Este 8 de marzo, la ciudadanía colombiana votó para renovar a senadores y miembros de la Cámara de Representantes. La elección de este nuevo Congreso, donde la alianza oficialista Pacto Histórico reforzará su mayoría, abre también una nueva etapa para varias discusiones socioambientales que han quedado detenidas o relegadas por otras agendas.

La protección a las personas defensoras —quienes habitan el país con mayor letalidad para los protectores del territorio y el ambiente—, la implementación del Acuerdo de Escazú, la deforestación que no se detiene en la Amazonía, el reconocimiento e implementación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), los retos en la transición energética y las acciones ante la crisis climática son algunos de los temas clave que el nuevo Congreso tendrá que atender a partir del 20 de julio, cuando inicie labores.

Tras la elección del nuevo Congreso y previo a los comicios presidenciales, organizaciones, especialistas y activistas advierten que este año electoral es determinante para que Colombia defina si logra avanzar hacia un modelo de desarrollo que sea compatible con la protección de sus ecosistemas y de los derechos de las comunidades en sus territorios.

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Reducir la violencia contra defensores y liderazgos indígenas

Desde hace años, Colombia se ha consolidado como el país más letal del mundo para los defensores ambientales, sociales y de derechos humanos. En 2024, el país acumuló casi un tercio de los asesinatos y desapariciones a nivel mundial, con 48 casos, de acuerdo con un informe de Global Witness. La mayoría de las víctimas de esta violencia pertenecen a comunidades indígenas y campesinas, quienes suelen resistirse al ingreso de actores armados y economías ilícitas en los territorios.

Por esta razón, cerca de 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron un llamado al nuevo Congreso —que incluye 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos— para que los legisladores avancen en la protección de las personas defensoras, así como de sus comunidades y territorios.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, señala que estas propuestas abordan tres grandes bloques que buscan soluciones al conflicto armado, la construcción de paz y la prioridad por proteger a las comunidades y territorios del extractivismo.

“También es entender que la paz se hace con el cuidado y la protección de la Madre Tierra, de los ecosistemas y de los territorios. Por ello llamamos, en esos 21 puntos, a que el Congreso tiene que legislar en favor de las comunidades, que la prioridad no puede ser el extractivismo, ni los megaproyectos, en detrimento del bienestar y de la permanencia de las comunidades”, explica la defensora a Mongabay Latam.

En el documento, la sociedad civil llamó a proteger los territorios y la naturaleza “de intereses empresariales y extractivistas que expolian los bienes colectivos y ponen en riesgo la permanencia de las comunidades”, por lo que consideran indispensable que el Congreso legisle en base al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe, así como otras normas que ya existen e implican la protección ambiental o la lucha contra la crisis climática.

“Enfatizamos en esa línea de temas normativos que el Congreso tiene una obligación con las personas defensoras: participar decididamente en el cambio de normatividad que se requiere en Colombia para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas, y en la superación de la violencia que sufrimos quienes defendemos derechos”, agrega Torres.

La iniciativa pide que el Congreso cumpla la sentencia SU-546 de 2023, una serie de órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia, que declaró la grave y generalizada violación de los derechos humanos que viven las personas defensoras en el país.

Torres destaca también la necesidad de que tanto el Congreso como el Gobierno que serán electos en 2026 dejen de ver a las personas defensoras, así como los liderazgos campesinos e indígenas, como “enemigos” del Estado o del “desarrollo”, para reconocerlos como actores legítimos y aliados. “Esa doctrina no ha cambiado y sigue instalada en un grueso de las instituciones”, afirma la defensora.

Este primer llamado hecho por las organizaciones, sostiene Torres, nace por la falta de propuestas que atiendan a las personas defensoras en todo el proceso electoral.

“Muchos de los movimientos y partidos no hablan de personas defensoras, o hablan de la paz y la seguridad desde una visión militarista. Estamos diciéndole al nuevo Congreso y a las candidaturas que hay que trabajar los problemas que tiene Colombia desde una visión democrática y de derechos humanos”, insiste.

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Consolidar la autonomía indígena

Organizaciones, especialistas y comunidades han reconocido algunos avances en mesas de diálogo o en el reconocimiento de derechos en la administración del presidente Gustavo Petro, pero sostienen que estos pasos deben traducirse en mejores normas, así como en la implementación de procesos en la Administración pública y en la legislación.

Un caso destacable son las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, y que logró un avance histórico en diciembre pasado cuando el Presidente firmó los decretos para ocho territorios.

Estos decretos, junto con resoluciones judiciales, han ayudado a llenar el vacío que dejó el Congreso, que por más de 34 años ha omitido reconocer en una ley a las ETI. Juan David Varela, coordinador del equipo del Laboratorio Socio-Jurídico para la Innovación de lo Público de la Fundación GAIA Amazonas, señala que aunque sigue existiendo una deuda del Congreso en este tema, los decretos presidenciales han ayudado a consolidar esta figura.

“Estos instrumentos que ha expedido el Gobierno nacional en los últimos 30 años han generado unas regulaciones de manera fragmentaria. Ahora, con los decretos, hay ya un marco normativo integral y suficiente para avanzar en la formalización de las ETI” desde lo legislativo, explica el especialista.

Sin embargo, advierte la posibilidad de que el Congreso pueda emitir medidas regresivas o una ley orgánica de ordenamiento territorial, en la que no reconozca los logros que han obtenido las Entidades Territoriales Indígenas.

Por ejemplo, Varela destaca que uno de los pendientes desde el Congreso de Colombia será determinar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para las labores de las ETI y con esto profundizar su autonomía territorial en temas ambientales, de salud, educación o justicia.

“El Congreso tiene un rol importante en los asuntos fiscales, pero los asuntos que son objeto de la autonomía de los gobiernos y de los territorios indígenas no serán objeto de regulación en el Congreso”, agrega.

“Cada gobierno y cada territorio indígena ha venido consolidando sus instrumentos de política y sus prioridades territoriales. Y en ese sentido, el Congreso sí puede precisar cómo se va a financiar el ejercicio de ese poder público”, expone.

Torres coincide en que el Congreso debe dialogar también con todas las figuras de gobierno indígenas en Colombia para entender su autoridad y autonomía.

“No es solamente que le den jurisdicción a los indígenas y ahí se acaba la cosa. El Congreso debe interlocutar con ese gobierno propio, sin ello obviamente es muy complicado avanzar en los asuntos territoriales que aquejan a las comunidades étnicas. Debe respetar los usos y costumbres, sin eso realmente no es posible lograr diálogos reales para gobernar el país”, advierte.

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Deforestación y ganadería, una conexión pendiente a seguir

El panorama de la deforestación en Colombia es complejo, pero la tendencia desde 2024 indica que va en aumento y es provocada principalmente por el acaparamiento de tierras, la construcción no planificada de vías ilegales y la ganadería extensiva.

El informe oficial de monitoreo realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indica un aumento de 43 % en la deforestación en 2024, respecto al año anterior, con una pérdida acelerada en la Amazonía colombiana, donde esta pérdida aumentó incluso un 74 %.

Natalia Escobar, coordinadora e investigadora de la línea de justicia ambiental de Dejusticia, señala que aunque se sabe que la ganadería sigue siendo uno de los principales motores de deforestación en Colombia, actualmente no se cuenta con herramientas de control suficientes para controlar ambientalmente al sector, por lo que será uno de los retos en el nuevo Congreso.

“Tenemos una trazabilidad ganadera fragmentada en materia de información, pero también en términos de política pública porque está vinculado al agropecuario y a lo sanitario específicamente, pero no hay un vínculo directo entre actividad ganadera y control ambiental y conservación del bosque”, detalla la especialista a Mongabay Latam.

Aunque actualmente existen acuerdos voluntarios de cero deforestación entre el sector ganadero con el Gobierno, sociedad civil y privados para que esta actividad no dañe los bosques, Escobar señala que no es suficiente, pues se concentran solo en un pequeño grupo de actores.

La especialista considera fundamental avanzar en la reglamentación de competencias de distintas instituciones en Colombia que actualmente están fragmentadas y no permiten analizar toda la cadena de actividades que implica la ganadería, desde el desmonte y el sacrificio de ganado hasta la comercialización.

Incluso, Escobar señala como un reto incorporar la transparencia y el acceso a la información en la trazabilidad de la ganadería en Colombia, como parte de la implementación del Acuerdo de Escazú. El Congreso debe legislar para que ciertas normas cumplan o se adecúen al tratado o llamar a comparecer a ministerios que trabajen en la implementación y rindan informes al respecto.

“Definir un marco unificado de competencias y coordinación para el control de la deforestación va a ser necesario en algún momento. A partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú es fundamental que los actores que pertenecen a la cadena de suministro asuman la responsabilidad como actores públicos”, sostiene.

A finales de 2025, el Senado aprobó en plenaria el proyecto de Ley 261 que busca certificar la ganadería sostenible y libre de deforestación mediante el monitoreo ambiental para evitar la expansión de esta actividad en zonas protegidas. A través de un incentivo comercial, que incluye un sello ambiental, se establecen obligaciones para comercializadores y ganaderos. La iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo.

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Fracking, minería y enfrentar la incertidumbre energética

El sector energético representará también un reto para el nuevo Congreso, así como para el nuevo gobierno de Colombia que sea electo en mayo próximo. Especialistas consultados por Mongabay Latam destacan la dependencia a los hidrocarburos, la minería y el abastecimiento de energía eléctrica como temas clave en los que la legislatura tendrá un papel relevante.

Un tema que ha marcado intensamente el debate en el Congreso y la política del Gobierno del presidente Petro es la prohibición del fracking o fracturación hidráulica, una técnica que permite extraer gas o petróleo que se encuentra atrapado en capas de roca a gran profundidad y que requiere grandes cantidades de agua.

Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, señala que en la extracción de combustibles fósiles, el nuevo Congreso deberá hacer ejercicios de control político para generar procesos transparentes y con acceso a información clara que permitan tomar decisiones responsables, ante la confrontación política que hay en Colombia y que se agudizó con el rechazo de Petro para firmar nuevos contratos de explotación petrolera en el país.

La prohibición o no del fracking, asegura, es un reto que estará presente no sólo entre quienes ocuparán un puesto en el Congreso, sino también entre los aspirantes presidenciales, pues hay presiones fiscales y económicas en el país por esta actividad.

“Hay sentencias de la Corte Constitucional que ponen sobre la mesa la necesidad de realizar ejercicios participativos y técnicos de lo que implica desarrollar estas prácticas, que pueden tener una afectación ambiental muy fuerte y que algunas comunidades ya han dicho que no quieren. No obstante, el país en términos fiscales acudió mucho a la deuda para financiar el gasto público, donde la gran mayoría de los recursos o el desarrollo viene de estas rentas extractivas”, señala Ulloa.

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También advierte que los ejercicios de consulta impulsados desde el Congreso serán claves para la extracción de minerales críticos para la transición energética y la diversificación productiva.

A finales de 2025, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, donde se busca reorganizar al sector minero colombiano para alinearlo con la transición energética y otorgarle al Estado mayor capacidad de regulación, protección ambiental y desarrollo territorial en la explotación de minerales. Ulloa anticipa la discusión de este proyecto como un tema clave para el nuevo congreso.

“El reto es cómo llevar estos ejercicios de deliberación, no solamente desde el Congreso, sino tratar de aterrizarlos con diferentes actores que hacen parte del ecosistema de la minería. El sector empresarial manifestó que no fue invitado a espacios de diálogo, sectores de la sociedad civil dicen que nunca hubo un ejercicio de retroalimentación, de sistematización, de presentar las conclusiones y resultados”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Al respecto, Escobar detecta un reto adicional para el Congreso: incorporar el cambio climático como un criterio en todos los estudios de impacto ambiental para el otorgamiento de licencias para cualquier proyecto.

“Esto no aparece en la agenda legislativa. Además de que ya es una orden de la Corte Constitucional y sería fundamental que las nuevas legislaturas lo incorporen”, señala.

Ulloa también señala que la nueva legislación debe fomentar la diversificación de la matriz energética de Colombia para reducir la dependencia del 63 % de fuentes hidroeléctricas.

“En tiempos de sequía es grave porque pone al país en riesgos de posibles apagones y, sin duda, el Congreso allí tiene un rol clave, por ejemplo, en cómo actualizar, modernizar la normativa generando diferentes estímulos y beneficios para promover la diversificación y desarrollar otro tipo de energías no convencionales”, comenta.

Además, precisa que los proyectos de energías renovables también enfrentan conflictos socioambientales que deben ser resueltos sin descuidar los requerimientos y la consulta a comunidades afectadas, por lo que señala que se deberán adaptar los mecanismos a los territorios que pueden ser impactados.

“Ir a las regiones y que los congresistas conozcan de viva cuenta qué es lo que se está dialogando en el territorio y que ese sea el insumo para tratar de construir propuestas, no quedarse solamente en el problema”, solicita.

En abril próximo, Colombia realizará la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un espacio propuesto a raíz de la COP30 para construir rutas concretas, justas y viables hacia economías descarbonizadas.

Ulloa señala que pese a ser una iniciativa del Gobierno, el Congreso deberá aportar medidas para la transición energética justa.

“El llamado al Congreso es que ponga sobre la mesa este tema, que ayude a pensar y a construir cuál es esa visión para ir haciendo esa transición paulatina, cómo promover ejercicios de diversificación económica y productiva para tratar de cerrar esa dependencia que se tiene a los recursos y a las rentas extractivas”, agrega.

Imagen principal: los nuevos representantes y senadores del Congreso de Colombia enfrentará retos en cuanto a la protección de defensores, en deforestación, energía y crisis climática. Foto: cortesía Senado de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La protección de los páramos de Colombia —ecosistemas de alta montaña tropical estratégicos para regular y proveer agua— entró en una nueva etapa, luego de que el Gobierno nacional terminó una consulta pública para definir qué actividades agropecuarias de bajo impacto pueden realizarse en estos complejos. Con este proceso, el Ministerio de Ambiente busca establecer las reglas para delimitar prácticas en territorios altamente frágiles.

Sin embargo, la protección o regulación de qué se puede hacer y qué no en los páramos históricamente ha generado tensión, pues mientras algunas actividades agrícolas y ganaderas representan un impacto para estos ecosistemas, comunidades campesinas han abogado por sus derechos y por el sustento de sus hogares.

Colombia tiene el 50 % de los páramos del mundo, con 37 complejos en el territorio, los cuales proveen el 70 % del agua potable nacional, actúan como santuarios naturales de la biodiversidad y juegan un papel clave contra la crisis climática como grandes sumideros de carbono.

