Alejandro se pasea solo en el estanque artificial de agua. Es el único que se mantiene fresco porque ningún otro cocodrilo se atreve a entrar en esa poza mientras este macho de casi cuatro metros de largo esté sumergido. Para refrescarse, los otros reptiles que comparten el mismo espacio deben ingresar al mismo tiempo o esperar a que Alejandro decida salir del agua, así evitan cualquier inconveniente, porque este cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus), como todos los de su especie, es muy territorial.

Cuando sale, su presencia es imponente. Pero no es el único que impacta en el Centro de Conservación del Cocodrilo de Tumbes. La imagen también es asombrosa cuando todos los otros cocodrilos dentro del corral se deslizan para entrar o salir de las pozas.

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Detrás de las mallas parecen petrificados bajo los 32 grados que marca el termómetro ese sábado por la mañana en que un equipo de Mongabay Latam recorrió el centro de conservación. Este sitio forma parte del Centro de Acuicultura Tuna Carranza, ubicado en Puerto Pizarro, Tumbes, en el norte de Perú, un lugar destinado a la protección de esta especie en cautiverio, al ecoturismo y a proyectos de investigación para la reproducción de conchas negras y de peces como el robalo.

“Los turistas que vienen se asombran cuando nosotros estamos adentro, haciendo mantenimiento, a veces preguntan ¿por qué no los agreden? Yo les digo: porque ellos han nacido acá, están acostumbrados a la presencia humana, pero tampoco son muy confiables», dice Juan Manuel Pulache, quien forma parte del equipo de cinco técnicos y dos profesionales que se encargan de atender todos los días a los 321 cocodrilos que viven en este centro.

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Tres décadas cuidando al cocodrilo

Pulache y el resto del equipo ingresan a los corrales para atenderlos. Entran cuando se percatan de que los cocodrilos han pasado mucho tiempo fuera del agua de las pozas para lograr que se deslicen dentro del agua. También para alimentarlos con trozos de pollos o pescados y mientras lo hacen, quienes observamos desde el borde de los corrales podemos ver cómo devoran sus presas con sus afilados dientes.

Diego, un cocodrilo grande de tres metros y medio y más de 40 años, es otro de los engreídos de Pulache, junto a  Chalo y Godzilla. Actualmente hay 321 cocodrilos en este centro de conservación distribuidos en 12 corrales. Por ahora, los machos están separados de las hembras porque el centro ha alcanzado la capacidad máxima para albergar a los animales, por tanto, ya no deben reproducirse. “El Serfor [Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre] nos ha recomendado que hagamos un paréntesis en la reproducción”, comenta el ingeniero pesquero Flavio Saldarriaga, responsable del Centro de Acuicultura Tuna Carranza del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).

Mientras caminamos entre los corrales donde viven los cocodrilos, Saldarriaga cuenta cómo nació este centro de conservación. “En 1996 se hizo la captura de 40 animales para ponerlos en cautiverio. Ahora tenemos 321 cocodrilos de diferentes estadios: juveniles, adultos y reproductores”.

El cocodrilo de Tumbes, también llamado cocodrilo americano, es una especie que habita desde en sur de Florida, en Estados Unidos, hasta el norte de Perú. Aunque está considerado como Vulnerable en toda su extensión, en Perú aparece En Peligro Crítico de extinción.

“En su hábitat natural las densidades poblacionales son bajas, por eso se encuentra categorizada En Peligro de extinción y bajo el Apéndice I de CITES [Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres]”, agrega Saldarriaga. En el Apéndice I se incluyen las especies con el mayor riesgo de extinción, por tanto, está prohibido su comercio internacional.

La caza ilegal para el comercio de su piel y de su carne ha sido una de las causas de la reducción de la población de esta especie. “La expansión agrícola y la expansión acuícola ha reducido también el hábitat del cocodrilo”, agrega Saldarriaga.

Otra causa para la reducción de la población de esta especie tiene que ver con la disminución de su alimento. “El río Tumbes se ha visto amenazado por la contaminación de sus aguas a consecuencia de los residuos de la minería ilegal que llega desde Ecuador”, explica Harold Sánchez, director de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico de Acuicultura de Fondepes, un organismo que forma parte del Ministerio de la Producción (Produce).

Sobre la problemática de la contaminación explicó que la polución de la cuenca Puyango-Tumbes proviene de las actividades mineras en Ecuador (provincia de El Oro) y la inadecuada gestión de los residuos vertidos a lo largo del río.

Esta contaminación reduce la cantidad de peces que son el alimento de los cocodrilos. A ello se suma que esta disminución de peces también impacta en la población de las aves, que muchas veces son también alimento de los cocodrilos, por tanto, “cada vez encuentran menos alimento”, agrega Sánchez.

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Una población en recuperación

“El cocodrilo de Tumbes es una de las especies únicas en Perú. Se le encuentra en todo el departamento, pero mayormente desde el origen del río Tumbes hasta la desembocadura en el mar”, explica George Reyes Rueda, médico veterinario zootecnista de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales Agrarios de Tumbes.

Reyes reafirma que esta especie llegó al borde de la extinción como consecuencia de la caza ilegal para la comercialización de su piel. “Era muy difícil verlo en su hábitat natural, pero actualmente podemos verlos por diferentes zonas en el departamento de Tumbes, gracias a los cuidados, al monitoreo, a todos los esfuerzos que se han sumado para su protección”, dice Reyes.

Sin embargo, las amenazas para esta especie no se han terminado. Reyes cuenta que en diciembre de 2025 la Policía incautó 37 crías de cocodrilo que estaban siendo trasladadas en un vehículo, posiblemente para el comercio ilegal. Tras el decomiso, los pequeños cocodrilos fueron liberados en su hábitat natural.

También se han dado casos en los que se han encontrado cocodrilos en las playas. “Hace poco encontramos un cocodrilo de 3.5 metros de largo en playa Hermosa [distrito de Corrales, Tumbes] y lo entregamos en custodia al centro de conservación, debido a su tamaño es un poco difícil devolverlo a su hábitat.”, cuenta Reyes. “Cuando son más pequeños si es posible llevarlos a su hábitat natural”.

“La demanda de espacio para la expansión agrícola y urbana va reduciendo el hábitat del cocodrilo, es por eso que buscan otros lugares y muchas veces terminan en canales de regadío agrícola, cerca de los pueblos, como en el caso de Corrales; también son arrastrados al mar en temporada de lluvia y llegan a las playas”, explica Reyes.

Mientras esto sucede en su hábitat natural, dentro del centro de conservación los especialistas se esfuerzan por conocer más de esta especie. “Evaluamos su comportamiento, su alimentación y tenemos todos los protocolos para el manejo en cautiverio desde que el animal nace”, explica Saldarriaga.

Enero es el mes en que nacen los cocodrilos y desde ese momento empieza la etapa de adaptación del neonato. Los siete primeros días se les da alimento, porque estos animales comienzan a comer a partir de los siete días de nacido. “Les damos papilla de hígado de pollo  mezclados con cangrejos, con peces, hacemos una molienda y la complementamos con vitaminas de acuerdo al peso corporal”. Para el segundo año se les cambia de dieta y los alimentan con pollo picado. A medida que van creciendo las presas de pollo son más grandes pero siempre tienen complementos vitamínicos. “Ese es nuestro protocolo de alimentación”, explica Saldarriaga.

De acuerdo con el Protocolo de Crianza del Ccocodrilo de Tumbes, elaborado por Fondepes, el centro de conservación fue establecido para la crianza en cautiverio de esta especie y garantizar procesos posteriores que eviten su extinción. Por ahora no se han establecido las condiciones para que los especímenes que habitan en el Tuna Carranza retornen a su hábitat natural.

Otro protocolo que han elaborado en el centro de conservación es el manejo de la reproducción. “Manejamos la proporción sexual que debemos tener en un corral. Nosotros hemos trabajado con la proporción de un macho y cuatro o cinco hembras. También hemos evaluado el comportamiento de la hembra cuando está cuidando su nido. Toda esta información sirve para la academia y para los estudiantes de veterinaria, pesquería, ingeniería forestal y medioambiente que vienen al centro para hacer sus prácticas”.

En el laboratorio del centro de conservación también analizan muestras de sangre de los cocodrilos y enseñan a los practicantes a pesarlos, tomarles la talla, la temperatura corporal de los animales, cortarles las uñas a los cocodrilos y hacerle curaciones.

También analizan el fitoplancton y zooplancton de los tanques de agua para saber cuáles son las microalgas dominantes en este cada de agua, entre otros análisis para mantener en buen estado a los cocodrilos.

Harold Sánchez, de Fondepes, aclara que el costo de este centro de conservación es de alrededor de medio millón de soles al año (unos 150 000 dólares), considerando la población actual. La propuesta inicial del centro de conservación, explica Sánchez, era llegar a reproducir 1000 cocodrilos en cautiverio para empezar a liberarlos en su medio natural.

Pero esto no ha ocurrido, pues para que se concrete se tendría que ampliar la infraestructura y contar con por lo menos el triple de presupuesto para su funcionamiento. “Cuando son pequeños pueden estar juntos en un corral, pero cuando crecen se ponen territoriales y pueden ser agresivos, entonces, es necesario separarlos. Si no contamos con más corrales tenemos esa limitación, por eso hemos frenado la reproducción”, comenta Sánchez.

Alejandro, Diego, Chalo y Godzilla, por ejemplo, son grandes cocodrilos que dominan el espacio en el que se encuentran. Por ahora, no hay opción a un crecimiento. La propuesta que se mantiene pendiente hace ocho años es concretar la transferencia del centro de conservación al Gobierno Regional de Tumbes.

“Actualmente, Fondepes asume el cuidado de los animales, pero ya hemos decidido que se tiene que transferir no solo la infraestructura, sino también el encargo del cuidado de esta especie”, afirma Sánchez. Sin embargo, el funcionario de Fondepes aclara que el proceso de transferencia está suspendido porque actualmente la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) está actualizando las directivas de transferencia para que se concrete el proceso no solo para este sector, sino para todos los sectores. “Es un tema normativo, un documento de gestión que ya ha sido elaborado y se encuentra en revisión”.

Mientras las decisiones administrativas siguen su proceso y se decide si los trabajos de conservación de los cocodrilos en Tumbes en el centro Tuna Carranza pasan pronto a manos del gobierno regional o permanecen a cargo de Fondepes, este refugio mantiene sus puertas abiertas para los visitantes que quieren conocer a la especie y ver a sus cuidadores interactuar con ellos.

“Siempre mantenemos una distancia de ellos, no los molestamos, ni los tocamos. Siempre hay respeto hacia ellos. Cuando son pequeñitos podemos cogerlos, pero cuando son grandes lo hacemos entre varios, solo si es necesario” dice Juan Manuel Pulache. “A veces, mientras  guío a los turistas, llamo a los cocodrilos por su nombre y ellos vienen hacia mí”.

*Imagen principal: el cocodrilo de Tumbes o cocodrilo americano habita desde en sur de Florida, en Estados Unidos, hasta el norte de Perú. Foto: Leandro Amaya/Mongabay Latam.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

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“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

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Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Miles de albatros atraviesan todo el océano Pacífico desde Nueva Zelanda para alimentarse frente a las costas de Perú y Chile. Les atrae la alta productividad del ecosistema de la corriente de Humboldt, pero no son los únicos que llegan. También lo hacen embarcaciones que pescan con palangre. Los albatros van tras las carnadas, se quedan enganchados en los anzuelos y mueren bajo el agua. Para disminuir su mortalidad, científicos peruanos y neozelandeses están estudiando estas aves y probando medidas de mitigación.

“Las posibilidades de que se produzca una captura incidental en la pesquería de tiburón [Isurus oxyrinchus y Prionace glauca] son menores que en la pesquería de perico [Coryphaena hippurus]”, dice en conversación con Mongabay Latam Javier Quiñones, biólogo marino del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), sede Callao.

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Esta es una de las conclusiones sobre las pesquerías que se traslapan con las temporadas de alimentación de al menos 21 especies de albatros, petreles y pardelas que, además de Nueva Zelanda, provienen de Galápagos, Ecuador, el sur de Chile y zonas subantárticas.

Quiñones atiende la llamada desde una embarcación que tiene como pesca objetivo al perico y que zarpó desde el puerto de Ilo, en el sur de Perú. Se embarcó para probar el uso de plomos con el objetivo de que los anzuelos se hundan rápidamente fuera del alcance de las aves buceadoras. Esto es parte de un proyecto que lleva a cabo con su colega Ana Alegre, también del IMARPE, y el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda.

En una iniciativa anterior, Quiñones acompañó a pescadores de tiburón azul y diamante y probó líneas de espantapájaros en popa, mitigación lateral, retención de carnadas que no capturaron presas y buenas prácticas de disposición de vísceras de tiburón. “Estamos probando qué va a funcionar y qué no”, puntualiza el especialista.

Determinar qué funciona en los países donde se distribuyen estas aves, tomando en cuenta las diferencias en los artes de pesca utilizados y la magnitud de las pesquerías, será fundamental para proteger a un grupo que está entre las aves más amenazadas del mundo, según el Acuerdo para la Conservación de los Albatros y Petreles (ACAP, por sus siglas en inglés).

Los albatros cumplen un papel importante en los ecosistemas marinos. Se desempeñan como depredadores y carroñeros de alto nivel trófico en el océano abierto, contribuyendo a regular poblaciones de peces, calamares y crustáceos. También llevan nutrientes del océano hacia ecosistemas insulares a través de sus excrementos.

Además, son indicadores de la salud del océano. Los cambios en sus poblaciones o comportamiento pueden reflejar alteraciones en la disponibilidad de presas, cambios climáticos o presión pesquera.

Una migración sorprendente para alimentarse

Los albatros de Chatham (Thalassarche eremita) realizan esta sorprendente migración de más de 7000 kilómetros en un tiempo récord de entre siete y 15 días. Las aves utilizan los vientos de deriva del Pacífico sur como una carretera y vuelan sin aparente descanso. Aunque sí lo hacen, ya que durante el viaje, un hemisferio de su cerebro duerme mientras el otro permanece despierto.

Esa primera carretera los conduce a la isla de Chiloé, en el sur de Chile. “Después, agarran la segunda carretera, que son los vientos alisios, que van del suroeste al noroeste, y llegan hasta aguas del sur del Perú”, describe el biólogo marino.

