El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

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“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

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Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“Al ritmo que viene el desarrollo de la inteligencia artificial, se calcula que cada año se van a construir entre 120 y 130 data centers de hiperescala a nivel mundial. Estamos hablando de alrededor de 800 nuevos centros de datos gigantescos hasta 2030. Eso es brutal”, dice a Mongabay Latam Soledad Vogliano, investigadora argentina del grupo ETC, una organización que monitorea el impacto de las tecnologías emergentes sobre la biodiversidad, la agricultura y los derechos humanos.

Se tratan de gigantescas infraestructuras digitales que albergan la información necesaria para abastecer una demanda cada vez mayor de almacenamiento de datos con una gran variedad de propósitos, entre ellos, el creciente uso de la inteligencia artificial (IA). El problema de estas construcciones es que para su funcionamiento permanente requieren de un uso intensivo de recursos, como agua y energía.

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De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos consumen entre el 1.5 % y 2 % de la electricidad a nivel mundial y se calcula que para 2030 esta demanda se duplicará. Lo mismo sucede con el agua. Vogliano explica que cuando se instala un data center en hiperescala, es decir, de grandes dimensiones, este puede utilizar hasta 19 millones de litros de agua por día, que equivale a lo que consume una ciudad de 50 000 habitantes en una jornada.

Con estos niveles de consumo de agua y energía, sumado a la ocupación de grandes espacios de tierras y otros problemas para las poblaciones cercanas como los ruidos constantes por el funcionamiento de los equipos, los conflictos socioambientales están en aumento.

La expansión de la infraestructura digital

Desde hace tres años, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “empezó a identificar mucha conflictividad asociada a la nueva infraestructura digital, una situación que, prácticamente, se puede encontrar en todo el continente”, comenta Javier Palummo, Relator Especial de Redesca, en conversación con Mongabay Latam.

“Es la primera vez que desde el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se pone énfasis específico en los impactos de la infraestructura digital sobre los derechos humanos”, agrega Palummo.

Palummo se refiere así a lo que significa la presión sobre servicios esenciales, el costo y la disponibilidad de la energía y los riesgos estructurales en el goce del derecho al acceso al agua, que “podrían tener impactos vinculados a la salud y al ambiente sano, entre otros derechos”. En ese sentido, Palummo menciona que existe una mayor preocupación cuando este tipo de obras de infraestructura digital se desarrollan en zonas con estrés hídrico o en lugares que se encuentran en una situación de desigualdad preexistente.

Otro aspecto que menciona Palumbo con relación a la evaluación de casos que vienen haciendo en Redesca son los marcos regulatorios y las políticas públicas relacionados con las facilidades para que se instalen estas infraestructuras. “Hemos identificado que cada país toma distintos caminos a la hora de asegurar que este tipo de grandes obras tenga un impacto reducido en términos de protección del ambiente, de afectación del ambiente, uso de recursos naturales, de energía”, asegura el relator.

Desde ese punto de vista, la relatoría ha llamado a que los Estados adopten marcos regulatorios y políticas públicas que aseguren que la transformación digital se desarrolle con enfoque de derechos humanos, sostenibilidad ambiental y debida diligencia ambiental.

Aunque la Redesca considera que el desarrollo de esta infraestructura digital puede ser importante y estratégica para el progreso económico y social de los Estados de la región, también toma en cuenta que esto solo puede ser posible cuando contribuye a reducir problemas estructurales y promover la inclusión de poblaciones históricamente excluidas.

Palummo también menciona que los conflictos sociales alrededor de las infraestructuras digitales se han generalizado en todos los países del continente.

Por su parte Soledad Vogliano señala que América Latina es la región que cuenta con menos desarrollo de infraestructura digital, pues solo alrededor del 5 % de los data centers del mundo están en Latinoamérica. “Los países que tienen mayor desarrollo son Brasil, México y Chile, pero fundamentalmente Brasil, porque se ha constituido en un hub de desarrollo de data centers alrededor de Sao Paulo”.

En cuanto a Chile, Vogliano menciona su cercanía con los puertos de entrada de cables submarinos de fibra óptica, que le brindan ventajas para el funcionamiento de estos data center. Cabe mencionar que las instalaciones subterráneas de fibra óptica son otra de las infraestructuras digitales a gran escala que también genera conflicto en las comunidades, que reclaman la ausencia de consultas públicas antes de la instalación de estos equipos.

En el caso de México, comenta Vogliano, el desarrollo de los data center tiene que ver con el vínculo con los Estados Unidos. Sin embargo, recientemente, sobre todo en el último año, “hay una especie de carrera por promover la llegada de data centers en otros países”. Un caso paradigmático es el anuncio del presidente Javier Milei para la instalación de data centers de Open AI —el gigante de ChatGPT— en la Patagonia.

Durante la reunión que tuvo Milei con los representantes de la empresa se destacó el compromiso de posicionar al país como un enclave estratégico para el desarrollo tecnológico y consolidar a Argentina como un hub de innovación. Otras empresas que están desarrollando a gran escala la inteligencia artificial e instalando data centers de grandes dimensiones son Amazon, Google y Microsoft.

Además del problema del uso intensivo de agua y de energía, el uso de la tierra también genera conflictos. “En algunas zonas ocurren cambios de uso de suelo, zonas que eran típicamente rurales, incluso cordones de producción de alimentos cerca de las ciudades, empiezan a convertirse en sitios de producción de capacidad computacional. Eso, obviamente, es un rediseño del territorio”, aclara Vogliano.

En otros lugares lo que está pasando es que los centros de datos empiezan a competir con zonas de barrios populares, agrega la especialista, transformando la dinámica del territorio. “Un  impacto directo que hace que la vida en ese lugar sea muy difícil es el ruido. Es algo que nadie toma en cuenta, pero los data centers producen un ruido permanente. No es muy fuerte, pero es como sentir un zumbido permanente todo el tiempo”, cuenta Vogliano.

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El reclamo de las comunidades

“Antes de que llegaran los centros de datos, Querétaro ya enfrentaba problemas de estrés hídrico”, comenta a Mongabay Latam el mexicano Adrián Carrera, líder de Infoactivismo de SocialTIC, una organización dedicada a investigar la tecnología digital.

Carrera conoce bien lo que está sucediendo. Querétaro es el estado de México con mayor cantidad de centros de datos a hiperescala. Un lugar donde se han instalado esas infraestructuras gigantescas que albergan los equipos necesarios para almacenar inmensos volúmenes de información que alimenta la inteligencia artificial (IA).

“Tenemos testimonios de algunas comunidades cercanas a centros de datos que refieren que ahora tienen cortes de agua, por ejemplo, con mayor frecuencia. Si bien ya tenían  problemas antes, ahora se han agravado”, comenta.

Se están generando también problemas de suministro eléctrico. “Estos impactos son cada vez más evidentes y las personas se molestan. Por eso, es más probable que se presenten más conflictos socioambientales”, afirma.

Carrera asegura que las personas que viven cerca de los lugares donde se instalan estos data centers ven fracturada su cotidianidad. “Lo más evidente es que abras la llave del agua y no salga o que se vaya la luz por muchas horas, con una frecuencia que no ocurría antes. La gente nos dice: ‘Ya no puedo vivir como vivía antes’”, cuenta.

A ello se suma la falta de información transparente sobre los proyectos y una especie de zona gris sobre la normas y leyes alrededor de éstos. Carrera menciona que los grupos de activistas en Querétaro han tenido dificultades para acceder a la información sobre cómo se están desarrollando estos proyectos. “Si no hay información es más difícil que haya una discusión pública con evidencia”, comenta.

Carrera también aborda las diferencias en cuanto a legislación entre países para permitir la instalación de los centros de datos y explica que los países de la Unión Europea tienen regulaciones más estrictas que en América Latina.

Eduardo Poletti, director de las maestrías en Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma del Perú, señala que si bien con el desarrollo de la IA la demanda de centros de datos es exponencial, no se debe dejar de lado otros aspectos necesarios para el funcionamientos de estas infraestructuras digitales, como el cableado de fibra óptica. “Estos grandes centros de datos van a funcionar en la medida en que haya conexión. Y obviamente por el crecimiento exponencial de la IA tiene un impacto colateral”.

La pregunta es “¿estamos preparados?”, comenta Poletti. “Somos conscientes de que particularmente en América Latina los ejes de estos impactos están en el agua” y menciona el caso de Perú, donde existen zonas con estrés hídrico, por tanto, instalar centros de datos “definitivamente sería una bomba social”.

Otro aspecto importante que menciona Poletti es nuevamente el uso de energía y del territorio. En este último aspecto toma en cuenta el cableado submarino y las torres de telecomunicaciones que  impactan en los ecosistemas en forma sensible. “La conectividad no puede avanzar a costa de este tipo de invasiones en los territorios. Necesitamos modelos sostenibles que prioricen, obviamente, las energías renovables y una gestión más eficiente del uso del agua”.