Hay un consenso en que estos ecosistemas deben ser protegidos, sin embargo, las reglas, la implementación y la gobernanza para su cuidado son temas que aún están por definirse. Especialistas, campesinos, organizaciones y autoridades consultadas por Mongabay Latam explican los retos y oportunidades para garantizar la protección de los páramos y de quienes habitan en ellos.

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De la prohibición a permitir algunas actividades en los páramos

Entre las principales amenazas contra los páramos están la ganadería, la agricultura a gran escala y la minería. La propuesta que autoridades ambientales desarrollaron, junto con el Ministerio de Agricultura, y que sometió a consulta pública incluye criterios como la conservación de cobertura vegetal, manejo sostenible del agua y suelo, la prevención de erosión, prácticas agroecológicas y protección de la biodiversidad.

Este proceso responde a un artículo de la Ley 1930 de 2018, que permite —bajo estándares estrictos— actividades agropecuarias de bajo impacto en páramos, luego de años de prohibición que provocó conflicto entre los intereses de conservación con las actividades de comunidades.

Juan Carlos Benavides, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, destaca que la metodología propuesta no se concentra en las actividades que se realizan, sino en sus impactos en la calidad del agua o en la diversidad y en cómo medirlos.

“Si los impactos son altos, bajos o medios, acorde a la legislación, se determina si el tipo de actividad puede o no ser realizada. También se priorizan diferentes aspectos del páramo, hay unos que están completamente protegidos, mientras otros sectores se consideran más resilientes a las actividades humanas y permiten un poco más de actividad”, explica.

Sin embargo, Benavides también destaca desafíos para esta reglamentación en los páramos, pues más allá de que hay un reconocimiento en la elaboración de la norma, dice que no cuenta con indicadores sólidos para determinar objetivamente las actividades de un bajo impacto ambiental.

“La manera en que está escrita no tiene indicadores cuantitativos claros, son muy de opinión y puede haber escenarios donde si el personal técnico que hace la evaluación tiene un conflicto de intereses o no tiene capacidad técnica suficiente o el día no es el adecuado, porque no se especifica la temporalidad de estos monitoreos, se pueden tomar decisiones no tan acertadas”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Tras el cierre de la consulta pública, la directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente de Colombia, Natalia María Ramírez Martínez, señala que durante el ejercicio se recibieron cerca de 160 comentarios de diferentes actores, como corporaciones ambientales, comunidades indígenas y organizaciones civiles.

“Ahora estamos con mesas de trabajo conjuntas con Agricultura para identificar cómo o en qué se debe ajustar esta propuesta normativa. Aún no hemos culminado el análisis y el balance de estos comentarios. Tenemos dos semanas para realizarlo y llegar a una resolución que recoja toda la participación incidente”, dice la funcionaria a Mongabay Latam.

Para Paola Echeverri, coordinadora regional de Andes en WWF Colombia, la reglamentación propuesta por autoridades permitirá tener un diagnóstico inicial en las diferentes regiones de páramos para entender mejor los diferentes impactos de ciertas actividades agropecuarias en los ecosistemas.

“El foco es diferenciar la agricultura intensiva de la agroecología de bajo impacto y garantizar la permanencia de los habitantes tradicionales que toda la vida han estado allí, permitir que estén en esas zonas y promover esos medios de vida que tienen, pero regulando esas actividades”, señala la especialista.

Como organización que colaboró en el proceso de consulta, la integrante de WWF también advirtió en el ejercicio la necesidad de mecanismos financieros y de monitoreo para dar seguimiento a la reglamentación propuesta.

“No solamente no basta sacar normas, sino que cada uno de esos procesos normativos debe ir acompañado de un mecanismo financiero que permita su implementación, pero además de un mecanismo de monitoreo que permita ver en el tiempo cuál ha sido el impacto o las contribuciones de la aplicación de esas normas”, sostiene.

De acuerdo con la especialista, estos mecanismos permitirán armar una línea base y también ofrecer mejores condiciones para que quienes dependan de actividades críticas en los páramos puedan reconvertir o sustituir sus oficios, especialmente en ganadería y cultivo de papa, que es el más común en los páramos.

Benavides también coincide en la necesidad de incluir mecanismos de transparencia en el proceso para mejorar la implementación de la norma.

“La autoridad ambiental tiene que fortalecer su mecanismo de transparencia y de capacidad técnica para hacer evaluaciones que sean creíbles, porque si estas evaluaciones van en contra de las percepciones de las personas o de otras visiones técnicas se genera un problema de gobernanza al no tener una autoridad, un respaldo técnico con otras metodologías”, agrega.

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“Aspiro a vivir dignamente en el páramo”

Alejandro Alméciga Castro es campesino y guía ecoturístico en el Páramo de Chingaza, situado en la cordillera oriental, en los departamentos de Cundinamarca y Meta, y clave para el abastecimiento de agua para Bogotá, la capital colombiana.

Para Alméciga, es importante que haya una regulación clara en las actividades que puede haber dentro de los páramos, pues reconoce que son muy frágiles e importantes, pero que en su cuidado se ha desplazado a las comunidades campesinas.

“El campesino realmente no tiene una garantía de que sus derechos se sostengan, se ve muy vulnerado porque literalmente está perdiendo su tierra de una manera, diría, legal. Están sacando comunidades para engrosar las filas de ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Están engrosando los cinturones de pobreza”, dice el Alméciga a Mongabay Latam.

El campesino, quien paulatinamente ha transitado más hacia el ecoturismo dentro de la región, insiste en que debe haber una administración con las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

“No hay una gobernanza, no hay una socialización clara, una participación activa de la comunidad paramuna en la forma en que se está planteando la Ley de Páramos”, advierte.

Cuenta, por ejemplo, que cuando se declaró el Parque Nacional Natural Chingaza, en 1977, no hubo un proceso de socialización con las comunidades que estaban dentro del páramo.

“Una noche nos acostamos siendo legales y a la noche siguiente, cuando se declaró como Parque Nacional Natural Chingaza, amanecimos como colonos y como invasores, siendo propietarios éramos intrusos en un territorio donde las comunidades llevan más de 150 años establecidas”, sostiene el habitante del municipio de La Calera, en Cundinamarca.

Alméciga dice que no estaba enterado del proceso de consulta anunciado por el Ministerio de Ambiente para la limitación de actividades. Sin embargo, considera que sí debe haber un cambio para la conservación de estos ecosistemas.

«Estamos haciendo un cambio de vocación de ganadería extensiva por turismo de naturaleza y conservación. No debería haber actividad económica aparte del turismo de naturaleza, investigativo, el trabajo con universidades, que la comunidad tenga acceso a esos recursos y a un sistema de pagos por servicios ambientales”, sostiene el campesino y guía.

Incluso, comenta que tarde o temprano, las actividades agropecuarias deben salir de ciertos páramos con una compra justa y alternativas para subsistir.

“Yo sí aspiro a vivir dignamente este territorio que tengo, no ser desplazado, no ser sacado por el Estado, pero que viva dignamente, eso es lo que quiere la mayoría de habitantes de Páramo”, afirma.

Benavides señala que los páramos también han convivido históricamente con algunas actividades humanas, por lo que suspender todo uso en estos territorios puede ser perjudicial.

“Son comunidades que llevan 100, 200 años usando la tierra de la misma manera y que la norma les caiga encima sin una transición es muy difícil”, advierte.

El profesor advierte que hay regiones críticas en el país, donde la implementación de esta reglamentación será un reto “gigante”, como en el Complejo de Páramos Las Hermosas, el segundo más extenso de Colombia, o el Páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo.

Benavides advierte que a la hora de ejercer la norma, el desafío será un conflicto por lo que también pide echar mano de herramientas que ya existen y fortalecer la transición de comunidades.

“Hay que pagar costos de oportunidad, costos de transición, programas de reeducación, de reasentamiento, porque no se puede sencillamente sacar a la gente bajo una norma. Hay unos instrumentos, lo que falta es fortalecerlos a través de inversiones específicas”, sostiene.

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Participación comunitaria es clave

Echeverri destaca casos de éxito en la conservación de páramos como los del Parque Nacional Natural Los Nevados, ubicado entre los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas, y donde se logró la restauración de 258 hectáreas que forman parte de cerca de 7000 que estaban críticamente degradadas.

“Se han hecho trabajos para vincular un sistema como el desarrollo del ecoturismo o turismo de naturaleza, promover la sustitución de unas actividades productivas y que permite también generar ingresos a esas comunidades”, explica la especialista.

Además, agrega que se han promovido viveros comunitarios con especies nativas de páramos como el frailejón, planta emblemática de estos ecosistemas.

También menciona la dificultad para sustituir una actividad productiva de un día para otro. “Sustituir la ganadería por una actividad de bajo impacto requiere tiempo, esfuerzo y recursos económicos para establecer esos procesos”, expone.

Ramírez dice que se trata de una oportunidad para que las autoridades trabajen en el territorio con las comunidades.

“Debemos tener apertura conjuntamente en las visiones hacia una conservación del ecosistema, hacia un uso sostenible, mirar lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. El diálogo es fundamental, no partir de posiciones rígidas que van a afectar el mismo desarrollo y la inversión de recursos en el manejo de gestión, no solo de las comunidades, sino del resto de la población que nos beneficiamos de los servicios ecosistémicos del páramo”, reconoce.

En tanto, Benavides señala que más allá de la reglamentación que se decida, hay un avance en la protección de los páramos a nivel cultural entre la población.

“Muchos de estos páramos ahora están en parques nacionales, parques regionales, áreas protegidas y la gente se cuida de su intervención. Hay un camino ganado muy grande en su protección, que es una parte de la cultura ciudadana. Ahora hay un camino diferente, más legal, un desafío diferente”, sostiene.

Imagen principal: los campesinos han convivido durante siglos con los páramos, que representan menos de 3 millones de hectáreas en un país de 115 millones de hectáreas, pero pueden albergar el 20 % del carbono del país. Foto: Gobernación de Boyacá.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El pasado 19 de febrero una noticia sorprendió a los indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, los cuatro pueblos ancestrales que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, un macizo montañoso único en Colombia, aislado de los Andes y el más alto del mundo junto a la costa, con picos que superan los 5700 metros. El Consejo de Estado, uno de los altos tribunales del país, declaró la nulidad del decreto 1500 de 2018, más conocido como el decreto de la Línea Negra.

Esta norma redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas, trazando un límite simbólico y sagrado llamado “Línea Negra” (o Sheshiza, en su cosmovisión), basado en 348 espacios sagrados. Su principal objetivo era proteger el valor espiritual, cultural y ambiental del territorio, regulando el uso de recursos, la consulta previa en decisiones que los afecten y su autonomía en la conservación.

“Para los pueblos indígenas esta decisión significa desconocer un proceso histórico de reivindicación de nuestras culturas y del conocimiento que tienen los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta”, dice José Mario Bolívar, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Wiwa. Por su parte, Jaime Luis Arias, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Kankuamo, asegura que rechazan la decisión y les preocupa porque “la interpretación que hace este tribunal es completamente regresiva en derechos”.

La sentencia del Consejo de Estado, que no puede apelarse, también generó rechazo en sectores sociales y ambientales. Juana Hofman, directora de integración territorial técnica en Amazon Conservation Team (ACT), comenta que la decisión de anular el decreto por razones de forma y no de fondo pone en jaque más que un acto administrativo. “Lo que está en riesgo son los avances en la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la garantía efectiva de la diversidad étnica y cultural y, en un plano más estructural, la coherencia del Estado colombiano como Estado social de derecho que se reconoce pluriétnico y multicultural”.

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Un decreto que incomodó desde el momento de su firma

Los principales argumentos del Consejo de Estado para anular el decreto de la Línea Negra están en que, al momento de ser expedido, no existía cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y no se agotó la consulta previa con otros grupos étnicos que quedaron incluidos dentro del territorio ancestral, entre ellos los pueblos indígenas ette enaka y wayúu, así como varios consejos comunitarios afro.

El alto tribunal también expresó que en 2018 hubo un exceso en la potestad reglamentaria del Presidente, quien interfirió en la autonomía territorial de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y en la de sus municipios.

Se generó tanta polémica que pocos días después de conocerse la sentencia, el presidente Gustavo Petro se pronunció a favor de los pueblos indígenas y propuso la elaboración de una nueva norma. “He convocado la unidad de los pueblos indígenas del corazón del mundo. Los espero masivamente en las playas de Santa Marta, a firmar el nuevo decreto de la Línea Negra que expanda el territorio sagrado de los cuidadores del agua”, dijo el mandatario.

El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el decreto de 2018 un día antes de dejar su cargo, también defendió la norma. “Los pueblos kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo están en riesgo. Preservar la Línea Negra no es un capricho. Es proteger la Sierra Nevada, su riqueza incomparable y su dimensión espiritual. Y es honrar una orden de la Corte Constitucional”, dijo en un video que publicó en la red social X. Dicha orden le pedía al Gobierno Nacional adoptar medidas efectivas para delimitar y proteger el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas.

Jenny Ortiz es coordinadora del Programa Movilización, Derechos Humanos e Interculturalidad del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), fundación colombiana dedicada a la investigación, formación y defensa de los derechos humanos y la paz. Según dice, detrás de la demanda que llevó a la nulidad del decreto hay intereses económicos, ya que la norma funcionaba como una barrera que impedía la entrada de agricultura a gran escala y proyectos extractivos como la minería.

Datos recogidos y procesados por el CINEP, y que fueron obtenidos de la plataforma de la Agencia Nacional de Minería (ANM), muestran que para febrero de 2024 existían 151 títulos mineros vigentes dentro de la Línea Negra, los cuales ocupaban un área de 77 805 hectáreas, aunque la mayoría se encuentran inactivos o en fase de exploración. También había registro de 95 solicitudes mineras en espera de aprobación y que abarcan 74 644 hectáreas.

Precisamente, una de las preocupaciones con la nulidad del decreto es que las presiones mineras, agroindustriales y petroleras aumenten.

Hofman afirma que desde 2018 sectores gremiales y económicos alertaron que la aplicación del decreto “paralizaría el desarrollo” de tres departamentos y que cualquier actividad requeriría consulta previa. Sin embargo, para ella, no se prohibía el desarrollo sino que se establecían reglas de protección y coordinación en un territorio ancestral reconocido. “Lo que incomodaba era el reconocimiento efectivo de límites al extractivismo y a una expansión sin diálogo”, dice.

Jaime Luis Arias comenta que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta son conscientes de que históricamente ha habido intereses por explotar toda la riqueza cultural y ambiental de la zona. “Esta decisión desde luego afecta y crea una incertidumbre jurídica [que favorece] a esos intereses porque este decreto obedecía, precisamente, a una decisión de la Corte Constitucional que orientaba a establecer mecanismos y garantías para la protección del territorio”. Arias agrega que no solo se trata de intereses legales sino que en la Sierra hay minería ilegal y grupos armados que generan afectación a los derechos de los pueblos indígenas.