A 200 metros de profundidad, donde la plataforma continental se quiebra, se forma un frente oceánico. Allí las aguas frías costeras se encuentran con las aguas oceánicas cálidas, generando turbulencia. Esto provoca un boom de fitoplancton, que a su vez desencadena la producción de pequeñas especies de crustáceos y cefalópodos o “calamares pequeñitos y medianos”, explica Quiñones. “Ahí están comiendo los albatros en cantidad”, relata.

Ya en la zona, a las aves también les atraen las carnadas usadas en las pesquerías de tiburón y perico. Además, los pescadores arrojan al mar las vísceras de los tiburones pescados y eso funciona como un imán. “Es como un manjar para los albatros y petreles”, de acuerdo con el especialista. Esta práctica incidiría en una mayor interacción entre las aves y las embarcaciones, por lo que se están planteando medidas destinadas a mitigar este impacto.

Seis especies enfrentan mayor peligro

El albatros de Chatham está clasificado como Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Es una de las que más preocupa a Quiñones y a su colega Carlos Zavalaga, director de la Unidad de Investigación de Ecosistemas Marinos de la Universidad Científica del Sur en Perú.

Esta especie, explica Zavalaga, se reproduce en un lugar muy delimitado: en una cueva de una pequeña isla neozelandesa, de la que toma su nombre. “Eso significa que estos albatros están sumamente restringidos a una localidad en particular, si pasa algo, toda la población desaparecería”, dice el investigador.

Otra especie de gran interés es el albatros de las Galápagos (Phoebastria irrorata), un ave que vuela unos 1400 kilómetros desde Ecuador para alimentarse en aguas peruanas. El ave está clasificada en Peligro Crítico, una categoría previa a la extinción en estado natural.

Esta especie también se reproduce en una sola isla, en Española, lo que la hace bastante vulnerable, de acuerdo con Zavalaga. “El gran esfuerzo que se hace [por protegerlos en las zonas de reproducción] se diluye cuando los albatros son tan vulnerables en aguas peruanas”, explica.

Asimismo, a los especialistas les preocupa el albatros de Salvin (Thalassarche salvini) y el petrel negro (Procellaria parkinsoni), provenientes de Nueva Zelanda y ambos clasificados como Vulnerables por la UICN.

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Quiñones ha identificado que el petrel de barbilla blanca (Procellaria aequinoctialis) y la pardela de patas rosadas (Ardenna creatopus) son bastante agresivas a la hora de competir por las carnadas, lo que las vuelve más susceptibles a caer en anzuelos. La primera anida en varias islas subantárticas y la segunda cría a sus polluelos únicamente en la isla Mocha y en el archipiélago Juan Fernández, en Chile. Las dos están clasificadas como Vulnerables.

La pesca es incidental y la mortalidad es alta

La pesca artesanal de perico se realiza de octubre a febrero. El albatros de Galápagos es una de las especies que más coincide con esta pesquería, especialmente en el norte de Perú. Pero también concurren el petrel de barbilla blanca, la pardela de patas rosadas y el albatros de Salvin, de acuerdo con Quiñones.

La pesca artesanal de tiburón, legal en Perú para ciertas especies, se da entre mayo y agosto. En esos meses hay mucha densidad de albatros y petreles en aguas del sur de Perú, señala el biólogo de IMARPE. El albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris), que proviene de la isla chilena Diego Ramírez, el punto más austral de Chile, y el petrel de barbilla blanca son las especies que más coinciden. También llegan el albatros de Buller (Thalassarche bulleri), una especie que anida en varias islas neozelandesas, y el de Chatham.

En este contexto, varias especies de aves marinas son víctimas de la pesca incidental. “El número de aves capturadas por una embarcación en un viaje puede ser cero o solo una o dos, sin embargo, dado el gran tamaño de estas flotas, la cantidad de pesca incidental y la mortalidad pueden ser motivo de preocupación para estas especies”, dice vía email Jeffrey Mangel, director científico de Pro Delphinus Perú, una organización dedicada a la conservación de la fauna marina.

Las aves pueden tragarse o engancharse a los anzuelos del palangre, también conocido como espinel, o pueden enredarse en las líneas del arte de pesca. Las pesquerías de redes de enmalle también representan un peligro para estos animales.
En muchas ocasiones, se ahogan ante la imposibilidad de liberarse y en otras pueden resultar severamente heridos. “Incluso si es que logran escapar o son liberados por los pescadores, pueden quedar con heridas que les podrían causar la muerte”, añade Mangel.

Aunque no hay números definitivos de cuántas aves mueren cada año en aguas peruanas, las estimaciones basadas en muestreos y entrevistas “arrojan números alarmantes”, advierte Zavalaga. “Hablamos de cientos, hasta miles de individuos muertos solo en Perú”, puntualiza.

Seguimiento satelital para desarrollar soluciones

Nueva Zelanda tiene un programa intensivo de seguimiento satelital de aves marinas, de acuerdo con Igor Debski, asesor científico principal del área marina del Departamento de Conservación del país.

El programa ya ha mostrado las rutas migratorias a través del Pacífico de varias especies de albatros y petreles y ha contribuido a orientar proyectos colaborativos entre las instituciones peruanas y neozelandesas destinados a mitigar la captura incidental, añade el especialista. Este año se colocaron 20 transmisores satelitales en albatros de Chatham.

El seguimiento satelital busca determinar cuánto tiempo interactúan las aves con las embarcaciones, explica Zavalaga, quien ha participado en los estudios. “Una vez que identifiquemos esto, podemos dar recomendaciones con base científica”, anticipa.

Por ahora los científicos están trabajando en entender mejor las rutas en las que se encuentran las aves y las embarcaciones y en determinar cuáles son los mejores métodos de mitigación. Quiñones ya encontró que el uso de líneas de espantapájaros durante la pesquería de tiburón redujo la frecuencia de buceo de las aves hacia las artes de pesca en un 96 %, según lo documentó en un reporte publicado a finales de 2025.

La línea de espantapájaros adaptada a la pesquería de tiburón consiste en colocar en la popa un palo de eucalipto de unos siete metros. A la punta se ata un sedal o línea de polietileno que cae de manera perpendicular hacia el mar. Y en la línea se sujetan cabos rojos y cintas iridiscentes que con el movimiento asustan a las aves, evitando que se acerquen. Esta es una medida de disuasión económica y que se fabrica con materiales locales. No tiene que usarse durante toda la temporada, sino solo durante el otoño y el invierno, cuando hay mayor densidad de aves.

Ahora queda por conocer qué funcionará mejor en la pesquería de perico. Una vez que los científicos tengan respuesta a esas preguntas, tendrán que ser elevadas a políticas nacionales para promover su adopción, empezando por capacitar a los pescadores.

Quiñones cree que el tema se debe abordar de manera integral, motivándolos a capacitarse a través de incentivos económicos y reconocimientos a quienes demuestren el uso de buenas prácticas mediante videos.

Entre tanto, Zavalaga señala que la colaboración internacional seguirá siendo clave en la investigación para la conservación de estas aves marinas altamente migratorias que contribuyen al equilibrio de los océanos.

*Imagen principal: un albatros de Salvin saca la carnada del anzuelo sin resultar herido. Foto: cortesía Javier Quiñones.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Unas figuras resplandecientes se mueven en el follaje de los árboles. Algunas saltan entre las ramas y desaparecen debajo de ellas para reaparecer metros más allá. Otras se desplazan lentamente entre las hojas mientras que ciertas figuras permanecen en un mismo lugar, emitiendo un brillo que las hace visibles en medio del follaje del bosque.

Son imágenes captadas por un dron con cámara térmica —DJI Mavic 3T— fabricado para detectar fuentes de calor. Y en este caso, se utilizaron como parte de un proyecto de monitoreo en los bosques peruanos para identificar a una especie considerada en Peligro Crítico de extinción: el mono choro cola amarilla (Lagothrix flavicauda).

Durante ocho meses, los monitores de la Asociación de Conservación Oso Dorado, liderada por mujeres, junto con especialistas de Yunkawasi —organización dedicada a la protección del mono choro cola amarilla—, pusieron en marcha un programa de monitoreo que combina el seguimiento de la especie desde tierra con la vigilancia desde el aire.

“Queríamos encontrar un método adicional que nos permita ser más precisos en el monitoreo de los monos. Vamos por el tercer año que están funcionando los comités de monitoreo que son hermosos porque lo realiza gente de la comunidad”, dice Fanny Cornejo, directora de Yunkawasi. “En este camino, con esta metodología validada, quisimos agregar un componente, el dron con cámara térmica, para complementar la información que se estaba obteniendo con los monitores”, agrega.

La experiencia se realizó en el Área de Conservación Privada (ACP) Hierba Buena Allpayacu, en el territorio de la Comunidad Campesina Corosha, ubicada en la región Amazonas, uno de los hábitats del mono choro cola amarilla. En esta área protegida, los monitores de la Asociación de Conservación Oso Dorado han implementado, desde hace tres años, un sistema de monitoreo efectivo de esta especie, de la mano de Yunkawasi. El proyecto también ha contado con el apoyo de National Geographic; la Universidad de Bostón, en Estados Unidos; New England Biolabs Foundation; y Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF).

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La experiencia de seguir a los monos

“En realidad, al monito choro de cola amarilla nunca lo había visto en vivo en mi niñez, pero sí sabía que había en mi población”, cuenta Lizeth Arista, una de las dos primeras mujeres que se animaron a formar parte del equipo de monitoreo en la ACP y que ahora es coordinadora del comité de monitoreo de la Asociación de Conservación Oso Dorado. “Había guías que salían al campo y yo me entusiasmé, me decía: yo quiero verlo y conocerlo”.

Arista llevaba varios años haciendo peluches del mono junto con un grupo de mujeres que desde 2009 organizaron la asociación antes de salir al bosque como parte del equipo de guías y monitores que protegen la ACP. “Cuando llegué a verlo me gustó la forma de los monitos, cómo corrían y gritaban. Me emocionó bastante y me animé a seguir en este trabajo”.

Las expediciones para el monitoreo de los monos, cuenta Arista, se realizan durante cuatro a 10 días en el bosque, generalmente, una vez al mes. “Los recorridos los hacemos de día, desde las 6 de la mañana hasta casi el mediodía, porque los monitos de 11 a 12 pm se duermen. Cuando se despiertan retomamos el recorrido porque los monitos continúan desplazándose en medio del bosque montano hasta las 6 de la tarde. Los monos de cola amarilla se duermen a las 6 de la tarde. Tienen sus horarios establecidos”, cuenta.

Para Arista y su equipo identificar a los monos en medio del bosque “ahora resulta fácil”. Los reconocen por “los sonidos” que emiten y por “cómo se van moviendo los árboles” cuando se desplazan. “Cuando se mueven los árboles ya vemos que los monos están ahí. Vamos a ese sitio y ahí les encontramos. A veces también pelean, así sabemos cómo encontrarlos”.

No siempre fue fácil hacerlo, dice Arista, pero en estos dos años han aprendido a reconocer sus voces, sus movimientos y los lugares “donde los monos se quedan a dormir”. “Si no los encontramos en un sitio, vamos a otro y ahí los encontramos”.

El mono choro cola amarilla es una especie endémica que solo habita en los bosques primarios premontanos, montanos y nublados del norte de Perú, entre los 1000 a 2800 metros sobre el nivel del mar, principalmente en los departamentos de Amazonas y San Martín, aunque también se los encuentra en pequeñas áreas de La Libertad, Huánuco y Loreto. Recientemente se ha ubicado una población en Junín que aún está en estudio. Son monos que pasan su vida sobre los árboles, casi nunca se mueven por el suelo. Por ello, quienes realizan el monitoreo de esta especie tienen que saber identificarlos en medio de la espesura del bosque.

“Los bosques donde vive el mono choro cola amarilla son escarpados, retadores físicamente. Por tanto, la idea de utilizar este dron fue tener información más detallada sobre los grupos que los monitores ubican desde el suelo. Es increíble porque al estar a la altura de los monos con el dron, puedes contar exactamente cuantos son, tener datos específicos de edad, de sexo, que a veces desde el suelo es difícil”, explica Cornejo.

También se buscaba saber si resultaba más rápido que los monitores ubiquen a los monos desde el suelo o ubicarlos desde el aire. El resultado fue que los monitores logran ubicarlos antes que los drones. Con un dron, explica Cornejo, se utiliza una metodología en base a grillas —líneas guía horizontales y/o verticales— que se van recorriendo para obtener información de los animales. “Pero el bosque es amplio y en los bosques montanos la gente local es tan conocedora de esos ámbitos que encuentra a los monos en base al oído, es decir, cuando vocalizan o cuando las ramas se quiebran mientras saltan”, afirma la investigadora.

También los encuentran en base a los restos de alimentos, como frutos a medio comer, con las huellitas de los dientes de los monos o al ver una bromelia deshojada que tiene la hoja masticada. “El dron no ve todo eso”, puntualiza Cornejo.

La especialista señala que el dron, en este caso, no ha podido reemplazar a una persona o un equipo a la hora de hacer un censo poblacional. “Esta tecnología todavía no está a la altura de los retos de trabajar en los Andes”, comenta y explica algunos obstáculos que la tecnología encuentra en lugares geográficos complejos como los bosques nublados de la vertiente oriental de los Andes peruanos, en lo que se denomina selva alta.

“Pensábamos que tal vez un dron termal puede encontrar más rápidamente a los monos y que de esta forma la gente de la comunidad no necesitaba subir a la montaña para ubicarlos. Pero los resultados nos demuestran que el dron sí puede encontrar a los monos y tenemos imágenes muy buenas, pero es mejor que los ubique una persona que está muy bien entrenada para hacerlo”, comenta Christopher Allen Schmitt, explorador de National Geographic y profesor asociado de Antropología y Biología en la Universidad de Boston, quien también formó parte de esta experiencia.

Uno de los inconvenientes es la señal, pues debe permanecer conectado al mando. Si bien el dron tiene un desplazamiento de 20 kilómetros, el problema surge cuando existen pequeñas montañas o microvalles en el terreno, “lo que es común en los Andes”, de tal forma que “los 20 kilómetros se transforman en unos cuantos cientos de metros”, ya que se pierde la señal por las variaciones geográficas, agrega.

Otra limitación es que el dron requiere condiciones atmosféricas y de clima sin lluvia o humedad alta. “Esto en bosque nuboso es también retador porque siempre está lloviendo. Si empieza a llover un poquito el dron regresa. Si hay neblina fuerte con gotitas en el aire, el dron tampoco puede fusionar”, explica Cornejo.

