Miles de albatros atraviesan todo el océano Pacífico desde Nueva Zelanda para alimentarse frente a las costas de Perú y Chile. Les atrae la alta productividad del ecosistema de la corriente de Humboldt, pero no son los únicos que llegan. También lo hacen embarcaciones que pescan con palangre. Los albatros van tras las carnadas, se quedan enganchados en los anzuelos y mueren bajo el agua. Para disminuir su mortalidad, científicos peruanos y neozelandeses están estudiando estas aves y probando medidas de mitigación.

“Las posibilidades de que se produzca una captura incidental en la pesquería de tiburón [Isurus oxyrinchus y Prionace glauca] son menores que en la pesquería de perico [Coryphaena hippurus]”, dice en conversación con Mongabay Latam Javier Quiñones, biólogo marino del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), sede Callao.

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Esta es una de las conclusiones sobre las pesquerías que se traslapan con las temporadas de alimentación de al menos 21 especies de albatros, petreles y pardelas que, además de Nueva Zelanda, provienen de Galápagos, Ecuador, el sur de Chile y zonas subantárticas.

Quiñones atiende la llamada desde una embarcación que tiene como pesca objetivo al perico y que zarpó desde el puerto de Ilo, en el sur de Perú. Se embarcó para probar el uso de plomos con el objetivo de que los anzuelos se hundan rápidamente fuera del alcance de las aves buceadoras. Esto es parte de un proyecto que lleva a cabo con su colega Ana Alegre, también del IMARPE, y el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda.

En una iniciativa anterior, Quiñones acompañó a pescadores de tiburón azul y diamante y probó líneas de espantapájaros en popa, mitigación lateral, retención de carnadas que no capturaron presas y buenas prácticas de disposición de vísceras de tiburón. “Estamos probando qué va a funcionar y qué no”, puntualiza el especialista.

Determinar qué funciona en los países donde se distribuyen estas aves, tomando en cuenta las diferencias en los artes de pesca utilizados y la magnitud de las pesquerías, será fundamental para proteger a un grupo que está entre las aves más amenazadas del mundo, según el Acuerdo para la Conservación de los Albatros y Petreles (ACAP, por sus siglas en inglés).

Los albatros cumplen un papel importante en los ecosistemas marinos. Se desempeñan como depredadores y carroñeros de alto nivel trófico en el océano abierto, contribuyendo a regular poblaciones de peces, calamares y crustáceos. También llevan nutrientes del océano hacia ecosistemas insulares a través de sus excrementos.

Además, son indicadores de la salud del océano. Los cambios en sus poblaciones o comportamiento pueden reflejar alteraciones en la disponibilidad de presas, cambios climáticos o presión pesquera.

Una migración sorprendente para alimentarse

Los albatros de Chatham (Thalassarche eremita) realizan esta sorprendente migración de más de 7000 kilómetros en un tiempo récord de entre siete y 15 días. Las aves utilizan los vientos de deriva del Pacífico sur como una carretera y vuelan sin aparente descanso. Aunque sí lo hacen, ya que durante el viaje, un hemisferio de su cerebro duerme mientras el otro permanece despierto.

Esa primera carretera los conduce a la isla de Chiloé, en el sur de Chile. “Después, agarran la segunda carretera, que son los vientos alisios, que van del suroeste al noroeste, y llegan hasta aguas del sur del Perú”, describe el biólogo marino.

A 200 metros de profundidad, donde la plataforma continental se quiebra, se forma un frente oceánico. Allí las aguas frías costeras se encuentran con las aguas oceánicas cálidas, generando turbulencia. Esto provoca un boom de fitoplancton, que a su vez desencadena la producción de pequeñas especies de crustáceos y cefalópodos o “calamares pequeñitos y medianos”, explica Quiñones. “Ahí están comiendo los albatros en cantidad”, relata.

Ya en la zona, a las aves también les atraen las carnadas usadas en las pesquerías de tiburón y perico. Además, los pescadores arrojan al mar las vísceras de los tiburones pescados y eso funciona como un imán. “Es como un manjar para los albatros y petreles”, de acuerdo con el especialista. Esta práctica incidiría en una mayor interacción entre las aves y las embarcaciones, por lo que se están planteando medidas destinadas a mitigar este impacto.

Seis especies enfrentan mayor peligro

El albatros de Chatham está clasificado como Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Es una de las que más preocupa a Quiñones y a su colega Carlos Zavalaga, director de la Unidad de Investigación de Ecosistemas Marinos de la Universidad Científica del Sur en Perú.

Esta especie, explica Zavalaga, se reproduce en un lugar muy delimitado: en una cueva de una pequeña isla neozelandesa, de la que toma su nombre. “Eso significa que estos albatros están sumamente restringidos a una localidad en particular, si pasa algo, toda la población desaparecería”, dice el investigador.

Otra especie de gran interés es el albatros de las Galápagos (Phoebastria irrorata), un ave que vuela unos 1400 kilómetros desde Ecuador para alimentarse en aguas peruanas. El ave está clasificada en Peligro Crítico, una categoría previa a la extinción en estado natural.

Esta especie también se reproduce en una sola isla, en Española, lo que la hace bastante vulnerable, de acuerdo con Zavalaga. “El gran esfuerzo que se hace [por protegerlos en las zonas de reproducción] se diluye cuando los albatros son tan vulnerables en aguas peruanas”, explica.

Asimismo, a los especialistas les preocupa el albatros de Salvin (Thalassarche salvini) y el petrel negro (Procellaria parkinsoni), provenientes de Nueva Zelanda y ambos clasificados como Vulnerables por la UICN.

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Quiñones ha identificado que el petrel de barbilla blanca (Procellaria aequinoctialis) y la pardela de patas rosadas (Ardenna creatopus) son bastante agresivas a la hora de competir por las carnadas, lo que las vuelve más susceptibles a caer en anzuelos. La primera anida en varias islas subantárticas y la segunda cría a sus polluelos únicamente en la isla Mocha y en el archipiélago Juan Fernández, en Chile. Las dos están clasificadas como Vulnerables.

La pesca es incidental y la mortalidad es alta

La pesca artesanal de perico se realiza de octubre a febrero. El albatros de Galápagos es una de las especies que más coincide con esta pesquería, especialmente en el norte de Perú. Pero también concurren el petrel de barbilla blanca, la pardela de patas rosadas y el albatros de Salvin, de acuerdo con Quiñones.

La pesca artesanal de tiburón, legal en Perú para ciertas especies, se da entre mayo y agosto. En esos meses hay mucha densidad de albatros y petreles en aguas del sur de Perú, señala el biólogo de IMARPE. El albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris), que proviene de la isla chilena Diego Ramírez, el punto más austral de Chile, y el petrel de barbilla blanca son las especies que más coinciden. También llegan el albatros de Buller (Thalassarche bulleri), una especie que anida en varias islas neozelandesas, y el de Chatham.

En este contexto, varias especies de aves marinas son víctimas de la pesca incidental. “El número de aves capturadas por una embarcación en un viaje puede ser cero o solo una o dos, sin embargo, dado el gran tamaño de estas flotas, la cantidad de pesca incidental y la mortalidad pueden ser motivo de preocupación para estas especies”, dice vía email Jeffrey Mangel, director científico de Pro Delphinus Perú, una organización dedicada a la conservación de la fauna marina.

Las aves pueden tragarse o engancharse a los anzuelos del palangre, también conocido como espinel, o pueden enredarse en las líneas del arte de pesca. Las pesquerías de redes de enmalle también representan un peligro para estos animales.
En muchas ocasiones, se ahogan ante la imposibilidad de liberarse y en otras pueden resultar severamente heridos. “Incluso si es que logran escapar o son liberados por los pescadores, pueden quedar con heridas que les podrían causar la muerte”, añade Mangel.

Aunque no hay números definitivos de cuántas aves mueren cada año en aguas peruanas, las estimaciones basadas en muestreos y entrevistas “arrojan números alarmantes”, advierte Zavalaga. “Hablamos de cientos, hasta miles de individuos muertos solo en Perú”, puntualiza.

Seguimiento satelital para desarrollar soluciones

Nueva Zelanda tiene un programa intensivo de seguimiento satelital de aves marinas, de acuerdo con Igor Debski, asesor científico principal del área marina del Departamento de Conservación del país.

El programa ya ha mostrado las rutas migratorias a través del Pacífico de varias especies de albatros y petreles y ha contribuido a orientar proyectos colaborativos entre las instituciones peruanas y neozelandesas destinados a mitigar la captura incidental, añade el especialista. Este año se colocaron 20 transmisores satelitales en albatros de Chatham.

El seguimiento satelital busca determinar cuánto tiempo interactúan las aves con las embarcaciones, explica Zavalaga, quien ha participado en los estudios. “Una vez que identifiquemos esto, podemos dar recomendaciones con base científica”, anticipa.

Por ahora los científicos están trabajando en entender mejor las rutas en las que se encuentran las aves y las embarcaciones y en determinar cuáles son los mejores métodos de mitigación. Quiñones ya encontró que el uso de líneas de espantapájaros durante la pesquería de tiburón redujo la frecuencia de buceo de las aves hacia las artes de pesca en un 96 %, según lo documentó en un reporte publicado a finales de 2025.

La línea de espantapájaros adaptada a la pesquería de tiburón consiste en colocar en la popa un palo de eucalipto de unos siete metros. A la punta se ata un sedal o línea de polietileno que cae de manera perpendicular hacia el mar. Y en la línea se sujetan cabos rojos y cintas iridiscentes que con el movimiento asustan a las aves, evitando que se acerquen. Esta es una medida de disuasión económica y que se fabrica con materiales locales. No tiene que usarse durante toda la temporada, sino solo durante el otoño y el invierno, cuando hay mayor densidad de aves.

Ahora queda por conocer qué funcionará mejor en la pesquería de perico. Una vez que los científicos tengan respuesta a esas preguntas, tendrán que ser elevadas a políticas nacionales para promover su adopción, empezando por capacitar a los pescadores.

Quiñones cree que el tema se debe abordar de manera integral, motivándolos a capacitarse a través de incentivos económicos y reconocimientos a quienes demuestren el uso de buenas prácticas mediante videos.

Entre tanto, Zavalaga señala que la colaboración internacional seguirá siendo clave en la investigación para la conservación de estas aves marinas altamente migratorias que contribuyen al equilibrio de los océanos.

*Imagen principal: un albatros de Salvin saca la carnada del anzuelo sin resultar herido. Foto: cortesía Javier Quiñones.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la caleta de Puerto Pizarro, el último puerto artesanal al norte de Perú, un grupo de pescadores pinta una embarcación mientras un hombre enfundado en un traje azul los observa desde el malecón. Son las primeras horas de la mañana y, aparte de ellos y los gallinazos que sobrevuelan la playa, no hay más actividad. “Solo hacen eso”, dice uno de los pescadores refiriéndose al hombre que los vigila. Es un “informante” que mira, en silencio, quién entra y sale del mar. Aquí, todos los pescadores deben pagar una extorsión para poder salir al mar a trabajar. 

“Nosotros no les tenemos miedo a los piratas, vamos a hablar, estamos cansados de ellos”, dice el pescador decidido, aunque instintivamente baja el tono de voz como si alguien lo pudiera escuchar. 

Mientras tanto, del otro lado de la frontera, en la provincia ecuatoriana de El Oro, la policía recibe la alerta de disparos en un barrio de Puerto Bolívar. La calle principal se ha cerrado para velar el cuerpo de un supuesto pescador al que dispararon en alta mar. La policía sospecha que pertenecía a alguna de las bandas de narcotraficantes que, en su disputa por el control del puerto, han llenado de balas las paredes de las casas. 

Sorteando un gran hueco en el piso ocasionado por un explosivo dejado en medio de los enfrentamientos entre grupos criminales, una mujer lamenta la muerte de dos de sus hijos. 

Así comienzan las dos historias que conforman esta investigación de Mongabay Latam. Durante ocho meses, un equipo periodístico se sumergió en las actividades de las caletas de las provincias fronterizas de Tumbes, en el norte de Perú, y de El Oro, en el sur de Ecuador, para entender qué hay detrás de las extorsiones que mantienen acorralados a los pescadores artesanales de ambos países. 

Los hallazgos dan cuenta de cómo el negocio criminal de las extorsiones se ha convertido en un brazo clave en la logística del narcotráfico para controlar las rutas marítimas de contrabando. Además, demuestran que en la compleja y dinámica red de actores criminales, la peligrosa banda ecuatoriana Los Lobos se ha expandido hacia el sur extorsionando también a los pescadores peruanos. En medio de este entramado criminal, la falta de recursos marinos debido a la sobreexplotación pesquera tiene un impacto enorme: hacer de la pesca artesanal un terreno fértil para la violencia.

A inicios de septiembre pasado, casi 300 kilos de cocaína ocultos en un contenedor con destino a México fueron incautados por la Policía Nacional de Ecuador en el puerto de Guayaquil. Cada tanto, casos como este son titulares en los medios de comunicación del mundo entero. Transportar droga en contenedores y buques que salen de los puertos es una de las principales estrategias para exportar estupefacientes, explica Renato Rivera, experto en crimen organizado transnacional, puesto que “en una sola embarcación puedes meter hasta una tonelada de cocaína”. Sin embargo, no toda la droga se trafica de esta manera. Otros prefieren aprovechar la vastedad y aislamiento de alta mar. Es ahí donde los pescadores artesanales se hacen necesarios. 

“Se piensa que el tráfico marítimo de cocaína solo se mueve de un punto A a un punto B, a través de embarcaciones a gran escala y no es así”, indica Rivera. En las embarcaciones artesanales, se trasladan cargamentos más pequeños de droga que, mar adentro, son traspasados a embarcaciones de mayor tamaño. 

Un oficial de alto rango de la Policía de Ecuador, que participó en una investigación sobre crimen organizado en El Oro y quien pidió reserva de su identidad, explica el modus operandi: “Hacen relevos. Una lancha va con combustible hasta cierto punto del mar, ahí entregan a otras lanchas que tienen mayor cantidad de combustible y van haciendo relevos hasta llegar a la zona del archipiélago de Galápagos, que es donde encaletan y abordan los buques”. 

Para llevar adelante esa operación, la extorsión es clave. Si los pescadores no pagan, son atacados en altamar por los piratas. Los motores robados durante el ataque son utilizados para equipar las embarcaciones que transportan la droga hacia altamar.

En una resolución judicial peruana a la que Mongabay Latam tuvo acceso, un testigo clave y un agente especial señalan que los piratas trasladan los motores robados en cámaras frigoríficas hacia Piura, uno de los puertos clave en la exportación de drogas, según información del Departamento de Operaciones Especiales de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú.

Pero los pescadores también son presionados por las bandas de narcotráfico para que sean ellos mismos quienes transporten la droga hacia los buques grandes o, dependiendo de las características de la embarcación, la lleven a otros destinos.
“Los Choneros [una de las bandas de narcotraficantes ecuatorianas] aprendieron hace 15 años del [cártel de] Sinaloa, y de sus propios procesos internos, que era mucho más rentable mover 15 embarcaciones pesqueras que tratar de ‘contaminar’ el puerto como tal [ingresar droga al puerto]. Por eso, los pescadores artesanales y el movimiento de cocaína alrededor de esta dinámica son bien representativos”, asegura Rivera.

Los Lobos y las extorsiones en Perú

En Ecuador, “Los Lobos son los más predominantes alrededor de las extorsiones”, asegura Rivera, pero esta investigación da cuenta de que esa predominancia ya está presente también en la costa norte de Perú. Los pescadores de Puerto Pizarro y las otras caletas de la provincia de Tumbes señalan a este grupo ecuatoriano —catalogado como organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos y socio clave del Cártel de Jalisco Nueva Generación— como la principal organización que los extorsiona y persigue. 

Esta información es corroborada por una autoridad de la policía en la zona que pidió no ser identificada. “La banda que les cobra cupos es la de Los Lobos. Los ecuatorianos”, dijo. Además, el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Perú (Dirincri) en la zona macro norte, coronel Luis Castillo, reconoce que Los Lobos están presentes en el territorio. Fuentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas en Ecuador también confirmaron que Los Lobos han reclutado gente en el lado peruano y que están operando en actividades de extorsión a pescadores y contrabando. 

De acuerdo con los pescadores, el grupo criminal opera de manera directa y también a través de bandas locales. De hecho, para Nicolás Zevallos, es importante no subestimar la acción de actores criminales locales pensando que la gran amenaza es externa. “En los últimos años se ha hecho más visible efectivamente la presencia de los actores regionales, pero su capacidad de operación efectiva a nivel local está muy asociada a las estructuras criminales disponibles en cada país. No es que han llegado a colonizar un espacio peruano, sino que han llegado a hacer negocios”, indica. 

El equipo periodístico confirmó que existen nombres que se repiten al preguntar sobre los principales extorsionadores locales que operan en Puerto Pizarro. Sin embargo, la red de participantes en el negocio es dinámica y versátil. “Cada vez que hacemos la revisión y salimos a campo a pedir más información, nos dan cinco nombres nuevos porque se transforman, mutan o se recomponen”, explica Zevallos.

Incluso, un oficial de la policía en Puerto Pizarro declaró que en muchos casos Los Lobos usan menores de edad que son reclutados en Zarumilla para cobrar las extorsiones y para intimidar a sus víctimas. Por razones de seguridad, pidió que su nombre se mantuviera en reserva. 

Provistos de armas que son contrabandeadas a través de células del Tren de Aragua, de acuerdo con agentes antinarcóticos de la Policía de Ecuador, Los Lobos mantienen una guerra con bandas rivales por el control de este puerto peruano, lo que ha desatado una ola de violencia. 

Información del Ministerio del Interior de Ecuador indica que la provincia de El Oro está entre las cinco con mayor cantidad de homicidios intencionales (homicidios, asesinatos y sicariatos), con 2098 registros entre 2014 y 2024. Según esta misma fuente, los asesinatos a pescadores también han aumentado. En 2014, solo se registraron cinco casos en todo el país, mientras que en 2024 hubo 45 casos. Organizaciones de la sociedad civil advierten, sin embargo, que en esas cifras hay un importante subregistro. 

