A juzgar por los hechos, pareciera que ni Paloma Valencia ni su círculo más cercano se han dado cuenta de que su rival a vencer el 31 de mayo no es Iván Cepeda, y que el contrincante al que debe superar se llama Abelardo De La Espriella.

Paloma tiene con qué dar el debate y demostrar que su capacidad intelectual y sus conocimientos sobre política pública y manejo del Estado están a años luz de los del abogado, quien podrá saber mucho sobre cómo defender a los bandidos y criminales más peligrosos del país, pero poco o nada sobre cómo proteger a los colombianos de bien.

Sorprende que Paloma, conociendo los problemas del país y habiendo estudiado posibles fórmulas para superarlos, no las ponga sobre la mesa en el debate con quien le está quitando seguidores, que no es precisamente Iván Cepeda.

La confrontación de programas y propuestas con Cepeda, sin abandonarla del todo, debería reservarse en un 80 % para la segunda vuelta y, en cambio, concentrarse en la manera de vencer a De La Espriella, un personaje al que le falta la decencia que le sobra a Paloma Valencia.

La candidata del uribismo es una persona con la que se pueden tener diferencias, pero con quien se puede dialogar tranquilamente, porque es la demostración clara de que hay una derecha decente, dispuesta a hacer bien las cosas.

Paloma Valencia tiene la oportunidad de darle a su sector político la posibilidad de competir en la segunda vuelta con propuestas claras, bien formuladas y, lo mejor del caso, representadas por una persona de bien como ella, y no por un personaje como De La Espriella, que se comporta como un gamín vestido con ropa fina, incapaz de expresar una idea sin destilar veneno y lanzar insultos a diestra y siniestra.

La prioridad para Paloma Valencia y toda su campaña política debe ser pasar a la segunda vuelta, y para lograrlo debe entender que su rival inmediato es Abelardo De La Espriella, no Iván Cepeda.

La confrontación ideológica y programática —más no personal— con Iván Cepeda es para la segunda vuelta, no para la primera, senadora.

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Oscar Sevillano

Desde luego, los demás aspirantes —Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Mauricio Lizcano, Luis Gilberto Murillo, Sondra Macollins, Gustavo Matamoros y Carlos Caicedo— han protestado con razón. Resulta contradictorio que un ejercicio que se presenta como democrático termine excluyendo voces bajo criterios arbitrarios. No hay forma de justificar que, en nombre de la democracia, se promueva un espacio abiertamente discriminatorio.

Pero más allá de esa discusión, hay una idea que se ha instalado sin suficiente cuestionamiento: que este debate es urgente y necesario para el país. Y aquí vale la pena hacer una pregunta incómoda: ¿acaso no ha habido ya suficientes debates?

Durante meses, los candidatos han participado en múltiples encuentros organizados por gremios económicos como Asobancaria, Andesco, Fenalco, Camacol, la ANDI, Anato, y Asofondos. El problema no es la falta de escenarios, sino la repetición del público: en muchos de estos eventos, cerca del 70% de los asistentes son los mismos. Es decir, los aspirantes llevan más de medio año hablándole a la misma audiencia cerrada, predecible y poco representativa del país real. Sorprende que no se hayan dado cuenta.

A esto se suman los debates promovidos por universidades en distintas regiones, donde sí existe un interés genuino de ciudadanos que quieren conocer propuestas concretas para sus territorios. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué estos espacios parecen no contar? ¿Por qué se les resta valor frente a un debate mediático que, en esencia, no aportaría nada nuevo?

La respuesta parece estar más en el espectáculo que en el contenido. Lo que se vende como un evento “imprescindible” no es más que una apuesta por el rating. Y, aun así, es poco probable que ese debate llegue a realizarse. Las condiciones que imponen algunos candidatos —como excluir a quienes están por debajo del tercer lugar en las encuestas o elegir moderadores a conveniencia para evitar preguntas incómodas— son inaceptables para cualquier medio serio que respete su independencia.

Incluso si se optara por realizarlo a través del sistema de medios públicos, como RTVC o Inravisión como se le quiere llamar ahora, habría un principio básico que no podría ignorarse: todos los candidatos deben ser invitados. Lo contrario sería un uso indebido de un espacio estatal. Si alguno decide no asistir, esa será su responsabilidad, pero la puerta debe estar abierta para todos. Sorprende que un detalle tan elemental se pase por alto.