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Un nuevo decreto viene en camino

Aun en medio del escenario de preocupación, los expertos consideran que la Sierra Nevada de Santa Marta no queda del todo desprotegida. “Cualquier actividad que genere afectación sobre los cuatro pueblos indígenas tiene que pasar por consulta previa”, comenta Hofman.

Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), considera que el territorio ancestral que está fuera de los resguardos, y es parte del polígono conocido como Línea Negra, no queda desprotegido porque el decreto se cayó, pues hay otras figuras legales que lo protegen, como el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia o tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran en constantes reuniones para pensar en un nuevo decreto, aunque José Mario Bolívar dice que tienen claro que una norma no los hace indígenas ni cambia su cosmovisión: para ellos el decreto era “un formalismo para podernos entender en el diálogo y en la convivencia con un pensamiento [occidental] diferente”.

Además, después del apoyo del presidente Petro, los indígenas iniciaron acercamientos con el Gobierno Nacional. El 28 de febrero Gabriel Rondón, viceministro del diálogo social y los derechos humanos del Ministerio del Interior, instaló un espacio de diálogo intercultural para construir colectivamente la ruta hacia un nuevo decreto de protección de la Línea Negra. “El propósito es empezar desde el principio, aclarar dudas y generar una ruta amplia que nos lleve a concertar un nuevo acto administrativo sin las fallas del anterior”, dijo Rondón.

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche del 4 de marzo el inicio de la consulta previa sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta. “Oficialmente declaro iniciado el proceso de consulta a las comunidades étnicas de la Sierra en pos de la Línea Negra”, dijo al cierre de una asamblea donde participó cada uno de los delegados de los pueblos indígenas y afro.

Los gobernadores indígenas le dijeron a Mongabay Latam que esperan que el decreto quede listo en abril. Sin embargo, Bolívar es insistente al afirmar que la nulidad de la norma no cambia para nada la manera en que los indígenas se relacionan con el territorio y sus sitios sagrados. “Siempre hemos sido claros: con o sin decreto nosotros seguiremos defendiendo el territorio de la Línea Negra”, concluye.

*Imagen principal: el decreto de la Línea Negra buscaba proteger más de 300 lugares sagrados de cuatro pueblos indígenas. Foto: cortesía AIDA/Yeny Rodríguez.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los científicos son uno de los grupos más afectados por la administración de Javier Milei. Desde su asunción como presidente de Argentina, el empleo en el sector de la ciencia y tecnología experimenta una fuerte retracción: entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2025, se perdieron 5750 puestos de trabajos científicos en el sistema público. Esta cifra revela que  7.5 científicos perdieron su puesto por día, según el último informe de evolución de empleo en ciencia que realizó el Grupo EPC y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI).

La reducción impactó de lleno en los organismos que dependen de la Administración Pública Nacional: 5004de los puestos perdidos corresponden a ese sector, mientras que otros 746 se explican por despidos y retiros en empresas públicas. Además, el informe advierte que más del 40 % de las bajas en organismos se concentró en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet), aunque también se destaca la destrucción de empleo en otras instituciones clave para la labor científica y productiva del país.

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Haydee Pizarro, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora principal del Conicet, explicó a Mongabay Latam que la contracción del sistema científico argentino no es un “simple ajuste presupuestario”, para ella es un “daño estructural” a la capacidad del país de producir conocimiento, formar recursos humanos y dar respuestas propias a sus problemas.

“Estos recortes responden a una decisión política e ideológica, no a una evaluación técnica del sistema científico”, afirmó Pizarro. Para la científica, se está imponiendo una visión ideológica de corte ultra-liberal y de minimización del papel del Estado, “donde todo aquello que no genera beneficio económico inmediato es considerado ‘no estratégico’ y por lo tanto prescindible”.

La científica añadió que las decisiones que tomó la administración de Milei no están enfocadas solo en recortes presupuestarios, sino que existe una visión de país -dijo- que no reconoce el valor estratégico de la ciencia como motor de desarrollo, bienestar y soberanía. “Se busca deslegitimar el pensamiento crítico con la desacreditación a los científicos, ridiculizando el conocimiento académico e instalando la idea de que investigar, analizar y cuestionar no sirve. No se trata solo de achicar presupuestos: se intenta disciplinar y debilitar a una comunidad que piensa, que pregunta y que incomoda”, cuestionó.

El Conicet, la institución más afectada

El Conicet es la principal institución científica del Estado argentino y es una de las mayores empleadoras de investigadores de la ciencia y tecnología en ese país. Durante la campaña electoral, Javier Milei, que llegó al poder el 10 de diciembre de 2023, prometió privatizarla. Sin embargo, tras asumir, optó por un fuerte ajuste presupuestal.

En enero de este año, los investigadores y becarios del Conicet no recibieron ningún aumento salarial y, así, volvieron a perder frente a la inflación. Según el informe del Grupo EPC-CIICTI, sus remuneraciones alcanzaron un nivel que se encuentra 40.2 puntos por debajo de noviembre de 2023, lo que significa que los científicos argentinos perdieron el 40 % de su salario real durante el gobierno de Milei.

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“Un recorte del 40 % del salario no es simbólico ni coyuntural: es expulsivo. Significa no poder pagar un alquiler, no llegar a fin de mes, no cubrir necesidades básicas. Para muchos científicos implica pluriemplearse, migrar al extranjero, abandonar líneas de investigación o directamente salir del sistema científico”, lamentó Pizarro.

Sobre el informe, el Conicet es la institución más afectada por las decisiones de Milei. Con más detalle, el grupo de expertos explicó que “más del 40% de ese subtotal se dio en el ámbito del Conicet, mientras que se destaca la destrucción de empleo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otros organismos centrales para la ciencia nacional”.

Diego Golombek, doctor en Biología, investigador y divulgador científico argentino, consideró que el impacto de la reducción de científicos activos es lamentable, ya que se está desmantelando el corazón del sistema científico argentino, aseguró.

“La consecuencia de estos recortes para la sociedad es múltiple, ya que no se está promoviendo un pensamiento científico, que es fundamental para cualquier pensamiento crítico para la población, se dedique a lo que se dedique y, por otro lado, sin investigación científica, no hay aplicaciones científicas, no hay desarrollo productivo, cosa que está muy presente en un plan económico que busca que seamos un país muy basado en commodity, en productos primarios”, afirmó Golombek a Mongabay Latam.

El científico recalcó que no solo el Conicet es la institución afectada por estos recortes. Además del INTA y el INTI, destacó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), que también está en “tremenda situación de emergencia”. “¿Por qué el Gobierno de Milei está realizando estos recortes? Primero, creo que es la ignorancia, no entienden que la ciencia es el motor del desarrollo en todos los países”, dijo Golombek.

Las críticas a Milei

El experto añadió más razones: “Maldad, quieren negar conscientemente a gran parte de la comunidad por una cierta cuestión de superioridad moral. Milei se jacta de ser académico, pero no lo es. Y también hay estupidez, ya que no ven a mediano y largo plazo que la inversión a la ciencia y tecnología es la base de todo desarrollo productivo”, aseguró.

En el informe también se señala con particular atención la situación del Conicet. A lo largo de los últimos dos años, en el organismo se perdieron 1306 becas y 782 puestos de investigadores de carrera. En total, se trata de 2088 cargos menos que en diciembre de 2023.

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El Grupo EPC-CIICTI aseguró que “este profundo ajuste sobre el sector se realiza en la creencia de que se encuentra ‘sobreexpandido’». «Sin embargo, cualquier comparación internacional demuestra que el sistema científico argentino sufre por falta de escala, además de la consabida ausencia de inversión privada en actividades”, agregó.

En ese marco, el informe explica que el sistema de ciencia argentino tiene tres investigadores por cada mil habitantes de la población económicamente activa, mientras que en países con mayor nivel de desarrollo son diez investigadores.

Una de las afectadas por estos recortes habló con Mongabay Latam. Se trata de una bióloga que trabajaba en el Conicet y pidió no ser identificada. “La ciencia no solo produce datos, sino un pensamiento crítico. Debilitar la ciencia es también debilitar una sociedad capaz de pensar, cuestionar y participar informadamente”, dijo.

La bióloga añadió que ella fue destituida en octubre del año pasado, pero que antes de esa decisión su salario se redujo en un 30 %. “Así, la situación se hacía cada día más difícil. Nosotros también tenemos familias, tenemos que pagar alquileres, escuelas, mantener hijos. Lo que están provocando estas decisiones es que los expertos migren a otros sectores, que renuncien o que busquen mejores vías”, dijo.

La experta también consideró que las decisiones de Milei también afectan a los futuros científicos. “Los jóvenes que están todavía en una universidad se preguntan en qué nos metimos. Claro, están viendo que su trabajo no será recompensando y así también se ve fuga de futuros valores”, detalló.

Mongabay Latam se comunicó con voceros del Conicet y de Presidencia de Argentina para conocer sus respuestas ante las cifras reveladas por el informe y las críticas de los científicos consultados. Sin embargo, al cierre de esta nota no habían respondido.

Silvina Ramírez, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y experta en la temática indígena, afirmó a Mongabay Latam que el desfinanciamiento de todo el sistema de investigación y universitario en la gestión de Milei es “lamentable” y que impacta directamente a los futuros profesionales de la ciencia que ahora buscan otras áreas de estudio para vivir dignamente.

“La afectación a la situación indígena es indirecta. Los pueblos indígenas requieren de políticas públicas específicas para poder gozar de sus derechos, que se respete su identidad y puedan tener una mejor calidad de vida. Claro que mejores estudios antropológicos, sociológicos, económicos servirían para brindar un conocimiento más ajustado de su situación para poder formular políticas públicas más precisas. En ese sentido, estos recortes también podrían afectarlos”, detalló.

*Imagen principal: trabajadores del Conicet, en una de las primeras protestas contra Milei, en la explanada del Polo Científico, ubicado en el barrio de Palermo, Buenos Aires. Foto: cortesía ATE.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2023, los flujos financieros a nivel mundial, tanto públicos como privados, que generaron impactos directos y negativos sobre la naturaleza se estimaron en 7.3 billones de dólares. La financiación privada representó 4.9 billones de dólares y el gasto público en subsidios perjudiciales para el ambiente fue de alrededor de 2.4 billones de dólares.

Ese es uno de los principales hallazgos del informe El impacto y la dependencia de las empresas respecto a la diversidad biológica y las contribuciones de la naturaleza a las personas, publicado el 9 de febrero por la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés).

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En dicho documento se reconoce que todas las empresas dependen de la biodiversidad, todas ejercen una influencia sobre ella y el crecimiento de la economía mundial se ha producido a costa de una inmensa pérdida de biodiversidad, lo que ahora plantea un riesgo sistémico crítico y generalizado para la economía, la estabilidad financiera y el bienestar de los seres humanos.

El reporte también llama la atención sobre que las condiciones actuales en las que operan las empresas no están siempre alineadas a un futuro justo y sostenible. “En primer lugar este informe demuestra que la naturaleza es asunto de todos y que la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad son fundamentales para la sostenibilidad y el éxito empresarial», asegura Luthando Dziba, secretario ejecutivo de IPBES.

En segundo lugar, explica Dziba, el informe muestra que, si bien las empresas han contribuido a la innovación que ha impulsado la mejora de la calidad de vida, este mismo éxito ha tenido un alto costo para la biodiversidad,

La evaluación fue elaborada durante tres años por 79 expertos, entre científicos y representantes del sector privado, procedentes de 35 países y de todas las regiones del mundo. También contó con consulta a pueblos indígenas y a comunidades locales.

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El impacto de las empresas en la biodiversidad no ha sido bien cuantificado

Uno de los primeros mensajes del informe es que incluso las empresas que pueden parecer alejadas de la naturaleza dependen directa o indirectamente de ella. El problema, comentan los expertos en su análisis, es que las empresas suelen asumir poco o ningún costo financiero por sus efectos negativos y muchas tampoco pueden generar ingresos al tiempo que impactan positivamente en la biodiversidad.

Stephen Polasky, profesor de Economía Ecológica y Ambiental en la Universidad de Minnesota y copresidente del informe, asegura que las empresas se enfrentan a diversos obstáculos o barreras al intentar reducir sus impactos negativos y aumentar los positivos. Algunos de ellos se relacionan con falta de información o comprensión sobre la biodiversidad, mientras que otros son más sistémicos, como la fijación incorrecta de precios a los servicios que prestan la biodiversidad y la naturaleza. “De hecho, muchos de los valores de la naturaleza no llegan al mercado con los precios adecuados o incluso llegan sin precio”.

Reconocer el valor de la biodiversidad a nivel económico es importante porque “la pérdida de biodiversidad es una de las amenazas más graves para las empresas”, dice Polasky, y agrega que “la realidad distorsionada es que suele parecer que a las empresas les resulta más rentable degradar la biodiversidad que protegerla. Puede parecer rentable a corto plazo, pero los efectos negativos en las empresas pueden ser acumulativos”.

El informe señala que, a pesar de que algunas empresas están adoptando medidas favorables para la biodiversidad, existen incentivos que atentan contra ella y bloquean acciones que podrían detener y revertir su pérdida, y ayudar a enfrentar otros problemas relacionados, como por ejemplo el cambio climático y la contaminación. Es más, muchas políticas, subsidios y regulaciones favorecen actividades dañinas para la naturaleza o dificultan aquellas que podrían beneficiarla.

La relación biodiversidad-empresas era un tema urgente y así se lo expresaron a IPBES los más de 140 países miembros de la Plataforma cuando pidieron realizar este informe hace más de dos años. “La pérdida de biodiversidad es alarmante, entonces no hay duda de que el tema es urgente. Además es una pérdida que se entrelaza con otros problemas que enfrenta a la sociedad, como el cambio climático y la contaminación”, afirma a Mongabay Latam Ximena Rueda, profesora y decana de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes en Colombia y copresidenta del actual informe Ipbes.

Para Rueda, el desconocimiento que las empresas tienen de la biodiversidad es uno de los principales obstáculos que se deben superar. Por un lado, asegura que las compañías son conscientes de sus impactos porque ya hay una larga tradición en la que los gobiernos les han pedido que hagan estudios de impacto ambiental, que minimicen sus impactos, los eviten o, si no pueden evitarlos ni minimizarlos, por lo menos los compensen.

Sin embargo, el problema está en que no suelen ser conscientes de qué tanto dependen de la naturaleza y de sus servicios. “Esa dependencia se ve fácil en sectores como la agricultura o la pesca, donde se extrae directamente un servicio de la naturaleza. Pero hay otros sectores donde esa relación es menos evidente, pero lo cierto es que se da a través de su cadena de valor o incluso a través de sus inversiones”, destaca Rueda.