En Perú, los números son dispares. Entre 2020 y 2024, la Marina registró 61 denuncias por ataques en altamar, pero la Policía sólo cuenta seis. Para una primera investigación publicada en enero de este año, Mongabay Latam identificó que aproximadamente 20 pescadores habían sido asesinados por piratas en los últimos 20 años. Mientras se desarrollaba este reportaje fueron asesinados tres pescadores más.

“Amigos de nosotros han muerto, varios, con disparos en la cabeza. Los liquidan. Ellos [los piratas] llevan fusiles, buenas armas. ¿Por qué están tan armados? Por la droga. La droga es oro”, dice un pescador de Puerto Pizarro.

La pesca se agota

En este escenario, la escasez de recursos marinos debido a la sobreexplotación pesquera es un factor que agrava la situación. En Ecuador, el problema se puede percibir sobre todo en la escasez de especies clave como dorado, pulpo y langosta, asegura la bióloga marina Janice Márquez De La Plata. Cada vez, los pescadores deben ir más lejos para conseguir capturas, lo que ha aumentado los costos de las faenas y disminuido las ganancias. 

En Perú, también existe evidencia científica de que especies clave para la pesca artesanal están sobreexplotadas. Inclusive, científicos demostraron que aunque la cantidad de embarcaciones artesanales ha aumentado, eso no se ha traducido en más pesca, al contrario. A partir de 2014, las capturas cayeron considerablemente y, según Santiago De la Puente, el investigador principal del estudio, ello se debe a que muchos de los recursos fueron pescados en exceso.

“Antes, uno iba, dos, tres horas y ya venía con su carga. Ya estaba el día costeado. Ahora, la gente se va a las cuatro, cinco de la mañana y está volviendo a las cinco de la tarde. La pesca ahora es de suerte”, comenta un hombre que pescador en Ecuador hace 20 años. 

De acuerdo con Márquez De La Plata, quien es presidenta de Sustainable Ocean Alliance en Ecuador, ello ha empujado a algunos jóvenes a migrar o a caer en redes criminales. 

Sumado a la escasez de recursos, la pandemia también agravó el escenario de vulnerabilidad, explica Rivera. “Por un lado tienes la sobreexplotación, es decir, [los pescadores] tienen que viajar más lejos y necesitan más recursos para hacerlo y, por otro, tienes el fenómeno de la pandemia que ya impactó al sector pesquero porque es un sector informal. Son los grupos criminales quienes aprovechan ese tipo de vulnerabilidades”.

El artículo completo fue publicado por en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una mujer que vive en una localidad del municipio de Progreso, en Yucatán, al sur de México, ofrece en grupos de Facebook ceviches que ella misma prepara. Son de camarón, pulpo o jícama, dice. La jícama es un tubérculo muy común en el país, pero en esta red social funciona como un código, una palabra clave que significa que lo que se vende es o contiene caracol rosado (Aliger gigas, antes Lobatus gigas y Strombus gigas), un molusco que debe su nombre al rosa de su concha.

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En 1988, el gobierno mexicano declaró que este caracol había sido explotado de forma intensiva y prohibió su captura en el estado de Yucatán. La prohibición, o veda permanente, se mantiene hasta la actualidad. Sin embargo, esta investigación demuestra que se pesca y comercializa de manera ilegal.

“A mí me lo vienen a vender aquí”, asegura la mujer que prepara en su casa los platillos con caracol rosado y los envía a domicilio. “Como sé que la gente lo consume y como soy vendedora de ceviches, lo compro para mi venta. Algunas veces, cuando no me sale el ceviche, ya lo vendo por kilo”, cuenta.

La cevichera compra el kilo de caracol rosado a 200 pesos mexicanos (11 dólares) y después de limpiarlo y quitarle las partes que considera no comestibles, vende la carne a 230 pesos el kilo (12 dólares). Cuando lo prepara en ceviche, vende la porción de 800 gramos a 170 pesos (9 dólares) y lo ofrece por redes sociales con la palabra clave que todos usan: jícama, aunque no sabe por qué le dicen así.

“Es rico y la gente lo consume mucho. Sé que está en veda, pero cualquiera de los pescadores te lo puede vender. Es como la captura del pulpo que está en veda [temporal], pero cualquier persona te lo viene a vender o lo puedes conseguir en cualquier lado”, asegura la mujer.

A la pregunta de si mucha gente se dedica a la venta de ceviche de caracol, la mujer no vacila: ”Sí, la verdad que en Progreso, sí”, dice.

La versión de la cevichera es confirmada en diferentes grupos de venta en redes sociales. Mongabay Latam identificó seis usuarios que ofrecen caracol rosado preparado en ceviche o sólo la carne en grupos de Facebook integrados por personas de la cabecera municipal de Progreso o de las localidades del municipio. En las ofertas de venta, todas publicaciones de este año, adjuntan fotos de caracol picado con tomate, cebolla y otras verduras, la pulpa sola empaquetada en bolsas y cientos de especímenes en congeladores.

Otra vendedora que tiene una pequeña coctelería en la cabecera municipal de Progreso, a medio kilómetro del nuevo malecón internacional, ofrece en sus redes sociales aguachiles, cócteles y ceviche de caracol en botes de un litro. Cuando este medio se puso en contacto con ella, dijo que vendía la orden con 200 gramos de molusco más verduras a 310 pesos. Comentó que era muy fresco, pero no quiso dar detalles sobre el lugar de donde provenía.

Entre los mensajes de venta de ceviche, una cuenta de Facebook ofrece caracol rosado desde 2021. Una de sus publicaciones más recientes, de junio pasado, incluye fotos de caracol congelado, con varios especímenes por empaque y cientos de bolsas almacenadas en congeladores.

Alejandro Medina Quej, ecólogo marino y profesor e investigador en el Instituto Tecnológico de Chetumal, monitorea esta especie de caracol desde 2010 en Quintana Roo. El experto revisó las fotografías de todas las publicaciones identificadas en Facebook donde se ve carne de caracoles y confirmó que todas muestran a hembras y machos de caracol rosado.

Ninguna de las dos mujeres entrevistadas sabe con certeza o quiere decir de dónde proviene el caracol rosado que utilizan para preparar sus ceviches. No obstante, ambas lo ofrecen cerca del puerto de Progreso, a 140 kilómetros del Parque Nacional Arrecife Alacranes, un área natural protegida de gran importancia, ya que conforma la estructura coralina más grande del Golfo de México, así como el único arrecife conocido y descrito del estado de Yucatán.

Este parque fue declarado área natural protegida en 1994, con el objetivo de conservar su diversidad biológica, proteger el acervo genético y fomentar el uso sustentable de sus recursos. Sin embargo, enfrenta un problema constante de pesca ilegal de caracol rosado, según información de la Secretaría de Marina, testimonios de líderes pesqueros y del propio director del parque obtenidos por Mongabay Latam.

Pesca de caracol en el parque

Uno de los casos más recientes de pesca ilegal en esta área natural protegida ocurrió el 13 de mayo de 2025. La Secretaría de Marina informó que, junto con la Armada de México y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), detuvieron a tres hombres en una embarcación que transportaba 132 kilos de caracol rosado dentro del Parque Nacional Arrecife Alacranes.

Las personas detenidas habían zarpado días antes desde la caleta de Progreso, pero al quedarse sin combustible tuvieron que pedir ayuda a la Marina. El personal naval, al abordar la embarcación, lo primero que advirtió fue que ésta no tenía nombre ni matrícula. Una inspección más detallada reveló un doble fondo donde escondían el caracol rosado.

Los tres hombres, la embarcación y los caracoles fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que inició una investigación.

Cristóbal Enrique Cáceres, director del Parque Nacional Arrecife Alacranes, explica que el área funciona como una incubadora natural, ya que en ella se concentran todas las especies comerciales en su etapa reproductiva. “Cuando las crías crecen y llegan a un estado juvenil, se acercan a la costa y son las que alimentan [a las personas que habitan en] toda la costa norte de la península de Yucatán”, asegura el funcionario.

Los pescadores autorizados para capturar langosta han informado al director sobre embarcaciones no autorizadas extrayendo langosta y otras especies, como el caracol. “Una de las especies por la que normalmente los furtivos van es el caracol, que está en veda permanente para el estado de Yucatán, y es una especie muy solicitada en los restaurantes y por la gente en general”, comenta el funcionario.

Cáceres añade que la detención de la embarcación con caracol en mayo pasado forma parte de las acciones de protección dentro del Arrecife Alacranes que se han implementado a partir de un convenio, que comenzó en 2024 y que fue renovado este año, entre la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) y el Gobierno del estado de Yucatán. Señala que, desde noviembre pasado hasta mayo, han detenido siete embarcaciones que realizaban pesca ilegal en el parque.

A partir de esa alianza, se incorporaron seis guardaparques del gobierno de Yucatán al equipo existente de cinco de la Conanp, para un total de 11 personas dedicadas a la vigilancia y conservación del parque. Además, Arrecife Alacranes fue equipado con dos embarcaciones y equipo de buceo. También se mejoró la estación de campo del área protegida con la instalación de paneles solares e internet satelital, lo que permite mantener comunicación constante con el continente.

Según el director del parque, gracias a la alianza con el gobierno estatal, hoy pueden cubrir un área más amplia para monitorear las especies que habitan el arrecife y realizar más recorridos, por períodos más prolongados, para vigilar que no haya pesca ilegal.

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“Entre 2024 y 2025, hemos visto una notoria disminución de embarcaciones furtivas en el sitio”, asegura Cáceres. “Los pescadores furtivos saben que ya estamos ahí y que nuestras embarcaciones tienen la capacidad para poder alcanzarlos. Ya saben que se arriesgan a ser detenidos y consignados a la autoridad correspondiente. Ya les da un poco de temor y sí ha generado una disminución en la pesca furtiva del sitio”, insiste el funcionario.

Sin embargo, los datos de la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), las dos entidades que tienen a su cargo la administración, conservación, desarrollo y vigilancia del parque nacional, no reflejan la la información entregada por Cáceres. Hay un subregistro de la pesca ilegal en la zona.

La Secretaría de Marina informó que, desde 2014 a la actualidad, sólo tiene registros de dos incidentes de pesca ilegal en la zona, ambos relacionados con delitos contra la biodiversidad y específicamente con caracol rosado. El primero de ellos corresponde a los tres hombres varados en el parque por falta de gasolina; el segundo, ocurrió el 2 de enero de 2023, cuando se decomisaron 15 kilos de este molusco aunque fue en Chicxulub Puerto, municipio de Progreso, y no dentro del Parque Nacional.

Por su parte, Conapesca señaló que, tras una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no encontró registros de pesca ilegal dentro del parque entre 2014 y 2025. En contraste, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la entidad encargada de hacer cumplir la justicia ambiental en México, proporcionó un listado de 12 embarcaciones identificadas pescando ilegalmente en el parque durante ese mismo periodo, aunque no especificó qué especies.

En la última década, según datos de la Profepa, sólo se impusieron cuatro sanciones con multas que oscilaron entre los 100 000 pesos mexicanos (5343 dólares) y 120 000 pesos mexicanos (6412 dólares) por pesca ilegal en el parque nacional. No obstante, ninguna de esas multas fueron pagadas y ninguna persona resultó detenida.

Los pescadores que vigilan

Tres líderes pesqueros, cuyas agrupaciones se dedican a la captura de langosta en Yucatán y que son afectados por la pesca furtiva de esta especie durante época de veda, coinciden en que hay pesca ilegal de caracol rosado en el Parque Nacional Arrecife Alacranes. Ellos mismos o sus colegas de las cooperativas de pescadores la han visto mientras hacen  labores de vigilancia en la zona, como parte de un acuerdo de colaboración con la Marina y Conapesca.

Mariano Canul Uicab, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro-Poniente del estado de Yucatán, dice en entrevista que aunque vedaron el aprovechamiento de esta especie, jamás la cuidaron para evitar que fuera capturada de forma ilegal.

“Lo cerraron, el caracol aumentó, y los furtivos llegaron y lo vieron. No faltó quien, con dinero, dijera ‘hay mucho caracol, vamos a trabajar, te compro una lancha’”, relata el líder pesquero.

José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, explica que los pescadores de su agrupación tienen un comité de inspección y vigilancia comunitario en el parque. Ellos aportan embarcaciones, personal e insumos para llegar a la zona y, en coordinación con la Marina y Conapesca, realizan recorridos en áreas donde hay presencia de pesca ilegal. Es así cómo han detectado que se pesca caracol todo el año.

“De manera permanente hay embarcaciones menores trabajando caracol, langosta y mero en época de veda. El mes pasado vimos dos embarcaciones capturando caracol y langosta. Eso es de manera común y permanente”, cuenta.

El líder pesquero explica que, al ser una zona de reserva protegida, siempre hay abundancia de recursos, lo que la convierte en un punto muy atractivo para los pescadores ilegales. Muchos de ellos se arriesgan a llegar desde la costa continental hasta el parque porque saben que ahí podrán capturar muchos animales.

“Es muy importante que la Marina realmente se involucre aún más en el tema de la pesca ilegal. Sabemos que cumple con algunos objetivos como es el tema de narcóticos, sobre el tema de seguridad, pero el tema de la pesca ilegal, ya es un asunto de seguridad nacional y como tal la Marina debería considerarlo”, sostiene Carillo. El pescador se refiere a los enfrentamientos que ya se han registrado entre pescadores furtivos y quienes trabajan con permisos.

Los pescadores que integran la Federación de Cooperativas Pesqueras Turísticas Acuícolas y Artesanales de Yucatán también decidieron hacer labores de vigilancia en el parque tras identificar pesca ilegal de especies en vedas permanentes y parciales, entre ellas el caracol rosado.

“Hay muchas personas haciendo pesca ilegal en esas áreas. Las embarcaciones son en muchos casos locales de Progreso y sus comisarías aledañas. Son lanchas rápidas de 25 pies con motores que van desde los 90 a 250 caballos de fuerza, sin cubiertas. Son lanchas ribereñas, pero con motores nuevos, equipadas con radios y antenas satelitales, tienen internet automáticamente”, describe Ana María Frías Salazar, presidenta de la federación.

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Además, agrega que los pescadores furtivos utilizan compresores de aire para bucear. Esta es una técnica muy depredadora, ya que estos equipos permiten un flujo continuo de aire a los buzos, lo que aumenta sus horas de inmersión y, con ello, el tiempo dedicado a la pesca. La líder pesquera explica que, mediante este método, arrasan con todo lo que encuentran en el fondo marino: especies de escama, langosta o caracol. Según Frías, se han detectado embarcaciones que transportaban hasta 400 kilos de caracol.

La líder pesquera señala que han interpuesto denuncias con diversas autoridades por la venta de la carne del caracol en redes sociales. Como confirmamos para este reportaje, explica que la carne se comercializa en grupos de Facebook, donde se ofrecen en diferentes presentaciones: entero, pelado, picado y confirma que la palabra clave para encontrarlo es “jícama”.

Frías explica que ha habido un auge en la pesca de caracol, impulsado no solo por su carne, sino también porque en algunos casos se han encontrado perlas en su interior. Señala que estas perlas pueden alcanzar precios muy altos, que van desde los 50 000 pesos mexicanos (2672 dólares) hasta los 400 000 pesos mexicanos (21 373 dólares).

«A veces no van tanto por vender la pulpa del caracol, sino por lo que muchas veces se encuentra en su carne. Lo de las perlas es un negocio cerrado, lo mantienen más encubierto, pero nosotros nos enteramos porque en el ambiente es un secreto a voces”, asegura.

De acuerdo con Frías, el principal problema se encuentra en la flota menor, compuesta por lanchas pequeñas. Estas embarcaciones operan sin chips de rastreo, lo que impide tener control sobre ellas o saber cuántas ingresan al parque nacional.

«No creemos que sea suficiente lo que están haciendo, porque al final de cuentas no hay actas y no hay gente detenida. Al año solamente hay dos o tres embarcaciones detenidas. No ha habido castigos ni penas severas para los infractores, y hay quienes son hasta reincidentes dos o tres veces. Los agarran y al día siguiente ya salieron”, dice.

Hasta la publicación de este reportaje, la Secretaría de Marina y Conapesca no respondieron a las preguntas enviadas por Mongabay Latam ni a las solicitudes de entrevista para conocer sus acciones respecto a la pesca y comercialización ilegal de caracol rosado en Yucatán, detectadas mediante esta investigación. Ambas dependencias fueron contactadas con el fin de obtener sus comentarios sobre esta problemática, sin que al momento se haya recibido respuesta.

Cambio de administración para proteger mejor

No sólo los pescadores regulados han intentado proteger el caracol. Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, cuenta que en 2021 esta organización presentó una petición a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que incluyera al caracol rosado en la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, una regulación que enlista a las especies en riesgo de extinción. Hasta el momento, la solicitud no ha sido atendida.

“Nos hemos estado enfocando en especies como los pepinos [de mar] y el caracol porque vemos que las poblaciones se encuentran muy mermadas y que la gestión de Conapesca los ha llevado a esta situación”, comenta Olivera.

Si el caracol rosado se incluye en la NOM-059, su manejo pasaría de Conapesca a Semarnat, lo que, según Olivera, permitiría una gestión más efectiva y orientada a la conservación. Explica que esto facilitaría la aplicación de medidas como el monitoreo constante de la especie y la entrega regular de informes técnicos, lo que ayudaría a protegerla. Añade que el caracol rosado no solo se captura por su carne, sino también por sus conchas, que se venden como ornamento.

“El caracol rosado tiene la función de comer, filtrar y limpiar todo el fondo marino. Además, controla el crecimiento de algas o pastos y es alimento para muchas otras especies. Entonces, es clave para mantener los sistemas sanos. Es una lástima que una especie que alguna vez fue tan abundante en toda esa región no se haya podido gestionar adecuadamente y su población se haya reducido drásticamente”, dice el especialista.

La disminución del caracol rosado en toda su área de distribución en el Caribe llevó a que, en 1992, fuera incluido en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), con el propósito de controlar su comercio internacional y dar seguimiento a su explotación.

Dado que en otros estados de México el caracol rosado sí se puede extraer bajo ciertas condiciones, como en Quintana Roo, por ejemplo, donde la veda es temporal, la especie se exporta a otros países. Entre 2014 y 2023, México exportó 477 conchas de caracol rosado y tres toneladas de su carne a varios destinos, aunque no existe información para saber si esos especímenes provenían de lugares donde su captura está autorizada o de Yucatán. Estados Unidos, Alemania, Japón, España, Canadá, Nueva Zelanda y China fueron los principales compradores, según la base de datos de CITES.

