar los recursos económicos, los calendarios y la ejecución de proyectos para una entrega de resultados.

Para la profesora Ramírez, todos los investigadores deberían hacer una pasantía en la comunidad que quieren estudiar antes de hacer cualquier investigación, pero, afirma, “muchas veces no hay forma de gestionar ni el tiempo para hacer esos círculos de la palabra”.

Una de las alternativas que se plantearon allí fue entender Swaka como un aula viva, en la que estudiantes de la Universidad Nacional, sede La Paz, en Valledupar, pudieran tener un espacio de extensión, tanto para aplicar los saberes aprendidos en la universidad, como para entender de qué manera los saberes indígenas y comunitarios juegan un papel fundamental en el desarrollo de saberes múltiples.

Recorriendo Swaka y recuperando el bosque

Lo primero que hizo la familia Durán con el terreno que dispuso para este centro de pensamiento fue restaurar el ecosistema de bosque seco tropical. Para ello sembraron vara de humo (cordia alliodora), nogal criollo (juglans australis), ceibas (ceiba pentandra), guáimaros (brosimum alicastrum), palmas (lepydocarium tenue & prestoea acuminata) y frutales como mango (mangifera indica) y arazá (eugenia stipitata).

Maku Durán, uno de los guardianes del territorio de Swaka, cuenta que en el lugar hay alrededor de ocho hectáreas de bosque recuperado, mientras que en toda la comunidad de Jimaín, con unas 10 000 hectáreas, hay unas 7000 hectáreas en conservación.

Entre las iniciativas surgidas en Swaka están los proyectos de acuaponía, que es un sistema de producción sostenible que combina la crianza de peces (acuicultura) con el cultivo de plantas sin suelo (hidroponía); la Escuela de árboles que intenta recuperar el bosque seco tropical y la Escuela de Tejido y Teñido que se enfoca en la transformación del algodón criollo (gossypium). Todo el proyecto está acompañado por un grupo de científicos que buscan involucrar los conocimientos ancestrales con los académicos tradicionales.

En este espacio cuentan con 12 estanques de piscicultura que al año pueden producir hasta cinco toneladas de carne de pescado, entre cachamas, tilapias y bocachico. También tienen 26 colmenas de abejas, mientras que en la comunidad, dice Maku Durán, hay alrededor de 2000, lo que alcanza para cubrir la producción de Despensa de la Sierra, la marca que crearon para comercializar los productos en las ciudades. “Hacemos la transformación de los productos para poder generar un mayor retorno de los ingresos, antes dependíamos mucho del sector externo”, comenta Juan Durán.

“Hay muchas familias que producen y hacen trueques. De aquí se llevan el pollo, el pescado, el ayu u hoja de coca (erythroxylum coca), hay familias que ahora se dedican solo al tema de producción de miel. Se trata de dinamizar la comunidad para que pueda circular y que los recursos vuelvan a la comunidad”, secunda Maku Durán. En Swaka, no todo intercambio depende del dinero, lo que puede ayudar a fortalecer el tejido social.

Para Maku Durán, el objetivo de Swaka y Despensa de la Sierra es tener una mejor calidad de vida. Esto no implica que “se vayan a perder la cultura o las tradiciones, queremos transformar las realidades con herramientas para seguir existiendo en nuestro territorio”, recalca.

“En Colombia no somos capaces de innovar a la hora de producir comida, ésta es una de las razones por las que en Swaka se está intentando un enfoque agroalimentario circular. Por ejemplo, los alimentos que se producen allí pueden alimentar a los animales y estos a su vez dejan el excremento que será el abono de las siguientes cosechas”, y añade: “Queramos o no, mantener a la sociedad significa producir comida y alimento, pero esto implica pensar desde qué punto de vista se produce“.

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Para la familia Durán Izquierdo, así como para la comunidad Jimaín y el pueblo arhuaco, hay otros métodos para convivir, para hacer las cosas, en los que se le da privilegio a la enseñanza de otras dinámicas y no solo al dinero. Esa es la manera de ver el mundo que ellos quieren ampliar.

Por su parte, la conclusión de Juan Durán apunta a la recuperación de saberes orales. A raíz de esto surgió el texto Recetario ancestral ilustrado Memoria Agroalimentaria Arhuaca. “Creo que de donde vengo -señala- hay muchas formas de enseñar, relacionadas con la producción sostenible, cuidados de la naturaleza, resolución de conflictos y esas formas que son desarrolladas a lo largo de milenios, necesitamos pasarlas al papel, empezarlas a apropiar para que no vayan a desaparecer”.

Imagen principal: Swaka quiere impulsar el desarrollo científico con un enfoque de respeto hacia el conocimiento tradicional. Foto: Daniel Ricardo Guerra.

El artículo original fue publicado por Daniel Guerra en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Vista desde el aire, la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Las imágenes satelitales muestran cómo esta actividad —tanto ilegal como autorizada— se extiende principalmente por dos de los corredores de conectividad ecológica más importantes del país: el Llanganates-Sangay y el Sangay-Podocarpus. Juntos conectan al menos 30 áreas de conservación municipales, provinciales y privadas, así como otras 12 áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

A lo largo de estos corredores —como lo revela el análisis satelital realizado por Mongabay Latam con datos de la Fundación Ecociencia y Global Forest Watch— se encuentran tres de las áreas protegidas más amenazadas por la minería de oro a cielo abierto en Ecuador: el Parque Nacional Podocarpus, el Parque Nacional Llanganates y el Área Protegida Autónoma Yacuambi. Entre ellas acumulan más del 65 % de las hectáreas impactadas por esa actividad en áreas protegidas amazónicas, una superficie equivalente a más de 86 veces la Plaza de la Independencia, en la ciudad de Quito.

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Esta cifra, sin embargo, no incluye la devastación causada por la exttracción de oro en ríos ni la que se desarrolla en socavones o grutas, como ocurre en la Cordillera del Cóndor. Estas son muy difíciles de medir por los satélites, como lo explica un experto de la Fundación Ecociencia, pero aún así su magnitud es considerable. Lo que sí es posible tener es una fotografía más completa de la deforestación en los dos corredores, donde se realizan actividades como la minería a cielo abierto, la apertura de vías y la tala para distintos fines. La cifra de pérdida de bosque, cuando se consideran en el análisis todas esas amenazas, se dispara a 3336 hectáreas perdidas entre 2001 y 2024, un área equivalente a 4 765 canchas de fútbol profesional juntas o a todo el Parque Metropolitano de Quito.

“Los servicios de conectividad aseguran caudales para el consumo humano y para actividades como la agricultura”, explica Javier Robayo, presidente de la Fundación EcoMinga, que se dedica a proteger zonas de alto endemismo y diversidad biológica en el país y que trabaja en estos corredores. “La minería ilegal —añade— destruye cuerpos de ríos, bosques y comunidades a través de poder económico y mafias, contamina a las personas, su modo de vida, su forma de pensar y de obtener recursos y salir de la pobreza”.

La ausencia de control en esos santuarios naturales, como lo indican los expertos entrevistados, ha promovido también la consolidación de una ruta de ilegalidad a lo largo de los dos corredores ecológicos, dominada por grupos de crimen organizado como Los Lobos y Los Choneros, que pugnan por controlar los núcleos de extracción minera. Así lo confirma el análisis satelital y el mapeo en campo realizado para esta investigación.

Esta es solo una muestra de cómo los delitos ambientales están arrasando ecosistemas sensibles. Si miramos el panorama completo, nuestro análisis geográfico realizado con datos de Global Forest Watch evidencian que en toda la Amazonía ecuatoriana hay al menos 23 áreas protegidas —incluyendo parques nacionales, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y reservas— que han perdido cerca de 14 660 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, una superficie equivalente a más de la mitad de la zona urbana de la ciudad de Quito. Si bien la transformación del bosque responde a varios problemas, la minería de oro a cielo abierto es la que va en ascenso en los últimos años.

La deforestación —provocada principalmente por agricultura, tala, ampliación de vías y minería ilegal, según declaraciones de Pablo Cuenca, director del Laboratorio de Cambio Global de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, a Mongabay Latam— también está devorando cientos de tierras indígenas. El análisis satelital revela que al menos 569 de estos territorios indígenas han perdido, entre 2001 y 2024, más de 200 000 hectáreas de cobertura boscosa, un área que equivale a casi seis veces la ciudad de Guayaquil.

Es un combo de devastación: la minería y la deforestación avanzan sobre corredores, áreas protegidas y territorios indígenas.

Además, casi la mitad de la minería de oro a cielo abierto que afecta a la Amazonía ecuatoriana se desarrolla en territorios indígenas. El análisis realizado muestra que hasta 2024, al menos 105 territorios indígenas perdieron 4926 hectáreas de bosque por esa actividad. Los casos más dramáticos se encuentran en el área del Proyecto de Desarrollo Chai (969 hectáreas), la Reserva Shuar Kenkiun (469 has), el territorio indígena Shaime (440 has), Churuwia (273 has) y Nambija-Cumay (212 has), todos territorios de la nacionalidad shuar.

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“En el río Nangaritza se ha expandido la minería ilegal y ha transformado en un tremendo desastre el territorio shuar, tremenda deforestación”, asegura una comunicadora shuar que pide la reserva de su nombre por seguridad y quien con tristeza señala que los mineros ilegales que han llegado desde otras geografías han logrado atraer a algunos de sus compañeros.

De acuerdo con un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), publicado en noviembre de 2025, hay al menos 9597 hectáreas dedicadas solo a la minería de oro en la Amazonía ecuatoriana.

El panorama se agudiza si se suma la violencia. El equipo de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora habló al menos con 30 fuentes —locales, militares, de la policía, líderes indígenas y comunitarios, y expertos— y pudo construir un mapa de la presencia de grupos armados en los puntos más afectados por la minería de oro en la Amazonía norte y sur. Encontramos que al menos ocho grupos criminales se disputan el control de esos núcleos de extracción.

En la Amazonía sur, en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza, las fuentes consultadas señalaron la presencia de grupos como Los Choneros, Los Lobos, R7 y Comandos de la Frontera. En la Amazonía norte, datos recopilados por Amazon Underworld registran a miembros de Los Choneros, Los Lobos, Comuneros del Sur, Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo.

Corredor de ilegalidad al descubierto

Vistos desde un mapa, los parques nacionales, reservas ecológicas y biológicas, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y corredores de conectividad, además de otras iniciativas comunitarias y privadas de conservación en Ecuador, trazan una enorme línea que conecta de norte a sur esas áreas naturales amazónicas, así como a la Amazonía con Los Andes.

“Desde el norte amazónico hacia el sur del Ecuador, las actividades de conservación, los parques nacionales y los esfuerzos de comunidades y de conservación voluntaria hacen que exista una franja larga impresionantemente verde”, explica Robayo, de EcoMinga.

Sin embargo, esa enorme franja verde que atraviesa el país está hoy seriamente amenazada.

Como lo muestra el análisis geográfico, el avance de la deforestación ya no solo rodea esas zonas clave, sino que se adentra en ellas. Al norte de Ecuador, en el inicio de ese gran corredor, se encuentran dos de las cinco áreas protegidas que registran mayor pérdida de bosque entre 2001 y 2024 al interior de sus márgenes: el Parque Nacional Cayambe-Coca (establecido en 1970) y el Área de Protección Hídrica Aguarico, Chingual y Cofanes (establecida en 2023). Cada área ha perdido más de 1800 hectáreas que antes eran bosque, una superficie equivalente a 28 veces el Parque La Carolina, en Quito.

La pérdida en el Corredor de Conectividad Ecológica Sangay-Podocarpus, que conecta a los dos parques nacionales que le dan su nombre con otras ocho áreas naturales protegidas y una decena de reservas municipales y provinciales, se concentra en tres parques nacionales: el Sangay, el Podocarpus y el Río Negro Sopladora.

Un documento reservado del Departamento de Inteligencia de la Brigada de Selva de Pastaza, al que tuvo acceso este equipo periodístico, confirma que el modus operandi de la minería ilegal conecta a las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago mediante el uso de la carretera E45, la principal autopista de la Amazonía ecuatoriana, “para posteriormente ingresar por los tramos viales de segundo orden hacia las diferentes comunidades cercanas a los frentes mineros ilegales que se ubican en los principales afluentes y ríos de la región”. El trayecto señalado bordea el flanco oriental del Corredor de Conectividad Llanganates Sangay. El documento advierte el riesgo de que la deforestación “vaya en aumento afectando la biodiversidad, el equilibrio ecológico y el medio de subsistencia de las comunidades asentadas en las riberas de los mismos”.

Como recuerda Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, las reservas biológicas Colonso−Chalupas y Cerro Plateado, y los parques nacionales Cayambe Coca, Sumaco−Napo−Galeras, Podocarpus y Yasuní fueron las primeras áreas protegidas vulneradas en 2020 por la cercanía de la minería ilegal (a cielo abierto y con dragas sobre los ríos). Esas áreas protegidas se distribuyen entre las seis provincias amazónicas que entre 2001 y 2024 perdieron más de 375 000 hectáreas de bosque, un área comparable a más de 525 000 canchas profesionales de fútbol.

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El análisis geográfico muestra también que solo el Parque Nacional Podocarpus (PNP), un santuario que debería ser intangible, ocupa el primer lugar en la lista de áreas protegidas más afectadas por la minería de oro. Hasta 2024 se registró una pérdida similar a 344 piscinas olímpicas debido a esa actividad. “Es impresionante la cantidad de maquinaria que existe en el Podocarpus, la cantidad de motores, la cantidad de accesorios, insumos para poder realizar este tipo de trabajos de minería, sea legal o ilegal”, confirma un oficial de Operaciones de las Fuerzas Armadas que opera en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. “Hay ciertos lugares concesionados, pero igual hay minería ilegal y primordialmente en el Parque Nacional Podocarpus“, añade.

Luego le siguen el Área Protegida Autónoma Yacuambi (21 ha), la Reserva Ecológica Colonso−Chalupas (12 ha), el Parque Nacional Cayambe−Coca (10 ha), el Parque Nacional Llanganates (10 ha) y el Parque Nacional Sumaco Napo−Galeras (7 ha).

Lineth González, jefa de guardaparques del Parque Nacional Llanganates, cree que la minería ilegal de aluvión aún no ha invadido el área protegida donde ella trabaja, pero reconoce que “en la reserva contigua, la Colonso-Chalupas, ya fueron amenazados directamente [los guardaparques] de parte de los mineros y les dijeron: ‘Prohibido hacer recorridos porque esa ya es nuestra zona’”.