Polanski lo resume de forma categórica: “Todas las empresas dependen de la biodiversidad y la impactan”.

Otro asunto urgente para atender es el crecimiento económico siempre asociado a un aumento en el consumo de materiales. Aunque los ecosistemas se pueden regenerar, los recursos del planeta son finitos, por lo que el llamado es a seguir proveyendo bienestar y prosperidad sin que eso esté atado a un consumo cada vez acelerado de recursos. “El reporte hace un llamado muy profundo a repensar los estilos de vida, a transitar hacia una economía de la durabilidad y no continuar en una economía del desecho”, dice Rueda.

Otra conclusión clave es que las empresas podrían mejorar la medición y la gestión de sus impactos y su dependencia de la biodiversidad mediante un compromiso adecuado con la ciencia y el conocimiento indígena y local. “La bibliografía científica no está redactada para las empresas y la falta de traducción y atención a las necesidades de estas ha frenado la asimilación de los descubrimientos científicos. Entre las empresas también suele haber una comprensión y un reconocimiento muy limitados de los pueblos indígenas y las comunidades locales como guardianes de la biodiversidad y, por tanto, poseedores de conocimientos sobre su conservación, restauración y uso sostenible”, comenta la profesora Ximena Rueda.

El reporte de IPBES destaca que el desarrollo industrial amenaza al 60 % de las tierras indígenas de todo el mundo y una cuarta parte de todos sus territorios están sometidos a una gran presión por la explotación de recursos. A pesar de esto, los pueblos indígenas y las comunidades locales suelen estar subrepresentados en la investigación y la toma de decisiones de las empresas. “La colaboración respetuosa que permite poner en común y utilizar mejor los datos, la información, las ideas científicas y el conocimiento indígena y local puede traducirse en una mejor gestión de los riesgos y la concretización de las oportunidades empresariales”, agrega Rueda.

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Es posible un cambio que armonice la relación entre empresas y biodiversidad

No todo es desesperanzador. El informe también plantea que sí es posible beneficiar a la naturaleza mientras que las empresas obtienen buenas rentabilidades.

“El cambio puede ocurrir. Las empresas pueden contribuir a un futuro justo y sostenible, y pueden actuar ahora”, asegura Matt Jones, director de impacto del centro especializado en biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y copresidente del informe IPBES. “No necesitamos información perfecta para actuar. Las empresas ya pueden empezar”, añade.

Y es que actuar va más allá de una obligación o responsabilidad. El reporte establece que si las empresas no actúan, su propio futuro estará en la cuerda floja. “Un mayor compromiso con la naturaleza no es una opción: es una necesidad”, dice Rueda e indica que cambiar la relación con la biodiversidad es vital para los resultados financieros de las compañías y su prosperidad a largo plazo. Sin embargo, reconoce que para evitar el «falso ecologismo» es imprescindible que las empresas tengan estrategias transparentes y creíbles, que muestren claramente sus medidas, cómo contribuyen a los resultados en materia de biodiversidad y que divulguen públicamente sus impactos y dependencias, así como las actividades que están realizando y que generan presión.

“Si no protegemos la biodiversidad, estamos arriesgando la rentabilidad de las empresas en el futuro”, comenta el profesor Polasky, pero también asegura que se necesita transparencia. El informe menciona que menos del 1 % de las empresas que rinden cuentas públicas mencionan los impactos sobre la biodiversidad en sus informes.

En medio de ese llamado, otro mensaje central del documento es que las empresas no pueden, por sí solas, lograr el nivel de cambio necesario para detener y revertir la pérdida de biodiversidad, por lo que se describen cinco componentes específicos y fundamentales para crear un entorno adecuado para lograrlo: marcos políticos, jurídicos y normativos; sistemas económicos y financieros; valores sociales, normas y cultura; tecnología y datos; y capacidad y conocimientos.

El reporte ofrece más de 100 ejemplos específicos de medidas concretas que las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil pueden adoptar en cada uno de estos cinco componentes.

Aunque el contexto en el que operan las empresas (por ejemplo, país, lugar y actividad realizada) influye en cuáles medidas priorizar, la profesora Rueda cree que redireccionar los subsidios es un buen comienzo porque muchos van dirigidos a actividades productivas que están deteriorando la naturaleza. “Lo que proponemos es revisar esos subsidios. Y esto no quiere decir que haya que quitárselos a los sectores que los reciben, sino que se direccionen a actividades que realmente cuiden la naturaleza”.

Para Rueda, otra de las prioridades es involucrar activamente al sector financiero para que diseñe instrumentos que incentiven a las empresas a invertir en tecnología, mercados y productos que favorezcan la restauración de la naturaleza y la protección de la biodiversidad.

“Tenemos que ir más allá de la falacia de una elección entre gobiernos y responsables de las políticas a favor del medio ambiente o a favor de las empresas. Todas las empresas dependen de la naturaleza, por lo que las acciones que la conservan y utilizan de forma sostenible también pueden ser las que ayuden a las empresas a prosperar a largo plazo”, enfatiza Polasky.

¿Cómo se monitorean las acciones de las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil? Esa es una de las preguntas que aún no tiene una respuesta muy clara y para la que IPBES prepara un nuevo informe que se publicará en 2027. “Uno de los objetivos de esa evaluación es fortalecer los marcos de monitoreo y ayudar a los gobiernos a comprender cómo monitorear las actividades comerciales de manera que se avance hacia un futuro justo y sostenible”, comenta Luthando Dziba, secretario ejecutivo de IPBES.

Imagen principal: una construcción urbana a gran escala. Foto: cortesía IPBES/iStock.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El lunes 19 de enero, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el país prevé un aumento en la producción de oro de por lo menos el 30 % para 2026. Al mismo tiempo, hizo un recuento de cómo estuvo el sector minero el año anterior cuando, según la mandataria, el país alcanzó una producción de 9.5 toneladas de explotación aurífera. Rodríguez también dijo que la producción de hierro aumentaría en un 50 % y la de carbón, en un 100 %.

Durante su reunión de trabajo con el sector de Industrias Básicas y Minería también informó que la Asamblea General tiene en agenda la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Minas y Minerales, que de concretarse permitiría la captación de inversiones internacionales.

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“Estos planes los estuvimos trabajando con el presidente Maduro el año pasado. Un plan para el incremento de la producción de oro, hierro, bauxita y los minerales estratégicos para el desarrollo de Venezuela y para la generación de divisas”, dijo Rodríguez durante su exposición.

De esta forma, Delcy Rodríguez marca el camino que seguirá Venezuela en su política de extracción de recursos naturales, un rumbo que para varios especialistas entrevistados por Mongabay Latam no se distancia de la política que Nicolas Maduro siguió durante su mandato.

Una política extractivista que en el sector petrolero está siguiendo los mandatos del Gobierno de Estados Unidos, luego de que el pasado 3 de enero Donald Trump ordenara una incursión militar en el país sudamericano y la captura del entonces presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Siguiendo las demandas de Estados Unidos, el 29 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permitirá mayor participación de inversionistas privados en la industria petrolera. Estos cambios en la norma ofrecerían a las compañías internacionales facilidades para invertir en conjunto con la firma estatal PDVSA, además de un mayor control sobre los proyectos y acceso más directo a las ganancias de las ventas de petróleo.

Ahora, tras el ingreso de Estados Unidos a Venezuela, surgen interrogantes sobre cuál será el rumbo en las políticas ambientales y en la explotación de recursos naturales que asumirá la mandataria Delcy Rodríguez, quien se desempeñó como la vicepresidenta en el último gobierno de Maduro, además de cargos como ministra de Relaciones Exteriores y de Economía.

Según un informe publicado recientemente por las organizaciones SOSOrinoco y World Heritage Watch, “Rodríguez no es una funcionaria ajena a las operaciones extractivas, sino una de las principales arquitectas y ejecutoras de un modelo económico basado en la minería ilegal”.

El reporte de estas instituciones también señala que la actual presidenta interina de Venezuela “habría supervisado la consolidación del Arco Minero del Orinoco mediante decretos considerados ilegales, sin consulta previa a los pueblos indígenas y en violación de tratados internacionales, incluida la Convención del Patrimonio Mundial”.

“No hay política ambiental en Venezuela”

“Debemos resaltar que ha habido continuidad y que no hay una ruptura. Se extrajo al presidente [Maduro] y a la primera dama pero la estructura de gobierno, prácticamente, es la misma”, comenta el sociólogo Emiliano Teran-Mantovani, investigador de la Universidad Central de Venezuela.

Teran-Mantovani comenta que pese al poco tiempo transcurrido —poco más de un mes— luego de la incursión estadounidense, empiezan a asomar algunas posibilidades sobre el rumbo de Venezuela en su política ambiental. Lo primero que destaca el experto es que cuando habla de continuidad en Venezuela se refiere a que el país mantiene una estructura con “el mismo régimen político” anterior, aun cuando se cuente con un nuevo gobierno. Eso implica que se mantiene la misma “estructura económica y de poder”.

En ese régimen, dice Teran-Mantovani, se dio la “más clara destrucción de la política ambiental venezolana, que siempre estuvo subordinada a la industria petrolera y a los designios del petroEstado”. En ese sentido, el sociólogo precisa que durante décadas los impactos de la industria petrolera “fueron tremendos y se mantuvieron en una gran impunidad”.

Teran-Mantovani añade que esto ocurrió desde la llamada Cuarta República de Venezuela —desde 1958 hasta 1999—, que luego continuó en el periodo de Hugo Chávez (1999-2013) y se mantiene hasta hoy. “Hay una continuidad y queda claro que la política ambiental no es una prioridad para el Gobierno”.

Si bien Teran-Mantovani menciona que durante el Gobierno de Chávez surgió un discurso sobre el ecosocialismo y se “habló de un proyecto político con la naturaleza”, nada de ello se sustentó en la realidad. “La devastación que generó la industria petrolera, la deforestación, la contaminación por mercurio en la Amazonía, la impunidad en torno a los conflictos ambientales se mantuvieron de forma no solo permanente, sino intensa”.

Es más, para el investigador los problemas ambientales en Venezuela se agudizaron con la crisis política, económica y social que empezó en 2013, por tanto, “lo poco que hubo en relación a una política ambiental terminó destruida”.

En su análisis, el sociólogo venezolano acota que el Gobierno de Delcy Rodríguez está priorizando los acuerdos económicos en la reorganización del país. “Es sacar más petróleo, acelerar los cambios legislativos para que sean favorables a las inversiones extranjeras y no a la protección ambiental ni a los intereses nacionales”, agrega.

“La continuidad de la que hablo se intensifica porque se formaliza la indolencia ambiental con las leyes que regulan claramente la liberalización y el favorecimiento del capital extranjero antes que la protección ambiental”, comenta Teran-Mantovani y agrega otro factor a su evaluación: la política estadounidense actual. “Trump ha sido muy claro en su política antiambiental en los Estados Unidos, en los acuerdos globales sobre el clima. Este factor es importante porque si la democracia ni siquiera está sobre la mesa, lo ambiental está oculto, ni se menciona”.

Alejandro Álvarez, coordinador general de la organización Clima 21, también asegura que en Venezuela “no hay una política ambiental” y menciona que durante todo el período denominado bolivariano —que empieza con el gobierno de Chávez— había una gran diferencia entre lo que se decía y lo que pasaba en términos ambientales en el país. “Eso ha sido una tendencia general a lo largo de estos casi 30 años que llevamos de este periodo”.

Álvarez dice que, en los últimos diez años, ha ocurrido una diferenciación cada vez mayor entre el discurso y la práctica, y menciona, específicamente, el decreto de creación del Arco Minero del Orinoco, el 24 de febrero de 2016. “Desde un inicio se sabía que iba a ser dañino para el ambiente, pero se presentó como un gran aporte social y económico y que iba a respetar completamente el tema fiscal y los derechos mineros”.

Otro tema que aborda Álvarez es la total inacción del Gobierno en temas climáticos. “Llevamos once años asegurando que se elaborará el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y hasta este momento no se concreta, mientras el 60 % de la población venezolana no tiene acceso al agua potable de manera regular”.

Álvarez agrega que el cambio de la ley de hidrocarburos es para permitir que empresas de Estados Unidos puedan operar con enorme facilidad. “Algunas personas en el país piensan que una empresa que en su país de origen, Estados Unidos, cumple con regulaciones ambientales posiblemente aplicaría lo mismo en Venezuela, pero yo no estoy seguro de eso, por dos razones: son empresas petroleras cuyo interés, para nada, es la protección ambiental y, adicionalmente, porque Donald Trump desprecia completamente cualquier regulación ambiental”.

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¿Hacia dónde va la política ambiental de Rodríguez?

Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco, también se une a las voces que no ven cambios en las decisiones ambientales. “El único anuncio, digamos, oficial por parte de Delcy Rodríguez fue que aumentará la producción, obviamente, de petróleo, pero también de los minerales, aunque no está muy claro si el 30 % que ha anunciado es de oro o en general de la minería”, comenta sobre el reciente anuncio de la presidenta de Venezuela.

En ese sentido, Burelli cuestiona que la mandataria de Venezuela no mencionara “absolutamente nada sobre la minería ilegal”. Por el contrario, dice que “en las últimas semanas, todo sigue igual en las minas ilegales del sur de Venezuela, sigue llegando maquinaria pesada, siguen las dragas en los ríos, el flujo de gasolina a las minas, que es monopolio de las Fuerzas Armadas”.

Burelli habla de lo caótica que es la minería en el sur del país, “con pequeños mineros controlados por grupos armados organizados”, sin ningún respeto por las leyes ambientales ni atención a las condiciones de trabajo. “Cada vez estamos viendo más accidentes mineros porque hay más minería y más mineros trabajando en la zona en condiciones infrahumanas, sin ningún control», afirma.

Explica, además, que hasta que no haya un anuncio por parte del Gobierno de que van a empezar a limitar y cerrar las minas ilegales, «todo seguirá igual y no tenemos ninguna esperanza de que ocurran cambios”.

Burelli responsabiliza a Delcy Rodríguez por la política minera que existe en Venezuela porque la supervisión del arco minero ha estado bajo su responsabilidad cuando era ministra y vicepresidenta. “Ella ha permitido la cohabitación entre el Estado y los grupos armados organizados que controlan estas minas y que ejercen una gobernanza criminal en todas estas minas”.

Ella tiene responsabilidad directa, asegura Burelli, porque “conoce muy bien lo que está ocurriendo” en esa zona. Además, asegura que fue responsabilidad de Rodríguez que la Misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que tenía el encargo de visitar las minas en septiembre de 2022, no lograra su cometido. “Todos los años la Unesco pide que se defina una fecha para la visita, pero hasta hoy el Gobierno de Venezuela la sigue postergando”.