Poletti menciona que también es importante “la generación de valor compartido”, es decir, que se consulte a las comunidades cuando se planea instalar centros de datos y fibra óptica en sus territorios y se garantice que esas comunidades sean parte de esos proyectos, pues más allá de la inversión que realicen los grandes operadores tecnológicos también deben tener una responsabilidad con el entorno y la población. “Es muy difícil llegar a generar un valor compartido”, afirma.

En cuanto a la legislación, Poletti señala que en América Latina “es muy pobre” y “no se manejan estándares” para los recursos hídricos y energéticos, como sí se hace en los países europeos. “Se menciona que para 2030 el consumo de agua de los centros de datos podría superar 1.2 billones de litros de agua por cada kilovatio hora utilizado por la IA, eso es impensable”, dice el catedrático. Por eso, agrega “el desafío es que en países como el nuestro se establezcan estándares para la innovación tecnológica que se sustenten en políticas ambientales y sociales que aseguren beneficios tanto para las personas como para los ecosistemas”.

Imagen principal: data center en Querétaro, México. Foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Estos cargos de representación popular constituyen la rama legislativa del Estado Social de Derecho y desde el punto de vista constitucional son los representantes del pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común.

Desafortunadamente el prestigio de varios congresistas de la República está minado por prácticas clientelistas y corruptas, por ejemplo, como las que se presentan actualmente por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A partir de las declaraciones de Olmedo López se desencadenaron las capturas del representante Andrés Calle y del expresidente del Congreso Iván Name. La Corte Suprema de Justicia adelanta procesos contra Liliana Bitar y Wadith Manzur del Partido Conservador; Julián Peinado y Juan Pablo Gallo del Partido Liberal; Karen Manrique (Citrep Arauca), Julio Chagui Flórez del partido de la U; Martha Peralta del Pacto y Juan Diego Muñoz del partido Verde. De estos dirigentes, Manzur busca la reelección en el senado.

Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, de los 1.078 candidatos al senado, 76 tienen investigaciones legales; en gran parte, pertenecen a partidos tradicionales como el Liberal, El Conservador, la U y Cambio Radical. El Pacto Histórico y el Centro Democrático también tienen algunos candidatos con estos problemas.

Además de esta lamentable situación, al considerar las propuestas de los candidatos y las candidatas a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, son pocos los que se comprometen a impulsar proyectos de ley que contribuyan a enfrentar la crisis ambiental que padecemos como humanidad, la cual amenaza todas las formas de vida y compromete seriamente el futuro de las próximas generaciones.

El tema ambiental no es un asunto menor y no debe marginalizarse a la hora de decidir por quién votar en las elecciones del 8 de marzo. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen dos opciones de elección: la primera apoyar una lista cerrada de un partido político; y la segunda apoyar a un candidato o candidata específico. Cada una de estas opciones tienen aspectos a favor y en contra.

Apoyar una lista cerrada expresa el compromiso con un proyecto y colectividad política que tiene una agenda establecida de acuerdo con principios, programas y estrategias construidas históricamente. Sin embargo, en las listas se pueden ocultar candidatos con problemas legales. Por ejemplo, José Vicente Carreño, del Centro Democrático busca reelegirse al Senado, aunque tiene investigaciones por desaparición forzada y presunto tráfico de influencias. César Lorduy y Didier Lobo, de Cambio Radical, también tienen investigaciones judiciales. David Racero, del Pacto Histórico, ha estado involucrado en situaciones preocupantes asociadas al presunto mal manejo de recursos públicos.

Apoyar directamente a un candidato o candidata permite examinar con mayor detalle su formación, experiencia y trayectoria política, así como la coherencia de sus propuestas y la viabilidad llevarlas a cabo.

Listas cerradas y el compromiso ambiental

Para las elecciones de este 8 de marzo, las colectividades Pacto Histórico, Oxígeno, Con Toda para Colombia, Centro Democrático, Patriotas y Colombia Segura y Próspera, han optado por presentar sus candidatos en listas cerradas, en las cuales los electores solo escogen la colectividad y no a un  candidato específico. Según el número de votos que obtengan, estas listas lograrán un determinado número de curules en el Senado o en la Cámara.

De estas colectividades políticas, puede afirmarse que los partidos y movimientos que constituyen el Centro Democrático, Patriotas y Colombia Segura y Próspera, en su mayoría, no tienen una preocupación relevante por atender los problemas complejos de la crisis ambiental. Estos se expresan en la destrucción de los patrimonios naturales del país, la inclemente deforestación, la contaminación química de la atmósfera, el suelo y el agua, la destrucción de la biodiversidad y diversidad cultural, el cambio climático, entre otros problemas que configuran esta crisis.

La agenda política de estas colectividades centra su atención en la idea de progreso y desarrollo económico capitalista como promesa para alcanzar la justicia, el bienestar y la equidad. Sin embargo, diversos trabajos académicos sobre la crisis ambiental señalan que uno de los problemas estructurales se asocia a este mito, pues el crecimiento económico no ha garantizado la superación de la pobreza y la justicia social, por el contrario, ha sobrepasado los límites ecológicos del planeta para la conservación de sus equilibrios, al sostener dicho desarrollo en función del extractivismo de la naturaleza.

Aunque el partido Oxígeno incluye en su agenda la protección del agua y de los páramos, líderes destacados de este movimiento como Enrique Peñalosa han demostrado todo lo contrario en su gestión. Peñalosa promovió la construcción longitudinal de la avenida Aló, que continuaba  fragmentando la red de vida de los humedales de Bogotá y, lo más grave, ponía en peligro la reserva Van der Hammen, uno de los patrimonios naturales de la ciudad que, junto con los cerros orientales, resiste las amenazas del crecimiento urbanístico incontrolado e insostenible.

El Pacto Histórico presenta avances en el terreno ambiental expresados en propuestas concretas que han promovido para avanzar en la necesaria (aunque aún insuficiente) transición energética. Se ha comprometido con detener la búsqueda de petróleo en el país y fomentar otras formas de energía como la eólica. Aunque la emisión de gases de efecto invernadero por uso de fuentes fósiles en Colombia es mínima en comparación con la de países como China, Estados Unidos, India, Rusia o la Unión Europea, esto no nos exime de nuestra responsabilidad ética con el planeta. Por lo tanto, por pequeño que pueda ser nuestro aporte, debemos contribuir con la mitigación del cambio climático, que ya nos afecta con las alteraciones en los periodos y frecuencia de las lluvias, impacto en los ecosistemas marinos, aceleración del retroceso de los glaciares y pérdida significativa de la biodiversidad.

Colombia no emite significativamente gases de efecto invernadero producto de la quema de combustibles fósiles; sin embargo, sí contribuye al problema con el uso inadecuado del suelo, las prácticas ganaderas en vastos territorios nacionales y, sobre todo la deforestación que se intensifica en nuestros bosques tropicales. Estos proveen de agua a los páramos, los cuales, a su vez, abastecen a todos los capitalinos y además constituyen importantes sumideros de carbono, aportando de esta forma a mitigar el cambio climático.

Sin trabajar en específico por el tema climático, Esmeralda Hernández del Pacto Histórico desde su actuación en el Senado, abraza la causa ambiental y aspira de nuevo a reelegirse ocupando la novena posición de la lista del Pacto. En su trayectoria política, se destaca por ser la autora del proyecto de Ley No Más Olé, que recoge las demandas del movimiento animalista en Colombia en contra del maltrato y el sufrimiento animal. También logró la aprobación de la Ley humedales para protegerlos y la Ley del rescate animal que son los que más sufren los efectos de las emergencias naturales o antrópicas como los incendios forestales.

Por otro lado, Yaini Contreras ocupa la posición 17 en la lista cerrada del Pacto al Senado y su condición de lideresa indígena del Pueblo Zenú en Córdoba y Sucre, le otorga un valor especial en el campo ambiental. Específicamente ha participado en la Asociación de Productores Indígenas Agroecológicos que se constituye con un referente en la promoción de prácticas responsables con la madre tierra.

Voto preferente por candidato

Elegir directamente a un candidato o candidata al Congreso de la República facilita la toma de decisión con responsabilidad y compromiso ético, ya que posibilita centrar la atención en el análisis de la formación y la trayectoria política de quien será elegido. Es posible corroborar si está inmerso en alguna investigación judicial o si ha hecho parte de escándalos políticos o situaciones que comprometan su idoneidad y transparencia. No es lo mismo votar por una lista cerrada que puede esconder candidatos cuya reputación ha sido cuestionada con evidencias consistentes o camuflar a aquellos que no tienen una amplia trayectoria con comunidades. Estas postulaciones pueden obedecer a intereses particulares de grupos o familias de poder, independientemente del partido, sea este de izquierda, derecha o centro.

Gran parte de las personas que aspiran al Senado y a la Cámara no tienen propuestas o experiencias ambientales significativas, lo que evidencia que esta problemática aún está marginalizada de la política legislativa. Predomina así un pensamiento antropocéntrico que desconoce la naturaleza como sujeto de derechos y la instrumentaliza para obtener recursos y beneficios, sin evaluar los costos e implicaciones a corto, mediano y largo plazo.