El corredor que conecta al Parque Nacional Llanganates con el Parque Nacional Sangay es una muestra de la difícil situación en el territorio. Según el análisis, el corredor registra 50 hectáreas de minería de oro en su trayecto (un área similar a 400 piscinas olímpicas) y al menos 10 hectáreas adicionales a un kilómetro de distancia de sus límites, una muestra evidente de la presión que ejerce esta actividad en las inmediaciones del corredor. Por eso, González teme que en la parte alta del área exista ya presencia de “grupos delincuenciales”, muchos de ellos interesados en buscar oro.

Su temor no es infundado, el santuario en el que trabaja está rodeado. Mientras que al norte del PN Llanganates los mineros amenazan a sus compañeros guardaparques, hacia el sur se encuentra el PN Sangay, una de las áreas protegidas más extensas y diversas de Ecuador que, según informes reservados de inteligencia militar, elaborados en septiembre de 2025 y conocidos por esta alianza periodística, “es de interés para los grupos y operadores mineros ilegales, al considerarse un área libre de concesiones [porque se encuentra dentro del área protegida]”. El informe, además, no descarta que grupos de delincuencia organizada como Los Choneros participen de esa explotación ilegal.

La extensión más grande del PN Sangay se encuentra en la provincia de Morona Santiago. Allí, el coronel Fabricio Silva, quien para octubre de 2025 —cuando fue consultado— era el comandante de la Zona 6 de la Policía Nacional correspondiente a esa provincia, aseguró que han detectado en varios cantones y territorios indígenas la presencia de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros dedicados a la minería ilegal. Además, agrega, “en todas estas explotaciones ilegales hemos detectado también presencia de grupos de delincuencia organizada como Los Choneros, Los Lobos y los R7, y también tenemos información de que estarían operando algunas células de los Comandos de la Frontera ejecutando acciones de minería ilegal y utilizando gran cantidad de mercurio que es desechado sin ningún tipo de control a los ríos, contaminando el agua de las comunidades indígenas”.

Ecuador cuenta con 590 guardaparques para cubrir sus 79 áreas protegidas en el territorio continental y el Estado asigna un presupuesto que rodea los 7 millones de dólares anuales para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, según información entregada por una fuente oficial del sector ambiental que pidió la protección de su identidad. Eso alcanza solamente para cubrir gastos administrativos y salariales, según señala Granda, el presidente de la Asociación de Guardaparques.

“Las áreas protegidas necesitan mucho más que eso para inversión, para mejoramiento de acciones de control y vigilancia, sensibilización, generación de proyectos y monitoreo”, insiste Granda.

En el Parque Nacional Llanganates —que cuenta con 220 000 hectáreas— apenas trabajan 21 personas, de las cuales solo 16 son guardaparques. Las otras cinco ocupan cargos de coordinación y administración. “Lo ideal para esta superficie serían 40 guardaparques, un estimado que se calculó hace unos ocho o 10 años, cuando aún no teníamos tantos problemas”, insiste González, jefa del área.

Según la información técnica sobre el proyecto para la implementación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas —entidad que debería administrar el SNAP, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas— estima que, para cubrir las necesidades del Sistema, se requeriría de 1060 funcionarios, lo que evidencia un déficit de 45 %. Aunque se solicitó información presupuestaria a la Dirección de Comunicación del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), no obtuvimos respuesta.

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Grupos armados se disputan territorios amazónicos

En julio de 2025, durante el evento de rendición de cuentas de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el director de la entidad, Patricio Bonilla, aseguró que se habían identificado 387 puntos de minería ilegal en todo el territorio nacional, de los cuales 40 fueron calificados como “muy peligrosos” por la presencia de grupos armados. Entre los escenarios mencionados por la autoridad constan cinco de las seis provincias amazónicas: Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

“Ya estamos pasando la línea roja: de ser áreas protegidas a ser desprotegidas”, dijo a inicios de agosto de 2025 un exfuncionario del extinto Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), quien pidió proteger su identidad por miedo a represalias laborales. En las áreas protegidas afectadas, el personal de guardaparques y administradores ha decidido restringir sus pronunciamientos públicos por temor a que las crecientes amenazas de muerte que reciben se vuelvan realidad.

Informes de inteligencia militar obtenidos por Mongabay Latam y La Barra Espaciadora aseguran que con la ayuda de grupos armados locales, estructuras transnacionales relacionadas con el narcotráfico, el lavado de activos y la minería ilegal implementan “medios de pago” para proteger los cargamentos entre los cuales figuran “armas largas, cortas, explosivos, municiones, entre otras”. Las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago serían, según los documentos, “rutas de paso” de este material y nodos desde los cuales la presencia de actividades ilegales y grupos criminales se expanden.

Habitantes de comunidades campesinas de Sucumbíos, al norte de la Amazonía, confirman la presencia de grupos armados vinculados a la minería en esa zona, “incluso hay una pugna de poder, no sé si serán militares o guerrilleros en la Amazonía norte, entre Cofán Bermejo, Cayambe Coca y Sumaco [Napo−Galeras], y en la provincia de Orellana, en el Punino, que quieren ver quién es el más fuerte y quedar con el acceso y control a la minería ilegal”, dijo una fuente local que pidió la reserva de su nombre, debido a las amenazas de muerte que son cada vez más comunes en su territorio.

En Napo, la Reserva Biológica Colonso Chalupas —donde los guardaparques fueron amenazados por mineros— es una de las más amenazadas por el avance de la minería ilegal en el país, según Byron Lagla, director de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación del MAE. El colectivo ciudadano Napo Ama la Vida denunció el pasado 23 de octubre la presencia de más de 15 frentes mineros a orillas de los ríos Zapallo, Jatunyaku y Shandia, a escasos kilómetros de esa reserva.

“Las familias comunitarias se quedaron sin agua y con la presencia de grupos armados que los amedrentan las 24 horas si no alquilan o venden sus tierras a los mineros ilegales”, se lee en una de las publicaciones de la organización. El análisis satelital y los recorridos de campo realizados por esta alianza evidencian que, además de la minería sobre los ríos, al interior del área protegida también hay afectación de 12 hectáreas por minería a cielo abierto.

La expansión de la presencia criminal asociada con la extracción de oro se extiende también hacia el sur de la Amazonía. De acuerdo con las fuentes militares protegidas consultadas para esta investigación, Los Lobos operan y controlan las actividades mineras en el Parque Nacional Podocarpus. Al interior de esta área protegida ya se registran más de 43 hectáreas dedicadas a ka minería de oro, más de 233 hectáreas de bosque perdidas entre 2001 y 2024 y el desarrollo de infraestructura como vías.

En la provincia de Zamora Chinchipe, los ríos muestran sus orillas devastadas y en algunos puntos la expansión minera ha alterado los cauces naturales. Mientras tanto, en la provincia vecina de Morona Santiago, Luis Sánchez, defensor de la Naturaleza de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), precisa que «el río Nangaritza está totalmente destruido”. Este afluente, que colinda con el PN Podocarpus, es uno de los puntos de mayor presencia y expansión de actividades mineras ilegales desde 2018, de acuerdo con los reportes de MAAP.

“Las perjudicadas son las familias o comunidades shuar que están a orillas de ese río”, dice Sánchez. Además explica que integrantes de este pueblo indígena “son utilizados” por los mineros ilegales por medio de mecanismos de persuasión para entrar a sus tierras. “Una vez que ingresaron, extraen [el oro] y se van, pero dejan todos los pasivos ambientales, huecos, montones de tierra, causan el desvío del río”.

El río Nangaritza funciona como el último corredor de conectividad entre los Andes y la Amazonía. El valle por el que discurre cuenta con al menos 600 especies de aves, incluidas 60 especies de colibríes y 80 tangaras. De igual forma, más del 40 % de las 3500 especies de plantas del Parque Nacional Podocarpus son endémicas. Allí, en julio de 2025, el Ejército ecuatoriano realizó un operativo contra la minería ilegal. “La intervención permitió desarticular una estructura minera clandestina que operaba sin permisos, ocasionando daño ambiental y violando la normativa vigente en materia de recursos naturales”, señaló la entidad.

De acuerdo con fuentes policiales y militares consultadas, los frentes mineros que operan en estos territorios cuentan con la presencia activa de grupos armados de Perú, Colombia y Ecuador que brindan seguridad o que son partícipes directos de las ganancias por la comercialización ilícita del oro.

Un mapeo territorial realizado con más 30 fuentes locales, policiales, militares y comunitarias permitió conocer que al menos cinco grupos delincuenciales están presentes en la Amazonía sur y se disputan el control de los núcleos de extracción minera. Solo en la provincia de Morona Santiago, el grupo de delincuencia organizada Los Lobos actúa en el cantón Gualaquiza, junto con la banda R-7 —que hasta 2024 concentraba su presencia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas— y con el grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera.

En el cantón Tiwintza, fronterizo con Perú, el tráfico de drogas, armas, municiones y la minería ilegal son las principales actividades criminales bajo el control de Los Lobos, R−7 y Los Choneros, según señaló la fuente policial. En el caso del cantón Taisha, Los Choneros son quienes muestran mayor presencia. La información obtenida para esta investigación pudo evidenciar que se realizaron al menos 19 operaciones contra la minería ilegal en Morona Santiago entre julio y octubre de 2025, especialmente en los cantones de Gualaquiza, el Pangui, Tiwintza y Santiago de Méndez.

En otras provincias, como Pastaza y Zamora Chinchipe, se identificó también la presencia de grupos delincuenciales ecuatorianos como Los Lobos y Los Choneros, mientras que al norte de la Amazonía, un análisis realizado por Amazon Underworld detalló la presencia de grupos colombianos disidentes de las FARC como el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera; así como los Comuneros del Sur —disidencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— en la provincia de Sucumbíos. Además de Los Lobos y Los Choneros. En la provincia de Napo también se señaló la presencia de Los Lobos y los Comandos de la Frontera.

Vías que promueven el avance de la ilegalidad

“La construcción de vías facilita el avance de los grupos armados y de la minería ilegal”, afirma Diana Chávez, dirigenta de Asuntos Internacionales y Organizaciones de la Nacionalidad kichwa de Pastaza (PAKKIRU, por sus siglas en kichwa).

El análisis realizado para esta investigación evidencia que al interior de cinco parques nacionales (Cayambe-Coca, Podocarpus, Sangay, Sumaco Napo-Galeras y Yasuní) hay al menos 290 kilómetros de vías. El área que encabeza la lista con más extensión de vías es el PN Cayambe Coca (con 150 km), seguido del PN Yasuní (76 km). Otra mirada a las reservas ecológicas, biológicas y de producción de fauna también muestra el crecimiento de estos caminos en su interior: hay al menos 44 kilómetros de vías, siendo la más afectada la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (37 km). Esta área protegida amazónica ha perdido al menos 5256 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, un área mayor a 7300 campos de fútbol profesional.

Tanto en los parques nacionales Cayambe Coca, Podocarpus, Sangay y Sumaco Napo-Galeras, como en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, además de vías hay una marcada deforestación y un creciente aumento de la minería a cielo abierto. Esto revela cómo las vías han facilitado la devastación.

De igual forma, los corredores de conectividad Llanganates-Sangay y Sangay-Podocarpus concentran las tres afectaciones simultáneamente: vías, deforestación y minería de oro a cielo abierto.

Una fuente perteneciente a la función pública, que prefiere el anonimato, afirma que la declaratoria de emergencia por la pandemia del Covid−19, en marzo de 2020, detonó el avance de la minería ilegal gracias al descuido generalizado en el control estatal de la red vial en la Amazonía ecuatoriana. Desde entonces, la expansión de la frontera extractiva avanza sin un control estatal eficiente, impulsando la pérdida de cobertura boscosa.

Según datos de la Fundación Ecociencia, existen alrededor de 100 kilómetros de vías irregulares que conectan o se acercan a zonas de extracción minera ilegal y que, según nuestro análisis, estarían atravesando al menos cuatro territorios indígenas y tierras comunitarias. El 60 % de estas vías se encuentran en territorio indígena achuar, compartido entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Sin embargo Jorge Villa, especialista en sistemas de información georreferenciada de esa organización, aclara que no existen suficientes pruebas para afirmar que exista una relación directa entre esos caminos abiertos y las actividades de minería ilegal. “Estas vías están vinculadas a la extracción, sea de minerales, sea de madera o de cualquier cosa; potencialmente estaría involucrada esta actividad de extracción de minerales”, detalla.

El 40 % restante de esas vías se encuentra en la provincia de Orellana, donde, a medida que avanzan las operaciones de minería ilegal, se han abierto caminos entre las poblaciones de Sardinas, la comunidad kichwa Amarun Mesa y la ciudad de Francisco de Orellana, capital de la provincia. Además, hay conexiones viales con la comuna kichwa San José. “Estas son vías relacionadas con la extracción de minerales, en general, sea minería pétrea o aurífera —confirma Villa—; no son vías planificadas ni de los gobiernos locales, son vías desarrolladas a medida que iban avanzando las personas en el territorio para extraer estos minerales”.

El superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias Paladines, reconoce que en este aspecto Ecuador presenta dos problemas fundamentales: falta de control de la red vial y de planificación urbana. “El país carece de un sistema de monitoreo adecuado, entonces [la ampliación de vías para la minería ilegal de oro o de pétreos] sucede en la cara de los gobiernos descentralizados”, precisó.

Entre 2022 y 2025, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial emitió multas e infracciones por 421 446 dólares solo en la Amazonía del país, principalmente en las provincias de Orellana, Napo y Morona Santiago. La causa principal fue la aprobación de permisos de construcción (de vías e infraestructura) en zonas no aptas, como sitios de alto riesgo o áreas de protección natural, lo que viola la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo.

Para Sebastián Valdivieso, director de Programas de la organización WCS Ecuador, la legislación ecuatoriana presenta “una deficiencia relacionada con la no inclusión de la biodiversidad como sujeto principal en los estudios de impacto ambiental”. La omisión de este elemento, explica el experto, desencadena “impactos indirectos” como el tráfico de fauna o la extracción de flora, la tala selectiva de maderas de alto valor “o a la ocupación ilegal dentro de áreas protegidas”.

