Cuando el Gobierno presentó la política de Paz Total, millones de colombianos compartíamos  un mismo anhelo: reducir la violencia y evitar que nuevas generaciones siguieran creciendo en medio del conflicto armado. Nadie puede oponerse al propósito de construir paz. Sin embargo, toda política pública debe evaluarse por sus resultados y no únicamente por sus intenciones.

Hoy, después de casi cuatro años de implementación, la pregunta es inevitable: ¿la Paz Total fortaleció al Estado o fortaleció a las organizaciones criminales?

Las cifras sobre seguridad permiten concluir que, lejos de consolidar el monopolio legítimo de la fuerza, Colombia presenció la expansión territorial de diferentes organizaciones armadas ilegales. Diversos informes sobre violencia registraron incrementos en confinamientos, desplazamientos forzados, extorsiones, reclutamiento de menores y ataques contra la población civil en distintas regiones del país. Municipios que durante algunos años habían experimentado mejoras volvieron a quedar bajo el control o la influencia de estructuras criminales.

La Fuerza Pública tampoco fue ajena a este deterioro. Mientras el presupuesto continuó concentrándose principalmente en el pago de personal, crecieron las preocupaciones por las limitaciones operativas. El mantenimiento de aeronaves, la disponibilidad de helicópteros, el envejecimiento de parte de la flota aérea y las restricciones para desarrollar operaciones ofensivas fueron objeto de cuestionamientos durante buena parte del cuatrienio. Una institución puede tener hombres y mujeres comprometidos con su misión constitucional, pero sin capacidad logística difícilmente podrá enfrentar organizaciones criminales que fortalecen permanentemente su poder económico y militar.

Si las revelaciones periodísticas terminan siendo corroboradas por las investigaciones judiciales, el país deberá formularse preguntas mucho más profundas. Si algo semejante pudo ocurrir con el Clan del Golfo, ¿qué tipo de relacionamiento existió con otras organizaciones armadas ilegales? ¿Qué nivel de concesiones estuvo dispuesto a asumir el Estado? ¿Hasta dónde llegó la renuncia al ejercicio de la autoridad legítima?

Estas preguntas no buscan obstaculizar los procesos de paz. Por el contrario, pretenden recordar un principio básico de cualquier Estado democrático: la paz no puede edificarse sobre el debilitamiento de las instituciones ni sobre el fortalecimiento de quienes han construido su poder mediante la violencia.

Existe una diferencia fundamental entre negociar el fin de un conflicto y permitir que las organizaciones criminales aumenten su capacidad de intimidación mientras dialogan con el Estado. Cuando el equilibrio se rompe y el Estado pierde capacidad para ejercer autoridad sobre el territorio, quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos honestos que trabajan, producen, pagan impuestos y cumplen la ley.

En una democracia, el Estado existe para proteger a quienes respetan las reglas, no para adaptarlas a quienes las violan sistemáticamente. Entregar espacios de autoridad a las organizaciones criminales significa invertir el orden natural de un Estado de Derecho: lo correcto termina cediendo ante lo incorrecto; la legalidad frente a la ilegalidad; las víctimas frente a sus victimarios.

La experiencia de estos años deja una enseñanza que Colombia no debería olvidar. Buscar la paz nunca será un error. Renunciar al ejercicio legítimo de la autoridad sí puede serlo.

Los procesos de sometimiento deben garantizar verdad, justicia, reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición. Pero también deben partir de un principio irrenunciable: quienes delinquen deben responder por sus delitos. La paz no puede convertirse en sinónimo de impunidad ni en un incentivo para que nuevas estructuras criminales encuentren rentable desafiar al Estado.

Los colombianos aprendimos durante este periodo que las buenas intenciones no son suficientes para construir un país seguro. La verdadera paz solo será posible cuando la ley tenga más fuerza que los fusiles y cuando el Estado recupere plenamente su capacidad de proteger a los ciudadanos de bien. Esa es, quizá, la lección más importante que deja el debate sobre la Paz Total.

Por: Mar Candela Castilla

El debate sobre la legitimidad de los recientes resultados electorales en Colombia se encuentra atrapado en una compleja encrucijada metodológica y conceptual. Por un lado, la investigadora Laura Bonilla expuso en su cuenta oficial de X, el 20 de junio de 2026, que los datos electorales oficiales solo permiten análisis a nivel municipal o veredal, mientras que el control territorial de actores armados se concentra en microterritorios delimitados, no en espacios completos de un municipio. Su análisis se enmarca en el marco teórico planteado por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín en su obra Clientelistic Warfare: Política y Violencia en Colombia (Editorial Universidad de los Andes, 2019), donde se explica que las alianzas políticas no obedecen a directrices nacionales, sino que se negocian a escala local según lógicas propias de cada región. Según su criterio, para confirmar prácticas como el llamado voto fusil o proselitismo armado se requiere identificar patrones repetidos en al menos tres procesos electorales consecutivos y trabajo de campo directo, por lo que las inferencias basadas solo en cifras agregadas generan incertidumbre metodológica.

Por su parte, los analistas Mauricio García y Andrés Pachón, investigadores del Centro de Estudios Constitucionales y Sociales (CECONS), han publicado en el informe Dinámicas de Poder y Elecciones en Colombia: 2022-2026 (mayo de 2026) que la historia electoral del país registra de forma constante la interacción entre violencia y dinámicas partidistas. En su estudio advierten que en zonas con trayectoria histórica de presencia de grupos armados se presentaron resultados electorales muy elevados para determinadas candidaturas, lo que permite suponer que estas prácticas pudieron haberse materializado en espacios específicos. Plantean que la dificultad para demostrarlo con los datos disponibles no equivale a su inexistencia, por lo que el escrutinio completo mesa por mesa se convierte en el paso fundamental para cruzar información y constatar con rigor lo que hasta ahora es materia de debate. Se trata por tanto de un fenómeno no binario, donde la duda metodológica y la experiencia histórica conviven en el análisis público.

Ante este panorama de tensiones, resulta imperativo nombrar las responsabilidades con la mayor contundencia: Gustavo Petro desperdició de manera rotunda una oportunidad histórica para la transformación del país. El mandatario tenía pleno conocimiento de que el camino no sería sencillo; aun así, la constante improvisación, los recurrentes escándalos y una gestión operativa, administrativa y ejecutiva profundamente decepcionante terminaron por sepultar las expectativas ciudadanas, dejando a los sectores de izquierda ante una encrucijada crítica. La contienda en las urnas ya se definió; corresponde actuar bajo los principios de la madurez civil, reconocer a quien obtuvo el triunfo en franca lid y volcar los esfuerzos a defender la institucionalidad democrática. En mi ejercicio como educomunicadora y periodista ciudadana expresé en los escenarios de debate lo que consideraba necesario, de frente, con total independencia y sin cálculos acomodados. Hasta este punto llega mi participación en esa disputa, bajo la certeza de que un proyecto político que perdió el rumbo y traicionó sus promesas de mejora no merece respaldos eternos. Ejercer la autocrítica frente al poder no constituye un acto de traición; representa una obligación ética ineludible. Quienes gobernaron deberán asumir el costo de haber conducido a la nación hacia este escenario de vulnerabilidad. Muchas voces advertimos con suficiencia los descarrilamientos del proceso, las directrices erráticas y los riesgos de la soberbia, la cual prefirieron anteponer antes que abrirse a la corrección y al diálogo técnico. El resultado de ese empecinamiento está a la vista de toda la ciudadanía. Frente a la incertidumbre venidera, mi postura se mantiene firme: seguiré defendiendo los principios democráticos y los derechos humanos, no gobiernos ni caudillos de turno.

Cuando sostengo que la izquierda se encuentra en una situación crítica, es necesario hacer una precisión conceptual de rigor: este momento de quiebre no se debe a una falta de respaldo en las urnas. Los más de 12,6 millones de votos obtenidos por Iván Cepeda constituyen un caudal histórico incuestionable que le otorga una legitimidad indiscutible a su propuesta, consolidando a ese sector como una fuerza política masiva e impresionante que dejó atrás la condición de minoría marginal. La fragilidad real radica en el vaciamiento de su independencia: la izquierda está debilitada en la medida en que se convirtió en sinónimo exclusivo de petrismo. El error estratégico consistió en que casi la totalidad de los liderazgos progresistas se matricularon bajo la marca personal de Gustavo Petro, una subordinación identitaria que difícilmente tendrá larga duración. En una democracia real que ejerza un control político efectivo, el presidente saliente tendrá que rendir cuentas ante las instituciones y la sociedad de la misma forma exacta en que le correspondió en su momento al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La historia se repite y las exigencias de transparencia deben ser idénticas: se requiere investigar formalmente y a fondo cada hecho presuntamente irregular acontecido en este gobierno. Si las evidencias lo ameritan, Petro deberá ser llamado ante la justicia. De materializarse este escenario judicial, la izquierda enfrentaría el periodo más complejo de su historia, trayendo consigo un desenlace saludable para el debate público: el derrumbe definitivo de la superioridad moral que exhiben los extremos. Sin pedestales éticos falsos, ambos bandos se verían obligados a mirarse cara a cara desde la ventana, reconociendo que, a pesar de sus discursos opuestos, guardan profundas y lamentables semejanzas estructurales. El futuro dirá qué rumbo toman los acontecimientos; no considero impecable la gestión de la izquierda petrista y resulta evidente que la entrega absoluta de las banderas sociales a un único apellido pasará una factura política sumamente alta en el porvenir partidista de Colombia.

