“A mi hijita Bayolet le hicieron unos exámenes cuando tenía cinco años. Ya se había desmayado dos veces en el colegio y no sabíamos por qué”, dice Gladys Ordoñez, pobladora de la comunidad indígena Shintuya, en la Amazonía peruana. 

Unos kilómetros más allá de Shintuya, navegando por el río Madeira, se llega al territorio Karipuna, en Brasil. Ahí, Adriano Karipuna, líder de la comunidad, cuenta una historia similar. «Nacen con problemas, con padecimientos cardíacos (…). Hay jóvenes y adolescentes que ya tienen falta de aire».

La misma pesadilla se repite en la Amazonía boliviana. “Estamos cansados de pedir ayuda médica”, dice Limberth Miquere, corregidor indígena de la comunidad de Buena Vista.

Estas voces de desesperación y desconcierto son de hombres y mujeres de la Amazonía que viven a orillas de los ríos Madeira (Brasil), Beni (Bolivia) y Madre de Dios (Perú), testimonios que están inevitablemente atravesados por una palabra: mercurio. “No sé si mi esposo está enfermo o si yo lo estoy ¿Quién nos puede explicar eso?”, se pregunta angustiada Iris Yante, madre de tres niños de la Amazonía de Perú.

El mercurio es un metal pesado usado en la minería ilegal de oro, una actividad ilícita violenta, tristemente rentable y en pleno apogeo. Solo en la cuenca del río Madre de Dios, en Perú, en un periodo de 27 años (1997-2024) la minería arrasó con más de 95 mil hectáreas de bosque, una superficie casi tan grande como toda el área urbana de Lima, según la plataforma de análisis satelital MapBiomas. Una situación similar ocurre en las cuencas del Beni y del Madeira, donde el territorio devastado supera las 9 mil y 28 mil hectáreas, respectivamente. Lo peor: la actividad se expande diariamente alentada por el aumento del precio de la onza de oro, que en marzo de 2026 superó los 5000 dólares.

Mientras el oro incrementa su valor en el mercado internacional, la violencia y sobre todo el impacto mortal del mercurio crece en la Amazonía, pues la pérdida de bosques es solo una de las graves consecuencias de esta actividad. El impacto en la salud de miles de personas es, sin duda, el efecto más nocivo. El mercurio que se usa para separar el oro del sedimento es arrojado a los ríos contaminándolos irremediablemente. Contamina los peces que comen las comunidades indígenas, contamina el agua que beben y contamina las zonas en las que se bañan. Los efectos son devastadores, van desde la pérdida de memoria y dolores de cabeza hasta daños al sistema nervioso central.

Los testimonios de Gladys, Iris, Adriano y Limberth, recogidos en comunidades de los tres ríos amazónicos por Mongabay Latam, muestran la impotencia de quienes viven con dolencias que no pueden explicar.

¿Qué tanto se ha extendido la contaminación del mercurio en la Amazonía? ¿Cuántas comunidades y pobladores se han convertido en víctimas de su impacto? A pesar de la gravedad de la situación, no existen estudios regionales que permitan comprender el alcance de este enorme problema ambiental y sanitario. Lo que sí existe son estudios dispersos realizados en algunas comunidades de la cuenca amazónica de estos tres países. 

Para ponerle una cifra a este problema y cerrar esta brecha de información, Mongabay Latam revisó 39 estudios científicos, publicados entre 1997 y 2024, que incluyen mediciones sobre la presencia de mercurio en personas que viven a lo largo de 2763 kilómetros de los ríos Madeira, Beni y Madre de Dios, así como en los peces que ahí se consumen. Este trabajo incluyó procesar cifras y metodologías distintas, así como estandarizar las mediciones para establecer con claridad los niveles de afectación y tener una fotografía completa de la situación.

El resultado es una base de datos que reúne 7725 muestras de mercurio en personas y 5939 muestras de tejido en peces extraídas de estas publicaciones en las que participaron al menos 130 científicos. Este análisis —construido con el acompañamiento y asesoría del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), afiliado a la Universidad de Wake Forest— dibuja la ruta de la contaminación a lo largo de tres ríos amazónicos emblemáticos que se conectan y que bañan con mercurio la vida de cientos de familias.