En realidad, los seres humanos somos naturaleza y dependemos de ella, por lo tanto, todas las acciones que generamos sobre esta también repercuten en nuestras vidas y bienestar. Por esa razón, la concepción moderna de una supuesta superioridad humana para controlar, domesticar, manipular, explotar y apropiar todo lo existente en la naturaleza se derrumba frente a los efectos de la crisis climática que cada vez golpeará con mayor contundencia los distintos asentamientos humanos.

Dentro de los pocos candidatos o candidatas que incorporan en sus idearios la agenda ambiental, encontramos a Carolina Agudelo por el Nuevo Liberalismo, ella es aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá, además de proponer proyectos de ley para la autonomía económica de las mujeres y el reconocimiento salarial de los docentes que trabajan con la primera infancia en el sector privado, también propone un eficiente control político al fallido modelo de manejo de residuos sólidos producidos en Bogotá. Se conoce que, aproximadamente más del 50% de estos residuos son orgánicos y no se aprovechan, aumentando el problema insostenible de los rellenos sanitarios, siendo necesario la construcción de un nuevo modelo que los aproveche en toda la cadena de valor y que se abra paso a la generación de energía a partir de procesos de transformación sustentable.

Julia Miranda Londoño también del Partido Nuevo Liberalismo es candidata a la Cámara y se destaca por su trayectoria política en temas ambientales, fue autora de varios proyectos de ley en esta materia, destacándose la generación de medidas tendientes a la reducción de emisiones vehiculares contaminantes, la conservación de humedales, las condiciones especiales para el transporte de fauna silvestre rescatada,  la prohibición de prácticas de entrenamiento cruel con animales, la enseñanza de las sostenibilidad ambiental, el cambio climático y la gestión del riesgo, el reconocimiento del desplazamiento forzado por causas climáticas, entre otros temas. 

Andrea Padilla Villarraga del Partido Alianza Verde, actualmente es senadora y aspira a reelegirse, se destaca por la autoría de proyectos de ley sobre la prohibición de prácticas de entretenimiento cruel con animales, la promoción al reconocimiento de personas cuidadoras y rescatadoras de animales domésticos. Ha buscado que los zoológicos, acuarios y aviarios se constituyan en espacios de refugio y ha impulsado la protección de la Amazonia y el reconocimiento del desplazamiento humano por el cambio climático, entre otros asuntos.

Duvalier Sánchez Arango es de la misma colectividad de Andrea Padilla, se desempeña como representante a la Cámara por la circunscripción del Valle del Cauca y aspira al Senado en estas elecciones. Se destaca por la acción climática y la movilidad sostenible, al promover la protección del medioambiente a partir del uso de la bicicleta como transporte alternativo y ha buscado la protección del campesinado como sujeto especial de protección constitucional.

Nuestro ejercicio democrático en la elección popular de los nuevos representantes a la Cámara y al Senado implica un gran responsabilidad política y ética con el futuro del país y sus regiones. Por esa razón, debemos analizar muy bien qué y a quién vamos a elegir. Indaguemos sobre la trayectoria política de los y las candidatas, evaluemos sus propuestas y si ya han sido congresistas, estudiemos su gestión y logros.

Además de evaluar las propuestas en términos de los aspectos sociales más sentidos, también analicemos si existe un compromiso ambiental con la madre tierra, porque, aunque no sea la agenda predominante de los políticos, de esto dependerá el futuro de todas las formas de vida incluyendo la nuestra y la de nuestros amigos y familiares. Como se diría en la lengua indígena más hablada de nuestra américa, la lengua Quechua: “La tierra es nuestra herencia, debemos protegerla para las futuras generaciones”. “La naturaleza es nuestra vida, debemos protegerla”.

Debemos analizar muy bien qué y a quién vamos a elegir. Indaguemos sobre la trayectoria política de los y las candidatas, evaluemos sus propuestas y si ya han sido congresistas, estudiemos su gestión y logros. También analicemos si existe un compromiso ambiental con la madre tierra, porque, aunque no sea la agenda predominante de los políticos, de esto dependerá el futuro de todas las formas de vida incluyendo la nuestra y la de nuestros amigos y familiares.

@LeoMartinezUPN

Colombia inició 2026 con una consulta pública para definir cómo implementar el Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe. Aunque el ejercicio parte con una propuesta de acciones prioritarias y promete escuchar a comunidades indígenas, organizaciones, ciudadanos y privados, la ruta será insuficiente si no logra traducirse en acciones concretas, como evitar que se sigan asesinando a defensores del territorio.

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Esto es lo que advierten especialistas en derecho ambiental que han seguido de cerca la aplicación del acuerdo en la región. Consultados por Mongabay Latam, destacan las experiencias, aciertos y fallas de esta implementación en países como Chile, Ecuador o México para que el acuerdo vaya más allá de solo un papel.

En Colombia, la propuesta de implementación incluye 23 acciones prioritarias que fueron trabajadas por diferentes instituciones, con apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y que estarán sometidas a consulta pública hasta el próximo 19 de febrero.

Tras culminar ese proceso, una Comisión Intersectorial —que estará integrada por las mismas instituciones estatales— definirá plazos, metas e indicadores de cada acción que busca dar vida al Acuerdo de Escazú.

Cómo va Escazú en la ruta colombiana

Desde mayo de 2024, la Corte Constitucional de Colombia declaró constitucional y compatible el Acuerdo de Escazú en el país, por lo que es una obligación implementar este tratado, pero cómo hacerlo, por quiénes y desde dónde es el camino que apenas se comienza a trazar.

Al anunciar la consulta pública, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, sostuvo que la ruta colombiana propone acciones concretas para aterrizar el acuerdo y “promover la participación pública” en los temas ambientales.

Sin embargo, Mauricio Madrigal, abogado y especialista en Incidencia Política en WWF Colombia, señala algunas deficiencias del proceso de implementación tanto en Colombia como en otros países de la región.

Más allá de la consulta, explica Madrigal, no hubo un proceso participativo amplio de formulación de esta ruta que se enfoque en las zonas más conflictivas y que dé un diagnóstico lo más real posible de la situación socioambiental por región.

“Falta elaborar, a partir de ese ejercicio de participación, un diagnóstico actual, completo y regionalizado, territorializado de la democracia ambiental y el acceso a la justicia en nuestro país. Es una oportunidad que no podemos perder con la ruta de implementación del Acuerdo de Escazú”, explica a Mongabay Latam.

La acción prioritaria 16 de la ruta anunciada por las autoridades colombianas sí propone realizar un diagnóstico ambiental, pero solo sobre las dificultades judiciales y administrativas.

Otra deficiencia analizada por Madrigal es el sistema de gobernanza para implementar el acuerdo, es decir, cómo se articularán los diferentes actores del sector público, indígena, académico o privado para aplicar el acuerdo en Colombia.

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Pese a la creación de una Comisión Intersectorial, el especialista señala que la participación ciudadana en este sistema queda acotada, por lo que se podrían implementar mesas de democracia ambiental donde no solo participen instituciones del Estado sino también, por ejemplo, autoridades indígenas.

“En el tema interétnico, en Colombia tenemos el gran reto de [incorporar a] las Entidades Territoriales Indígenas y a los consejos comunitarios, a esas gobernanzas desde abajo, habría que verlas muy bien”, menciona el abogado.

A las acciones prioritarias propuestas por las autoridades de Colombia, Madrigal agrega que deben ser medibles en el corto y mediano plazo para saber si resultan exitosas y no un documento más.

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Participación y acceso a la información ambiental: lecciones de Chile, Ecuador y México

Las experiencias aplicando el Acuerdo de Escazú han sido diversas en dos de los aspectos clave del tratado: acceso a la información ambiental y participación en la toma de decisiones. Países como Chile, Ecuador y México han hecho adecuaciones para dar vida a estos derechos en sus sistemas judiciales y administrativos.

En el caso chileno, destaca Constanza Dougnac, de la organización FIMA y vicepresidenta del Consejo Nacional de Escazú en Chile, el país ya contaba con instituciones ambientales que estaban establecidas, como ministerios, subsecretaría, tribunales ambientales y de servicio de evaluación ambiental, lo que ha permitido mayor exigencia para que las instituciones entreguen información pública.

“Ha habido avance en su utilización jurídica en los litigios ambientales. Era un punto que Chile tenía avanzado porque tenemos una ley de acceso a la información, pero son avances que se perciben todavía lejanos”, comenta la coordinadora de difusión de FIMA.

Dougnac destaca también el avance en acceso a la información mediante los organismos que dan seguimiento y fiscalización a resoluciones, normas ambientales, así como a planes de manejo y descontaminación en Chile, mediante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Además, señala el Plan Nacional de Implementación Participativa de Escazú (PIPE), que cuenta con un sistema propio de gobernanza, integrado por diferentes representantes del sector público (organismos públicos, tribunales, gobernadores y municipalidades), pero también por el sector privado, donde participan representantes de la academia y sociedad civil.