Para Burelli la política ambiental en Venezuela está impactada por el decreto del Arco Minero del Orinoco, una decisión que convirtió a la pequeña minería “en una máquina de extracción violenta patrocinada por el Estado y controlada por autoridades civiles y militares que se benefician de toda la cadena de suministro.

En ese sentido, la investigadora coincide en que Delcy Rodríguez está siguiendo la misma línea en política ambiental marcada por los gobiernos que la precedieron.

De acuerdo con el informe Una mirada a la minería ilegal de oro en el hemisferio occidental, publicado por Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition, la mayor parte del oro de Venezuela se lava internacionalmente a través de empresas ficticias y cadenas de suministro poco transparentes, incluso en Estados Unidos.

En un artículo publicado en Mongabay Latam, en octubre de 2025, se explica que estas operaciones suelen estar controladas por élites militares, grupos guerrilleros y bandas transnacionales que explotan las lagunas y brechas en los sistemas financieros y comerciales de Estados Unidos.

Mongabay Latam contactó a miembros del equipo de Rodríguez para preguntar sobre los anuncios en temas de minería y petróleo, las decisiones en política ambiental y los problemas presentes en el Arco Minero del Orinoco, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta.

Teran-Mantovani plantea algunos escenarios futuros de la política ambiental de Delcy Rodríguez. Por un lado, “que se mantenga una continuidad total con el autoritarismo, sin democracia y con el desastre ambiental”. Un segundo escenario apunta a “algunas medidas paliativas”, pero sin cuestionar el modelo o las políticas ambientales de fondo. Sin embargo, “podrían aparecer algunas medidas, más bien, cosméticas sobre lo ambiental para refrescar un poco la imagen en relación al medioambiente”.

El sociólogo piensa que Rodríguez podría intentar “un contraste con el Gobierno de Maduro” e iniciar algunas medidas ambientales que calmen las críticas nacionales e internacionales y muestren “una imagen más verde”, como un incentivo para que ingresen inversiones climáticas a Venezuela.

En ese camino, dice Teran-Mantovani, el Gobierno podría formalizar algunas minas en el Arco Minero del Orinoco y despejar un poco el crimen organizado para “dar una apariencia de un camino hacia la legalidad”, que ha sido parte de la propuesta de la oposición. “Esto ya estuvo sobre la mesa, incluso en grandes conferencias mineras, la propuesta que llevaba la oposición era: vengan, inviertan que nosotros vamos a garantizar todo”.

Estos son los dos escenarios que plantea el sociólogo, pero en ninguno de ellos vislumbra “una política ambiental que aborde la restauración del desastre ambiental que ha ocurrido en Venezuela”. Lo que le queda claro, sin embargo, es que continuarán los procesos de facilitación y de regulación para las inversiones petroleras y mineras.

Imagen principal: en las últimas semanas, la explotación minera y petrolera ha estado en la agenda de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Ariana Cubillos/AP.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde su computadora, un investigador especializado en teledetección de hidrocarburos pasa meses revisando datos de los satélites Sentinel-1 y Sentinel-2, cruzando cada sobrevuelo con algoritmos para identificar anomalías y registrar la superficie de los cuerpos de agua de Venezuela. Para él, la imagen desde el espacio de una lámina iridiscente sobre el Lago de Maracaibo —visible incluso en fotografías satelitales de la NASA desde 2021— no es un evento aislado, sino un patrón crónico de contaminación.

Entre 2023 y 2025, el especialista —quien prefirió mantener su identidad en reserva por el complejo clima político del país— detectó de forma persistente manchas de hidrocarburos no sólo en la superficie del Lago de Maracaibo, sino también a lo largo de las costas de los estados de Anzoátegui, Monagas, Sucre, Carabobo y Falcón, así como en múltiples áreas marino-costeras protegidas. Estos patrones coinciden con registros de fugas y derrames continuos en la región y sugieren que dichas descargas están ligadas a la infraestructura de la empresa estatal de hidrocarburos más reconocida de Venezuela: Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA).

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“Lo que vemos es permanencia”, explica el investigador sobre el Lago de Maracaibo. “Una capa de hidrocarburos que varía de espesor, pero que está siempre allí”. Además, señala que el seguimiento satelital del equipo de investigación muestra un aumento sostenido de los incidentes con hidrocarburos en aguas venezolanas. En el primer semestre de 2023 se registraron 949 casos mientras que en el primer semestre de 2025, la cifra ascendió a 1364, lo que representa un incremento cercano al 44 %.

Al sumar los registros correspondientes a los primeros semestres de 2023, 2024 y 2025, el total acumulado asciende a 3091 incidentes. De ese total, dos fueron derrames mayores a 100 kilómetros cuadrados: uno desde la Refinería El Palito, en diciembre de 2023; y otro, en agosto de 2024, entre los estados de Falcón y Carabobo. El resto corresponden a fugas menores, pero igualmente recurrentes. El conteo total de incidentes indica que se afectaron 25 090 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi la mitad del territorio de Costa Rica.

“El peor derrame que he visto recientemente fue el de agosto de 2024, dejó una estela que alcanzó manglares y refugios de fauna. Las descargas no fueron sólo de petróleo: también hubo aguas negras, sedimentos y agroquímicos. El impacto es visible en la cadena alimentaria: moluscos como las ostras quedaron contaminados y ya no son aptos para el consumo” comenta el investigador.

Aunque en años recientes Washington había otorgado licencias limitadas para que empresas como Chevron operaran en el país, en 2025 muchas de esas autorizaciones fueron revocadas y restricciones más estrictas se impusieron sobre exportaciones petroleras y buques asociados al comercio de crudo venezolano. El panorama político e internacional del país estaría cambiando radicalmente en 2026, pues otra vez Venezuela es observada por inversionistas extranjeros interesados en reactivar la industria petrolera, debilitada por décadas de deterioro y sanciones internacionales.

La intervención internacional

Para el especialista que pidió la reserva de su nombre, las sanciones económicas internacionales que ha recibido Venezuela no han reducido el impacto ambiental de la industria en el país. Por el contrario, han aumentado los riesgos señalados en informes de varias ONG, en los que se comenta que al empujar las exportaciones hacia rutas opacas —como flotas ilegales y transferencias de crudo en mar abierto— se debilitan los controles ambientales y crece la probabilidad de derrames, especialmente en zonas costeras y portuarias.

La capacidad petrolera venezolana, de la que depende gran parte de la economía del país, se mantiene en torno a un millón de barriles por día, muy por debajo de su capacidad potencial, que podría ser tres veces mayor. Sin embargo, este escenario podría cambiar en el corto y mediano plazo.

Tras años de operaciones opacas, el sector petrolero venezolano enfrenta ahora la posibilidad de un repunte productivo, impulsado por el giro en la política de Donald Trump hacia el país, quién, luego de la intervención que terminó con la captura de Nicolás Maduro, promovió la apertura de esta industria a empresas estadounidenses y europeas, incentivando a las compañías para que evalúen inversiones para reconstruir y aumentar la producción. En declaraciones públicas, Trump mencionó que se podrían movilizar hasta 100 000 millones de dólares en inversión privada.

Esta dinámica de interés corporativo surge en un momento en que el Gobierno venezolano, ahora liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha propuesto una reforma a la Ley de Hidrocarburos, con el objetivo explícito de atraer mayores inversiones extranjeras al sector petrolero. La iniciativa busca responder a las críticas de compañías como Exxon Mobil sobre la falta de seguridad jurídica y satisfacer la demanda de empresas como Repsol y Chevron de operar bajo condiciones regulatorias “seguras” que permitan la entrada de capital y operaciones en campos dónde hoy no existe infraestructura.

En paralelo a este rediseño del marco legal, Rodríguez anunció la firma del primer contrato para exportar gas licuado de petróleo (GLP), marcando un giro en la estrategia energética venezolana y su intención de monetizar subproductos de la actividad petrolera. El anuncio, presentado como un hito comercial, se produjo en un contexto en el que altas cantidades de gas asociado continúan siendo quemadas o liberadas a la atmósfera por falta de infraestructura.

Este panorama abre dos escenarios opuestos. El primero, y en el que coinciden la mayoría de fuentes consultadas, es que se dé una expansión acelerada de la industria petrolera, sin salvaguardas robustas y profundizando los daños ecológicos en ecosistemas ya altamente vulnerables a la crisis climática. El segundo es la esperanza de que la llegada de capital y tecnología introduzca estándares más estrictos de regulación ambiental.

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El antes del petróleo venezolano y la incertidumbre por su futuro

Un ingeniero que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad y que creció en el campo petrolero de Judibana, en la península de Paraguaná, recuerda que entre 1990 y 2002, cuando trabajó en PDVSA, llegó a liderar un equipo técnico responsable del mantenimiento y la confiabilidad de los sistemas de instrumentación del Centro de Refinación Paraguaná, que integra las refinerías de Amuay y Cardón.

“Cada vez que entraba a la planta veía equipos con letreros pintados que decían ‘100 días sin accidentes’, y eso era un incentivo para nosotros”, relata. En ese período, explica, la empresa medía la eficiencia a partir del tiempo transcurrido sin fallas operativas y otorgaba bonos de productividad, una lógica que marcaba la cultura interna de la industria petrolera.

El punto más alto de producción del país fue en 1997, cuándo superó la producción de 3 millones de barriles diarios, al aprovechar las reservas más grandes de crudo pesado en el mundo. El ingeniero asegura que la industria tenía mecanismos de monitoreo ambiental en algunas refinerías, por ejemplo, casetas de medición de contaminantes y separadores de hidrocarburos en afluentes.

“En la refinería de Amuay había dos casetas ambientales conectadas a una estación de monitoreo que medían contaminantes como óxido de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO₂), monóxido de azufre (SO) y partículas en suspensión. Una de esas casetas se instaló en el sureste-noreste, donde el viento suele llevar las emisiones hacia las comunidades, para detectar variaciones en la contaminación y activar medidas en las plantas cuando los niveles aumentaban”, señala el ex trabajador de la empresa.

Sin embargo, esta supervisión era costosa, requería de personal capacitado para monitorear continuamente las instalaciones y no se ejecutó en todas las instalaciones de la industria. En la actualidad, se desconoce si medidas como estas se siguen implementando. “Ya hasta colegas me han dicho que los equipos se los robaron” comenta.

Venezuela posee aproximadamente el 17 % de las reservas de petróleo conocidas en el mundo, de las cuáles, de acuerdo a Edgar Chacín, geólogo con más de tres décadas de experiencia en PDVSA y empresas petroleras internacionales, están distribuidas de la siguiente manera: 53 % extrapesado, 20 % pesado, 15 % mediano, 8 % liviano y 4 % condensado. “Para procesar este crudo hay que trabajar con mayor prioridad el mantenimiento y la recuperación de la infraestructura de transporte de hidrocarburos en el país. Hablamos de oleoductos, gasoductos y terminales de embarque”, señala.

Chacín explica que contar con infraestructura apta es necesario para refinar con mayor facilidad y producir combustibles de alto valor en el mercado internacional. “Venezuela tiene grandes reservas de crudo pesado, pero para transportarlo y venderlo es necesario mezclarlo con diluyentes [crudo liviano o condensados] o someterlo a procesos de mejoramiento en plantas especializadas. Ese tipo de capacidad requiere inversión y ahora [con la situación política actual] podría ser viable”, indica.

Aún así, alerta que la producción de esos crudos debe acompañarse con técnicas que reduzcan el impacto ambiental durante la extracción. “Elaborar agrupaciones de perforaciones, planificación ambiental y otros factores ecológicos y de hábitat. Todo esto es posible sólo si hay personal capacitado”, dice.

Gladys Rincón es doctora en ingeniería ambiental y tiene dudas sobre el cumplimiento de altos estándares ahora que se quiere potenciar la industria petrolera en Venezuela. Trabajó durante las décadas de 1980 y 1990 como analista en PDVSA, actualmente es investigadora universitaria y señala que, a pesar de que en la época de la bonanza petrolera venezolana existían normas internacionales que minimizaban los accidentes, no se consideraba la contaminación de manera integral. Por ejemplo, no se tenía en cuenta la calidad del aire.

En estudios realizados años después, Rincón modeló la dispersión de contaminantes atmosféricos generados por complejos petroquímicos, incluyendo óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y material particulado fino para determinar de dónde venían las emisiones.

“En el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui hubo comunidades afectadas debido a fallos en la hidrodesulfuradora y sus emisiones. Eso se expuso hace años”. La investigadora señala que hubo reclamos por problemas respiratorios, cardíacos y neurológicos, además de registros de supuestas malformaciones en algunos centros médicos.

Hoy, ya dedicada al estudio de la contaminación atmosférica y el cambio climático, Rincón observa con preocupación el posible retorno de grandes volúmenes de producción petrolera. “Si no hay evaluaciones ambientales ni regulación efectiva, el impacto será enorme: aguas contaminadas con metales pesados, emisiones de CO2 y metano, pasivos que se acumulan. Si el Gobierno actual o futuros inversionistas no hacen evaluaciones ni regulaciones, la situación seguirá igual a la que vivimos actualmente o peor”, advierte.

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El clima y el costo de la producción petrolera

Aunque Venezuela hoy no figura entre los mayores emisores globales de gases de efecto invernadero, su enorme reserva de crudo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco (región al norte del país, dividida en los bloques Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo, y que contiene las mayores reservas de petróleo extrapesado y pesado del planeta) la coloca como un actor climático clave si la producción se reactiva.

En un informe, la organización Global Witness advierte que un aumento sustancial de la extracción de este crudo de complejo procesamiento podría añadir emisiones equivalentes a las de todo el transporte marítimo global.

El informe estima que un escenario de producción elevada podría generar hasta 729 millones de toneladas de CO2 equivalente al año y subraya que gran parte de ese riesgo está ligado a la infraestructura deteriorada, las fugas, las fallas operativas y la quema de gas que elevan drásticamente el impacto climático.

Y es que la infraestructura petrolera atraviesa ecosistemas clave del país. En las costas de Falcón, Carabobo y el eje Puerto La Cruz–Mochima, fallas operativas han causado daños severos al ambiente marino. Por otro lado, en el oriente, sabanas, morichales y el río Guarapiche, fuente de agua para consumo humano en la ciudad de Maturín, han sido impactados por vertimientos. A esto se suma que en la Faja Petrolífera del Orinoco, advierte la investigadora Rincón, el mejoramiento del crudo pesado estaría generando subproductos contaminantes como coque y azufre.