A Valdivieso, le preocupa “la sobreexplotación de recursos naturales y el vaciamiento de biodiversidad” que su equipo de científicos ha identificado en el Parque Nacional Yasuní, como consecuencia del uso de una vía construida en la década de 1990 para acceder al Bloque 16, una operación actualmente en manos de la estatal Petroecuador. Esta vía es cada vez más transitada y “la reducción de especies es notable y preocupante”, advierte. Solicitamos entrevistas con funcionarios de Petroecuador para conocer más detalles sobre su gestión en esta vía, pero hasta el cierre de esta publicación no obtuvimos respuesta.

Si bien el avance de la deforestación y la minería en la provincia de Pastaza ha sido contenido gracias a la organización indígena y a la labor de autoprotección que su pueblo lleva adelante, Chávez, de PAKKIRU, señala: “Las comunidades tienen sus propios sistemas de vigilancia y monitoreo, pero con la apertura de tantas vías se nos va de las manos poder hacer un control eficaz. Las Fuerzas Armadas y la Policía deberían ser un aliado, y no una piedra en el zapato para hacer entre todos estas actividades de control y monitoreo”.

*Este reportaje fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con La Barra Espaciadora. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, Emilia Delfino, Daniela Quintero Díaz. Investigación:Ximena Pesántez Álvarez, Diego Cazar Baquero, Daniela Quintero Díaz. Visualizaciones: Eduardo Motta. Diseño gráfico: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina Albarracín

*Imagen principal: la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Foto: Armando Lara.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Para el momento en que Argemiro Luzardo* experimentó la sutil inminencia de la muerte llevaba unas tres horas sumergido en el agua. Casi a punto de terminar su trabajo notó que la manguera que había estado manipulando dejó de succionar material; se atascó entre las piedras profundas y verdosas del río Inírida, en el departamento de Guainía, en Colombia. En la superficie, sus compañeros esperaban señales mientras la balsa se bamboleaba. Estaban allí para sacar arena y restos de rocas que, tras un rudimentario proceso con mercurio, terminarían convertidas en pepitas de oro.

Decidió salir a flote y, estando a metro y medio de lograrlo, sintió el estallido de una gran ola que lo devolvió a lo hondo del cauce. La manguera, de unas 10 pulgadas, ocasionó un derrumbe en las entrañas turbias del lecho. La tierra debajo del agua crujió.

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Otras piedras conocidas entre los mineros como “mariposas” —porque tienden a moverse y a volar dentro del río— se desplazaron creando un jugo de barro y palos que le impidieron a Luzardo ver algo de luz. Varios años después, sentado en la cocina de su casa a orillas del río Inírida, recuerda que estuvo sumergido en el caos no más de diez segundos, tiempo suficiente como para haber creído que moriría.

La historia de este hombre de 55 años, de padre curripaco —pueblo con alta presencia en la amazonia colombiana— y de madre indígena yeral, originaria de Brasil, es apenas una mínima muestra de los lastres que deja la minería ilegal en el departamento del Guainía. Hace más de diez años, Luzardo aprendió en Brasil el riesgoso oficio de ser buzo, un trabajo que hoy sigue realizando pese a los peligros y que es muy apetecido por las dragas que extraen oro de los afluentes amazónicos.

Es tan cotizada esa labor, que en la zona se ha sabido de gente a la que han enviado a Miami, Estados Unidos, para entrenarse en la complejidad del océano, según cuenta Juan Sebastián Anaya, experto en los impactos de la minería y asesor de incidencia política en la Fundación Gaia Amazonas.

El pago para los buzos en el río Inírida se traduce en metal dorado. El mismo Luzardo dice que 40 % de lo que sacan siempre está destinado al hombre capaz de arriesgar su vida sumergido en profundidades que pueden llegar hasta los 40 metros.

Cada balsa podría llegar a extraer 20 gramos de oro en una semana, cuenta el buzo. Dos fuentes consultadas en el territorio indican que en la zona (para septiembre de 2025) comerciantes informales estaban comprando el gramo a 410 000 pesos colombianos (unos 97 dólares).

No es un secreto que la zona está plagada de dragas, artefactos responsables de una buena parte de la contaminación con mercurio en los ríos. Mongabay Latam y Vorágine recorrieron distintos parajes del departamento y a través de varias entrevistas con trabajadores informales de la minería de aluvión —a los cuales protegemos por seguridad— pudimos establecer la ubicación de al menos 31 balsas que, a plena luz del día, continúan sacando oro del río Inírida, una actividad que ha dejado preocupantes daños al ambiente y, de paso, a la salud de los habitantes de esta región selvática del oriente del país. La mayoría de las balsas son operadas por la guerrilla, relata un hombre que recorre constantemente la zona y de quien omitimos su nombre por razones de seguridad.

Una draga es algo parecido a una barcaza flotante que trabaja directamente sobre el lecho de los ríos. En un trayecto por el río Atabapo, que divide a Colombia de Venezuela, observamos una de ellas en pleno funcionamiento. La función principal de esta infraestructura, que a simple vista luce precaria, es servir como un centro donde se realiza la amalgamación (o compactación) del oro que se encuentra disperso en el sedimento del río. Este proceso se logra al mezclar el material extraído con mercurio metálico, que se une al oro, lo que permite luego su separación del resto de componentes de los sedimentos.

La pregunta es, ¿qué hacen luego con el mercurio? ¿Cómo lo manipulan? Ramiro Andrade*, un hombre que se gana la vida transportando en lancha a los mineros que trabajan en las balsas, lo ha visto con sus propios ojos:

—Lavan, sacan el material y lo botan. Lo botan por ahí, así, al borde, nomás llega un aguacero y eso cae al río otra vez, imagínese—dice—.

Esa es la razón por la que las dragas son una gran amenaza para el ambiente. Un informe de consultoría de la Gobernación del Guainía (2018-2019) indica que todos los desechos del proceso de extracción de las balsas detectadas en la región son vertidos directamente al ambiente, sin ningún tipo de tratamiento, tal como lo reafirma Ramiro, el motorista. Una vez en el agua y por su alta densidad, el mercurio usado en la extracción se va al fondo del río. Ese es apenas el comienzo del desastre ambiental.

La mayor toxicidad aparece cuando microorganismos del fondo de los ríos convierten el mercurio inorgánico en metilmercurio, la forma más peligrosa para los humanos. Un estudio del Instituto Sinchi documenta que este componente se acumula a lo largo de la cadena alimentaria hasta alcanzar sus mayores concentraciones en los llamados depredadores tope, que son los peces carnívoros en la cima de esa cadena. En ellos, el químico se concentra en el tejido muscular, lo cual es grave si se tiene en cuenta que el pescado es la base de la dieta en Guainía.

Economías ilegales, sin freno

Pablo Álvarez* es un joven venezolano que trabaja con personas que trafican el mineral coltán en Guainía. Desde el balcón de un hotel en Puerto Inírida dice que llegó a la zona atraído por la riqueza de vetas (depósitos de minerales) que hay en la región.

“Es de los lugares del mundo donde más encuentras minerales, están a flor de piel, de aquí puedes sacar oro, coltán, estaño, rodio… es impresionante. El coltán es más abundante que el oro”, dice.

Tener en el bolsillo gramos de metal dorado, añade, es como andar con plata en efectivo y por eso sigue siendo tan apetecido. El rodio, en cambio, se parece más a cargar con una pieza de arte porque se vende en lugares más especializados.

Y es que gran parte del territorio de Guainía se asienta sobre el Escudo Guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, con rocas que tienen más de 1800 millones de años. Estos suelos tan antiguos facilitan la presencia de metales valiosos y de minerales como las tierras raras porque sus estructuras —como fallas y vetas— actúan como canales por donde circularon antiguas aguas calientes del subsuelo, capaces de mover y concentrar minerales. En resumen, la historia geológica de Guainía explica en buena parte la riqueza minera que hoy se encuentra allí.

En contraste, en Guainía es difícil que brote una mata de coca. No es el terreno más propicio para que se extienda el cultivo. Y eso ha traído cosas buenas y malas. Por un lado, en esta parte del mapa colombiano el conflicto armado se ha sentido con un poco menos de intensidad que, por ejemplo, en el departamento de Putumayo (en el último informe de cultivos ilícitos Guainía registró 42 hectáreas sembradas, mientras en Putumayo se contabilizaron 53 343). Pero por otro, los grupos armados han encontrado en la minería una fuente de financiación menos perseguida que el narcotráfico.

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Dragas arrojan mercurio sin control

En nuestras visitas a campo, mineros informales describieron el panorama de las balsas ilegales a lo largo del río Inírida. Señalan la presencia de 31 dragas activas, ubicadas a más de seis horas en lancha desde Puerto Inírida, pasando por los cerros de Mavicure y en dirección a la reserva Puinawai, mucho más al sur del departamento. El daño comienza a apreciarse con mayor claridad río arriba de una comunidad llamada Morroco. Las zonas de mayor concentración se extienden desde un sitio conocido como Caño Mina hasta otro de nombre Zancudo, incluyendo comunidades como Báquiro y Barranco Alto, donde los entrevistados calculan la presencia de al menos doce balsas en un solo sector. La mayoría de las dragas, insisten las fuentes, pertenecen a la guerrilla.

Los grupos armados ejercen en la zona una fuerte influencia, como dueños directamente de las balsas o cobrando “vacuna” a los operadores civiles. Para evadir a las autoridades, la guerrilla frecuentemente disfraza su propiedad usando como fachada a miembros de la comunidad.

Así se ve reflejado en varios documentos reservados de la Fiscalía General de la Nación y Ejército conocidos por Mongabay Latam. Estos confirman lo dicho por las fuentes consultadas en el territorio y además dan cuenta de que la problemática viene de tiempo atrás. Se trata de seis informes producidos entre 2020 y 2022, que revelan información crucial sobre el accionar de grupos armados en la zona.

La mayor parte de este material se compone de reportes de inteligencia militar, como apreciaciones estratégicas y diagnósticos orientadores emitidos por batallones del Ejército. Estos documentos están formalmente clasificados como “secretos”. También hay archivos de la policía judicial, incluyendo informes de campo y declaraciones juradas de testigos, producto de investigaciones de la Fiscalía.

Los papeles indican que en la zona, ya desde 2020, operaba una intrincada red de explotación de oro de aluvión, arenas negras y materiales asociados al coltán, controlada y financiada por lo que las autoridades llaman Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r). Entre ellos está la Estructura Acacio Medina (disidencia de las FARC asociada a la Segunda Marquetalia) y la comisión Santiago Lozada del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Un informe citado por el diario El Tiempo de 2025 señala que ambos grupos estarían operando unidos en la región.

El negocio de las dragas —continúan los documentos reservados— se sostienen también gracias a lo que los guerrilleros llaman «impuestos de guerra»: “Los propietarios de estas unidades de extracción, que pueden producir hasta 50 gramos de oro diarios, son obligados a entregar aproximadamente dos gramos de oro por draga funcional al día a las estructuras residuales”. Es entonces cuando el mineral ingresa a la cadena de comercialización a través de presuntos integrantes de la red de apoyo, es decir, milicianos vestidos de civil que operan desde los pueblos. Estos últimos coordinan los insumos y traen repuestos de maquinaria para la minería de ciudades como Villavicencio (Meta).

Hay dos formas de sacar el oro del Guainía. Los informes de las autoridades que citamos líneas arriba muestran que el “blanqueo” —como se llama a los mecanismos usados para legalizar el oro— se ejecuta principalmente en el municipio de Puerto Inírida. Allí algunos establecimientos de compraventa actúan como «fachadas de legalidad». En estos locales facilitan el lavado de activos de los grupos armados.

El proceso de «formalización» se da cuando el oro llega a estas compraventas, allí es reportado a nombre de supuestos mineros artesanales o “barequeros”, que están inscritos en Registro Único de Comercializadores Mineros (RUCOM). Después llevan el metal a las ciudades siguiendo distintas rutas. Una de las mencionadas es el trayecto Puerto Inírida-Cumaribo (Vichada)-Villavicencio (Meta)-Bogotá. En ocasiones, dice uno de los documentos clasificados, este tipo de tráfico cuenta con el apoyo de funcionarios o miembros de la fuerza pública.

Por otra parte, los mineros consultados por Mongabay Latam hablan de un desgaste de los canales habituales y aseguran que muchos traficantes desvían el botín por otras vías. Esto se debe a que en Inírida cada vez hay más ojos. Transportan el material por río hacia el municipio de San José del Guaviare y de ahí lo sacan para Bogotá. Prefieren este camino, narran al menos dos personas de la zona, porque, en comparación con Inírida, los operativos se concentran en la cocaína y no en el oro. Mencionan que también hay contrabando en Brasil, donde pagan un precio más alto, aunque no especifican los montos. El mercurio llega a la zona gracias a las labores de grandes comerciantes locales, quienes son, a su vez, administradores o testaferros de fondos de la guerrilla, se lee en los papeles de inteligencia.

Mongabay Latam quiso contrastar con el Ejército Nacional los testimonios y datos que recogimos en la región, así como los documentos secretos. La solicitud fue enviada al general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante de la fuerza a nivel nacional, quien autorizó una entrevista con la Brigada 28 de Selva, responsable de la seguridad en esta parte del territorio colombiano. Sin embargo, tras el envío de un cuestionario con preguntas sobre operativos desarrollados en Guainía contra la minería ilegal, no obtuvimos una respuesta.

Ríos y personas contaminadas, según estudios

José Paiva Cordero no se paró de la cama durante quince días. Fue tanto el delirio por la fiebre que llegó a pensar que sus dolencias lo estaban subiendo al cielo; es su manera de decirlo. El capitán Iván Hernández, un joven indígena de 29 años que tiene la responsabilidad de liderar y tomar las decisiones más importantes de la comunidad, entró en desesperación.

Playa Blanca, donde vive, es un caserío escondido en uno de los bordes del río Atabapo, afluente que delimita la frontera entre Colombia y Venezuela, y expuesto a uno de los focos de mayor contaminación por mercurio, según un estudio de la Gobernación de Guainía que procesó muestras que datan de 2019. Allí no hay ni siquiera un acetaminofén. Mucho menos un centro de salud. Quizás no era tan grave la enfermedad de José Paiva, quizás sí. El caso es que no hubo un diagnóstico. Los síntomas deambularon libremente por el cuerpo de este hombre de 66 años: dolor de cabeza, malestar general, mareo, deshidratación. Paiva sobrevivió, dicen en su comunidad, gracias a las plantas de una curandera. Esa es la constante en esta región fronteriza: un abandono absoluto del Estado.