“El Consejo Nacional de Escazú tiene también consejos regionales para hacerle seguimiento a este plan de implementación, y eso es un gran logro que empezó a funcionar a nivel nacional a finales de 2025. Es la forma en que podemos ver cómo va avanzando [el acuerdo]”, dice a Mongabay Latam.

Para tener este sistema de seguimiento, Chile también tuvo un proceso amplio de participación ciudadana. Durante casi 8 meses realizó talleres, encuentros presenciales abiertos a todo público en cada región del país y actividades virtuales donde participaron infancias, comunidades indígenas y ciudadanía para trabajar una ruta de implementación.

Los avances, sin embargo, no han impedido casos como el de Julia Chuñil, defensora mapuche desaparecida en noviembre de 2024.

Francisca Toledo, la próxima ministra de Medio Ambiente en Chile con el gobierno de José Antonio Kast, quien asumirá la Presidencia a partir de marzo, forma parte del Consejo Nacional Escazú, por lo que desde la sociedad civil se espera diálogo e interés por seguir implementado el acuerdo, pese a las posturas del presidente electo en temas ambientales.

Por otro lado, en Ecuador el Acuerdo de Escazú fortaleció principios y derechos que ya contemplaba la Constitución del país en términos de consulta ambiental y participación en los derechos de la naturaleza, explica Gustavo Redín Guerrero, abogado y vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA).

“Ecuador tiene una ley de acceso a la información pública que es interesante, la única diferencia que terminó implementando, por vía de las sentencias judiciales, fue la no necesidad de justificar el porqué de la información”, explica.

Por ejemplo, al solicitar información sobre explotación minera, proyectos hidroeléctricos o agroindustriales, se debía argumentar el por qué de la petición, lo que cambió con la implementación de Escazú.

“Empezamos a presentar acciones de acceso a la información, nos pedían que justifiquemos esas acciones y utilizando Escazú nosotros decíamos ‘no tenemos que justificar nada, ustedes tienen que dar la información’. En ese sentido hubo un avance en términos de estándares”, dice Redín a Mongabay Latam al asegurar que hubo más argumentos jurídicos para obtener información ambiental importante.

En tanto, la experiencia en México muestra que la ratificación del Acuerdo de Escazú no es suficiente para implementarla, pues a pesar de contar con leyes y mecanismos para el acceso a la información y la consulta, no se garantiza transparencia en temas ambientales.

De acuerdo con el Informe Sombra de la implementación del Acuerdo de Escazú en México, realizado por organizaciones civiles y personas defensoras, aunque hay una gran demanda de información en materia ambiental, ésta se niega en el peor de los casos o se entrega de forma parcial, desactualizada y poco accesible.

“No hay mecanismos que garanticen un efectivo acceso a la información de forma pronta y expedita, lo que tiene graves consecuencias para la toma de decisiones, los derechos colectivos y la participación comunitaria”, sostiene el documento.

Como ejemplo pone los casos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, dos megaproyectos ferroviarios que se fueron construyendo sin presentar estudios de impacto y evaluación ambiental, pese a la insistencia de comunidades indígenas.

Además, pese a contar con mecanismos de participación ciudadana en temas ambientales, al no ser obligatoria ni difundida es poco utilizada por las comunidades. Por ejemplo, el mecanismo de consulta pública solo se implementó en cerca del 12 % de los proyectos, entre 2014 y 2020. Mientras que el promedio de reuniones públicas no llegó ni al 1 %, de acuerdo con el informe.

“Es evidente que los mecanismos existentes para la participación ciudadana no brindan las condiciones necesarias para fomentar la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales, como establece el Acuerdo de Escazú”, destaca el documento.

Defensores ambientales, el gran pendiente de Escazú

La violencia letal contra personas defensoras del territorio es el mayor pendiente de la aplicación del Acuerdo de Escazú en toda Latinoamérica, que concentra la mayor cantidad de asesinatos de estos defensores a nivel global. Solo en 2024 fue de 120 asesinatos y desapariciones.

Pese a que países como Chile y México han promovido protocolos de protección para defensores ambientales, los especialistas coinciden en que solo han sido reactivos al problema e insuficientes para prevenir la violencia.

En el caso de Ecuador, Redín destaca la ausencia de medidas para implementar Escazú en este tema, y por el contrario, el aumento de la criminalización contra defensores del territorio.

“Hay más de 50 defensores de derechos ambientales criminalizados en el marco del terrorismo, lavado de Estado y narcotráfico. Tienes una ley que está vulnerando el derecho a la asociación, un reglamento que te prohíbe hacer actividades en contra de las inversiones mineras en el país”, explica a Mongabay Latam.

Para el especialista, no hay voluntad política en proteger a quienes más fiscalizan al poder. “En vez de avanzar en un mecanismo de protección de defensores, se está retrocediendo y precisamente se está buscando criminalizar, estigmatizar y ahogar a los defensores de derechos de la naturaleza y ambientales”, agrega.

En Chile, comenta Dougnac, hay evasivas para hacer una ley de defensa ambiental y reducir la brecha que hay para que funcionarios públicos conozcan el Acuerdo de Escazú y la importancia de proteger a defensores.

“Hay una reticencia a hacer una ley de defensa ambiental y era un compromiso. Hay intereses en que esto no ocurra porque las personas defensoras ambientales tienen un rol fiscalizador, cuando tú quieres la menor cantidad de fiscalización posible, quieres menos gente molestándote para hacer tu proyecto”, sostiene.

Ante algunos retrocesos en temas ambientales y de cara al inicio de la gestión de Kast como presidente, Dougnac llama a ver Escazú como una oportunidad para reducir conflictos y no como una limitante del desarrollo del país.

“Estamos en alerta por las declaraciones que el presidente electo hizo cuando era candidato. Es muy importante que las autoridades y los privados logren entender y se hagan cargo de cómo utilizar el Acuerdo de Escazú para tener proyectos más robustos que finalmente cuenten con la aprobación de las comunidades”, agrega.

Ante este contexto y las diferentes experiencias que hay en la región se podría cuestionar para qué sirve entonces el Acuerdo de Escazú. Madrigal sostiene que no se debe esperar que esta herramienta resuelva problemas y desigualdades de fondo.

“Debemos valorar los avances en su justa medida y exigir que las autoridades dispongan de mayores esfuerzos para implementarlo, pero no pensar que porque aprueban el Acuerdo de Escazú en Colombia ya dejan de matar a defensores ambientales. Es una medida de exigencia, pero también consciente de los límites que tienen estos instrumentos”, señala.

Previo a las elecciones en Colombia este año, donde se renovará no solo la Presidencia sino también el Congreso, Madrigal señala que el reto de seguir construyendo la ruta de implementación de Escazú se vuelve mayor, especialmente cuando el tema no está en la agenda de los candidatos.

“Estamos en periodo electoral, el manejo de recursos se restringe y también este tipo de acciones de participación y socialización. Es un momento muy retador, pero también hay herramientas virtuales y ejercicios territoriales que pueden aportar”, insiste el especialista en derecho ambiental.

Ante este escenario, el mensaje para Colombia es más claro: sin diagnósticos territoriales, acciones medibles, presupuesto y la participación real de la sociedad en sus decisiones, Escazú puede convertirse en una declaración más.

Imagen principal: Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2024 y por ahora trabaja la ruta para implementarlo. Foto: Congreso de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La primera medida que adoptó el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en materia ambiental despertó duras críticas. El mandatario disolvió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y lo fusionó con el de Planificación del Desarrollo. Ahora, esta nueva cartera se llamará Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, entidad que será dirigida por Fernando Romero, un empresario agroindustrial. Además, la oficina que administrará proyectos relativos al agua pasará al nuevo Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua. Colectivos y expertos pidieron a Paz que mantenga el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y que revise la designación de Romero.

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Paz logró una fuerte alianza con el sector agroindustrial del departamento de Santa Cruz. Este sector, junto al grupo agroempresarial del departamento de Beni, según varios expertos, están señalados por la deforestación y los incendios en zonas como la Chiquitania, la Amazonía y el Chaco. Es a uno de estos dos grupos empresariales que pertenece Romero, un empresario cruceño que en el último tiempo dirigió una poderosa organización del agro: la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO).

El Movimiento Ciudadano Todos Somos Jaguar, junto a colectivos ambientales, académicos y representantes de la sociedad civil boliviana hicieron pública el 10 de noviembre una carta abierta dirigida al presidente Paz, en la que manifiesta su “profunda preocupación” por la designación de Romero como ministro a cargo de la temática de medio ambiente. Estas instituciones presentaron un recurso de revocatoria contra el Decreto Presidencial 5486, que designa a dos empresarios agroindustriales en el gabinete y que dirigirán temas ambientales: uno es Romero y el otro es Óscar Justiniano, nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.

En el documento, las organizaciones recuerdan que Bolivia enfrenta una crisis ambiental sin precedentes y advierten que el país “no puede permitirse repetir el modelo de deforestación y expansión del agronegocio que devastó grandes áreas de bosques en otros países de la región”.