En realidad, esta discusión parece cada vez más inútil. A estas alturas, la mayoría de los colombianos ya tiene definido su voto, y difícilmente lo cambiará por ver, una vez más, a los candidatos repitiendo discursos vacíos. Porque, seamos honestos, estos debates rara vez profundizan en propuestas de gobierno. Lo que abunda son las frases hechas, las generalidades y, por supuesto, los ataques.

El resultado es un intercambio estéril de insultos: críticas al gobierno de turno, respuestas igualmente agresivas y una dinámica que podría resumirse en la conjugación de un solo verbo: insultar. Yo te insulto, tú me insultas, él nos insulta; nosotros nos insultamos, vosotros os insultáis y ellos se insultan entre todos.

Lo anterior no ocurre porque no exista afinidad en la fórmula Valencia-Oviedo, sino porque es una alianza pensada más para ganar que para gobernar. Y algo similar sucede con las demás fórmulas del resto de candidatos: están integradas por personajes interesantes, que pueden proponer y trabajar por el país, pero que no han construido el proyecto político del aspirante presidencial desde cero.

Es por eso que la fórmula Gustavo Petro–Francia Márquez no dio resultado. Ni Petro estaba convencido de que la líder afrodescendiente fuera su compañera de fórmula, ni Francia —aunque siempre ha sido petrista— estaba realmente seducida por acompañar un proyecto que no surgía desde su territorio ancestral ni desde sus raíces.

Lo mismo ha ocurrido con otras presidencias. Recordemos la de Santos–Vargas Lleras, dos personajes que no se quieren mucho a pesar de pertenecer a la misma élite política. El entonces vicepresidente nunca enarboló la principal bandera de su jefe: la paz con las Farc.

Tampoco dio resultado la fórmula Angelino Garzón–Juan Manuel Santos. Su vicepresidente se dedicó a incomodar con sus comentarios, declaraciones y actitud díscola.

Y así ha sucedido con el resto de fórmulas vicepresidenciales: aunque hacia afuera mostraron armonía y entendimiento, hacia adentro vivieron un mar de tensiones y conflictos que supieron disimular ante cámaras y micrófonos.

Quienes conocen a Juan Daniel Oviedo saben que es una persona a la que no le gusta ser opacada y que siempre busca llamar la atención. Es claro, entonces, que la figura presidencial podría eclipsarlo, más aún si se tiene en cuenta que, en caso de que la candidatura del Centro Democrático gane y llegue a la Casa de Nariño, detrás de cada decisión estará Álvaro Uribe Vélez. Eso es indiscutible

A Paloma Valencia le resultaría difícil tomar decisiones sin el aval de Uribe, algo que probablemente no sería del agrado de Oviedo, quien se caracteriza por su autonomía. Tampoco está claro si sería bien recibido dentro del Centro Democrático que el vicepresidente tenga vuelo propio y no acostumbre a consultar al exmandatario cada cosa que piense hacer.

Una cosa es la campaña presidencial y otra muy distinta es gobernar. Para gobernar en conjunto no basta con haber compartido tarima o repartido volantes: es necesario compartir la visión y los objetivos del programa de gobierno.

Ninguna de las fórmulas presidenciales parece cumplir plenamente con este requisito, aunque lo nieguen y posen sonrientes en las fotografías. Esto ocurre porque son fórmulas diseñadas para ganar elecciones, pero no necesariamente para gobernar de manera conjunta.

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En la baraja de presidenciables, la votación de Paloma Valencia la proyecta como una figura con capacidad real para disputar el liderazgo de la derecha y entrar con fuerza en la conversación principal de la primera vuelta. En ese contexto, la inclusión de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, precedida además por un clima de expectativa favorable, podría ayudarle a atraer, tanto en primera como en una eventual segunda vuelta, una parte importante de los votos dispersos del centro. Su incorporación también inclina la candidatura de Paloma Valencia hacia la moderación y reduce significativamente el margen de maniobra de Sergio Fajardo en ese mismo electorado. Queda, además, un capital electoral que no conviene perder de vista: el que se expresó en las otras dos consultas. Aunque muchos puedan considerarlo menor frente a la magnitud de la consulta de la derecha y la solidez electoral de Iván Cepeda, allí persisten apoyos que pueden resultar estratégicos en una elección tan estrecha como la que hoy se perfila.