Escribo esta columna hoy, justo un par de días después de que las urnas de la segunda vuelta presidencial se cerraron y mientras los escrutinios oficiales confirman con precisión matemática lo que el preconteo nos arrojó el domingo. El debate nacional está encendido: ¿tenemos o no tenemos presidente? Considero que sí debemos aceptarlo. La diferencia en los números es mínima, un margen estrecho que nos ubica ante una realidad innegable. Este resultado ocurrió bajo la política del miedo, en unas elecciones donde las mayorías no estaban conformes ni felices; todo lo contrario, la ciudadanía salió resignada a las urnas. Votó mucha más gente de la habitual, buscando evitar lo que consideraban el mal mayor.

La atmósfera democrática actual se ha tornado irrespirable. El gobierno saliente profundizó una horrible polarización cargada de miedo, un escenario donde todas las personas habitan la incertidumbre y ya nadie sabe en qué creer exactamente. Esta estrategia del antagonismo constante ha fracturado de tal manera la confianza colectiva que, paradójicamente, convierte al mandatario en el responsable principal del regreso de la derecha al poder. Al dinamitar los puentes y asfixiar los matices, su gestión clausuró la posibilidad de construir un proyecto de cambio sostenible.

Ante este panorama, la urgencia de una tercera vía democrática —un partido sólido de centro— se hace evidente. Mientras esa alternativa real se consolida, surge una certeza ciudadana pragmática: para salvaguardar la democracia y asegurar algún tipo de equilibrio en el juego del poder, la alternancia drástica parece el único camino viable. Preferiría que la dirección del país cambie de manos de forma estricta, cuatro años para la derecha y cuatro años para la izquierda, antes que permitir que un solo bando arrase con las instituciones en nombre de su verdad absoluta.

Esta realidad me evoca inevitablemente una época oscura que, por cuestiones cronológicas, no viví directamente. Nací en 1979, un año donde el Frente Nacional ya había concluido formalmente su vigencia de alternancia obligatoria (1958-1974), y los ecos de la violencia rural bipartidista de los años cincuenta se sentían lejanos en el calendario. Sin embargo, entiendo de forma nítida lo que sucedió gracias a la memoria viva de las personas adultas que me explicaron detalladamente ese horror. Comprendo perfectamente cómo el fanatismo sectario deshumanizó a la sociedad colombiana. Volver a recrear esos escenarios de odio totalitario, donde el país se divide de forma binaria entre salvadores y villanos, es un retroceso histórico que la ciudadanía no merece sufrir otra vez.

Tocará esperar el rumbo de los acontecimientos. Es tiempo de comprender lo que está sucediendo: un país dividido, polarizado, asustado. Una realidad que supera la ficción. Ya es hora de empezar a pensarnos la democracia desde un lenguaje que construya, cuestionando la política social tanto como la política económica, encontrando la manera de proponer respuestas con filigrana pedagógica.

El lugar de enunciación: Memoria y autoridad vital

Para comprender a cabalidad las tensiones de esta Colombia post-electoral, necesito situar el lugar exacto desde donde construyo este pensamiento. Esta narrativa no responde a la vanidad académica ni al ánimo de victimismo; se presenta para evidenciar que lo que aquí se afirma, se critica y se confronta nace de una autoridad vital grabada en la piel y una metaconciencia forjada en la superación que ha acompañado todo mi recorrido. Yo me ubico como educomunicadora y no doy por sentado que mis interlocutores e interlocutoras saben todas las cosas que menciono; por eso, desde el lenguaje educomunicativo, mi deber es explicar cada concepto con filigrana, desmenuzando los términos para que nadie quede excluido de la comprensión de este análisis.

Nací en la pobreza extrema, una condición que marcó mis primeros años de vida en un entorno donde el sistema educativo tradicional no supo responder a mi realidad. Sin una red de apoyo familiar que comprendiera lo que significaba crecer en la precariedad, alcancé solo hasta octavo grado —la mitad del bachillerato—. En ese entonces era plenamente consciente de mi analfabetismo funcional, condición definida en estudios educativos como aquella en la que una persona, a pesar de dominar la lectura y escritura básica, no logra adquirir las herramientas necesarias para comprender textos complejos, redactar con fluidez o estructurar pensamientos con la profundidad que exige la autonomía intelectual. A los 21 años, sin haber validado la primaria ni el bachillerato, gané por mérito propio un espacio de formación en actuación, compitiendo con personas que buscaban la misma oportunidad. Fue un encuentro determinante que me acercó a los textos, a las historias y a la comprensión de la condición humana. Allí pude nombrar lo que hoy se define como alta sensibilidad, característica estudiada en neurociencia como una variación del sistema nervioso central que procesa estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos con mayor intensidad y profundidad que el promedio poblacional. La vida siguió su curso en medio de profundas desigualdades y durante años continué construyendo mi formación de manera empírica y reflexiva.

Solo hasta los 33 años, tras múltiples intentos, logré validar mis estudios básicos. Lo hice con el propósito de ocupar mi lugar en el mundo con dignidad integral, sin sentirme en desventaja ni en condición de usufructuaria de espacios ajenos. Ese proceso fue posible gracias al acompañamiento de mujeres del tejido social que promovieron los recursos para mi empoderamiento. Debí esperar siete años más para ingresar a la educación superior; mientras tanto, me desempeñé como activista y periodista ciudadana, aplicando los conocimientos de la vida, aun sin contar con un título profesional, con convicción y experiencia demostrable. Finalmente, a los 40 años, una persona que prefirió mantenerse en el anonimato financió mi educación universitaria sin pedir lealtades ni obligaciones. Gracias a ello terminé mi pregrado y actualmente curso la Maestría en Interculturalidad y Educación.

Desde la sociología se entiende mi trayectoria a través del concepto de movilidad social, definida como la capacidad de un individuo o grupo para desplazarse de un estrato social a otro, de forma ascendente o descendente. Nací en la pobreza y me resistí a permanecer en ella; hoy pertenezco a la clase trabajadora. Cuento con una familia donde, gracias a un empleo de carácter estable, no faltan los bienes fundamentales para la vida. Conozco con precisión la vulnerabilidad de este estrato: lo único que sostiene nuestra situación es el ingreso mensual, y su pérdida implicaría de nuevo el riesgo de caer en la privación. Esta dualidad —el logro alcanzado y la memoria de la precariedad— es lo que me permite ver la realidad sin filtros. Por ello distingo entre conciencia de clase y odio de clase. La conciencia de clase se define como la capacidad de identificar la propia posición social, comprender las dinámicas estructurales que la determinan y actuar con solidaridad estructural colectiva. El odio de clase se manifiesta como rencor irracional, que niega la complejidad de las relaciones sociales, estanca el progreso en demandas sin contrapartida y dificulta la construcción de soluciones compartidas. Mi autoridad proviene de la verdad inapelable de la desventaja superada a través del esfuerzo, la solidaridad real y una profunda formación académica.

Desigualdades, capital y la farsa electoral

No me alcanzaría una sola columna para desglosar la totalidad de mis testimonios de vida y mis experiencias, que abarcan realidades profundamente complejas. Es necesario visibilizar un asunto altamente problemático: el impacto que produce la llegada abrupta del dinero a la vida de una persona cuya historia ha estado atravesada por las desigualdades, por factores psicosociales desfavorables y por traumas personales derivados de la carencia. La existencia me permitió experimentar en un momento dado la posesión de una cantidad de dinero exuberante que bajo ninguna circunstancia esperaba. Al tenerla en mis manos, el peso de los vacíos históricos y la falta de preparación previa hicieron que no supiera qué hacer con ella, lo que me llevó a un proceso de reestructuración personal y conceptual. Tuve que volver a entender la existencia desde la perspectiva de quienes no tienen recursos, reafirmando que los medios económicos son importantes, si bien su efectividad real tiene que ir de la mano de la formación, de la información veraz, de la capacidad para asumir responsabilidades estructurales, de la actitud constructiva y del talento desarrollado.