La información desde el aire

Lo que sí ha permitido el dron es tener detalles específicos de la composición de la población de monos que se ubican durante el monitoreo. Esto es posible porque el dron tiene dos cámaras. Una de ellas capta el calor de los cuerpos en los árboles y una segunda funciona como una cámara fotográfica con la que se puede realizar acercamiento a los objetos, lo que permite obtener detalles. “Hemos podido ver diferentes atributos de los monos. Son datos específicos de edad, de sexo que a veces en el suelo es difícil distinguir y en particular por la topografía”.

También desde el aire ha sido posible observar qué están haciendo, explica la investigadora. “Lo que se hacía era mantener el dron en sobrevuelo. Desde el suelo se veían sombras de varios monos, pero desde el aire se podía identificar cuántos eran y si eran hembras o machos, adultas o juveniles”.

En el caso de las imágenes captadas por el lente térmico, las diferencias se manejan en base a la temperatura y a las diferencias que estas temperaturas ofrecen en una gama de colores. “Se puede elegir utilizar la gama de colores en tonos morados con amarillos, como lo hicimos para algunos videos y otros en tonos grises. De acuerdo a la cantidad de luminosidad que emiten los monos se puede detectar su presencia”. La gama de colores y la luminosidad se va graduando en el dron para obtener mejores resultados.

En horas de la mañana funciona muy bien, dice Cornejo, porque hay una diferencia de temperatura grande entre el bosque y la temperatura corporal de los monos. “Los videos donde se distingue hasta la colita son usualmente cuando hay esta diferencia de temperatura. En cambio, hay otros videos en los que se ve todo muy amarillo, eso se debe a que el sol ha calentado la copa de los árboles. En ese caso, se puede distinguir si se mueve el mono, de lo contrario puede confundir”.

La investigadora explica que hay bromelias ubicadas en la parte alta de los árboles y como las bromelias acumulan agua, con el sol se calientan y puede dar la impresión de que se trata de monos durmiendo, lo que genera confusión. En ese caso, dice, se puede utilizar la cámara con zoom para ver los detalles.

Otro detalle que explica Cornejo es que si bien el dron puede distinguir y capturar la imagen de “cualquier cosa que emite calor”, la diferencia es que en los bosques que son el hábitat de estos monos, “la única especie de día que se está moviendo es el mono choro cola amarilla”. “Entonces hay poca posibilidad de cometer errores. Quizás en algún momento podamos encontrar un mono machín, pero es poco probable y hasta ahora no nos ha pasado”, agrega.

Schmitt afirma que el dron es muy bueno para capturar imágenes de los monos y que desde el aire se les puede ver perfectamente con el zoom. “Tenemos videos buenísimos de monos que podemos compartir con la gente para inspirarlos a apoyar la conservación que hace la Asociación de Conservación Oso Dorado y Yunkawasi”.

“Con el dron podemos ver realmente la vida de los monos, se les observa cuando están arriba de los árboles, cómo interactúan entre ellos”, comenta Schmitt.

Una experiencia de ciencia ciudadana

El ACP Hierba Buena Allpayacu no es el único lugar en el que se monitorea el mono choro cola amarilla en coordinación con la comunidad. La experiencia bajo el liderazgo de Yunkawasi también se repite en la Concesión de Conservación Cerro El Adobe, colindante con la Reserva Comunal Chayu Nain, y en el Área de Conservación privada Copallin, vecina del Santuario Nacional Cordillera de Colán. Estos tres lugares forman parte del territorio que es el hábitat de esta especie, bosques que a lo largo del tiempo se han reducido en un 80 % aproximadamente.

Junto con la Asociación de Conservación Oso Dorado, en los otros dos espacios donde aún habita el mono choro cola amarilla la población también se ha comprometido con la conservación del monito, cuenta Cornejo.

“En el caso del ACP Copallin, se ha formado un comité de monitoreo en coordinación con los guardaparques de la zona. Y el tercer caso es una concesión de conservación, Cerro El Adobe, liderada por la Asociación de Conservación Chorrera Blanca (Acochoba) liderada por agricultores”, explica Cornejo.

Hasta ahora la experiencia con el dron con cámara térmica solo se ha realizado en el ACP Hierba Buena Allpayacu, pero el proyecto continuará en las otras dos zonas. “Estamos entrando al tercer año de trabajo con estas organizaciones y lo genial ha sido conectar a la gente local con el uso de tecnología. Si bien el dron con cámara térmica no lo hemos manipulado mucho, los comités sí cuentan con drones sin lente termal que utilizan para observar desde el aire las amenazas a esta especie”, dice la investigadora de Yunkawasi.

Cornejo también destaca la participación de las mujeres en los comités de monitoreo, así como el uso de los drones por parte de la población, quienes ahora cumplen funciones que antes estaban solo reservadas a investigadores con la ventaja de que conocen a la perfección estos bosques. “Para mí es uno de los proyectos más lindos que tenemos porque justamente se trata de lograr esta confluencia de practicar ciencia con la gente local”, comenta. En ese sentido agrega que ya se está planificando el monitoreo acústico y las investigaciones con ADN ambiental con estas comunidades.

El explorador de National Geographic, Schmitt, agrega que las comunidades conocen mucho a esta especie. “Los ven todos los días, se preocupan por ellos. Viven con ellos. Nosotros, como científicos o biólogos, aportamos nuestro propio conocimiento, que es muy diferente, y que puede complementar el conocimiento que la comunidad ya tiene. Así que la comunidad ya sabe adónde van los monos y pueden pensar por qué van a un determinado lugar. Los conocen mejor”.

Schmitt también considera que al unir los conocimientos se pueda comprender mejor a la especie y se responda mejor a sus necesidades. “Por ejemplo, tenemos experiencia en estudiar su comportamiento sistemáticamente para poder determinar cómo cambia según la disponibilidad de alimentos, la altitud, las precipitaciones o la temperatura. De esta manera, podemos obtener respuestas con mayor certeza que la que se podría obtener solo con la observación”.

“Creo que si el objetivo final de la comunidad es la conservación de los monos, porque conviven con ellos, los ven y los aprecian -dice Schmitt-, podemos complementar ese deseo con métodos que les proporcionen las herramientas necesarias para protegerlos de una mejor manera”.

En esta confluencia de conocimientos, Lizeth Arista habla desde su experiencia con el uso de la tecnología. Explica, por ejemplo, que han llevado talleres para manejar los drones, que por ahora manejan sin problema los drones pequeños, pero que le gustaría seguir aprendiendo más. “El dron que ahora estamos trabajando en campo es más grande [dron con cámara termal]  tiene más cosas que debemos aprender”. ¿Es fácil manejar un dron?, le preguntamos. “El pequeño sí, pero el grande se me complicaba aún”, responde.

Sin embargo, como dicen los investigadores, las personas de estas comunidades conocen perfectamente a estos animales. “Ahora tenemos un grupo de 12 monitos identificados, hasta les hemos puesto nombre”, cuenta. ¿Es fácil identificar a los monitos?, le preguntamos. “Sí, es fácil”, responde. “A las hembritas las identificamos por su clítoris, que tiene poco vello, y a los machos los podemos identificar porque tienen su mechón más grande que las hembras. Y los juveniles no tienen nada, es más fácil saber cuáles son hembras y cuáles machos”, agrega.

Hasta hace un par de décadas, dice Lizeth Arista, “algunas personas en nuestra comunidad los cazaban”, pero ahora ya no ocurre eso. Ahora hay interés por la conservación desde que son niños. “A mi hijita menor le gusta el trabajo que hago en el campo. Tiene 10 años y me dice que cuando sea grande le gustaría ser bióloga. Ella ve cómo trabajamos, los materiales que tenemos en el comité. Ella agarra los materiales, sale a observar el bosque con los binoculares y me dice: ‘Cuando sea grande quiero ser bióloga para poder utilizar todos estos materiales’».

*Imagen principal: el mono choro cola amarilla es una especie endémica de los bosques nublados de los Andes orientales de Perú. Foto: cortesía Yunkawasi.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las mujeres representan menos de un tercio de los investigadores a escala mundial, de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia (UNESCO). Por eso, este año, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero, se enfoca en las recomendaciones de buenas prácticas para construir ecosistemas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas más inclusivos.

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Mongabay Latam habló con tres científicas latinoamericanas sobre los obstáculos que enfrentaron durante su formación y a lo largo de su ejercicio profesional, sus motivaciones y mayores logros.

Graziella Bozzano, geóloga marina italiana radicada en Argentina, contó algunas de las emocionantes experiencias que ha vivido en las más de 20 expediciones marinas que ha realizado en Europa y Latinoamérica. Aunque siente que en general no vivió momentos duros que frenaran su carrera científica, el sexismo no faltó.

Para hacer la ciencia más inclusiva, Bozzano recomienda que las niñas tengan modelos a seguir más allá de lo relacionado a la belleza o el rol materno. “Que las niñas entiendan que hay otras formas de vivir la vida como mujer de forma muy plena”, invita. Además, desmitificar que las mujeres no sean buenas en las ciencias “es una cuestión de estímulos tempranos”, puntualiza. Por eso, aconseja algo que le acompañó en su niñez: regalarles libros y herramientas tecnológicas y científicas.

Vicky Flechas, herpetóloga colombiana, sí ha tenido experiencias negativas con repercusiones en su vida laboral. En entrevistas laborales, ha visto que las oportunidades se han cerrado cuando los entrevistadores supieron de su maternidad. Propone la adopción de políticas que eviten la discriminación por género.

Específicamente, espera que pronto se deje de indagar sobre aspectos familiares que no están relacionados con la posición laboral, algo que usualmente no les sucede a los hombres.

Rosa Vásquez, bióloga molecular peruana, anima a las mujeres y a las niñas a cumplir sus sueños sin dejar su feminidad de lado, algo que se exigió mucho a las profesionales en décadas pasadas. “Las perspectivas artísticas y femeninas pueden sumar. Corremos el riesgo de perder si no integramos esas voces”, opina.

Cree que haber sido bailarina profesional durante su niñez le ayudó a ganar confianza para hablar ante audiencias grandes, pero también a tener creatividad a la hora de aplicar sus conocimientos científicos. “No se avergüencen de su feminidad”, aconseja.

Estas son las historias de tres científicas latinoamericanas destacadas:

Graziella Bozzano, la geóloga marina que rompió barreras en Argentina

Graziella Bozzano nunca imaginó que terminaría explorando el fondo marino. De niña, soñaba con ser vulcanóloga mientras recorría las montañas de su natal Génova, en Italia, y los nevados de los Alpes. “Siempre hacía muchas preguntas sobre los eventos extremos, los terremotos, las erupciones volcánicas”, recuerda. Tanto que a sus diez años sus padres le regalaron una enciclopedia de ciencia. “Estaban hartos de mis preguntas”, dice entre risas.

Mientras cursaba la carrera de geología, cerraron la clase de vulcanología. Una beca para hacer una estancia en Barcelona, España, cambió su destino. Allí se unió al Grupo de Geología Marina del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y participó en su primera campaña oceanográfica en el Mediterráneo y a bordo del buque Hespérides. “Me quedé totalmente enamorada de la geología marina”, afirma.

Aunque asegura que no fue algo común, recuerda que al inicio de su carrera recibió un comentario sexista por parte del docente de geología regional. «Vos que sos mujer, vamos a hablar de los residuos”, aunque hablaba de algo técnico, lo dijo en referencia al estereotipo de que las mujeres se encargan de las tareas de limpieza en el hogar.

Años después de especializarse, se radicó en Argentina, donde ocupa un cargo como geóloga en el Servicio de Hidrología Naval. En 2025, Bozzano participó en dos expediciones a bordo del Falkor (too), el buque de investigaciones científicas marinas del Schmidt Ocean Institute. En la primera, realizada en agosto, fue la única geóloga entre un equipo de biólogos que exploraron el cañón Mar del Plata, en Argentina. “Me sentí con mucha responsabilidad, quería ver si podía estar a la altura”, dice.

La campaña científica se volvió viral en la región. A pesar de que creía que los internautas que se conectaban a las transmisiones en vivo estaban más interesados en la fauna submarina, los comentarios le dejaron ver que no era así. Los seguidores de la expedición preguntaban sobre los cañones, esas misteriosas y enormes pendientes que aparecían en los videos.

“Finalmente hablé y los chicos [sus colegas] hacían fotos de los comentarios donde la gente me agradecía”, relata todavía con emoción. Poco a poco fue ganando confianza para explicar las formaciones geológicas de la zona. Recuerda especialmente un comentario que dejaron en el chat de la transmisión: “No sabía que me gustaba tanto la geología marina”.

En octubre colideró junto a otras tres científicas la expedición Ecos de dos Cañones. En esta ocasión colaboró en la planificación de las inmersiones del ROV Subastian, el vehículo de operación remota que toma imágenes y muestras del fondo marino. También estuvo a cargo de analizar aspectos técnicos para elegir los lugares de inmersión y obtener resultados. “Fue desafiante desde un punto de vista científico y personal, estaba 24 horas sin dormir”, cuenta.

Tras las expediciones, no acabó el trabajo. Ahora está en la fase de analizar las rocas y el sedimento recuperados en la primera campaña. El objetivo es conocer qué tipo de sustrato prefieren los organismos bentónicos. Además, en la campaña de octubre obtuvieron información batimétrica (profundidad oceánica) de la plataforma continental y del talud que ahora se está analizando para conocer mejor la morfología del fondo marino.

Vicky Flechas, la herpetóloga colombiana que enseña ciencia a niños y niñas

Vicky Flechas quería ser veterinaria y trabajar con animales grandes. Sin embargo, durante su época universitaria llegó a la biología y terminó fascinada con los anfibios. “Las ranas son organismos increíbles”, dice. El género Atelopus, por ejemplo, es conocido como el de las ranas arlequín por sus llamativos colores. Actualmente trabaja en el Plan de Acción que busca evitar la extinción de las 99 especies de arlequín descritas.

El mayor reto de estudiar biología tuvo que ver con la época de conflicto interno en Colombia. A veces sola y en otras ocasiones con alguna compañera, tenía que viajar a zonas conflictivas para realizar trabajo de campo. “Íbamos a sitios donde no había nadie, éramos dos mujeres solas en una casa con sus hamacas, eso me aterraba”, confiesa. “Salir a campo a buscar ranas también implicaba estar de noche a solas”, relata.

Durante su formación, la mayoría de docentes eran hombres y había pocas mujeres referentes en herpetología. Eso está cambiando, asegura. Además, a medida que se especializó, se fue vinculando con más investigadoras.