La información analizada es clara: al menos 249 comunidades han estado expuestas al mercurio en las últimas dos décadas. De estas, 220 —el 88 %— tienen el metal pesado muy por encima de los niveles considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero este no es el peor escenario. El mercurio se ha extendido como una plaga a través de las corrientes de cada río.  Al hacerlo ha contaminado no solo a las 249 comunidades muestreadas, sino también a quienes se encuentran en el camino. El análisis de Mongabay Latam ha establecido que alrededor de 702 comunidades también están en riesgo, ya que viven a orillas de estos tres ríos, a máximo dos kilómetros de distancia, y están situadas entre los puntos de minería ilegal activos y las comunidades contaminadas. En resumen, 951 comunidades tienen niveles alarmantes de mercurio o viven en estado de vulnerabilidad. Una cifra desgarradora. Miles de personas conviviendo desde hace años con un enemigo silencioso sin que nadie las ayude.

“La contaminación por mercurio es un genocidio silencioso para los pueblos indígenas”, dice Eusebio Ríos Iviche, vicepresidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad), una organización regional que representa a los pueblos indígenas de esa cuenca.

Visitamos 15 de los territorios más afectados por los niveles altos de mercurio: siete en Perú, cinco en Bolivia y tres en Brasil. Las historias son sobrecogedoras: gestantes y bebés con altísimos niveles de mercurio; niños en etapa escolar con problemas de aprendizaje y habitantes que dependen de la pesca o de la minería artesanal para subsistir mientras, paradójicamente, se contaminan al comer y trabajar.

“Toditos estamos afectados por el mercurio. Y estamos así por consumir pescado. Pero si dejamos de pescar nos podemos morir de hambre, no tendremos dinero para nada”, asegura Dora Quispe, habitante de Puerto Motor, una pequeña comunidad indígena de 28 familias en el departamento de Beni, en la Amazonía boliviana. “Los pueblos indígenas nada tenemos que ver con la minería, pero estamos siendo contaminados y vamos a ser exterminados por este metal”, agrega Eusebio Ríos de Fenamad, en Perú.

Las víctimas del mercurio

En Bolivia, un pescador arrodillado en una playa del río Beni espera a que un pez muerda el anzuelo de su rústica caña de pescar. Este poblador ese ejja se llama Gilberto Vaca y sigue todos los días la misma rutina, a pesar de que sabe que los peces que atrapa están contaminados con mercurio. No tiene otra alternativa, dice, debe llevar la comida a su familia.

Vaca vive en la comunidad Puerto Yumani, uno de los territorios indígenas que destaca en la base de datos por sus altos niveles de mercurio. La OMS indica que el nivel seguro de mercurio en una persona para poder vivir sin problemas de salud es de 2 mg/kg en una muestra de cabello humano. En Yumani, el mercurio está casi cuatro veces por encima de los límites permitidos. Esta situación se repite y empeora en varias de las comunidades analizadas.

En el río Madre de Dios, por ejemplo, hay muestras de pobladores que superan en más de 20 veces el límite considerado seguro (44 mg/kg), mientras que en el Beni hay casos que superan en 10 veces el valor (32 mg/kg). Y río abajo, en el Madeira, la situación es extrema. Habitantes reportan niveles de mercurio más de 75 veces superiores al umbral seguro (150 mg/kg).

“Esos niveles de mercurio sirven para calcular el riesgo. Y ese riesgo se refiere también al potencial de presentar un efecto negativo en la salud como, por ejemplo, síntomas de pérdida de la memoria, dolores de cabeza, afectaciones al sistema nervioso central o a nivel cardiovascular”, explica Claudia Vega, coordinadora del Programa de Mercurio del CINCIA que tiene experiencia realizando estas evaluaciones en ríos de la Amazonía. Vega también fue asesora de este proyecto periodístico.