Por esta razón resulta indispensable pensarnos un capitalismo humanista, modelo económico que protege la libre empresa, el mercado y la propiedad privada, sitúa el bienestar de las personas, el acceso equitativo a las oportunidades y el desarrollo integral como los ejes rectores de la productividad, impidiendo que el capital se deshumanice o se convierta en una herramienta de opresión. Mi forma de ser y pensar se ha consolidado con respaldo profesional: soy una persona autista, disgráfica y con alta sensibilidad. Esta condición constituye una perspectiva distinta para percibir lo que permanece oculto: las reglas no escritas, los mecanismos de dominación y la forma en que se construye la opinión colectiva.

La democracia colombiana funciona actualmente como una farsa coercitiva donde la deliberación técnica, ejecutiva o programática ha desaparecido. Asistimos a una movilización histórica: más de 12 millones de personas respaldaron la opción de Abelardo De la Espriella y una cifra equivalente arropó la propuesta de Iván Cepeda. El análisis operativo de estas cifras revela un contexto complejo que invita a la reflexión. Esta histórica afluencia de ciudadanos y ciudadanas a las urnas no fue la consecuencia de una ya madurada ola de conciencia democrática o de una epifanía colectiva sobre el destino nacional. Millones de personas salieron a las calles impulsadas por la necesidad de manifestarse, buscando desahogar el pánico profundo que la campaña mediática sembró en sus conciencias. En Colombia no se votó esperando lo mejor para el país; se votó con el único objetivo de contener un mal mayor. El electorado acudió a las urnas movido por el temor, atrapado en una encrucijada donde la deliberación política desapareció para dar paso a la gestión del riesgo percibido.

Tal como se describe en estudios sobre comportamiento electoral, las elecciones se convierten en momentos de polarización extrema donde el voto funciona como un mecanismo de protección frente a la amenaza percibida del bando contrario. Para la mitad del país, el peligro inminente estaba encarnado en Abelardo De la Espriella, percibido como figura asociada a cambios estructurales profundos. Para la otra mitad, el espanto se materializaba en la figura de Iván Cepeda, presentado como representante de una línea política determinada. La ciudadanía no eligió modelos de desarrollo; eligió la alternativa que consideró menos dañina frente a la perspectiva de cambio radical propuesta. Incluso el voto en blanco y el notable incremento del voto nulo fueron respuestas directas a este diseño del escenario electoral. No constituyeron salidas cómodas ni posturas de tibieza intelectual; fueron la manifestación física de la postura de miles de personas que no se reconocieron en ninguna de las propuestas presentadas. Vivimos una etapa donde la democracia se ve atravesada por dinámicas de polarización y manipulación de percepciones.

El asunto del proselitismo armado es un tema que ha sido cuestionado históricamente en este país. Se trata de una situación delicada que se ha presentado en distintas campañas a lo largo del tiempo. En esta ocasión hay quienes afirman que también se presentó. Para sostener esta afirmación se requieren pruebas contundentes, evidencias reales y verificables, que se presenten ante la autoridad competente para su revisión. Sabemos que estas versiones han circulado y también reconocemos que, a lo largo de la historia, el proselitismo armado ha estado presente en mayor o menor medida para favorecer a ciertas candidaturas. Igualmente tenemos conocimiento de que algunos grupos armados expresaron abiertamente su respaldo a Iván Cepeda, situación que fue denunciada públicamente por Claudia López.

Es necesario contrastar esta información con las realidades del tejido social independiente. Es cierto que miles de ciudadanos, ciudadanas y colectivos organizados reunieron recursos propios para la mejora de las condiciones de desplazamiento de votantes: pagaron transportes y cubrieron gastos para que la gente pudiera acudir a las urnas por decisión propia. No es justo ni preciso desconocer esta realidad comunitaria, homologando toda movilización popular a la influencia de los actores al margen de la ley. Colombia es una nación marcada históricamente por la influencia del narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y la corrupción; en este contexto, cualquier escenario resulta posible. Si existe evidencia real de que la movilización masiva en las periferias se produjo por presión armada a favor de alguna candidatura, esa información debe demostrarse ante las instancias correspondientes con rigor y sin generar alarmas destinadas a infundir terror.

Tengo constancia de que muchas organizaciones civiles recolectaron fondos de manera autónoma para que personas de bajos recursos económicos pudieran llegar a los puestos de votación. En contraste, en zonas urbanas como Bogotá, muchos trabajadores y trabajadoras de la clase menos favorecida no lograron ejercer su derecho al voto por no obtener permisos de carácter laboral en sus empleos. Es una realidad innegable: el voto sigue siendo, en la práctica, un privilegio de clase. No todas las personas cuentan con las mismas condiciones de tiempo, recursos o libertad para ir a sufragar. Esa exclusión estructural ha sido la verdadera cara de nuestra democracia a lo largo de la historia.

Desmontar el secuestro de las causas y el dolor

El propósito fundamental de esta reflexión sobre la democracia colombiana es denunciar y desmontar el tráfico de derechos, la instrumentalización del dolor, el secuestro ideológico de las causas sociales por parte de los paradigmas partidistas de turno y, por encima de todo, levantar una demanda innegociable por la libertad individual y colectiva. Todos y todas deberíamos ser profundamente agradecidos por los apoyos recibidos a lo largo de la vida. El tejido humano se sostiene cuando reconocemos la solidaridad recibida, y todos y todas deberíamos actuar con reciprocidad y responsabilidad para impulsar las transformaciones sociales que el país reclama de manera urgente. El servicio mutuo es la base de la dignidad humana.

Es necesario trazar una línea ética divisoria: nadie, absolutamente nadie en esta tierra está obligado a mantener obediencia permanente a otra persona. La gratitud por los apoyos recibidos jamás puede confundirse con una hipoteca de la conciencia o una sumisión perpetua, por mucho que signifique la compañía de determinados liderazgos en la historia del país, por mucho que hayan aportado sus procesos y por valioso que haya sido su papel en su momento.

Rechazo tajantemente la pretensión clasista e inaceptable de que las personas que pertenecemos a las clases medias trabajadoras y que hemos venido desde las entrañas de la desventaja tengamos por obligación una deuda de obediencia eterna con una fuerza política determinada o con el redil ideológico de la izquierda petrista. Las causas sociales en este país existen, han existido desde antes y desde siempre. Seguirán existiendo con fuerza propia y sin matrícula partidista; existen independientemente de cualquier Mesías o color de bandera. Es profundamente violento que se pretenda forzar a una persona a adherirse a un único redil ideológico, aunando o anulando su capacidad crítica, bajo el pretexto de que su origen popular la condena a ser sumisa a una postura o a una bandera política. Habito el “sin lugar”, un territorio de independencia absoluta donde mi voz no se negocia ni se somete a casillas de identidad estatales para obtener representatividad.

Iván Cepeda insistió de manera reiterada en que un modelo con características sociales y económicas determinadas era lo que su campaña proponía y buscaba para el país. Su discurso no logró convencer a una inmensa porción del electorado por encontrarse ligado de manera directa a la línea política del gobierno anterior. Su propuesta careció de fuerza persuasiva debido a que, hasta el último momento, se introdujeron modificaciones en sus planteamientos para responder a coyunturas y directrices externas. Tampoco logró conectar plenamente porque el país fue privado de debates abiertos y profundos donde se pudieran contrastar los modelos con rigor técnico y ejecutivo.

En lo personal, tenía una claridad absoluta desde hace mucho tiempo: mi postura política se definió con antelación, independientemente de las contiendas electorales. La democracia no se define por la voluntad de un individuo aislado; estas elecciones fueron el resultado de millones de personas tomando decisiones bajo la influencia de factores emocionales y contextuales. Por un margen muy estrecho, el escenario colectivo permitió que ganara Abelardo De la Espriella.

Necesitamos entender la historia del país, reconocer el dolor histórico, tratar de restituir derechos a las víctimas, buscar la reparación y no permitir que la impunidad se convierta en cultura. Paralelamente, tenemos que avanzar. No hay otra vía posible. No podemos quedarnos estancados en la memoria del sufrimiento. Tenemos que poder leer las páginas de nuestra historia y seguir avanzando, de manera que logremos asimilar la vivencia colectiva, aun cuando algunas partes nunca podamos comprender plenamente. De eso se trata la reexistencia: la construcción de vida y futuro fuera de los márgenes impuestos.

