Por Sergio E. Mosquera-Córdoba[1] (@SEMCordoba)

Hay momentos en que la neutralidad deja de ser prudencia para volverse una forma elegante de evasión. Esta segunda vuelta es uno de ellos. No lo digo porque cada votante de Abelardo de la Espriella sea fascista —no lo es—, ni porque la palabra deba esgrimirse como insulto contra cualquier derecha; esa ligereza ha empobrecido durante años nuestro debate público y conviene resistirla. Pero resistirla obliga, antes que nada, a devolverle al término su precisión. Fascismo no es alzar la voz, ni ser conservador, ni defender el orden, ni pedir mano dura. Fascismo es algo más específico y más grave: convertir la política en una guerra moral entre patriotas y enemigos, negarle legitimidad a quien piensa distinto, prometer la salvación de la patria por la vía de la fuerza, la purga y la obediencia, y señalar a una porción de la ciudadanía como un cuerpo extraño que hay que derrotar, expulsar o neutralizar para que la nación recupere una pureza que nunca tuvo.

Eso —con acento colombiano, con sus propios matices— es lo que esta vez está sobre la mesa.

Lo que encarna De la Espriella no es la derecha liberal, democrática y constitucional que compite dentro de las reglas del pluralismo y acepta perder. Es una derecha de cruzada. Habla de rescatar la patria, de derrotar “para siempre” al comunismo, de que la neutralidad equivale a complicidad, de defender la democracia —si hace falta— por la fuerza. No se limita a discrepar de Iván Cepeda: lo erige en encarnación del mal político. A la izquierda no la contradice; la nombra como amenaza criminal. Al centro no lo persuade; lo somete a un chantaje moral. Y no ofrece, en rigor, una alternancia, sino algo más ambicioso y más inquietante: una limpieza simbólica del país.

Ahí está el problema, y es un problema de gramática democrática antes que de programa. En una democracia constitucional el rival no es un enemigo interno: es un adversario legítimo. Se le critica, se le fiscaliza, se le investiga, se le derrota en las urnas y se le reemplaza. Lo que no puede hacerse —sin que algo esencial empiece a fracturarse— es convertirlo en plaga, en cáncer, en tiranía o en peligro existencial. Porque el día en que el lenguaje político deja de ver ciudadanos y empieza a fabricar enemigos, la violencia abandona el lugar de la anomalía y se instala en el de la consecuencia previsible.

Colombia no puede darse el lujo de fingir que ignora a dónde lleva ese camino, porque ya lo recorrió. Entre los años ochenta y noventa, la Unión Patriótica fue exterminada: militantes de base, dirigentes, alcaldes, concejales, congresistas y dos candidatos presidenciales asesinados de manera sistemática, año tras año. No fue una desgraciada acumulación de homicidios sueltos, sino una operación de eliminación política sostenida en el tiempo, incubada en la estigmatización y en una premisa que circuló mucho antes que las balas: que una fuerza de izquierda no era una opción legítima dentro de la democracia, sino una infiltración que había que extirpar. La deshumanización precedió al crimen, y la autorización moral precedió a ambos. El plomo llegó de último.

Por eso la comparación no es un recurso retórico. Es una advertencia que la propia historia nacional ya pagó con sangre.

No estamos en los años ochenta, desde luego. El andamiaje institucional es otro, el sistema de partidos cambió y las formas de la violencia se transformaron. Pero la matriz discursiva resulta inquietantemente familiar: un caudillo que se ofrece como salvador, un adversario reducido a tiranía o a “comunismo criminal”, una invocación constante de la fuerza, una promesa de restauración moral y una ciudadanía partida en dos entre patriotas auténticos y cómplices de la ruina. Ese repertorio tiene nombre, y no es el de la simple “polarización”, ni el del “estilo recio”, ni el de la “campaña dura”. Es una versión contemporánea —de saco y corbata, de urna de cristal y camiseta de la selección— del fascismo político.

La inquietud crece cuando uno se asoma al universo intelectual del propio candidato. Muerte al Tirano no es una rareza de anaquel ni una boutade. Es una pieza que deja ver una manera de razonar el poder: bajo ciertas condiciones, dar muerte al tirano no sería un crimen, sino un acto patriótico. Sus defensores responderán que se trata de una reflexión histórica y jurídica sobre el tiranicidio, no de un manual operativo, y la distinción es pertinente; no la descarto. Pero junto a ella hay otra pregunta, estrictamente política, que no se puede esquivar: ¿qué significa que alguien que ha defendido esa tesis, que llama tirano a su contendor y que promete defender la democracia por la fuerza, aspire a controlar el aparato coercitivo del Estado?

No es la pregunta de un exaltado, sino una cuestión constitucional de primer año. El monopolio de la fuerza, en una democracia, no se le entrega a quien habla de la fuerza como si fuera un destino moral. Se entrega amarrado a límites, controles, garantías y reconocimiento del otro. La Presidencia no es una oficina administrativa: es la jefatura del Gobierno, el mando de la fuerza pública, la conducción de la política exterior y la custodia de buena parte del relato simbólico de la nación. En manos de un proyecto que parte al país en patriotas y enemigos, ese poder deja de ser una herramienta de gobierno para volverse un riesgo.

La primera vuelta, por lo demás, dejó un dato que debería bastar para enfriar cualquier fantasía de exclusión: Cepeda obtuvo cerca del 40,9 % de los votos, casi diez millones de personas. No son una célula clandestina, ni una metástasis que extirpar, ni el “comunismo criminal” del eslogan. Son ciudadanos, son pueblo, son Colombia. Cuando De la Espriella promete derrotar “para siempre” lo que Cepeda representa, no habla apenas de un rival de campaña: habla —por más que después intente suavizarlo— de esos diez millones de compatriotas que sencillamente piensan distinto.