El tema no deja de ser grave si se tienen en cuenta antecedentes que evidencian que los ríos de la zona están contaminados con mercurio. Mongabay Latam analizó los seis estudios más recientes sobre la presencia de este metal en los afluentes de Guainía, publicados entre 2001 y 2022 por distintas instituciones y organizaciones. La muestra incluyó el análisis de sangre y cabello, además de los estudios aplicados a peces y sedimentos fluviales.

A esa información se sumaron datos preliminares de una investigación inédita de 2025, desarrollada por la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (Arimo). Parte de esos hallazgos fueron compartidos por Esperanza Leal, directora en Colombia de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, en el marco de la COP6 del Convenio de Minamata sobre Mercurio. En ese trabajo se estudiaron muestras de los ríos Isana y Cuyarí, en el extremo sur de Guainía, justo en la frontera con Brasil.

Los resultados dejan ver una catástrofe silenciosa. En todos los estudios, los niveles del metal pesado superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En entrevista con Mongabay Latam, la ingeniera Yady Cristina González Álvarez, consultora de la Gobernación de Guainía, aseguró que en el departamento la exposición ha sido continua y prolongada: durante al menos medio siglo se ha vertido mercurio de manera indiscriminada en los ríos de esta parte de la Amazonía.

La contaminación persistente quedó aún más clara en el informe elaborado por la Gobernación de Guainía. En las muestras de sangre de las comunidades, el registro más alto alcanzó los 346 μg/L (mililitros por litro). Para dimensionarlo mejor: la OMS fija en 10 μg/L el límite de referencia, lo que significa que ese caso superó el umbral en un 3360 %. Además, rebasó el llamado horizonte clínico, a partir del cual suelen aparecer los primeros síntomas.

Ese estudio examinó a 500 habitantes de las cuencas de los ríos Guainía, Inírida y Atabapo, estos dos últimos visitados por el equipo de Mongabay Latam. El 85 % de las personas analizadas (425 en total) tenía concentraciones de mercurio en el cabello superiores al valor considerado normal por la OMS. De esos, 116 (el 23 %) admitieron que tenían alguna vinculación laboral directa con la minería. El registro más alto fue de 77,6 μg/g, un nivel que, según los expertos, indica una exposición de largo tiempo que se bioacumula en el cuerpo.

También analizaron 125 ejemplares de peces y encontraron que el 47 % excedía la concentración máxima recomendada. Un caso extremo fue el de una muestra de bagre rayado (Pseudoplatystoma metaense) del río Atabapo, cuyo valor superó en un 112 % el límite permitido.

Enfermos abandonados

Saliendo desde Puerto Inírida por el oriente, el trayecto hacia el Atabapo pasa por un brazo del río Guaviare hasta desembocar en la estrella fluvial del Orinoco, donde confluyen los tres caudales. El viaje por la frontera se asume sabiendo que se navega por el territorio de Gener García Molina, alias “Jhon 40”, comandante de la Estructura Acacio Medina de las disidencias, narco y guerrillero responsable de la minería ilegal y los negocios ilícitos en ambos países.

Funcionarios de la secretaría de Salud de Guainía dicen que el problema del mercurio se exacerba por la falta de capacidad estatal para atacar la fuente de la contaminación. Las soluciones de fondo no están necesariamente en su sector, agregan, pues ellos solo están al «final de la cadena, viendo los enfermos».

Los intentos por mitigar el daño mediante la atención clínica se enfrentan a un ciclo vicioso: los pacientes que son valorados en Inírida, la capital, pueden recibir un tratamiento costoso y dispendioso (como la quelación), pero regresan al territorio, donde continúan expuestos al mercurio por el pescado contaminado o por seguir ejerciendo la minería. Y ahí es donde aparecen de nuevo los niveles altos del metal. Pero para ser atendido cuando llegan los males, se necesita pagar la gasolina de una lancha, plata que, por ejemplo, don José Paiva Cordero no ha visto en muchos años de vida.

En el departamento de Guainía, el Ministerio de Salud y Protección Social dice que ha invertido 100 000 millones de pesos en el fortalecimiento de infraestructura sanitaria. Aseguran, además, que han capacitado al personal de salud en el Protocolo Clínico de Atención Integral para manejar los casos de exposición en Inírida. Se han notificado apenas cuatro casos de intoxicación por mercurio en Guainía entre 2007 y 2023 y la cifra abre el interrogante sobre si se trata de un registro subestimado debido a las dificultades de vigilancia en zonas remotas.

Esta precariedad se replica de manera constante a lo largo del río Atabapo. En la comunidad de Caño Raya, con 180 habitantes, tampoco cuentan con un centro de salud, transporte ni medicamentos. En medio del silencio que cubre la frontera, aparecen niños que se lanzan sin camisa al río. Una bandera de Colombia desteñida ondea lánguida sobre un asta alquitranada. Atrás se dibujan palmas de moriche, caucho, vegetación densa, entretejida; raíces expuestas en la orilla cubiertas de musgo y líquenes.

Aunque los estudios no mencionan directamente a Caño Raya, sí analizan el río que moja sus orillas. El informe de la Gobernación del Guainía documentó una contaminación ambiental severa en este afluente. Los análisis de sedimento del Atabapo, que actúa como depósito del mercurio usado en la minería, superaron el límite de seguridad establecido por la USEPA en el 100 % de las muestras. Además, la amenaza se extiende a la dieta, pues los peces capturados en el río han registrado niveles de mercurio total que duplican el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este caserío ya perdieron la cuenta de las veces que han pedido a los gobernantes un espacio adecuado para atender a los enfermos. El centro de salud más cercano está en Cacahual, a dos horas de distancia, un trayecto difícil por la falta de transporte. Gripa, diarrea, malaria, paludismo, dengue, dolores de cabeza y mareos son las enfermedades más comunes en las familias, según el líder Santiago Garrido.

Mucho más al sur de Caño Raya y Playa Blanca está Chaquita, la comunidad más grande de esta parte del Atabapo, en la frontera con Venezuela. Tienen casi 400 habitantes y no hay ni siquiera botiquín. “Una enfermera contratada por la Gobernación tuvo que retirarse después de tres o cuatro meses porque le daba pena atender personas sin tener medicamentos”, denuncia el capitán Jacobo Garrido López.

Además del oro, Juan Sebastián Anaya, el consultor de Gaia, advierte que la región enfrenta la amenaza de una minería ilegal cada vez más tecnificada. Es más, asegura que todos los ríos de la Amazonía están contaminados con mercurio. El impacto más alarmante de esta acumulación de afectaciones se observa en los niños. Los testimonios que ha escuchado Anaya en la región relatan malformaciones en bebés, problemas neurológicos y lesiones en la piel, posibles afecciones ligadas a la exposición al mercurio. En Chaquita, por ejemplo, un estudio de la CDA (2020) reveló una situación alarmante: se detectaron niveles de mercurio en el cabello de niños que superan el límite establecido por la OMS en un 1410% y un 1910%.

Los resultados preliminares de la investigación de la Sociedad Zoológica de Frankfurt de 2025 tampoco son alentadores y más bien reflejan que la situación continúa al límite en el sur de Guainía, de donde recogieron muestras. Según Esperanza Leal, la media de concentración de mercurio total en el cabello de la población indígena analizada es “significativamente alto”. Lo mismo sucede con los peces.

Leal dijo que la contaminación en Guainía no puede entenderse como un hecho aislado. El mercurio está llegando a comunidades que ni siquiera están cerca de las zonas mineras. Esto ocurre porque el metal se desplaza de muchas formas: una parte viaja por los ríos arrastrada por las corrientes; otra se libera al aire durante las quemas y luego cae con la lluvia; y otra más se mueve desde los mismos campamentos mineros a través de suelos y quebradas. “La Amazonía se está convirtiendo en el sumidero de todo este mercurio agregado”, dijo. Su mayor temor es que las secuelas de la minería estén alcanzando incluso a los pueblos en aislamiento voluntario.

En uno de los recorridos que hicimos por el río Atabapo, el motorista advirtió que en cualquier momento podía salir al paso la Guardia venezolana, o los señores de ‘los grupos’, o el ejército colombiano. Pero luego de seis horas navegando por la arteria que moja los dos países no se asomó nadie: ni disidencias ni soldados ni uniformados de Venezuela. En medio de las garzas que planeaban sobre las aguas brillantes y oleosas del Atabapo, lo único que saltó a la vista en el camino fue una draga que trabajaba a todo motor.

*Nombres cambiados para proteger la identidad de las fuentes.

Imagen principal: las aguas de los ríos Inírida y Atabapo esconden una crisis de salud pública por el vertimiento indiscriminado de mercurio durante más de medio siglo. Esta investigación documentó al menos 32 balsas mineras operando en zonas controladas por estructuras como el ELN y disidencias de las FARC. Ilustración: Angie Pik

El artículo original y completo fue publicado por Jose Guarnizo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El español de Fernando es escaso, pero suficiente para narrar cómo se escondió debajo de una mesa durante dos horas, mientras escuchaba los disparos pasar de un lado a otro en la vereda Caño Cumare, en el departamento del Guaviare, al norte de la Amazonía colombiana. Fernando es un indígena jiw del resguardo Barranco Colorado, vecino de la vereda Caño Cumare y del resguardo Nukak. Su verdadero nombre ha sido protegido por seguridad. El 2 de diciembre de 2024, al caer la noche, vio cómo hombres armados empezaron a disparar cerca de su comunidad.

“Yo solo escuchaba ¡pum! ¡pum! ¡pum! No sabía quién era quién. No distinguimos cuál guerrilla era”, afirma. Esa noche asesinaron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad y un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —entidad del Estado encargada de la protección de la primera infancia—. El hecho era confuso, nadie sabía qué estaba pasando. Algunas respuestas llegaron un mes después, cuando la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que evidenciaba el inminente riesgo en la zona por una disputa territorial y de recursos entre dos disidencias de la extinta guerrilla de las FARC.

Seis meses después de aquel suceso, mientras el presidente Gustavo Petro visitaba el Guaviare para presentar un documental sobre el Parque Nacional Natural Chiribiquete, una de las disidencias de las FARC —el Estado Mayor Central (EMC), comandado por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco— convocaba un nuevo paro armado en el departamento.

Mordisco advirtió a los campesinos e indígenas que no podían movilizarse entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, que los motociclistas debían circular sin casco y que las lanchas cubiertas quedaban prohibidas. Además, ordenó a los habitantes de las zonas cercanas a territorios controlados por otra de las disidencias de las FARC —Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), comandada por Alexander Díaz Mendoza, más conocido como Calarcá— abandonar de inmediato el área.

Fernando ha visto morir a sus familiares en medio de los enfrentamientos entre Calarcá y Mordisco. Como él, los campesinos e indígenas de la zona se pierden entre los distintos nombres y alias de quienes toman las decisiones en su territorio. El departamento del Guaviare es el escenario de disputa entre viejos conocidos de las disidencias de las FARC —el EMC y el EMBF— que decidieron distanciarse en medio de las conversaciones de paz con el gobierno de Petro.

Las disidencias de Calarcá y Mordisco se disputan el territorio entre el río Inírida y el río Guaviare, y con ello el tráfico de cocaína y armas por las vías y trochas ilegales que han abierto en el departamento. Una de esas vías, la que va desde el pueblo de Tomachipán hacia la vereda Cumare, aún está oculta bajo el bosque, pero se ha convertido en un corredor estratégico porque conecta justamente estos dos ríos —que corren paralelos— en una línea recta que atraviesa el resguardo Nukak.

Con las vías llegan otras problemáticas como la deforestación, la colonización y el avance de la ganadería y de los cultivos ilícitos a esos territorios. Estas actividades ponen en riesgo a pueblos indígenas como los nukak y los jiw. Sus comunidades ahora se enfrentan a desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, asesinatos y una creciente imposibilidad de regresar a sus territorios ancestrales, de los que fueron expulsados hace más de dos décadas, según afirman las fuentes consultadas por Mongabay Latam para este reportaje.

Solo el pasado 5 de agosto, 64 indígenas nukak se desplazaron a San José del Guaviare, la capital del departamento, tras el asesinato de un joven nukak mientras jugaba con su celular. Aunque se desconoce qué grupo armado lo hizo, la comunidad indígena decidió movilizarse por temor a nuevos hechos de violencia. Cada tanto, núcleos de familias nukak intentan retornar a los asentamientos que hay dentro del resguardo Nukak, su territorio, pero se ven forzados a volver a San José por las escasas garantías de seguridad.

La vía Cumare: un camino para la ilegalidad

La vía atraviesa el resguardo Nukak de norte a sur. Es un tramo en línea recta de 47.5 kilómetros que conecta al río Inírida con el río Guaviare. Ese camino también se conecta con la “Trocha Ganadera”, otra carretera de más de 190 kilómetros que une el casco urbano de San José del Guaviare con el resguardo Nukak y con más de 20 veredas que se han formado dentro y alrededor del territorio indígena, convirtiéndose en un motor de la deforestación.

El corredor conocido como Tomachipán-Cumare, que en los años 90 fue utilizado por las FARC y ahora es controlado por las disidencias, era un sendero empleado tradicionalmente por los indígenas nukak para recoger medicinas, frutos y alimentos. Sin embargo, actualmente se ha convertido en una vía estratégica para el transporte de economías ilícitas y para que los grupos armados se desplacen rápidamente por el territorio.

Todos han caminado por estas tierras como si fueran sus dueños. La colonización campesina de los años 70, la guerrilla en los 90, los paramilitares a comienzos de los 2000 y ahora las disidencias. Sin embargo, el resguardo Nukak fue adjudicado a ese pueblo indígena en 1993 por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), tras el reconocimiento oficial de los nukak por parte del Estado en 1988. En 1997, el Incora decidió ampliar el territorio de los nukak, pasando de 632 000 a 954 480 hectáreas.

Desde mucho antes de la conformación del territorio como resguardo, el camino de Tomachipán a Cumare ya existía. Como lo señala Danny Mahecha, profesora e investigadora de la Universidad Nacional y quien ha estudiado la cultura y situación de los nukak desde 1991, la guerrilla de las FARC fue llegando paulatinamente a la zona. Y amplió y terminó de construir esa vía, que se ha convertido en la carretera más extensa dentro del resguardo.