Entender que la corrupción y la violencia atraviesas de manera transversal toda la historia de la política colombiana es una realidad sumamente dura. Es doloroso saber con certeza que habitamos un país donde ejercer los derechos políticos, levantar la voz o manifestar disidencia nos puede costar la vida. No se nos puede olvidar la memoria de los cientos de personas que han perdido la vida en el territorio nacional por el simple hecho de ser activistas, por defender los derechos colectivos, por no alinearse con posturas determinadas, por militar en sectores políticos diversos o, en incontables ocasiones, por mera sospecha en medio del conflicto armado.

En el periodo gubernamental reciente, cientos de pacientes perdieron la vida dentro de un sistema de salud que se propuso renovar y transformar. Al no contar con el consenso técnico ni con la viabilidad operativa para sacarlo adelante, las decisiones institucionales terminaron por colapsar la estructura de aseguramiento y prestación de los servicios. La realidad objetiva es que el sistema colapsó y ese desabastecimiento cobró vidas humanas reales.

Venimos de ejercicios políticos profundamente violentos que se han manifestado en todos los colores ideológicos y en todas las formas posibles. Es la hora de que entendamos lo que verdaderamente está sucediendo: la sociedad colombiana está asustada y estamos edificando una noción de país a partir del terror. Nada bueno ha surgido jamás cuando el motor que lo impulsa es el pánico. Tenemos la obligación ética de encontrar la manera de hacer política donde la deliberación democrática no proceda del temor, ya sea este de carácter moral, psicológico o físico.

El andamiaje teórico: La coordinación tribal y la hipermoralización

Aquí es donde mis señalamientos encuentran su eje central en la tesis de David Pinsof, expresada en su ensayo Democracy is Bullshit (2026). Este texto constituye el marco conceptual que sustenta este análisis. Mis posturas dialogan directamente con estas ideas para desarmar la visión romántica de la democracia, al demostrar que los sistemas electorales no son espacios libres de deliberación racional.

La democracia funciona como un mecanismo de coordinación grupal donde las propuestas políticas y los discursos morales no operan como conocimientos técnicos, sino como señales de lealtad para aglutinar bandos, acumular estatus y enfrentar al adversario. El conocimiento auténtico y la libertad individual suelen ser sacrificados en el altar de la aprobación colectiva, obligando a la ciudadanía a adoptar posiciones dogmáticas solo para demostrar pertenencia a una coalición. Esta dinámica se define como tribocracia: orden político donde la sociedad se fragmenta en grupos cerrados, unidos por vínculos de identidad y lealtad, más que por ideas o acuerdos. Su regla fundamental es la división entre quienes pertenecen al grupo y quienes son considerados ajenos o enemigos.

La tribocracia opera a través de dos mecanismos centrales: la indoctrinación y las doctrinas que limitan la libertad. La indoctrinación consiste en transmitir una única versión de la realidad de forma unidireccional, sin permitir duda ni confrontación con otras perspectivas. Su objetivo es generar seguidores obedientes, no personas con pensamiento propio. Por su parte, las doctrinas que restringen la libertad se presentan como la única vía hacia la justicia, imponiendo un modelo único de pensamiento y conducta que elimina la pluralidad de visiones mediante la repetition de consignas vacías.

Esta dinámica se ve agravada por la hipermoralización detallada por Pablo Malo Ocejo, donde las demandas sociales se convierten en armas punitivas de linchamiento público y estigmatización grupal. Vivimos el fenómeno que Pier Paolo Pasolini denominó el “fascismo de los antifascistas”. Sectores que se proclaman enemigos del autoritarismo adoptan métodos dictatoriales de censura, cancelación y deshumanización contra la disidencia. Este totalitarismo moral se disfraza de corrección política para exigir obediencia ciega, transformando la justicia social en un pretexto para el control de las conciencias.

La lucidez de la orilla comunitaria: La urgencia del equilibrio

Como mujer que habita este rincón del mundo, soy plenamente consciente de mi escala. Yo sola no puedo fundar movimientos ni proponer grandes transformaciones estructurales; carezco de la riqueza económica, del poder institucional y de la fuerza política organizada para alterar este tablero por mi propia cuenta. Soy una sola ciudadana frente a maquinarias gigantescas. Sin embargo, desde la orilla de la comunicación ciudadana, la labor periodística comprometida con el desarrollo humano, la experiencia viva acumulada en el cuerpo y las herramientas conceptuales aportadas por mis estudios sobre interculturalidad crítica, se me hace un imperativo ético advertir la realidad sin rodeos. Con base en esta visión, resulta completamente evidente que la sociedad colombiana necesita con urgencia una tercera vía democrática y un partido sólido de centro con el carácter necesario para sacarnos del secuestro de los extremos ideológicos. Mientras esa opción se forja colectivamente en el tejido social, la sensatez nos obliga a valorar la alternancia drástica de fuerzas como un mecanismo para asegurar el equilibrio mínimo. Romper la inercia del miedo totalitario y devolverle la autonomía intelectual a las personas es el único camino para resguardar las instituciones, permitiendo que la democracia sobreviva más allá de las fronteras de la manipulación y el fanatismo corporativo.

Jennifer Pedraza: la fuerza de una trayectoria de lucha

Empiezo celebrando una victoria que constituye un acto de higiene institucional y un respiro para la salud de nuestras instituciones: la llegada de Jennifer Pedraza al Senado. Mi voto por ella, del cual fui orgullosa divulgadora en mis espacios de construcción —humildes, jamás modestos—, no es un hecho menor. Estamos hablando de una mujer que, antes de cumplir 40 años, ya es senadora, tras una vida entera dedicada al activismo desde los 14 años. Su carrera ha sido coherente, valiente y situada. Conquistar la única curul de izquierda que se mantiene firme fuera del petrismo es una hazaña histórica que marca un precedente para la izquierda que no se vende. Quitarles esas sillas a la vieja guardia de los conservadurismos abstractos y a los corruptos de siempre es una ganancia directa para las ciudadanías. Esta victoria me llena de alegría y orgullo, pues representa la apuesta por liderazgos que, desde la juventud y la técnica, disputan el poder con manos limpias; un fenómeno que me recuerda a Hannah Arendt, quien en su obra La condición humana sostiene que la acción política es el espacio donde los individuos se revelan en su singularidad. Desde esa mirada académica, confirmo que lo de Jennifer es un renacimiento de la acción política genuina frente a la burocracia deshumanizante que tanto nos ha costado erradicar.

2. El voto no es discipular: la tensión por el trabajo sexual

Es fundamental aclarar que mi apoyo a Jennifer es un voto coyuntural que reconoce tensiones inevitables, pues la política no es un ejercicio de idolatría, sino de confrontación honesta. Nunca seré una feminista abolicionista; es una postura que he sustentado por casi dos décadas y que me llevará, seguramente, a dar debates profundos con ella. Como alguien que honra la memoria y el legado de Maya Angelou, me sumo a su voz y a su historia de vida. Angelou fue una mujer que habitó la experiencia del trabajo sexual en su juventud y la reconoció con una honestidad brutal, negándose a ser definida por el estigma. Su legado es un recordatorio de que la dignidad humana es innegociable. Me inspira profundamente su convicción de que “hacemos lo que podemos con lo que sabemos, y cuando sabemos más, lo hacemos mejor”. Desde esta ética, entiendo que la reglamentación del trabajo sexual no es un capricho, es una justicia histórica necesaria; el activismo que transforma debe mirar la realidad de frente, sin la venda del prejuicio que tanto daño ha causado a las mujeres que, como Angelou, supieron sobrevivir y elevarse por encima de la mirada que intentaba silenciarlas.

3. La ética del activismo frente al poder

En primera vuelta voy con Fajardo .No tengo reparo en decirlo: mi distancia con Iván Cepeda es total. Su ambigüedad frente a la tiranía de Maduro —esa puesta en escena de “comillas” con los dedos al hablar de dictadura—, su apertura a una Constituyente y el respaldo de grupos alzados en armas al modelo de gobierno, comprometen la paz real. En este escenario, mi voto coyuntural busca elegir el menor mal posible para el próximo periodo presidencial de cuatro años. La disputa es entre una democracia participativa imperfecta versus la posibilidad de una tiranía, donde los activismos terminan siendo moneda de cambio para las “jugaditas” dentro del poder. El petrismo ha instrumentalizado las causas sociales, y esto es más evidente que nunca. Defiendo que los activismos deben ser multipartidistas y transversales; no pueden ser una moneda de cambio, pues son el ADN de nuestras luchas. El activismo que transforma es el que llega al poder para servir. Mi postura dialoga con Chantal Mouffe, politóloga belga que propone el “pluralismo agonístico”, concepto que explica cómo la democracia sana debe permitir el conflicto genuino entre adversarios, evitando que los partidos coopten las causas sociales para convertirlas en mercancía electoral; por eso insisto en que el activismo no puede ser una simple estrategia de validación de los mismos de siempre.