El investigador Alejandro Medina Quej señala que las dependencias gubernamentales encargadas de proteger el caracol rosado deben ampliar su vigilancia a restaurantes, tiendas y mercados para asegurar el cumplimiento de la veda.

El investigador asegura que un buen ejemplo de protección de esta especie se da en San Pedro, Belice, donde las autoridades establecen una cuota de captura, se respeta la veda y se permite un mes adicional para comercializar el producto en restaurantes y mercados. Pasado ese tiempo, se retira de los menús porque ya no se permite su venta. Esta regulación se cumple gracias a una vigilancia constante, lo que ha contribuido al buen manejo del recurso, asegura.

“Si se aplica de esta forma, evitamos ese comercio. Hay que dar seguimiento no solo a la pesca, sino también a la comercialización”, concluye el especialista.

*Imagen Principal: caracol rosado. Foto: Revista Science-Shane Gross /NPL/Minden

El artículo original fue publicado por Mariana Recamier en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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7:15 a.m. Uno de los oficios más difíciles del mundo

La lluvia de sudor es cada vez más gruesa. Se desliza rápido y se acerca a los ojos. Un enjambre de mosquitos atraviesa la tela de la ropa. Matilde Mosquera Murillo quiere limpiarse la cara y quiere rascarse el cuerpo con fuerza. Pero no tiene cómo. Su mano derecha está cubierta por un guante lleno de barro. Y en la palma y las uñas de la izquierda hay pedazos de ramas, también lodo y piedras diminutas.

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Es un jueves de mayo en el archipiélago de La Plata, ubicado dentro del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, paraíso escondido del suroccidente colombiano, a una hora en lancha desde el puerto de Buenaventura. Los rayos de sol que hace poco se asomaban tímidos, por entre nubes espesas, ahora queman. Ni siquiera son las 8 de la mañana y el termómetro ya señala 27 grados centígrados, con una humedad del 92 %. Es como estar en un baño turco.

Matilde está recogiendo piangua, un pequeño molusco envuelto en una concha entre marrón y negra, que cabe en la palma de la mano y se encuentra en las raíces de los manglares del Océano Pacífico. De repente, ve un hoyo prometedor, se agacha, abre las piernas con las rodillas hacia afuera y así, en cuclillas, hunde la mano protegida por el guante y empieza a escarbar entre el fango. Aunque decir protegida es mucho. Con todo y guante existe el riesgo de que la pique un pejesapo (Sicyases sanguineus), un pez de cara rechoncha y cola delgadita que al morder hincha los dedos y deja ardiendo la piel, y se ha convertido en su peor pesadilla. Esta vez se salva, pero como la posición en V le entumece las piernas, tiene que estirarlas y doblar la mitad superior del tronco hacia delante.

Pianguar es tal vez uno de los oficios más exigentes y agotadores que existen. No es una labor para impacientes ni para los que odian la incomodidad o estar sucios.

Es también, y sin embargo, una actividad ancestral para las comunidades negras del Pacífico, un trabajo diario que les da un alimento que está en la base de su dieta y representa el sustento de miles de familias.

Y, sobre todo, es una forma de libertad. Uno de los caminos que las mujeres han encontrado para conquistar su independencia económica.

7:50 a.m. Un cero menos, de 200 a 20 docenas

Matilde Mosquera Murillo es la representante legal de Raíces Piangüeras, una asociación que une a 28 mujeres del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Plata – Bahía Málaga. Los Consejos Comunitarios son, desde 1993, una forma de organización colectiva de los pueblos afrodescendientes en Colombia.

Matilde lidera la organización desde que se creó, en 2019, y ella solo tenía 22 años. El objetivo principal de Raíces Piangüeras es promover la conservación del molusco, a través de una recolección sostenible y responsable, y del cuidado de su hábitat: los manglares. Pero no es el único. También quiere mejorar las condiciones de vida de las mujeres por medio de la transformación y comercialización de la piangua y apoyarlas en la formulación de proyectos productivos que les permitan vivir de actividades distintas a la extracción, que siempre hacen con amor pero también siempre las consume, las deja exhaustas.

—Menos mal no está lloviendo y menos mal este manglar está fácil, tiene el barro blandito— nos dice Matilde este jueves de mayo a tres jóvenes citadinas que queremos conocer de cerca cómo es eso del piangüeo. Estamos desesperadas porque el jején no nos ha dejado caminar ni respirar tranquilas, todo nos rasca, tenemos los ojos llorosos, ardidos.

Si en este manglar que “está fácil” las botas de caucho de todas ya se han enterrado varias veces, ¿qué pasará en el manglar “difícil”?

Matilde estudiaba sociología en Buenaventura cuando asumió el liderazgo de la asociación de piangüeras, que no es la única de Bahía Málaga, y tampoco del Pacífico, pero sí es una de las más nuevas. Las movían varias preocupaciones, entre ellas, la disminución del molusco, al menos en los manglares que las rodean.

—La piangua se recoge todo el año, pero aquí el agotamiento es claro porque antes mi abuela podía sacar sus 200 docenas en un solo día, una cantidad grandota, y ahora en promedio las mujeres sacan 20 docenas —explica la joven.

En la década de 1980 la piangua colombiana comenzó a venderse masivamente en Ecuador, nación que ha perdido casi una cuarta parte de sus manglares, en buena medida porque fueron talados para convertirlos en piscinas para la cría de camarones. Hace unos años, cálculos de expertos llegaron a estimar que entre el 80 y el 85 % de las pianguas recolectadas en el Pacífico colombiano se iban para el país vecino.

La presión sobre el molusco también aumentó porque la pesca tampoco es igual que antes (en parte por el aumento de la temperatura de los océanos) y porque muchas personas lo capturan en una talla por debajo del mínimo permitido legalmente en Colombia, cinco centímetros. Eso impide que se reproduzca, dado que no está lo suficientemente maduro.

Según investigaciones realizadas a principios del milenio, que no han sido actualizadas y que utilizan los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Anadara tuberculosa y la Anadara similis (nombres científicos de las dos especies principales de piangua que hay en Colombia) están en estado vulnerable, lo que significa que podrían enfrentar un deterioro poblacional a mediano plazo, si no se toman medidas para explotarlas adecuadamente. Sin embargo, no aparecen en la lista roja de la UICN.

Doña Sinforiana Murillo, a quien todos conocen como Flor, madre de Matilde e hija de Paulina, una piangüera y partera de 77 años que sufre mucho porque el cuerpo ya no le permite salir al manglar, tiene un diagnóstico contundente sobre este punto:

“Yo no lo supero, ahora solo cojo 10 o 12 docenas, por las que es verdad que hoy me dan 30 000 o 40 000 pesos [casi 10 dólares] cuando antes valían muy pocos centavos, pero el problema no es la plata sino la cantidad del producto»

8:20 a.m. La triple discriminación: mujer, negra y piangüera

Benita Rentería no sale a pianguar sin un tiestero. Así le dicen las mujeres al pequeño cuenco de lata en el que queman pedazos de leña para que el humo espante los insectos que las aturden. Este jueves de mayo es la única que se trepa en el manglar con ese objeto.

”Al final, esto no es algo agradable ni delicioso, pero toca, es la vida. Aunque cuando uno las encuentra, ¡ay!, eso sí es muy rico. Cuando toco una piangua grande entre el barro, me emociono”.

En el manglar, la risa desparpajada de Benita —51 años, cinco hijos, “varios nietos”— se multiplica. Se mete como en una cámara de ecos y, aunque esté lejos, sus compañeras la escuchan. El canasto de bejuco donde va metiendo las pianguas no se llena todavía, pero parece contenta, se divierte. Es como una niña chiquita con juguete nuevo cada vez que se trepa y se arrastra por debajo de las raíces larguísimas y entrelazadas de este manglar que parece existir desde el principio de los tiempos.

“La piangua para mí significa muchas cosas. De la piangua muchos nos sostenemos. A veces en varios días yo junto mis 150 docenas. Cada una la vendo en este momento a 3000 pesos [0.75 dólares aproximadamente]. De ahí saco para pagar el arriendo, el gas o el teléfono y algo de comida, y les colaboro a mis nietos”, cuenta Benita, después de toser un par de veces por culpa del tiestero. Prefiere usarlo y que la respiración se entrecorte, a ser destruida por los mosquitos. “Yo no puedo pianguar sin candela”.

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Su historia se repite en los hogares de la mayoría de mujeres de Bahía Málaga. Y del Pacífico. Ellas son el sostén de la casa, en todos los sentidos. Las columnas sobre las que se construyen los palafitos.

Marlyn Valencia es socia de Raíces Piangüeras, tiene 44 años y nueve hijos:

“Una vez no teníamos nada que comer. Nada, nada. Eran como las 3 de la tarde y no habíamos desayunado ni almorzado”, narrará antes de que se acabe el día. “En ese momento yo ya tenía a los tres primeros hijos, todos eran pequeñitos, la mayor tendría 4 años.

La solución fue internarse en el manglar más cercano. Sacó cinco docenas de piangua, suficientes para cocinar algunas al vapor e intercambiar el resto por una libra de arroz y un tarro de aceite.

“La extracción de moluscos casi siempre ha sido realizada por mujeres y yo creo que es porque antes, hace mucho, se hacía solamente para alimentar a los hijos. En los territorios es la mujer la que se da cuenta si no hay qué comer en la casa, y con salir a coger unas pianguas resuelve la comida. ¡Un hombre qué va a pensar en eso!”

Ahora quien habla es Matilde. Ella y Lucy, su hermana menor, pudieron terminar el bachillerato y luego estudiar en la universidad gracias a la piangüa que vendía su madre. Y en buena medida fue gracias a este oficio que Lucy levantó el emprendimiento que inauguró hace poco en la comunidad de La Plata, dedicado a la venta de bebidas y cocteles con viche, un destilado artesanal y tradicional del Pacífico. Se llama Paz Paraíso.

A veces, su papá también les mandaba algo de pescado. Pero como esa actividad cada vez da peores resultados esa era la excepción, no la regla.

Este jueves de mayo, en la noche, sentado sobre una silla Rimax en el salón que construyeron para hacer las reuniones del Consejo Comunitario de La Plata – Bahía Málaga, Santiago Valencia, uno de sus líderes más importantes, complementará la idea que tiene Matilde de porqué solo unos pocos hombres se dedican a la piangua: como el sector pesquero y maderero siempre fueron fuertes en la región, y generaban ingresos muchos mayores que los que podía dejar la extracción de piangua, esta ocupaba el último renglón, era considerada algo menor, una actividad débil, de la que solo podían encargarse las mujeres.

¿Y quiénes se dedican, mayoritariamente, a los oficios “importantes” de la pesca y la madera? Los hombres.

Según el artículo científico La pesca en pequeña escala de Colombia: un enfoque de género al desarrollo sostenible, publicado por los investigadores colombianos Vladimir Puentes Granada y Charles Sánchez-Roncancio en 2024, la participación de la mujer en la pesca a pequeña escala marino-costera que se realiza en el país es solamente del 19,7 % (y del 17 % en la pesca a pequeña escala continental). Sin embargo, señalan los autores, estas cifras están subestimadas “al no estar [las mujeres] registradas en todas las fases en las que seguramente participan (antes, durante y después de la captura), así como su rol integral en las comunidades pesqueras”.

El problema, asegura Matilde, es que no es lo mismo ser pescadora que ser piangüera.

“Si se crea un proyecto para mujeres pescadoras seguramente les van a dar un trasmallo y un anzuelo, y obviamente nosotras no necesitamos eso”, cita como ejemplo. “La recolección de piangua no debería ser un subsector de la pesca [así lo considera la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)], debe ser visibilizada como un sector productivo en sí mismo. No queremos estar en la misma bolsa”.

Según ella, el número oficial de piangüeras va mucho más allá de las 11 328 de las que habló el Ministerio de Ambiente en el Primer Encuentro de Mujeres Piangüeras del Pacífico, que se realizó en Chocó en 2023, y en el que Gobierno Nacional prometió que haría todas las gestiones necesarias para que la labor del piangüeo sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Solamente en La Plata, en su comunidad, donde viven cerca de 70 familias, hay censadas 114 piangüeras.

“La piangua era un tema más del día a día, para resolver algo del momento. Cuando yo era niño, era una creencia en la comunidad que ser piangüero era lo peorcito de la sociedad. Que estaba bien abajo”, comenta Santiago Valencia, que antes de ser líder del Consejo Comunitario y guía turístico profesional fue piangüero. Resulta inevitable sonreír e ilusionarse cuando se oye su discurso sobre equidad e igualdad de género y sobre la necesidad de luchar contra los prejuicios y la discriminación alrededor de lo femenino.

Aura Nelly Díaz Moreno tiene 50 años y seis hijos, también criados a punta de este oficio, sobre todo desde que su esposo perdió una pierna serrando madera hace tres décadas. Cuando la busco después de hablar con Valencia, lo primero que me dice es que antes la gente no la valoraba como piangüera:

Díaz cuenta, incluso, que hubo una época en que cuando veían a alguien muy sucio, una manera de reprenderlo, y ofenderlo, era decirle que parecía una piangüera.

Lo bueno, coinciden muchas y muchos, es que la autoestima de la mujer Piangüera ya no es la de hace 40 o 50 años. Y eso se debe, en gran medida, al trabajo de asociaciones como la que preside Matilde Mosquera.

En la primera reunión que hicieron en la comunidad, en 2019, varios hombres levantaron la mano para hacer parte. Y varias mujeres lo hicieron para que el representante legal fuera un hombre. Valencia fue el primero en oponerse a ambas cosas. Raíces Piangüeras debía ser una organización de y para las mujeres, en la que los hombres, que además nunca habían pianguado o lo habían hecho solo como un juego, cuando eran niños, no debían tener voz ni voto.

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8:45 a.m. El silencio del manglar

—¡Oliviaaaaaaaa!

El grito es de Matilde. Además de ella, y de Benita, este jueves de mayo nos acompaña otra mujer piangüera. Se llama Libia Collazos Sinisterra, pero hace muchos años la comunidad, nadie se explica la razón, le cambió el nombre.

No la vemos cerca, por ninguna parte.

Recorrer el manglar para buscar moluscos es una actividad que se realiza casi siempre en colectivo. Las mujeres la aprovechan para contarse cosas que no se cuentan en el pueblo, desde lo más bonito que les pasó la noche anterior hasta si el marido les pegó de nuevo. La aprovechan para cantar. Para echar chisme. Para desahogarse. Para reírse hasta tener “los dientes fríos”, como ellas mismas dicen.

Algunas pocas, sin embargo, disfrutan mucho cuando lo hacen solas por la conexión que les regala con la naturaleza. Por los sonidos de las 107 aves distintas que habitan este manglar. Por el silencio.

“Una de las cosas que a mí me gusta de pianguar es la tranquilidad que se siente. El silencio”, contará Olivia más tarde, en la lancha de regreso a La Plata. “A mí me encanta ir sola porque a veces usted lo único que escucha allá es el cantar de los pájaros y el silencio”.

Las mujeres de Raíces Piangüeras se han formado para cuidar el escenario donde esa magia  se produce: los manglares. Y lo han hecho desde mucho antes que instituciones y organizaciones internacionales comenzaran a ayudarlas en ese proceso.

En 2001, por ejemplo, lideraron el primer “descanso voluntario” de este ecosistema en Bahía Málaga. La idea surgió al ver el tamaño de las pianguas que recogían: cada vez más pequeñas. Primero pensaron en crear una especie de vivero para dejarlas ahí mientras crecían y se reproducían. Pero luego se hizo necesaria una acción más contundente.

Aura Nelly Díaz fue una de sus principales promotoras:

“Pusimos tableros que decían “Prohibido pianguar” y “Descanso en manglar”. Nuestra mentalidad era crear conciencia. No era que había un proyecto o un recorrido oficial. Cuando íbamos a verlos un mes después, ya los habían quitado. Pero insistimos”.

Luego, ya con Raíces Piangüeras y gracias al apoyo de organizaciones como Fondo Acción y Conservación Internacional, las mujeres fueron entrenadas y luego contratadas para hacer monitoreos de desembarque, en los que verifican que las pianguas tengan los cinco centímetros mínimos de talla en el momento de captura. Esa información se la comparten a toda la comunidad y les sirve para tomar decisiones.

“Así hemos identificado manglares con mayor impacto y hemos puesto algunos en descanso, de forma rotatoria, durante un mes seguido. El problema sigue siendo encontrar otras actividades alternativas. ¿Cómo le vamos a decir a la mujer que coge pianguas de 4,5 o 4 centímetros que no lo haga, si es lo único que tiene para darles de comer ese día a sus hijos?”, se pregunta Matilde, muy seria.

Los manglares son “bosques que solo se encuentran en zonas tropicales o subtropicales del mundo, cuyas plantas viven generalmente entre el agua salada y el agua dulce, pues conforman la línea divisoria entre la desembocadura de los ríos, el mar y la tierra”.  Con sus raíces gigantescas conforman una barrera natural contra la erosión costera y fenómenos como huracanes, tormentas y tsunamis; de ellos depende la vida de cientos de hongos, especies de plantas acuáticas, invertebrados y peces; son la base de la dieta y la seguridad alimentaria de las comunidades donde están ubicados; y son reservorios de carbono importantísimos (según WWF Colombia, “almacenan cinco veces más carbono que los bosques tropicales terrestres”). De las casi 70 especies de mangle que se calcula se encuentran en 123 naciones del mundo, en Colombia existen nueve, repartidas entre la costa atlántica y la pacífica. Una diversidad que no muchos países tienen. Brasil, por ejemplo, que ocupa el segundo lugar en mayor extensión en manglares después de Indonesia, tiene cuatro especies de mangle conocidas, las mismas que México. Perú tiene cinco.

De acuerdo con una investigación de la Universidad Nacional de Colombia, “a pesar de ser uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, los bosques de manglar del Pacífico colombiano son de los mejor conservados en el planeta”. De hecho, según WWF, los bosques de manglar más altos de toda América están en la costa pacífica colombiana, que alberga el 74 % de las casi 290 000 hectáreas de manglares del país.

Por razones como esas es que el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga es uno de los “hot spots de la conservación de naturaleza a escala planetaria”.