Además, el texto destaca que la trayectoria de Romero y Justiniano “está[n] abiertamente vinculada[s] al agronegocio, sector responsable de más del 90 % de la deforestación en Bolivia” y señala posibles conflictos de interés de Justiniano con el mercado voluntario de carbono.

“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el contexto de la crisis actual, exige un perfil técnico, independiente y comprometido con la protección de los ecosistemas”, dice parte de la carta. “Bolivia es hoy el segundo país más deforestado del mundo y necesita liderazgo ambiental del más alto nivel”, agregan.

Más críticas a la decisión

Luego de idas y vueltas, el gobierno de Paz aprobó el 17 de noviembre el Decreto Supremo 5488 que oficializa el cierre de algunos ministerios y la fusión de otros. En esa normativa establece la conformación del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, que tendrá un viceministerio que atienda temas ambientales: será el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal.

Mongabay Latam se contactó con fuentes del Gobierno y ratificaron que ese viceministerio tendrá bajo su dependencia algunas instituciones relativas al medio ambiente, como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), entidad que tiene ahora un nuevo director: Filemón Hinojosa, con experiencia en las gestiones de Evo Morales y Luis Arce.

Además, el gobierno de Paz decidió trasladar el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) al Ministerio de la Presidencia. Esta entidad, que dependía del disuelto Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se encarga, entre otras atribuciones, del proceso de saneamiento de tierras.

Stasiek Czaplicki, investigador boliviano independiente, consideró que en Bolivia existe un “gobierno agroindustrial” por las incorporaciones de Romero y Justiniano al gabinete. “¿Y quién es el actual ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente? Nada menos que Fernando Romero, expresidente, hasta hace dos meses, de ANAPO, la voz oficial del complejo soja-industria en Bolivia. Es decir, el vocero del agronegocio hoy es la nueva máxima autoridad ambiental”, cuestionó.

Czaplicki recordó que la producción de soja en Bolivia aporta el 17 % de la deforestación y que Romero trabajó con los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) para lograr la expansión de la frontera agrícola con la otorgación de desmontes.

“Será interesante observar cómo estas nuevas autoridades evitarán, o tal vez no, los conflictos de interés al momento de diseñar regulaciones, programas o incentivos, porque lo que está en juego no es menor: es la posibilidad de que las políticas públicas sirvan a intereses empresariales propios, de amigos o futuros socios”, cuestionó Czaplicki en diálogo con Mongabay Latam.

El experto añadió que “en los próximos días probablemente se anuncien medidas simbólicas o cosméticas a favor del medio ambiente y los bosques”, como la abrogación de leyes inactivas del paquete incendiario o la revisión de normativas “sin efecto real” sobre el avance agropecuario.

“Cuidado con ilusionarnos con anuncios compartimentados, un decreto o una pausa ecológica. El agropoder está en el Gobierno y su influencia, ahora sin intermediarios, será aplastante. Lo verde que se anuncie servirá, muy probablemente, para blanquear una agenda de expansión sin freno”, resaltó Czaplicki.

El día que Paz posesionó a su gabinete, Romero fue designado como ministro de Planificación del Desarrollo. Ese día había un vacío sobre la situación de la cartera de Medio Ambiente y Agua, ya que no se mencionó como parte del gabinete. Al día siguiente, el Gobierno sacó un comunicado informando que ese ministerio no fue eliminado.

Es más, el ministro Justiniano, que fue nombrado como interino de Desarrollo Productivo, fue el vocero de los temas ambientales y dijo que la cartera de Medio Ambiente y Agua iba a fusionarse con la suya. Algo que no pasó y que finalmente pasó a Planificación del Desarrollo.

Justiniano prometió que la defensa de los bosques y la lucha contra las actividades que amenazan los ecosistemas serán prioridad. El ministro afirmó que la sostenibilidad y la productividad deben avanzar de manera conjunta para generar oportunidades concretas para las familias del país.

“Lo primero es el medioambiente, lo primero es la conservación, pero también tenemos que entender que la sostenibilidad va de la mano de la productividad. Las otras autoridades deben entender que la sostenibilidad y la productividad son elementos que se conjugan”, remarcó Justiniano en una conferencia de prensa.

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Justiniano, antes de ser designado ministro, fue presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), dos poderosas instituciones privadas de la agroindustria en Bolivia. 

Romero aún no habló de temas ambientales y recién recibió la noticia de que asumiría el control de la política ambiental del país la noche del 17 de noviembre. Las fuentes gubernamentales consultadas por Mongabay Latam no hicieron referencia a posibles conflictos de interés o contradicciones en su designación.

Se suman más cuestionamientos

Norka Paz, activista ambiental independiente, manifestó que es muy importante explicar al Presidente que tomar la decisión de desaparecer uno de los ministerios más importantes dentro de la crisis social, ambiental y sanitaria no solo continúa un modelo “mediocre y antropocéntrico de hacer política de Estado”. “Es claramente continuar con una política de despojo, mercantilización del patrimonio natural, fortalecimiento de las oligarquías prooligopolios terricidas en el país y perpetuar el mismo modelo de corrupción que ahonda las múltiples crisis”, señaló Paz.

A su vez, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) también expresó su rechazo a la designación del ministro Romero a la cabeza del área ambiental. “Es imperativa la designación de un ministro que no sea juez y parte a la hora de decidir si debe o no cuidar el medioambiente”, afirmó a Mongabay Latam Ruth Alipaz, representante de esa organización.

La dirigente indígena solicitó al presidente Paz el cumplimiento de su atribución constitucional con relación al ordenamiento jurídico ambiental y que sea consecuente con sus palabras, como cuando dijo el día de su posesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional: “Defenderemos nuestros ríos, nuestros bosques y nuestros glaciares. El desarrollo económico irá de la mano del respeto al medio ambiente; no más divorcio entre crecimiento y naturaleza”.

“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua fue en gestiones anteriores un nido de corrupción y cuoteo que alentó al extractivismo, pero sería un retroceso cerrarlo o hacer que sea absorbido por otro ministerio, así como elegir de titular a alguien vinculado con el agronegocio, porque es continuar con una política de despojo”, remarcó Alipaz.

El Colegio de Biólogos de Bolivia advirtió que una eventual fusión ministerial podría cerrar el acceso de Bolivia a los fondos verdes internacionales, que financian proyectos climáticos y de conservación.

“El cierre del Ministerio de Medio Ambiente y Agua sería un error histórico, pues implicaría cerrarle a Bolivia las puertas a los fondos que hoy financian la vida en tiempos de crisis climática. Solo este año, esos recursos superan los 285 000 millones de dólares a nivel global”, dice parte de un comunicado público.

Esta entidad colegiada remarcó que el país atraviesa una etapa crítica en materia ambiental, marcada por la deforestación, incendios forestales y afectación a comunidades indígenas, por lo que exigieron fortalecer la institucionalidad ambiental y no reducirla.

“Bolivia no necesita menos ambiente, necesita más inteligencia ecológica”, recalca el pronunciamiento, que exhorta al presidente Paz a mantener su compromiso expresado en el discurso de posesión, cuando aseguró que el desarrollo económico no debe estar “divorciado del medio ambiente”.

Mientras, Gonzalo Colque, de la Fundación Tierra, consideró que la designación de ministros dedicados al agronegocio generan un “conflicto de intereses” y afectan la credibilidad institucional. El experto señaló que en carteras vinculadas a recursos naturales deberían asumir personas con trayectoria en defensa ambiental, especialmente frente a fenómenos como el desmonte, el chaqueo y la expansión agrícola no regulada.

Colque advirtió que estos nombramientos pueden restar apoyo social al Gobierno de Paz en un momento en que requiere respaldo para implementar ajustes fiscales y medidas destinadas a enfrentar la crisis económica.

En ese sentido, instó al Gobierno a revisar estas decisiones y pidió a los grupos de poder agroexportador reflexionar sobre su influencia en el nuevo gobierno. “La propuesta del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en campaña no fue trabajar con estos sectores. Sin embargo, ahora se observa un mayor protagonismo de quienes habían apostado por Jorge Quiroga [excandidato], lo que podría resultar contraproducente para los objetivos del Gobierno”, afirmó.

Imagen principal: Chiquitano, bosque subtropical despejado en el borde de la Amazonía boliviana para la producción de soja. Foto: Rhett A. Butler para Mongabay.

El artículo original fue publicado por Leslie Moreno Custodio en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“En 2024, los bosques siguieron sufriendo una destrucción a gran escala con una pérdida permanente de casi 8.1 millones de hectáreas en todo el mundo”, indica el informe anual de Evaluación de la Declaración sobre los Bosques 2025, un estudio que mide el progreso de los compromisos globales de países, empresas e inversores para detener la deforestación y restaurar los bosques para 2030.

El estudio también presenta otras cifras preocupantes, como que la pérdida de bosques está 3.1 millones de hectáreas por encima de la pérdida máxima prevista para cumplir el objetivo planteado para 2030. Y en cuanto a la degradación, los datos indican que en 2024 se degradaron 8.8 millones de hectáreas de bosques tropicales húmedos, más del doble del nivel anual considerado para detener la degradación para 2030. Estos datos reflejan que los compromisos para el final de esta década están lejos de cumplirse.