El camino es clave para las comunidades nukak porque atraviesa el caño Maku y el caño Cumare, dos cuerpos de agua en donde hay lagunetas, salados y sitios sagrados. De hecho, existían dos asentamientos nukak muy cerca de esa vía, pero la violencia los obligó a desplazarse en varias ocasiones. Muchas de las rutas tradicionales usadas por los nukak en sus recorridos fueron aprovechadas posteriormente para abrir ilegalmente caminos dentro del resguardo.

Una mujer nukak víctima del conflicto armado y que prefiere no ser identificada, a quien llamaremos Helena, recuerda que “antes [la vía] la podíamos usar para caminar, para ir hacia la pesca. Éramos libres… pero, después ya no. Tuvimos que desplazarnos, como en 2010, por el tema del conflicto y las armas. Ahora, para volver al territorio, hay que pedir permiso [a los grupos armados]”.

El mismo año en el que se adjudicó el resguardo Nukak, se consolidó en el Guaviare el Bloque Oriental de las FARC. Este bloque llegó a expandir su máquina de guerra sobre el 55 % del país. Como lo describe un informe de la Fundación Ideas para la Paz, se financiaban a través del secuestro, el cobro de impuestos a la minería ilegal y su participación en el narcotráfico. Estaban subdivididos: el Frente 1° tenía a su cargo el departamento del Guaviare; el Frente 44, la jurisdicción de los municipios de Mapiripán y Puerto Gaitán; y el Frente 16 operaba en el río Guaviare.

Estas divisiones fueron clave para el narcotráfico, pues buscaban comunicar las zonas productoras de coca en Guaviare con ríos y caminos que funcionaban como corredores para transportarla hacia Venezuela y Brasil. Un análisis realizado por Mongabay Latam a partir de los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) evidenció que entre 1999 y 2023 el departamento de Guaviare (y sus cuatro municipios principales: Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare) han sido zonas clave para el establecimiento de cultivos ilícitos.

A inicios de la década de los 2000, por ejemplo, Guaviare alcanzó el pico máximo en los cultivos de coca, con 27 380 hectáreas en 2002. Aunque posteriormente se registró una drástica reducción en las áreas cultivadas, desde 2016 —tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC— los cultivos empezaron a aumentar. Entre los territorios con mayor incremento está la Reserva Nacional Natural Nukak, que se ha convertido en la zona del departamento con mayor cantidad de cultivos ilícitos de coca, y el Resguardo Indígena Nukak, al que atraviesa la vía Tomachipán-Cumare.

Las cifras son alarmantes: mientras que a nivel departamental los cultivos de coca tuvieron una disminución acumulada del 82 % entre 1999 y 2023, en la Reserva Nukak y el resguardo Nukak las plantaciones han aumentado un 25 % y 82 % respectivamente en el mismo periodo de tiempo.

La profesora Mahecha comenta que desde 1994 ya tenían mapeada la vía Tomachipán-Cumare en sus investigaciones. Se cree que las FARC la ampliaron en 1993, tras consolidar el Bloque Oriental. Los mapas de sus estudios muestran la movilización de los nukak por el territorio y evidencian que por lo menos cuatro grupos indígenas se trasladaron voluntariamente por esa vía hasta el río Guaviare entre 1998 a 2002.

Mongabay Latam habló con un excombatiente del Bloque Oriental que caminó por esa vía en los años 90. Relata que, cuando llegaron a la zona, era un camino angosto en medio de la selva. “Nosotros recorrimos ese camino muchas veces. Lo que hicimos fue ampliarlo y conectar Tomachipán con la parte norte del resguardo. Queríamos buscar distintas vías de acceso para las comunidades que vivían allá adentro”. Se refiere a las comunidades campesinas que habían llegado desde los años 70 y que se quedaron asentadas en medio del resguardo, así como a otras que cercaron predios dentro del territorio ya adjudicado a los habitantes indígenas. Este fue el argumento que las FARC utilizó para abrir o promover distintas vías dentro del resguardo Nukak y en la Amazonía colombiana.

El excombatiente también narra que esa trocha fue clave para reducir distancias al momento de sacar la pasta de cocaína que se encontraba en la Reserva Nacional Natural Nukak. “Es mucho más sencillo movilizarnos en línea recta desde Tomachipán al río Guaviare que irnos por el río Inírida y subir hasta San José del Guaviare”, afirma.

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Ese camino entre Tomachipán y Cumare volvió a ser colonizado por la selva con la llegada de los paramilitares a la zona, en 1997, tras las masacres de Mapiripán y Caño Jabón. “Las FARC se robaban la maquinaria de la Alcaldía y la Gobernación para mantener la vía. Cuando llegaron los paramilitares del Urabá y se instalaron en Guaviare, no sabían cómo abrir los caminos ni levantar las raíces de los árboles cortados. Por eso, la trocha se fue perdiendo con el tiempo, aunque nunca desapareció. Lo usaban las comunidades indígenas y algunos campesinos”, afirma un funcionario de una entidad del Estado que pidió reserva sobre su nombre y cargo.

Es difícil observar la vía y su avance en el tiempo con imágenes satelitales, sobre todo porque su propósito, como explicaron varias fuentes expertas y locales consultadas para esta investigación, es que permanezca oculta bajo el bosque para que siga siendo utilizada por los actores armados.

“Cuando empezó el proceso de paz con las FARC sabíamos que había tramos que se estaban cerrando, pero escuchamos que estaban buscando hombres para arreglarla cuando Mordisco se salió del Acuerdo”, cuenta un campesino que vive cerca de la vereda Cumare y del resguardo Barranco Colorado.

Autoridades, campesinos y expertos entrevistados en territorio para esta investigación confirmaron que la vía se ha reactivado y que es utilizada por los hombres de Mordisco para movilizar insumos hacia los laboratorios de cocaína, que van desde el municipio de Mapiripán, en Meta, hasta la Reserva Natural Nukak, pasando por el resguardo Nukak. También se emplea para conectar con otros caminos dentro del resguardo y transportar hoja de coca y pasta base procesada dentro del área protegida.

El análisis satelital realizado por Mongabay Latam respalda estos testimonios. En 2002, en un radio de cinco kilómetros a partir de la vía, había más de 166 hectáreas de cultivos de coca. A 15 kilómetros, la cifra aumentaba a 837 hectáreas. El pico máximo de cultivos en el área de influencia de la vía se alcanzó en 2004, con 278 hectáreas a cinco kilómetros y 1210 a 15 kilómetros. Desde entonces, hubo una disminución en las hectáreas sembradas, pero en 2019 —cuando se alcanzó el mínimo de 30 y 430 hectáreas a cinco y 15 kilómetros de la vía, respectivamente—, los cultivos empezaron a crecer una vez más.

Desde aquel momento, los cultivos de coca en las inmediaciones de la trocha evidencian un aumento sostenido. En los últimos años, entre 2021 y 2023, los cultivos han alcanzado 63 hectáreas a cinco kilómetros y 692 hectáreas a 15 kilómetros. A solo cinco kilómetros de la vía, el incremento en los cultivos ha sido de un 58 % con respecto a 2019.

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI también ha documentado cómo los cultivos de coca para uso ilícito se han propagado porque los actores armados ilegales y carteles de narcotráfico han promovido el asentamiento en la zona de población campesina. Y, paralelamente, han prohibido el retorno y movilización del pueblo nukak dentro del resguardo.

La guerra y los impactos ambientales

“La vía Tomachipan-Cumare forma parte de un circuito de guerra y de negocios ilícitos”, explican desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), una organización que se dedica a estudiar el conflicto y sus impactos sobre ecosistemas estratégicos y territorios étnicos, con énfasis en la Amazonía. Otra investigación realizada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), titulada ‘Los Corredores de la muerte’, evidencia cómo estos caminos son utilizados para el reclutamiento forzado, asesinatos selectivos, desplazamientos y el movimiento de economías ilegales.

Según el informe, no se trata de simples rutas de tránsito, sino de “estructuras territoriales de poder violento, y su persistencia demuestra que, en muchas regiones del país, el postacuerdo no implicó una desmilitarización del territorio, sino una reconfiguración armada con nuevas lógicas y actores”.

Como explica el investigador y director de Indepaz, Leonardo González, la función que cumplen las vías en esta zona del país es estratégica en la disputa entre el Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor Bloques y Frentes (EMBF), especialmente por el control de los enclaves cocaleros y su articulación con las rutas del narcotráfico del suroriente del país, una zona clave para los grupos armados por su facilidad de conectarse con otras regiones y sus fronteras marítimas.

Los efectos de esta disputa armada y territorial también se reflejan en el impacto ambiental. Los cultivos de coca, la deforestación y el acaparamiento de tierras para la ganadería son las principales causas de pérdida de bosque en la zona. Un ejemplo de ello es la situación en la Reserva Natural Nukak, un área natural protegida que colinda con el resguardo con el mismo nombre: entre 1990 y 2025 se han perdido 13 835 hectáreas de bosque, según cifras de la FCDS. Y el problema continúa, como lo evidencian las más de 91 000 alertas de deforestación generadas entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2025, según el monitoreo satelital de la plataforma Global Forest Watch.

En el resguardo, los datos de la FCDS indican que se han deforestado 36 510 hectáreas del territorio indígena entre 1990 y el primer semestre de 2025. “Esta deforestación está asociada a la ampliación de lotes para ganadería, siembra de cultivos de uso ilícito y la extensión de infraestructura vial”, explican desde la organización. Asimismo, entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2025, se han registrado en el resguardo más de 98 400 alertas de deforestación.https://flo.uri.sh/visualisation/25518536/embed

Según el monitoreo de la FCDS, en San José del Guaviare, en donde se encuentra el resguardo nukak, se han construido 3146 kilómetros de vías; de estos, la extensión dentro del resguardo indígena Nukak es de 504, kilómetros.

El Instituto SINCHI ha registrado por lo menos 20 vías con sus ramificaciones al interior del resguardo. Entre esas la de Tomachipán, de 47.5 kilómetros, y otra de 38 kilómetros, que son las que generan más preocupación porque en sus inmediaciones se ve actividad económica y el avance de deforestación y de cultivos de coca. Datos de la FCDS estiman que, al interior del resguardo Nukak hay más de 504 kilómetros de vías ilegales, entre los que sobresale la trocha bajo el bosque que comunica Tomachipan con Cumare. Sus datos también estiman que se han perdido 824 hectáreas de bosque al margen de esa vía.

Estudios realizados por la misma organización evidencian que el 73 % de los espacios abiertos por deforestación se encuentran a menos de dos kilómetros de las vías dentro del resguardo. “Las carreteras promueven el acceso al resguardo y hacen mucho más sencillo llegar, comprar una tierra para el ganado y, al mismo tiempo, cultivar coca”, manifiesta una investigadora de la región.

Como explicaron funcionarios en Guaviare e investigadores en terreno, los que promueven la colonización en el resguardo buscan que la vía Tomachipan-Cumare funcione como una especie de “frontera”. “[Eso permitiría que] el lado oriental de la vía, que es el que está menos deforestado, permanezca así. Mientras que en la parte occidental, que ya tiene ocupación campesina y vías de acceso, la deforestación siga avanzando”, afirmó una fuente en territorio de una organización ambiental.

La investigadora Mahecha es enfática en señalar que la justificación de la vía como “frontera” es una forma de legitimar la ocupación del resguardo. “El territorio de los nukak llegaba hasta Puerto Flores. Ellos utilizaban todo este territorio para sus sitios sagrados y se llegaron a extender hasta allá. Sin embargo, la colonización los fue arrinconando y ahora tienen que pedir permiso para pasar por su propio territorio en busca de agua”, explica.

A comienzos de 2025, la disidencia de Calarcá publicó un proyecto que tituló Iniciativa ambiental y agropecuaria para el desarrollo sostenible de la Amazonía. En 24 páginas establecía unos lineamientos para “frenar la deforestación, el uso inadecuado del suelo y prácticas no sostenibles en la agricultura y la ganadería”. Sin embargo, paradójicamente, entre las iniciativas está el mejoramiento genético en ganadería y de la infraestructura vial en la Amazonía. Según el documento, buscaban la “rehabilitación de 1000 kilómetros de carreteras terciarias en áreas rurales y la creación de brigadas locales que se encarguen del mantenimiento y la reparación constante de estas vías”.

Los nukak, en medio de la guerra

Los nukak son un pueblo indígena de cazadores y recolectores que viven en el noroeste amazónico colombiano. Son nómadas y se movilizaban por lo menos 69 veces al año. Como lo documentó la profesora Mahecha, podían estar apenas cinco días en cada sitio y recorrían cerca de 6.9 kilómetros entre cada desplazamiento. Mahecha y el profesor Carlos Eduardo Franky publicaron el informe Políticas de representación y presentación entre los nukak (Amazonía colombiana), transformaciones y continuidades, en el que señalan que los nukak se organizan en varios grupos locales compuestos por vínculos de consanguinidad o alianza matrimonial.

Cada grupo funcionaba como una unidad independiente de producción y consumo. Esta autonomía les permitía desplazarse temporalmente por el bosque de manera independiente, ya fuera para resolver conflictos internos, visitar a familiares o aprovechar recursos específicos en ciertas zonas del territorio. Su movilidad no solo responde a factores ecológicos, sino también a dinámicas sociales. Sin embargo, esa movilización se ha visto interrumpida y han tenido que reorganizarse territorialmente a raíz de los múltiples desplazamientos forzados por distintos actores armados, sostienen los expertos.

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Entre 2002 y 2008, por ejemplo, se registraron ocho desplazamientos forzados en ocho grupos locales debido a la presencia de grupos armados en el territorio. En 2015 ningún grupo se encontraba en su propio territorio. La FCDS ha documentado que hay, a la fecha, 24 grupos locales que se movilizan con limitaciones sobre el resguardo Nukak. “Los nukak ahora deben pedir permiso a los trabajadores de los hatos ganaderos para pasar a recolectar semillas o ir a sitios estratégicos de caza”, afirmó una fuente que ha trabajado con ellos.

Para Fernando —cuya identidad se mantiene en reserva—, los nukak y los jiw han sido utilizados como piezas dentro del conflicto armado. “Nos toca pedirles permiso a ellos [los actores armados] para cualquier cosa o se llevan a los niños a trabajar”, afirma. Un excombatiente de las FARC lo confirma: “Se llevaban a los niños nukak porque conocen el territorio, saben los caminos y son muy buenos para caminar. Un nukak puede recorrer la vía Tomachipán-Curare en la mitad del tiempo que le toma a otra persona”.