En este mapa de afectaciones, el Lago de Maracaibo destaca de forma recurrente como uno de los territorios más afectados. Mayra Leal lo conoce bien, vive en el sector Altos de Milagro Norte, en Maracaibo, y trabaja con comunidades pesqueras e indígenas Añú en el lago. Además de dirigir una fundación de alimentación para niños, mujeres y adultos mayores, ha sido testigo de la contaminación constante de las refinerías cercanas: “Somos una comunidad pesquera y con petróleo en el agua no se puede salir porque se daña la ropa, la red se daña. Esto ha traído enfermedades en la piel a los niños que viven cerca del agua”, señala.

Ella, así como muchas personas de estas comunidades, no entienden sobre inversión en la industria petrolera, sólo saben que si esto no se traduce en responsabilidad social y decisiones políticas que les permitan recuperar el lago en el que han crecido, su vida no cambiará.

Con esto coincide Joaquín Benítez, profesor de impacto ambiental y desarrollo sostenible de la Universidad Católica Andrés Bello. Benítez plantea que la reactivación petrolera no puede entenderse como una decisión económica aislada, sino que debe integrarse en un debate público más amplio sobre transición energética, cambio climático y justicia internacional.

“Somos un país que necesita desarrollarse y estabilizarse socio-económicamente, pero sólo si se tiene en cuenta el contexto climático internacional. Hay países donde la explotación petrolera aún es motor de desarrollo, pero la institucionalidad ambiental suele ser sólida y la gobernanza funciona con un monitoreo constante”, indica.

De acuerdo con Benítez, además de gobernanza se requiere democracia o, de lo contrario, se vulneran derechos ambientales y humanos. “En Venezuela no sólo hará falta tecnología y recursos, sino también fortalecer capacidades institucionales, actualizar el marco legal, garantizar un sistema judicial operativo y habilitar la fiscalización ciudadana. Sin esos elementos, la supervisión ambiental no puede operar plenamente”.

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El eslabón débil: la falta de fiscalización ambiental

En los años 90, con la llegada de inversiones internacionales a la Faja Petrolífera del Orinoco, Venezuela construyó un andamiaje legal y técnico para regular el impacto ambiental de una industria intensificada. Se aprobaron normas como la Ley Penal del Ambiente y se establecieron procedimientos de evaluación de impacto ambiental para actividades susceptibles de degradar la naturaleza. “Recuerdo que incluso se diseñaron planes de gestión territorial y socioeconómica, para atender los desajustes regionales que traería el crecimiento petrolero”, indica Benítez.

Sin embargo, con el paso de los años, la capacidad de fiscalización se ha erosionado. Aunque en 2015 se aprobó la Ley de Calidad de las Aguas y del Aire, su implementación depende de decretos y normas técnicas que, en la práctica, siguen basándose en parámetros de 1995 y no han sido actualizados con estándares contemporáneos de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“La capacidad institucional aún debe mejorar muchísimo”, enfatiza Benítez.

En un contexto de debilidad institucional, los recientes cambios en el gabinete ministerial venezolano han generado inquietud entre organizaciones ambientalistas. A mediados de enero de 2026, Delcy Rodríguez nombró a Freddy Ñáñez como nuevo ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, con la misión declarada de “promover políticas públicas para la protección de la Pachamama y todo lo relacionado con materia ambiental”.

A pesar de esto, ONG como SOSOrinoco y World Heritage Watch han señalado que el reemplazo de figuras políticas no necesariamente se traduce en una mejora real de la gestión ambiental, advirtiendo la continuidad de políticas extractivas.

Imagen principal: hombre camina sobre zona impactada por petróleo en las costas del sector El Bajo, cerca de la Refinería Bajo Grande (2020). Foto: cortesía MedioSur.

El artículo original fue publicado por Liliana Rivas en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 7 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para retirar a su país de 66 organismos internacionales, 31 de ellos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras que los otros 35 son foros, agencias y acuerdos multilaterales.

En un comunicado emitido por el Departamento de Estado de la Casa Blanca se sostuvo que estas organizaciones “operan de manera contraria a los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos”. El documento también indica que la retirada “pondrá fin a la financiación por parte de los contribuyentes estadounidenses y su participación en entidades que promueven agendas globalistas que están por encima de las prioridades de Estados Unidos”.

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No es la primera vez que algo así sucede durante la administración de Trump. Apenas asumió su mandato, el presidente norteamericano anunció que abandonaría el Acuerdo de París y congeló los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), institución que meses después cerró oficialmente y dejó de contribuir con cientos de proyectos a nivel global. En marzo de 2025 más del 80 % de los programas de USAID fueron cancelados y para julio pasado los que aún permanecían vigentes fueron absorbidos por el Departamento de Estado.

La decisión de retirarse de los 66 organismos internacionales llega en medio de mucha tensión y controversias que rodean a la administración de Trump por su incursión en Venezuela y el anuncio de su interés por anexar Groenlandia a Estados Unidos, entre otras decisiones de política internacional.

Entre los organismos de los que se ha retirado Estados Unidos figuran varios que trabajan en temas de clima y medio ambiente, como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), el Fondo Verde del Clima (GEF) y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). También hay organismos internacionales dedicados a los derechos humanos, igualdad de género, construcción de la paz y desarrollo económico.

Cambios en la política mundial

“Esta decisión tiene algunas implicancias más allá de que el país simplemente se retire. Claro que va a tener una serie de repercusiones. Anotaría, en primer lugar, algo que me parece clave y fundamental: estábamos advertidos”, comenta el economista Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, en conversación con Mongabay Latam.

Acosta recuerda que durante la primera administración de Trump, el presidente norteamericano se retiró de varias instancias relacionadas con temas ambientales y sociales. “Debemos tomar en consideración dos elementos que confluyen. Por un lado, el negacionismo sistemático de Trump sobre el cambio climático. Y por otro lado, el reordenamiento del orden internacional”.

Sobre este último punto, Acosta explica que todo orden mundial, nacional o regional parte de una lógica en la cual los más fuertes imponen “las reglas de juego”. Sin embargo, aclara  que “este orden tenía una visión que se sustentaba en lo que podríamos llamar el multilateralismo”, con ciertas reglas que eran, más o menos, respetadas por países poderosos “o al menos trataban de disimular cuando intentaban cambiar las reglas”.

En cambio, en la actualidad, dice Acosta, los cambios “se hacen sin ninguna hipocresía, sin ninguna vergüenza”. “El multilateralismo como lo conocíamos, el orden mundial como lo conocíamos, que estaba controlado por los más fuertes y Estados Unidos era uno de esos actores, está siendo sustituido por algo nuevo. Aún no sabemos qué sucederá, si los Estados Unidos tratarán de imponer unilateralmente las reglas del juego o si van a dividirse el mundo entre las grandes potencias, sobre todo con China y de alguna manera también con Rusia y quizás algún otro país”, aclara.

En cuanto a los temas ambientales, Acosta asegura que el retiro de Estados Unidos de los organismos internacionales “va a debilitar la limitada acción climática global”. “Ese es un punto medular, yo diría que es clave porque va a tener un impacto global”, asegura.

El economista afirma que los intentos del “manejo coordinado de los bienes públicos globales, como el agua, la biodiversidad, el clima, que estaban marcados bajo ciertas normativas, se va a debilitar aceleradamente”. En ese sentido menciona también la intención de la administración de Trump de intensificar la actividad petrolera, lo que significa que se “van a forzar los extractivismos porque Trump está apostando por mantener los hidrocarburos, el petróleo en particular, el carbón también, pero a la vez está buscando el acceso a las tierras raras. En ese contexto lo que estamos viendo es una ampliación de los extractivismos”.

En una entrevista con Mongabay Latam, David Obura, presidente de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) —organismo dedicado a generar conocimiento relevante sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos—, cuenta que Estados Unidos ha sido miembro fundador de IPBES, en 2012, una institución que tenía 152 países miembros hasta el retiro de este país.

“Es un país grande e importante en términos de producción científica y un gran apoyo hasta el momento. Perdemos un miembro muy comprometido y eso es importante porque significa que nuestro acceso a la ciencia estadounidense se vuelve más difícil”, comenta Obura. A ello se suma la pérdida del apoyo financiero, “que ha sido significativo, no el mayor, pero sí significativo”.

Obura también se refiere al nivel de consumo de recursos de Estados Unidos, “uno de los mayores consumidores del mundo, con la mayor economía, lo que implica también la mayor huella ambiental y climática”. Por tanto, considera que su retiro del IPBES no solo significa dejar de participar en la plataforma, sino que, “sus políticas contradicen las recomendaciones y los resultados de nuestras evaluaciones”.

Definitivamente habrá más presión, dice Obura y menciona la evaluación global de IPBES de 2019 en la que se muestra “que la mayor parte de la naturaleza está en declive”. Portanto, dice Obura, “esta decisión, que gira en torno a intereses económicos, tendrá un mayor impacto en la naturaleza porque significa un aumento de la huella ecológica y de los impactos en la naturaleza a nivel mundial, lo que dificulta que resolvamos los desafíos actuales o que los países los resuelvan”.

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El impacto ambiental

“Las implicaciones serán directas en la reducción de fondos para algunos de esos organismos en los que Estados Unidos era el mayor financiador, como es el caso de IRENA [Agencia Internacional de Energías Renovables]”, señala Silvia Calderón, directora del Instituto Ambiente Estocolmo (SEI) en Latinoamérica y ex responsable del portafolio de cambio climático y financiamiento climático en USAID, en Colombia. “Con esa reducción de fondos, seguramente quedarán detenidos proyectos que estaban en marcha. Y la segunda implicación clave será el vacío político”, asegura.

Calderón también menciona otros organismos de los que se ha retirado Estados Unidos como el IPCC, considerado “el órgano científico de máximo nivel para temas climáticos”, el IPBES, también “el más importante para temas de biodiversidad”.

De la lista, Calderón destaca el retiro de ONU Agua, “que ha sido  fundamental para establecer marcos analíticos sobre seguridad hídrica” y el IRENA como “centro de pensamiento en los temas de energías renovables”. “Todavía no vemos noticias sobre el retiro de otros órganos fundamentales para temas ambientales como el UNEP [Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente], pero obviamente no es una buena señal esta primera lista”, afirma.

La experta de SEI recuerda que cuando cesó el financiamiento de USAID el trabajo de muchos proyectos se vieron severamente impactados, como ocurrió en la Amazonía. Sin embargo, dice Calderón, una de las fortalezas de América Latina es que también cuenta con financiamiento de otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF).

“Si bien tenemos cierta dependencia [de Estados Unidos], hemos visto el fortalecimiento de algunas instancias, particularmente los bancos de desarrollo, y el liderazgo de los mismos países en estos organismos”, asegura.

Con esa reducción, agrega Calderón, “muchos de los actores que trabajamos y que lideramos los temas ambientales, de desarrollo, de ciencia, hemos venido ajustándonos para hacer más con menos”. Calderón agrega que “los problemas ambientales no dejan de existir o no dejan de ser cada vez más graves porque se deje de hablar de ellos”, por el contrario, comenta, “siguen existiendo”.

Sin embargo, para la experta la capacidad de dar una respuesta más eficiente y más oportuna se reduce cuando hay menos financiamiento. “Cuando se reducen las inversiones, hay un impacto doble porque se reducen los fondos para abordar un problema ambiental y además se reduce la capacidad de entenderlo y de abordarlo”.

Gladys Martínez, directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), comenta que esta decisión “va a generar desajustes financieros porque Estados Unidos contribuye con muchos tratados internacionales”.

Sin embargo, agrega Martínez, “el multilateralismo, las soluciones ambientales y los tratados internacionales están diseñados para que cuando ocurren estos cambios políticos —como el que está tomando Trump— permita pensar en cómo implementar estos acuerdos a través de políticas públicas. “Estados Unidos, por supuesto, es un contribuyente, pero los acuerdos ambientales globales tienen un respaldo de más de 90 países del mundo”.

“Quitar todo el apoyo al IPCC necesariamente va a traer consecuencias. Lo mismo va a pasar con organismos dependientes de las Naciones Unidas, como puede ser el caso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tiene a su cargo la secretaría, nada más ni nada menos que del Acuerdo de Escazú”, dice Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.

Nápoli agrega que esta decisión significa una reducción importante en el financiamiento, considerando, además, que actualmente los acuerdos tienen pocas contribuciones de los países, por lo que el sistema de las Naciones Unidas es muy importante. “En el caso ambiental es muy significativo todo lo que tiene que ver con organismos multilaterales porque es muy complejo abordar la temática ambiental desde el bilateralismo», afirma. Por eso, sostiene que siempre se apuesta fuertemente a estos convenios multilaterales para diversidad biológica y cambio climático, «que son aquellos que eventualmente pueden lograr una escala de decisiones importantísimas y cuando se retira un jugador tan importante van a sufrir”.

Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), asegura que se trata de “una acción desafortunada que seguramente marcará posturas de otros países para abandonar estos organismos, con lo cual podría debilitarse el multilateralismo”.

En cuanto a implicaciones específicas para América Latina, Velasco señala que “la salida de Estados Unidos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Fondo Verde para el Clima debilitará la cooperación internacional. “Partimos de una escasez de financiamiento climático en el que los mecanismos y recursos comprometidos no son suficientes. Dentro de esa falencia, el aporte de Estados Unidos era significativo, siempre entre los primeros cinco lugares de países que más aportaban. Eso debilita la cooperación internacional de estos instrumentos financieros y muchos de ellos direccionados para América Latina”.

Imagen principal: Donald Trump, durante una reunión con funcionarios de energía y ejecutivos de la industria petrolera. Foto: Casa Blanca.

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A pocos días de realizarse la edición 30 de la cumbre climática global (la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) o COP30, que se llevará a cabo en Brasil, se publicó el Informe Síntesis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en las que cada país presenta su plan quinquenal actualizado  para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. El informe señala que “casi tres cuartas partes (73 %) de las nuevas NDC incluyen componentes de adaptación” y, con una visión alentadora, se estima que las emisiones mundiales se reducirán en torno a un 10 % para 2035.

Si bien Latinoamérica y el Caribe son responsables solo del 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, tienen subzonas particularmente vulnerables ante los efectos del cambio climático, de acuerdo con datos recogidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, se estima que el 74 % de los países de la región ya está experimentando eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones con mayor frecuencia, según las Naciones Unidas.

En este contexto se cumple una década del Acuerdo de París para mitigar los efectos del cambio climático y Latinoamérica vuelve a ser la sede de la COP. La ciudad de Belém do Pará, apodada la puerta de la Amazonía, se convertirá en los próximos días en el centro de las negociaciones climáticas.

Aunque los países partícipes de la cumbre tenían hasta febrero de 2025 para presentar sus informes con planes sobre las NDC, y a pesar de que Brasil es la sede del evento, en Latinoamérica solo Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Nicaragua cumplieron con entregarlos, aunque muchos de ellos lo hicieron fuera del periodo establecido.