“Cada año, la brecha entre los compromisos y la realidad se amplía, con impactos devastadores en las personas, el clima y nuestras economías. La deforestación no ha disminuido significativamente desde el comienzo de la década, y ya hemos recorrido la mitad del camino», dice Erin Matson, autor principal del estudio publicado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil.

El informe también detalla que el principal factor de la deforestación es la expansión de la agricultura, que representa alrededor del 86 % de la pérdida de bosques en la última década. Otro factor importante y creciente es la minería y las actividades extractivas de oro, carbón y de los metales y minerales necesarios para la transición energética. “Modelos de producción explotadores, el consumo excesivo, la gobernanza débil y los persistentes desequilibrios de poder alimentan la deforestación y degradación continua”, señala el informe.

A ello se suman los grandes incendios, “que solían ser excepcionales, pero ahora son la norma”, comenta Matson. “Estos incendios son en gran medida provocados por el ser humano. Están vinculados a la deforestación, a la sequía inducida por el cambio climático y a la escasa aplicación de la ley”, agrega Matson.

En medio de la devastación de los bosques surgen esfuerzos de restauración. El estudio señala que entre 2025 y 2021 se regeneraron más de 11 millones de hectáreas de bosques tropicales húmedos.

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Entre la preocupación y la esperanza

Los hallazgos del estudio también dan cuenta de que los bosques tropicales remotos y prístinos sufrieron un deterioro grave en 2024, pues se perdieron alrededor de 6.73 millones de hectáreas, principalmente debido a los devastadores incendios en América Latina, Asia, África y Oceanía.

“En total, los líderes mundiales se desviaron un 190 % de sus objetivos de protección de estos bosques ricos en carbono, cuya pérdida liberó 3100 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, casi el 150 % de las emisiones anuales del sector energético estadounidense”, señala el informe.

“La tendencia de deforestación en el país [en el caso de Perú] y la región es cada vez más grave e indica que, efectivamente, no se están tomando las acciones para el cumplimiento de las metas anunciadas a 2030”, dice Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú.

Castro agrega que esta “tendencia nos estaría conduciendo a una situación, en determinadas zonas, a un punto de no retorno”, como lo han anunciado científicos como Carlos Nobre y Thomas Lovejoy. “La situación no solo es crítica, sino que es necesario la adopción de medidas impostergables”, agrega.

En el informe Amazonía en peligro de extinción, que se acaba de publicar, los datos indican que tras los incendios y sequías de 2023 y 2024 se evidencia la pérdida de una extensión equivalente a Italia en toda la Amazonía, así como altos niveles de degradación. “Entre 2020 y 2024, la espiral de incendios, degradación y deforestación suman ya 30 %. Carlos Nobre, quien lidera el Panel Científico de la Amazonía (SPA, por sus siglas en inglés) y sus múltiples análisis reafirman que el punto de no retorno ocurre cuando la deforestación llega al 20-25% o el calentamiento global aumenta a 2-2.5° C [por encima de los niveles preindustriales]”.

En la misma publicación, José Gregorio Díaz Mirabal, líder indígena venezolano y coordinador de Cambio Climático de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), advierte su preocupación sobre “cómo el bosque tropical —el más grande del planeta— se acerca peligrosamente a un punto de no retorno ecológico”.

Erin Matson, agrega que la región de América Latina y el Caribe tropical no está en camino de cumplir las metas de 2030. “La deforestación en 2024 fue un 51 % superior a la trayectoria necesaria. Sin embargo, nuestro informe destaca que la región cuenta con importantes factores como marcos legales avanzados, una sociedad civil activa y crecientes mecanismos de transparencia, que podrían acelerar el progreso si se refuerzan la voluntad política y la coherencia entre políticas sectoriales”, comenta.

«Ya sabemos qué funciona para detener la pérdida de bosques, pero los países, las empresas y los inversores apenas están comenzando. Incluso esos esfuerzos iniciales se enfrentan a una fuerte resistencia por parte de los defensores de un sistema económico basado en la destrucción de los bosques”, agrega Erin Matson, de Climate Focus, una de las organizaciones que forma parte de la Evaluación de la Declaración sobre los Bosques 2025.

Matson señala que si bien “la demanda de materias primas como la soja, la carne de res, la madera, el carbón y los metales sigue aumentando”, en realidad “no necesitamos destruir bosques para satisfacer esa demanda”.

El compromiso de eliminar a nivel mundial la deforestación y la degradación forestal, y restaurar el 30 % de los bosques degradados para 2030, fue establecido en la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, en 2014. Fue adoptado por 127 países durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se realizó en Glasgow, en 2021, y reafirmado durante el Primer Balance Mundial de 2023, en el marco del Acuerdo de París, y en el período de sesiones del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques de 2024.

Las metas parecen estar cada vez más lejos. De acuerdo con el estudio, para cumplir estos acuerdos, la deforestación global debería haber disminuido a 5 millones de hectáreas anuales para 2024. Sin embargo, se mantiene por encima de los 8 millones.

No obstante, la esperanza de que aún se pueda poner freno a la devastación de los bosques está presente. Según el informe, “existen iniciativas de restauración activas en marcha en al menos 10.6 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas”. “Esto representa alrededor del 5.4 % del potencial global de reforestación y solo el 0.3 % del potencial global de restauración biofísica de los bosques. Aproximadamente dos tercios de esta área (unos siete millones de hectáreas) se encuentran en regiones tropicales, 3.3 millones de hectáreas en zonas templadas y 250 000 hectáreas en bosques boreales”, menciona el reporte.

“Existen antecedentes de reducciones drásticas en la deforestación en pocos años: Brasil e Indonesia, por ejemplo, lograron avances significativos en solo dos o tres años. Sin embargo, a escala global nunca hemos visto el tipo de esfuerzo masivo, coordinado y de toda la sociedad que sería necesario para alcanzar las metas de 2030”, agrega Matson.

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Camino a la COP30

La COP30, que se realizará a partir del lunes 10 de noviembre en Belém do Pará, Brasil, “representa un momento crucial para establecer un marco viable para detener y revertir la deforestación, integrando la producción de alimentos, las cadenas de suministros de productos básicos y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, precisa el informe.

Para Sassan Saatchi, científico del California Institute of Technology, y profesor adjunto del Center for Tropical Research de la University of California, Estados Unidos, “lo positivo de que la COP30 se celebre en Belém es que se reconoce que el Sur Global se ha comprometido a ayudar a resolver los problemas climáticos, aunque históricamente no hayamos sido la causa del cambio climático”.

“Si el Norte Global se compromete a aportar los 25 000 millones de dólares iniciales necesarios para impulsar este proyecto, creo que veremos un cambio importante, con suerte, durante la COP30”, agrega.

Desde Perú, Mariano Castro recuerda que en la última reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), los mandatarios y representantes de países amazónicos acordaron apoyar la iniciativa para que en la COP30 se incluya en agenda un mecanismo financiero para apoyar la conservación de bosques tropicales.

En ese sentido, Erin Matson mencionó que “el lanzamiento del Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales (TFFF) podría comenzar a canalizar financiamiento confiable a largo plazo para la preservación de los bosques”. Sin embargo, advierte que “los países desarrollados deben ir más allá del TFFF y asumir compromisos firmes, confiables y ambiciosos para movilizar 300 mil millones de dólares anuales en financiamiento climático hacia los países en desarrollo, como parte de la Hoja de Ruta de Bakú a Belém”.

En cuanto a los resultados formales de la COP30, continúa Matzon, esperamos que el texto final de la decisión reafirme el compromiso de detener y revertir la deforestación para 2030, en línea con las ambiciones expresadas en el Balance Global. Sería positivo, además, agrega Matson, que se reconozca explícitamente el papel de los sistemas alimentarios y la necesidad de transformarlos para lograr estos objetivos y mitigar el cambio climático.

Imagen principal: campo de soja adyacente al bosque de transición amazónico. Foto: Rhett A. Butler

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En medio de una tensión diplomática entre Perú y Colombia, el 22 de agosto se realizará la V Cumbre de los Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que reunirá en Bogotá a los mandatarios y representantes de los ocho países amazónicos miembros de esta organización intergubernamental: Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam.

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La reunión de los líderes de gobierno estará precedido por cuatro días de debates en torno a la Amazonía. Desde el lunes 18 de agosto se reunirán en la capital de Colombia alrededor de 500 personas, entre representantes de la sociedad civil, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, científicos y académicos que participarán en el Encuentro Regional Amazónico, una cita que busca poner sobre la mesa los problemas regionales de la Amazonía.

La reunión de líderes de los países Amazónicos se realiza luego de dos años de la Declaración de Belém, firmada en agosto de 2023 en Brasil por los mandatarios y representantes de los países miembros de la OTCA.

En la Declaración de Belém ya se hacía un llamado a la urgencia de proteger la integralidad de la Amazonía y combatir la pobreza y las desigualdades en la región, así como la urgencia de acordar metas comunes hacia 2030 para combatir la deforestación, erradicar y detener el avance de las actividades de extracción ilegal de recursos naturales y promover la transición a modelos sostenibles.