Tras graduarse, al aplicar a trabajos los entrevistadores hacían preguntas que está segura que sus compañeros nunca recibieron. “¿Tienes hijos? Si vas al campo, ¿con quién se van a quedar?”, recuerda que indagaban. En una ocasión, se presentó a una entrevista mientras estaba embarazada. “Estoy segura de que no conseguí el trabajo por eso”, dice.

Durante su especialización se consolidó como referente en la investigación del hongo Batrachochytrium dendrobatidis que ha causado un descenso significativo de las poblaciones de anfibios en Latinoamérica. Tuvo que buscar becas y apoyo financiero en el extranjero para continuar con sus estudios, que buscan encontrar soluciones para evitar la desaparición de anfibios por la enfermedad provocada por el hongo.

Las preguntas que hacían sus hijos sobre cuestiones científicas la motivaron a cofundar Bichos.team y El Microscopio Podcast, espacios dedicados a incentivar el amor por la ciencia en la infancia. En los talleres de Bichos.team, los pequeños se transforman en investigadores al explorar jardines y aprender sobre la clasificación de los seres vivos. También se vuelven científicos cuando experimentan y observan cómo el calcio puede endurecer una sustancia gelatinosa.

Considera que uno de sus mayores triunfos ha sido construir una red de mujeres herpetólogas. “Siempre que tengo un proyecto, trato de involucrar a otra mujer”, dice. Recientemente, junto a sus colegas mujeres, escribieron un capítulo sobre enfermedades infecciosas de los anfibios en la región andina, incluido en el libro Herpetofauna Andina, publicado por la editorial científica Springer Nature. En este contexto, donde la disparidad todavía se siente, aconseja que las mujeres sigan apoyándose y formando comunidades.

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Rosa Vásquez, la científica peruana que une ancestralidad y ciencia por la Amazonía

Rosa Vásquez creció en Lima, pero todos los años viajaba a las montañas andinas y a la selva peruana para visitar a sus familiares. Los recuerdos más alegres de su infancia están ahí, en medio de la naturaleza y escuchando a su abuela, quien le enseñó sobre plantas medicinales. La científica peruana publicó a mediados de 2025 el libro The Spirit of the Rainforest, en el que muestra cómo la sabiduría indígena y la curiosidad científica conectan con el mundo natural.

Cuando decidió que quería dedicarse a las ciencias, se dio cuenta que el idioma sería una barrera. “Desde muy chica noté que mucha de la información solo estaba disponible en inglés, en esa época no había traducción automática”, recuerda. Así que se propuso aprender inglés y a los 18 años se mudó a Estados Unidos para estudiar biología molecular.

“El hecho de ser minoría es un reto”, dice, pero no solo por ser mujer latina, sino también por su ascendencia indígena. “La ciencia actual está basada en el conocimiento occidental y no hay necesariamente una puerta abierta para otros tipos de conocimientos”, añade. Sin embargo, las científicas que encontró en el camino la inspiraron. “Ver que traían su feminidad a la ciencia me inspiraba, era saber que no tengo que cubrir mi feminidad para ser tomada con respeto”, señala.

Después de especializarse en el extranjero, en 2021 fundó Amazon Research International. Su objetivo era hacer ciencia con la sabiduría ancestral en el centro y con oportunidades para jóvenes, mujeres y hombres de las comunidades. “Quería retribuir, sé del talento que nace acá”, afirma.

El conocimiento indígena, por ejemplo, ha sido clave para levantar información sobre biodiversidad. Los habitantes amazónicos conocen la selva y las señales que dejan las esquivas especies de animales que la habitan. Esto permitió que, aunque tenían pocas cámaras trampa, en una investigación con indígenas asháninka identificaran en poco tiempo especies como el tapir, el puma, el oso andino y el huidizo armadillo gigante.

Uno de los focos de la organización es la investigación de las abejas sin aguijón. Esta especie es clave para la polinización y conservación del bosque amazónico. La organización liderada por Vásquez logró recientemente que sea reconocida como sujeto de derechos.

La presencia de Vásquez en los territorios indígenas asháninkas, kukamas o shipibos tiene un impacto inesperado. Las niñas y las mujeres la observan con curiosidad, se acercan, le hacen preguntas. “Eso de seguro les hace pensar: ‘Si ella puede, yo también puedo’”, reflexiona.

Imagen principal: mujeres indígenas trabajan en investigaciones científicas junto a Rosa Vásquez. Foto: cortesía Rosa Vásquez.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El ruido de los motores se escucha a varios metros de distancia. Es constante. No dejan de funcionar. Mientras se camina por los remanentes de un bosque, con árboles aún en pie, el sonido se hace más intenso, advirtiendo la cercanía de las ruidosas máquinas que están extrayendo oro en La Pampa, en la región amazónica de Madre de Dios, Perú.

Al cruzar esa especie de pared formada por los pocos árboles aún en pie, la devastación se muestra en toda su crudeza. El dueño del predio, que una vez estuvo lleno de árboles, camina desesperanzado por el lugar. “Lo están destruyendo todo”, dice a Mongabay Latam y Forbidden Stories en medio del espacio deforestado. “Esto era grande, era bosque. Todo lo han acabado”, se lamenta mientras se desplaza en un paisaje dominado por el lodo, lagunas de residuos tóxicos y montículos de tierra que han reemplazado a los bosques naturales en una zona que debería estar intacta, porque La Pampa está dentro del área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

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La destrucción de la biodiversidad no es lo único que perturba en La Pampa. El mayor temor ahora es la presencia de las bandas de crimen organizado que han tomado el control de la zona y han impuesto un sistema de extorsiones, cobros de cupos, amenazas y asesinatos. “Acá vivimos bajo presión de esas personas. Ellos son prácticamente los reyes, no puedes decir nada. El Estado no nos escucha. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la Policía, a la Procuraduría?”, dice con angustia una madre de familia en La Pampa.

En ambos lados de la carretera Interoceánica Sur —vía que va desde el océano Pacifico en Perú hasta el océano Atlántico en Brasil—, entre los kilómetros 98 y 117, aproximadamente, incontables dragas, tracas y retroexcavadoras funcionan sin tregua. La ruta también está copada de edificios en construcción, hoteles, grifos, establecimientos con decenas de cilindros azules en los que se transporta combustible, centros de venta de motores, talleres, agentes multibancos, restaurantes, bares. Todo un ecosistema que rodea a la minería ilegal.

Los tentáculos de la minería ilegal y las bandas de crimen organizado avanzan en todas las direcciones. Han superado las fronteras del área de amortiguamiento y han ingresado a la reserva de Tambopata. A inicios de octubre de 2025, un operativo realizado dentro del área protegida, en el sector Azul, confirmó la presencia de las balsas-draga en la misma reserva. Las amenazas también han entrado en el área protegida, donde los guardaparques se desplazan con miedo cada vez que tienen que realizar su trabajo de vigilancia.

Un equipo de reporteros de Mongabay Latam y Forbidden Stories recorrió La Pampa y algunas zonas cercanas a este territorio tomado por las actividades ilícitas y la violencia. Encontró devastación, visible a cada paso; un ambiente rodeado de secretismo; miradas de sospecha y desconfianza; y mucho temor a hablar de lo que sucede en este lugar. Los nombres de quienes nos han dado sus testimonios los mantenemos en reserva por cuestiones de seguridad.

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El precio de extraer oro

En La Pampa todo tiene precio. Hay tarifas para las diferentes actividades que se realizan en esa franja de la carretera Interoceánica Sur. Una fuente de la zona cuenta a Mongabay Latam que los mineros deben pagar a las bandas de crimen organizado 1000 soles (alrededor de 300 dólares) cada semana por operar una balsa, es decir, 4000 soles (alrededor de 1200 dólares) al mes. Otra persona entrevistada sobre este mismo tema habla de 20 000 soles (alrededor de 6000 dólares) exigidos a los dueños de las máquinas.

Son las tarifas que han impuesto las bandas de crimen organizado que operan en la zona minera por brindar “seguridad”. Estos grupos criminales que llegaron hace por lo menos diez años ofrecieron a los mineros y a la población de La Pampa protegerlos de los robos que ocurrían en la zona a cambio de un pago como retribución a su “trabajo de vigilancia y seguridad”.

Sin embargo, lo que se impuso ha sido un sistema de extorsiones que se extiende a todos los negocios, restaurantes, bodegas, talleres mecánicos, todos tienen que pagar su cuota al crimen organizado. “La mayoría paga 200 soles, en todas las tiendas”, cuenta una persona a la que le pidieron 500 soles por dar “seguridad” en su empresa. “Pueden ser 1000, dependiendo de cómo cambia el bando”, dice para explicar la división que existe dentro de los grupos criminales.

Mongabay Latam accedió a unas listas de pagos de extorsiones, escritas a mano. En una de ellas, del 8 de diciembre de 2024, se leen varios nombres con la indicación “un motor”, en cada caso, y al costado, se ven montos de entre 300 y 350 soles (aproximadamente entre 90 y 100 dólares). En otro de estos documentos se consigna la suma de 22 000 soles con unas notas que dicen “comisión” 2220 y “parque” 4000, montos que se restan del total inicial.

“Todos estos grupos de extorsionadores se conformaron en La Pampa desde que existe la minería ilegal”, afirma Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad. “Los Guardianes de la Trocha son el grupo, por así decirlo, más fuerte, pero también había otros, por ejemplo, Los Tigres del 98, que tenían como lugar establecido el kilómetro 98 y cobraban cupo a quienes ingresaban a La Pampa”, agrega Garay, quien ha sido fiscal ambiental en Madre de Dios.

En los últimos años Los Guardianes de la Trocha han sido la banda criminal más conocida, pero no es la única, según autoridades y personas que viven en la zona. “Ahora se llama La Empresa”, comenta un funcionario de una institución pública, con sede en Puerto Maldonado, que prefiere mantener su nombre en reserva.

El temor de las personas que viven en Madre de Dios para contar lo que sucede en esa región se percibe en cada conversación. Hablan en voz baja y ponen énfasis en pedir el anonimato. Incluso las autoridades que hace unos años declaraban sin omitir su nombre ahora piden no ser identificados en el reportaje. No es para menos. A los cobros de cupos y las amenazas constantes se suman los asesinatos, muchos de los cuales ni siquiera son reportados.

“La función que cumplen es, supuestamente, dar seguridad a los mineros para que no les roben el dinero y el oro, pero tienen que pagar un cupo, así es como funciona”, comenta Garay. “Hay disputas entre estos grupos porque se convierten en territoriales. Unos están en un kilómetro y otros, en otro kilómetro”, agrega.

Desde la Fiscalía de Madre de Dios también mencionan que durante un operativo en junio de 2025, en el sector Azul, en el interior de la misma reserva, se encontraron motores de las balsas-dragas que llevaban stickers de Los Tigres. La imagen se ve en una fotografía entregada a Mongabay Latam. “En una interdicción hemos tenido una emboscada y enfrentamos una balacera con este grupo. Así hemos evidenciado que además de ejercer esta actividad ilegal se encuentran completamente armados”, comenta un representante de la Fiscalía Ambiental de Madre de Dios que prefiere mantener su nombre en reserva por las amenazas que ha recibido por realizar su trabajo.

El Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Almanza, ofrece a Mongabay Latam un panorama más amplio. “En Puerto Maldonado tenemos zonas. Con la Fuerza Aérea se ha logrado subzonificar 10 áreas. Las más conocidas son La Pampa, Delta Uno, Delta Dos y Masuko. Son zonas en las que hay mayor incidencia. Por ejemplo, nada más en La Pampa y Delta Uno hay más de 5000 dragas y tracas. No es una cifra que a mí se me ocurra, sino que se ha logrado, más o menos, cuantificar a partir de sobrevuelos de la Fuerza Aérea”.

Almanza explica que la Fuerza Aérea realizó sobrevuelos, primero con avionetas y luego con drones. “Se han podido incluso localizar los puntos, pero son de difícil acceso. Se ven decenas de máquinas pesadas, retroexcavadoras, cargadores portátiles. Se han hecho hasta puentes para que pase esa maquinaria a la zona de minería. Son inversiones importantes”, confiesa Almanza.

“El problema no es solo que están trabajando en una zona, sino que están avanzando. En Puerto Maldonado, las autoridades tienen una preocupación grande, casi de desesperación, porque están llegando a lugares donde antes no habían llegado: a las reservas”, dice Almanza desde su oficina en Lima.

El abogado especializado en temas ambientales César Ipenza considera que no se puede dejar de mencionar la presencia del Comando Vermelho en el panorama de criminalidad que rodea a La Pampa y, en general, a Madre de Dios. “No sería extraño que estén controlando las zonas de minería”, dice Ipenza sobre la presencia de este grupo criminal surgido en Brasil y relacionado principalmente con el narcotráfico. “La mayor bonanza está en la minería, entonces, no sería extraño que estén operando y trabajando bajo el control o liderazgo del Comando Vermelho”.

Actualmente, el precio de la onza de oro bordea los 5000 dólares. Desde su despacho en Lima, el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, señala que “el precio del oro está en la raíz del problema y se ha convertido en un motor de la minería ilegal”. A ellos se debe sumar que la comercialización de oro no es una actividad ilegal, dice García Esquerre, por tanto, el mineral se comercializa sin restricciones.

El funcionario señala que en 2024, Perú exportó alrededor de 180 toneladas de oro, pero que de esa cantidad, por lo menos 80 toneladas “eran de origen desconocido”. García Esquerre cita al Instituto Peruano de Economía para dar cifras de 2024, cuando la exportación de oro movió casi 7000 millones de dólares. Si se considera al precio actual, ese monto supera los 10 000 millones de dólares.

“Es más fácil lavar el dinero en la minería [que del narcotráfico] porque el producto, el oro, a diferencia de la droga, es legal. Estamos frente a un delito que es inmenso y es transnacional”, dice Esquerre sobre la minería ilegal. “Lo que en realidad tenemos es una economía ilegal”, puntualiza el también excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

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La incursión de la minería ilegal en el área span
protegida

Todos los guardaparques de la Reserva Nacional Tambopata están amenazados. Cada vez que salen a realizar sus labores de vigilancia deben cubrirse el rostro para no ser reconocidos, cuenta a Mongabay Latam un testigo de lo que sucede en el área protegida. Ya lejos de Madre de Dios, confiesa lo difícil que resulta vivir en esa región y que teme por su vida y la de su familia.