Ahora, si las consultas ayudaron a ordenar el panorama presidencial, las elecciones al Congreso dejaron ver con igual claridad el tipo de gobernabilidad que tendrá que enfrentar el próximo gobierno. La jornada legislativa volvió a mostrar un Congreso sin hegemonías claras, con varias fuerzas de tamaño relevante, pero incapaces de dominar por sí solas el panorama legislativo. En otras palabras, ni el oficialismo ni la oposición salen de estas elecciones con la posibilidad de controlar el Congreso por cuenta propia. Por eso, quien llegue a la presidencia tendrá que gobernar en un contexto de negociación constante, con bancadas dispersas y con la necesidad permanente de construir coaliciones.

Ese dato importa no solo por lo que dice sobre la gobernabilidad futura, sino también por el contraste que revela. Las urnas dibujaron un mapa político que obligará a la negociación y a la construcción de acuerdos. Sin embargo, muchos de los discursos que se consolidaron después de la jornada parecen ir en sentido contrario. En vez de asumir la evidente necesidad del otro, justo cuando la realidad institucional exige mayor disposición al entendimiento, al cierre de las consultas, persistió la alusión a la derrota del adversario como principal movilizador de las emociones colectivas.

En algunos casos, se habló de derrotar al proyecto que hoy ocupa el gobierno. En otros, de derrotar a las fuerzas que, durante las últimas décadas, han encarnado la tradición política de la derecha colombiana. Incluso desde posiciones que se presentan como superadoras de la polarización reaparece una fórmula semejante: derrotar simultáneamente a quienes dominan el debate político nacional. Casi todos, al final, terminan enlazados por una lógica similar: convertir al otro en una amenaza y a la política en un campo de eliminación simbólica. Y ese, en la historia colombiana, es un lenguaje peligroso.

Lo más revelador es que esa lógica se manifiesta, incluso, entre sectores que leen el país desde perspectivas muy distintas. La izquierda tiende a mirar el país desde la gramática de los derechos, la inclusión y la justicia social, y por eso percibe cualquier retroceso en las libertades o en las conquistas sociales como una amenaza. La derecha lo hace desde la defensa del orden, la seguridad y la confianza en reglas estables para producir e invertir, y por eso reacciona ante la incertidumbre jurídica, el debilitamiento de la autoridad o la hostilidad hacia el mercado. El centro, por su parte, se afirma en la prudencia en la toma de decisiones, la técnica y la sostenibilidad institucional y teme que el país quede a merced de la improvisación, de promesas inviables y de la erosión de las capacidades del Estado.

Esas diferencias, en lugar de abrir el camino al reconocimiento mutuo, terminan subordinadas a una misma idea: asumir que el rumbo del país solo podrá corregirse mediante la anulación simbólica del adversario. No el diálogo, ni la posibilidad de reconocer las diferencias, ni la construcción paciente de un lenguaje común, sino la derrota del otro como único horizonte imaginable. Sin embargo, el país que emerge de las urnas difícilmente puede reducirse a esa lógica.

La Colombia que se asoma desde los resultados electorales no cabe en la simple lógica de la derrota del otro, porque en ella conviven preocupaciones distintas, todas ellas reales, sobre el rumbo de la democracia. El problema comienza cuando los partidarios de un proyecto son presentados como radicales irresponsables; los del otro, como enemigos de cualquier transformación; y quienes intentan ubicarse en el centro del debate, como ingenuos, tibios o irrelevantes. Poco a poco, el contrario político deja de ser un interlocutor y empieza a convertirse en una amenaza.

En este orden de ideas, la realidad de gobernar el país exigirá algo mucho más difícil que ganar una elección. Exigirá reconocer que en el otro —en ese adversario político que tantas veces se caricaturiza— también existen preocupaciones legítimas sobre el país que queremos construir. Quien llegue a la presidencia tendrá que comprender que gobernar Colombia no podrá constituirse en una suerte de derecho adquirido tras la conquista ni en la consumación de una derrota sobre otros. Gobernar, en un país como este, deberá significar algo mucho más exigente: escuchar las diferencias, abrir los diálogos necesarios, tender puentes entre sensibilidades distintas y acercar las múltiples realidades legítimas que atraviesan la vida nacional. Solo desde ese reconocimiento será posible construir la estabilidad que Colombia necesita y hacer de la presidencia no el trofeo de una facción, sino un verdadero gobierno para toda la nación.