Sin embargo, en los últimos dos años la Amazonía vivió la peor sequía en 122 años y  una serie de incendios azotó a toda la región. Solo en 2024 el fuego arrasó con 2.8 millones de hectáreas de bosques, según el análisis del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés).

Frente a estas urgencias, desde las organizaciones civiles y los pueblos indígenas y afrodescendientes han puesto varios temas sobre la mesa de debates de la cumbre que se realizará esta semana. Se espera concretar un mecanismo financiero regional y establecer un mecanismo amazónico de participación de los pueblos indígenas en las decisiones de la OTCA, pero sobre todo, incluir temas que quedaron fuera de la Declaración de Belém, como frenar la expansión de los combustibles fósiles en la región.

Además, buscan consensos hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 30, que por primera vez se realizará en una ciudad amazónica, Belém do Pará, en Brasil.

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Los llamados para frenar la explotación de hidrocarburos

“En Perú venimos luchando hace 25 años contra un bloque petrolero que está en el ojo de la tormenta, el bloque 64”, dice Olivia Bisa, lideresa indígena y presidenta de la Nación Chapra, en Perú. La oposición de los pueblos indígenas a la expansión petrolera en la Amazonía se basa en los numerosos derrames y pasivos ambientales de la actividad que afectan a la región.

Bisa cuestiona la insistencia de los gobiernos de Perú para la explotación petrolera en el territorio de la nación Chapra, nación Wampis y nación Achuar, donde se establecería el bloque 64. “Tenemos en nuestro territorio, como nación Chapra, el 97 % de nuestra biodiversidad intacta. No tenemos tala, explotación ni exploración, y no lo vamos a permitir», sostiene la lideresa.

Sin embargo, la dirigente indígena agrega sobre la reciente promoción de bloques petroleros del gobierno peruano: «El Estado peruano ha venido año tras año queriendo explotar petróleo. Y en la región Loreto, a donde pertenezco, ahora tenemos 25 lotes en promoción”.

La lideresa también menciona que la Amazonía debe ser declarada intangible y libre de actividad petrolera. Bisa recuerda que un grupo de parlamentarios en varios países amazónicos han presentado proyectos de ley con este fin.

«No es ningún secreto que existe una tensión fuerte frente a la idea de eliminar progresivamente los fósiles en la Amazonía porque, pese a la intención de Colombia, países como Brasil no están de acuerdo. Por eso los parlamentarios enviamos una carta al presidente Petro para animarlo a presentar el tema aún cuando la OTCA no lo prioriza por falta de consenso”, señala Andrés Cancimanse, legislador colombiano por Putumayo, defensor de los derechos territoriales y miembro de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles.

Se trata de un grupo de legisladores de Ecuador, Colombia, Brasil y Perú que se han unido para presentar en sus respectivos países propuestas legislativas destinadas a frenar la expansión de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía.

Cancimanse señaló que se debe insistir en que este tema sea central en la cumbre de Bogotá así como en la COP30. “La omisión del problema fósil es gravísima. Tenemos mucho por hacer a nivel multilateral, pero sobre todo parlamentario. Necesitamos legislación y normatividad mucho más fuertes. Los referendos y las declaratorias de zonas de exclusión no están siendo efectivos”, comenta y precisa que existen propuestas legislativas que ya están en debate en Colombia, Brasil, Perú y Ecuador.

En Ecuador, la congresista Cecilia Baltazar, con el apoyo de otros ocho legisladores, ha presentado un proyecto de ley que prohíbe la explotación de hidrocarburos y la minería en la Amazonía e implementa la transición energética. En Colombia un grupo de once parlamentarios de varias agrupaciones políticas presentaron un proyecto de ley para prohibir la exploración, explotación y producción de hidrocarburos en la región y el bioma amazónico colombiano.

En Perú, la congresista Ruth Luque también impulsa una propuesta legislativa que busca prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos en la Amazonía e iniciar la transición energética.

Al pedido para declarar a la Amazonía libre de combustibles fósiles también se unieron más de 20 organizaciones y nacionalidades indígenas, junto a 30 organizaciones de la sociedad civil, a través de una carta pública a los mandatarios que estarán presentes en la Cumbre de la OTCA. Exigen que se declare a la Amazonía como la primera zona de exclusión mundial para la exploración y producción de combustibles fósiles. “Este llamado marcaría un precedente histórico para proteger la biodiversidad, garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrontar la crisis climática”, dice el texto de la carta.

Jammer Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), señala que «la OTCA no puede dejar pasar esta oportunidad histórica” porque “la Amazonía no es una zona de sacrificio, es territorio de vida para los pueblos indígenas y pilar esencial para el equilibrio climático del planeta”.

Paulo Artaxo, científico brasileño del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), manifestó su preocupación por la crisis climática y la responsabilidad de seguir explotando combustibles fósiles. “La cuestión central en la crisis climática es la explotación y el uso de los combustibles fósiles, responsables de entre 85 % y 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global”, dijo el científico. Además, hizo un llamado para que en la COP30 se implementen efectivamente políticas para frenar su uso.

“Es claro que son los combustibles fósiles los responsables de la crisis climática. Y desde diversas fuentes científicas se dice que no necesitamos nuevos proyectos de explotación petrolera y mucho menos en una zona como la Amazonia, que está al borde de cruzar su punto de no retorno”, señala Andrés Gómez, coordinador para América Latina de la iniciativa Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.

Gómez cuestiona que en países como Perú, Ecuador y Brasil, entre otros de la Amazonía, se estén planteando nuevos proyectos de expansión de la frontera de hidrocarburos. “Es claro que una primera política sería una moratoria general a nuevos proyectos de explotación de petróleo y gas. Es un punto que desde la cumbre pasada, Colombia lo puso en la mesa, pero sabemos que las decisiones en la OTCA se toman en consenso y allí hay diversas tensiones”.

Colombia está poniendo este tema sobre la mesa para que se incluya en la nueva declaración, afirma Gómez, y señala que, además, es una apuesta desde la sociedad civil y desde las organizaciones indígenas amazónicas. “Esperamos que en esta V Cumbre de Presidentes haya un apoyo, especialmente cuando estamos en camino a la COP30 y a cumplir diez años del acuerdo de París”.

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Las propuestas de los pueblos indígenas

“La Declaración de Belén señala que el mayor desafío de la Amazonía es evitar el punto de no retorno. Pero ninguna de las propuestas están enmarcadas en esa urgencia”, cuestiona Alicia Guzmán, asesora senior de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). “Hay gente que con la quema de los bosques se quedó sin agua y tienen que migrar. ¿Qué respuestas hay sobre la situación actual? No sé si al ritmo en el que va la OTCA podrá responder a los desafíos que estamos viviendo actualmente en la Amazonía”, agrega.

Para Guzmán, “la Amazonía está en peligro de extinción”, pero las propuestas presentadas en los diálogos previos a esta cumbre se “enmarcan aún en un escenario de procesos conocidos”, en temas de desarrollo, economía, salud, protección ambiental, derechos humanos e indígenas que no incluyen “datos de la situación actual ni del punto de no retorno”.

“La deforestación y la degradación han iniciado puntos de no retorno en varias regiones de la Amazonía. Si la política pública que se propone es la respuesta al problema del punto de no retorno, ¿por qué ningún documento partió de este escenario? Existe una desconexión con la situación actual”, cuestiona Guzmán.

En una carta dirigida a los presidentes de los ocho países amazónicos, a los ministros y ministras de Ambiente y a los parlamentarios de estos países, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y el Foro Social Panamazónico (Fospa) plantean como tema central evitar el punto de no retorno protegiendo el 80 % de la Amazonia, un planteo que se puso sobre la mesa en 2021 y que tiene como meta de cumplimiento este 2025.

Para lograrlo, se propone en la carta “proteger los ecosistemas intactos y con baja degradación y restaurar aquellos con alta degradación para alcanzar por lo menos 80 % de integridad ecosistémica y revertir la trayectoria actual”. El documento también urge a los países a cumplir con las resoluciones del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas emitidas en 2023 que prioriza la demarcación de 100 millones de hectáreas de territorios indígenas. Y se pide la prohibición de la expansión de actividades extractivas en territorios indígenas.

José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de la Coica, señala que una de las propuestas que han discutido los pueblos indígenas en reuniones previas ha sido la necesidad de que formen parte de las estrategias nacionales de los países para la protección de la Amazonía. “Los territorios indígenas están bien conservados y la gobernanza indígena es la mejor estrategia para que los compromisos de protección funcionen”, dice Díaz Mirabal.

El líder indígena también menciona que en la Cumbre de Bogotá y en la COP30 se presentarán propuestas sobre el mecanismo de financiación directo gestionado por los pueblos indígenas. “Por ejemplo, la Coica tiene el programa “Amazonía para la vida” y estamos pidiendo que el dinero llegue directo a los territorios indígenas.