Sin embargo, entre 1996 y 2020, según Global Mangrove Watch, Colombia perdió 7269 hectáreas de manglar, “algo así como el tamaño de 10 000 canchas de fútbol”.

“Tal vez la precariedad de estos ecosistemas se deba a que son difíciles de comprender o de clasificar. Son a la vez agua, pues las mareas suben y bajan de sus raíces al menos dos veces al día, y raíz vegetal, que al estar trenzada ralentiza el movimiento de las mareas. Y son barro, pues de estas mareas quedan sedimentos que se asientan fuera del agua y forman un fondo cenagoso”, escribió hace unos años la investigadora y profesora Tatiana Acevedo Guerrero, experta en gobernanza del agua y ecología política.

Un golpeteo seco y metálico interrumpe de repente nuestros pensamientos.

Es Olivia, que está moviendo su cobador entre el barro. Se trata de una pequeña vara —ahora de metal, hace décadas de madera— que termina en una especie de garfio. Si al enterrarlo y sacudirlo de un lado al otro se oye un golpe seco, significa que está tocando una concha.

Hace décadas, mujeres como doña Paulina, la abuela de Matilde y Lucy, y doña Flor, su madre, pianguaban sin guantes, sin botas, sin cobador. Incluso, la madre de Paulina cargaba las pianguas en su camisa, recogida hacia dentro para hacer las veces de canasto. Así iba y venía. Cientos de veces.

Hoy, la lista de implementos obligatorios para la faena incluye guantes, botas de caucho, una pañoleta para cubrirse la cabeza y ojalá otra para el cuello, camisa de manga larga, canasto de bejuco para recolectar las pianguas, lancha a remo, o a motor (lo que implica contar con dinero para pagar el combustible) y una botella de agua. Son opcionales el cobador, el tiestero o un repelente y, para recuperar la energía perdida al salir del manglar, un portacomidas, un termo de café y tal vez algo de viche.

9:05 a.m. ¿Dónde quedó la lancha?

La marea ha ido subiendo rápido, sin darnos cuenta. Miramos a nuestro alrededor y todo parece igual. ¿Por dónde entramos al manglar? ¿Cómo volvemos a la lancha? Matilde sonríe y nos calma. Esto no es algo que les pase solamente a las citadinas, ocurre también con las mujeres piangüeras más expertas. Perderse es otra de las dificultades inherentes del oficio.

—A veces yo piangüo y piangüo y cuando levanto la cabeza, ni idea dónde quedó la lancha. También nos ha pasado que subió tanto la marea que se hundió y uno ve nada más los portacomidas, que están por ahí flotando —narrará Lucy esa tarde en Paz Paraíso, mientras prepara un coctel de viche—. Achicar la lancha [sacarle el agua] es muy difícil, sobre todo porque uno viene con el cansancio de muchas horas pianguando, las piernas ya están adoloridas y peor en los brazos si uno se vino a canalete.

Es decir, a remo limpio.

En una sola jornada de cuatro o cinco horas, piangüeras como Matilde, Benita, Olivia y Lucy deben agacharse y pararse decenas de veces; luchar contra un calor extremo y húmedo y un sinfín de zancudos; hurgar entre el barro; exponerse a infecciones y al ataque indiscriminado del pejesapo, el camarón bravo y algunos cangrejos; treparse por las raíces interminables del manglar; cargar de regreso a la lancha un canasto que puede pesar 60 o 70 kilos.

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Con unos cuantos agravantes: que se desate una tempestad o que la marea suba mucho más rápido de lo previsto, que el barro no solo entierre sus botas, sino que les llegue hasta la cintura. Y que se desubiquen.

12:50 p.m. Ya es hora del almuerzo

La piangua se puede comer de muchas formas. En un arroz que en el Pacífico llaman atollado (mezcla de carne de cerdo, pollo, longaniza y vegetales variados). En tamales, empanadas, sudados (platos al vapor), encocados (guisos preparados a base de leche y ralladura de coco) y ceviches.

Raíces Piangüeras, la asociación que lidera Matilde, lleva años luchando para encontrar maneras de transformar los moluscos que extraen de los manglares en productos que se puedan vender en muchas ciudades del mundo.

Hace unos años, por ejemplo, ella y Olivia —que reparte su tiempo entre pianguar y los fogones— prepararon 100 tamales de piangua para enviarlos hasta Bogotá y repartirlos en distintos restaurantes que dicen vender platos del Pacífico. ¡Qué innovador! ¡Nos interesan! ¡Qué delicia! Pero los pocos pedidos que llegaron nunca pasaron de 15 o 20 unidades, y a un costo tan bajo para ellas que ni siquiera les alcanzaba para cubrir el transporte en avión o por vía terrestre. Iban a pérdida.

Conservación Internacional, una organización presente en más de 20 países, entre ellos Colombia, les ayudó a hacer un análisis financiero para determinar si era viable transformar la piangua antes de venderla. Sin embargo, Matilde cree que todavía falta mucho trabajo para dar a conocer el molusco más allá de las zonas costeras.

Ahora quieren comercializarla en supermercados, en bandejas que incluyan un recetario y unas bolsas pequeñas con ingredientes que también vienen de su territorio y sirven para prepararla en casa, como coco y hierbas de azotea. El proyecto se llama “Del manglar a tu casa”.

Pero el camino para sacar adelante esta y otras iniciativas ha estado lleno de obstáculos.

Poco después de nacer, con un capital semilla que les dio la junta del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Plata – Bahía Málaga, crearon un sistema para comprarles la piangua a las socias y luego venderla en Ecuador, sin intermediarios. Pero el estallido social de 2021, que paralizó a Colombia durante casi tres meses, las dejó en la quiebra. Las piangüas se perdieron porque los camiones no podían salir del puerto de Buenaventura.

Ese mismo año, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca las eligió dentro de un proyecto que incluía darles 50 millones de pesos, unos 12 300 dólares de hoy, en equipos fundamentales para cumplir sus sueños. A Bahía Málaga – La Plata llegaron entonces una pesa, un congelador, una embutidora y una empacadora al vacío, pero esta última máquina nunca prendió porque no estaba adaptada para su contexto.

Antes de la entrega, Matilde había advertido que en su comunidad no tenían energía eléctrica y cualquier aparato que les dieran, debía funcionar con energía solar o planta eléctrica.

“Estábamos bien contentas, pero cuando fuimos a conectar la empacadora al vacío no arrancaba. Tiene un motor enorme, necesita un voltaje mucho mayor, que aquí no tenemos. Es una ‘animalota’”, explica Matilde. “Hace poco nos dijeron que van a mandar a alguien para que le regule el voltaje, a ver si por fin funciona”, cuenta.

Por suerte, ya que la tienen bien cubierta, no está deteriorándose por el polvo.

Raíces Piangüeras también está priorizada para recibir, por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), un inmueble incautado a un narcotraficante en la ciudad de Cali, pero la paquidermia del Estado todavía no les ha permitido pasar del anuncio.

“Es una casa lo más de bonita, si las máquinas no nos funcionan acá, podríamos llevarlas allá y montar nuestra propia tienda y una especie de casa cultural. Podríamos hacer tantas cosas”, fantasea Matilde.

En todo caso, quietas no se van a quedar mientras eso ocurre.

Aprovecharon muy bien los recursos de una beca del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para crear su página web, construir un recetario digital y mandar a hacer unas camisetas que venden entre todas, para un fondo común que ayuda con préstamos sin intereses a cualquier socia, cuando lo necesite.

También consiguieron una lancha y montaron una cacharrería en Miramar (una de las cuatro comunidades del Consejo Comunitario, junto con La Plata, La Sierpe y Mangaña), donde venden guantes, botas y otros objetos. Y cuando llegan turistas activan la Ruta de la Piangua, un proyecto colectivo creado en 2010, que incluye un sendero y una experiencia para que los viajeros, que normalmente van al Pacífico colombiano en época de avistamiento de ballenas jorobadas —junio a agosto—, conozcan el molusco y lo saquen del manglar, si pueden.

El problema es la violencia. Con más de 20 asesinatos, marzo pasado fue el mes más violento en los últimos dos años en Buenaventura, y eso influye directamente en el número de turistas que desde ahí viajan en lancha a cualquiera de las islas del archipiélago. En La Plata no recuerdan un año tan vacío de turistas desde la pandemia.

Las comunidades también han sido víctimas de robos por parte de grupos armados ilegales que a veces interceptan las lanchas en las que se movilizan desde y hacia el puerto.

En enero de 2024, además, unos hombres armados con fusiles intentaron tomarse el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Plata – Bahía Málaga, tras lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 13 de sus líderes. Y todo ello ocurre con la base naval de Bahía Málaga —la más importante de la Armada Nacional en el Pacífico— a solo 15 minutos de distancia en lancha.

5:40 p.m. El “cansancio honrado” de las mujeres piangüeras

Lucy Mosquera Murillo prepara un coctel con hierbas frescas y viche y una jarra de limonada en su quiosco de Paz Paraíso. Esta tarde tiene cuatro clientes. Treinta metros más lejos suenan unos arrullos, cantos tradicionales de las comunidades negras del Pacífico colombiano. El sol comienza a esconderse y poco a poco va tiñendo de naranja fosforescente las construcciones de madera de La Plata.

Además de un título en Gestión de Hotelería y Turismo, Lucy, de 27 años, tiene estudios en etnoeducación y es guía turística.

 “Raíces Piangüeras nos ha ayudado a visibilizar lo que hacemos y nos ha empoderado en cuanto a liderazgo. A mí, por ejemplo, me ha dado confianza, me ha ayudado a convencerme de que mis ideas son importantes”, explica después de servir la primera ronda de bebidas.

Pero hay algo mucho más importante que eso. Lucy sueña con el día en que, gracias a la asociación, las mujeres ya no se vean obligadas a pianguar para vivir y encuentren una o más actividades distintas que les permitan descansar de ese oficio extenuante y, al tiempo, alcanzar la autonomía económica.

“Cuando yo digo que me gusta ir a pianguar es porque el primer día voy sin mucho ánimo pero si ya tengo una producción, el segundo y el tercer día voy a meterle todo y me animo. Pero la real [la verdad] es que es una actividad muy dura, uno lo hace por necesidad, por la costumbre, y hay momentos en que puede pasarla bien cuando va en compañía, pero es muy difícil”.

En marzo de este año se presentó, en el Congreso de la República, un proyecto de ley para “promover, proteger e incentivar la cadena productiva de la piangua, reconocer el valor de las prácticas ancestrales y fomentar el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las mujeres piangüeras en Colombia”.

El proyecto —que logró ser aprobado en el primero de cuatro debates y cuya ponencia para el segundo ya fue radicada para ser discutida en la Cámara de Representantes— fue impulsado por la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), uno de los cuatro departamentos del Pacífico colombiano junto con Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Matilde afirma que se enteró cuando ya estaba listo y el asesor de uno de los más de 30 congresistas que lo presentaron la buscó para enviárselo.

Según el representante Carlos Ardila, uno de los principales autores del proyecto, para construirlo fue “imposible alcanzar a todas las piangüeras” del Pacífico. “Hicimos todo el esfuerzo de reunir el sentir de todas las regiones en encuentros regionales durante 2023 y 2024, con una misión de campo al Chocó y en un esfuerzo conjunto con las Corporaciones Autónomas Regionales (autoridades ambientales) y líderes piangüeras de los cuatro departamentos”, dijo.

“Supuestamente es para ayudarnos a nosotras, pero la verdad es que se construyó desde un escritorio”, asegura la representante legal de la asociación Raíces Piangüeras. No puede ocultar la frustración cuando habla del tema.

En julio pasado, Matilde organizó un encuentro de 50 piangüeras de los cuatro departamentos para conversar sobre el proyecto y hacer unas recomendaciones que les enviaron a los congresistas que lo radicaron en Bogotá.

Ella y Lucy siempre han sido mujeres muy independientes porque así las crió doña Flor. Y así es como la hermana menor de Matilde quiere criar a su pequeña hija de tres años, Britney. Para avanzar en ese sentido, aunque suene contradictorio, cuando esté más grande la va a llevar al manglar y le va a enseñar todos los secretos del arte de extraer pianguas de sus raíces.

“Que no llegue el día en que si no hay ninguna alternativa distinta no tenga cómo vivir y le toque depender de un hombre”.

Doña Flor —58 años y seis hijas, las tres primeras con un padre que fue asesinado siendo ellas muy niñas— opina lo mismo:

“Este es un trabajo honrado, que nos ha dado muchos beneficios, pero es muy duro. Yo siempre le pedí a Dios que mis hijas no tuvieran que mantener su familia a punta de piangua, como yo lo hice. A mí me dio mucho y no me arrepiento, me siento contenta por eso, pero es que trabajar en el manglar es muy duro. Yo creo que aquí todos deben aprender, niños y niñas, porque hace parte de lo que somos. Pero ojalá puedan tener otras opciones”.

Marlyn también está de acuerdo con eso:

“A mis nueve hijos yo los levanté con esta actividad. Lo hago porque me nace hacerlo, uno va al manglar y siente como esa paz de la naturaleza, y es una ayuda para sostenerse. Pero para hablarle con la realidad, yo ahora quisiera solo ir para enseñarles a las personas cómo se hace y que me pagaran por eso. Es que estoy muy cansada, ya bastante lo hice”.

Alguna vez el sociólogo, escritor y periodista Alfredo Molano Bravo habló del “cansancio honrado”. Tal vez eso es lo que sienten las mujeres piangüeras del Pacífico.

8:20 p.m. Pianguar, cantar y ser libre

Aura Nelly Díaz normalmente canta estas canciones en el manglar, para distraerse del cansancio, el sudor y los ataques de los zancudos, pero hace meses no puede hacerlo por una enfermedad que también la tiene triste. Sin embargo, esta noche de un jueves de mayo decide entonarlas porque se siente orgullosa de ser “una guerrera, una enamorada de los manglares”.

La canción del chango la compuso un día en que “había como 50 de esos pájaros” en el manglar y “uno cantaba y el otro le contestaba y uno más silbaba”.

Aura Nelly no pudo pasar de cuarto de primaria y sabe leer pero no escribir. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para lo que ha conseguido. Es guía turística. Vende destilados como el viche. Y compone con su mente y con la sabiduría que le da Dios, dice.

“Cuando usted va a hacer la actividad de pianguar se trae muchas cosas. Se concentra con la naturaleza y regresa diferente a como se va. Hacerlo a mí me da respiración, me hace sentir libre, dejo atrás todo lo difícil. Por eso también canto cuando estoy pianguando”.

Esta es la última canción que compuso y “es mucho más sentimental”, porque las pianguas ya no se dejan ver tan fácil como antes.

Imagen principal: Matilde Mosquera (adelante, de negro) y Benita Rentería, en un descanso de la actividad de pianguar. Foto: Laila Abu Shihab Vergara

* Esta crónica es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y VORÁGINE.

El artículo original fue publicado por Laila Abu Shijab Vergara en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Costa Rica ha vivido en una contradicción con sus políticas de conservación en los últimos años. Por un lado emitió leyes de protección a la vida silvestre, pero por otro ha facilitado la salida de cargamentos de aletas de tiburón de especies en peligro de extinción a través de la reexportación, de acuerdo a una investigación del Centro Restauración Especies Marinas Amenazadas (CREMA).

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Esta organización dedicada a la investigación y conservación marina en Costa Rica, reveló cómo autoridades del país autorizaron el tránsito de 12.6 toneladas de aletas de tiburones provenientes de Nicaragua entre 2023 y 2024.

Esta actividad no solo implicó la muerte de al menos 15 000 tiburones, sino también una violación a las leyes nacionales y a los esfuerzos globales para la conservación de estas especies, suscritos ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Randall Arauz, biólogo marino, consultor en política de conservación marina de CREMA y referente internacional en la conservación de tiburones, cuenta cómo pese a contar con leyes sólidas y un fallo de la Corte Suprema que protegen al tiburón martillo, el país mantiene prácticas que toleran la pesca de estas especies y facilitan su comercialización.

En entrevista con Mongabay Latam, Arauz explica el uso de la figura de “reexportación” para encubrir capturas ilegales, denuncia la inacción del Ministerio de Ambiente y la influencia que tiene la industria exportadora de aletas en la política pública de Costa Rica.

Además, llama a las acciones que puede emprender la sociedad civil y la comunidad internacional para presionar a las autoridades y proteger a los tiburones como especies clave de los ecosistemas marinos. Se trata de un trabajo que le ha valido a Arauz ser reconocido con el Premio Goldman 2010, el galardón más importante para defensores ambientales.

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–¿Qué factores están amenazando a estas especies de tiburones en aguas costarricenses?

–Habíamos logrado afectar el desarrollo de las actividades pesqueras sobre el tiburón martillo, que es una de las preferidas por el valor de sus aletas, pero en 2017, el gobierno de Costa Rica promulgó que los tiburones ya no eran vida silvestre, sino especies comerciales. Eso trajo cambios muy significativos porque el Ministerio del Ambiente dejó de ser el ente rector sobre las especies amenazadas de tiburón, la ley de conservación de vida silvestre se tiró por la ventana y se le otorgó todo este poder al Instituto Costarricense de Pesca. La ley de pesca, que es una ley comercial, llevó a que continuara el proceso de sobrepesca y extinción del tiburón martillo. A pesar de tener garantías internacionales, como la Convención CITES, la Convención de Especies Migratorias, se dieron todos estos cambios de manera ilegal.

Si usted quiere cambiar la ley tiene que ir al Congreso, pero aquí se dio un decreto que afectó a una ley, lo que es ilegal. Denunciamos esto en la Corte Suprema y después de un proceso de ocho años, obtuvimos una resolución de la Sala Primera del máximo tribunal, que dijo: “Los tiburones son vida silvestre, declararlos especies comerciales fue un acto ilegal”. Además ordenó al Instituto de Pesca y al Ministerio del Ambiente cumplir estrictamente con la ley de conservación de vida silvestre. Pero eso aún no ocurre.

–¿Cómo inició la reexportación autorizada de aletas de tiburón martillo en Costa Rica?

–En 2013, Costa Rica fue el país que llevó la iniciativa a la convención CITES para la conservación de tiburón martillo. Yo era el asesor científico y logramos que se aprobara la protección internacional. Costa Rica quedó como el campeón de la conservación.