Por lo anterior, el periodista que lo entreviste debe jugar de una forma bastante inteligente, cosa de que De La Espriella no cumpla su objetivo de sacarlo de casillas con sus frases y palabras hirientes que utiliza en sus discursos con el único objetivo de apoderarse de la audiencia.

De todos los candidatos que puntean en las encuestas, Abelardo De La Espriella es de los que menos conoce las necesidades de un país de territorios como el nuestro, porque sus viajes en los últimos años no han sido precisamente a las veredas del Vaupés, Arauca, Chocó o Amazonas. No, lo que muestra en sus fotos son sus largas estadías en París, Florencia, New York, Miami, y todos aquellos lugares del mundo donde ha podido hacer alarde de sus acostumbradas extravagancias.

Las mismas extravagancias con las que se deja ver ahora que si visita alguna ciudad o municipio, pero no para conocer sus necesidades sino para que le conozcan a él, caminando unas cuantas cuadras antes de llegar a la tarima, en medio de un sequito de escoltas que no permiten que lo toquen y desde donde el solo mira detrás de sus gafas oscuras, sonríe y levanta al brazo, como si fuese el gran Faraón a quien los egipcios consideraban el dios sol.

El sabe y es consciente de su gran desconocimiento de los problemas que durante décadas han padecido los territorios, y es por esto que este vacío intelectual lo tapa agrediendo verbalmente al actual gobierno y a todo lo que suene a izquierda o que no comparte su discurso lleno de generalidades y poco profundo.

Acude a despertar emociones y pasiones negativas en la gente que lo escucha porque sabe muy bien que es lo más fácil de lograr en el pueblo colombiano y que lo difícil es convencer con inteligencia, explicando lo que implica un bombardeo sin antes estar seguro del blanco a afectar; las aspersiones de glifosato a través de un avión fumigador y un sin fin de etceteras que un pasado no muy lejano terminaron por perjudicar a instituciones del Estado como el Ejército y la Policía, por ejemplo.

Es por esto que guerra no la gana el fanatismo como el de Abelardo De La Espriella, que solo ve el éxito en el número de muertos que arrojen las balas, sino en la eficaz inteligencia y táctica militar y policial combinada con la debida y rápida aplicación de la justicia.

Ese fanatismo de Abelardo De La Espriella francamente me llena de desconfianza, porque este país no está para ser gobernado por una persona imprudente, que por su folclórica manera de hacer las cosas podría provocar un estallido social peor que el provocó Iván Duque con su reforma tributaria, y su negativa a escuchar a las comunidades.

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Juan de Dios Restrepo sabía que la mayor ironía de la magia residía en quien la otorgaba, pues estaba hecha de ocultamientos donde solo podía mostrarse un pequeño fragmento de realidad. Si llegase a revelar sus artilugios, la ilusión se desnudaría, perdiendo por completo el interés y la esencia que, precisamente, la constituyen.

Por eso, desde sus orígenes en la vieja Medellín de 1840, y en medio de sus escritos, Juan empezó a dar más de lo que se le pedía, pretendiendo conquistar mundos secretos e inverosímiles, jugando a convertir en realidad lo que nadie había experimentado. Entendió que querer mostrar lo desconocido no era solo magia, sino una manera de justificar la razón de la vida; era oprimirse contra la cotidianidad. Era transportarse a un estado de incertidumbre total que deseaba ser adoctrinada, amansada en medio de su furia.

Así descubrió que podía vivir a plenitud por un instante. Su vertiginoso camino hacia el mundo literario, matizado con la política, lo llevó a un estado catalítico de ansiedades futuras, traídas a realidades ortogonales donde se requería de un realismo mágico —aún no creado— que permitiera presentar lo irreverente como si fuese amancebado. Reveló que, cuando se transgrede la realidad superponiéndole la utopía como algo cierto, el sueño cobra vida. Sabía que lo demás sería estructurado. Posicionar la idea dependería de muchos factores y de innumerables patrocinadores que buscarían enarbolar las banderas de autorías robadas.

Hubo un momento de inflexión que los estudiosos de su obra narrativa decimonónica han pasado por alto en la construcción de su pensamiento y en la mimetización de su ser intuitivo. Surgió luego de que lograra colarse en las sesiones de la Cámara de Representantes como falso representante suplente por el Estado de Antioquia, hasta que fue descubierto el 10 de mayo de 1859. Sin duda, la contrariedad que aquello produjo lo llevó a reconocer que podía actuar sin ser él mismo.