Otro de los temas clave en esta cumbre, dice Díaz Mirabal, es definir el mecanismo de participación de los pueblos indígenas dentro de la OTCA. ”En la agenda está prevista su activación, pero no depende de las organizaciones o de los pueblos indígenas, sino que es una decisión de los gobiernos”.

En mayo de 2025, los delegados de los gobiernos amazónicos y representantes indígenas de los países miembros de la OTCA se reunieron en un grupo de trabajo para consolidar la propuesta preliminar del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas.

Se trata de una instancia permanente de participación y diálogo político para integrar a los pueblos indígenas en la toma de decisiones que afecten a la Amazonía. La versión preliminar ha sido consultada entre los países. Según indica la OTCA, el documento define una estructura paritaria y una copresidencia rotativa, con respaldo técnico de la Secretaría Permanente de la OTCA. En la propuesta también se incluye la participación de mujeres y jóvenes indígenas.

Se prevé que el Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas quede definido en esta Cumbre de Presidentes.

Imagen principal: la Cumbre Amazónica de 2023 se llevó a cabo en Brasil. Este año, los mandatarios tienen una nueva oportunidad de poner la agenda de la región entre sus prioridades. Foto: Gobierno de Brasil

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El anuncio se hizo a fines de marzo, cuando el viceministro de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Ismael Rodríguez, informó que Bolivia negocia un acuerdo con la República Islámica de Irán para la exploración y explotación de tierras raras en el territorio boliviano.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos considerados estratégicos en el proceso de transición energética debido a que son indispensables para la fabricación de dispositivos electrónicos, imanes para turbinas eólicas, vehículos eléctricos, así como armas de alto rendimiento, entre otros muchos usos. Un ejemplo es el color en las pantallas de los celulares que no sería posible sin algunas de las denominadas tierras raras.

Según el viceministro Rodríguez, en Bolivia hay dos lugares donde se desarrollarían los proyectos para explotar tierras raras. Uno de ellos se encuentra en Ayopaya, en el departamento de Cochabamba, donde según el Gobierno, existen 16 000 hectáreas de terreno para explorar y explotar. El otro corresponde al Cerro Manomó, en el departamento de Santa Cruz, con 12 000 hectáreas para explotar, de acuerdo con información oficial a la que hizo referencia el viceministro. Entre los elementos que se han encontrado en suelo boliviano están el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros.

El anuncio de Rodríguez ha despertado dudas y cuestionamientos. Por un lado están los impactos ambientales que puede ocasionar la explotación de estos elementos; por otro lado la transparencia y factibilidad de la propuesta. Además, surge la pregunta de por qué Irán se ha acercado nuevamente a Bolivia como socio estratégico.

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Los riesgos ambientales

“El yacimiento más importante está en el Cerro Manomó, en Santa Cruz, en medio de la selva amazónica. Entonces, se podría destruir un hábitat muy frágil. Ese es el principal problema, porque la concentración de tierras raras no es muy alta”, señala el experto en minería Héctor Córdova, de la Fundación Jubileo. “Se tendría que movilizar una gran cantidad de material del suelo para obtener muy poca cantidad de estos elementos. Y hacer eso en la selva es verdaderamente dañino”, agrega.

Córdova también menciona que para procesar todos estos elementos se utilizan diversos reactivos químicos que pueden generar desechos tóxicos. “En medio de la selva eso me parece muy grave”. Adicionalmente, Córdova considera que de concretarse la propuesta, “seguramente sería una mina a cielo abierto”, lo que ocasionaría que “se destruya el entorno”.

Para tener una idea de la cantidad de tierra que se tendría que remover para extraer los elementos químicos, Córdova pone como ejemplo la explotación del zinc en la mina San Cristóbal. En ese caso, señala el experto, se remueven cada día 150 000 toneladas de tierra para obtener 1000 toneladas del concentrado de zinc. “Es gigantesco, y eso que el zinc está en una buena proporción, en cambio, las tierras raras están en una proporción mucho menor. Habría que mover cantidades gigantescas de material para extraer lo que se requiere y hacer comercial la operación”. Córdova señala, además, que hasta ahora, la prospección para determinar la cantidad de tierras raras que hay tanto en el Cerro Manomó como en Ayopaya, en Cochabamba, ha sido superficial.

Miguel Vargas, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) también menciona las consecuencias que ocasionaría la explotación del Cerro Manomó. “Estos proyectos van a afectar de manera indirecta y, en alguna medida, también directa, a tres territorios indígenas: Bajo Paraguá, Monteverde y Lomerío. Son territorios que están en la Chiquitanía”.

Según Vargas, uno de los problemas es la falta de información sobre la forma en que se realizan los procesos de prospección y explica que de acuerdo a la actual ley de minería, para la prospección no se requiere un proceso de consulta previa, sino solo el permiso de la autoridad minera. “El hecho de que las comunidades, al momento de iniciar las actividades de prospección, no conozcan las características, los posibles daños y afectaciones que podría dejar este proyecto, no es un problema menor”.

Vargas comenta también que los trabajos de prospección seguramente “significará el movimiento de grandes cantidades de tierra y una posible deforestación”.

Además, manifiesta su preocupación porque las comunidades corren el riesgo de perder sus medios de producción y podrían afectarse las fuentes de agua. “En la zona de la Chiquitania donde están estos proyectos, existe un estrés hídrico muy importante”.

Explica que, así como está ocurriendo en los ríos de la Amazonía, la Chiquitania, al ser una área en la que hay riqueza mineral importante, principalmente oro y ahora, tierras raras, está enfrentando la presencia de grandes cantidades de mineros, principalmente nucleados en cooperativistas. Pero las comunidades no tienen certeza de si las actividades de prospección o de explotación ya se están desarrollando, pues no existe información, asegura Vargas.

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Minerales en disputa

En los últimos días, las llamadas tierras raras se han ubicado en el centro de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. En la guerra de aranceles que se ha desatado entre ambos países, China decidió restringir la exportación de estas tierras raras a Estados Unidos.

Desde que Donald Trump llegó al poder ha sido evidente su interés por un mayor acceso a estos elementos. Prueba de ello es su objetivo de asumir el control de Groenlandia, territorio danés con grandes depósitos de tierras raras.

Hasta ahora el principal país que procesa estos elementos es China, que posee por lo menos la tercera parte de las reservas conocidas de tierras raras que tiene el planeta, además del 60 % de la extracción y de más del 80 % del procesamiento. Otros lugares se suman a esta lista: Vietnam, Brasil y Rusia, por ejemplo, además del depósito Per Geijer, en Suecia, descubierto en 2023 y que ha resultado ser el mayor yacimiento de tierras raras en Europa.

En el caso de Bolivia, no es reciente que el Gobierno quiera explotar los yacimientos de tierras raras. “Desde su llegada al gobierno, Luis Arce ha venido hablando de la importancia del aprovechamiento de las tierras raras que existen en nuestro país. Esto lo ha manifestado en varios espacios”, comenta Vargas.

En efecto, en la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada el 8 y 9 de abril en Tegucigalpa, Honduras, el presidente de Bolivia habló sobre la industrialización de los recursos estratégicos, entre ellos, las tierras raras. “Es momento de consolidar cadenas de valor regionales que prioricen la industrialización de nuestros recursos estratégicos en beneficio de nuestros pueblos. Bolivia reitera su compromiso con la industrialización del litio, el gas, tierras raras y los minerales estratégicos con una visión soberana”, afirmó el jefe de Estado.

Sin embargo, concretar este ofrecimiento no sería fácil. “Tenemos que ver cómo evoluciona esta propuesta, porque todos los acuerdos tienen que ser ratificados por la Asamblea Legislativa y el Gobierno no tiene mayoría. Además, muy pronto habrá cambios en la conducción del Ejecutivo. Es difícil que prospere en la asamblea legislativa”, comenta Córdova, de la Fundación Jubileo, para explicar que cualquier iniciativa de explotación de minerales en Bolivia debe pasar por la aprobación del Congreso.

Las características del proceso de prospección hasta llegar a la explotación y procesamiento también son un inconveniente, según Córdova, puesto que son muy caras y tardan mucho tiempo. “Fácilmente puede tomar 15 años”, dice el experto.

En cuanto al interés de Irán en los recursos de Bolivia, ambos países tienen varios años de acercamiento mutuo. En 2009, durante el gobierno de Evo Morales, el entonces presidente del país islámico, Mahmud Ahmadinejad, visitó Bolivia. En ese momento recorrió yacimientos de uranio y financió la apertura de un canal de televisión en territorio boliviano.

En esta oportunidad, según explicó el viceministro Rodríguez, la propuesta de cooperación incluye la investigación científica, la cooperación técnica específica con intercambio de prestación de servicios, la participación de empresas iraníes en proyectos de inversión conjunta y la posibilidad de que Irán complete la carta geológica boliviana.

Imagen principal: las comunidades indígenas del Bajo Paraguá podrían resultar afectadas con la explotación del yacimiento de tierras raras, en especial por la disponibilidad de agua. Foto: cortesía Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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