Pero de 2015 a 2021, Costa Rica siguió permitiendo la captura de tiburón martillo, la descarga en los muelles de Punta Arenas y la venta de sus aletas. El único destino que tienen las aletas tiburón martillo es para la exportación, aquí no se consume. Los países tienen que tener registros de los productos que no pudieron ser exportados para estar seguros de que no entren al mercado ilegal, pero Costa Rica, al negarse a llevar controles, facilita la exportación de esos productos de manera ilegal.

Descubrimos que a lo largo de 2024, Costa Rica realizó cinco reexportaciones de aletas de tiburón que vienen de Nicaragua y después se mandan a Hong Kong. Conseguimos las facturas y resulta que de las casi 12 toneladas, Nicaragua reexportó por Costa Rica 1.8 toneladas de tiburón martillo, las otras diez toneladas eran tiburón sedoso, tiburón zorro, tiburón tigre y tiburón toro.

¿De dónde salieron las diez toneladas de más? No venían de Nicaragua. Lo único que uno puede inferir es que son tiburones que fueron capturados en Costa Rica, guardaron las aletas y ahora las están exportando con el permiso de Nicaragua.

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Son casos de estudio de cómo un país puede violar las regulaciones de CITES y aparentar estar en buen derecho.

–¿Cuáles son los vacíos legales que permiten que productos de especies protegidas circulen en el comercio internacional?

–El ente rector sobre las especies amenazadas es el Ministerio del Ambiente, que representa a Costa Rica en la convención CITES. Pero todas esas exportaciones están ocurriendo ahora por autorización del Instituto Costarricense de Pesca, que no tiene ninguna jurisdicción, según la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Tenemos un Instituto Costarricense de Pesca que se atribuye potestades que no le corresponden y un Ministerio del Ambiente que se niega a cumplir con su deber. Tres ministros de Ambiente han sido completamente sumisos al Instituto de Pesca y a los deseos de los exportadores de aleta tiburón. Es una situación muy vergonzosa.

–¿Cómo ha afectado la sobrepesca a la población de tiburón martillo?

–El tiburón martillo está en peligro crítico de extinción. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, sus poblaciones han disminuido en un 95 % y hasta 98 % en algunas regiones del mundo, y lo triste es que a pesar de esta situación reconocida por las instituciones internacionales, se siguen pescando y se siguen exportando las aletas.

Cada vez que vamos a las reuniones internacionales, ya sea la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o CITES, vemos que aumenta la lista de especies amenazadas porque cada año la situación de sus poblaciones es peor.

¿Acaso le hacemos eso a los jaguares? ¿Decimos que un campesino puede matar un jaguar porque tiene hambre y tiene que vender su piel? No, los jaguares están protegidos y no hay ninguna justificación para matarlos porque son especies en peligro crítico de extinción, lo mismo pasa con el tiburón martillo.

–¿Qué papel puede jugar la sociedad civil y la comunidad internacional ante este tipo de escenarios?

–Nosotros recurrimos nuevamente a las Cortes y estamos acusando al gobierno de Costa Rica de desacatar una orden judicial superior. Las autoridades pesqueras, de Ambiente y hasta la Presidencia en este momento están en desacato. Pese a que tienen una orden de la Corte Suprema de Justicia, se niegan a cumplirla.

Tenemos que exponer esta situación. En noviembre es la reunión de CITES en Uzbekistán y vamos a ir a exponer nuevamente a Costa Rica porque la convención tiene que saber las maneras en que se violan sus compromisos. Definitivamente esta figura de permitir reexportaciones es un portillo abierto para faltar a los compromisos y para fomentar la extinción de especies. En Costa Rica la política de conservación marina la establece la industria exportadora de aletas de tiburón.

Los tiburones son vida silvestre y el día que los tratemos como la vida silvestre amenazada que son tendremos las leyes esperándonos para implementarlas y proteger estas especies. Dejemos de hablar de pesca sostenible y de nuevas regulaciones. Ya tenemos leyes perfectamente buenas para salvar la vida silvestre amenazada. Empecemos a aplicarla para los tiburones.

Imagen principal: el tiburón martillo está en peligro crítico de extinción. Sus poblaciones han disminuido en un 95 % en algunas regiones del mundo. Foto: cortesía Enrique Uribe

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cuando Fredy Yavinape era pequeño, no sabía que conocía el concepto biológico de especie sombrilla. Las “especies sombrilla” son aquellas que requieren grandes extensiones de territorios poco intervenidos por el ser humano para sobrevivir, por eso se convierten en un indicador del estado de conservación de todo el ecosistema. Hoy, a sus 48 años, Yavinape sabe que lo sabe.  Lleva más de una década recopilando muestras y registrando lo que ocurre a diario en el inmenso territorio de caños, lagunas y ríos en que vive: la Estrella Fluvial del Inírida, un importante complejo de humedales al oriente de Colombia, entre los departamentos de Guainía y Vichada, donde la selva Amazónica se confunde con las sabanas inundables de la Orinoquía.

“Cada vez que uno salía mi papá nos decía: ‘ojo con el abuelo, que debe estar por ahí, no lo molesten, debe estar pescando o cazando, hay que respetarlo’”. El abuelo al que se refería su padre es el jaguar, ancestro de los indígenas curripacos según su tradición. Fredy lleva una parte de él en los apellidos, pues en su lengua materna Yavinape significa “brazo del jaguar”.

“Él siempre está cuidando, donde está el jaguar quiere decir que hay comida”, asegura Yavinape. La última vez que se topó con uno fue en diciembre de 2024, durante un monitoreo de la Mesa RAMSAR, de la que él es presidente.

La Mesa es un espacio de gobernanza creado por las comunidades locales y los pueblos indígenas de la zona, tras la declaratoria por parte del Gobierno Nacional de la Estrella Fluvial del Inírida como sitio RAMSAR en julio de 2014. Con ello el país se comprometió a la especial protección de 253 000 hectáreas de caños, humedales, lagunas y cuerpos de agua en la confluencia de los ríos Inírida, Guaviare y Atabapo, que suman sus torrentes con el Ventuari, del lado venezolano de la frontera, y juntos conforman el nacimiento del gran río Orinoco.

La Convención RAMSAR, es un tratado internacional suscrito por 172 países, entre ellos Colombia. Busca proteger los humedales considerados “un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable”. Ello, debido a su importante función como “reguladores de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una fauna y flora características, especialmente de aves acuáticas”.

Desde el mismo año de la declaratoria RAMSAR para la Estrella Fluvial del Inírida se formuló un plan de manejo. De la mano con las comunidades indígenas locales, comenzó un proceso para realizar un monitoreo pesquero que permitiera entender mejor el estado de conservación de las especies de las que se alimentan los indígenas.

Las comunidades campesinas de la región, así como los siete resguardos indígenas que albergan a los pueblos puinaves, curripacos, tukanos, piapocos, cubeos, sikuanis y wananos, abarcan parte de las cuencas de los ríos Guaviare, Inírida y Atabapo. Esto convierte a la Mesa RAMSAR en una herramienta para proteger sus territorios, amenazados por fenómenos ilegales como el narcotráfico y la minería, pero también por la pesca descontrolada y el uso irracional de los recursos naturales.

Un modelo exitoso de gobernanza comunitaria

“Esa es la seguridad alimentaria de nosotros; ese monitoreo nos ayuda a tener claridad para un diagnóstico”, observa Fredy Yavinape. Las malas prácticas pesqueras, sumadas a una bonanza de minería informal que empezó en la década de 1980 en los ríos de la región, llevaron a la disminución de muchas de las especies, asegura. Delio Suárez, un líder indígena del pueblo tukano, puede corroborar por su propia experiencia en los sesenta años vividos, el agotamiento del recurso.

“Yo crecí acá. Era muy diferente. Había muchos peces, peces grandes. Uno nunca iba lejos a pescar. Había mucho. Con una jornada se sacaba para la semana”, recuerda. “Hoy en día todo eso ha cambiado. Es como un sueño esa riqueza de peces de esa época. Ahora la población ha crecido, las necesidades han crecido y hay muchos pescadores que usan malla, eso ha sido el problema”.

Suárez coincide con que las mallas de nylon eran desconocidas por los pueblos indígenas de la región hasta que llegó la bonanza de la minería de oro a mediados de la década de 1980, impulsada por mineros brasileños informales que dragaron el río Inírida durante “veinte años consecutivos”. “Los brasileños trajeron las mallitas y todavía siguen existiendo”, dice. Las mallas significaron un cambio radical en las formas ancestrales de pesca, pues de acuerdo con Suárez, permiten atrapar muchos más ejemplares de todos los tamaños, lo que ha contribuido al agotamiento del recurso pesquero.

Suárez aprendió de sus mayores lo que estos habían aprendido a su vez de los suyos: las artes de tejer  “cacures”, unas trampas que se sumergen en la corriente y permiten atrapar los peces, atraídos por carnadas. Delio Suárez recita de memoria que para coger pirañas —en la región llamadas “caribes” (Pygocentrus cariba)— deben usarse carnadas de lagartija. Pero si se utiliza la baba de la espina del cubarro (Bactris maraja) entonces sólo caerán bocachicos en la trampa. Las ciruelas silvestres, en cambio, atraen a las palometas (Pygocentrus palometa).

Las artes de pesca tradicionales incluyen desde complejas trampas elaboradas con palmas y bejucos para atrapar ejemplares vivos con cebos y carnadas, hasta arpones, flechas e incluso el cuestionado uso del barbasco. Ese es el nombre común con el que se conoce a varias plantas amazónicas de los géneros Caryocar, Lonchocarpus, Thephrosia, Clibadium y Phyllantus que liberan toxinas capaces de paralizar o incluso de matar a los peces. A pesar de ser un método milenario de pesca, ahora está proscrito por la mayoría de comunidades dado el impacto perjudicial que tiene sobre las poblaciones de peces.

La Estrella Fluvial del Inírida es habitada por comunidades de los pueblos curripaco, puinave, piapoco, desano y tucano. En tiempos más recientes, también han llegado desde el Vichada miembros de la etnia sikuani y colonos atraídos por la bonanza minera. Todos dependen de la pesca para su supervivencia. En la región hay 476 especies distintas de peces, el 50% de todas las que habitan en la gran cuenca del río Orinoco, según datos del Plan de Manejo. La zona es un importante reservorio de biodiversidad, pues la caracterización biológica para declararla como sitio RAMSAR también encontró que es el hábitat de 100 especies de anfibios y reptiles, 324 especies de aves y más de doscientas especies de mamíferos, que recientemente comenzaron también a ser monitoreados por las comunidades locales en sus recorridos y faenas en la selva.

Jaime Cabrera es biólogo y coordinador de monitoreo del Fondo Mundial de la Naturaleza, más conocido por sus siglas en inglés (WWF), la ONG que apoya este proceso. Explica que el conocimiento ancestral de las comunidades y los datos que recopilan en sus faenas diarias juegan un papel crucial para que la ciencia entienda cómo se comportan las especies de agua dulce en la zona, sus ciclos de desove y reproducción, así como los impactos que el cambio climático con las sequías y temporadas lluviosas más prolongadas están causando sobre el ecosistema.

El monitoreo pesquero ha detectado 108 especies de peces diferentes que sirven a la dieta de las comunidades y aportó datos clave para modificar las restricciones que imponía en la región la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).

“Desde el principio los indígenas dijeron ‘esas vedas están mal’”, cuenta Jaime Cabrera, explicando cuál fue su respuesta: “ustedes ya lo saben, pero tenemos que demostrarle eso a la autoridad ambiental”. El proceso que siguió —y que aún realizan las comunidades— consiste en llevar un registro detallado después de cada faena pesquera, anotando hora de salida, tiempo en el sitio, cuántos individuos fueron capturados, de qué especies, entre otros datos.

En respuesta para este reportaje la AUNAP ha reconocido el valor de este proceso, indicando que la normatividad y los acuerdos están “adaptados a las particularidades y características de cada comunidad” una regulación que no solo “protege al ecosistema y su biodiversidad, sino que también garantiza una distribución equitativa de los beneficios generados por la actividad pesquera para las comunidades locales”.

“Es una faena normal de pesca, ya en la casa uno los pesa y los mide, para saber si son adultos, les abre las vísceras y revisa el contenido estomacal. Así se fue plasmando la información de todos los peces que tenemos en nuestros ríos”, detalla Delio Suárez, refiriéndose a mediciones que se han hecho en las cuencas del Atabapo, el Guaviare y el Inírida, así como en lagunas y humedales conectados.

Todos estos datos son anotados y sistematizados con apoyo de la WWF. Con la evidencia tomada en cinco años, entre 2014 y 2019, los indígenas le demostraron a la AUNAP que las vedas y restricciones estaban mal estipuladas, pues algunas de las especies eran más pequeñas en su talla de reproducción sexual de lo que la AUNAP presumía.

Entre los hallazgos más relevantes se demostró que para el caso de cuatro especies muy apetecidas la madurez sexual ocurre en tamaños menores a los que la AUNAP permitía pescar. Estos fueron los casos del bocón (Brycon sp), que empieza a reproducirse desde que tiene 31 centímetros, aunque la veda prohibía capturar ejemplares menores de 40. El chancleto (Angeneiosus sp), que también alcanza su madurez sexual a los 31 centímetros, sólo se permitía capturar ejemplares de más de 35. En los casos de la palometa (Mylossoma sp) y el bocachico (Prochilodus sp), que comienzan su reproducción a los 21 y 25 centímetros respectivamente, la autoridad pesquera únicamente permitía su captura cuando los ejemplares tenían 23 y 27 centímetros de talla.

En una primera resolución, la 2575 de 2020, la AUNAP reconoció lo que los indígenas probaron con evidencia científica: que “la talla media de madurez sexual se da en un rango más pequeño” y que “entre las especies con mayor abundancia registradas en los monitoreos se encuentran: caribe (Serrasalmus sp.), bocachico (Prochilodus sp), pampano (Myleus sp.), palometa (Mylossoma sp.), chancleto (Ageneiosus sp.), pavón (Cichla spp.), cabeza palo, guabina y payarita”.

La misma resolución reconoció artes tradicionales de pesca conocidas como caucures y nasas, un tipo de trampas confeccionadas con bejucos y astillas de palma que sirven para capturar peces vivos dentro del río. También, las sagallas, arpones, arcos y flechas con que los indígenas pescan desde hace cientos o quizá miles de años.

Se incluyeron igualmente técnicas modernas aprendidas de los colonos como las caretas y mallas, prohibidas expresamente para la pesca comercial en muchos de los puntos del sitio RAMSAR, aunque aprobadas para la pesca de subsistencia en algunas comunidades de los ríos Guaviare, Inírida y Atabapo, siempre que el “ojo” de la malla, es decir, el espacio entre los hilos de nylon, sea superior a tres pulgadas o 6.7 centímetros.

Una segunda resolución de la AUNAP, la 2663 de 2022, retomó nuevos datos sobre la reproducción de especies ornamentales y de consumo como la sapuara (Semaprochilodus laticeps), cambiando los tiempos de veda y prohibición de la pesca, pues se detectó con un estudio gonadal —un análisis de los órganos reproductivos de cada ejemplar— que su periodo de desove y reproducción ocurre entre marzo y junio, y no a partir de mayo como se creía antes.

No obstante, los cambios acelerados que el calentamiento global está produciendo en los ciclos hídricos preocupan a los científicos y a las comunidades indígenas, pues ahora las temporadas de lluvia y sequía, que antes ocurrían en periodos determinados del año, se han desdibujado, alterando el comportamiento de las especies.

Delio Suárez cuenta que los peces tienen sitios específicos para el desove: “con el cambio climático ha habido mucho problema, porque a veces el río está seco y ellos no saben dónde poner los huevos. Tenemos un problema grave, los peces se están extinguiendo”, dice refiriéndose al río Guaviare, que sufrió los rigores de la temporada seca en 2024 llegando a niveles de apenas tres metros con setenta centímetros, según la prensa local, cuando podía superar los nueve metros en algunos tramos.

Fredy Yavinape cuenta que “sus paisanos” ahora han descubierto en las faenas diarias que, como ellos mismos dicen, “los peces andan locos, andan desorientados” debido a la inestabilidad climática. “Los ciclos de tiempos antes estaban muy definidos, el verano iba desde noviembre hasta marzo, de ahí seguían las lluvias, pero ahora con el cambio climático a veces llueve y se crece el río, el pescado anda desorientado porque cree que ya llegó el invierno, eso se ha podido detectar con el monitoreo”.

Asegura que esta información servirá para tomar medidas urgentes y posiblemente incidir en nuevas regulaciones pesqueras, pero además han detectado la afectación a otros animales de agua dulce, como sucede con varias especies de tortugas en estado de amenaza, por ejemplo, las terecay (Podocnemis unifilis) y las charapas (Podocnemis expansa). “Se ha encontrado que ellas desovan en las playas, pero en tiempo de desove está inundado y no tienen condiciones. O a veces está seco pero el río crece y los huevos se dañan”, comenta Yavinape.

Lagos de Tarapoto: otro bastión de la conservación indígena

Los efectos del cambio climático ya son un grave problema para la cuenca amazónica, donde la sequía extrema ha llegado al punto de afectar la navegación en los ríos. Así lo explica Lilia Java desde los Lagos de Tarapoto, un complejo de 22 humedales y cuerpos de agua que abarcan 45 mil hectáreas, conectados con el gran río Amazonas, que fueron declarados en 2018 como el primer sitio RAMSAR de la Amazonía colombiana.

Cuando se le pregunta a Java si los Lagos fueron golpeados por las últimas sequías que redujeron a niveles inéditos los caudales del Amazonas y varios de sus afluentes en los últimos meses del año, tanto en 2024 como en 2023, ella ofrece una respuesta contundente: “golpeados no, quedaron secos. Golpeados fuimos nosotros, porque no teníamos peces para comer”.

Java pertenece al pueblo Kokama, que habita en un resguardo compartido con las etnias Tikuna y Yagua, donde también se ha implementado un monitoreo pesquero de la mano con las comunidades indígenas, llamado Vigías de los Lagos de Tarapoto.

“Ha sido difícil pero seguimos en el trabajo, seguimos en la lucha”, asegura ella, quien pide más apoyo oficial para esta iniciativa. De acuerdo con Java, a los monitores que ejercen vigilancia y control dentro de los Lagos se les da un incentivo económico para apoyarlos en su alimentación y necesidades básicas, pero aspiran a formalizar su labor con un salario.