Y aquí asoma la pregunta de fondo. ¿Qué clase de país se resigna a que casi la mitad de su ciudadanía sea tratada como sospechosa moral? ¿Qué democracia sobrevive cuando una parte se apropia de la patria y convierte al resto en amenaza?

La Constitución de 1991 contestó esa pregunta mucho antes de que nosotros la formuláramos. Colombia no se fundó, en términos constitucionales, sobre la obediencia, ni sobre la propiedad, ni sobre una moral única, ni sobre la seguridad entendida como valor absoluto. Se fundó sobre la dignidad humana. Y eso encierra una afirmación que no tiene nada de decorativa: que cada persona vale antes de obedecer, antes de producir, antes de creer, antes de votar, antes de encajar en el orden moral de nadie. La dignidad no se concede por adhesión política, no se gana a fuerza de patriotismo y no se pierde por disentir. Es el piso, no el premio.

De ese cimiento se desprende todo lo demás, empezando por aquello que la campaña ha querido reducir a un asunto de seguridad y que es, en el fondo, una cuestión de libertad. No la del mercado únicamente: la de ser. El proyecto de De la Espriella ofrece libertad máxima para el capital —menos Estado, menos impuestos, menos regulación, más propiedad, más aire para la empresa—, y es coherente al ofrecerla. La grieta aparece cuando la conversación se desplaza del mercado al cuerpo, de la empresa a la conciencia, de la propiedad a la identidad: ahí la libertad cede su lugar a la tutela. Sospecha hacia el feminismo, rechazo a la llamada “ideología de género”, defensa de una sola forma legítima de familia, resistencia frente a derechos que la Corte Constitucional ya reconoció y que hoy son cosa juzgada. La asimetría merece nombrarse con todas sus letras: libertad ancha para acumular, vigilancia estrecha para existir. Eso no es libertad constitucional; es libertad para unos y corrección para otros.

Otro tanto ocurre con el bienestar, palabra que todos pronuncian. La diferencia no está en prometerlo, sino en cómo se lo concibe: como derecho o como favor. El Estado social de derecho no se diseñó para repartir dádivas al arbitrio del gobernante, sino para garantizar pisos —salud, educación, mínimo vital, trabajo, protección de los más vulnerables— que no deberían depender de la generosidad de quien manda. Por eso recortar drásticamente el Estado mientras se jura proteger a los más pobres obliga a una pregunta incómoda: ¿quién responde por los que solo tienen Estado precisamente porque nunca tuvieron mercado? En los barrios populares, en el Pacífico, en la Colombia rural, en los territorios étnicos y campesinos, el Estado no es una abstracción de manual: es el hospital que falta, la escuela que aguanta, el subsidio que sostiene, la vía que nunca llega, el juez que ampara. Un Estado ineficiente se reforma; un Estado ausente no se puede recortar como si sobrara.

La paz corre una suerte parecida, y vale la pena ser justos con el atractivo de la promesa contraria. De la Espriella plantea una ruptura frontal con la negociación y con buena parte de la arquitectura transicional: con los criminales, dice, no habrá diálogo. A un país exprimido por la extorsión, el secuestro y las disidencias, esa frase puede sonarle a liberación, y sería deshonesto no admitirlo. Pero la experiencia colombiana enseña algo que incomoda: la paz no se decreta, se construye. La fuerza pública es imprescindible —nadie serio lo discute—; ocurre que la fuerza, por sí sola, no desactiva las causas que reproducen la guerra. El verdadero dilema no enfrenta la ingenuidad con la autoridad, sino dos maneras de entender la autoridad: una seguridad democrática sujeta a controles constitucionales y una seguridad concebida como licencia para arrasar con todo matiz. La primera protege sin vaciar el Estado de derecho; la segunda fabrica silencio, que no es lo mismo que paz. Colombia conoce de sobra la distancia que separa un territorio pacificado de un territorio reconciliado.

Con la justicia el patrón se repite, y otra vez con un reclamo legítimo de por medio. Hay una idea de justicia que se agota en el castigo ejemplar, en la cárcel y en la mano firme, y que conecta con un dolor verdadero: demasiadas víctimas sienten que el sistema nunca les respondió. Pero existe otra, más áspera y menos taquillera, que no renuncia a sancionar y a la vez comprende que en sociedades atravesadas por violencia masiva hacen falta verdad, reparación, reconocimiento y garantías de no repetición. Desmontar o deslegitimar la justicia transicional no es retocar una institución cualquiera: es alterar el modo en que el país decidió tramitar su propio pasado. La JEP, la Comisión de la Verdad, la memoria histórica y los instrumentos restaurativos son criticables —ninguna institución escapa al escrutinio—, pero una cosa es corregir y otra muy distinta proclamar que son una farsa y prometer barrerlas. Un país que destruye sus mecanismos de verdad no se emancipa del pasado: se condena a litigarlo para siempre, y sin reglas.