Este retraso en la presentación de los NDC se suma al cuestionamiento de organizaciones de la sociedad civil y expertos ambientales por el incumplimiento de los compromisos asumidos por los países en un contexto de guerras, campañas negacionistas, desinformación y presiones políticas a nivel mundial.

Pese a que el panorama muestra matices que apuntan a un esfuerzo por unificar miradas y demandas respecto a la crisis climática, las fuentes consultadas por Mongabay Latam muestran preocupación por la ausencia de medidas específicas que permitan cumplir con los NDC actualizados.

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Concretar demandas en un panorama desalentador

Como parte de la conformación de bloques en los que se agrupan los 198 países partícipes de la COP30 para proponer, defender posiciones comunes y concretar negociaciones climáticas, las naciones de la región se distribuyen entre el Grupo Sur, la Coalición de Países con Bosques Tropicales, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

Sin embargo, para Manuel Pulgar Vidal, exministro de Ambiente de Perú y líder global de Clima y Energía en World Wildlife Fund (WWF), “América Latina sigue sin ser capaz de reintegrarse y poder definir una voz única que pueda contribuir más activamente en el proceso, y a su vez gozar de los beneficios que el debate climático genera en relación al financiamiento, innovación y tecnología”, dice al analizar la variedad de bloques de negociación que representan a la región.

En la reciente suscripción de la Declaración de Bogotá durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), acuerdo que recoge la posición conjunta de ocho de los nueve países sudamericanos de la cuenca amazónica, se ha propuesto crear un Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). El objetivo es ampliar los recursos destinados a reconocer con incentivos económicos a los países que incorporen e implementen políticas en el control de la deforestación.

Por otra parte, la reunión de ministras y ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe a inicios de octubre en Perú terminó con la firma de la Declaración de Lima, que también será presentada en la COP30. Esta iniciativa busca dar prioridad a la provisión y regulación del agua y a la reducción de emisiones de metano.

Sin embargo, para Pulgar Vidal ninguno de los acuerdos es un instrumento vinculante a la COP, aunque es lo que pretenden. “Lo que hay son declaraciones que buscan plantear lugares comunes, pero no hay mecanismos innovadores que provengan de América Latina en el debate”, señala.

Perú, México, Argentina y Paraguay todavía no presentan sus compromisos climáticos actualizados.

Argentina, por ejemplo, impulsa inversiones e infraestructura vinculadas a los combustibles fósiles y, según indican fuentes oficiales, se encuentra elaborando la actualización de sus NDC. Sin embargo, Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), comenta que “el Consejo Asesor Externo —órgano consultivo permanente del Gabinete Nacional de Cambio Climático— no ha sido convocado durante 2024 ni 2025, y mucho menos en el marco del desarrollo de los nuevos compromisos internacionales del país en materia climática”.

En cuanto a aquellos países que sí presentaron sus actualizaciones, «no reflejan planes climáticos ambiciosos o políticas que sean más sólidas”, dice Pulgar Vidal a Mongabay Latam. “Los niveles de reducción de emisiones están fuertemente ligados a la deforestación, al cambio de uso del suelo. En algunos países como Perú, Ecuador, Bolivia o Brasil, país anfitrión de la COP, el 60 % de las emisiones proviene de ese sector. Un plan nacional ambicioso debería significar una reducción en las tasas de deforestación y eso no está ocurriendo”, añade el experto.

Diversas organizaciones que siguen de cerca el cumplimiento de los NDC, como The Climate Reality Project América Latina, Graha y Polen Transiciones Justas, han señalado que hay una distancia muy grande entre el compromiso de los países y lo que efectivamente están haciendo.

En el caso de Ecuador hay avances en energía, transporte, uso de suelo, transparencia y manejo de residuos. “Hay que destacar que se habla de control de la deforestación, de restauración de ecosistemas, participación indígena, hay una priorización de proyectos REDD+ –mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los ecosistemas–, incluso hay planes de adaptación basados en conocimientos ancestrales», señala Javier Dávalos, líder de Política Climática de The Climate Reality Project América Latina. «Sin embargo, hay esta deuda en relación a la explotación de recursos provenientes de la Amazonía, lo que va a producir el efecto contrario a esta planificación”, agrega.

Para Dávalos, además, hay una falta de coordinación intersectorial y una reducción de la capacidad de gestión ambiental del país al fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía.

Por otro lado, Juan Orgaz, especialista en biodiversidad y director de Graha, organización ambiental que sigue la agenda política climática de Bolivia en los últimos diez años, señala que hay cuatro sectores estratégicos –agricultura, transición energética, agua y bosques– abordados en los NDC del país y que Bolivia ha tenido un cambio reciente de visión política que abre favorablemente las puertas al financiamiento climático externo y la posibilidad de gestionar el mercado de carbono, aunque son temas que aún no cuentan con un análisis profundo en el país. En el país, además, asumirá un nuevo gobierno el 8 de noviembre.

Orgaz considera que ha habido algunos avances recientes: “En esta actualización se ha incluido una mesa transversal que ha incorporado a diversos sectores de la sociedad civil para discutir las metas, además se ha incluido como un quinto sector estratégico el tema de residuos, que no se está gestionando actualmente. En Bolivia, cerca del 84 % de los municipios disponen sus residuos sólidos en botaderos a cielo abierto y esto contribuye a la emisión de gases como el metano”.

Sin embargo, parte del análisis realizado por Graha ha detectado incumplimiento en las metas de los cuatro sectores estratégicos, pues se hablaba de promover el uso de energías alternativas, promover la gestión de recursos hídricos y de la producción agropecuaria, así como reducir la deforestación ilegal y los incendios forestales. Por ejemplo, Bolivia lleva varios años enfrentando gigantescos incendios y en 2024 figuró como el segundo país con la tasa de deforestación más alta en el mundo.

Como sucede con varios países de Latinoamérica, la voluntad política, la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de financiamiento son aspectos claves que influyen si se quieren concretar las metas.

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La dependencia de los combustibles fósiles

Un tema que se debatió en la COP29, realizada en Bakú, y que seguirá vigente en Belén, es la dependencia de los combustibles fósiles. Solo en los últimos 25 años, la producción de petróleo en la Amazonía ha aumentado un 70 %, según datos recogidos por el Panel Científico por la Amazonía.

Para Nadia Catalina Combariza, directora de la organización Polen Transiciones Justas, si bien aún falta la versión final de la actualización de compromisos de Colombia, “la versión declarativa de la NDC publicada en septiembre de 2025 no logra consolidar un rumbo concreto ni responder con firmeza a los retos estructurales del país al momento de acotar las prioridades sectoriales”.

Para Combariza, las metas NDC anteriores y la versión actual abordan la eficiencia energética e hidroelectricidad, pero no incluyen metas ni cronogramas para la salida del carbón, el gas o el petróleo. “Si bien las metas sectoriales podrían considerarse técnicamente viables, su formulación no siempre se acompaña de acciones concretas ni de presupuestos definidos”, añade.

A pesar de que el actual Gobierno colombiano ha anunciado como prioridad la transición energética desde hace varios años, en países de la región como Ecuador o Bolivia, que también apuntan a la misma meta y tienen una alta dependencia de los combustibles fósiles, tampoco hay claridad sobre cómo lo harán.

“No hay una medida a corto o mediano plazo para abandonar la explotación petrolera en Ecuador. Hubiera sido deseable que aparezca este tema en la planificación climática”, reitera Dávalos, de Climate Reality Project. Cabe resaltar que el país aún tiene pendiente el cierre del campo petrolero ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, una orden que dio el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de 2023.

En México, donde el Gobierno ha anunciado el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en 2050, la petrolera estatal Pemex –que produce el 95 % de los hidrocarburos del país– genera emisiones de metano más altas que hace una década, a pesar de que produce 28 % menos que en aquel momento, según cifras del Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Sin una versión pública de las nuevas NDC hasta el momento, para Fernanda Ballesteros, gerente en México del NRGI, por ahora solo se puede hablar de la versión anterior de la NDC que “estableció para el sector petróleo y gas una meta de reducción de emisiones del 14 % y fijó el compromiso de alcanzar un aprovechamiento del gas natural asociado a la producción de petróleo del 98 % al 2024”. Sin embargo, según Ballesteros, esta no fue una meta clara, cuantificable, ni verificable.

Varios de los expertos consultados coinciden al señalar que no hay un compromiso claro que apunte a llevar al mínimo la explotación de combustibles fósiles. “Los países no están determinando con claridad en qué periodo pueden llegar a un pico de emisiones en relación al uso de combustibles fósiles y en qué momento pueden declinar su uso y hacer una transición hacia tecnologías más limpias”, señala Pulgar Vidal.

Por su parte, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, añade que “no hay un compromiso para dejar de explotar carbón, petróleo o gas con fechas y cantidades precisas que deje solo lo necesario para la industria petroquímica”.

Además, para Rodríguez, el escenario se torna desfavorable por el aumento de emisiones hacia el año 2050. “Nos vamos a alejar más de alcanzar la meta de 1.5 °C [de aumento de temperatura en el paneta] con todo lo que está pasando”, dice. Esta situación ya la advertía el Programa Ambiental de las Naciones Unidas en octubre de 2024, al señalar en su último reporte de emisiones que el mundo se encaminaría a un aumento de la temperatura de 2.6 a 3.1 °C a lo largo de este siglo si no se aumenta la ambición de los compromisos.

Alex Rafalowicz, director de la organización Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, propone que los países “podrían crear una serie de incentivos que incluyan el tema de refinanciación de la deuda externa, cocréditos y quitar subsidios a la industria fósil, que representa 11 millones de dólares por minuto a nivel global, para redirigir el financiamiento hacia una diversificación de los mercados económicos que vaya más allá del impulso de las energías renovables, sino que llegue al sector agro, a la industria y a la salud”.

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El eterno debate del financiamiento climático

En búsqueda de concretar el aumento del financiamiento que se propuso en la COP29, que pasó de 100 000 millones de dólares a 300 000 millones de dólares anuales para 2035, los delegados de diversos países se reunieron en junio pasado para discutir la «Hoja de ruta de Bakú a Belém hacia 1.3T». La iniciativa, que fue pensada para apoyar a los países en desarrollo hacia la transición de economías bajas en carbono, espera movilizar recursos financieros públicos y privados para la mitigación y adaptación al cambio climático.

En esa reunión, el Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, dijo que la hoja de ruta para movilizar 1,3 billones de dólares al año para 2035 no debería ser «solo un informe, sino una guía práctica con próximos pasos claros para aumentar drásticamente la financiación y la inversión climática«.

Sin embargo, “no se ha logrado ningún resultado, ni se ha cumplido la meta del 2010 [en la COP16] que fue donde se acordó la promesa de los países desarrollados de realizar la transferencia de recursos por 100 mil millones de dólares”, señala Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia. Para él, lo ambiental tiene la más baja prioridad en la historia desde que se firmó la Convención del Cambio Climático en 1992, algo que está influenciado por las guerras en diferentes partes del mundo, pero principalmente por la estrategia “muy agresiva” de Trump al desmontar políticas ambientales y de cambio climático en Estados Unidos.

Los diversos especialistas consultados coincidieron al señalar que muchos países en desarrollo están teniendo grandes necesidades de recursos para concretar propuestas frente al cambio climático. El reciente Informe Síntesis de las NDC de las Naciones Unidas señala que 75 % de los países a nivel global que presentaron sus planes hasta finales de septiembre detallaron necesidades financieras estimadas en 1,97 billones de dólares. En la región, países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia tienen metas condicionadas que dependen de los recursos provenientes de países desarrollados.

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Voces indígenas que quieren ser escuchadas

La COP30 también busca reunir a la mayor delegación indígena de la historia que desea que sus demandas sean tenidas en cuenta, más allá de que aparezcan o no en los NDC de los países. Desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que articula a 511 pueblos indígenas de los nueve países que conforman el bioma, se busca generar espacios de participación y garantizar los derechos de los pueblos amazónicos.

“En Colombia se incorporó a negociadores indígenas y aportes amazónicos en la actualización de la NDC, y se empuja de Bakú a Belém la apertura de una ventanilla directa en el Fondo Verde para el Clima. Hemos planteado presencia indígena con poder de decisión, así como mecanismos de quejas y financiamiento directo a prioridades definidas por nuestras organizaciones”, afirmó Fany Kuiru, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Estas demandas buscan mejorar los mecanismos de trazabilidad del origen de los recursos provenientes de la Amazonía, acceso directo al financiamiento y el reconocimiento de territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) como zonas de exclusión no sacrificables.

Si bien la articulación indígena a través de este y otros espacios como la Alianza entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía, el Pacífico y Australia –que ha tenido como resultado la elaboración de una carta abierta al presidente de la COP30– ha generado expectativa, la recepción de las demandas de los pueblos indígenas sobre sus territorios continúa en espera.

Pese a los desafíos identificados, otro de los temas centrales de la agenda de la COP30 es la búsqueda de sinergias entre el Acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París, dos tratados internacionales clave. “En la medida en que se logre hacer converger los dos objetivos, se va a hacer un uso más eficiente de los recursos que ya son escasos”, dice Rodríguez.

Imagen principal: comunidades pesqueras El Hatillo y La Cerca, en el municipio Peñalver del estado Anzoátegui, en Venezuela. La erosión amenaza con derrumbar varias viviendas. Foto: Elgica Semprúm

El artículo original fue publicado por Leslie Moreno Custodio en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Tras una larga caminata por el enorme recinto de Le Bourget, varios días de poco sueño y en medio del invierno decembrino, Julio Cordano —hoy jefe de la delegación chilena ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático— arribó al plenario final de la COP21, donde hace diez años en París 195 países del mundo llegaron a un inédito acuerdo global para combatir la crisis climática. Según recuerda, hay “un antes y un después” en la acción climática global desde ese día.

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Todo parecía listo para un resultado histórico tras un proceso de varios años, hasta que un verbo en el borrador final lo puso a sudar frío. Cada palabra en el Acuerdo se debatía con una precisión milimétrica y “cada artículo era un mundo en sí mismo”, dice Cordano. Cuando ya no se podían hacer más cambios, Estados Unidos señaló que el borrador decía que los países ricos “deberán” tomar acciones para cortar emisiones —un verbo que implica obligaciones legales— en vez de “deberían”, una opción más voluntaria. “Era una línea roja para muchos países desarrollados, especialmente para uno”, asegura Cordano.

Esto activó una crisis. El plenario se suspendió y comenzaron las consultas a las delegaciones. “La gente corría para arriba y para abajo”, recuerda Cordano. Laurent Fabius, el presidente de la COP21, terminó por indicar que el verbo fue un “error tipográfico” y ajustó el texto dejando el más laxo “deberían”. El cambio es pequeño, pero muestra que tanto países ricos como pobres asumirían compromisos voluntarios para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Cada país hoy decide su nivel de ambición.