Los monitoreos comenzaron en 2012 y ahora contribuyen al cuidado territorial con una balsa de control y vigilancia ubicada a la entrada de los Lagos, desde donde se vigila que se cumpla con las disposiciones pesqueras y los acuerdos comunitarios de pesca que han sido autorizados por la AUNAP. También han ayudado a reintroducir ejemplares de mamíferos acuáticos al ecosistema, como manatíes amazónicos.

Desde 2009, en Tarapoto se han pactado acuerdos de pesca responsable que fueron reconocidos por la AUNAP en una resolución de 2017. Los acuerdos hacen parte del Plan de Vida del resguardo Ticoya y por lo mismo se erigen como normas internas de la comunidad, limitando la cantidad de pescado autorizada para ser capturada por cada grupo familiar, las artes de pesca permitidas y prohibiendo la captura de algunas especies como el pirarucú (Arapaima gigas). Además, prohibieron el ingreso de barcos pesqueros comerciales a los Lagos, así como el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas.

Esto ha permitido que regresen tres especies que “ya estaban desapareciendo del ecosistema”, según explica Lilia Java: el emblemático pirarucú (Arapaima gigas), la gamitana (Colossoma macropomum), que es un tipo de cachama muy apetecida en la dieta local, e igualmente el acarahuazu (Astronotus ocellatus). “Se han recuperado esas especies, no en grandes cantidades, pero volvieron a aparecer registros a través del monitoreo, también identificamos nidos del pirarucú, eso nos ha servido para seguir incentivando el monitoreo”.

El biólogo Jaime Cabrera insiste en que procesos como estos son cruciales para tener información actualizada y de primera mano desde la zona, algo que sólo es posible con el apoyo de las comunidades locales. Mientras un equipo de expertos puede viajar por temporadas cortas y tomar muestras y datos parcializados, los indígenas habitan e interactúan con el ecosistema las veinticuatro horas al día durante todo el año, lo que constituye una fuente de información de un valor incomparable.

Para él, la conservación se hace con la gente, no sin ella, por eso acude a tres conceptos que resumen la gobernanza cultural que los indígenas hacen de su territorio: cuidarlo, gobernarlo y utilizarlo, algo que según el experto es, en esencia, una misma práctica. “No puedes cuidar lo que no conoces. La base para cuidarlo es conocer y saber qué está pasando en los territorios”.

Cabrera insiste en que los saberes tradicionales son tan importantes como los aportes que se hacen desde la ciencia occidental. Incluso defiende la idea de que “todo es ciencia, lo nuestro es ciencia y lo que ellos hacen también”.

Antes, en el Caño Cunubén, aguas arriba sobre la margen derecha del río Guaviare, al norte del departamento de Guainía, la abundancia de babillas era tanta que por la noche sus ojos alumbraban a ras de agua como si fueran “arbolitos de navidad”. La imagen la trae a la memoria Fredy Yavinape, quien creció en las orillas de esa quebrada y añora todavía la profusión de peces y animales de caza que ahora escasean.

“Uno interactuaba con las pirañas, con el jaguar, con la anaconda, todos parecían de la familia de uno, eran uno más de la casa, uno más del patio”, dice con una mezcla de entusiasmo y nostalgia, resumiendo en sus palabras la encrucijada que significa enfrentarse al cambio climático y al colapso de las especies en uno de los lugares más biodiversos del planeta. “Uno vive pendiente del vecino, ¿qué pasó con tal güio [anaconda] o con tal babilla que teníamos en el puerto del caserío? El día en que no los vimos, como que nos hacían falta”.

*Este reportaje es una alianza periodística entre Baudó Agencia Pública y Mongabay Latam.

**Imagen principal: Ilustración de Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública.

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Camilo Alzate en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“¿Quieren ir a pescar?”, es la primera frase que un operador turístico contactado por sus servicios pronuncia tras la pregunta de si realiza recorridos con yates en la Reserva de la Biosfera Islas Marías. En toda esta área natural protegida, ubicada en el océano Pacífico mexicano, las actividades pesqueras están prohibidas, incluida la deportiva, de acuerdo con el Programa de Manejo vigente desde agosto de 2022.

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“Allá se pueden tirar a arponear, podemos ir a buscar las tunas (atún) o podemos llegar a las piedras a tirar de fondo y agarrar cabrillas, pargos, diferentes especies. Podemos ir a hacer jigging (una técnica para pescar grandes depredadores y capturar especímenes de gran tamaño), son muchos diferentes tipos de pesca que podemos hacer”, comenta el operador turístico sobre sus servicios en la empresa Cabo Yacht World.

En la llamada hecha en febrero de 2025, esta persona, que administra yates para hacer recorridos en los alrededores de Cabo San Lucas y otras regiones del Pacífico, cuenta que usualmente cuando llevan turistas a Islas Marías utilizan un yate grande que llaman mothership, el cual arrastra una embarcación pequeña o panga. En el área protegida anclan el yate y los clientes bajan a pescar en la lancha.

Dos semanas después de la llamada, el operador turístico se comunicó por mensaje diciendo que ya tenía el permiso para pescar en Islas Marías, pero no contestó cuando se le preguntó cómo lo había obtenido y quién se lo había entregado.

Los hallazgos de este reportaje se suman a las sospechas por pesca ilegal en la Reserva Nacional Revillagigedo que Mongabay Latam reveló a inicios de abril, y por las cuales la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas presentó luego una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Pablo Zamorano de Haro, director de la Reserva de la Biosfera Islas Marías, confirmó a este medio que en esta área protegida se realiza pesca ilegal y que las embarcaciones para pesca deportiva son las más frecuentes.

“Aquí en la zona de Isla Madre, que es donde estamos nosotros, prácticamente no se acercan embarcaciones porque se tiene visibilidad vía terrestre. Pero en las otras islas, San Juanito, Magdalena, Cleofas, que están retiradas de aquí y donde no tenemos ojos, ahí seguido cuando salimos se llegan a ver algunas embarcaciones y se les invita a retirarse”, sostuvo.

“Un yate premium que supera todas tus expectativas”

“Tenemos un chef que ha trabajado en restaurantes de cinco estrellas y ese yate lo tenemos en 15 500 dólares por noche para ir a las Islas Marías, ya con comidas, bebidas, para pescar y con los permisos adecuados para poder pescar ahí. Mínimo serían tres noches y lo tenemos disponible para la última semana de marzo saliendo de Puerto Vallarta”, detalla por mensaje telefónico el operador de turismo.

La empresa Cabo Yacht World ofrece los recorridos en yates de lujo mediante Instagram, Facebook, X, YouTube y en un sitio web propio con información publicada sólo en inglés. Sin embargo, en sus publicaciones no aparecen los recorridos que realiza a las Islas Marías, sólo los que organiza en Cabos San Lucas, San José del Cabo y La Paz.

“Ofrecemos alquileres de yates inigualables, donde podrás experimentar el encanto de aguas cristalinas en un yate premium que supera todas tus expectativas”, asegura en su página web.

Uno de esos yates premium es el Mardiosa, que comparte nombre y características con una embarcación con bandera estadounidense que registró 10 horas de esfuerzos de pesca aparente el 19 de abril de 2024 en la reserva, de acuerdo con Global Fishing Watch (GFW), una plataforma que muestra la actividad de pesca a nivel mundial.

Los esfuerzos de pesca aparente son la forma en la que GFW nombra aquellos eventos que se pueden clasificar como pesca posiblemente realizada. La plataforma identifica estos hechos mediante el análisis de los datos obtenidos con el Sistema de Identificación Automática (AIS por sus siglas en inglés) que tienen los barcos para transmitir su posición. Esta información, más otros datos como la velocidad del barco y los movimientos que realiza, son interpretados por el algoritmo para determinar si es o no una posible actividad de pesca.

Mongabay Latam se puso en contacto con el operador de turismo para recoger su versión sobre las afirmaciones hechas en la llamada telefónica. Al identificarnos como periodistas, el operador negó que la empresa Cabo Yacht World ofreciera servicios de pesca al interior de la reserva y pidió que nos comunicáramos con ella vía correo electrónico. Mongabay Latam escribió a la dirección indicada, pero hasta la publicación de este reportaje, la empresa no dio su comentario.

El Mardiosa no es un caso aislado. Mongabay Latam analizó la información satelital de las embarcaciones que ingresaron a la reserva en los últimos 10 años y comprobó actividades sospechosas de pesca en todos ellos. Esa información, además, fue cotejada con datos obtenidos mediante solicitudes de transparencia a diferentes entidades de gobierno y testimonios de investigadores que han monitoreo la región por más de 20 años.

Solo en 2024, este medio identificó 10 barcos realizando actividades sospechosas de pesca al interior de Islas Marías, lo que fue confirmado por los analistas de GFW. De todos ellos, seis tenían bandera de México y cuatro de Estados Unidos. Además, cinco usaban red de cerco para capturar atunes.

El problema es de larga data, puesto que, a lo largo de una década, al menos un barco al año registró esfuerzos de pesca aparente en el área protegida. En 2016, el año con más registros, 17 barcos realizaron actividades sospechosas de pesca al interior de la reserva.

Estos datos, coinciden con la información recopilada mediante solicitudes a diferentes entidades gubernamentales que, al igual que las afirmaciones del director de la Reserva, confirma que la pesca ilegal es un problema en esta área natural protegida. Los testimonios de los investigadores apuntan a que esta actividad ha provocado la disminución de la lapa gigante (Scutellastra mexicana), una especie sujeta a protección especial; el caracol burro (Titanostrombus galeatus) y diferentes tipos de tiburones.https://flo.uri.sh/visualisation/22732507/embed

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Incautaciones y detenidos por pescar ilegalmente en Islas Marías

En julio de 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó mediante un comunicado sobre la incautación de cinco embarcaciones menores y un buque que transportaban equipo de pesca dentro de Islas Marías. Las embarcaciones llevaban redes de cerco para la captura de atún, alrededor de 200 metros de chinchorro (otro tipo de red), equipo de buceo, cañas de pescar y otros insumos.

Ese mismo año, Amílcar Leví Cupul Magaña, doctor en ciencias pesqueras y profesor de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, vio tres pangas con instrumentos de pesca, conocidos como líneas, cerca de la Isla Cleofas, uno de los islotes de la reserva. También vio otras dos embarcaciones de pesca deportiva: una anclada y otra recorriendo una línea de pesca al lado oeste del islote.

“Del lado este de la isla, en una zona que está muy protegida, encontramos líneas y pedazos de redes. Hacia la costa tienes una parte rocosa donde llegan y se resguardan los peces, ahí hay muy buenos cardúmenes y es donde se acercan (las embarcaciones)”, comparte el profesor, quien ha explorado el archipiélago desde 2007.

A los datos del comunicado de Semarnat se suman los de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República, a quienes se les solicitó información mediante transparencia. Aunque a todas las entidades se les pidieron datos desde 2014, la mayoría sólo entregó de años recientes y la información que manejan es dispar.

La Oficina de Representación de Protección Ambiental en el estado de Nayarit y la Dirección General de Delitos Conmutaciones, Denuncias y Quejas, ambas de Profepa, registran un total de 19 denuncias por actividades de pesca en la reserva Islas Marías: siete en 2022, seis en 2023 y otras seis en 2024.

La Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas de Profepa, en cambio, sólo tiene registradas tres embarcaciones que fueron identificadas realizando pesca ilegal en los últimos 10 años. Las tres fueron interceptadas en julio de 2023 y a una de ellas se le incautó una línea de pesca denominada “palangre” y un ejemplar de atún aleta amarilla.

La única información que entregó la Semar, una de las dependencias encargadas de vigilar la reserva, es que en 2023 detuvieron por pesca ilegal a cuatro personas. Se les incautaron aproximadamente 21 kilos de langosta azul (Panulirus inflatus), 61 kilos de caracol (aunque no especificó el nombre científico) y nueve kilos de lapa gigante (Scutellastra mexicana), una especie que está sujeta a protección especial por la Semarnat. Por estos hechos, un juez dictó una sentencia de tres años de prisión y multa de 83 422 pesos mexicanos (4 250 dólares), además de 10 570 pesos mexicanos (530 dólares) como reparación del daño.

La Conapesca, por su parte, informó que sólo una persona recibió una sentencia por pesca ilegal en el área protegida en 2023 y que en 2020 fue incautado un aparejo de pesca compuesto por una línea madre de aproximadamente 5 kilómetros y 45 anzuelos.

La Fiscalía General de la República tiene un registro más amplio: nueve personas fueron detenidas entre 2014 y 2019 por la probable comisión de delitos ambientales en Islas Marías.

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Protección en papel

La protección de Islas Marías tiene una historia de 25 años y desde el principio se consideró el resguardo de su biodiversidad, pero los datos y testimonios demuestran que esto no se cumple. El 27 de noviembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que el archipiélago se declara área natural protegida con el carácter de reserva de la biósfera.

“Es un área muy rica en cuanto a biomasa y diversidad de especies, justamente por eso es que se estima y se procura que se mantenga como un área sin pesca”, dice Pablo Zamorano de Haro, el director de la Reserva de la Biosfera Islas Marías.

Once años después, el 10 de junio de 2011, se hizo público en el mismo diario federal el Programa de Manejo, que desde esa fecha se constituyó como el instrumento para regular el área. Esa primera versión permitía la pesca, pero sólo en algunos polígonos del área y únicamente para investigación científica y para el consumo de las personas que se encontraban en el Complejo Penitenciario Islas Marías. Esta prisión, construida sobre el archipiélago, se mantuvo activa hasta marzo de 2019.

Después del cierre del complejo fue necesario establecer nuevas reglas administrativas para ordenar las actividades que se podrían realizar en la reserva. Fue así que el 20 de agosto de 2021 se publicó una nueva versión del programa de manejo que estipulaba que toda el área marina de la reserva era considerada zona prohibida de pesca. La única excepción la tiene permitida el personal oficial que se encuentra en la reserva realizando tareas de administración y vigilancia. Ellos pueden pescar, pero solo para su consumo.

“Con la finalidad de conservar los ecosistemas marinos de la reserva de la biósfera la actividad pesquera no se permitirá bajo ninguna de sus diferentes variantes (industrial, ribereña, deportivo-recreativa y de autoconsumo, entre otras), ya que ésta produce cambios en la estructura de los ecosistemas marinos, los impactos se deben a la afectación a las especies que coexisten con las especies objetivo, así como a la pérdida o abandono del equipo de pesca”, cita el documento. 

El programa de manejo fue actualizado una última vez en agosto de 2022, sin embargo, este nuevo texto mantiene la prohibición de pesca en sus diferentes variantes (industrial, ribereña, deportivo-recreativa y de autoconsumo, entre otras), a excepción del autoconsumo que pueda realizar el personal de vigilancia.

“El programa de manejo dice que desde 2022 nada más es posible la pesca de autoconsumo y para el personal oficialmente destacado de Marina o de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas”, confirma Zamorano de Haro.

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La pérdida de tiburones y otras especies

El doctor Amílcar Leví Cupul Magaña, quien también participó en la recopilación de información marítima para la versión del programa de manejo que fue publicada en 2011, cuenta que en 2014 visitó el mercado del pueblo pesquero La Cruz de Huanacaxtle, en Bahía de Banderas, un municipio del estado de Nayarit. Ahí, asegura, pudo observar tiburones que habían sido pescados en Islas Marías.

“Eran como tres o cuatro ejemplares, los estaban pesando. Había tiburones toro (Carcharhinus leucas) y nodriza (Ginglymostoma unami). También vi peces loro (Scaridae) que están en riesgo y atún aleta amarilla (Thunnus albacares)”, comparte el investigador.

No era la primera vez que veía tiburones pescados en Islas Marías. En 2006 pudo observar cómo llegaban pangas a la Isla Isabel cargadas con tiburones tigre (Galeocerdo cuvier), toro (Carcharhinus leucas), gata (Ginglymostoma cirratum) y martillo (Sphyrna lewini) que los pescadores habían atrapado en Marías. En fotos que tomó el investigador Pedro Medina Rosas ese año se ven tiburones grandes enteros y cortados a la mitad en embarcaciones pequeñas.

“No supimos de dónde eran (los pescadores), si de Sinaloa o San Blas (Nayarit), y decían que habían pescado en Marías. Algunos tiburones los tuvieron que cortar a la mitad para que cupieran a lo ancho de la panga para que imagines el tamaño de los animales”, comparte Cupul Magaña.

En fotos que el profesor de la Universidad de Guadalajara tomó el siguiente año, en 2007, se ven pescadores cortando tiburones martillo en Bahía Tiburoneros, en Isla Isabel, cercana a la reserva. En la arena, los hombres amontonan aletas y cabezas de los animales. El especialista asegura que los pescadores le explicaron que los habían capturado en Islas Marías.

Agrega que desde 2007 a la fecha, también ha observado una disminución de los peces cirujanos (Acanthuridae), que son importantes dentro del equilibrio ecológico de las islas, y de los peces herbívoros comúnmente conocidos como loros o pericos (Scaridae), que mantienen el equilibrio entre corales y algas.

“Le están pegando a los depredadores tope, pero también a la base, a los que sostienen la parte de la herbivoría del sistema. Se está haciendo un desequilibrio en ese sitio, por eso es que esta área a veces batalla tanto en recuperarse”, comenta el investigador.

“En islas María, la primera vez que fuimos, en 2010, pudimos observar que alrededor del 93 % de los arrecifes que monitoreamos se encontraban saludables. Observamos un sitio bastante bien conservado con muchos depredadores tope, es decir, todos esos organismos que controlan a otras poblaciones como es el caso de los pargos, los jureles y los tiburones”, cuenta Ismael Mascareñas Osorio, maestro en ciencias por la Universidad Autónomo de Baja California Sur e investigador en el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS).

En un segundo recorrido realizado en 2018, el investigador encontró un panorama distinto: en una de sus exploraciones pudo ver 50 o 60 conchas de lapa gigante depredadas, es decir, abiertas y consumidas. Esta especie está sujeta a protección especial por la Semarnat y al menos hasta 2023 se seguía pescando, según la información entregada por la Semar a Mongabay Latam.