Queda el territorio. El modelo económico que rodea al candidato vuelve a poner la extracción en el centro: petróleo, gas, minería, licencias más expeditas, expansión energética, aprovechamiento intensivo de los recursos. La discusión no se zanja con consignas verdes; Colombia necesita energía, empleo, inversión y equilibrio fiscal, y fingir lo contrario sería irresponsable. Pero el territorio no es una bodega de recursos a la espera de despacho. Es donde habitan pueblos, culturas, memorias, ecosistemas y generaciones que todavía no nacen. En un país pluriétnico y multicultural, hablar de “agilizar consultas” o “destrabar licencias” no es un tecnicismo administrativo: toca el corazón mismo del pacto de 1991. La consulta previa no es un trámite molesto, sino una garantía democrática de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros y de las comunidades directamente afectadas. Cuando el desarrollo se piensa sin esas voces, deja de ser desarrollo y empieza a parecerse demasiado a una imposición.

Conviene recordar, llegados a este punto, que el fascismo rara vez comparece con el uniforme de los manuales. No necesita camisa negra ni brazo en alto para resultar reconocible; a veces se presenta envuelto en banderas, himnos, camisetas de la selección y discursos sobre la familia, la fe, la propiedad y la seguridad. No pronuncia la palabra “dictadura”: dice “orden”. No anuncia que recortará derechos: promete “recuperar valores”. No confiesa que perseguirá al adversario: jura “derrotar al comunismo”. No se reivindica autoritario: se proclama salvador de la patria. Cambia el léxico, no el mecanismo. Debajo siguen los mismos engranajes: una identidad nacional cerrada, un enemigo interno, un líder providencial, la promesa de una purificación y la disposición a usar la fuerza si la realidad se niega a obedecer.

Frente a algo así, el cálculo electoral no alcanza; hace falta una posición, y una posición a la vez política y moral. No una postura histérica ni sectaria, ni incapaz de admitir los errores del progresismo o los miedos legítimos de quien va a votar por la derecha. Una posición lúcida, más bien, capaz de sostener lo elemental: el fascismo no se normaliza, no se maquilla, no se rebautiza como “carácter”, “mano firme” o “coherencia”. Se enfrenta, y se lo enfrenta con los instrumentos de la democracia.

Nada de esto convierte a Iván Cepeda en un candidato impecable ni blinda su proyecto contra las preguntas. Tendrá que gobernar más allá del petrismo; ofrecer seguridad sin candidez; responder por los desaciertos del gobierno saliente; hablarles a los empresarios, al centro, a las iglesias, a las regiones que no se sienten oídas y a quienes temen que la izquierda confunda transformación con improvisación. Todo eso es cierto y todo eso es exigible. Pero esta elección no transcurre en abstracto: ocurre frente a una candidatura que ha hecho de la fuerza, la estigmatización y la restauración moral su lengua de poder.

De ahí que, en esta coyuntura, votar por Cepeda no equivalga sin más a votar por la izquierda. Es votar por mantener la democracia abierta: por que el adversario siga siendo adversario y no enemigo, por que los derechos no queden a merced del credo moral de quien gobierna, por que la seguridad no se transforme en licencia de persecución, por que la memoria de la Unión Patriótica no termine archivada como una lección que el país prefirió olvidar. Es votar, en suma, para no reincidir en esa secuencia tristemente conocida en la que primero se señala, luego se deshumaniza y al final se justifica la violencia.

A quienes se sientan ofendidos por el rótulo, vale la pena decirles algo sin estridencia: el problema no es la palabra, es el parecido. Si un programa habla como el fascismo, divide como el fascismo, amenaza como el fascismo y sueña, como el fascismo, con una patria homogénea, la obligación democrática no consiste en buscarle un eufemismo presentable. Consiste en nombrarlo.

Y nombrarlo, contra lo que suele alegarse, no clausura el debate: lo habilita. La democracia solo puede defenderse mientras conservemos la capacidad de distinguir entre una derecha democrática y una derecha que aspira a gobernar como cruzada; entre un adversario legítimo y un proyecto que convierte a media nación en enemigo; entre el orden constitucional y la pulsión autoritaria; entre la patria de todos y la patria de los obedientes.

El domingo, por eso, no se vota solo un presidente. Se vota la frontera moral de la democracia colombiana. Se vota si el país acepta que la mitad de sus ciudadanos sea tratada como amenaza o insiste en que también quienes piensan distinto son parte del mismo pueblo; si la libertad incluirá la libertad de ser; si el bienestar será derecho o dádiva; si la paz será transformación o silencio impuesto; si la justicia será memoria o venganza; y, en última instancia, si la dignidad seguirá siendo el cimiento del Estado o quedará rebajada a una moral de obediencia.

Hay que decirlo, entonces, sin rodeos: contra el fascismo no se guarda neutralidad. Contra el fascismo se vota. Y este domingo, la forma democrática de hacerlo tiene un nombre: Iván Cepeda.

El turno es nuestro.

[1] Doctorando en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Magister en Derecho Constitucional. Especialista Internacional en Memorias colectivas, derechos humanos y resistencias. Especialista en Gerencia de Proyectos. Abogado

En las entrevistas que ha concedido a diferentes colegas periodistas, he observado cómo no permite que se le contradiga, que se le contrapregunte o que se le sugiera siquiera la posibilidad de estar equivocado.

Hay un viejo adagio que dice que “en el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”. Si así actúa Abelardo De La Espriella como candidato a la Presidencia, no quiero imaginar cómo será si llega a ser elegido presidente, cargo desde el cual debe generar confianza, pues se gobierna para todo un país y no únicamente para el sector que lo eligió.

¿Serán estas sus actuaciones como presidente de la República? ¿Demandará a todos los periodistas que, ejerciendo su oficio, se atrevan a cuestionar su labor y la de sus colaboradores? ¿Actuará contra todo aquel que ejerza su derecho a la crítica y a la veeduría ciudadana?