Entonces, Juan de Dios se cuestionó acerca de cómo mostrar la esencia sin perder la magia. La voz de la conciencia le diría que la única manera era mostrar solo lo que conviene. Sería necesario reservar lo mejor para cuando no hubiera razón para ser. En ese momento surgió de su interior su alter ego: Emiro Kastos.

Por un instante pudo sentirse feliz en su sueño. Buscó argumentos, interpoló tensiones a fin de hacerlas coincidir en un paradigma que condujera a una realidad futura. Luego de varias frustraciones comprendió que el peso de la experiencia lo llevaría con mayor cautela hacia sus objetivos, en un mundo donde teorías e hipótesis se impregnaban de instintos profundos, de aquellos cuya posesión ignoraba. Allí descubrió, muy a su pesar, que volver realidad las fantasías no era más que saber esperar el momento oportuno.

De manera meticulosa, bajo su investidura seudónima, privilegió la idea de que quienes cultivan bien la tierra son los que obtienen los frutos importantes; que es allí donde se adquiere la conciencia moral pura. Algo que también se vislumbraba en otros tantos, como Pia Rigan y Alpha, entre otros, quienes lograron conspirar contra el olvido.

Si las elecciones para la Presidencia de la República, en primera vuelta, se realizaran hoy, el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, y el abogado Abelardo de la Espriella, aspirante por firmas, serían quienes pasarían a la segunda vuelta. Sin embargo, lo realmente sorprendente no es ese escenario, sino la presencia del expresidente del Congreso y exembajador en el Reino Unido, Roy Barreras, disputando un lugar entre los cinco primeros.

El estudio se realizó con una muestra de 11.509 personas mayores de 18 años, entrevistadas en Bogotá, Barranquilla, Armenia, Cali, Soacha, Cúcuta, Bucaramanga, Pasto, Medellín, Manizales y Anserma, y presenta un margen de error del 2,6%.

Este crecimiento de Roy Barreras en la intención de voto demuestra una vez más, que el escenario aun no está decantado y que los resultados pueden cambiar.

Ante la pregunta: si hoy fueran las elecciones para la Presidencia de la República, ¿por cuál de los siguientes candidatos usted votaría?, Iván Cepeda lidera la intención de voto con el 30,7%, seguido por Abelardo de la Espriella con el 16,2%. En el tercer lugar aparece una de las grandes sorpresas de la encuesta: el voto en blanco, con un 11,8%, muy por encima del cuarto lugar ocupado por Sergio Fajardo, con el 6,7%, y del quinto, Roy Barreras, con el 6,1%.

Este resultado indica que Barreras podría convertirse en la carta fuerte del centro para entrar de lleno en la pelea presidencial. Desde allí, no solo tendría que seducir a los colombianos que aún no han decidido su voto, sino también disputar con fuerza el respaldo de quienes integran la consulta de la centro-derecha, entre ellos Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Daniel Palacios y Paloma Valencia, esta última ganadora de la encuesta interna del uribismo.

El exembajador aún cuenta con varios meses para aumentar su porcentaje y dar la pelea en dicho mecanismo frente al candidato del Pacto Histórico, a quien debe derrotar primero en la consulta del Pacto Amplio, en donde además se encuentran Camilo Romero y Daniel Quintero.

Es importante aclarar que el estudio fue realizado antes de que se conociera oficialmente que la candidata del Centro Democrático sería Paloma Valencia.

De acuerdo con los resultados, más abajo aparecen Vicky Dávila (3,6%), Claudia López (3,5%), Germán Vargas Lleras (3,1%) y Miguel Uribe Londoño (2,3%).

Con un 6,1% de intención de voto, Barreras supera a figuras que llevan más tiempo en la conversación pública y que cuentan con altos niveles de reconocimiento mediático. No es un dato menor. En un contexto en el que el voto en blanco alcanza un significativo 11,8% y el electorado parece cansado de la polarización extrema, de los insultos y las calumnias, el exembajador y expresidente del Congreso empieza a capitalizar un espacio que el centro político ha tenido dificultades para ocupar.