“En Islas Marías hay de las últimas poblaciones naturales de lapa gigante, que incluso aparece en las ofrendas del Templo Mayor (el centro religioso más importante de la antigua ciudad de Tenochtitlan). Era una población que se distribuía por todo el Pacífico mexicano y que ahora la podemos observar nada más en ciertas islas de Islas Marías”, detalla el investigador.

Cerca de las lapas, Mascareñas Osorio encontró en el mar alrededor de 1200 ejemplares de caracol burro (Titanostrombus galeatus) con la marca de que ya habían sido consumidos: un orificio que se utiliza para extraer la pulpa.

También observó embarcaciones realizando pesca dentro de la reserva y detectó un patrón similar al descrito por el operador de la empresa Cabo Yacht World: embarcaciones grandes con ollas para cocinar recibían los caracoles recolectados por barcos más pequeños que se acercaban a los arrecifes. Además, fue testigo de otra técnica empleada entre Isla María Madre e Isla Magdalena, donde dos lanchas pescaban con papalotes o cometas.

“Es generalmente la (técnica) que utilizan para pescar tiburón u otros depredadores tope”, dice el investigador. Atan al papalote líneas de pesca y luego lo sueltan para que se eleve al cielo, explica el experto. Cuando el papalote baja es porque algún animal ha quedado atrapado en los anzuelos, detalla.

El programa de manejo vigente describe que en el archipiélago se han registrado al menos 23 especies de tiburón. Sin embargo, también menciona que la presión pesquera ha sido alta sobre muchas especies de peces, incluyendo tiburones, así como moluscos y crustáceos, principalmente en las zonas lejanas, donde la vigilancia es menor en comparación a la Isla María Madre.

“La relativa ausencia de tiburones de tallas grandes puede deberse a la histórica presión de una gran pesquería de tiburones en las cercanías del archipiélago, incluyendo la cercana isla Isabel, lo que se evidencia con diversas artes de pesca abandonadas en la zona”, cita el programa de manejo.

Además, agrega que “las evidencias indican que especies como el caracol burro (Titanostrombus galeatus) y la lapa gigante (Scutellastra mexicana) han sido sobreaprovechadas, y podrían estar en peligro de extinguirse, de no establecer medidas que restrinjan su aprovechamiento con fines de recuperación de sus poblaciones”.

Octavio Aburto Oropeza, profesor investigador en el Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California, en San Diego, y quien ha realizado monitoreos en el Pacífico durante 25 años, también participó en las expediciones del archipiélago junto a Mascareñas Osorio en 2010 y 2018.

Asegura que la etapa en la que hubo más pesca ilegal en la reserva fue entre 2012 y 2018. Según menciona, ello se debería a que en 2012 la Marina dejó de patrullar la zona y la Secretaría de Seguridad Pública asumió esa responsabilidad, aunque no contaba con los medios necesarios para realizar las labores de vigilancia por mar, sobre todo en las islas más alejadas.

Esto coincide con los registros de GFW que indican que en la última década, los años con mayor número de embarcaciones involucradas en actividades sospechosas de pesca  fueron 2016, con 17 embarcaciones, y 2017, con 12.

“Más personas empezaron a oír que ya nadie vigilaba en Islas Marías y pasaron tres fenómenos: barcos atuneros cruzando el polígono, pesca artesanal a pequeña escala y pesca recreacional con arpones. Lo más importante de eso es que hay mucha gente que paga mucho dinero por hacer esa pesca y entonces tienes un barco grandote que no debería de estar ahí”, dice Aburto.

El investigador detalla que el patrullaje regresó a manos de la Marina en 2018, lo que provocó mejor vigilancia. Esto concuerda con los datos de GFW que muestran que el número de barcos realizando aparente pesca ese año en la reserva disminuyó a tres. El año pasado, sin embargo, volvió a aumentar a 10.

Aburto Oropeza asegura que uno de los fenómenos de pesca más importantes al que se le debe prestar atención es la que ofrecen empresas de turismo para que extranjeros puedan pescar en la reserva atunes o especies grandes, por cantidades muy altas de dinero, como hace Cabo Yacht World en sus yates de lujo.

“Son empresas que ya saben que pueden atraer a italianos u otros europeos que les gustan los atunes enormes y les cobras 3000 o 5000 dólares por cuatro días para buscar animales grandes en un lugar que no está tan sobrepescado como la mayoría”.

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Las condiciones geográficas lo permiten

El profesor Amílcar Leví Cupul Magaña explica que la pesca ilegal es posible en el archipiélago en parte por su distribución geográfica. La Isla Cleofas, en particular, es un punto vulnerable, ya que se encuentra alejada de la Isla María Madre, desde donde se realizan las labores administrativas y de vigilancia del área protegida. Esto permite que la pesca ilegal se realice sin ser detectada y las distancias facilitan que los pescadores huyan hacia las costas continentales antes de ser detenidos.

Para evitar la pesca ilegal, Pablo Zamorano de Haro, director de la Reserva de la Biósfera Islas Marías, coordina recorridos en los que se supervisan las islas alejadas de Isla María Madre, no obstante, menciona que sólo tienen una embarcación para realizarlos y hay escasez de gasolina.

“Nos falta el capitán de relevo, marineros y abastecimiento de combustible”. Además, “es muy complicado estar llevando la lancha al continente para que le den mantenimiento porque no tenemos aquí mecánicos”, agrega.https://flo.uri.sh/visualisation/22904547/embed

Zamorano de Haro considera que la mejor estrategia para evitar que siga la pesca ilegal en la reserva es utilizar avances tecnológicos para vigilar de forma remota. Para adquirir esos sistemas, no obstante, requiere de recursos económicos que por ahora no tiene.

“Lo vemos como una oportunidad para probar nuevas tecnologías: seguimiento en tiempo real, cámaras de alto alcance, radares, sin embargo, todo esto obviamente es una inversión fuerte. Tenemos que ir buscando alternativas y fuentes de financiamiento para esto”, dice.

El director asegura que tiene buena comunicación con la Secretaría de Marina, dependencia que sí tiene embarcaciones para hacer rondines, pero aún así la pesca ilegal sigue sucediendo. “Es muy complicado porque es una zona con muy buenos recursos, la gente quiere venir aquí a pescar y viene con todos los riesgos que esto pueda representar. Sí hay pesca, tampoco es que sea desbordante, pero sí es importante redoblar esfuerzos para evitarla”, comenta el encargado del área protegida.

El profesor Cupul Magaña considera que para evitar la pesca ilegal en la reserva es importante que se refuercen las actividades de vigilancia, tanto de la Conanp como de la Marina, lo que requeriría una mayor asignación de recursos económicos por parte de la Secretaría de Hacienda.

“Las únicas noticias que oyes cuando hablan de presupuesto es que ya le van a recortar el 10, 20 o 30 por ciento a estas dependencias de gobierno. Debería ser todo lo contrario porque cuidan el capital natural de nuestro país y nos lo estamos acabando porque no tenemos la capacidad de manejarlo por falta de recursos”, asegura el investigador.

La oficina del comisionado de la Conanp informó a Mongabay Latam que la institución recibió un incremento presupuestal para este sexenio, que comenzó el 1 de octubre de 2024, aunque no detalló las cifras. El recurso actual asignado a esta institución —responsable de cerca del 13% del territorio nacional y 232 áreas naturales protegidas federales— es de 1001 millones de pesos (51 millones de dólares), de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, frente a los 983 millones (50 millones de dólares) aprobados el año anterior. Aunque el aumento nominal fue de 1.83%, si se toma en cuenta la inflación, en términos reales esto representa una reducción de 2.4% respecto al presupuesto de 2024.

Gina I. Chacón Fregoso, coordinadora del informe Cuidar lo que importa: el presupuesto para el cuidado del ambiente y las áreas naturales protegidas en el PPEF 2025, de la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), confirma que este monto fue aprobado y publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025. En su análisis, la coalición concluye que “a cada hectárea protegida se le está asignando un promedio de 10.2 pesos (0.52 dólares)”.

La oficina de la Conanp también destacó la existencia de alianzas internacionales consolidadas desde hace tiempo para ayudar a la Conanp, así como la actual articulación de estrategias como el cobro de derechos y acuerdos interinstitucionales compensatorios que, asegura, fortalecen tanto la conservación como el trabajo de las y los guardianes de las áreas protegidas.

En respuesta a si han considerado el uso de tecnologías de vigilancia remota en zonas de difícil acceso —como algunas de la Reserva de la Biosfera Islas Marías—, la Conanp indicó que con la Semar busca aplicar tecnológicas para mejorar el monitoreo de fauna, el cuidado del medio ambiente y la seguridad en estas zonas protegidas. “En Islas Marías también trabajamos en conjunto para mejorar las condiciones”, agregó la dependencia. Sin embargo, la Semar no respondió las preguntas enviadas a su área de prensa sobre su estrategia de vigilancia en la reserva.

Frente a estos desafíos, el investigador Octavio Aburto Oropeza agrega que lo más importante para eliminar la pesca ilegal es lograr que las compañías de pesca entiendan que no solamente afectan a otras personas, sino que ellos mismos en un futuro no tendrán que pescar.

“Si se sigue pescando seguirán estos arrecifes el mismo camino que han seguido otros que básicamente se han quedado sin especies, sin diversidad, y que cada vez son más débiles ante los cambios que vemos en el clima”, concluye el profesor.

Edición: Michelle Carrere

Imagen Principal: el 12 de mayo de 2018, el profesor Octavio Aburto Oropeza y un buzo hallaron conchas de caracoles burro rotas por el consumo durante una expedición. Foto: Octavio Aburto Oropeza

El artículo original fue publicado por Mariana Recamier en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Son las cuatro de la mañana y un grupo de pescadores en la ciudad de Chimbote, a 422 kilómetros al norte de Lima, llega a las peñas de las playas Campamento Atahualpa y Vesique donde se encuentra el área en la que resguardan a la Chita (Anisotremus scapularis), un pez altamente valorado por su carne. Su llegada a estas horas del día marca el relevo del otro grupo de pescadores que estuvo vigilante durante toda la noche. Ante la necesidad de seguir pescando como lo habían realizado en años anteriores, se han organizado para proteger a la Chita frente a la pesca ilegal que se ha incrementado en las últimas décadas.

“Este es el lugar donde se conserva la Chita en Chimbote porque estamos aquí día y noche. Si nos descuidamos un momento, vienen los que tiran los explosivos y desaparecen el pescado. Nosotros elegimos ubicarnos aquí porque era el único refugio”, dice Gabriel Vásquez, quien a sus 59 años y por iniciativa propia es parte del grupo de pescadores que lidera el proyecto para la preservación de la Chita.

En esta zona de Chimbote, la pesca es una de las principales actividades productivas desde tiempos milenarios. En 2022 la ciudad fue declarada como Capital Histórica de la Pesca y de los Recursos Hidrobiológicos, sin embargo, diversos factores como la contaminación y la actividad ilegal han afectado el ecosistema marino. Para los pescadores y marisqueros artesanales dedicados a la protección de especies como la Chita en Chimbote, la labor no ha sido fácil.

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Un refugio contra la pesca ilegal

El proyecto de conservación de la Chita abarca cerca de kilómetro y medio entre los cerros Vesique, La Cocina y Atahualpa en las costas de Chimbote, en la bahía de Samanco. Al ser pescadores de peña —es decir, que pescan desde las rocas—también protegen los lados de los cerros que colindan con el mar. La finalidad, señalan los pescadores, es proteger a la especie y hacer sustentable la pesca artesanal que aprendieron de generaciones anteriores para proveer a la canasta familiar y al mercado local.

Para Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías de Oceana y exconsultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), “la Chita es una especie de un alto valor comercial, pero vulnerable ya que su ubicación está muy cerca a la costa”. Esta especie, presente en zonas rocosas y arenosas es aprovechada por los pescadores artesanales durante todo el año con excepción de la corta temporada de desove.

Percy Grandez, especialista legal de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), explica que la pesca con explosivos es altamente dañina para los ecosistemas marinos porque afecta a las especies objetivo y a otras que no lo son debido al alcance de la dinamita. Además, Sueiro agrega que el método mata a los huevos y las larvas, daña los órganos internos de los peces y remueve el fondo marino generando una perturbación importante del entorno ambiental.

El informe del Instituto del Mar del Perú  (Imarpe) en 2015, realizado en Huacho (Lima) y San Andrés (Ica), daba cuenta de las consecuencias de la actividad ilegal en especies como la Chita. Lejanas son las épocas en las que Vásquez y otros pescadores participaban en concursos para capturar Chita en las costas de Chimbote debido a la abundancia de la especie. “Actualmente hay mucha depredación y ya no se pueden hacer esas actividades que fomentaban el turismo. Hay gente que no respeta y van con sus redes y sus explosivos, y tenemos que estar luchando contra eso”, dice el pescador.

Pese a esto, para quienes protegen esta área en Chimbote sus esfuerzos han alejado a algunos ilegales de la zona y han permitido que este pez no desaparezca del lugar.

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La defensa de una especie amenazada

Si bien Gabriel Vásquez y los pescadores de Chimbote realizan el cuidado de esta área para la protección de la Chita, la pesca con explosivos y el uso de cercos por parte de buzos se han convertido en los principales enemigos de sus esfuerzos.

Desde el 2018, los pescadores han denunciado la presencia de personas que arrojan explosivos y el ingreso de buzos con redes para depredar las especies de la zona. El saqueo a estas aguas viene acompañado de amenazas con armas de fuego contra los pescadores que protegen el lugar, lo cual genera temor.

“Estas personas ilegales esperan a que todos los que cuidan del área resguardada se vayan a sus casas e ingresan con los explosivos”, dice Almensor Gómez de 63 años, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de San Pedrito, quien fue uno de los primeros guardianes de la conservación de la Chita en este espacio en Chimbote. Gómez recuerda que compraron hondas y consiguieron piedras porque no sabían cómo defenderse de los pescadores ilegales.

La alteración del ecosistema marino que los ilegales ocasionan se refleja también en la sobreexplotación de recursos. A diferencia de los ocho kilos diarios que pueden capturar los pescadores que protegen esta zona, los ilegales realizan una captura voluminosa que, según especialistas, llega a los 500 kilos aproximadamente. Como consecuencia, el impacto se extiende a los pescadores, quienes cada vez encuentran más desafíos para solventarse con la pesca de Chita como hace décadas.

Almensor Gómez recuerda que solían extraer esta especie teniendo en cuenta las temporadas, pero la pesca ilegal ha ganado más espacio con el pasar de los años, y sus pedidos y gestiones a las autoridades siguen sin tener respuestas concretas. “Se hace guardia y no hay apoyo. Se hace el trabajo de cuidar la especie y se busca de qué forma proteger el lugar a nivel de santuario. Quizá se podría hacer un área regional protegida, pero eso requiere estudios científicos y es costoso llevar a biólogos y hacer análisis para tener un trabajo consensuado”, dice el pescador.

El reconocimiento del ordenamiento pesquero por parte de las autoridades competentes permitiría un monitoreo de la conservación de las especies marinas, en particular de la Chita, y un espacio de trabajo para el aprovechamiento de las mismas. “La zona podría convertirse incluso en un corredor turístico para que llegue la gente y nosotros continuaríamos con el cuidado de la Chita“, dice Vásquez.

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A la espera del apoyo institucional

Pese a que los pescadores han registrado en video la presencia de los ilegales y han solicitado el apoyo a la Capitanía de Puerto, las denuncias por esta vía no han procedido.

El pedido a las autoridades locales de Chimbote en reiteradas oportunidades tampoco ha tenido una respuesta concreta. Las coordinaciones quedaron paralizadas con los cambios de gestión municipal y regional. Incluso en abril de 2022, el entonces ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, anunció desde Chimbote la creación de una “mesa de soluciones” para atender los problemas de la zona y reactivar la economía a través de la pesca artesanal, pero los pescadores aseguran que no han visto cambios ante las amenazas.

El delito de extracción ilegal de especies acuáticas se sanciona con hasta cinco años de prisión. “No obstante, si la extracción además se realiza con el empleo de explosivos, la pena se eleva hasta siete años porque es un método de pesca altamente dañino que afecta a los ecosistemas marinos y a la sostenibilidad de la pesquería”, señala Percy Grandez, de la SPDA.

Debido a que para las autoridades es difícil estar presentes en el momento en el que se comete el delito, Grandez resalta la labor de los pescadores para generar un registro [de foto y video] que pueda derivar en pruebas ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). “No hay muchas sanciones porque no hay muchas denuncias sustentadas, y una autoridad no va a sancionar sino hay medios probatorios”, señala.

Sin embargo, para el especialista de Oceana, la labor es compleja. “Junto a la Dicapi (Dirección General de Capitanías y Guardacostas) y la policía se tendría que perseguir el delito e identificar la estructura criminal, lo que implica una operación mayor que solo buscar a quien está en el agua y usa explosivos”, añade.

Mongabay Latam envió preguntas al Produce y la Dicapi, pero hasta la publicación de esta nota no enviaron respuestas.

Imagen principal: Pescadores de Chimbote

El artículo original fue publicado por Leslie Moreno Custodio en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En octubre de 2023, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) —que reúne a empresas de extracción de recursos pesqueros, principalmente anchovetas para la producción de harina y aceite de pescado—  solicitó formalmente al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) que se le permita desarrollar actividades pesqueras industriales al interior de la Reserva Nacional de Paracas, una de las áreas protegidas más emblemáticas de Perú.

La SNP asegura que tiene derechos de pesca que fueron otorgados antes de la creación de la reserva, en 1975, y que, por lo tanto, el plan maestro del área protegida excluyó “sin sustento” a las actividades pesqueras industriales.

El Sernanp rechazó la solicitud argumentando que en el área donde se estableció la reserva “sólo existen registros de actividad pesquera artesanal”, y que el desarrollo de actividades pesqueras industriales afectaría el mantenimiento de los ciclos biológicos que garantizan la conservación de las especies que habitan en Paracas. “Se generaría una disminución en la disponibilidad de alimento para las aves y mamíferos, perjudicando sus procesos reproductivos y recuperación de sus niveles poblacionales”, advirtió la dependencia.

La pesca industrial o de mayor escala, sentenció el Sernanp, “es una actividad que se contrapone a los objetivos y fines para los cuales la Reserva Nacional de Paracas fue creada”.

Ante la negativa, la SNP demandó judicialmente al Sernanp a inicios de enero pasado y, en menos de una semana, la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite la demanda.