Le recuerdo, señor De La Espriella, que ejercerá un cargo público si es elegido y que su labor, así como la de todos sus colaboradores, estará sometida a la crítica y al control ciudadano. Si sus pretensiones son llegar a la Presidencia para que se le rinda culto, es mejor que se quede donde está. Puede que allí continúe rodeado de un séquito de aduladores, pero, a partir del 8 de agosto, quienes voten por usted esperarán resultados, y los exigirán rápidamente.

Le recuerdo además, señor De La Espriella, que el periodismo existe para vigilar, preguntar, cuestionar e incluso incomodar. Todas las personas que pretendan ocupar un cargo público bajo su gobierno, si usted resulta elegido presidente, estarán sometidas a estos procesos, les guste o no.

Si su intención, señor De La Espriella, es instaurar un régimen como los de Cuba o Venezuela, donde discrepar se convierte en un delito, lo invito entonces a que lo diga de frente.

Oscar Sevillano

No es posible que justamente el partido que en el pasado se puso la camiseta para que Colombia expidiera una ley que permitiera la reparación a las víctimas del conflicto armado y la restitución de las tierras a quienes fueron despojados, hoy decida apoyar a un personaje como Abelardo De La Espriella, a quien poco o nada parecen importarle esas víctimas y que, por el contrario, ha utilizado su profesión como abogado para defender a narcotraficantes y paramilitares responsables de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y despojo de tierras.

Tampoco se entiende cómo un partido que defendió a capa y espada la firma del proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC hoy termine al lado de quienes se opusieron a él mediante campañas cargadas de mentiras, desinformación y posverdades, y que desde entonces han buscado hacerlo trizas a cualquier costo.

De igual manera, resulta incomprensible que el partido que defendió la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respalde ahora a un candidato que ha prometido cerrarla, siguiendo motivaciones que nadie termina de explicar con claridad.

Ese tipo de incoherencias son las que han provocado que muchos colombianos desconfíen de la política y de los partidos políticos, porque, en lugar de entender lo que pide y necesita la sociedad actual, se han dedicado a darle rienda suelta al apetito burocrático de sus dirigentes y congresistas, defendiendo causas y visiones propias de la Constitución de 1886 más que los principios consagrados en la Constitución de 1991.

Lo más preocupante es que estas decisiones no parecen obedecer a una discusión ideológica seria ni a una revisión programática de fondo, sino a la simple búsqueda de cuotas de poder y espacios de influencia.

El Partido Liberal, que durante décadas se presentó como una fuerza reformista, progresista y comprometida con la ampliación de derechos, da hoy la impresión de haber renunciado a cualquier identidad política reconocible. Sus dirigentes parecen más interesados en acomodarse al candidato que mejor garantice su supervivencia burocrática que en defender las banderas históricas que alguna vez le dieron sentido a su existencia.

Si esa tendencia continúa, el liberalismo corre el riesgo de convertirse en una simple franquicia electoral sin principios, capaz de respaldar cualquier proyecto político independientemente de sus contradicciones con la historia del partido. Y cuando una colectividad deja de actuar con base en ideas y valores para hacerlo únicamente en función de conveniencias coyunturales, deja de ser un actor relevante para la democracia y se transforma en uno de los principales factores del desencanto ciudadano.

Después, los mismos dirigentes se preguntan por qué crece la abstención, por qué aumenta el rechazo hacia los partidos tradicionales y por qué cada vez más colombianos consideran que la política se ha convertido en un ejercicio de oportunismo antes que en una herramienta para transformar la sociedad.

Peor aún, el Partido Liberal parece haber llegado al punto en el que ya ni siquiera intenta justificar sus contradicciones. Ha pasado de ser una colectividad con una visión reconocible del país a convertirse en una organización que adapta sus principios a las conveniencias del momento.

Lo que antes se presentaba como una defensa de los derechos humanos, de las víctimas, de la paz y de las instituciones democráticas, hoy parece reducirse a un discurso vacío que se abandona tan pronto aparecen cálculos electorales o beneficios burocráticos. Si el liberalismo puede respaldar sin mayor reparo a quienes cuestionan o combaten las causas que durante años afirmó defender, entonces la conclusión inevitable es que para buena parte de su dirigencia esas banderas nunca fueron convicciones profundas, sino simples herramientas retóricas utilizadas mientras resultaron políticamente rentables.

Esa es una degradación política que no solo traiciona su propia historia, sino que contribuye a erosionar aún más la credibilidad de las instituciones democráticas ante una ciudadanía cada vez más cansada de la incoherencia y el oportunismo.

Oscar Sevillano

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Los resultados de esta nueva encuesta muestran a Cepeda liderando con 34,3 % y a Valencia consolidándose con 27,9 %. Más allá de las cifras individuales, el dato políticamente más relevante es que ambos fortalecen la percepción de inevitabilidad de una segunda vuelta entre izquierda y derecha, dejando poco espacio para candidaturas de centro o figuras alternativas.

Sin embargo, al comparar esta medición con la primera encuesta publicada por la misma firma, aparecen movimientos interesantes que permiten interpretar tendencias más profundas del electorado.

Cepeda sigue arriba, pero pierde impulso

En la primera medición, Iván Cepeda registraba 35,1 %. Hoy marca 34,3 %. Aunque la caída es moderada —menos de un punto porcentual— sí puede interpretarse como una señal de estabilización de su techo electoral.

Cepeda conserva un voto sólido y altamente fidelizado. Su liderazgo sigue siendo claro y ningún otro candidato logra disputarle el primer lugar. Pero el descenso, aunque pequeño, sugiere que parte del electorado indeciso comienza a mirar otras opciones o que la capacidad de crecimiento del Pacto Histórico empieza a encontrar límites naturales fuera de sus bases tradicionales.