Al no encontrar objeciones y habiendo logrado el consenso de todos los gobiernos, Fabius declaró el Acuerdo de París con un martillazo y el plenario estalló en aplausos. “Lo que se logró ahí fue fantástico porque fue un acuerdo donde todos tuvimos que ceder”, recuerda Cordano.

Diez años después, las mismas bases sentadas en la capital francesa —entre ellas el principio de acciones voluntarias— representan actualmente algunos de los mayores retos para implementar el Acuerdo de París. Los gobiernos llegarán a la COP30, por celebrarse en la ciudad brasileña de Belén en noviembre de este año, con un sistema multilateral debilitado, planes climáticos insuficientes y embates del clima cada vez peores, entre ellos sequías extremas en la Amazonía, huracanes cada vez más destructivos y pérdida masiva de corales.

La ciencia es clara: los últimos diez años, desde la firma del Acuerdo de París en 2015, han sido también los diez años más calientes registrados, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y las emisiones globales de gases de efecto invernadero continúan aumentando. La respuesta del Acuerdo ante la gravedad de la situación sigue siendo la misma: que cada país presente planes para reducir emisiones —llamados Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés)—.

Sin embargo, las NDC fueron insuficientes en su primera versión presentada en 2020 y deberán ser actualizadas antes de la COP30. Algunos de los países claves de Latinoamérica como México y Argentina, que forman parte de los mayores emisores de gases de efecto invernadero de la región, aún no han presentado su actualización.

Incluso, una vez presentados, convertir los planes climáticos en realidad ha sido otro reto del Acuerdo. Estados Unidos, el principal contaminador histórico, presentó su NDC actualizado el año pasado, pero se retiró por segunda vez del Acuerdo este año bajo la administración de Donald Trump. Es más, puso en marcha políticas contrarias a la acción climática, entre ellas desmantelar los incentivos fiscales a las energías limpias y acelerar permisos para combustibles fósiles.

“Cuando las reglas son tan flexibles, es fácil atraer a los países, pero es más difícil convertir las promesas en acciones”, asegura Marcio Astrini, veterano asistente a las COP y secretario ejecutivo del Observatório do Clima, una coalición de ONG climáticas brasileñas. “Veremos qué tan resiliente es el Acuerdo ante estos retos”.

Pese a los desafíos en su implementación, Cordano argumenta que el mundo y en particular la región latinoamericana está “sin duda mucho mejor equipada” para aumentar su acción climática gracias al Acuerdo. Las negociaciones climáticas han aumentado desde la reunión de París en número de delegados y han surgido nuevas iniciativas para reducir las emisiones de metano (un gas de efecto invernadero 86 veces más potente que el dióxido de carbono), así como iniciativas para proveer fondos a países que sufren embates climáticos y para proteger los bosques.

La ex secretaria ejecutiva de la convención climática de la ONU, Patricia Espinosa, sostuvo que el Acuerdo de París “ha sido una extraordinaria contribución a la humanidad” durante un evento a finales de septiembre de este año.

La carrera por los 1.5°C

Una de las mayores virtudes del Acuerdo de París es que fijó por primera vez una meta común entre todos los países: limitar el aumento de la temperatura global a 2° C y con miras a 1.5° C, afirma Astrini. “El Acuerdo de París creó un sentido de que los países están avanzando en la misma dirección”, dice.

Aunque 1.5° C puede parecer poco, la ciencia climática advierte que cada fracción de grado implica pérdidas económicas millonarias, miles de vidas y cambios irreversibles, como, por ejemplo, el blanqueamiento masivo de corales. Hasta ahora, el planeta se ha calentado cerca de 1.2° C y si los países no actualizan sus planes con metas más ambiciosas, el destino será un drástico aumento de entre 2.6° y 3.1° C para finales de siglo.

Haciendo un balance de la situación, el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, dijo en un evento conmemorativo de los 10 años de París que, sin el Acuerdo, la Tierra estaría rumbo a escenarios de hasta 5° C de calentamiento. Según dijo, vivimos en un mundo más seguro gracias al Acuerdo.

Para lograr mantener con vida la meta de 1.5° C grados, el planeta necesita cortar las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para 2030 y alcanzar la carbono neutralidad para 2050, es decir, lograr un estado en el que las emisiones de gases de efecto invernadero producidas se compensen con la misma cantidad de gases retirados de la atmósfera.

Aún así, Stiell resaltó que el Acuerdo ha servido como guía para el sector privado, que desde la firma del documento en 2015 ha invertido 10 veces más en energías limpias. Un reporte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) muestra que actualmente la inversión en energías renovables (2.2 billones de dólares) duplica la inversión en combustibles fósiles (1.1 billones de dólares).

En América Latina, la inversión en energías limpias aumentó un 25 % desde 2015, llegando a 70 mil millones de dólares, según la AIE. Chile, Colombia y Costa Rica lideraron este crecimiento, duplicando la inversión en energías limpias tales como vehículos eléctricos y fuentes renovables. De acuerdo con AIE, en el mismo periodo, la inversión en combustibles fósiles se redujo en 20 % en la región.

“Hay una ola de acciones positivas de gobiernos, sociedad civil y el sector privado iniciando sus propios caminos, inspirados por el Acuerdo de París. El Acuerdo tiene una acción indirecta,” dice Cordano. “La fuerza que tiene un acuerdo político de esa magnitud va mucho más allá de la mera implementación de sus disposiciones”, añade.

En la región, por ejemplo, el Acuerdo ha sido referenciado en los fallos de las cortes más altas, entre ellos una reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que urge a los países a limitar el uso y extracción de combustibles fósiles. En Brasil, la Corte Suprema del país condenó al gobierno de Jair Bolsonaro por no cumplir con sus obligaciones ante el Acuerdo de París. “Esto muestra muy claramente por qué era necesario tener el acuerdo”, dice Astrini.

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Comunidades indígenas exigen acciones

Mientras que para algunos expertos el Acuerdo de París dio paso a cambios históricos durante la última década, para Levi Sucre, indígena Bribri de Costa Rica y coordinador del grupo regional Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), no mucho ha cambiado en su comunidad rural del Caribe costarricense. En el territorio, las comunidades indígenas aún enfrentan falta de acceso a la tierra, pocos fondos para proteger los bosques y hostilidades contra los defensores ambientales.

Pese a que el Acuerdo de París requirió a los países realizar nuevos planes para enfrentar la crisis climática, “las legislaciones nacionales están muy lejos de garantizar derechos”, dice Sucre. “Hay temas muy arraigados como la falta de tenencia de la tierra”.

Estas falencias han llevado a que algunos gremios de comunidades originarias como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) vayan a la COP30 en Belén con campañas globales inéditas. Buscan, entre otras cosas, posicionar los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas como una de las principales respuestas frente a la crisis climática en el mundo.

La ONIC, por ejemplo, presenta 10 demandas claras, que resumen los consensos del Movimiento Indígena Colombiano y latinoamericano, entre ellas el reconocimiento de los sistemas de conocimiento indígena como mecanismos eficaces de mitigación y adaptación al cambio climático, la exigencia de aplicación inmediata del artículo 9.1 del Acuerdo de París que obliga a los Estados a financiar la acción climática global y la petición de garantizar el financiamiento climático directo, sin intermediarios, de manera que los recursos lleguen real y directamente a las comunidades indígenas.

“Las políticas climáticas impuestas desde visiones hegemónicas y coloniales continúan desconociendo nuestro papel como autoridades ambientales y gobiernos propios, reduciéndonos a simples actores sociales, cuando en realidad somos garantes de la continuidad de la vida en el planeta”, indica el Consejero Mayor de la ONIC, Rosalino Guarupe Joropa.

Hay otro escenario que no se puede dejar de lado. Durante la última década, América Latina ha registrado el mayor número de asesinatos a defensores del ambiente, muchos de ellos indígenas, según el último reporte de la ONG Global Witness. A nivel mundial, más de 1500 personas defensoras del ambiente han sido asesinadas desde la firma del Acuerdo de París, según el informe.

Mientras tanto, durante la última década, los mayores sumideros de carbono – entre ellos la Amazonía – han continuado en firme retroceso por la deforestación, pese a que todos los países han presentado planes climáticos. Un reporte de ONU Ambiente muestra que las NDC -las metas de reducción de emisiones- de países latinoamericanos con mayor deforestación carecen de objetivos medibles para reducir la deforestación. América Latina es la región con mayores emisiones por la pérdida de bosques.

Algunos países han actualizado sus NDC de cara a la COP30 y han aumentado sus compromisos de reducción de deforestación. Por ejemplo, Colombia prometió bajar la tasa de deforestación a más de la mitad, pasando de las 113 000 hectáreas deforestadas en 2024 a 50 000 en 2030. Bolivia buscará reducir la deforestación al 100 % en áreas protegidas y 80 % fuera de áreas protegidas para 2035.

Con todo, la falta de fondos ha sido otra de las debilidades históricas del Acuerdo. Los países ricos prometieron movilizar 100 mil millones de dólares para la acción climática cada año a partir de 2020. Lo cumplieron dos años tarde y principalmente a través de préstamos, en lugar de donaciones. Para comunidades como la de Levi Sucre, acceder a estos fondos es fundamental para poder proteger los bosques efectivamente. Esa es, precisamente, una de las exigencias que hará la ONIC en la COP30.

Una de las herramientas del Acuerdo de París para movilizar fondos son los mercados de carbono, que permiten a comunidades vender sus reducciones de emisiones a países interesados en reducir su huella de carbono. Sin embargo, los gobiernos tardaron casi una década en definir las reglas de este mercado, adoptadas el año pasado en la COP29 en Bakú, Azerbaiyán.

Actualmente, el mercado propuesto en el Acuerdo no está activo, ya que su plataforma administrativa sigue en desarrollo. En su ausencia, el vacío ha sido llenado por el mercado voluntario dirigido a actores privados, pero que ha estado lleno de denuncias por violaciones de derechos humanos contra comunidades, como ha documentado Mongabay Latam en varios reportajes.

“Estamos terminando una década con una agresión fuertísima. Ha habido engaños, estafa, incluso hemos tenido experiencias en Mesoamérica donde una comunidad perdió su derecho de propiedad del bosque por una ONG que los engañó en el mercado de carbono”, comenta Sucre.

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La COP30 llama a defender el Acuerdo de París

A diez años de que el plenario estallara en aplausos en Le Bourget y el multilateralismo recibiera un nuevo impulso con el Acuerdo de París, el problema de las emisiones persiste y algunos gobiernos han comenzado a empujar en contra de las negociaciones. Por ejemplo, siguiendo las señales de la administración Trump en Estados Unidos, Argentina retiró a su delegación de la pasada COP29 por órdenes del presidente Javier Milei.

Para Adrián Martínez, director de la ONG La Ruta del Clima, “Milei también es nada más que un síntoma de la enfermedad negacionista que viene de Estados Unidos”, añadiendo que sus posturas en contra de la acción climática se han propagado por la región. “Hay un deseo de negar esta realidad y encontrar placebos con soluciones idealizadas.”

En Argentina, parece haber consenso en la expansión fósil, ya que tanto el anterior gobierno progresista de Alberto Fernández como el actual derechista de Milei han apoyado la expansión de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo.

Andrés Gómez, coordinador de campañas en Latinoamérica de la iniciativa para un Tratado de No-Proliferación de Combustibles Fósiles, destaca el trabajo de comunidades y la sociedad civil en la región para avanzar en la acción climática, entre ellos el referendo liderado por indígenas en el que Ecuador decidió eliminar la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. El Gobierno sin embargo ha fallado en implementar la decisión a dos años del referendo.

“Eso lo puedes ver en todos los países: desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, el trabajo en Ecuador para que se cumpla la sentencia del Yasuní, el trabajo en LA Amazonía de Perú por los derrames de petróleo, el trabajo anti-fracking en Argentina… Desde los pueblos es donde vemos que está la mayor ambición y eso es algo que hay que destacar”, dice Gómez.

Pero los Estados se han movido más lento, por lo que han surgido iniciativas para reformar las COP de forma en que fomenten acciones más rápidas. Un grupo de expertos conocido como el Club de Roma —conformado en parte por ex secretarios de la ONU— argumentó en una carta abierta el año pasado que las negociaciones, pese a sus virtudes, no permiten los cambios rápidos y drásticos necesarios para cumplir el Acuerdo.

En parte, la propia naturaleza voluntaria del Acuerdo ha dificultado presionar a los países a tomar acciones más drásticas, una flexibilidad por la que el Gobierno estadounidense luchó hasta el último momento de negociación en 2015.

Una de las posibles reformas más discutidas en los últimos años ha sido la regla de consenso para tomar decisiones, en la que todos los países del mundo tienen que estar de acuerdo sobre un tema, explica Astrini. Esta regla difiere de otros foros de la ONU donde se toman las decisiones por mayoría. Esto ha permitido que países productores de petróleo como Arabia Saudita bloqueen menciones a los combustibles fósiles, como sucedió el año pasado en la COP29.

En una carta preparativa para las negociaciones de este año, el presidente de la COP30, André Correa do Lago, enfatizó que una de sus prioridades será defender el multilateralismo y enfocarse en la implementación del Acuerdo de París. La presidencia brasileña ha anunciado iniciativas como convocar a todas las presidencias de las últimas diez COP en un “círculo de presidencias”, así como un “balance ético global” sobre la necesidad de tomar acciones rápidas.

“De cara al futuro, las próximas COP pueden representar una nueva generación de conferencias sobre el clima: no como eventos diplomáticos aislados, sino como plataformas sistémicas para acelerar la ejecución, medir el progreso e involucrar a un ecosistema más amplio de actores”, escribió Correa do Lago en una de sus cartas preparativas a la conferencia.

Mientras el mundo se prepara para la COP30 y a pesar de los obstáculos, el veterano negociador chileno Julio Cordano se muestra optimista y sostiene que “en estos diez años hemos logrado muchísimas cosas”. Los países negociarán un nuevo marco para que las Naciones fortalezcan su adaptación al cambio climático.

Durante París, Cordano fue justamente negociador en el tema de adaptación y sostiene que este tema se logró incluir en el Acuerdo gracias a la unidad de los países en desarrollo. “Seguimos la misma lógica, construyendo este castillo de acción climática sobre el Acuerdo de París”, dice Cordano. “Es un ejemplo de cómo el multilateralismo puede funcionar”.

Imagen principal: celebración luego de la firma del Acuerdo de París en 2015. Foto: cortesía UN Photo – Mark Garten

El artículo original fue publicado por Sebastiánn Rodríguez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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