4. Dictaduras modernas y la urgencia de la cívica

En Colombia, nuestra educación cívica es deficiente; olvidamos en el cansancio del diario vivir que nuestra democracia se sostiene sobre el equilibrio de los cuatro poderes fundamentales. Las dictaduras modernas ya no nacen de guerras, sino de estrategias de manipulación que se apalancan en la legalidad para cooptar instituciones desde el Congreso, tal como vimos en Venezuela. Un presidente de la misma línea que la mayoría del Congreso puede hacer lo que quiera, mientras una presidenta —por extrema que sea— no podrá imponerse ante un Legislativo contrario. Mi postura es pragmática: quiero un país en democracia, donde podamos construir escuelas cívicas —lejos del adoctrinamiento— y vivir sin miedo. En primera vuelta, mi apuesta es Sergio Fajardo, quien representa mis valores; suplico al universo el milagro de su elección. En segunda vuelta, no votaré por quien respalde el modelo actual. Mi reflexión se apoya en Boaventura de Sousa Santos, sociólogo que analiza las democracias en crisis desde el Sur Global; él nos recuerda que el peligro inminente es la “desdemocratización” que ocurre cuando las instituciones pierden su independencia. Nos toca ser coyunturales; mientras los extremos se culpan, nos falta una fuerza política sobria, intelectualmente capaz de reconocer lo bueno de sus contrarios y lo malo de sus semejantes.

5. Habitar el mundo como una mujer putamente libre

Finalmente, hablo amparada en los artículos 18, 19 y 20 de nuestra Constitución. Siguiendo a Rita Segato, antropóloga fundamental que nos invita a un feminismo “de territorio” y no de escritorio, entiendo que mi mayor objetivo en la vida es ser una mujer putamente libre, y mi mayor deseo para todas las mujeres, enfáticamente en Colombia, es que podamos vivir así. Segato explica que el poder patriarcal se sostiene en la capacidad de controlar los cuerpos y los proyectos de vida; por eso, el feminismo debe ser un pensamiento que libera al territorio del miedo. Defiendo la democracia coyunturalmente. Estoy convencida de que si el Congreso es mayoritariamente petrista, lo lógico para el equilibrio es que la presidencia no lo sea. Es difícil y tensionante escoger entre un hombre de izquierda y una mujer de derecha; la realidad es que el riesgo de perder los derechos por una deriva autoritaria es un precio que no podemos pagar. Ante este panorama, les pregunto: ¿estamos dispuestas y dispuestos a proteger la arquitectura de nuestra democracia, o dejaremos que la idolatría política nos ciegue hasta perder el derecho a disentir?

El centro Colombiano

Nos repiten en los extremos una y otra vez ” el centro no existe” ¿Si no existimos porque nos “dan lora” por el voto? El ejercicio del sufragio en el actual panorama político trasciende la mera simpatía partidista para convertirse en un acto de defensa institucional y soberanía popular. Al analizar la dispersión de las fuerzas de centro, resulta evidente que la incapacidad de figuras como Sergio Fajardo y Claudia López para consolidar una coalición robusta generó una fragmentación que afecta la coyuntura nacional. No obstante, la participación activa en primera vuelta por opciones que representen la moderación —como la candidatura de Fajardo— sostiene la promesa de una democracia plural. Este compromiso se fundamenta en el Artículo 3 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo; por tanto, el voto no es un símbolo vacío, sino la herramienta jurídica para evitar el ascenso de modelos de gobierno con tintes autoritarios o simpatías hacia regímenes dictatoriales.

La decisión de quienes integran el centro político, ante la posibilidad de un escenario de segunda vuelta, debe orientarse hacia un pragmatismo ético que priorice la estabilidad del Estado social de derecho sobre las imposiciones morales de los extremos. Siguiendo el Artículo 40 constitucional, la participación política constituye el núcleo de la democracia y exige elegir alternativas que, aunque se consideren imperfectas, aseguren la continuidad del trabajo social y la inclusión simbólica. En conclusión, votar a conciencia significa rechazar las narrativas que validan figuras vinculadas a ideologías totalitarias, como las representadas por Iván Cepeda en su afinidad con modelos externos, para proteger la esencia de la participación ciudadana y la libertad de pensamiento en todas las personas.

Querida Margarita Rosa de Francisco:

Te hablo hoy como interlocutora, situándome a la altura de cualquier discusión humanista, porque genuinamente creo en ti. Pese a todas nuestras diferencias partidistas, tú misma dijiste que éramos amigas y yo me lo tomé en serio, tanto en público como en privado. Recuerdo con cariño todas y cada una de las veces que hemos compartido personalmente, ya sea virtualmente o cara a cara. Espero de corazón que tengas razón en todas tus defensas; es mi deseo más honesto estar equivocada y descubrir que este gobierno no es el desastre que hoy percibo. Sin embargo, mi deber ético es confrontar lo que dices desde la honestidad intelectual y cognitiva. Mientras el tiempo le da la razón a alguna de las dos, debo realizar estos ejercicios comunicacionales con fines estrictamente cívicos. No comparto los rumores malintencionados sobre intereses oscuros detrás de tu postura. Sé que defiendes tus convicciones con absoluta fe en el modelo de gobierno de Gustavo Petro, en el petrismo y en lo que hoy es la izquierda colombiana. Por esa inteligencia tuya que tanto reconozco, me sorprende encontrarte aferrada a la dialéctica erística presidencial, aceptando un modelo que parece haber olvidado la gestión técnica sobre el discurso.

Mi deber Educomunicativo me obliga a escribirte esta carta, porque la realidad exige un contraste que el relato oficial intenta silenciar.

Kevin: De la tragedia a la revictimización estatal

Margarita Rosa, el caso de Kevin no es una estadística ni una “particularidad” del sistema. Kevin era un niño cuya existencia dependía de la garantía estatal de sus medicamentos. Al publicar la historia clínica del menor en redes sociales, el presidente de la República incurrió en una falta grave contra el derecho a la intimidad y la reserva médica (Ley 23 de 1981). Resulta desolador observar cómo se intenta justificar una falla administrativa señalando las decisiones de cuidado de su madre.

La economista y experta en salud pública Sonia Fleury, referente del pensamiento crítico latinoamericano, sostiene que la salud pública no puede ser un instrumento de propaganda, sino un derecho de ciudadanía garantizado por la eficiencia del Estado. Yo agregaría que, cuando el Estado usa el dolor de una madre para salvar su imagen, comete violencia institucional. Cualquier madre tiene el derecho legítimo de postergar una cirugía buscando la mejor posibilidad para su hijo; esa es la esencia de la protección maternal. Señalar que la madre no aceptó un procedimiento o que el niño realizaba actividades recreativas es una estrategia de revictimización cruel. La medicina para la hemofilia debió estar disponible de manera inmediata. Kevin falleció en medio de la burocracia de un sistema de salud en decadencia.

Cifras que interpelan el relato

Me cuestiona profundamente observar la celeridad con la que fluyen recursos para asuntos ajenos a la garantía de la vida. Mientras los pacientes denuncian desabastecimiento, el país presencia escándalos financieros documentados: las irregularidades en los contratos de la UNGRD por más de 46.000 millones de pesos, o los gastos en imagen que contrastan con la austeridad impuesta a los hospitales.

En este escenario, diversas voces desde el activismo cuestionan la influencia del señor Vicente Calvo. Se menciona que, presuntamente, su rol responde a una lealtad ideológica funcional al relato oficial, al parecer sin una trayectoria técnica académica reconocida que sustente decisiones de tal impacto. Según datos de la Superintendencia de Salud y de la Defensoría del Pueblo, las quejas por inasistencia médica han alcanzado niveles históricos. En el último año, las tutelas por falta de entrega de medicamentos aumentaron significativamente; informes sectoriales sugieren que presuntamente este gobierno ha generado un incremento en la mortalidad evitable debido a la parálisis administrativa en el flujo de recursos. La economista Mariana Mazzucato propone que el Estado debe generar valor público real, no uno que descuide lo esencial. ¿Por qué existe dinero para tantas excentricidades y tan poca voluntad para asegurar el suministro farmacéutico diario?