Aun así, el dirigente de izquierda mantiene una ventaja considerable y continúa siendo el candidato con mayor reconocimiento y estructura política entre todos los aspirantes medidos.

Paloma Valencia: la candidata que más crece

La gran ganadora de la encuesta es, sin duda, Paloma Valencia. En la primera medición obtenía 25,4 %; ahora alcanza 27,9 %, creciendo 2,5 puntos porcentuales.

Ese aumento no es menor. En escenarios electorales altamente fragmentados, subir más de dos puntos en tan corto tiempo suele indicar consolidación política, mejor posicionamiento mediático y transferencia efectiva del voto de opinión conservador.

Abelardo de la Espriella se mantiene, pero no despega

El abogado Abelardo de la Espriella pasa de 21,6 % a 21,7 %. En términos estadísticos, prácticamente no hay variación.

Esto revela un fenómeno interesante: De la Espriella tiene una base electoral muy visible mediáticamente, pero hasta ahora no logra expandirse más allá de ella. Su discurso confrontacional y altamente mediático le permite mantenerse competitivo, pero no crecer.

El problema para su candidatura es estratégico: mientras Cepeda conserva el liderazgo y Valencia sigue creciendo, De la Espriella empieza a correr el riesgo de quedarse atrapado en un “tercer lugar permanente”. Y en política presidencial, la percepción de viabilidad es casi tan importante como los votos mismos.

El centro político aparece prácticamente desaparecido

Los números de Claudia López y Sergio Fajardo son quizá los más preocupantes para el llamado centro político.

Claudia López cae de 3,6 % a 3,1 %, mientras Fajardo baja de 2,9 % a 2,4 %. Ninguno logra romper el umbral simbólico del 5 %, tradicionalmente considerado el mínimo para aspirar a protagonizar una campaña competitiva.

La lectura es contundente: el electorado colombiano parece haberse desplazado hacia posiciones más emocionales y polarizadas, reduciendo el espacio para discursos moderados o conciliadores.

La narrativa del “centro racional” que tuvo fuerza en elecciones anteriores hoy parece desconectada de un país marcado por la confrontación ideológica, la inseguridad y el desgaste institucional.

Roy Barreras y los demás: candidaturas testimoniales

El desplome de Roy Barreras también es significativo. Pasó de 0,7 % a 0,3 %, una caída que evidencia enormes dificultades para consolidar una opción propia.

Mientras tanto, nombres como Miguel Uribe Londoño, Santiago Botero, Carlos Caicedo, Sondra Macollins y Gustavo Matamoros aparecen con porcentajes marginales que hoy no alteran el panorama electoral.

Lo que realmente está diciendo la encuesta

Más allá de quién sube o baja unas décimas, la encuesta deja tres conclusiones centrales.

Primero, Colombia se encamina hacia una elección altamente polarizada entre izquierda y derecha, con un centro político debilitado y sin narrativa movilizadora.

Segundo, Paloma Valencia emerge como la candidata con crecimiento relativo.

Y tercero, aunque Iván Cepeda sigue liderando, su candidatura parece haber entrado en una etapa de consolidación más que de expansión.

En el camino que falta, podrían darse alianzas que podrían alterar las cosas, aunque no mucho porque las cifras muestran un país dividido en dos grandes corrientes políticas que vuelven a convertir la presidencia en un plebiscito ideológico.

La pregunta que queda abierta no es solamente quién llegará a la Casa de Nariño, sino qué tan profunda será la fractura política y social que dejará esta campaña presidencial.

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A juzgar por los hechos, pareciera que ni Paloma Valencia ni su círculo más cercano se han dado cuenta de que su rival a vencer el 31 de mayo no es Iván Cepeda, y que el contrincante al que debe superar se llama Abelardo De La Espriella.

Paloma tiene con qué dar el debate y demostrar que su capacidad intelectual y sus conocimientos sobre política pública y manejo del Estado están a años luz de los del abogado, quien podrá saber mucho sobre cómo defender a los bandidos y criminales más peligrosos del país, pero poco o nada sobre cómo proteger a los colombianos de bien.

Sorprende que Paloma, conociendo los problemas del país y habiendo estudiado posibles fórmulas para superarlos, no las ponga sobre la mesa en el debate con quien le está quitando seguidores, que no es precisamente Iván Cepeda.

La confrontación de programas y propuestas con Cepeda, sin abandonarla del todo, debería reservarse en un 80 % para la segunda vuelta y, en cambio, concentrarse en la manera de vencer a De La Espriella, un personaje al que le falta la decencia que le sobra a Paloma Valencia.

La candidata del uribismo es una persona con la que se pueden tener diferencias, pero con quien se puede dialogar tranquilamente, porque es la demostración clara de que hay una derecha decente, dispuesta a hacer bien las cosas.

Paloma Valencia tiene la oportunidad de darle a su sector político la posibilidad de competir en la segunda vuelta con propuestas claras, bien formuladas y, lo mejor del caso, representadas por una persona de bien como ella, y no por un personaje como De La Espriella, que se comporta como un gamín vestido con ropa fina, incapaz de expresar una idea sin destilar veneno y lanzar insultos a diestra y siniestra.

La prioridad para Paloma Valencia y toda su campaña política debe ser pasar a la segunda vuelta, y para lograrlo debe entender que su rival inmediato es Abelardo De La Espriella, no Iván Cepeda.

La confrontación ideológica y programática —más no personal— con Iván Cepeda es para la segunda vuelta, no para la primera, senadora.