Otro testigo de lo que sucede en el área protegida también cuenta que circulan mensajes en grupos de Whatsapp de los grupos criminales en los que se anuncian que ingresarán a la reserva de Tambopata. “Dijeron que iban a llevar balsas y que irían armados para que el personal guardaparque no se acerque”, relata la fuente durante nuestra visita a Puerto Maldonado.

En octubre de 2025, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) realizó un operativo dentro de la reserva de Tambopata, en el sector Azul, en el río Malinowski. De esta forma, confirmaba que la minería ilegal estaba instalada dentro del área protegida.

El último reporte del Radar Mining Monitoring (RAMI), herramienta de monitoreo satelital, informa que entre noviembre y diciembre de 2025 “se registraron nuevas pérdidas de cobertura forestal por minería dentro de la Reserva Nacional Tambopata, que suman 9.5 hectáreas de bosque afectado”.

Mongabay Latam solicitó al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) información sobre la presencia de la minería ilegal dentro de la reserva y las denuncias de amenazas, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.

El fiscal Almanza dice que ha solicitado a la Policía y al Ejército que realicen interdicciones constantes “para frenar un poco” el avance de la minería. Sin embargo, el coordinador de las fiscalías ambientales reclama por la falta de fondos para dar pelea a esta actividad ilegal.

“Nos gustaría tener a cargo la logística para realizar las acciones de interdicción, pero tenemos que depender de otros. No tenemos horas de vuelo, no tenemos embarcaciones, no tenemos balsas, a duras penas tengo un par de vehículos para todos los temas. Para la fiscalía es una limitante la falta de presupuesto”, cuestiona Almanza.

Mongabay Latam tuvo acceso a 28 de las actas de operativos contra la minería ilegal realizados durante 2025 en Madre de Dios. Dos de ellas daban cuenta de operativos específicamente dentro de la Reserva Nacional Tambopata. En los documentos se menciona el hallazgo de campamentos rústicos; motores chinos; bombas de succión; generadores eléctricos; balsas tracas; y otros insumos, como baterías, alternadores, arrancadores, radiadores, filtros, cables, abrazaderas, poleas metálicas, codos y metros de manguera de succión y cableado.

Las más de 20 actas dan cuenta de la destrucción de los bosques causada por las actividades de extracción ilegal de oro, al mismo tiempo que mencionan la contaminación por combustible, grasa, aceites, bolsas plásticas, trapos contaminados, entre otros insumos que se utilizan en la minería.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, durante 2025 se realizaron 193 operativos de interdicción contra la minería ilegal en Madre de Dios, como parte del Plan Restauración. Este proyecto del Estado siguió a la Operación Mercurio, el megaoperativo realizado en 2019 en La Pampa. Los planes que se trazaron en ese momento para “recuperar” la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y erradicar la minería ilegal en ese sector de Madre de Dios parecen haber quedado en el olvido.

Seis años después del más grande operativo realizado en esta región, la cantidad de balsas, dragas, tracas y maquinaria pesada que sacan oro sin descanso del corazón mismo de bosques y ríos se ha multiplicado de tal forma que cuando se recorre este territorio devastado se hace imposible siquiera pensar que alguna vez estuvo cubierto de árboles y que la vida silvestre transcurría sin mayor preocupación.

El dueño de la concesión forestal por la que caminamos para ver más de cerca cómo las dragas extraen oro busca con la mirada a los monos que, asegura, a veces se aferran a los pocos árboles que aún quedan en pie. Quiere mostrarnos que en medio de la devastación hay espacio para la supervivencia. Su esposa, dice, ya no quiere caminar por su predio porque siente mucha pena al ver cómo se va extinguiendo la vida. “He puesto denuncias a todos. Con pruebas hemos ido, llevamos videos a la Policía para que vean que nos han rodeado. Y nada. Nunca vienen, parece que reciben plata”, dice el hombre desconsolado.

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Un territorio plagado de criminalidad: fosa común, armas y asesinatos

Un portón blindado se abre para ingresar a la casa de una familia que perdió a uno de sus miembros en manos del crimen organizado. El lugar está amurallado. “Escuchábamos que había minería, que estaba acercándose y que se iba a pasar al lado de la reserva. Pero nunca habíamos visto ese tipo de minería”, recuerda uno de los miembros de la familia sobre lo que sucedía en esa zona en 2011, cuando aún había bosques en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

«En 2011 llegaron acá -dice el testigo-, se saltaron la pista [carretera Interoceánica Sur] y se lanzaron a nuestro predio porque justo el oro pasa por esta zona». Desde esa época han sido amedrentados por la minería ilegal. Algunos de los miembros de la familia fueron secuestrados el mismo 2011, cuenta la fuente y recuerda que por esos años empezaron los robos y asaltos a quienes se dedicaban a extraer oro.

“Así es como aparece la famosa seguridad”, dice el entrevistado sobre las personas que llegaron ofreciendo vigilar la carretera y las trochas de ingreso a toda la zona de amortiguamiento de Tambopata donde se estableció la minería ilegal. Quienes ingresaban por esas vías debían pagar para transitar, una modalidad que se mantiene hasta ahora.

“Para 2013 y 2014 todos hablaban de pagar a la ‘seguridad’. Se tenía que pagar el viaje, todas las máquinas supuestamente estaban registradas, no podía haber otras personas con armas, solo ellos, y empezaron a matar a gente”, recuerda el testigo. Para 2016, agrega, todos debían estar registrados para poder trabajar y a quienes llegaban a delinquir en la zona, los mataban.

Con el tiempo los asesinatos se extendieron, surgían por una pelea en un bar, por enfrentamientos entre las bandas, por no pagar los cupos. Videos que han circulado en redes sociales o que han sido tomados de cámaras de seguridad de la zona muestran a personas transitando con armas de largo alcance, encapuchados, en camionetas que los trasladan. Algunos, incluso, dejan ver cómo se asesina a una persona.

Los asesinados y desaparecidos se multiplican cada año. El comandante Willmann Carazas es el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía (Divincri), en su despacho en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, cuenta sobre el hallazgo de una fosa común en La Pampa con cinco cadáveres. Uno de ellos, dice el policía, estaba siendo buscado por sus familiares, quienes habían publicado sus datos pidiendo que se les avisara si lo encontraban.

Carazas señala que muchos de los asesinatos y desapariciones que suceden en La Pampa, en otras zonas mineras de la región e incluso en la misma ciudad de Puerto Maldonado, nunca se reportan.

Varios medios de comunicación locales y nacionales han informado, más de una vez, sobre las fosas comunes que se han encontrado en La Pampa. Los periodistas que viven en Madre de Dios también han sido amenazados por informar sobre estos crímenes. Manuel Calloquispe es uno de ellos y quien más ha seguido las pistas del crimen organizado, principalmente de Los Guardianes de la Trocha. Ahora vive amenazado.

Según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped) 204 personas fueron reportadas como desaparecidas en Madre de Dios en 2025. La cifra no es la más alta entre los departamentos de Perú, apenas aparece en el puesto 20, pero las regiones de Cusco y Puno, que limitan con Madre de Dios, reportan 1390 y 828 desaparecidos, respectivamente.

“¿Han escuchado sobre la fosa común en la que encontraron unas 200 personas?”, pregunta la persona que vive en el búnker en medio de La Pampa. Menciona también que las bandas criminales han asesinado a los dueños de predios agrícolas para quedarse con sus tierras. Durante la conversación, muestra algunas armas que ha adquirido para defenderse.

El defensor ambiental Juan Julio Fernández Hanco ha sido una de las víctimas. Su asesinato ocurrió en marzo de 2022. Desde 2006, Fernández Hanco tenía una concesión para forestación y reforestación de 396 hectáreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. En 2025, el Poder Judicial sentenció a 15 años de prisión a Edison Fernández Pérez, alias Chili, uno de los integrantes de la organización criminal Los Guardianes de la Trocha, por el crimen del defensor ambiental. El condenado se encuentra prófugo.

El defensor ambiental José Carlos Pacheco también ha sido víctima de la violencia de este territorio tomado por el crimen organizado. Su asesinato, ocurrido en setiembre de 2020, aún está impune. Su cuerpo fue hallado en el límite de la concesión forestal de su familia. Su padre, Demetrio Pacheco, vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, guía a este equipo de periodistas por el bosque de su concesión que defiende con uñas y dientes. No se da por vencido a pesar de que los invasores siguen avanzando en el predio tumbando los árboles.

“Mi hijo era un defensor ambiental reconocido. Tras su asesinato, lograron identificar a las personas que cometieron el crimen, los intervinieron y les incautaron armas de fuego. Estuvieron detenidos alrededor de siete días. Después le dieron libertad”, cuestiona con indignación.

Pacheco ha realizado múltiples denuncias sobre las invasiones a su predio. La minería de oro no ha llegado a este lugar. La amenaza principal es la deforestación. Sin embargo, hay quienes sostienen que todo ese sector de la carretera Interoceánica tiene oro, por lo que se teme que, de continuar el ritmo actual, la minería arrase también con lo que quede de esos bosques.

La madera que sale de allí también podría estar siendo usada en la minería para la construcción de las dragas y balsas que se utilizan para extraer el oro. Karina Garay, del Observatorio de Minería Ilegal, afirma que, efectivamente, se tala madera de bosques cercanos para ser utilizados en estas estructuras.

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El manejo del territorio: el objetivo de los grupos armados

La comunidad nativa de San Jacinto vive rodeada de minería. Dentro del territorio hay concesiones mineras de oro que han funcionado durante muchos años. Los restos de esta explotación son visibles. En el río que divide al territorio comunal están las dragas.

El día que este equipo periodístico llegó a la zona las dragas no tenían motores, las habían ocultado por los patrullajes que, según decían los pobladores, estaba realizando la Capitanía de Puertos de Madre de Dios. Tres mineros descansaban sobre la draga inactiva. Uno de ellos se acercó para indagar por nuestra presencia. Después de una corta charla nos dejó ir.

Hasta esta comunidad ha llegado el crimen organizado, dicen sus habitantes. “Han venido acá”, dice una de las lideresas sobre la denominada “seguridad. «Estaban infiltrándose. Daban vuelta en la noche con linterna. Pero nosotros los hemos llamado a una reunión”, comenta. “Cuando miro armamento me indigna. No me gusta que me estén apuntando”.

Parados en pleno salón comunal, uno de los integrantes del grupo con el que conversamos asegura que los hombres armados “estuvieron parados ahí mismo” y les ofrecieron protección y vigilancia. “Nos han dicho: ‘Vamos a brindarle seguridad, pero tienen que pagarnos’”. La respuesta que dieron, aseguran, fue que no tenían dinero y, con el tiempo, dejaron de entrar al territorio comunal.

El crimen organizado busca “controlar el territorio”, dice Rafael Hoetmer, director del Programa Amazonía Occidental de Amazon Watch. “Es un ecosistema donde distintas formas de control se articulan entre sí. Puede haber confrontación, pero también pueden no chocar”.

Hoetmer menciona también que en Perú, en los últimos años, “ha habido una reversión dramática de la institucionalidad y de las leyes”. Menciona el caso de los presidentes regionales que tenían denuncias por ser mineros o fueron denunciados como integrantes de organizaciones criminales.

El abogado César Ipenza, especializado en temas ambientales, apunta también en esa dirección. Uno de los principales cuestionamientos es la ley de formalización minera que tiene entre sus pilares el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Los plazos para que se concrete esta formalización se han extendido varias veces, como ya ha reportado Mongabay Latam. La última extensión es a diciembre de 2026, favoreciendo a la minería informal e ilegal, aseguran los expertos.

Las personas inscritas en el Reinfo pueden realizar la minería aun sin haber concluido el proceso de formalización ante las autoridades. Además, los documentos que obtienen del Estado por la inscripción en el Reinfo pueden ser utilizados por quienes extraen oro de lugares no autorizados. Esto facilita que los mineros ilegales se escuden detrás del Reinfo y puedan seguir operando a la espera de una «formalización», que nunca llega. Detrás de ellos, muchas veces, está el crimen organizado.

Para Ipenza el ofrecimiento de brindar seguridad y el sistema de cobro de cupos han sido la base para que, con el tiempo, los grupos criminales también manejen dragas y controlen el territorio. “Eran los que extorsionaban, cobraban cupos o en el pasado brindaban seguridad a los mineros informales. Luego vieron cómo funciona el negocio de la minería y, obviamente, se dieron cuenta de que había más dinero en ese negocio. No solamente van a cobrar cupos, sino también controlan las zonas de minería y tienen sus propias operaciones”.

Durante la conversación con Mongabay Latam, el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, enfatiza que la minería ilegal debe ser entendida como una economía ilícita, por tanto, se debe comprender que se trata de “un problema político, social, económico e inclusive de seguridad”.

“El problema que está generando la minería ilegal no es solamente un daño al medioambiente, sino que está afectando la vida de muchas comunidades nativas y campesinas, por lo tanto, la solución se debe enfocar de manera diferente”, sostiene el funcionario y agrega que esta mirada integral está plasmada en la Estrategia nacional para la reducción e interdicción de la minería ilegal en Perú a 2030, aprobada en junio de 2025.

“Hay 225 cuerpos de agua que, se conoce, están contaminados por mercurio y alrededor de 140 000 hectáreas de bosques, en todo el país, depredados solo por la minería ilegal, más del 95 % en Madre de Dios”, menciona García Esquerre para dar un panorama de los impactos.

El ex comandante de la FAP señala que en esta estrategia nacional se han definido 68 actividades, distribuidas en siete ejes que involucran a 18 instituciones del Estado. La identificación geográfica, el seguimiento del dinero, las interdicciones en las zonas mineras, el control de los insumos químicos, combustible y explosivos, la comercialización y la investigación son los ejes sobre los que se ha construido la estrategia que va al 2030, comenta García Esquerre.

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Un negocio que se extiende

El control de los grupos criminales se va extendiendo a todos los sectores. Uno de los testigos directos de lo que sucede en La Pampa asegura que las bandas de crimen organizado manejan directamente las dragas y la maquinaria pesada; controlan el traslado del oro y mantienen una vigilancia constante a través de cámaras de seguridad instaladas en las tiendas, los ingresos a la vía de accesos, las calles.

Karina Garay, del Observatorio de Minería Ilegal, agrega que los mayores inversionistas de la minería ilegal ni siquiera viven en Madre de Dios, sino que están en otras ciudades, como Puno y Cusco, mientras mantienen su maquinaria trabajando en esta zona.

Los precios del oro son cada vez mayores. Durante los días que este equipo periodístico recorrió La Pampa cada onza bordeaba los 4000 dólares, al cierre de esta edición el precio estaba cerca de los 5000 dólares. “El minero quiere exportar su oro, que salga de Perú”, agrega Garay. Para ello, utilizan diferentes modalidades.