Su aparición en los primeros lugares no solo sorprende por la cifra, sino por lo que representa, porque es claro Barreras emerge como una posible carta fuerte y elemento de experiencia, conocimiento y capacidad de ejecución . La encuesta sugiere que, a medida que avance la campaña y se consoliden los discursos, su crecimiento podría acelerarse, especialmente si logra posicionarse como una alternativa viable y competitiva.

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Con varios meses por delante, su reto no es menor, pues deberá hacer todo lo posible por conectar con ese electorado indeciso que hoy no encuentra una opción clara.

Para esto debe dar a conocer al colombiano del común los resultados de su labor como congresista, sus aprendizajes sobre el manejo del Estado, y además difundir de una manera clara y creativa, sus propuestas para que Colombia sea una Nación próspera.

En definitiva, mientras el debate público sigue concentrado en la confrontación entre los extremos, Roy Barreras avanza, paso a paso, en las encuestas. Su crecimiento no es explosivo, pero sí constante, y en política eso suele ser más diciente —y, a menudo, más definitivo— que un arranque espectacular.

Esa es la idea más tonta y estúpida que se les ha podido ocurrir a los sectores de derecha, porque son demasiados los problemas que tiene Colombia, como para que lo único que se les ocurra sea proponer una unión en contra de alguien, sin importar que esta alianza, a la vista de la opinión pública, resulte incoherente e insulsa.

A diario me pregunto: ¿cuál es la principal idea del Partido Liberal para aliarse con el Centro Democrático? ¿Acaso fortalecer la Jurisdicción Especial para la Paz y acelerar la implementación del Acuerdo de Terminación del Conflicto firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos? Un asunto frente al cual el uribismo difundió mentiras y posverdades, mientras que el liberalismo lo defendió con ahínco.

¿O impulsar un candidato que llegue a la presidencia y, de esta manera, meter toda la presión necesaria para que Álvaro Uribe Vélez y cualquiera de sus allegados que tengan problemas con la justicia salgan libres y no se les toque? Un anhelo que el uribismo no disimula ni un poco, y que al Partido Liberal poco o nada le interesa.

Ahora, ¿qué pueden tener en común personas como, Mauricio Gómez Amín, Martha Lucía Ramírez, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, etc., como para pretender unirse, y lo que es peor, querer cerca al rey del fanatismo y de la extravagancia de la derecha: Abelardo de la Espriella.

A qué persona que tenga los cinco sentidos bien puestas se le puede ocurrir invitar a este sancocho político que solo causa una cosa: indigestión

Está bien no comulgar o no estar de acuerdo con la manera como Gustavo Petro ha manejado las riendas del país, y exigir claridad sobre los hechos de corrupción que han ensuciado la gestión del actual presidente de la República. Precisamente por eso se necesitan ideas, propuestas y fórmulas que le permitan al país superar la crisis en la que se encuentra.

Lo que menos necesita Colombia es una unión de fanáticos que no compiten demostrando que tienen los mejores argumentos para convencer a los votantes de las bondades de sus ideas, sino que juegan a ser quienes más insultan y quienes más gritan, sin darse cuenta de que lo único que logran es hacer el ridículo y convertirse en los hazmerreír de la política.

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Lo más paradójico es que son los sectores políticos que durante décadas han gobernado este país —los mismos que han provocado los mayores escándalos de corrupción y de infiltración de la ilegalidad en las instituciones— quienes pretenden mostrarse como los salvadores de Colombia y hasta dictan clases de moral y ética pública.

Estoy de acuerdo con la idea de que otro sector político sea quien gobierne Colombia a partir de agosto de 2026, porque el Pacto Histórico no solo no supo crear consensos, sino que permitió que personas con dudosa reputación, como Armando Benedetti y Laura Sarabia, terminaran en posiciones claves del Ejecutivo, además de patrocinar escándalos de corrupción como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Pero esto debe ser a partir de ideas, de propuestas, de argumentos, no con campañas en contra de alguien en específico.

Lo siento por Iván Cepeda, porque conozco sus calidades como ser humano y como político, pero es posible que esté en el lugar equivocado.

Muy grande les quedó a los personajes políticos de la derecha colombiana exponer sus ideas sin tener que lanzar insultos u ofensas, no solo a sus oponentes, sino también a los periodistas que, con conocimiento de causa, les controvierten sus palabras o contrapreguntan, como el oficio lo exige.