​​Sin embargo, existe un subregistro preocupante de niñas, niños y adolescentes nukak reclutados por grupos armados. El pueblo nukak, por temor o desconfianza, no suele denunciar estos hechos, según lo explica una funcionaria de una institución del Estado, que pide no ser mencionada por el creciente conflicto en el territorio.

En enero de 2025, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó el caso de 22 menores reclutados en los departamentos del Meta y Guaviare. Entre las víctimas, siete habían fallecido en enfrentamientos entre las disidencias guerrilleras en Guaviare. Se trataba de menores indígenas nukak, nasa y cubeo.

Según el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, “la violencia contra los niños y las niñas de estos pueblos, muchos en riesgo de exterminio físico y cultural, tiene efectos diferenciados y desproporcionados, ya que puede llevar a la pérdida de sus tradiciones culturales, a la ruptura de su relación con sus territorios ancestrales y al debilitamiento del tejido social y organizativo de estos pueblos”.

“A nosotros nos avisan que no podemos salir de nuestras casas, y nos dicen que los nukak que están cerca —al resguardo del pueblo jiw— tampoco se pueden mover, ni los campesinos. Nos toca estar encerrados hasta que nos den otra orden”, relata Fernando.

El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez Rojas, aseguró a Mongabay Latam que “los grupos irregulares los desplazaron a las cabeceras, donde conocieron nuestros malos comportamientos y consumos, y ahora están expuestos al licor y las sustancias psicoactivas; algunos, además, terminaron como raspachines y hoy son víctimas de reclutamiento forzado”.

Aunque Rodríguez insiste en que esta población requiere atención especial, asegura que “el Ministerio del Interior no llega al territorio y nosotros no tenemos la competencia, el alcance ni los recursos para atenderlos”. Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa sobre la situación de los nukak, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

Desde hace décadas, los nukak ya no pueden movilizarse libremente por su territorio, como lo hacían antes de 1980. La guerra los ha afectado de múltiples maneras: mujeres víctimas de violencia sexual, menores reclutados, indígenas en situación de adicción, hombres convertidos en trabajadores de hatos ganaderos o en raspachines. “Tanto los nukak como nosotros solo queremos vivir tranquilos, cultivar nuestros alimentos, cazar y vivir de las manualidades y tejidos que hacemos”, insiste el Fernando, bajando la voz con cada palabra.

Algunas familias nukak han querido retornar, pero la situación de orden público lo impide. Kelly Castañeda, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Guaviare, y quien actualmente se desempeña como Gobernadora encargada, confirmó a Mongabay Latam que “desde la Gobernación, las alcaldías y otras entidades e instituciones se ha identificado que algunas familias nukak quieren retornar, pero no se les ha podido brindar estos espacios”.

En sus palabras, a las autoridades locales les queda fuera de su alcance lograr estrategias que permitan su retorno, como el desminado del corredor ancestral. Tampoco pueden definir el plan de vida de este pueblo (un instrumento para definir de forma autónoma su visión de desarrollo, identidad y cultura) porque esto le compete al Ministerio del Interior. “Así quedamos sin herramientas para atender a estas familias y sus conflictos”, señala.

En la vereda Cumare quedan muy pocas personas. Algunas han cruzado el río para irse al departamento del Meta, otras se han desplazado por la Trocha Ganadera con rumbo a la capital de Guaviare. Los nukak que vivían cerca de la vía Tomachipán–Cumare se ven obligados a desplazarse a San José del Guaviare mientras deciden qué hacer.

Mientras tanto, la disputa entre los frentes de Calarcá e Iván Mordisco continúa. Fernando no sabe quién va ganando la guerra. Solo alcanza a contar cómo ha logrado sobrevivir, antes de pedir una última cosa: “Respeto para disfrutar el territorio. Vivir de frutas silvestres y ser reparados por el Estado”.

Imagen principal: el camino es clave para las comunidades nukak porque atraviesa el caño Maku y el caño Cumare, dos cuerpos de agua en donde hay lagunetas, salados y sitios sagrados. Foto: Juan Carlos Contreras.

El artículo original y completo fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2026, Colombia se plantea varios retos ambientales. Para proteger y conservar sus ecosistemas naturales, el Estado deberá recuperar el control de las áreas que han sido invadidas por los grupos armados y sus economías ilegales: deforestación, minería ilegal, cultivos de uso ilícito, ganadería ilegal y acaparamiento de tierras. Este es uno de los principales desafíos para el país en este nuevo año.

Expertos consultados por Mongabay Latam consideran que el medioambiente debe ser uno de los pilares de las negociaciones que busca el Gobierno de Gustavo Petro con los grupos armados, ya que no lo fue desde finales de 2022, cuando empezó la política de Paz Total. El asunto es esencial ya que a la actual administración solo le quedan siete meses en el poder.

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La prioridad urgente no solo deben ser los bosques sino también la protección de los humedales, ecosistemas vitales para la regulación hídrica y la mitigación del cambio climático que sufren un grave deterioro debido a la contaminación por vertimientos municipales, la sedimentación y la falta de infraestructura de tratamiento de aguas, coinciden los expertos.

Velar por una protección efectiva de los defensores ambientales y de derechos humanos es otro reto para el año que comienza, ya que el país lleva varios años consecutivos siendo el más letal para los liderazgos sociales. Colombia escoge nuevo Congreso en marzo y nuevo presidente en mayo, y organizaciones como Somos Defensores aseguran que la violencia suele aumentar en años electorales.

Este 2026 también será clave para que los pueblos indígenas de la Amazonía oriental puedan formalizar sus Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como entidades político administrativas que forman parte de la organización del Estado, gozan de autonomía política, administrativa y fiscal y son gobernadas por Consejos Indígenas. Este es un mandato de la Constitución de 1991 que ha sido ignorado por más de 34 años.

1.Cambios radicales para combatir la deforestación

Enfrentar la deforestación en todo el país sigue siendo uno de los principales desafíos en 2026. Los expertos consultados por Mongabay Latam comentan que las cifras de pérdida de cobertura boscosa se ven más pequeñas en regiones como Andes y Caribe, pero esto se debe a que gran parte de la deforestación se dio en décadas pasadas. Por eso, aseguran que es importante evitar que se siga perdiendo el poco bosque que les queda.

La atención de la opinión pública continúa en la Amazonía, región donde se encuentra la mayor parte de bosques del país, pero que presenta las tasas de deforestación más altas (68 % del total nacional, según el último informe anual del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam).

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que uno de los retos para 2026 es crear acciones coordinadas entre todos los países que comparten el bioma porque, si esto no ocurre, cualquier esfuerzo individual que haga Colombia o cualquier otra nación será insuficiente para evitar el llamado “punto de no retorno”, es decir, ese momento en que la Amazonía no puede regenerarse y comienza a transformarse de manera irreversible en un ecosistema más seco y degradado. Grandes áreas perderían su capacidad de almacenar carbono, liberar oxígeno y regular el clima regional y global, lo que aceleraría aún más el cambio climático y pondría en riesgo a miles de especies.

“Hay que entender a la Amazonía como un todo, donde la participación de todos los países es muy importante, porque si en Brasil y Bolivia siguen existiendo estas dinámicas devoradoras del bosque, pues los esfuerzos de Colombia son insignificantes para enfrentar el punto de no retorno. Tiene que haber una política regional amazónica para que los esfuerzos tengan sentido”, dice Rojas.

Su preocupación se sustenta, por ejemplo, en que Mapbiomas ha encontrado algunas zonas de la Amazonía oriental colombiana que están perdiendo biomasa a pesar de tener tasas muy bajas de deforestación y no haber actividad humana directa.

Para Julia Miranda, congresista y ex directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2026 debe ser un año para fortalecer las instituciones ambientales en el país y convertir la política ambiental en una verdadera política de Estado, no en un discurso. “Sin eso, será muy difícil enfrentar la crisis climática y detener el deterioro de nuestros ecosistemas”, comenta.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, asegura que el sistema de monitoreo de la deforestación del país debe fortalecerse a nivel local porque hay una metodología afianzada a nivel nacional, pero las causas de deforestación son específicas de cada territorio. “Se necesita articular mejor a las instituciones, la comunidad y los gremios económicos para encontrar alternativas no solamente para el monitoreo, sino también para el control de esas causas de deforestación”.

Otro tema importante es lograr que cualquier persona tenga fácil acceso a la información. Para Rojas, un camino en esa dirección es la coordinación y articulación de la información oficial del Ideam con otros sistemas complementarios como el de Mapbiomas “para brindar mejores herramientas para la toma de decisiones”.

En ese sentido, Cortés añade que es importante mejorar la divulgación de las cifras de deforestación para que lleguen oportunamente a los territorios. “Una mayor frecuencia de los boletines y las cifras podría ayudar a tener un mejor control”, dice.

El avance del catastro multipropósito es otro tema fundamental para Adriana Rojas. Este catastro pretende ir más allá de la identificación física de predios para incluir datos clave sobre tenencia de la tierra, usos del suelo y restricciones ambientales y sociales.

El objetivo es que sea un instrumento para apoyar políticas públicas en ordenamiento territorial, reforma agraria y planeación. Aproximadamente el 94 % del territorio nacional tiene datos desactualizados y eso favorece la deforestación para acaparamiento y apropiación de tierras en regiones como la Amazonía.

Unido al catastro, dicen los expertos, debe ir el fortalecimiento de las autoridades ambientales y la Fiscalía para que puedan hacer un control adecuado.

“Más allá de las metas de deforestación, hay que actuar frente a los problemas estructurales que están degradando los ecosistemas: la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la expansión de la frontera agropecuaria y la débil gobernanza en los territorios rurales”, insiste Miranda.

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2. El medioambiente debe ser protagonista en las negociaciones con los grupos armados

Julia Miranda fue promotora de un artículo en la Ley de Paz Total del presidente Petro que buscaba garantizar la protección ambiental en los procesos de negociación. La congresista le dice a Mongabay Latam que la paz debe tener una dimensión ecológica, pero lo que ve hoy, en la práctica, es una profunda decepción. “Las zonas más biodiversas del país —como Chiribiquete, la Serranía de San Lucas, la Macarena o el Pacífico— son precisamente las que están sufriendo con más fuerza los efectos de la violencia”, asegura.

Es por eso que considera que el Gobierno debe poner al medioambiente en el centro de los diálogos que adelanta con varios de los grupos armados que operan en el país y debe consolidar la presencia del Estado en los territorios para revertir, según dice, lo que ha venido ocurriendo hasta el momento: un fortalecimiento de los grupos ilegales y un debilitamiento de las fuerzas legítimas, que trae consecuencias como la invasión de parques nacionales, la expansión de cultivos ilícitos, la deforestación acelerada y la minería criminal.

“La Paz Total debería ser una política integral que combine seguridad, justicia social y sostenibilidad ambiental. No podemos hablar de paz mientras los ecosistemas se destruyen y los territorios más frágiles se convierten en escenarios de guerra. La paz verdadera también se construye protegiendo la vida de la naturaleza”, afirma Miranda.

Y es que la presencia de actores armados en zonas de importancia ambiental ha causado problemas para la gestión de las áreas naturales protegidas. “Necesitamos construir un sistema fuerte de gestión de gobernanza. En este momento tenemos algunos parques nacionales donde no hay control y vigilancia porque están ocupados y controlados por actores armados que tienen prohibida la entrada”, cuenta Clara Solano, directora ejecutiva de Fundación Natura.

Solano también es enfática al afirmar que recuperar la gobernanza no es sólo controlar y sacar al ilegal, sino construir y fortalecer rutas de trabajo con los habitantes legales de los parques nacionales (pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos). “Esos procesos están debilitados. Es claro que la presencia de los actores armados debilita esa gestión”.

Yolima Cortés agrega que los grupos armados han establecido cultivos de uso ilícito y minería ilegal en los territorios “y las consecuencias no sólo se reflejan en términos ecológicos de cobertura, sino también en términos sociales como el desplazamiento de comunidades o comunidades que pierden el acceso a ciertos recursos de los cuales dependen”.

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3. Protección efectiva para los defensores

Un líder del departamento de Guaviare que pidió el anonimato para garantizar su seguridad asegura que se sienten acorralados porque el conflicto armado sigue escalando. “Tiene que haber más protección para los líderes ambientales, comunitarios y campesinos. Mientras persista el conflicto, nosotros vamos a ser los más perjudicados”. El problema es que la protección de esos liderazgos se ha convertido en una eterna deuda y un constante desafío para Colombia.

“Para las personas defensoras es muy difícil hacer su trabajo porque siempre están en un escenario permanente de riesgo. Eso tiene que ver con que no se han logrado los resultados que se querían en la estrategia de paz total del Gobierno [que plantea diálogos con diferentes grupos armados], ni se ha avanzado en la política de desmonte de esas estructuras”, dice Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores.

Otra de las preocupaciones de Torres es que 2026 es un año de elecciones presidenciales y legislativas en Colombia, “y siempre hemos visto que cuando arranca la carrera electoral, las agresiones aumentan porque las personas defensoras también tienen una vida política y participativa”.

Torres es categórica al indicar que a pesar del poco tiempo que le queda al Gobierno de Gustavo Petro, se debe hablar con los actores armados para que detengan su violencia contra las personas defensoras en Colombia. “Es una exigencia que hacemos porque llevamos tres años insistiendo y no hemos visto que sea un asunto central en las negociaciones”, comenta. Y es que las cifras hablan por sí solas: entre 2024 y el primer semestre de 2025 se registraron 1068 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y de ellas 235 fueron asesinatos, según el Programa Somos Defensores.

Los liderazgos indígenas comenzarán 2026 “en la continua defensa de sus territorios”. Así lo dice Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “La persecución contra los indígenas es continua debido a nuestra lucha en contra de la coca ilegal, la marihuana, el narcotráfico y los ataques de los mafiosos que quieren invadir nuestros territorios. Esto llevó a que más de 120 habitantes indígenas murieran en el primer semestre de 2025, aproximadamente 70 de ellos solo en el departamento del Cauca”.

Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, comenta que las organizaciones, no solo indígenas sino campesinas, necesitan mecanismos de protección jurídicos pero también físicos, individuales y colectivos porque los fenómenos de violencia cada vez los ahogan más. “Se necesita desarrollar acciones efectivas que conlleven a la protección física, cultural y espiritual de los pueblos indígenas para que se mantengan en sus territorios dando la pelea”, asegura.