Por un lado están las agencias bancarias, señala una fuente de la fiscalía. A lo largo de la carretera Interoceánica Sur es común ver estos establecimientos en los que se pueden hacer transacciones como si se tratara de un banco. En este lugar, explica la fuente de la fiscalía, muchos entregan el oro y reciben el pago que corresponde, pero en este caso son pequeñas cantidades. Gran parte del oro se comercializa utilizando guías de transporte que obtienen quienes tienen concesiones o están inscritos en el Reinfo.

“Los ilegales lo venden al formal y estos lo hacen pasar como si hubiese salido de su concesión. Es la modalidad más común”, explica Garay. Así llegan a las refinerías que se encuentran principalmente en Lima y Arequipa.

El oro también sale por los pasos fronterizos, principalmente hacia Bolivia. “El oro que se explota en La Pampa se traslada hasta Bolivia. Desde allí, se exporta como oro boliviano. Otra ruta es hacia Cusco y Puno para continuar su camino hacia Lima, pero también es posible que se traslade a través de la frontera con Brasil. No sería extraño que salga por Brasil. Yo he hecho esa ruta y prácticamente no hay ningún control”, comenta Ipenza.

Las redes del oro en Madre de Dios no se limitan a este territorio, sino que viajan a través de carreteras a otras ciudades e incluso hacia otros países. En todo este camino, el metal va cambiando de estatus y pasa de ser ilegal en la zona de extracción a convertirse en legal en las empresas de exportación.

Daniel Linares, especialista en inteligencia financiera, menciona que el dinero que proviene de esta actividad ilícita se maneja en efectivo, puesto que no pueden ingresar al sistema bancario cuando se trata de sumas grandes. “Lo ingresan poco a poco como parte del costo de vida o algunos lujos”. Incluso, menciona Linares, se paga en efectivo a los grupos de música que presentan sus espectáculos en La Pampa.

“Pero hay otra forma en que la minería ilegal se presenta como una modalidad de lavado de activos, es decir, cuando otras organizaciones criminales foráneas, de otros delitos, como el narcotráfico buscan la forma de lavar el dinero. Ellos encuentran en la minería ilegal el vehículo perfecto”, comenta Linares, quien también ha sido funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera. “Está claro que la cadena de producción de la minería tiene un sinnúmero de debilidades en la trazabilidad y rastreo del oro”, agrega Linares y menciona que el Reinfo es una de estas debilidades.

Linares sostiene que los actores de la minería ilegal “arman su propia cadena de producción de oro”, es decir, “acopian, procesan y llegan hasta la exportación”.

El esquema de ilegalidad, corrupción y devastación que rodea a la minería ilegal queda retratado en lo que sucede en La Pampa. En este lugar, como en otras zonas de la Amazonía peruana y otras partes del país, el oro que nace bajo un manto de muerte y destrucción termina en joyas, equipos electrónicos de alta gama y bóvedas de bancos de otros países alrededor del mundo.

Imagen principal: operación de minería ilegal en Madre de Dios. Foto: cortesía Ministerio Publico / Fiscalía de la Nación / FEMA

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una sabia indígena a’i cofán toma un largo tallo de ortiga y da golpecitos en los brazos de Robert Molina, quien tiene el torso desnudo y los brazos estirados mientras sostiene su bastón de orientación por cada extremo. La mujer continúa por la espalda. Molina se arrodilla para facilitar el trabajo. Entre más de 200 personas, en un encuentro realizado a finales de 2025, fue el primero en participar de esta tradición amazónica que busca armonizar el cuerpo y el espíritu.

Molina es indígena del pueblo kokonuko, del departamento de Cauca, Colombia. Fue autoridad indígena en 2017 y trabajó en el fortalecimiento de la educación propia y la guardia indígena. Para él, estas son herramientas fundamentales para proteger el territorio y la cultura frente a los actores armados y ante la ausencia estatal y la reconfiguración del conflicto armado en Colombia.

Así como muchos otros líderes, no ha estado exento de recibir amenazas de grupos armados, incluyendo el Frente Jaime Martínez y el Frente Dagoberto Ramos, disidencias de las FARC-EP, y grupos residuales de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, está convencido del rol de las guardias indígenas como garantes de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.

Desde hace dos años es parte del equipo Punta de Lanza, que acompaña la formación y el fortalecimiento de guardias indígenas en Ecuador, Colombia y Perú. Esta es una iniciativa impulsada por la organización no gubernamental Amazon Frontlines, como una estrategia de defensa ante el crecimiento del crimen organizado en la región.

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Mongabay Latam conversó con Molina en la comunidad a’i cofán de Sinangoe, durante el Encuentro de Experiencias y Saberes de Guardias Indígenas para el cuidado del Territorio y la Cultura, que reunió a más de 200 personas de los tres países.

—¿Cómo surge el proceso de fortalecimiento de las guardias indígenas en Ecuador?

—En 2022 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Guardias Indígenas del Ecuador, en el territorio de la nacionalidad a’i cofán de Sinangoe. Se juntaron delegados de 23 organizaciones regionales amazónicas, las tres organizaciones nacionales –la CONFENIAE, la CONAIE y la ECUARUNARI– y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), de Colombia.

Desde ahí se mandata el fortalecimiento de las guardias indígenas y el intercambio de experiencias para la defensa de la vida, el territorio y los derechos humanos. Eso ha culminado en que los pueblos indígenas sigamos en ese proceso de lucha, de resistencia y de caminar en unidad para pervivir en el tiempo y en el espacio, seguir exigiendo nuestros derechos y seguir protegiendo nuestra cultura.

—¿Con cuántos pueblos indígenas ha trabajado?

—En Ecuador hemos trabajado con siete nacionalidades en el ejercicio de fortalecimiento de la guardia indígena, con base en sus formas de organizarse. En el camino formamos líderes y lideresas. También se han formado semilleros de educación propia para niños y niñas. Nos guiamos por los derechos humanos, porque para nosotros las guardias indígenas significan proteger, respetar y valorar todo lo que tiene que ver con nuestras vivencias, sin pasar por encima de lo ordenado a través del Estado, de las constituciones políticas y los derechos colectivos.

En Perú hemos trabajado con seis pueblos que hoy también están en el ejercicio de la hermandad, de fortalecer las guardias indígenas para la defensa del territorio, para la defensa de sus culturas a través de la autodeterminación y del compartir de las experiencias como pueblos hermanos del Abya Yala [como los pueblos indígenas llaman al continente americano].

—¿Qué conocimientos trae a las guardias indígenas de Ecuador y Perú?

—El conocimiento de las guardias indígenas parte de cada una de las nacionalidades. Los pueblos y nacionalidades indígenas nos centramos en los temas culturales y espirituales. Entonces, se respeta su cosmovisión, sentires, pensares, las formas de ver el mundo. Ahí prevalece la identidad cultural, el idioma propio, la espiritualidad y las formas de organizarse. Entonces es compartir las experiencias y aprender de los procesos arraigados a la defensa territorial y al ejercicio de gobernabilidad de los pueblos indígenas.

—¿Puede dar un ejemplo de ese intercambio?

—Los pueblos indígenas en Colombia somos de mucha espiritualidad. Una de nuestras bases fundamentales es la organización de compañeros y compañeras para formar líderes y lideresas. Fortalecemos a nuestros niños, hijos e hijas para relacionarnos con el territorio, integrarnos en estas formas de vida de los pueblos indígenas. Es el camino que los abuelos y las abuelas han dejado y que han venido defendiendo de diferentes formas.

Entonces, las experiencias que venimos a contar acá es cómo nos hemos organizado en el departamento del Cauca a través de las guardias indígenas para fortalecer los principios y la vida organizativa de los pueblos indígenas. Hemos tratado de recuperar el idioma propio y las diversas culturas que cada nacionalidad tiene.

—Ha trabajado con varios pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué ha aprendido de ellos?

—Las enseñanzas de los pueblos en la Amazonía son a través de los cantos. De manera simbólica se explica ese relacionamiento entre el hombre, la mujer y la naturaleza, el entendimiento del territorio y las normas que tiene la naturaleza, principalmente en los sitios sagrados. Entonces, ¿cómo se respeta eso? A través de la orientación de nuestros mayores y eso es a través de la medicina, del yagé. El yagé nos ayuda a profundizar en la relación del hombre con la naturaleza y con el inframundo. Es algo que nos ha ayudado a fortalecernos, porque en el Cauca no somos pueblos de yagé, somos pueblos de mambé, de hoja de coca, de tabaco.

—¿Qué motivó en principio la creación de la guardia indígena?

—La Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca nació en 1971 como un proyecto de vida para los pueblos indígenas. Nació con cuatro principios, que son unidad, tierra, cultura y autonomía. El objetivo es fortalecer y defender las luchas de los pueblos. La guardia indígena ya venía de mucho tiempo atrás, desde los cacicazgos y desde la invasión de los españoles.

Se retomó por la realidad que vive Colombia con la presencia de actores armados, con la imposición de los terratenientes. Fue una forma de los pueblos indígenas de defenderse y fue trascendiendo a medida que la organización iba caminando. Nuestros abuelos nos venían enseñando la defensa del territorio a través de la espiritualidad, eso nos daba la pervivencia.

Integrar la guardia es una forma de vivir en sociedad, en armonía y en equilibrio con la naturaleza. Eso me motiva, porque somos muchísimos guardias en el Cauca, mujeres, hombres, niños y niñas.

—¿Cómo ha afectado a los defensores ambientales y a los líderes indígenas el conflicto armado en Colombia?

—Hay una problemática interna y externa por la presencia de actores armados, como lo es la antigua guerrilla de las FARC. Después de un acuerdo que se hizo a finales de 2016, hubo un fracaso total por incumplimiento del mismo Estado. Otros grupos guerrilleros se conformaron y empezaron a usurpar los territorios, especialmente de los pueblos indígenas. Empezaron con los reclutamientos y los desplazamientos forzados y a imponer las armas. Pero los pueblos indígenas no usamos armas, la guardia indígena no es un actor armado, es un actor de decisiones comunitarias.

La violencia que se está llevando a cabo en el territorio es porque el departamento del Cauca es una zona de ruta del narcotráfico, porque está cerca al océano Pacífico. Los actores armados tienen mayor presencia en los territorios del departamento del Cauca y disputan el control que hacen las guardias indígenas. En ese control se decomisa la coca, la marihuana. No se le entrega ni a la fuerza pública del Estado ni a la misma guerrilla, sino que en el marco de la autonomía se destruye, ejerciendo la gobernabilidad de los pueblos indígenas.

Siempre hemos tenido esas problemáticas con los actores armados porque tenemos resoluciones y tenemos mandatos comunitarios que no permiten su presencia en los territorios, que no permiten la usurpación de nuestros territorios. Por eso los actores armados se incomodan, no les gusta y les molesta. Desde ahí han empezado las amenazas, los asesinatos, las desapariciones, los secuestros y los reclutamientos.

—¿Usted ha sido amenazado?

—Sí, he sido amenazado en varias ocasiones por las guerrillas en Colombia. Hemos perdido muchos compañeros, de la guardia y defensores, que fueron asesinados por los actores armados por estar en contra de su imposición. La guardia indígena es un colectivo de compañeros y compañeras que defendemos nuestros pueblos, que defendemos nuestro origen, nuestras culturas. A ellos les molesta que nosotros hagamos eso.

—¿Cómo se hacen los decomisos y cómo manejan el enfrentamiento con gente armada?

—La guardia indígena en los pueblos del departamento del Cauca ejerce una función no policial, no armada, sino de decisión comunitaria. Esta decisión es ordenada por nuestras autoridades, nuestra comunidad en asamblea y desde ahí se hacen los recorridos territoriales. En ocasiones encontramos actores ilegales y sus rutas de movilidad.

Lo que más nos ha fortalecido es la unidad, porque si bien no somos armados, sí somos bien unidos al defender nuestros territorios. Hemos llegado a confrontaciones con estos actores y ya viendo multitud de gente, ellos no accionan las armas, más bien nosotros les retenemos y les aplicamos nuestra propia justicia para que no desarmonicen los territorios. Cuando hacemos los decomisos convocamos a la asamblea como máxima autoridad, es toda la comunidad, hacemos el ejercicio de gobierno propio amparado en la Constitución Política, nuestro usos y costumbres. Se hace la destrucción de todos los elementos materiales que se decomisa, sean drogas, armas o vestimenta.

—¿Reportan estos decomisos a las autoridades?

—Invitamos a las autoridades occidentales, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Comisaría de Familia, el personal municipal y las alcaldías como garantes del ejercicio.

—¿Cuáles han sido las mayores victorias de las guardias indígenas?

–Posicionar la guardia en el marco de los derechos humanos con un reconocimiento internacional, donde la ONU la reconoce como un actor no armado.

—Volviendo a Ecuador, recientemente fue mencionado en una denuncia presentada por la Fiscalía en contra de una serie de líderes indígenas, aunque usted no está denunciado directamente. ¿Cuál es su respuesta frente a este tipo de actos que asocian a las guardias indígenas con el terrorismo?

—Sabemos que los Estados nos vienen señalando de diferentes formas, a través de medios de comunicación, de instituciones, pero no tenemos miedo porque el ejercicio de la guardia es colectivo y público. Estamos trabajando bajo nuestra autodeterminación, principios, mandatos, cosmovisiones, educación propia y formas de vida. Me gustaría que el Gobierno y los medios de comunicación conozcan cuál es el verdadero ejercicio que hace la guardia indígena.

—¿Cuál es el futuro de las guardias indígenas?

—Hoy, tanto en Colombia, Ecuador y Perú, el ejercicio que realiza la guardia indígena está legitimado, pero también está vulnerado por agentes externos. Los gobiernos ven en las guardias indígenas una amenaza contra el Estado y no es así. Otra amenaza importante es la de los actores armados. Las mayores amenazas son de las guerrillas, de las bandas delincuenciales, del narcotráfico y de la misma fuerza pública.

Las guardias indígenas trabajamos bajo un ejercicio legítimo de autonomía para la defensa de nuestro territorio, nuestra identidad cultural y nuestras formas de vida porque sabemos que el Estado no ofrece esas garantías para defendernos a nosotros y a nuestros territorios, ni para garantizar nuestros derechos y fortalecer nuestras culturas.

—Finalmente, ¿para usted qué es el territorio y por qué protegerlo?