El temor es que el daño sea irreparable, dice Mariano Castro, ex viceministro del Ambiente del Perú y director de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa – Grade. «Es un daño a la vida, al desarrollo y al bienestar que es evitable. Pero que, en forma severa, también es irreversible. Las causas están ahí: son antrópicas. Puede haber mercurio en estado natural, pero los niveles por encima de lo recomendado por la OMS son antrópicos», advierte Castro, quien representó al país en la firma del Convenio de Minamata, un tratado internacional al que Perú se adhirió en octubre de 2013, hace más de 12 años, para evitar que la contaminación por mercurio se expanda.

Lamentablemente, la respuesta de cada uno de los tres gobiernos asociados a esta investigación —Bolivia, Brasil y Perú— ha sido insuficiente en las tres cuencas, pues se ha centrado, sobre todo, en operativos policiales, mercurio decomisado y dragas destruidas que vuelven a funcionar a los pocos días. La salud no ha sido una prioridad.

Hay víctimas que llevan más de 27 años expuestas a altísimos niveles de este metal, sin tener la minería operando en sus comunidades. Como explica Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), “muchos de los pueblos indígenas no tienen minería en sus territorios, pero la afectación que se ha evidenciado en diferentes estudios se debe a la minería que se hace a cientos de kilómetros”. 

Antonio Vilca, corregidor de la comunidad indígena de Carmen Soledad en Bolivia, cuenta que las aguas del río Beni arrastran el metal pesado y otros desperdicios de los campamentos mineros. “Vemos los recipientes de mercurio, de marca El Español, que llegan hasta acá. También vemos el agua sucia, como con aceite de vehículo. Prácticamente somos el basurero de los mineros”, lamenta Vilca.  

El mercurio puede viajar kilómetros sin importar las fronteras nacionales, sobre todo si se trata de cuencas que están conectadas. La contaminación que se genera en un país, como Perú o Bolivia, se traslada con las corrientes hasta afectar otras geografías como Brasil, e incluso ir más allá. “No solo se transporta por el río, sino que también tiene transporte global y puede moverse a través de la atmósfera hasta los polos. Por eso hay que mirarlo de forma integral, en sus interconexiones”, explica Claudia Vega de CINCIA. 

Un informe técnico de esta organización científica y de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), publicado en junio de 2025, dimensiona algunos de estos riesgos. En la comunidad de Maizal, en la cuenca del Madre de Dios, el estudio reveló niveles de mercurio hasta 12 veces superiores a los límites recomendados en personas, con afectaciones a la memoria, la función ejecutiva y la salud renal y cardiovascular. También precisó que el río Madre de Dios y sus afluentes —especialmente el Inambari, en zonas como La Pampa— transportan hasta 12 toneladas de mercurio cada año.

“Sabemos que en nuestras comunidades ya afecta a madres gestantes, a niños en su crecimiento y desarrollo. El mercurio ya impacta a las próximas generaciones de los pueblos indígenas. Es un perjuicio que nos está dejando la humanidad a los pueblos indígenas”, dice Eusebio Ríos de la Fenamad.

Veneno en el plato

Durante más de cincuenta años, en la mesa de Raimundo Nonato dos Santos y su esposa Maria Rogelina Soares da Silva hubo tucunaré y pintado. Los pescaban en el Lago Puruzinho, una de las fuentes de agua más cercanas a la comunidad ribereña del mismo nombre en la Amazonía de Brasil. Esa era la rutina de la familia hasta que una serie de estudios científicos revelaron que ese pescado, su principal fuente de proteína, contenía altos niveles de mercurio.

«Cambió casi todo por completo», dice Soares da Silva. «Es como si hubiéramos estado viviendo en una especie de inocencia, sin saber nada de lo que estaba pasando», agrega su esposo, quien lleva al menos 26 años participando en los estudios de la Universidad Federal de Rondônia. Esta institución ha reportado en más de una oportunidad que las concentraciones de mercurio en los habitantes de la comunidad Lago Puruzinho están entre las más altas de la cuenca del río Madeira, hasta más de doce veces el límite considerado seguro por la OMS.