Para lograr lo que planea Capaz, Astrid Torres asegura que es vital cambiar el modelo de protección en Colombia. “Tiene que haber esquemas individuales porque en este país los riesgos para la vida son claros y son reales, pero hay que dar un salto a lograr un sistema de protección de carácter civil y con enfoques claros y precisos”. Para ella, este sistema debe desarrollar acciones de prevención con presupuestos claros y con capacidad de articular acciones de mediano y largo plazo donde se reconozcan los sistemas propios de protección de las comunidades.

“Antes de irse [el 6 de agosto de 2026], el Gobierno tiene que dejar acordada la ruta para el cambio de modelo de protección”, señala Torres.

Otro asunto crucial en la protección de los defensores en el país es la coordinación interinstitucional, algo que sigue sin funcionar adecuadamente, según dice la coordinadora de Somos Defensores. “La arquitectura institucional en materia jurídica en Colombia es robusta y somos reconocidos a nivel internacional por eso, pero en el centro no está la coordinación interinstitucional. Si las entidades que están comprometidas en proteger a las personas defensoras realmente no comprenden su papel, no lo cumplen y no se articulan, pues simplemente tendremos normas y normas, pero no pasará nada”.

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4. Saldar la deuda de las Entidades Territoriales Indígenas

El 16 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó los decretos que formalizan ocho entidades territoriales indígenas (ETI) en la Amazonía del país: Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Río Tiquié, Bajo Río Caquetá, PANI, ARICA, Ríos Cotuhé y Putumayo, y UITIBOC-ASOAINTAM.

Las ETI son entidades político administrativas que forman parte de la organización del Estado, gozan de autonomía política, administrativa y fiscal y serán gobernadas por Consejos Indígenas.

Su creación había sido una deuda pendiente de Colombia con los pueblos indígenas desde hace más de 34 años, cuando se adoptó la Constitución Política de 1991 y se ordenó la conformación de las ETI, además de los departamentos, distritos y municipios. El Congreso debía expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para aplicar la orden constitucional, pero lo hizo solo hasta 2011 y no desarrolló la conformación de las ETI, dejando el tema para una ley especial futura que aún no existe.

En 2018 el Gobierno de Juan Manuel Santos, ante la falta de legislación en el Congreso, emitió un decreto para avanzar con la orden constitucional de 1991, pero durante años las entidades del Gobierno empezaron a pedir más requisitos de los que ordenaba el decreto. Esto llevó a que los pueblos indígenas, apoyados por organizaciones como GAIA Amazonas, tuvieran que presentar tutelas —mecanismo de protección de derechos fundamentales en Colombia— para que la Justicia destrabara los procesos.

Los habitantes indígenas amazónicos llevaban varios meses esperando la firma del presidente Petro, pues ya contaban con ocho acuerdos interculturales que resultaron de los diálogos que se realizaron, entre octubre de 2023 y junio de 2024, con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pues estas entidades deben orientar el proceso de adecuación institucional del Estado colombiano para asegurar la puesta en funcionamiento de las ETI.

Hernán Montero, coordinador del Ámbito Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí de la Fundación Gaia Amazonas, que ha acompañado los procesos de formalización que se aprobaron, comenta que estos ocho territorios indígenas representan más de siete millones de hectáreas y 15 % de la región amazónica colombiana.

“La misma Corte Constitucional ha dicho que las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) existen desde el momento en que lo decidieron los gobiernos indígenas. Lo que aquí estamos haciendo es formalizar la manera en que se coordinan con el resto del Estado”, asegura Montero.

Para Fausto Borraez Mongorofe, representante legal de la ETI UITIBOC – ASOAINTAM, este paso implica el reconocimiento a sus formas de organización, que permiten sostener y preservar la vida en el territorio amazónico.

“Hemos ido fortaleciendo nuestra autonomía y la autogestión para determinar nuestras propias vidas, de lo que queremos hacer con nuestros pueblos en beneficio de la protección de la vida”. El dirigente incluso sostiene que esta figura les ayudará a proteger los territorios de actividades extractivas.

“El objetivo es blindar el territorio contra la entrada de gentes ajenas para la extracción que deteriora el territorio y la visión de los pueblos indígenas”, destaca Borraez.

Si bien la formalización de las ocho ETI ya es un avance, el reto para 2026 es que empiecen a operar y no se queden en un anuncio en papel. Óscar Daza, secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), asegura que los dirigentes y pueblos indígenas esperan una disposición continua y permanente de la institucionalidad colombiana para que cumpla lo que dicen los decretos.

“Desde hace más de 30 años, con la Constitución Política, existía la orden de descentralizar las funciones hacia los territorios indígenas, pero no existió voluntad política. Quienes gobiernan desde Bogotá deben entender esta decisión y dejar de poner obstáculos para que esto se haga realidad porque normativamente ya todo está dado para que los territorios indígenas asuman sus competencias”, comenta Daza.

Los pueblos indígenas de la Amazonía oriental colombiana también esperan que el presidente Petro no termine su mandato el 6 de agosto de 2026 sin avanzar con los procesos de formalización de otras 14 ETI y cinco más que han expresado su voluntad de comenzar el proceso.

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5. Detener la pérdida y el deterioro de los humedales

Año tras año la opinión pública ha centrado su atención en la deforestación de los bosques, principalmente amazónicos. Sin embargo, Clara Solano hace un llamado a prestarle atención a otros sistemas ecológicos esenciales para el país. “Hay una crisis asociada a la degradación de los ecosistemas que hacen regulación hídrica, retención de sedimentos y dan agua permanente a todo los municipios. Veo una degradación absoluta y total de nuestros sistemas de agua dulce”, asegura.

Para la directora de Fundación Natura, la atención integral de los sistemas de humedales en Colombia es un tema prioritario para 2026. Entre las razones están la falta de contención de la contaminación por vertimientos directos de las cabeceras municipales, un incremento en la sedimentación de las grandes cuencas hidrográficas y un significativo deterioro de los indicadores de pesca.

“La gente sigue teniendo indicadores a la baja en la pesca y menor acceso a proteína para la subsistencia familiar. Esto es algo realmente serio en el caso de la macrocuenca Magdalena-Cauca y se repite en las macrocuencas de la Orinoquía y la Amazonía”, comenta Solano.

Es por eso que insiste en que el país debe tomar acciones, muchas de ellas enfocadas en los ecosistemas de alta montaña y la conservación de los páramos que están siendo afectados por el cambio climático.

“La contaminación es hoy un problema muy serio. No hay un solo municipio del país que esté haciendo nuevas infraestructuras para limpiar sus aguas, cuando esto se requiere con suprema urgencia”, indica Solano.

Imagen principal: en Colombia hay un fuego cruzado, en el que pueblos indígenas y sociedad civil son perseguidos y asesinados por mafias, paramilitares y grupos armados. Foto: cortesía Somos Defensores.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una sabia indígena a’i cofán toma un largo tallo de ortiga y da golpecitos en los brazos de Robert Molina, quien tiene el torso desnudo y los brazos estirados mientras sostiene su bastón de orientación por cada extremo. La mujer continúa por la espalda. Molina se arrodilla para facilitar el trabajo. Entre más de 200 personas, en un encuentro realizado a finales de 2025, fue el primero en participar de esta tradición amazónica que busca armonizar el cuerpo y el espíritu.

Molina es indígena del pueblo kokonuko, del departamento de Cauca, Colombia. Fue autoridad indígena en 2017 y trabajó en el fortalecimiento de la educación propia y la guardia indígena. Para él, estas son herramientas fundamentales para proteger el territorio y la cultura frente a los actores armados y ante la ausencia estatal y la reconfiguración del conflicto armado en Colombia.

Así como muchos otros líderes, no ha estado exento de recibir amenazas de grupos armados, incluyendo el Frente Jaime Martínez y el Frente Dagoberto Ramos, disidencias de las FARC-EP, y grupos residuales de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, está convencido del rol de las guardias indígenas como garantes de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.

Desde hace dos años es parte del equipo Punta de Lanza, que acompaña la formación y el fortalecimiento de guardias indígenas en Ecuador, Colombia y Perú. Esta es una iniciativa impulsada por la organización no gubernamental Amazon Frontlines, como una estrategia de defensa ante el crecimiento del crimen organizado en la región.

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Mongabay Latam conversó con Molina en la comunidad a’i cofán de Sinangoe, durante el Encuentro de Experiencias y Saberes de Guardias Indígenas para el cuidado del Territorio y la Cultura, que reunió a más de 200 personas de los tres países.

—¿Cómo surge el proceso de fortalecimiento de las guardias indígenas en Ecuador?

—En 2022 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Guardias Indígenas del Ecuador, en el territorio de la nacionalidad a’i cofán de Sinangoe. Se juntaron delegados de 23 organizaciones regionales amazónicas, las tres organizaciones nacionales –la CONFENIAE, la CONAIE y la ECUARUNARI– y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), de Colombia.

Desde ahí se mandata el fortalecimiento de las guardias indígenas y el intercambio de experiencias para la defensa de la vida, el territorio y los derechos humanos. Eso ha culminado en que los pueblos indígenas sigamos en ese proceso de lucha, de resistencia y de caminar en unidad para pervivir en el tiempo y en el espacio, seguir exigiendo nuestros derechos y seguir protegiendo nuestra cultura.

—¿Con cuántos pueblos indígenas ha trabajado?

—En Ecuador hemos trabajado con siete nacionalidades en el ejercicio de fortalecimiento de la guardia indígena, con base en sus formas de organizarse. En el camino formamos líderes y lideresas. También se han formado semilleros de educación propia para niños y niñas. Nos guiamos por los derechos humanos, porque para nosotros las guardias indígenas significan proteger, respetar y valorar todo lo que tiene que ver con nuestras vivencias, sin pasar por encima de lo ordenado a través del Estado, de las constituciones políticas y los derechos colectivos.

En Perú hemos trabajado con seis pueblos que hoy también están en el ejercicio de la hermandad, de fortalecer las guardias indígenas para la defensa del territorio, para la defensa de sus culturas a través de la autodeterminación y del compartir de las experiencias como pueblos hermanos del Abya Yala [como los pueblos indígenas llaman al continente americano].

—¿Qué conocimientos trae a las guardias indígenas de Ecuador y Perú?

—El conocimiento de las guardias indígenas parte de cada una de las nacionalidades. Los pueblos y nacionalidades indígenas nos centramos en los temas culturales y espirituales. Entonces, se respeta su cosmovisión, sentires, pensares, las formas de ver el mundo. Ahí prevalece la identidad cultural, el idioma propio, la espiritualidad y las formas de organizarse. Entonces es compartir las experiencias y aprender de los procesos arraigados a la defensa territorial y al ejercicio de gobernabilidad de los pueblos indígenas.

—¿Puede dar un ejemplo de ese intercambio?

—Los pueblos indígenas en Colombia somos de mucha espiritualidad. Una de nuestras bases fundamentales es la organización de compañeros y compañeras para formar líderes y lideresas. Fortalecemos a nuestros niños, hijos e hijas para relacionarnos con el territorio, integrarnos en estas formas de vida de los pueblos indígenas. Es el camino que los abuelos y las abuelas han dejado y que han venido defendiendo de diferentes formas.

Entonces, las experiencias que venimos a contar acá es cómo nos hemos organizado en el departamento del Cauca a través de las guardias indígenas para fortalecer los principios y la vida organizativa de los pueblos indígenas. Hemos tratado de recuperar el idioma propio y las diversas culturas que cada nacionalidad tiene.

—Ha trabajado con varios pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué ha aprendido de ellos?

—Las enseñanzas de los pueblos en la Amazonía son a través de los cantos. De manera simbólica se explica ese relacionamiento entre el hombre, la mujer y la naturaleza, el entendimiento del territorio y las normas que tiene la naturaleza, principalmente en los sitios sagrados. Entonces, ¿cómo se respeta eso? A través de la orientación de nuestros mayores y eso es a través de la medicina, del yagé. El yagé nos ayuda a profundizar en la relación del hombre con la naturaleza y con el inframundo. Es algo que nos ha ayudado a fortalecernos, porque en el Cauca no somos pueblos de yagé, somos pueblos de mambé, de hoja de coca, de tabaco.

—¿Qué motivó en principio la creación de la guardia indígena?

—La Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca nació en 1971 como un proyecto de vida para los pueblos indígenas. Nació con cuatro principios, que son unidad, tierra, cultura y autonomía. El objetivo es fortalecer y defender las luchas de los pueblos. La guardia indígena ya venía de mucho tiempo atrás, desde los cacicazgos y desde la invasión de los españoles.

Se retomó por la realidad que vive Colombia con la presencia de actores armados, con la imposición de los terratenientes. Fue una forma de los pueblos indígenas de defenderse y fue trascendiendo a medida que la organización iba caminando. Nuestros abuelos nos venían enseñando la defensa del territorio a través de la espiritualidad, eso nos daba la pervivencia.

Integrar la guardia es una forma de vivir en sociedad, en armonía y en equilibrio con la naturaleza. Eso me motiva, porque somos muchísimos guardias en el Cauca, mujeres, hombres, niños y niñas.

—¿Cómo ha afectado a los defensores ambientales y a los líderes indígenas el conflicto armado en Colombia?

—Hay una problemática interna y externa por la presencia de actores armados, como lo es la antigua guerrilla de las FARC. Después de un acuerdo que se hizo a finales de 2016, hubo un fracaso total por incumplimiento del mismo Estado. Otros grupos guerrilleros se conformaron y empezaron a usurpar los territorios, especialmente de los pueblos indígenas. Empezaron con los reclutamientos y los desplazamientos forzados y a imponer las armas. Pero los pueblos indígenas no usamos armas, la guardia indígena no es un actor armado, es un actor de decisiones comunitarias.

La violencia que se está llevando a cabo en el territorio es porque el departamento del Cauca es una zona de ruta del narcotráfico, porque está cerca al océano Pacífico. Los actores armados tienen mayor presencia en los territorios del departamento del Cauca y disputan el control que hacen las guardias indígenas. En ese control se decomisa la coca, la marihuana. No se le entrega ni a la fuerza pública del Estado ni a la misma guerrilla, sino que en el marco de la autonomía se destruye, ejerciendo la gobernabilidad de los pueblos indígenas.