Una reforma que debió ser posibilista

Margarita Rosa, decir que se han salvado vidas por combatir la desnutrición es un avance que todas las personas celebramos. Esa realidad no borra ni justifica las muertes por inasistencia médica. Como afirma la teórica feminista Joan Tronto en su ética del cuidado, cuidar es una actividad política que requiere responsabilidad y competencia técnica. Un gobierno que se autoproclama “de la vida” debe ser coherente. Era posible realizar una reforma posibilista: paulatina, dialógica y técnica, que corrigiera los abusos de las aseguradoras sin destruir el acceso a los fármacos. Las estadísticas de la ADRES muestran que los retrasos en los pagos a prestadores han agudizado la crisis, generando una barrera de acceso que antes no tenía esta dimensión.

Kevin no murió solo por un accidente doméstico. Murió porque el Estado le negó su medicina y luego utilizó su nombre para alimentar una narrativa de confrontación. Mi invitación, querida amiga, es a recuperar la compasión por encima de la doctrina. Cuando la ideología se antepone al acceso al medicamento, el resultado no es justicia social, es negligencia absoluta.

Colofón con información a tener en cuenta para el sustento de veracidad y blindaje: Este texto se sustenta en la Ley 1751 de 2015, que consagra la salud como un derecho fundamental autónomo, y en la Ley 23 de 1981, que protege la reserva de la historia clínica. Las referencias a la crisis administrativa se basan en cifras oficiales de la Superintendencia de Salud sobre el incremento de quejas y en los reportes de desabastecimiento de Invima. Las menciones a terceros y gestiones gubernamentales se enmarcan en la presunción y el derecho a la libre opinión crítica, respaldada por autoras de reconocimiento internacional como Sonia Fleury, Mariana Mazzucato y Joan Tronto.

Jennifer Pedraza, representante a la cámara por Bogotá, tiene toda la razón en denunciar y me representa como política y como feminista.

Hechos recientes y una reflexión desde el Feminismo Artesanal

La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, del partido político Dignidad y Compromiso, denunció públicamente la hipocresía de un gobierno que instrumentaliza las causas sociales al sonar a Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud. La causa: Guerrero no cuenta con tarjeta profesional ni con la experiencia mínima requerida para el cargo.

Pedraza expuso que, hasta hace dos semanas, la hoja de vida de Guerrero en Función Pública no registraba título profesional. Sin embargo, justo antes de su nombramiento, el documento fue actualizado abruptamente a finales de agosto para incluir un título en Contaduría Pública. En respuesta a esta incongruencia, la congresista radicó varios derechos de petición, exigiendo que se certifique la formación académica y la experiencia de la funcionaria.

La joven aspirante a viceministra, de 23 años, se defendió en entrevista con Blu Radio, afirmando que se graduó y que su hoja de vida fue actualizada de forma “legítima”. Declaró que cumple el “primer requisito” para el cargo: ser joven. También señaló que ha trabajado con juventudes desde hace años, aunque no cuenta con especialización ni maestría.

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de Guerrero, sugiriendo que las críticas estaban motivadas por prejuicios de clase y raciales. Pedraza, con la contundencia que la caracteriza, respondió que exigir preparación no es clasismo, sino la garantía fundamental de idoneidad para ejercer funciones públicas.

Mi voz: una opinión desde la indignación y el compromiso

Estoy cansada. Aburrida. Triste. Decepcionada. Las causas sociales que hemos defendido con el cuerpo, con la palabra y con la vida están siendo convertidas en caricatura por culpa de traficantes de derechos, por culpa de gente sin ética que posa sin convicción. Son personas que se presentan como defensoras de derechos, como representantes de las minorías, sin haber hecho el recorrido ético, formativo y político que exige esa inmensa responsabilidad. Concuerdo con Jennifer cuando afirma que exigir Formación No es clasismo.

Sé de a una cantidad impresionante de jóvenes y personas de todas las edades en los diferentes colectivos y grupos de acción que se han esforzado por educarse, por informarse, por capacitarse. Y es el colmo que en el llamado “gobierno del cambio” se escoja a gente que no cumple cualitativa ni facultativamente —hablando en términos ejecutivos y operativos— para ocupar un cargo. Esa, sin duda, es una forma de corrupción.

El servicio público No es para improvisar

No debería ser posible que cualquier persona se convierta en política —ni edil, ni concejal, ni representante, ni nada— sin demostrar formación real en servicio a la ciudadanía. No basta con tener carisma, hablar bonito o saber moverse en los pasillos del poder. Se necesita conocimiento profundo en áreas administrativas, judiciales, sociales y políticas. Si no sabes cómo funciona el Estado, cómo se gestionan los derechos, cómo se atienden las necesidades de la gente, no deberías tener acceso a ningún cargo público.

Ni siquiera una persona que asuma el cargo de edil debería llegar a él sin una formación básica en trabajo comunitario, gestión pública o derechos ciudadanos. No se trata de exigir títulos imposibles; se trata de establecer un mínimo ético y técnico que garantice que quien aspira a representar a otras personas entiende lo que significa servir. La política no es un escenario para improvisar ni para aprender sobre la marcha a costa de la gente. Es una responsabilidad seria, que debe partir del conocimiento, la ética y el compromiso con el bien común.

Desde la ignorancia se toman decisiones que afectan vidas enteras. Y eso no puede seguir siendo aceptable. Aquí, cualquiera que hable bonito, que tenga carisma y se sepa mover con alguien en el Concejo o en la Cámara, se vuelve edil. Y si no, se mete en acuerdos económicos y legales que terminan beneficiando a unas pocas personas. La política está podrida desde las bases.

El activismo: entre la vulnerabilidad y la lucha

También hay corrupción en los activismos. Aun así, defiendo a las activistas, porque son la parte más débil de la cadena partidista. La mayoría son mujeres pobres, luchando por sus propias vidas mientras intentan servirle a la comunidad. Son las más vulnerables emocional y culturalmente, y muchas veces terminan sometidas a los caprichos del edil, que es apenas el último eslabón de esa cadena alimenticia del partidismo.

Por eso yo estoy estudiando. Para fortalecer mi experiencia de 25 años de activismo y de defensa de la política social justa y necesaria desde los diferentes activismos que me atraviesan. Estoy estudiando para tener la calificación y la cualificación necesarias para representar las causas que defiendo, donde quiera que me pare, en el lugar que esté.

No es justo que existan personas ganando sueldos con nuestros impuestos sin tener la formación idónea y la experiencia certificada en los campos de acción. Yo sé que una debe trabajar con sus cercanos, con gente de confianza. Yo eso no lo cuestiono. Sin embargo, esa gente debe ser gente cualificada. No se puede seguir menospreciando el estudio y poner a cualquiera a ocupar cargos en el Estado.

Esa es otra forma de violencia política.

Un propósito de vida: Del activismo al legado, por una sociedad neuro afirmativa y Feminista

Mi propósito de vida es aportar a la creación de colegios e instituciones con políticas y dinámicas de educación afirmativa. Para eso estudio, y para eso resisto cada día, porque ya estoy harta de confiar en la palabra de otras personas que simplemente trafican con el dolor y las necesidades ciudadanas. Hay que brindar herramientas, procesos y oportunidades para la formación integral de todas las personas, para que cada una pueda ejercer su derecho a un desarrollo humano completo. Eso implica generar políticas públicas y de Estado de inclusión y no exclusión, sin dejar de exigir cualificación a las personas que manejan nuestros impuestos y toman decisiones. Eso no es clasismo, es simple lógica. Por eso sigo trabajando para que votemos por gente digna de su investidura y de sus cargos de libre nombramiento. Busco que mi visión trascienda lo educativo y se convierta en política pública; aspiro a impulsar leyes que garanticen el desarrollo humano integral en la vida laboral y profesional. Que contemplen políticas neuroafirmativas para el trabajo, porque todas las personas tenemos derecho a desarrollarnos plenamente: en el empleo, en la educación, en la cultura, en la vida. Quiero aportar y espero que la vida me lo permita antes de morir, porque al fin y al cabo todas las personas nos vamos a morir. El asunto es qué cosas estamos dejando en este mundo antes de irnos.

La lucha por la idoneidad: un imperativo de justicia

Mi formación no se dio por atajos; me ha tomado más de 25 años. Soy como cientos de activistas a quienes les ha costado la vida educarse para que en este país existan funcionarios y políticos con cartones falsos o sin certificaciones idóneas. ¡Ya basta! Debemos exigir con vehemencia que las personas a cargo del poder sean idóneas. A mí poco o nada me importa si son hermanos, amigos, primos o amantes; me basta con que sean personas cualificadas y que no sean corruptas.

Bibliografía

• Semana – Juliana Guerrero reconoce que no tiene tarjeta profesional
• El Colombiano – Jennifer Pedraza radica derecho de petición

Uno de los aspectos más notables fue la puntualidad. A diferencia del año anterior, cuando una supuesta amenaza obligó al presidente a abandonar el podio de honor y retrasó el evento.