La situación es la misma en el territorio Karipuna ubicado en Rondônia, Brasil. Adriano Karipuna, líder indígena de la comunidad, explica que al problema de la contaminación hay que sumar la escasez de peces. «Hace diez años, en media hora se podía pescar, sin exagerar, hasta 500 kg de pescado. Pero, hoy en día, si pescamos cuatro peces en seis horas es mucho. Y el pescado ya viene contaminado», confiesa. Río arriba, en Puerto Motor, en la Amazonía boliviana, la corregidora Edith Guzmán Marupa resume la situación en una frase: «Sabemos que tenemos mercurio en nuestros cuerpos, pero no podemos hacer nada». 

Las 5939 muestras de tejidos de peces tomadas entre 1997 y el 2024, incluidas en la base de datos de esta investigación, evidencian que los tres ríos albergan diversas especies con altas concentraciones de mercurio: al menos 19 en Brasil, 15 en Bolivia y dos en Perú. Los peces son centrales para esta historia, pues son la base de la dieta de las comunidades indígenas y ribereñas. Existe una relación directa entre los altos niveles de mercurio de los pobladores y el consumo del pescado que acumula el metal pesado en sus tejidos. Y esto se debe a dos fenómenos: la bioacumulación y la biomagnificación.

El mercurio liberado por la minería se transforma en metilmercurio, su forma más tóxica, al entrar en los ríos. El plancton absorbe el metal pesado y, luego, de este se alimentan los peces pequeños que luego son devorados por los más grandes. Cada vez que un pez se alimenta de otro que está contaminado, el mercurio se va concentrando más y más en sus tejidos (bioacumulación) y aumenta su concentración de un nivel de la cadena al siguiente (biomagnificación). Por esa razón, los peces que comen otros peces presentan los niveles más altos de mercurio y representan un mayor riesgo para las comunidades que los consumen.

Eduardo Bessa, profesor de biología de la Universidad de Brasilia (UnB), explica que la parte que más se consume es la musculatura del pescado, que lamentablemente resulta ser uno de los tejidos más contaminados. “Y no comemos solo un pescado a lo largo de nuestra vida, los comemos varias veces». Mucho más si se trata de una comunidad de la Amazonía.

Investigaciones realizadas desde los años noventa ya advertían sobre concentraciones elevadas de mercurio en peces amazónicos y poblaciones ribereñas. Y la situación no ha cambiado a pesar de que ya han pasado casi 30 años. Como explica Claudia Vega de CINCIA, la minería “no se ha detenido, por el contrario, se ha acelerado con un avance y contaminación en grandes dimensiones”. Y añade un dato importante: “No necesariamente las comunidades que están más cerca de la minería tienen mayores niveles de mercurio. Pero sí las que se encuentran más aisladas y dependen principalmente de la proteína del pescado”. Las que están más lejos, explica Vega, no tienen acceso a otra fuente de proteína. 

En lugares como Puerto Salinas, en Bolivia, donde viven habitantes del pueblo indígena esse ejja, se encontró en los bagres uno de los niveles más elevados de mercurio. Otros valores extremos se encontraron en peces de Puerto Maldonado (Perú), Rurrenabaque (Bolivia) y Porto Velho (Brasil).

Los olvidados

“Estamos cansados de pedir ayuda médica, debemos trasladarnos muy lejos por tierra para que nos atiendan. Vamos a San Buenaventura y no saben si nuestros dolores se deben a la contaminación de los pescados, pero es obvio que sí», reclama Limberth Miquere, corregidor de Buena Vista, comunidad indígena tacana asentada a orillas del río Beni. 

El responsable municipal de Salud de San Buenaventura, Mario Chacón, le dijo a Mongabay Latam que no saben cómo encarar el problema. “No conocemos un tratamiento para estos casos, solo podemos dar medicamentos genéricos”, afirma. El médico reconoce que mientras más pescado sigan consumiendo, más crecerán los niveles de contaminación en los cuerpos de los comuneros. “Nosotros comemos pescado pocas veces, ellos lo hacen a diario. Eso les afecta”.

Este problema se extiende a las tres cuencas. Eusebio Ríos de la Fenamad denuncia que “las entidades del Estado que ven el tema de salud no tienen presupuesto para atender temas de mercurio, y en las comunidades no hay infraestructura ni personal técnico o profesional especializado. Ni siquiera hay dotación de medicamentos. Estamos abandonados, prácticamente”.

Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía del Perú, para 2026, el Estado le asignó al Ministerio de Salud 477 455 soles (unos 142 523 dólares) y al Instituto Nacional de Salud 1 121 445 soles (alrededor de 334 mil dólares) al tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados, pese a que el propio Estado estima que son más de 10 millones las personas víctimas de este tipo de contaminación. 

Mientras tanto, los niveles de mercurio en los habitantes de esas riberas, según los datos analizados para esta investigación, alcanzan cifras alarmantes. 

En la Amazonía de Brasil, la localidad de São Sebastião do Tapurú, a orillas del río Madeira, presenta los valores más altos, con un promedio de 62,76 mg/kg y un máximo de 150 mg/kg. Mientras que en Bolivia destaca la localidad de Santa Rosita con 19,20 mg/kg y, en Perú, la comunidad indígena de Infierno con 5 mg/kg. En los tres casos, se trata de una exposición por encima del umbral seguro que pone en peligro la salud de los habitantes que dependen del río para alimentarse.

Rastreando la magnitud del problema

La indiferencia estatal no sólo se concentra en la falta de atención de salud a quienes presentan problemas asociados a la contaminación por mercurio. Ninguno de los tres países está investigando la dimensión de esta amenaza. Las mediciones científicas han logrado cubrir hasta el momento un universo muy pequeño, pero esas muestras dejan atisbar una realidad que se revela aterradora. 

Mongabay Latam buscó abordar esa falta de información a través de dos estrategias. En primer lugar, se georreferenció cada una de las 249 comunidades muestreadas por los científicos y que están expuestas al mercurio. Se eligió trabajar con muestras de cabello sobre las de orina y sangre porque además de ser una medición reconocida por la OMS para evaluar la presencia del metilmercurio -frecuente en comunidades que consumen más pescado-, permite identificar la exposición durante un período prolongado. Todas las comunidades analizadas están situadas en las riberas de los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira. Al equipo periodístico le tomó varios meses poder localizar las comunidades afectadas, pues en la mayoría de los estudios sólo aparecían los nombres pero no las coordenadas. Reunimos la información geográfica oficial y tuvimos así un primer mapa que mostraba la afectación comprobada del mercurio. 

Este es un primer esfuerzo por sistematizar el riesgo de exposición al mercurio a través de la información contenida en 39 estudios científicos que tienen unidades de medición distintas. Para armar la base de datos, fue necesario emplear fórmulas y modelos estadísticos que nos permitieran estandarizar todos los resultados de las publicaciones. Este proceso se hizo en coordinación y bajo la asesoría del equipo científico de CINCIA.

Luego, se sumó al análisis los focos de minería activos en las tres cuencas. Con información del Instituto del Bien Común en Perú, la Fundación Amigos de la Naturaleza en Bolivia e Ibama en Brasil, pudimos localizar las fuentes de contaminación inmediata de las poblaciones que dieron positivo a mercurio.

La segunda parte del proceso era identificar las poblaciones en riesgo que aún no han sido evaluadas. Como han explicado los expertos, la contaminación por mercurio fluye a través de los ríos y se extiende más allá de los puntos activos de minería. Eso quedaba evidenciado con los estudios científicos. Pero, ¿qué pasaba con las comunidades que se encontraban en el camino de estos ríos, entre las comunidades que ya registraban contaminación?

“Los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira están conectados hidrológicamente, por lo que el mercurio liberado o movilizado en una parte del sistema puede contribuir a la contaminación aguas abajo (…) Esto genera un riesgo transfronterizo plausible que justifica un análisis a escala de cuenca”, explica Luis Fernández, profesor investigador de Biología de la Universidad de Wake Forest y asesor de este proyecto. 

El siguiente paso, entonces, fue ubicar todas las comunidades que están situadas entre los focos de minería ilegal y las afectadas por el metal pesado a lo largo de los más de 2700 kilómetros. Para este análisis, se recopilaron todas las comunidades situadas a máximo 2 km de la orilla, que es la distancia que separa a las comunidades contaminadas con mercurio de los ríos. 