Tal es el caso de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene grandes dificultades para exponer sus ideas con argumentos sólidos y con fluidez intelectual. Eso sí, el país entero le reconoce su gran capacidad para la grosería a la hora de contestar con palabras ofensivas.

En la entrevista concedida al periodista Daniel Pacheco, para La Silla Vacía, Cabal, en uno de sus conocidos desesperos intelectuales, trató al editor del medio digital de tener “cemento en el cerebro”, por no creer en la tesis con la que asegura que el asesinato de miles de líderes políticos de la Unión Patriótica en la década de los 80 fue un autoexterminio, porque, según ella, “entre ellos mismos se asesinaron”.

Negar que el exterminio de los miembros de la UP se dio en contubernio entre el paramilitarismo, el narcotráfico, agentes del Estado y políticos de extrema derecha es como negar que miles de ganaderos fueron asesinados por las FARC y el ELN.

Creo que quien realmente tiene cemento en el cerebro es la senadora María Fernanda Cabal, por exponer semejante barbaridad y, además, por no reconocer un hecho innegable, respaldado por evidencia histórica, académica y judicial.

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Trabajar y luchar por determinado sector no significa desconocer al otro ni negar que también ha sido víctima de este mar de sangre que es nuestro país. Ni siquiera Álvaro Uribe se atreve a tanto.

Como siempre, se equivoca la senadora María Fernanda Cabal con esa tesis bastante… rara. Y también se equivoca el Centro Democrático al escoger personajes que, como la congresista, poco le aportan al país.

Puede que al partido uribista la figura de la esposa de José Félix Lafaurie le signifique los votos de los ganaderos —lo que, a su vez, se refleja en una curul más para esta fuerza política y en unos cuantos pesos adicionales al abultado cheque que el Estado les consigna por concepto de reposición de votos—. Sin embargo, la pregunta necesaria es si estos personajes en verdad dejan algún legado positivo para el ciudadano del común.

Creo, además, que el partido Centro Democrático debería reflexionar y preguntarse si, para hacerse notar, es necesario insultar a todo aquel que les interrogue o contrapregunte. ¿Será que la palabra respeto hacia el otro fue eliminada del manual de procedimientos del uribismo?

No me cabe la menor duda de que, si hubiese sido Daniel Pacheco quien tratara a la senadora de tener “cemento en el cerebro”, el Centro Democrático, sin vacilar, demandaría a La Silla Vacía, exigiendo al periodista pedir disculpas, e incluso lo tildaría de machista. Pero como fue la congresista uribista quien maltrató y fue grosera, dando muestra de su supuesto empoderamiento femenino, ahí sí, calladitos todos.

No le voy a pedir a la senadora María Fernanda Cabal que cambie su estilo de debatir y argumentar, porque eso sería como pedirle a un caballo que ladre. Pero sí sería bueno que se preguntara qué podría pasar si, así como es de buena para contestar con insultos y groserías, lo fuera también para exponer tesis creíbles, argumentadas y bien analizadas.

En mi anterior post (“Escepticismo y relativismo”), intenté despejar algunas confusiones alrededor de la noción de escepticismo, además de ofrecer un modesto argumento—específicamente, una reducción al absurdo—en contra de cierta forma radical de relativismo. En esta entrada quisiera relajarme un poco y abordar un tema de actualidad en Colombia: la penalización de la dosis personal. He de confesar, desde el comienzo, que ignoro los pormenores del proyecto de ley en cuestión que promueve (¿por quinta vez? Ya perdí la cuenta) el gobierno de Uribe. Por ello, es probable que mucho de lo que diga no se aplique, o se aplique sólo en parte, al contexto político actual de Colombia. Ustedes juzgarán. Sin embargo, tengo mis razones para pensar que no es así.

La pregunta que quisiera plantear es la siguiente: ¿qué justificación podría tener un Estado de Derecho (de ahora en adelante ‘ED’) para penalizar la dosis personal? Es importante notar que la dosis personal no ampara el consumo en sitios públicos; únicamente ampara el porte de una determinada cantidad de droga ilegal en tales lugares. Esa cantidad debe ser tal que sea altamente razonable que la sustancia transportada no esté destinada al tráfico sino al uso personal. Así las cosas, la pregunta es: ¿por qué razón pensar que una persona es merecedora de una sanción social por el simple hecho de llevar consigo una cantidad de droga ilegal que obviamente no está destinada al comercio?