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Oscar Sevillano

Desde luego, los demás aspirantes —Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Mauricio Lizcano, Luis Gilberto Murillo, Sondra Macollins, Gustavo Matamoros y Carlos Caicedo— han protestado con razón. Resulta contradictorio que un ejercicio que se presenta como democrático termine excluyendo voces bajo criterios arbitrarios. No hay forma de justificar que, en nombre de la democracia, se promueva un espacio abiertamente discriminatorio.

Pero más allá de esa discusión, hay una idea que se ha instalado sin suficiente cuestionamiento: que este debate es urgente y necesario para el país. Y aquí vale la pena hacer una pregunta incómoda: ¿acaso no ha habido ya suficientes debates?

Durante meses, los candidatos han participado en múltiples encuentros organizados por gremios económicos como Asobancaria, Andesco, Fenalco, Camacol, la ANDI, Anato, y Asofondos. El problema no es la falta de escenarios, sino la repetición del público: en muchos de estos eventos, cerca del 70% de los asistentes son los mismos. Es decir, los aspirantes llevan más de medio año hablándole a la misma audiencia cerrada, predecible y poco representativa del país real. Sorprende que no se hayan dado cuenta.

A esto se suman los debates promovidos por universidades en distintas regiones, donde sí existe un interés genuino de ciudadanos que quieren conocer propuestas concretas para sus territorios. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué estos espacios parecen no contar? ¿Por qué se les resta valor frente a un debate mediático que, en esencia, no aportaría nada nuevo?

La respuesta parece estar más en el espectáculo que en el contenido. Lo que se vende como un evento “imprescindible” no es más que una apuesta por el rating. Y, aun así, es poco probable que ese debate llegue a realizarse. Las condiciones que imponen algunos candidatos —como excluir a quienes están por debajo del tercer lugar en las encuestas o elegir moderadores a conveniencia para evitar preguntas incómodas— son inaceptables para cualquier medio serio que respete su independencia.

Incluso si se optara por realizarlo a través del sistema de medios públicos, como RTVC o Inravisión como se le quiere llamar ahora, habría un principio básico que no podría ignorarse: todos los candidatos deben ser invitados. Lo contrario sería un uso indebido de un espacio estatal. Si alguno decide no asistir, esa será su responsabilidad, pero la puerta debe estar abierta para todos. Sorprende que un detalle tan elemental se pase por alto.

En realidad, esta discusión parece cada vez más inútil. A estas alturas, la mayoría de los colombianos ya tiene definido su voto, y difícilmente lo cambiará por ver, una vez más, a los candidatos repitiendo discursos vacíos. Porque, seamos honestos, estos debates rara vez profundizan en propuestas de gobierno. Lo que abunda son las frases hechas, las generalidades y, por supuesto, los ataques.

El resultado es un intercambio estéril de insultos: críticas al gobierno de turno, respuestas igualmente agresivas y una dinámica que podría resumirse en la conjugación de un solo verbo: insultar. Yo te insulto, tú me insultas, él nos insulta; nosotros nos insultamos, vosotros os insultáis y ellos se insultan entre todos.

Lo anterior no ocurre porque no exista afinidad en la fórmula Valencia-Oviedo, sino porque es una alianza pensada más para ganar que para gobernar. Y algo similar sucede con las demás fórmulas del resto de candidatos: están integradas por personajes interesantes, que pueden proponer y trabajar por el país, pero que no han construido el proyecto político del aspirante presidencial desde cero.

Es por eso que la fórmula Gustavo Petro–Francia Márquez no dio resultado. Ni Petro estaba convencido de que la líder afrodescendiente fuera su compañera de fórmula, ni Francia —aunque siempre ha sido petrista— estaba realmente seducida por acompañar un proyecto que no surgía desde su territorio ancestral ni desde sus raíces.

Lo mismo ha ocurrido con otras presidencias. Recordemos la de Santos–Vargas Lleras, dos personajes que no se quieren mucho a pesar de pertenecer a la misma élite política. El entonces vicepresidente nunca enarboló la principal bandera de su jefe: la paz con las Farc.

Tampoco dio resultado la fórmula Angelino Garzón–Juan Manuel Santos. Su vicepresidente se dedicó a incomodar con sus comentarios, declaraciones y actitud díscola.

Y así ha sucedido con el resto de fórmulas vicepresidenciales: aunque hacia afuera mostraron armonía y entendimiento, hacia adentro vivieron un mar de tensiones y conflictos que supieron disimular ante cámaras y micrófonos.

Quienes conocen a Juan Daniel Oviedo saben que es una persona a la que no le gusta ser opacada y que siempre busca llamar la atención. Es claro, entonces, que la figura presidencial podría eclipsarlo, más aún si se tiene en cuenta que, en caso de que la candidatura del Centro Democrático gane y llegue a la Casa de Nariño, detrás de cada decisión estará Álvaro Uribe Vélez. Eso es indiscutible

A Paloma Valencia le resultaría difícil tomar decisiones sin el aval de Uribe, algo que probablemente no sería del agrado de Oviedo, quien se caracteriza por su autonomía. Tampoco está claro si sería bien recibido dentro del Centro Democrático que el vicepresidente tenga vuelo propio y no acostumbre a consultar al exmandatario cada cosa que piense hacer.

Una cosa es la campaña presidencial y otra muy distinta es gobernar. Para gobernar en conjunto no basta con haber compartido tarima o repartido volantes: es necesario compartir la visión y los objetivos del programa de gobierno.