También es valioso resaltar el esfuerzo por descentralizar la revista militar. Este año, Santa Marta fue sede de una revista regional en conmemoración de sus 500 años de fundación. Este gesto no solo honra la historia nacional, sino que permite que más colombianos vivan de cerca el despliegue de sus Fuerzas Militares. Año tras año, esta descentralización podría convertirse en una política permanente que fortalezca el vínculo entre las regiones y la institucionalidad, llevando el símbolo de la defensa nacional a todos los rincones del país.

Entrando en materia, el cielo bogotano fue testigo de una variada muestra aérea, aunque con ausencias notables. Las unidades de reabastecimiento como el Júpiter y los C130 Hércules no hicieron presencia. En cambio, un solitario Kfir —veterano de la fuerza supersónica— surcó el aire, probablemente en una de sus últimas apariciones antes de ser reemplazado por los modernos SAAB Gripen. Su vuelo, más que una demostración de poder fue un símbolo de transición tecnológica que merece ser registrado.

En tierra, el Ejército Nacional destacó por su despliegue de unidades motorizadas y artillería ligera, mostrando capacidad operativa y movilidad. La Armada Nacional innovó con vehículos equipados con pantallas que proyectaban imágenes de sus unidades navales, acercando el mar a la ciudad. Por su parte, la Policía Nacional realizó una presentación numerosa y cercana, mostrando sus diferentes equipos de trabajo y cerrando con broche de oro la celebración de los 215 años de independencia de Colombia.

Estas palabras las escribo como una memoria de lo ocurrido, como un ejercicio de observación y valoración que nos invita a pensar en la revista del 20 de julio de 2026. ¿Qué nuevas innovaciones veremos? ¿Qué regiones serán protagonistas? ¿Cómo evolucionará la relación entre Fuerzas Militares y ciudadanía? Nos vemos el otro año para seguir evaluando las presentaciones.

Más allá del anuncio, cabe destacar que Petro no la presentó como parte de una conversación amplia o de un consenso nacional, sino como un mecanismo para forzar al Congreso a aprobar las reformas sociales que su gobierno ha impulsado sin éxito. En ese sentido, más que una invitación al diálogo constituyente, pareció un ultimátum institucional. La constituyente emergió como una herramienta coercitiva, no como una expresión democrática.

Pero ese camino no es sencillo. La Constitución del 91, nacida del espíritu pluralista, no es un texto inamovible. Por el contrario, ha sido reformada más de 40 veces. Algunas modificaciones han sido administrativas —como declarar a una ciudad “Distrito Especial”—, pero otras han tenido consecuencias profundas y contradictorias.  Por ejemplo, Uribe logró instaurar la reelección presidencial, y Santos, apenas reelegido, la abolió. La flexibilidad del texto constitucional ha demostrado que es posible adaptarse a nuevas realidades sin necesidad de fundar un nuevo Estado.

En este contexto, cabe hacerse una pregunta esencial: ¿qué es lo que está tan mal en la Constitución del 91 que amerita su completa sustitución? ¿No se tratará más bien de un intento por habilitar cambios que hoy tienen restricciones claras? Porque si lo que se busca es actualizar el texto, ya existe un camino probado —y practicado por gobiernos de todos los matices— que permite hacerlo dentro del marco legal.

La respuesta preliminar a las anteriores preguntas es que hay una única reforma que no se puede hacer por el camino parlamentario: la reelección presidencial. Santos cerró esa puerta expresamente, dejando solo dos rutas para reabrirla: una nueva Constitución o un referendo.

Antes de hablar de una Asamblea Constituyente, el país merece claridad. ¿Qué cambios busca exactamente el presidente? ¿Por qué no puede lograrlos a través de los canales actuales? ¿Y qué tipo de Constitución imagina? Solo conociendo esas respuestas podremos entender el verdadero propósito detrás de esta propuesta.

Hago eco al trabajo periodístico realizado por Alejandro Pino Calad, director de contenido de Publimetro Colombia, en su programa “Política para vagos”. Con lo que se dice popularmente como una comunicación con “bolitas y palitos” e incluso “plastilina”, Pino junto a Juan Camilo Dávila experto en política pública , explican de forma magistral la realidad detrás del sistema de salud en Colombia.

Nos llevan a entender cómo la ideología ha estado por encima de la vida y cómo los políticos, de todos los colores, han mentido en medio de verdades.

Es una oportunidad invaluable para entender las finanzas y el impacto de las decisiones que, hoy más que nunca, cobran vidas.

Luis Alfonso Jaramillo, actual ministro de salud, debería estar buscando los recursos necesarios para garantizar medicamentos y tratamientos, priorizando la vida como lo prometieron.

En cambio, parece más enfocado en desempolvar la vida y milagros del exministro Alejandro Gaviria, intentando desprestigiarlo.

Si tienen algo que decir penalmente, que lo hagan con pruebas irrefutables. Mientras tanto, deben garantizar el derecho a la salud, a la vida, y actuar con coherencia.

En mi opinión, al final de la cuenta, Alejandro Gaviria ha sido una voz enunciante contundente, a la que han intentado desacreditar de todas las formas.

Sin embargo, lo que han logrado es fortalecerlo, porque al parecer en la política partidista todo está permitido, incluso difamar y confundir.

Lo cierto es que esto ha permitido conocer el talante político de un hombre imperfecto como cualquiera, tan cuestionable como cualquiera, sin embargo realista y dispuesto a desafiar a cualquier enemigo de los pacientes.

Por otro lado, estos pacientes están padeciendo la desgracia de ser usados como moneda de cambio en asuntos ideológicos partidistas.

La diferencia es que Gaviria no da discursos salvadores, sino que propone una reforma posible, algo paulatino y seguro, y no un salto al vacío.

Reflexión al margen:

El partidismo obliga a sus participantes, casi inevitablemente, a adoptar un enmascaramiento social que se traduce en formas y protocolos específicos, donde gestos como los abrazos o los apretones de mano funcionan como treguas periódicas más que como pactos de amistad o compromisos de caminar juntos.

Aprender a participar en estos rituales puede ser un desafío, especialmente cuando las presiones del protocolo social imponen interacciones que fuera de ese contexto jamás tendrían lugar.

Es crucial entender que, en estos escenarios, dichos gestos representan un lenguaje formal, no una señal de cercanía genuina; compartir una comida o una copa no siempre implica amistad, sino una simple convivencia en medio de la diferencia.

Y cuando esta convivencia no puede sostenerse en el tiempo, su ruptura debería darse con la dignidad de la verdad y del honor, lejos de mentiras o estrategias de desprestigio que solo enturbian la esencia del desacuerdo.

Nuestros abuelos no vivieron un sistema de salud digno ni accesible.

Lo que enfrentaron fue el Seguro Social, un modelo predominantemente Estatal que se convirtió en un símbolo de ineficiencia y abandono.

Este sistema, lejos de garantizar bienestar, estaba plagado de burocracia, corrupción y negligencia.

Las filas interminables, la falta de medicamentos y la atención médica tardía eran el pan de cada día.

Miles de personas murieron esperando tratamientos que nunca llegaron.

Era un infierno que marcó a generaciones enteras, un modelo que no ofrecía soluciones, sino obstáculos.

El modelo de salud que heredó el exministro Alejandro Gaviria, aunque imperfecto, representó un avance significativo.

Se fortalecieron las EPS que funcionaban adecuadamente, se intervinieron las que eran corruptas y, en medio de las deficiencias, se hizo un trabajo que, con todos sus desafíos, parecía imposible: un modelo con todas sus deficiencias y con todas sus imperfecciones, fue sostenible y aceptable , garantizándole a millones de colombianos el acceso a la salud.

Hasta la Organización Mundial de la Salud vio positivamente nuestro sistema de salud

Este sistema logró consolidarse y fue reconocido internacionalmente por su capacidad de brindar acceso y garantías.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, Colombia ocupó el puesto 22 entre 191 países evaluados, superando a Estados Unidos, Canadá y Alemania (fuente aquí). Además, un análisis de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas destacó que el sistema colombiano llegó a ser el sexto mejor en América Latina (fuente aquí).

Hoy, el gobierno actual parece decidido a regresarnos a esa era oscura del Seguro Social.

Con una reforma que prioriza la ideología sobre la vida, estamos en riesgo de revivir un sistema que ya demostró ser un fracaso.

Nos quieren convencer de que retroceder es avanzar, y esto debería alarmarnos a toda la ciudadanía.

Hago una invitación que casi es un ruego eco de a las voces de las victimas del sistema .