Siempre hemos tenido esas problemáticas con los actores armados porque tenemos resoluciones y tenemos mandatos comunitarios que no permiten su presencia en los territorios, que no permiten la usurpación de nuestros territorios. Por eso los actores armados se incomodan, no les gusta y les molesta. Desde ahí han empezado las amenazas, los asesinatos, las desapariciones, los secuestros y los reclutamientos.

—¿Usted ha sido amenazado?

—Sí, he sido amenazado en varias ocasiones por las guerrillas en Colombia. Hemos perdido muchos compañeros, de la guardia y defensores, que fueron asesinados por los actores armados por estar en contra de su imposición. La guardia indígena es un colectivo de compañeros y compañeras que defendemos nuestros pueblos, que defendemos nuestro origen, nuestras culturas. A ellos les molesta que nosotros hagamos eso.

—¿Cómo se hacen los decomisos y cómo manejan el enfrentamiento con gente armada?

—La guardia indígena en los pueblos del departamento del Cauca ejerce una función no policial, no armada, sino de decisión comunitaria. Esta decisión es ordenada por nuestras autoridades, nuestra comunidad en asamblea y desde ahí se hacen los recorridos territoriales. En ocasiones encontramos actores ilegales y sus rutas de movilidad.

Lo que más nos ha fortalecido es la unidad, porque si bien no somos armados, sí somos bien unidos al defender nuestros territorios. Hemos llegado a confrontaciones con estos actores y ya viendo multitud de gente, ellos no accionan las armas, más bien nosotros les retenemos y les aplicamos nuestra propia justicia para que no desarmonicen los territorios. Cuando hacemos los decomisos convocamos a la asamblea como máxima autoridad, es toda la comunidad, hacemos el ejercicio de gobierno propio amparado en la Constitución Política, nuestro usos y costumbres. Se hace la destrucción de todos los elementos materiales que se decomisa, sean drogas, armas o vestimenta.

—¿Reportan estos decomisos a las autoridades?

—Invitamos a las autoridades occidentales, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Comisaría de Familia, el personal municipal y las alcaldías como garantes del ejercicio.

—¿Cuáles han sido las mayores victorias de las guardias indígenas?

–Posicionar la guardia en el marco de los derechos humanos con un reconocimiento internacional, donde la ONU la reconoce como un actor no armado.

—Volviendo a Ecuador, recientemente fue mencionado en una denuncia presentada por la Fiscalía en contra de una serie de líderes indígenas, aunque usted no está denunciado directamente. ¿Cuál es su respuesta frente a este tipo de actos que asocian a las guardias indígenas con el terrorismo?

—Sabemos que los Estados nos vienen señalando de diferentes formas, a través de medios de comunicación, de instituciones, pero no tenemos miedo porque el ejercicio de la guardia es colectivo y público. Estamos trabajando bajo nuestra autodeterminación, principios, mandatos, cosmovisiones, educación propia y formas de vida. Me gustaría que el Gobierno y los medios de comunicación conozcan cuál es el verdadero ejercicio que hace la guardia indígena.

—¿Cuál es el futuro de las guardias indígenas?

—Hoy, tanto en Colombia, Ecuador y Perú, el ejercicio que realiza la guardia indígena está legitimado, pero también está vulnerado por agentes externos. Los gobiernos ven en las guardias indígenas una amenaza contra el Estado y no es así. Otra amenaza importante es la de los actores armados. Las mayores amenazas son de las guerrillas, de las bandas delincuenciales, del narcotráfico y de la misma fuerza pública.

Las guardias indígenas trabajamos bajo un ejercicio legítimo de autonomía para la defensa de nuestro territorio, nuestra identidad cultural y nuestras formas de vida porque sabemos que el Estado no ofrece esas garantías para defendernos a nosotros y a nuestros territorios, ni para garantizar nuestros derechos y fortalecer nuestras culturas.

—Finalmente, ¿para usted qué es el territorio y por qué protegerlo?

—El territorio para los pueblos indígenas es nuestra casa, es nuestro mercado, nuestra medicina, nuestra farmacia. Nosotros sin territorio no somos nadie. En el territorio trabajamos, protegemos, tenemos nuestra economía solidaria, familiar y colectiva. Entonces, el territorio para nosotros es la vida del ser, el espacio donde se da el relacionamiento entre el hombre y la naturaleza.

Foto principal: Robert Molina frente a las más de 200 guardias indígenas que se dieron cita en Sinangoe, Ecuador, en diciembre de 2025. Foto: cortesía Daris Payaguaje / Alianza Ceibo.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La oficialización de las primeras ocho Entidades Territoriales Indígenas (ETI) en la Amazonía colombiana marca un cambio en el ordenamiento político del país y salda una deuda de más de 34 años que el Estado tenía con los pueblos originarios desde el nacimiento de la Constitución de 1991.

Los gobiernos indígenas oficialmente reconocidos en Colombia desde el pasado 16 de diciembre, tras la firmas de decretos del presidente Gustavo Petro, entrarán ahora a una nueva etapa en la que deberán coordinarse con instituciones del Estado, que ahora los reconoce como autoridad, para implementar sus saberes en los sistemas de salud, educación, justicia y ambiente, donde han logrado la preservación de sus territorios.

Esto también implica la modificación del mapa Colombiano, donde los territorios Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Río Tiquié, Bajo Río Caquetá, PANI, ARICA, Ríos Cotuhé y Putumayo y UITIBOC–ASOAINTAM no solo aparecerán dentro de la cartografía, sino que gozarán también de autonomía presupuestal y fiscal para desarrollar aún más las estructuras políticas, espirituales y territoriales que los han sostenido durante siglos, incluso ante el extractivismo de los recursos naturales y la violencia armada.

La Fundación GAIA Amazonas acompañó 10 de los 20 procesos que gobiernos indígenas emprendieron para ser reconocidos formalmente como ETI. Julieth Rojas Guzmán, subdirectora técnica y política de la organización, explica a Mongabay Latam los pasos que siguen para este ejercicio histórico, que vendrá con retos, pero que, asegura, permitirá fortalecer la autonomía, el pluralismo y la construcción del Estado desde los territorios.

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—Llegó la formalización de las Entidades Territoriales Indígenas, ¿qué pasos deben seguir ahora para esta reconfiguración en Colombia?

—Viene todo lo que implica el funcionamiento pleno de esas entidades territoriales indígenas. Acá lo que es importante es recordar que los acuerdos interculturales definen una serie de rutas y de garantías para que estos gobiernos indígenas cuenten con las condiciones políticas, administrativas, fiscales, para que puedan efectivamente ejercer sus competencias en coordinación con las otras instituciones, sobre todo del orden nacional, para poder cumplir con esos objetivos que se tienen como Estado, sobre todo lo que implica la coordinación con educación, con salud, con ambiente, con hacienda, con planeación.

Lo que se requiere es sostener un diálogo intercultural y mecanismos efectivos de coordinación para una adecuación institucional en doble vía.

La idea no es que la institucionalidad del Estado se transforme totalmente de modo que sea semejante a los gobiernos indígenas. Tampoco el caso contrario, que los gobiernos indígenas tengan que transformarse para que funcionen tal cual como opera el resto de la institucionalidad estatal, sino que en efecto se puedan trazar puentes y esas adecuaciones institucionales para que la diversidad de gobierno, de administración, de conocimiento, se pueda expresar como está previsto en la Carta Constitucional.

El decreto 488 aclara cuáles son las fuentes públicas a las que pueden tener acceso estas entidades territoriales indígenas bajo el principio de igualdad con otras entidades territoriales. Por ejemplo, que las fuentes son todas las públicas y no solamente lo que corresponde a la Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Ya entran regalías entre el Sistema General de Participaciones para los distintos sectores, incluido educación, salud y otras rentas nacionales.

Habrá un proceso de diálogo intercultural para que esos mecanismos de planeación, de ejecución, de seguimiento, de rendición de cuentas que han desarrollado los gobiernos indígenas puedan interlocutar en igualdad de condiciones con el Sistema Nacional de Planeación y de Presupuestación. Eso implica transformaciones para que se pueda hacer efectivo.

La asunción de competencias va a ser progresiva en cada uno de esos territorios. La idea es que con base en los avances que ya tienen esos gobiernos territoriales se definan esas rutas para que cuenten con el acompañamiento técnico y financiero de las instituciones con las que se coordinan para ese ejercicio de competencias.

Por ejemplo, en el caso de salud, en los acuerdos interculturales hay fechas, mesas, rutas específicas para que esos gobiernos indígenas terminen de desarrollar los modelos y la coordinación con el Sistema General de Salud del Estado y que sea a partir de ahí que se generen puentes con todas las garantías financieras para poder lograrlo.

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—¿La delimitación de las Entidades Territoriales Indígenas también se hará geográficamente en el mapa político de Colombia?

—Sí, de hecho eso es parte de la celebración que queremos acompañar con los gobiernos indígena porque este proceso lo que hace es que el mapa de Colombia se transforme y que se transforme para reflejar esa realidad de gobierno territorial que la cartografía anterior no mostraba.

Están los departamentos, los municipios, los distritos especiales, que no son muchos, pero existen, también los ves reflejados en el mapa, por ejemplo, en el caso de Bogotá, pero como las Entidades Territoriales Indígenas son toda esta deuda estructural de 34 años con la formalización de estas primeras ocho es que empieza a configurarse esa cartografía, reflejando esa realidad de gobierno que existe en la Amazonía Oriental Colombiana.

Entonces, la idea también de lo que sigue es que muy pronto se puedan hacer también esas adecuaciones de cómo se configura esa realidad político-administrativa también en la cartografía oficial del país, que se va a seguir transformando en tanto son 25 gobiernos en total los que han avanzado en esta decisión de formalizarse como Entidad Territorial Indígena.

Los 10 gobiernos indígenas con los que trabajan en Amazonas son los que han liderado el proceso y quienes han abierto el camino para los otros gobiernos indígenas. Pero una vez que todos estén en un punto de avance, esa Amazonía va a mostrar esas 20, 25 ETI completando este mapa con base en esas realidades de gobierno territorial. Estamos en ese momento de celebración porque se está concretando el pacto constitucional de 1991, construyéndose el Estado desde lo local y con base en la diversidad y pluralismo.

—¿Los 25 territorios que están en proceso son a nivel nacional o sólo en la región de la Amazonía?

—Únicamente en la Amazonía. Incluyen los ocho que ya cuentan con su acuerdo intercultural, es decir, que ya están formalizados. En mayo también se expidió un decreto, a través del cual también se constituye la entidad territorial indígena de la zona extrema de la Guajira. Y esa entidad territorial indígena está al norte del país, no está en la Amazonía, sino en la Guajira.

Y sabemos de otros pueblos indígenas en distintas partes del país que también están interesados en dar estos primeros pasos. Entonces estas 25 de las que te hablo están ubicadas en lo que conocemos como Amazonía Oriental, que son tres departamentos: Amazonas, Vaupés y Guainía.

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—Por ejemplo, ¿qué pasará en este nuevo escenario con otros conflictos que surgen en el día a día, como la violencia intrafamiliar?

—Cada uno de esos gobiernos territoriales cuenta con lineamientos de política y están centrados en el bienestar de la gente de los territorios, en un goce efectivo de los derechos de las personas.

Se entiende que hay asuntos que deben coordinarse, por ejemplo, con la Justicia ordinaria. Los gobiernos indígenas tienen toda la potestad de desarrollar e implementar sus propios sistemas para la administración de la justicia en sus territorios y hay asuntos que deciden coordinar con esa Justicia ordinaria, de acuerdo a los desarrollos que han venido generando la capacidad de respuesta de la institucionalidad que ya está construida para esos fines y de los casos puntuales.

Las infancias y las mujeres son sujetos de especial protección y de interés general. Frente a ese tipo de temas habrá también que desarrollar esos mecanismos de coordinación efectiva en territorios donde realmente esa institucionalidad nunca ha sido efectiva. El desarrollo de estos gobiernos indígenas permite sobre todo consolidar ese bienestar colectivo y atender situaciones que a través de la Justicia ordinaria o de mecanismos ordinarios no ha tenido ningún tipo de respuesta.

Se pueden tejer unas nuevas formas de relacionamiento que respete esa autonomía territorial, pero siempre, por supuesto, con garantía de los derechos de las personas.

—La autonomía para los pueblos indígenas ha venido más de resoluciones judiciales y decretos presidenciales, ¿sigue pendiente una ley de ordenamiento territorial en el Congreso?

—Todo lo que ha venido ocurriendo y la formalización efectiva de estas primeras entidades territoriales indígenas dan la pauta de cómo está ordenado el país y cómo se configura política y administrativamente.

Esa ley orgánica de ordenamiento territorial, cuando exista, debería recoger todos esos avances, nunca ponerlos en duda o entrar en contradicción con ellos, sino reconocer que ya ha habido un reconocimiento efectivo de esos gobiernos territoriales, que se sabe que ahí efectivamente se garantizan los derechos de la gente.

Pero también hay un ordenamiento territorial que procura el bienestar de la vida y, precisamente, esa ley de ordenamiento debería recoger esas realidades y soportarse en esos avances que se han venido generando por la decisión clara de estos gobiernos indígenas. Son los procesos locales los que le están dando la pauta. Acá ya se está materializando lo que se había planteado en la Constitución de 1991.

—¿Qué llamado haría a la sociedad colombiana para que reconozca la autoridad de estas ETI?

—Un llamado a reconocer que esto es un proceso que protege los derechos de la gente, que protege realmente esas funciones vitales de la Amazonía, porque la consolidación de esa autonomía en términos políticos, administrativos y fiscales es una estrategia que pone en el centro de la conversación nacional y global ese bienestar de la gente y la integridad del territorio.

Es un llamado a la celebración como ciudadanía de que finalmente se esté cumpliendo ese pacto constitucional y un mensaje de que la autonomía en los gobiernos indígenas lo que hacen es aportar a esa configuración del Estado y no socavar el relacionamiento entre otras entidades que existen en el ordenamiento. Con este proceso Colombia gana. También con que la ciudadanía realmente pueda conocer y comprender lo que esto significa para su propio bienestar y para la protección de la integridad de la vida.

Imagen principal: las Entidades Territoriales Indígenas reconocidas en Colombia abarcan el 15 % de la Amazonía del país. Foto: cortesía Juan Gabriel Soler / GAIA Amazonas.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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