Ninguna de las fórmulas presidenciales parece cumplir plenamente con este requisito, aunque lo nieguen y posen sonrientes en las fotografías. Esto ocurre porque son fórmulas diseñadas para ganar elecciones, pero no necesariamente para gobernar de manera conjunta.

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En la baraja de presidenciables, la votación de Paloma Valencia la proyecta como una figura con capacidad real para disputar el liderazgo de la derecha y entrar con fuerza en la conversación principal de la primera vuelta. En ese contexto, la inclusión de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, precedida además por un clima de expectativa favorable, podría ayudarle a atraer, tanto en primera como en una eventual segunda vuelta, una parte importante de los votos dispersos del centro. Su incorporación también inclina la candidatura de Paloma Valencia hacia la moderación y reduce significativamente el margen de maniobra de Sergio Fajardo en ese mismo electorado. Queda, además, un capital electoral que no conviene perder de vista: el que se expresó en las otras dos consultas. Aunque muchos puedan considerarlo menor frente a la magnitud de la consulta de la derecha y la solidez electoral de Iván Cepeda, allí persisten apoyos que pueden resultar estratégicos en una elección tan estrecha como la que hoy se perfila.

Ahora, si las consultas ayudaron a ordenar el panorama presidencial, las elecciones al Congreso dejaron ver con igual claridad el tipo de gobernabilidad que tendrá que enfrentar el próximo gobierno. La jornada legislativa volvió a mostrar un Congreso sin hegemonías claras, con varias fuerzas de tamaño relevante, pero incapaces de dominar por sí solas el panorama legislativo. En otras palabras, ni el oficialismo ni la oposición salen de estas elecciones con la posibilidad de controlar el Congreso por cuenta propia. Por eso, quien llegue a la presidencia tendrá que gobernar en un contexto de negociación constante, con bancadas dispersas y con la necesidad permanente de construir coaliciones.

Ese dato importa no solo por lo que dice sobre la gobernabilidad futura, sino también por el contraste que revela. Las urnas dibujaron un mapa político que obligará a la negociación y a la construcción de acuerdos. Sin embargo, muchos de los discursos que se consolidaron después de la jornada parecen ir en sentido contrario. En vez de asumir la evidente necesidad del otro, justo cuando la realidad institucional exige mayor disposición al entendimiento, al cierre de las consultas, persistió la alusión a la derrota del adversario como principal movilizador de las emociones colectivas.

En algunos casos, se habló de derrotar al proyecto que hoy ocupa el gobierno. En otros, de derrotar a las fuerzas que, durante las últimas décadas, han encarnado la tradición política de la derecha colombiana. Incluso desde posiciones que se presentan como superadoras de la polarización reaparece una fórmula semejante: derrotar simultáneamente a quienes dominan el debate político nacional. Casi todos, al final, terminan enlazados por una lógica similar: convertir al otro en una amenaza y a la política en un campo de eliminación simbólica. Y ese, en la historia colombiana, es un lenguaje peligroso.

Lo más revelador es que esa lógica se manifiesta, incluso, entre sectores que leen el país desde perspectivas muy distintas. La izquierda tiende a mirar el país desde la gramática de los derechos, la inclusión y la justicia social, y por eso percibe cualquier retroceso en las libertades o en las conquistas sociales como una amenaza. La derecha lo hace desde la defensa del orden, la seguridad y la confianza en reglas estables para producir e invertir, y por eso reacciona ante la incertidumbre jurídica, el debilitamiento de la autoridad o la hostilidad hacia el mercado. El centro, por su parte, se afirma en la prudencia en la toma de decisiones, la técnica y la sostenibilidad institucional y teme que el país quede a merced de la improvisación, de promesas inviables y de la erosión de las capacidades del Estado.

Esas diferencias, en lugar de abrir el camino al reconocimiento mutuo, terminan subordinadas a una misma idea: asumir que el rumbo del país solo podrá corregirse mediante la anulación simbólica del adversario. No el diálogo, ni la posibilidad de reconocer las diferencias, ni la construcción paciente de un lenguaje común, sino la derrota del otro como único horizonte imaginable. Sin embargo, el país que emerge de las urnas difícilmente puede reducirse a esa lógica.

La Colombia que se asoma desde los resultados electorales no cabe en la simple lógica de la derrota del otro, porque en ella conviven preocupaciones distintas, todas ellas reales, sobre el rumbo de la democracia. El problema comienza cuando los partidarios de un proyecto son presentados como radicales irresponsables; los del otro, como enemigos de cualquier transformación; y quienes intentan ubicarse en el centro del debate, como ingenuos, tibios o irrelevantes. Poco a poco, el contrario político deja de ser un interlocutor y empieza a convertirse en una amenaza.

En este orden de ideas, la realidad de gobernar el país exigirá algo mucho más difícil que ganar una elección. Exigirá reconocer que en el otro —en ese adversario político que tantas veces se caricaturiza— también existen preocupaciones legítimas sobre el país que queremos construir. Quien llegue a la presidencia tendrá que comprender que gobernar Colombia no podrá constituirse en una suerte de derecho adquirido tras la conquista ni en la consumación de una derrota sobre otros. Gobernar, en un país como este, deberá significar algo mucho más exigente: escuchar las diferencias, abrir los diálogos necesarios, tender puentes entre sensibilidades distintas y acercar las múltiples realidades legítimas que atraviesan la vida nacional. Solo desde ese reconocimiento será posible construir la estabilidad que Colombia necesita y hacer de la presidencia no el trofeo de una facción, sino un verdadero gobierno para toda la nación.