Unámonos para defender el derecho a la salud y a la vida, derechos que este gobierno ha decidido secuestrar por sus intereses ideológicos.

No estoy diciendo que los gobiernos anteriores hayan sido perfectos ni que no se necesite una reforma.

Lo que estoy diciendo es que ninguna reforma puede costar vidas, cientos de vidas.

Esto nos debería llevar a la compasión, a unirnos en defensa de los pacientes que hoy sufren.

No podemos seguir aceptando excusas aguadas para justificar lo injustificable.

Estoy de acuerdo con la afirmación de que esto no se trata de la mejor reforma posible, sino de imponer la reforma idealizada de Carolina Corcho y Gustavo Petro, cueste lo que cueste, incluso si el costo son vidas humanas.

Nota Final: Como siempre gracias por su tiempo de lectura a esta escribidora entusiasta de la justicia social desde Feminismo Artesanal seguiré aportando mis reflexiones desordenadas . Las fotografías todas han sido tomadas de internet.

Al detallar paso a paso de las actuaciones podríamos decir que nadie está actuando fuera de la norma o de lo legal. Tan legítimo es que se hagan movilizaciones sociales, como legítimo es que el Congreso de la República elijan firmar ponencias de archivo a las reformas. Sin embargo, que algo sea legal no quiere decir que sea bueno.

Me refiero explícitamente a la forma en la que el gobierno está haciendo el llamado a la movilización social en contra del Congreso y no en favor de sus reformas. El gobierno habla de una ruptura, que ha sido generada por el mismo gobierno al no dar los suficientes espacios para los debates o para que sus proyectos puedan ser puestos en consideración desde otros puntos de vista.

La vehemencia con la que el gobierno nacional está atacando al Congreso y a quienes firmaron el proyecto de archivo es digno de aquellos quienes NO reconocen la oposición, de quienes NO aceptan las reglas democráticas y que buscarán por cualquier medio conseguir sus objetivos. Es imperativo que recordemos que los congresistas, al igual que el presidente, fueron elegidos democráticamente, por lo que de una u otra forma, la solicitud de archivo del proyecto es una decisión que si representa a los colombianos.

Sobre las movilizaciones y acciones en contra de quienes no apoyan la reforma se está convirtiendo en una persecución hacía el paredón público. La actuación del gobierno está limitándose a convertir a todo el país en amigos y enemigos, destruyendo cada posibilidad de construir puentes. Además, la idea de convocar a una gran consulta popular, en un año pre electoral, tiene un tono político. Dejando entrever algo más allá que sólo la expresión participativa de la ciudadana en torno a la política laboral colombiana.

Esta ruptura, que más parece una declaración de guerra entre poderes, no se ha de tomar a la ligera ni de manera banal, como algunos lo están interpretando. Esta clara declaración de intenciones es apenas el comienzo de una estrategia coordinada para lograr la intromisión del ejecutivo sobre el legislativo. Entonces, esto no es más que un recordatorio de que: en Colombia hay que modificar el sistema ultrapresidencialista que tenemos.

“Ejército Liberticida Nacional”

El caso más grotesco y patético es el del ELN, cuyas siglas ahora significan Ejército Liberticida Nacional, pues confina y niega a las comunidades rurales la libertad de movimiento y existencia en el Catatumbo, Chocó y Cauca. Ya demostraron sus comandantes ser incapaces de comprender el lenguaje de la paz, dilapidando una vez más la generosa e ingenua oportunidad brindada por este gobierno en prolongadas y extenuantes mesas de diálogo, que culminaron en la actual crisis humanitaria. Todo parece indicar que les ha llegado la hora de entender las armas, el único “lenguaje” que saben articular y disparar. Por eso tiene sentido el nombramiento del general Pedro Sánchez[ii] como ministro de defensa. Quizá así se compruebe, una vez más, la grave sentencia de Hobbes: “Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre, en modo alguno”. Ello significaría, por doloroso y cruel que suene, que para dichas organizaciones solo“la paz con sangre entra”, pues no le han dejado al “gobierno del cambio” otra opción que confrontarlas en el campo de batalla, sobre el cual sin duda sabe mucho más el general Sánchez que el saliente y bien intencionado ministro Iván Velásquez, un hombre de leyes y no de armas, extraviado en el laberinto de esta guerra degradada.

Un general para la Paz

Sería también una oportunidad histórica para la Fuerza Pública, pues el general Pedro Sánchez podrá refutar los hipócritas y falaces argumentos de exministros civiles como Rafael Pardo y Martha Lucía Ramírez, que ahora ponen el grito en el cielo y hablan de “inconsistencia ideológica” del primer presidente de izquierda. Dice la exministra de defensa, Martha Lucía Ramírez: “Es inconcebible que después de todo el avance de Colombia para que haya un poder civil a la cabeza de las Fuerzas se ceda este poder. (Petro) lo hace para congraciarse con las Fuerzas Militares, a las que no ha hecho otra cosa que maltratar”. Más bien es todo lo contrario, exministra, lo inconcebible es que usted, bajo la dirección del presidente Uribe y el mando del general Mario Montoya, haya realizado la Operación Orión en la comuna 13 de Medellín, en asocio criminal con Don Berna, Diego Fernando Murillo[iii], de las AUC, cuyo saldo de crímenes impunes no solo “maltrató” a las Fuerzas Militares, sino que las deslegitimó y degradó. Algo similar le sucedió al exministro Rafael Pardo, el primero civil recién estrenada la Constitución del 91, que no solo prometió llevar a la mesa de negociaciones a las FARC en seis meses y estuvo al frente de la fracasada “guerra integral”, sino que además promovió con el entonces presidente César Gaviria la creación de las CONVIVIR[iv], mampara de la actuación de las AUC en muchas regiones del país que luego anegaron en sangre con sus masacres. Cooperativas que siempre auspició y defendió el muy civilista gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, que condecoró como general de la Paz a Rito Alejo del Río, condenado a 26 años por su ejemplar colaboración con las AUC y el crimen de Marino López Mena en el marco de la Operación Génesis adelantada en el Cacarica y Salaquí entre el 24 y 27 de febrero de 1997[v].

¡Civiles guerreristas contra el general Sánchez!

Y para completar el corifeo de indignados por la presencia del general Sánchez en el ministerio de defensa, tenemos la flamante y reveladora declaración del representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uzcátegui, hijo del general (r) Jaime Humberto Uzcátegui: “Que el nuevo ministro sea de origen militar permite pensar que se va a reactivar la ofensiva de la Fuerza Pública que necesita Colombia, pero a su vez queda la duda de si Sánchez es una persona capaz de decirle ‘No’ al Presidente y anteponer los intereses del sector Defensa a la obediencia debida que tienen los militares ante el jefe de Estado”. Declaración inaudita en un congresista, pues afirma que los “intereses del sector Defensa” deben estar por encima del poder civil presidencial y de la Constitución que manda en su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Sin duda, las reacciones de estos tres acérrimos civilistas, confirma el aserto atribuido a Don Miguel de Unamuno: “Es más fácil civilizar a un militar, que desmilitarizar a un civil”. Sobre todo, porque esos civilistas acérrimos nunca han estado en el campo de batalla exponiendo sus vidas y cuando más se han limitado a dar órdenes desde sus seguros escritorios ministeriales o vociferar discursos belicistas en sus encumbradas curules del Congreso. Todo lo contrario del general Sánchez, con 35 años en servicio, quien “lideró en 2023 la ‘Operación Esperanza’, con la que se logró el rescate de los menores Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ranoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Ranoque Mucutuy, de uno, en un operativo que contó con el apoyo de los conocimientos ancestrales de las guardias indígenas”. Solo cabe desearle igual éxito al general Sánchez en el rescate del orden público nacional, demostrando que la seguridad humana y territorial es el presupuesto necesario para la paz, confrontando eficaz y legítimamente, con el cumplimiento del DIH y los Derechos Humanos, a las organizaciones criminales que hoy los desconocen y conculcan la vida, libertad y seguridad de civiles en vastas regiones del país.

[i] https://www.youtube.com/@oromocafelibreriaeditorial367?si=-npNUggER8SCnkNj

[ii] https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/el-general-pedro-sanchez-designado-mindefensa-lidero-el-rescate-de-los-ninos-de-la-selva-3428600

[iii] https://centrodememoriahistorica.gov.co/20-anos-de-la-operacion-orion-la-intervencion-armada-urbana-de-mayor-impacto-en-el-conflicto-armado/

[iv] https://verdadabierta.com/las-convivir-motor-de-la-guerra-paramilitar/

[v] https://www.justiciaypazcolombia.com/26-anos-de-condena-al-general-r-rito-alejo-del-rio/