“Un buffer o distancia de dos kilómetros es razonable como criterio exploratorio de selección espacial, ya que es transparente y, en términos generales, concuerda con las distancias entre los ríos y muchas de las comunidades incluidas en la muestra”, explica Fernández.

Fernández, quien además es cofundador de CINCIA, añade que la exposición al metal pesado incluso “puede ocurrir más allá de los dos kilómetros a través de la actividad pesquera, la movilidad, la hidrología estacional y el movimiento de los peces a través de las redes de comercio y de intercambio de alimentos”. 

Bajo esos parámetros reconstruimos un mapa dramático. Mongabay Latam identificó en el análisis al menos 702 comunidades en situación de riesgo que están situadas entre los focos de minería ilegal y los habitantes que tienen altos niveles de mercurio. 

“El análisis geográfico identifica comunidades ubicadas en entornos donde la exposición es plausible (…) Yo las describiría como ‘potencialmente en riesgo’ o como ‘dentro de una zona de detección de riesgo por mercurio’”, explica Fernández. Además resalta la importancia de hacer un análisis a lo largo de las tres cuencas.

Los listados de todas las comunidades identificadas como “en riesgo” por Mongabay Latam fueron enviados a las autoridades de cada país para confirmar si han sido o no evaluadas. La respuesta de Perú confirma nuestro análisis. El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) confirmó haber realizado tamizajes en seis de las comunidades en riesgo de Madre de Dios en 2024 y 2025 — Amaracayre, Tres Islas, Boca Unión, Sarayacu, Unión Progreso y Puerto Carlos. Las autoridades encontraron que un tercio de las personas evaluadas presentó niveles de mercurio superiores a los permitidos. También respondieron que no cuentan con registros de seguimiento médico a los afectados ni con un listado de establecimientos habilitados para atenderlos. En Brasil, el ministerio de salud informó que en los últimos 20 años se han registrado 30 casos de intoxicación por mercurio en los estados del Amazonas y 12 en Rondônia, sin especificar las comunidades. En tanto, las autoridades de Bolivia nunca respondieron a los pedidos de información.

Generaciones indígenas sin futuro

“La situación es gravísima”, lamenta el vicepresidente de Fenamad, Eusebio Ríos. “Las comunidades [de Madre de Dios] tienen un alto grado de contaminación por mercurio y esto ha afectado especialmente a las mujeres que están en gestación y a los niños. Su sistema nervioso, su cerebro, su crecimiento, su capacidad para aprender y estudiar”.

En Brasil, Adriano Karipuna, líder del territorio indígena karipuna, relata que en su pueblo han aumentado los problemas de salud en los últimos años, incluyendo el nacimiento de niños con problemas de motricidad. «Nacen con problemas, con padecimientos cardiacos, con una cabeza enorme», precisa. «Dentro de nuestra ascendencia, estas cosas no pasaban 50, 30 o 20 años atrás».

Desde 1997, los estudios científicos analizados para esta investigación han documentado que el mercurio puede pasar de las madres a los hijos a través de la placenta, el cordón umbilical y la lactancia. Y los niveles no son menores. En cuatro investigaciones analizadas, que reúnen 850 muestras tomadas a madres y mujeres embarazadas de las tres cuencas amazónicas, el promedio de mercurio en cabello superó más de tres veces el umbral de la OMS (2 mg/kg) y con picos de hasta 32,4 mg/kg.

En Madre de Dios, por ejemplo, muestras tomadas a 198 parejas de madres e hijos, entre 2017 y 2018, evidenciaron la presencia de mercurio en el cordón umbilical. Y el 29 % de las madres evaluadas superó los niveles de mercurio recomendados por la OMS. En Bolivia, un estudio de 2023 tomó muestras a 119 mujeres en edad fértil de comunidades cercanas a las cuencas Beni, Mamoré y Madre de Dios: nueve de cada diez presentaron concentraciones superiores a los límites seguros. 

La situación en los menores es aún más severa. Una investigación realizada en niños de 5 a12 años que viven alrededor de la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios, reveló que la exposición aguda al metal pesado afectó el desarrollo cognitivo, motor y visual de varios de ellos. El análisis, liderado por investigadores de la Universidad de Duke, incluyó muestras de cabello de 164 niños en total, de los cuales el 32,9% superó el umbral seguro de exposición a mercurio de la OMS.