—El territorio para los pueblos indígenas es nuestra casa, es nuestro mercado, nuestra medicina, nuestra farmacia. Nosotros sin territorio no somos nadie. En el territorio trabajamos, protegemos, tenemos nuestra economía solidaria, familiar y colectiva. Entonces, el territorio para nosotros es la vida del ser, el espacio donde se da el relacionamiento entre el hombre y la naturaleza.

Foto principal: Robert Molina frente a las más de 200 guardias indígenas que se dieron cita en Sinangoe, Ecuador, en diciembre de 2025. Foto: cortesía Daris Payaguaje / Alianza Ceibo.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Con lanzas en sus manos, coronas de plumas y tejidos de chambira, más de 200 personas de 15 pueblos de la Amazonía colombiana, ecuatoriana y peruana atravesaron bosques y navegaron el río Aguarico, en el norte de Ecuador, hasta llegar a la comunidad A’i cofán de Sinangoe el 1° de diciembre de 2025. Allí, hasta el día 5, se realizó el Encuentro de Experiencias y Saberes de Guardias Indígenas para el cuidado del Territorio y la Cultura.

“Nos acompañan para intercambiar experiencias desde nuestra cosmovisión y desde la espiritualidad de cada territorio, para revivir la memoria de las luchas de los pueblos que hemos venido perviviendo muchos años”, dijo a Mongabay Latam Alexandra Narváez, lideresa a’i cofán durante el segundo día del encuentro. “Aquí estamos con guardias indígenas de la vida”, resaltó.

Esa mañana, las autoridades tradicionales a’i cofán limpiaron con ortiga a los asistentes, una tradición espiritual y de sanación. En el espacio de armonización, la lideresa shuar Josefina Tunki compartió tabaco. Esta planta es considerada sagrada y se usa para sanar, limpiar y establecer comunicación espiritual.

Narváez; Robert Molina, ex coordinador de la guardia indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia; y Mario Erazo, líder del pueblo indígena ziobain, de la frontera colombiana con Ecuador, conforman el equipo Punta de Lanza, impulsado por la organización no gubernamental Amazon Frontlines y la fundación Alianza Ceibo, las cuales organizaron el encuentro.

Punta de Lanza nació en 2022 tras el I Encuentro de Guardias Indígenas del Ecuador. Su objetivo es fortalecer estas agrupaciones civiles no armadas para la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ante el avance de las industrias extractivas y de las economías criminales sobre sus territorios.

“La gran tarea está en que los mayores transmitan el conocimiento y que los jóvenes lo absorban. Se debe partir desde la espiritualidad, desde los principios, ese es nuestro chaleco antibalas”, se dirigió ante los asistentes Erazo, quien vino desde la comunidad de Buenavista.

A lo largo de los cinco días, los asistentes expusieron sobre sus cosmovisiones ligadas a sus territorios, espiritualidad, la importancia del idioma y de la cultura propia para asegurar su existencia como pueblos indígenas. También trabajaron en el fortalecimiento de las capacidades organizativas, la autonomía y la defensa territorial.

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Pueblos transfronterizos en riesgo

El tercer día giró alrededor del análisis de la coyuntura que amenaza a los pueblos indígenas. En primer lugar, al menos el 67 % de las 987 municipalidades de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela enfrentan la presencia de redes criminales y grupos armados asociados a minería ilegal de oro y narcotráfico, de acuerdo con la investigación Amazonía bajo ataque, publicada en octubre de 2025 por la alianza de medios Amazon Underworld.

Además, sobre 31 millones de hectáreas de territorios indígenas de toda la cuenca amazónica se han sobrepuesto bloques petroleros y gasíferos, según un análisis publicado en noviembre de 2025 por la organización Earth Insight. La investigación también detectó 9.8 millones de hectáreas de concesiones mineras sobre territorios ancestrales de la Amazonía.

María Espinosa, abogada de la organización Amazon Frontlines, añadió un tercer elemento: los cambios normativos que se están dando en Colombia, Ecuador y Perú, que “tienen el objetivo” de dejar a los pueblos indígenas “sin derechos colectivos”.

El pueblo indígena kakataibo, en la Amazonía peruana, enfrenta los problemas que tanto el Estado como los actores ilegales han traído a sus territorios. Elías Noico, miembro de la guardia indígena de este pueblo, señaló que, por un lado, es el mismo Estado el que concede derechos de minería y explotación forestal dentro de los territorios indígenas.

Por otro lado, los kakataibo habitan entre las regiones de Ucayali y Huánuco, dos de las más letales para los pueblos indígenas peruanos, según halló la investigación Los vuelos de la muerte, de Mongabay Latam. Durante el Encuentro, Noico dijo que la presencia de pistas clandestinas para el transporte de droga y el tráfico de tierras están poniendo en riesgo la vida de los líderes y guardias indígenas.

Al menos seis miembros del pueblo kakataibo han sido asesinados en este contexto, aseguró a Mongabay Latam. Él mismo ha recibido amenazas de muerte y, aunque el Estado le ha otorgado “garantías de vida”, no confía en ellas, porque no pasan de ser meros documentos que “no aguantan balas”.

Como medida de protección, guardias indígenas de diferentes comunidades se han unido para tratar de mantener a los invasores y actores ilícitos fuera. Noico además propuso una integración regional para fortalecerse ante las amenazas, que a su criterio intentan despojarlos de sus derechos ancestrales.

En Ecuador, cada vez más pueblos indígenas están amenazados por la expansión de la minería ilegal de oro. Jacinto Shiguango, miembro de los Inkarukunas, la guardia indígena del Pueblo Kichwa de Rukullacta (PKR), relató a Mongabay Latam que personas externas llegaron y vincularon a habitantes del PKR en actividades de minería ilegal.

En una asamblea comunitaria, se resolvió desalojar a los mineros ilegales. Sin embargo, antes de que la guardia indígena actuara con el apoyo del resto de la población, los mineros se retiraron, evitando un enfrentamiento. A pesar de ello, cuenta Shiguango, la guardia indígena se mantiene vigilante en la defensa del territorio.

El derecho al territorio vulnerado

María Ochoa, representante del pueblo murui bue, puso otro ejemplo que grafica los intentos por vulnerar los derechos. La lideresa relató que aunque el territorio murui está legalmente titulado, el Estado peruano solo reconoce a los murui muinani, ignorando las variantes de ese tronco principal. Esa falta de reconocimiento, aseguró a Mongabay Latam, obstaculiza la validación de sus derechos.

Ahora mismo, los murui bue enfrentan intentos del Estado peruano para construir el segundo tramo de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho a través de la comunidad Centro Arenal sin realizar consulta previa, libre e informada. “No se dan cuenta de que nos va a afectar tanto en lo ambiental, cultural, social e incluso a nuestras aves. ¿Por qué el Estado no entiende que nos afecta psicológicamente también?”, reclamó.

Los murui bue se informaron sobre sus derechos y junto un antropólogo de la organización Derechos, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) aprendieron a elaborar mapas parlantes de su territorio. Esta es una representación que recoge las percepciones culturales, ambientales, económicas y sociales de los espacios mediante gráficos y el uso del idioma propio.

Este tipo de ejercicios, se señaló en el encuentro, son los que los indígenas, como guardianes de sus territorios, deben fortalecer para demostrar su relación con el espacio que han habitado de manera ancestral. Aquí, además, es donde las guardias juegan un rol especial, al ser quienes hacen un monitoreo constante del territorio, reconociendo los cambios y amenazas.

Finalmente, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones inició un proceso de consulta, pero Ochoa señala que la institución ha justificado retrasos y otros errores en el proceso porque esta sería la primera vez que realiza una consulta de este tipo. El Centro Arenal elaboró su propio Protocolo de Consulta Previa, con el fin de que la consulta no sea un proceso exclusivamente administrativo, sino que busque realmente el consentimiento informado de la población indígena.

En Ecuador, se está desarrollando una consulta ambiental para dar paso a la explotación petrolera en el Bloque 10. Aunque hay poblaciones indígenas, no se está realizando la consulta previa, libre e informada, que tiene estándares más altos que la consulta ambiental y que no solo busca informar sobre la realización de una actividad y sus impactos, sino evitar poner en riesgo el derecho a la existencia cultural ligada al territorio, de acuerdo con Espinosa.

En la búsqueda del autogobierno

Ante estos problemas, Espinosa recordó a los asistentes que los tres países reconocen el derecho de los pueblos originarios a ejercer jurisdicción sobre sus territorios. “Ustedes son autoridad territorial”, dijo. Si bien las comunidades y pueblos enfrentan trabas para que ellos mismos, sus territorios o sus derechos sean reconocidos, la abogada animó a continuar con el fortalecimiento del autogobierno con base en la elaboración de estatutos colectivos.

El cuarto día del encuentro, los asistentes analizaron las experiencias exitosas de autogestión, autogobernanza y defensa del territorio. También establecieron la situación actual y los aportes de las guardias indígenas. El último día, se aprobó el pronunciamiento del encuentro.

En el documento, se abordó la criminalización que enfrentan las guardias indígenas, como sucedió recientemente en Ecuador, tras el paro nacional de octubre. “Este intento de desprestigiar nuestra identidad y labor como sujeto colectivo de derechos, pretendiendo alinearnos al terrorismo o al narcotráfico, genera un grave escenario de riesgo físico y cultural”, se lee en el documento.

“La guardia no necesita más que el permiso colectivo. La guardia resulta incómoda porque es la línea de defensa de los territorios y de la vida”, aseguró Espinosa.

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Los 15 pueblos resolvieron reafirmar el gobierno propio, la jurisdicción indígena y las guardias como ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en cada uno de los tres países y en las normativas internacionales. Además, resolvieron reafirmar la articulación de las guardias indígenas a escala regional y reconocer su labor como defensoras de la vida y el territorio. Por último, reiteraron a los gobiernos nacionales que seguirán realizando acciones de monitoreo, control y gobernanza.

En una segunda parte del documento, exigieron que los Estados garanticen la seguridad e integridad de los territorios ante las amenazas ilícitas, generen garantías para proteger a las guardias indígenas y exigieron la no persecución política por la defensa de derechos humanos, de la naturaleza y colectivos.

El pronunciamiento fue firmado por los pueblos amazónicos ziobain, awá, a’i cofán, siekopai, kichwa de Rukullacta y kichwa de Pastaza, quijos, waorani, shuar, kakataibo, kukama, murui bue, shipibo konibo shetebo y por las guardias indígenas que conforman el Tejido Unuma de la Orinoquía colombiana y del Consejo Regional Indígena del Cauca.

Las delegaciones volvieron a cruzar el río Aguarico el viernes al mediodía, de regreso a sus territorios cada vez más acorralados por intereses ilícitos, pero también por el abandono estatal.

Foto principal: representantes de 15 pueblos indígenas de Colombia, Ecuador y Perú asistieron al encuentro de guardias indígenas. Foto: cortesía Daris Payaguaje / Alianza Ceibo.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En las décadas de 1950 y 1960, las vicuñas estuvieron al borde de la extinción. La caza ilegal para la comercialización de su valiosa lana, una de las más finas del mundo, fue la razón principal de la disminución drástica de la población de una de las cuatro especies de camélidos que habitan en Sudamérica. Dos de ellas —la llama y la alpaca— son domésticas y las otras dos —vicuña y guanaco— son silvestres.

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Al igual que la vicuña (Vicugna vicugna), el guanaco (Lama guanicoe) también ha pasado por periodos de reducción severa de su población. En los años 60 y 70, el número de guanacos se vio afectado por los permisos para la caza legal de esta especie. “Se otorgaban miles de cupos de caza legal para reducir su densidad y liberar zonas de pastoreo para poner más ovejas”, comenta Pablo Carmanchahi, investigador principal del Grupo de Investigaciones en Ecofisiología de Fauna Silvestre (Giefas) del Conicet y de de la Universidad Nacional del Comahue, en Argentina.

En las últimas décadas, las poblaciones de ambas especies se han recuperado. Sin embargo, los riesgos no han desaparecido. Aunque “la caza furtiva sigue siendo la principal amenaza” para los camélidos silvestres, según comenta Bibiana Vali, investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y profesora de la Universidad de Luján, estas especies también enfrentan otro riesgo para su salud: la sarna sarcóptica.

Se trata de una enfermedad de la piel, contagiosa, causada por el ácaro microscópico excavador Sarcoptes scabiei. Esta enfermedad no solo ataca a estas dos especies, sino que también afecta a llamas, alpacas y muchos otros mamíferos. Según diversos estudios, este parásito ha sido documentado en más de 150 especies de mamíferos.

Las poblaciones de vicuñas y guanacos en Sudamérica se distribuyen en cinco países: Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. Mongabay Latam conversó con expertos en camélidos sudamericanos de Perú y Argentina para tener un panorama de cómo esta enfermedad afecta a las poblaciones de vicuñas y guanacos en los países donde habitan.

La sarna en las vicuñas

“La sarna sarcóptica es una enfermedad emergente en la fauna silvestre a nivel mundial y hemos observado que puede tener impactos devastadores en poblaciones pequeñas y aisladas”, dice Alynn Martin, profesora asistente e investigadora científica de ecología y epidemiología de las enfermedades de la fauna silvestre en el Caesar Kleberg Wildlife Research Institute, de Estado Unidos.

Martin es coautora del estudio Desafíos y oportunidades en la mitigación de la sarna sarcóptica en camélidos silvestres de Sudamérica, publicado a fines de 2024. Una investigación que se centra en la revisión de estudios previos que se han realizado sobre esta enfermedad en vicuñas y guanacos.

La investigadora detalla que el impacto de “los brotes de sarna en vicuñas y guanacos tiene consecuencias de gran alcance, ya que estas especies no solo son culturalmente importantes para las comunidades locales, sino que también son valoradas por su fibra y contribuyen al sustento de los pueblos andinos”.

Hugo Castillo, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, y miembro de este grupo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), explica cómo la enfermedad afecta a los camélidos silvestres. “Cuando la enfermedad avanza, los animales se vuelven presa fácil de depredadores o  sucumben por infecciones secundarias”, explica.

El experto en camélidos detalla que la muerte del animal no se produce por la acción directa del ácaro, sino porque al destruirse la piel por acción del parásito, ingresan otros microorganismos como bacterias y hongos, que generan infecciones generalizadas. Otra consecuencia de la sarna es que el animal pierde peso, porque, aparentemente, deja de comer por el malestar. “Normalmente encontramos a los animales con sarna con condición corporal baja. Es por ello [también] que mueren”.