Por lo anterior, el periodista que lo entreviste debe jugar de una forma bastante inteligente, cosa de que De La Espriella no cumpla su objetivo de sacarlo de casillas con sus frases y palabras hirientes que utiliza en sus discursos con el único objetivo de apoderarse de la audiencia.

De todos los candidatos que puntean en las encuestas, Abelardo De La Espriella es de los que menos conoce las necesidades de un país de territorios como el nuestro, porque sus viajes en los últimos años no han sido precisamente a las veredas del Vaupés, Arauca, Chocó o Amazonas. No, lo que muestra en sus fotos son sus largas estadías en París, Florencia, New York, Miami, y todos aquellos lugares del mundo donde ha podido hacer alarde de sus acostumbradas extravagancias.

Las mismas extravagancias con las que se deja ver ahora que si visita alguna ciudad o municipio, pero no para conocer sus necesidades sino para que le conozcan a él, caminando unas cuantas cuadras antes de llegar a la tarima, en medio de un sequito de escoltas que no permiten que lo toquen y desde donde el solo mira detrás de sus gafas oscuras, sonríe y levanta al brazo, como si fuese el gran Faraón a quien los egipcios consideraban el dios sol.

El sabe y es consciente de su gran desconocimiento de los problemas que durante décadas han padecido los territorios, y es por esto que este vacío intelectual lo tapa agrediendo verbalmente al actual gobierno y a todo lo que suene a izquierda o que no comparte su discurso lleno de generalidades y poco profundo.

Acude a despertar emociones y pasiones negativas en la gente que lo escucha porque sabe muy bien que es lo más fácil de lograr en el pueblo colombiano y que lo difícil es convencer con inteligencia, explicando lo que implica un bombardeo sin antes estar seguro del blanco a afectar; las aspersiones de glifosato a través de un avión fumigador y un sin fin de etceteras que un pasado no muy lejano terminaron por perjudicar a instituciones del Estado como el Ejército y la Policía, por ejemplo.

Es por esto que guerra no la gana el fanatismo como el de Abelardo De La Espriella, que solo ve el éxito en el número de muertos que arrojen las balas, sino en la eficaz inteligencia y táctica militar y policial combinada con la debida y rápida aplicación de la justicia.

Ese fanatismo de Abelardo De La Espriella francamente me llena de desconfianza, porque este país no está para ser gobernado por una persona imprudente, que por su folclórica manera de hacer las cosas podría provocar un estallido social peor que el provocó Iván Duque con su reforma tributaria, y su negativa a escuchar a las comunidades.

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Juan de Dios Restrepo sabía que la mayor ironía de la magia residía en quien la otorgaba, pues estaba hecha de ocultamientos donde solo podía mostrarse un pequeño fragmento de realidad. Si llegase a revelar sus artilugios, la ilusión se desnudaría, perdiendo por completo el interés y la esencia que, precisamente, la constituyen.

Por eso, desde sus orígenes en la vieja Medellín de 1840, y en medio de sus escritos, Juan empezó a dar más de lo que se le pedía, pretendiendo conquistar mundos secretos e inverosímiles, jugando a convertir en realidad lo que nadie había experimentado. Entendió que querer mostrar lo desconocido no era solo magia, sino una manera de justificar la razón de la vida; era oprimirse contra la cotidianidad. Era transportarse a un estado de incertidumbre total que deseaba ser adoctrinada, amansada en medio de su furia.

Así descubrió que podía vivir a plenitud por un instante. Su vertiginoso camino hacia el mundo literario, matizado con la política, lo llevó a un estado catalítico de ansiedades futuras, traídas a realidades ortogonales donde se requería de un realismo mágico —aún no creado— que permitiera presentar lo irreverente como si fuese amancebado. Reveló que, cuando se transgrede la realidad superponiéndole la utopía como algo cierto, el sueño cobra vida. Sabía que lo demás sería estructurado. Posicionar la idea dependería de muchos factores y de innumerables patrocinadores que buscarían enarbolar las banderas de autorías robadas.

Hubo un momento de inflexión que los estudiosos de su obra narrativa decimonónica han pasado por alto en la construcción de su pensamiento y en la mimetización de su ser intuitivo. Surgió luego de que lograra colarse en las sesiones de la Cámara de Representantes como falso representante suplente por el Estado de Antioquia, hasta que fue descubierto el 10 de mayo de 1859. Sin duda, la contrariedad que aquello produjo lo llevó a reconocer que podía actuar sin ser él mismo.

Entonces, Juan de Dios se cuestionó acerca de cómo mostrar la esencia sin perder la magia. La voz de la conciencia le diría que la única manera era mostrar solo lo que conviene. Sería necesario reservar lo mejor para cuando no hubiera razón para ser. En ese momento surgió de su interior su alter ego: Emiro Kastos.

Por un instante pudo sentirse feliz en su sueño. Buscó argumentos, interpoló tensiones a fin de hacerlas coincidir en un paradigma que condujera a una realidad futura. Luego de varias frustraciones comprendió que el peso de la experiencia lo llevaría con mayor cautela hacia sus objetivos, en un mundo donde teorías e hipótesis se impregnaban de instintos profundos, de aquellos cuya posesión ignoraba. Allí descubrió, muy a su pesar, que volver realidad las fantasías no era más que saber esperar el momento oportuno.

De manera meticulosa, bajo su investidura seudónima, privilegió la idea de que quienes cultivan bien la tierra son los que obtienen los frutos importantes; que es allí donde se adquiere la conciencia moral pura. Algo que también se vislumbraba en otros tantos, como Pia Rigan y Alpha, entre otros, quienes lograron conspirar contra el olvido.