Entre científicos y especialistas de la conservación reina la “indignación” ante el pedido de la SNP, pero también el miedo a que las presiones de la industria logren socavar la determinación del Sernanp. “Lo que está solicitando la SNP representa uno de los casos más grotescos de codicia corporativa de las últimas décadas”, sostuvo Manuel Bartra, director legal de la asociación por el rescate y bienestar de los animales (ARBA).

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El propósito de la demanda

La demanda de la SNP se realizó a través de una Acción Popular, una medida que se interpone contra normas de menor jerarquía, como un reglamento, cuando éstas contravienen la constitución o una ley.

Según se lee en el edicto de la Acción Popular, publicado en el diario oficial El Peruano, lo que busca la SNP es declarar la nulidad de un artículo establecido en una directiva del Sernanp que fue aprobada en 2021 por resolución presidencial. Dicha directiva, establece pautas y criterios para el aprovechamiento de los recursos forestales, flora y fauna silvestre, que se encuentran al interior de las áreas naturales protegidas. El artículo en particular que la SNP pretende anular precisa que “está prohibida la extracción de mayor escala de recursos hidrobiológicos, ya sea marina o continental dentro de las Áreas Naturales Protegidas, cualquiera sea su nivel”.

La abogada Carmen Heck, directora de Políticas de Oceana en Perú, aclara que el Reglamento de Ley de Áreas Naturales Protegidas aprobado en el año 2001 ya establece que no se pueden realizar actividades de alto impacto que afecten la biodiversidad, entre ellas la pesca de mayor escala o industrial. En ese sentido, asegura Heck, la directiva de Sernanp de 2021 no creó una nueva regulación, sino que “simplemente recogió la prohibición que ya está en el Reglamento”.

La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, tras admitir la demanda, le solicitó el pasado 6 de marzo al Sernanp remitir en un plazo de 10 días los informes técnicos y documentos que dieron origen a la norma que están siendo cuestionadas por la SNP.

¿Por qué la Sociedad Nacional de Pesquería está pidiendo justo ahora entrar a la reserva de Paracas si nunca antes, en los casi 50 años que han pasado desde la creación del área protegida, fue ésta una demanda del sector?

Expertos aseguran que son varias las razones que estarían detrás, sin embargo, destacan que las condiciones en las que fue creada la Reserva Nacional Dorsal de Nazca en 2021, habría sentado un precedente que ahora está queriendo ser utilizado por la SNP para ingresar a Paracas.

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“Un mal precedente”

Antes de la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, en 2021, Perú solo tenía protegido el 0.5 % de su mar. Con el nacimiento de esta área marina protegida, la más grande del país y la única 100 % marina, Perú pasó a proteger casi el 8 % de su territorio marítimo.

Aunque la noticia fue celebrada por el gobierno, la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca surgió en medio de una fuerte controversia, debido a que quedó establecido que la pesca industrial está autorizada en la zona. Por lo mismo, algunos expertos aseguran no solo que se trata de “un área protegida de papel”, sino que contradice el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas que tiene una prohibición expresa a la pesca industrial.

¿Por qué se llegó a esa decisión? La razón fue que se respetarían los derechos de pesca preexistente, es decir, los adquiridos antes del establecimiento de la reserva.

Sucede que si bien el reglamento de la ley prohíbe la pesca a gran escala dentro de las áreas protegidas, el marco legal peruano sobre áreas protegidas respeta derechos preexistentes. Ese fue el argumento para permitir la pesca industrial al interior de la Reserva Nacional Dorsal Nazca. Sin embargo, el abogado ambiental César Ipenza repara en que la interpretación de la norma fue errada, puesto que “el marco legal peruano sobre áreas protegidas respeta derechos preexistentes siempre y cuando sean compatibles con los objetivos del área”.

En ese sentido, asegura Heck, permitir la pesca industrial en la Reserva Nacional Dorsal de Nazca fue una decisión “equivocada”, y lo que es peor, “sentó un mal precedente” que actualmente estaría utilizando la SNP para intentar entrar a la Reserva Nacional de Paracas.

Si las intenciones de la industria llegaran a concretarse, sostiene la experta, “sería no solamente una amenaza a los objetivos de conservación de Paracas, sino también algo ilegal”.

Ipenza, por su parte, recuerda que existe una diferencia crucial a considerar entre Dorsal de Nazca y Paracas. Y es contrario a lo que asegura la SNP, el Sernanp sostiene que no existen registros de actividad pesquera industrial previo a la creación de la reserva, por lo que ni siquiera hay derechos preexistentes que pudieran ser eventualmente considerados. Además, cambiar las reglas en Paracas iría en contra del principio de no regresión ambiental que busca que el sistema no tenga retrocesos de los avances ya alcanzados por cada Estado.

Por otra parte, Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana en Perú, agrega que posiblemente el sector pesquero industrial “ha visto que hay un debilitamiento en general de los sistemas de conservación, de recursos y derechos (…) El agro tiene ventajas tributarias, la minería tiene acceso a lugares que antes no tenía, hay un registro para los informales, etcétera. Ese tipo de cosas dan señales de un Estado débil, sin objetivos claros en el tema ambiental o de derechos”, explica.

Además, en 2023 la pesca industrial “tuvo un mal año”, señala Riveros. “Han sacado apenas una cuarta parte de lo que normalmente sacan (de anchovetas) y eso obviamente es una pérdida millonaria”.

Para Carlos Zavalaga, director de la unidad de investigación de ecosistemas marinos del grupo de aves marinas de la Universidad Científica del Sur, esa sería la razón de fondo de la inesperada solicitud de la SNP. “¿Por qué ahora quieren entrar a Paracas? La respuesta es muy sencilla: porque cada vez hay menos anchoveta. Por eso quieren explorar más áreas, áreas donde no les está permitido pescar, áreas que justamente pueden refugiar cardúmenes de anchovetas que hacen posible que exista la biodiversidad marina presente en Paracas”.

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Los riesgos de la pesca industrial en Paracas

“La Reserva Nacional de Paracas es nuestra primera área natural protegida de carácter marino que se creó ante la necesidad de conservar justamente su ecosistema marino privilegiado, dada la enorme concentración de peces, aves, mamíferos y algas que existen”, dice Bartra, el director legal de ARBA.

Además, “tiene un microclima óptimo para la floración de microorganismos como plancton, fitoplancton, que convierten su mar en uno de los más ricos del mundo. De hecho internacionalmente está considerada como un área marina ecológica o biológicamente significativa”. Por eso, asegura, “la solicitud de la SNP constituye una amenaza no solo para uno de los tesoros ecológicos del Perú, sino del mundo entero”.

La intención de la SNP “es descabellada, fuera de lugar, en contra de la biodiversidad, en contra del respeto de las Áreas Naturales Marinas Protegidas”, concuerda Zavalaga, quien junto al equipo que dirige centra sus investigaciones científicas principalmente en la Reserva Nacional de Paracas.

“Nosotros venimos desarrollando investigaciones en relación a las aves marinas y su medio ambiente desde hace muchos años atrás. Entonces nosotros estamos en posición de opinar con base”, dice Zavalaga. Los resultados de los estudios son tajantes, asegura. “La pesca industrial iría en desmedro de muchas poblaciones de aves marinas en particular y, seguramente, de otras especies animales”.

En 2022 el experto publicó los resultados de una investigación que buscó, justamente, analizar las interacciones entre las aves marinas que se alimentan de anchovetas con las actividades pesqueras. Para hacerlo, equiparon con pequeñas videocámaras a piqueros peruanos (Sula variegata), una de las especies de ave que habita en Paracas. Las imágenes proporcionaron información contundente que permitieron a los científicos llevar a una inequívoca conclusión: “Hay encuentros, interacciones con las embarcaciones”, puesto que las aves se acercan a alimentarse de las anchovetas que están siendo capturadas por las redes y al hacerlo quedan atrapadas en ellas. Pero eso no es todo,  “la competencia por el mismo stock de alimento es perjudicial para las aves en el sentido de que hay menos comida para ellas, lo hace que las poblaciones se mantengan limitadas, no crezcan”, explica el experto.

Además, “ese solamente es el caso de las aves marinas. Hay otros animales como los lobos marinos, cetáceos y otras especies de peces que también dependen de la anchoveta”, dice Zavalaga. “Esa es la razón por la que a mí particularmente me indigna, me preocupa, me provoca malestar que un grupo económico particular quiera prevalecer su punto de vista por sobre los objetivos de un espacio protegido”.

La SNP, en la carta que le hizo llegar al Sernanp, expone entre sus razones para acceder a Paracas que “la pesquería industrial de anchoveta es reconocida internacionalmente por sus altos estándares de sostenibilidad” y que “está sujeta a un ordenamiento y control sumamente riguroso”. Sin embargo, Zavalaga destaca que todos esos argumentos responden asuntos de vigilancia y control, “pero en ningún momento se menciona la interacción que tiene la pesquería de forma directa e indirecta con la biodiversidad marina”, que es justamente lo que los expertos aseguran generaría serios daños en esta importante área protegida.

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Proyectos de ley en curso

Actualmente existen tres proyectos de ley en el Congreso de la República que buscan mejorar la protección legal de las áreas naturales protegidas. En concreto, explica Heck, “se busca darle rango legal a lo establecido por el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas y así corregir el gran error cometido en la norma de creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca”. Para la abogada, “ante la inminencia de crear una nueva área, con el mismo precedente o de ceder ante los reclamos del sector industrial, resulta vital poder aprobar estas iniciativas y así consolidar la protección de nuestras áreas marinas protegidas”.

Hasta el momento, el Ministerio del Ambiente (Minam) no se ha pronunciado sobre la solicitud de la SNP que tiene angustiados a científicos y conservacionistas. En opinión de Riveros ese pronunciamiento no llegará. “El Minam no va a defender al Sernanp. El Sernanp se está defendiendo porque hay gente que cree realmente en la conservación de la biodiversidad y el manejo de recursos”. Por lo mismo, agregó, es fundamental “una opinión pública fuerte que ponga en evidencia la angurria de este sector pesquero”.

“El Sernanp no debe dar su brazo a torcer”, dice Zavalaga. “Crearía un pésimo precedente sinceramente. Ya con la dorsal de Nazca se tiene un mal precedente y para las futuras reservas naturales y marinas sería terrible”, asegura.

Mongabay Latam contactó a la Sociedad Nacional de Pesquerías, sin embargo, hasta la publicación de esta nota envió respuestas a nuestras preguntas.

*Imagen Principal: Reserva Nacional Paracas. Foto: Gabriel Herrera

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El proceso conocido como Siforpa II, que el Estado peruano inició en 2018 para abordar el problema de la informalidad en la pesca artesanal concluyó el pasado 31 de julio. El objetivo era promover la formalización de las embarcaciones existentes hasta esa fecha y, aunque la medida fue creada con carácter de urgencia, diferentes extensiones en los plazos hicieron que finalmente tardara casi cinco años. Sin embargo, los plazos podrían volver a extenderse puesto que un nuevo proyecto de ley, impulsado por el congresista José Bernardo Pazo Nunura, vicepresidente de la comisión de Producción del Congreso, busca ampliar el proceso de formalización por un año más.

La iniciativa preocupa a dirigentes pesqueros y expertos en conservación marina, puesto que aseguran que el proyecto de ley permitiría la formalización de embarcaciones construidas ilegalmente que buscan dedicarse a la pota, un recurso considerado plenamente explotado por lo que no se permite la entrega de nuevos permisos para su captura.

Dado lo anterior, el proyecto generaría incentivos para la entrega subrepticia de títulos habilitantes, aseguran los especialistas. Además, la normativa pondría en riesgo la sostenibilidad de la pota y la fuente de trabajo de quienes ya se han formalizado, pues la sobreoferta de recursos conduciría a una caída de los precios afectando la economía de los pescadores.

El controvertido proyecto de ley

Un total de 4583 embarcaciones se inscribieron en 2018 para ser parte del proceso Siforpa II que incluía varias etapas que debían ser aprobadas. Poco más de la mitad de esas embarcaciones lograron avanzar en el proceso y 2012 quedaron fuera de él.

Percy Grandez, abogado de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), explica que una de las primeras etapas del Siforpa II consistía en que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi) realizara la verificación de existencia de la embarcación. Esa etapa debía hacerse hasta el 24 de diciembre de 2018. Después de ese momento se podía continuar con los demás procedimientos como la obtención del certificado de matrícula o del protocolo de habilitación sanitaria, entre otros, hasta obtener permiso de pesca definitivo.

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El primer paso era fundamental, puesto que en 2015 Perú prohibió la construcción de nuevos barcos artesanales con el objetivo de reducir el esfuerzo pesquero y la sobreexplotación de las especies. Asegurar, por ende, que solo se estarían regularizando las embarcaciones existentes era primordial para garantizar el cumplimiento de la ley y la conservación de los recursos marinos.

Ese fue justamente el paso que no aprobaron 2012 embarcaciones, “lo cual que hace presumir que, en ese momento, esos barcos no existían en físico”, dice Grandez o bien “no iniciaron el trámite en su momento”, agregó Marylia Vargas, especialista en formalización pesquera de la SPDA.

Dado que las autoridades peruanas han identificado que la construcción de barcos se sigue dando en ciertos lugares pese a la prohibición, es muy posible que aquellas embarcaciones que en su momento no pudieron demostrar que existían, en el transcurso de los años se hayan construido, explica Grandez. Desde ese punto de vista, expertos y pescadores aseguran que la propuesta del congresista Pazo permitiría que se formalicen embarcaciones construidas ilegalmente.

“Nuestras autoridades, en especial el ministro de la Producción y la viceministra de Pesquería, deben tomar una seria decisión para no abrir las puertas a flotas pesqueras artesanales construidas después de iniciado el Siforpa II y que hoy se han juntado para que les acepten una flota de más de 2000 embarcaciones construidas ilegalmente”, señaló Edwin Houghton, presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros Artesanales Mar de Paita (APAMARPA).

Pescadores y recursos pesqueros vulnerables ante el proyecto de ley

La situación es preocupante, aseguran pescadores e investigadores, porque además las embarcaciones que buscan esta segunda oportunidad por medio de la aprobación del proyecto de ley, se dedican a la pesca de pota o calamar gigante, un recurso que según el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) ya se encuentra en plena explotación, es decir que se encuentra en su rendimiento máximo sostenible. “Esto implica que el Estado ya no puede otorgarle a nadie un permiso de pesca para que pesque pota”, precisa Grandez.

Si esto es así, “¿por qué estos barcos, que quedaron fuera del proceso de formalización, insisten en formalizarse para pescar pota si es que ninguno de ellos va a tener acceso a ese recurso?, se pregunta el especialista. Lo anterior preocupa a los expertos quienes temen que el nuevo proyecto de ley “pueda generar incentivos para que se genere corrupción y de alguna manera subrepticia (las nuevas embarcaciones) consigan un título habilitante para pescar pota”, explica el abogado de la SPDA.

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Además, un incremento en el esfuerzo pesquero impulsado por un aumento de poco más de 2000 barcos no solo podría menoscabar la sostenibilidad de los recursos, sino también la economía de los pescadores.

Así lo asegura una investigación publicada en 2022 en la revista académica Marine Policy, que analiza el costo de la informalidad en las pesquerías artesanales peruanas. El estudio sostiene que “la entrada de embarcaciones industriales o más embarcaciones artesanales nuevas no reguladas, probablemente agravaría los efectos socioeconómicos al inundar los mercados, afectando negativamente a las comunidades vulnerables a lo largo de la costa peruana, ya que su principal actividad económica puede volverse rápidamente no rentable”.

Esta no es la única investigación que ha advertido sobre los problemas de aumentar el esfuerzo pesquero. Una publicación hecha en 2020 en la revista científica frontiersin.org, reconstruyó el panorama de la pesca artesanal peruana en las últimas siete décadas y logró demostrar que la flota ha crecido de manera explosiva impulsando la sobreexplotación de los recursos costeros y el empobrecimiento de los pescadores.

Por otro lado, sumado al aumento del esfuerzo pesquero a nivel nacional, Pedro Silva, vocero de la Sociedad Nacional de la Pesca Artesanal (Sonapescal) asegura que el incremento en el tamaño de la flota china que pesca calamar gigante en los límites del mar peruano también ha hecho que el recurso disminuya. “En estos instantes si vinieran ustedes verían toda la flota paralizada”, le dijo el dirigente a Mongabay Latam. Según cuenta, hace unos años los barcos salían a pescar por dos o tres días y regresaban a puerto con hasta 10 toneladas de pota. Sin embargo, el recurso “se fue alejando hasta que ahora para traer una cantidad mínima para poder mantener en operación la embarcación se demoran 15 días”.

Según explica el pescador, “la pota sale a desovar fuera de las 200 millas y de ahí comienza a entrar a aguas de nuestro territorio” y en los buenos tiempos de la pesca del calamar, cuando “solo habían 12 a 15 barcos chinos”, dice, cada pota pescada podía pesar hasta 50 kilos. “Ahora, año tras año ha ido aumentando la cantidad de barcos chinos y la pesca en nuestro litoral ha ido disminuyendo porque estos barcos hacen como una cortina afuera y ya el recurso no entra”.

Ante las controversias, el Congreso solicitó al Ministerio de la Producción (Produce) su parecer sobre el proyecto de ley a lo cual el Produce respondió, en un oficio enviado el jueves pasado, tener una opinión favorable. “Nos preocupa y sorprende que el Ministerio de la Producción, que es la entidad llamada a velar por la sostenibilidad de las pesquerías en el país, promueva un proyecto de ley que tiene serios cuestionamientos por favorecer la construcción ilegal de embarcaciones pesqueras y por lo tanto favorecer también la pesca ilegal”, dice Percy Grandez.

Además, agrega el experto, “llama a la suspicacia que la comisión de producción del Congreso, cuyo vicepresidente es el congresista Pazo, autor de este cuestionable proyecto de ley, no le haya solicitado opinión a la DICAPI que es justamente la entidad ante la cual estas embarcaciones no pasaron la verificación de existencia. Es sumamente cuestionable que no le pidan su opinión a una entidad clave en el proceso de formalización pesquera”, sostuvo.

* Imagen principal: Pescadores artesanales en la costa norte peruana. Foto: Cortesía ANDINA/Vidal Tarqui.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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