Creo que, en general, un gobierno dispone de dos líneas argumentativas para penalizar el porte de sustancias psicoactivas ilegales. La primera es lógicamente prioritaria a la segunda, pero ambas, presumo, son estériles. El primer argumento (A) es de corte ético, y comienza por la suposición que el ED tiene la obligación de defender los derechos de sus ciudadanos. Dado que el consumo de drogas ilegales para el disfrute personal representa una amenaza para la vida del ciudadano (uno de sus principales derechos), el ED tiene el compromiso de prevenir este consumo. Una forma, entre otras, de hacer esto, es mediante la prohibición de la dosis personal, pues se supone que ésta desestimulará (en cierta medida) el consumo. El segundo argumento (B) toma A como base y enmarca la discusión en el contexto de la lucha contra las drogas. En la medida en que tiene la obligación de defender el derecho a la vida, un ED debe combatir el fenómeno de las drogas ilegales en todos sus frentes. Uno de estos frentes es el económico. Prohibir la dosis personal supondría un obstáculo extra para la compra de droga ilegal, lo cual menguaría (hipotéticamente) la capacidad financiera de los carteles.

En lo que resta de esta entrada me ocuparé solamente del primer argumento. Esto es natural, pues B depende de A. A continuación, voy a desplegar el argumento A en la forma de un esquema:

1. El ED debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos.

2. Si el ED debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos, entonces debe prevenir el consumo de drogas por parte de sus ciudadanos.

3. El ED debe prevenir el consumo de drogas por parte de sus ciudadanos.

4. Si el ED debe prevenir el consumo de drogas por parte de sus ciudadanos, entonces el ED debe prohibir la dosis personal.

* Conclusión: El ED debe prohibir la dosis personal.

Si bien este razonamiento es válido (es decir, si bien las premisas del argumento sí implican la conclusión), creo que la primera premisa (“El ED debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos”), leída sin calificación, es falsa. Pues no siempre un ED debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos. Ésta debe ser una obligación del ED, sí, pero sólo mientras su aplicación no viole una libertad fundamental del individuo—una libertad que el ED, por su misma naturaleza, está también obligado a respetar y a hacer respetar (al menos en el caso que nos concierne, que es el de las acciones perjudiciales para la salud cuyo origen y destino es la misma persona).

Imaginemos, por ejemplo, que una persona decide, después de una fría meditación, privarse de la vida. ¿Sería legítimo que un ED interviniera en tal designio, bajo el estandarte de la defensa al derecho a la vida de sus ciudadanos? A mí me parece que no. El comercio de una persona con su propia vida es casi por definición algo que no es cosa de interés público. Si la relación conmigo mismo no es algo que me incumba a mí y solamente a mí, no veo entonces cuál es el punto de hablar de mis “libertades”. Esto aplica al tema que nos atañe. Cuando alguien decide consumir o portar una droga ilegal ejerce una prerrogativa inalienable que esa persona posee sobre su propio cuerpo, una prerrogativa que, de arrebatársela, un ED no tendría de Estado de Derecho sino la sigla.

Si la premisa 1 del argumento A tiembla, con ella tiembla todo el razonamiento que se basa en ella. Es más: si mi crítica a la premisa 1 es atinada, entonces la situación de un gobierno con ánimo de penalizar la dosis personal es bastante incómoda, pues estaría obligado a mostrar por qué, si bien es cierto que un ED debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos en la medida en que ello no conlleve la violación a libertades fundamentales del individuo, prohibir el porte de una sustancia ilícita para el consumo personal no implica tal violación. No obstante, esta alternativa me parece vana, por el simple hecho de que prohibir el porte—el mero porte—o el consumo—a secas—sí implica una violación a una libertad fundamental: a la de no ser acusado por algo que no merece castigo.

Éste es un caso típico de conflicto entre los deberes de un agente (en este caso, el agente es el estado). Lo que está en juego es, por un lado, el respeto debido a una prerrogativa inalienable del sujeto social, y por el otro, el imperativo de defender un derecho fundamental de los ciudadanos. Mi argumento apunta a la idea de que el último imperativo es derrotable por el primero (al menos en el tema que nos atañe), y que dicha derrotabilidad se basa en la naturaleza misma del ED. En este sentido, no podemos penalizar la dosis personal y a la vez preciarnos de tener un ED. Ambas cosas, me parece, son incompatibles.

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