El investigador también comenta que los casos más icónicos de sarna en Perú están en Ayacucho. Uno de los lugares donde la población de camélidos “se ha visto bastante afectada es la reserva de Pampa Galeras”, así como en Iruro, en Lucanas, que en el año 2015 llegó a tener una prevalencia del 62 % de la enfermedad. Actualmente, dice Castillo, estas poblaciones se están recuperando.

La Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, ubicada en la provincia de Lucanas, en Ayacucho, es un lugar emblemático para la conservación de la vicuña con una extensión de 6500 hectáreas. Sin embargo, las vicuñas en esta zona de Ayacucho habitan más allá de la reserva y son las comunidades campesinas de Lucanas, junto con el Estado peruano, las que están comprometidas con la conservación de la especie.

Castillo señala que otra de las zonas con alta prevalencia de sarna en Perú es la comunidad campesina de Tanta, en la sierra de Lima. “En 2015 trabajamos, junto con el Serfor [Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre] en esa comunidad y cuando fuimos al chaccu —técnica ancestral de captura y esquila de vicuñas—, la prevalencia [de sarna] era de casi 40 %. Lo que después nos han dicho los pobladores es que prácticamente ya no hay vicuñas, han quedado muy pocas y dispersas”.

Perú es el país con la mayor población de vicuñas, más de la mitad de la población mundial, según la UICN. En 2016  se estimó una población total de 218 000 vicuñas. Este 2025, Serfor realizó un nuevo Censo Nacional de Vicuñas y, según los resultados preliminares, el país contaría con más de 300 000 ejemplares distribuidos en 16 departamentos. Los resultados del censo también indican que la región de Arequipa lidera el registro, con 73 201 vicuñas; seguida de Ayacucho, con 66 121; y Puno, con más de 50 000.

En la lista sigue Huancavelica, con más de 40 000; Apurímac, con 30 000; y Cusco, con 20 000.  En Cajamarca se registraron 1475 ejemplares, en La Libertad 1232, en Ica 398. Serfor destacó que entre las novedades del censo figura el hallazgo de nuevas poblaciones en Áncash y Huánuco.

De las más de 300 000 vicuñas censadas en Perú, 40 700 están dentro de siete áreas naturales protegidas, informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Entre las áreas naturales protegidas con mayor población destaca la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, en Arequipa, con una población que supera los 30 000 individuos.

“Hasta el último censo, Ayacucho era el departamento con mayor población de vicuñas. Sin embargo, según datos extraoficiales del censo realizado este año, Arequipa ha superado a Ayacucho en población de vicuñas. Estos resultados coinciden con el hecho de que la población de vicuñas de Arequipa prácticamente no ha tenido sarna”, comenta el experto en camélidos Hugo Castillo.

En toda esta década, continúa Castillo, regiones como Ayacucho, Puno, Cusco y Apurímac registraron casos de sarna en algunas de sus poblaciones. En cambio, Arequipa estuvo libre de sarna, recién hace uno o dos años, más o menos, se han comenzado a reportar casos de sarna en Arequipa, pero en prevalencias muy bajas. “Probablemente esto tenga relación con la mortalidad que ha generado la enfermedad”.

Enrique Michaud, co-presidente de la Alianza Global para el Año Internacional de Pastizales y Pastores 2026, comenta sobre la baja prevalencia de sarna en las poblaciones de vicuñas de Arequipa. “En los últimos congresos que hemos tenido sobre sarna, la región que ha tenido menos porcentaje de sarna o casi cero ha sido Arequipa. Curiosamente es la región donde ha habido un mejor manejo de la sarna en animales domésticos”.

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La enfermedad en los guanacos

La mayor población de guanacos se encuentra en el sur de la región, entre Argentina y Chile. Se calcula que actualmente existen por lo menos un millón de individuos de esta especie y de ellos, el 95% de la población mundial habita en Argentina. El resto se distribuye entre Chile (4 %), Perú, Bolivia y Paraguay, según explica Pablo Carmanchahi, investigador principal del Grupo de Investigación en Ecofisiología de Fauna Silvestres (Giefas) del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Inibioma) del  Conicet.

Carmanchahi comenta que la población más abundante está en la Patagonia, donde en los últimos años viene implementando varias alternativas de manejo con estas poblaciones, entre ellas, el aprovechamiento de la lana, “que tiene casi la misma calidad que la fibra de vicuña”, explica. Al mismo tiempo, realizan monitoreo de la sarna en esta especie.

Melina Anello, investigadora asistente en el Giefas del Conicet, menciona también el brote de sarna que afectó a la población de camélidos en el Parque Nacional San Guillermo. “El  ingreso [de la sarna] se dio a partir de animales domésticos, llamas, particularmente, que estaban alrededor del parque. La enfermedad se diseminó rápidamente en la población al punto de que ahora se considera una extinción ecológica local de la especie. Las poblaciones disminuyeron en un 90 % a 95 %, prácticamente no quedan vicuñas y muy pocos guanacos en el parque”.

Anello comenta que en la provincia de Tierra del Fuego, que se ubica en una isla compartida entre Argentina y Chile, hay poblaciones de guanacos con alta incidencia de sarna. “Si bien no tenemos números muy precisos, solo estimaciones preliminares, estamos viendo que hay mucha sarna”. Otros casos registrados por la experta están en las provincias de Santa Cruz y de Chucuito, pero no son “muy grandes”. Sin embargo, agrega Anello, faltan datos para saber específicamente cuántos animales hay y cuál es su situación sanitaria, si existe o no la enfermedad y qué tan grave es.

La especialista de Conicet también menciona que realiza investigaciones genéticas sobre la enfermedad para entender cuáles son los factores que llevan a que se produzca la enfermedad, cuáles son sus vías de transmisión para evitar que ingresen a nuevas poblaciones. Anello dice también que junto con Carmanchahi están formando una red de investigadores de todos los países donde habitan los camélidos para obtener datos de todo el área de distribución. “Es importante compartir esta información y tomar medidas en conjunto”.

Carmanchahi agrega que en 2006 se elaboró un Plan Nacional de Manejo del Guanaco en Argentina, pero que en 2024 fue derogado y se generaron nuevas directrices.

En octubre de 2024 la Subsecretaría de Ambiente de Argentina actualizó el Plan Nacional para el Manejo Sostenible del Guanaco, mediante el cual habilita a las provincias patagónicas a conformar programas de manejo y aprovechamiento de esta especie.

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Medidas de control

“La sarna es una enfermedad que está muy extendida ya sea en las especies domésticas como en las especies silvestres. Tenemos animales con sarna en muchísimas especies a la vez”, comenta la investigadora argentina Bibiana Vilá, investigadora superior del Conicet, profesora titular en la Universidad de Luján y directora de Vicuñas, Camélidos y Ambiente (Vicam).

Vilá también explica que la situación de la sarna en la población de camélidos “es diferente en distintos contextos”, pues en algunas zonas las vicuñas conviven con camélidos doméstidos como llamas y alpacas, o también con ganado vacuno y ovino.

Vilá comenta que en la zona en la que trabaja —Santa Catalina, en el noroeste de Jujuy,  Argentina— la sarna está presente en la población de vicuñas pero con baja prevalencia, entre el 2 % y 3 %. “Hay que estar muy atentos y ver a la sarna como una enfermedad del ambiente en la cual se regulan las poblaciones de vicuña”, sugiere la experta.

“Cuando un animal es silvestre sabemos que tarde o temprano, como todo ser vivo, se va a morir, probablemente en la época del año con las condiciones más adversas, pero además, los animales se van a morir del patógeno que está en el ambiente, en este caso, la sarna. Entonces, de alguna manera la sarna ayuda a controlar la población de vicuñas”, agrega. Eso es en las zonas de baja prevalencia, comenta Vilá, donde la sarna está actuando como lo que se llama “presión de selección”. Sin embargo, menciona, también se deben tomar en cuenta muchos otros factores del manejo de la vicuña que pueden aumentar la probabilidad de contagio.

“Es importante que cuando se está esquilando y se ve un animal con síntomas de sarna, que se proceda a limpiar todo, porque la sarna se transmite por contacto. Además, hay también condiciones del manejo que son muy importantes para evitar los contagios de sarna”, comenta Vilá.

La experta también explica que no se debe esquilar a una vicuña con sarna por varias razones. En primer lugar, porque la fibra es de mala calidad y no tiene valor en el mercado. En segundo lugar, porque el animal puede morir por el estrés. “Si al estrés de la esquila le sumamos el estrés de la enfermedad, estamos condenando a ese animal”, añade. Y una tercera razón es que si se esquila a un animal con sarna, se contamina la zona en donde se esquilan otros animales sanos, por tanto, se generarían más contagios.

Por ese motivo, Vilá recomienda que cuando se realizan los chaccus se debe reducir al mínimo el tiempo en el que los animales están encerrados en el corral, porque pueden haber ingresado animales sanos con animales enfermos, por tanto, es importante no dejarlos dentro del corral de un día para otro. Otro factor a tomar en cuenta son los animales infectados sin síntomas, por tanto, una vez que se esquila una vicuña se debe desinfectar todos los elementos que se utilizan en esta práctica para evitar la transmisión.

La especialista argentina también recuerda que tras la reducción drástica de la especie en las décadas de 1950 y 1960, muchas de las poblaciones actuales se reprodujeron de grupos pequeños, por lo que algunas poblaciones pueden tener baja variabilidad genética.

Vilá pone como ejemplo lo que sucedió en el Parque Nacional San Guillermo, en la provincia de San Juan, Argentina, donde había una población de vicuñas y guanacos. Tras la llegada de camélidos domésticos, se presentó un brote de sarna en una población que nunca había estado en contacto con esta enfermedad y, por tanto, no tenían defensas. “Hubo una gran mortalidad y, prácticamente, desaparecieron las vicuñas en esa zona”.

Enrique Michaud comenta que en algunas zonas de Perú se utiliza la Ivermectina —un antiparasitario— para tratar la sarna en camélidos silvestres. “Desde el año 2000 se viene usando Ivermectina, por ejemplo, en Pampa Galeras, y no se ha controlado la enfermedad”. Michaud precisa que cada país tiene una forma de abordaje distinto y menciona que en Argentina no se utiliza esta medicina porque “tiene una posición más ecológica”, pero que en Perú se usa desde hace más de 20 años.

Hugo Castillo también cuestiona el uso de Ivermectina en camélidos silvestres porque la aplicación de una sola dosis, como ocurre con la población silvestre, no tiene buenos resultados. “Desde Argentina un grupo de colegas lanzó un eslogan totalmente válido que decía: una dosis es peor que ninguna. Lo tradicional para manejar la sarna es colocar dos dosis, en un intervalo de 15 días, más o menos. Por tanto, cuando se aplica una única dosis, el tratamiento no se completa, no solucionamos el problema y más bien estamos propiciando que se genere resistencia contra el fármaco”.

Para completar la dosis, explica Castillo, se tendría que capturar dos veces al mismo animal, pero eso es complicado cuando se trata de animales silvestres.

Castillo comenta que en 2019, en Iruro, en Lucanas, Ayacucho, se hicieron chaccus con fines sanitarios, es decir que se capturaba a la vicuña para la esquila y al mismo tiempo se aplicaba la Ivermectina. Luego hacían otro chaccu con la misma población que había sido esquilada, pero solo para tratarlos con el medicamento. “Eso se ha comenzado a replicar en otras poblaciones”.

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Poca información

“Durante la última década se han reportado brotes (algunos epidémicos) en poblaciones de vicuñas de Perú, Argentina, Bolivia y Chile”, indica el artículo Aspectos científicos y técnicos acerca de la sarna sarcóptica en vicuñas, publicado por la revista del Grupo Especialista en Camélidos Sudamericanos de la UICN. El estudio señala que “es escasa la información sobre la enfermedad, en cuanto a su distribución geográfica y prevalencia”.

Hugo Castillo comenta que en 2022 publicó un artículo científico, junto con Pablo Acebes y Solange Vargas, en el que presentan una revisión de las investigaciones que hasta ese momento se habían hecho sobre la sarna en camélidos y que “en ese entonces la información era mínima”. Los investigadores coinciden en que falta información sobre esta enfermedad y cómo esto está afectando a las poblaciones de vicuñas y guanacos.

“Hace unos años, surgió preocupación, principalmente en Perú, porque empezaron a tener mucha más prevalencia de vicuñas infectadas. Entonces, se unieron todos los países con la idea de investigar más sobre el tema”, comenta Yanina Arzamendia, investigadora del Grupo de Investigación Vicam, Instituto de Ecorregiones Andinas del Conicet y del Instituto de Biología de la Altura (Inbial) en Argentina.

Arzamendia comenta que se debe analizar qué está pasando con los manejos y qué se debe cambiar para que la enfermedad no avance. “Lo que nosotros vemos es que cuando se maneja a pequeña escala y con todas las pautas de bienestar animal, si bien las poblaciones pueden tener la enfermedad, la prevalencia es muy baja, menos del 1 %”, comenta sobre los censos que han realizado con poblaciones de 1000 animales. “Nosotros siempre insistimos en que el manejo de la biodiversidad tiene que tener muchos acuerdos entre todas las partes”, dice Arzamendia.

Paulo Colchao Claux, especialista en Salud de la Vida Silvestre de Wildlife Conservation Society, en Perú, señala que se requiere conocer “cómo se transmite para ver cómo se puede controlar esta enfermedad”.

“Es muy difícil eliminar una enfermedad en fauna silvestre porque hay muchos factores que escapan al control. Sin embargo, se puede reducir las prevalencias y con eso se puede mejorar el manejo de la enfermedad”, comenta Colchao, quien también es coautor del estudio Desafíos y oportunidades en la mitigación de la sarna sarcóptica en camélidos silvestres de Sudamérica.

Colchao también menciona que “la salud de la fauna silvestre cada vez es más relevante a nivel mundial y en Perú también, debido a todos los efectos que está teniendo en los humanos y en el ambiente”. En ese sentido, menciona que la salud de los animales, los ecosistemas y los humanos están relacionados y debería haber una equidad en el manejo de estos. “Si los animales están saludables es porque los ecosistemas están saludables, por ende, los humanos deberían estar saludables”.

“Lo que buscamos es impulsar una vigilancia sanitaria de fauna silvestre -agrega Colchao- para colectar datos de enfermedades en fauna silvestre de tal manera de que se haga una alerta y un control temprano de cualquier enfermedad que pueda estar apareciendo en estos animales”.

Imagen principal: vicuñas, en tierras peruanas. Foto: cortesía Hugo Castillo.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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