«Creo que el hallazgo más importante es que algunas comunidades tienen una exposición tan alta al mercurio que niños y adultos experimentan déficits cognitivos significativos, lo que puede generar desventajas a largo plazo e intergeneracionales», señala William Pan, profesor de la Universidad de Duke que lideró la investigación. «Muchas de estas comunidades con alta exposición no deciden participar en la minería y no se benefician de sus actividades. Esta es la peor forma de injusticia ambiental», insiste.

Los relatos confirman el problema en las tres cuencas. «Hubo mujeres embarazadas que tuvieron problemas con sus hijos», lamenta Ignacio Julio Monasterio, corregidor de Eyiyoquibo, una comunidad indígena ese ejja a orillas del río Beni. 

A este escenario se suma un problema más. “La situación de anemia y desnutrición infantil que afecta cerca del 50 % de la población infantil. Y, si a eso le agregas la contaminación por mercurio, es una situación crítica que afecta el bienestar y el futuro», advierte Mariano Castro, exviceministro del Ambiente del Perú.

El Estado y sus planes fallidos

En la década de 1950, cientos de habitantes de la bahía de Minamata, una pequeña población pesquera de Japón, comenzaron a desarrollar temblores, movimientos involuntarios, pérdida de coordinación y dificultades para hablar o escuchar. Las mujeres, aunque se veían sanas, daban a luz a niños con graves afectaciones neurológicas. La causa: durante años, una industria petroquímica había vertido compuestos de mercurio en las aguas de la bahía, contaminando los peces y mariscos que consumían. La tragedia, que dejó casi 3000 víctimas certificadas oficialmente por el gobierno japonés, se convirtió en el símbolo mundial de los riesgos de este metal tóxico sobre la salud humana y los ecosistemas. También permitió conocer que sus efectos pueden extenderse por generaciones.

Décadas después, las lecciones de esa catástrofe y la conclusión de que “el mercurio y sus compuestos tienen importantes efectos adversos a nivel mundial que justifican la adopción de medidas internacionales” dieron origen, en octubre de 2013, al Convenio de Minamata, un tratado global y vinculante que establece regulaciones estrictas para su uso, comercialización y producción, con miras a eliminar el mercurio progresivamente. El convenio entró en vigor en agosto de 2017.

Perú, Bolivia y Brasil forman parte del Convenio de Minamata desde hace más de 10 años, pero —pese a la enorme evidencia científica y a los impactos que denuncian desde hace décadas las comunidades en el territorio—, los expertos consultados señalan que las acciones para hacer frente a la contaminación por mercurio en los tres países son completamente  insuficientes. 

Como explica el experto en toxicología y química, José Alfonso Apesteguia, “el Estado peruano está rezagado en sus métodos de diagnóstico. Se prioriza la medición de mercurio total en orina, que solo refleja exposición ocupacional o por inhalación de vapores, pero no el metilmercurio asociado al consumo de pescado. Solo así se podría dimensionar correctamente el riesgo real que enfrentan las comunidades amazónicas”. Castro confirma el diagnóstico desde su experiencia en el Estado: «Perú es uno de los pocos países que tiene como norma la orina y no el cabello, equivocadamente».

“Además —agrega Ríos, de Fenamad—, es el mismo Estado el que ha permitido que las comunidades estén llenas de concesiones mineras. Así los pueblos indígenas no quieran involucrarse con la minería, hay comunidades superpuestas y en las que, en sus territorios, se hace minería”. Lo más lamentable, insiste, es que los impactos de la minería son un tema que las autoridades “no quieren ver”. “Se enfocan en lo económico, en el tema de formalizar la minería… pero no en la salud. Y eso preocupa bastante”. 

En Perú, la Resolución Ministerial 1026-2020-MINSA establece protocolos para la atención de personas expuestas a metales pesados, pero no menciona la existencia de centros médicos exclusivos. Los afectados deben ser derivados a hospitales de mayor complejidad, los de nivel II y III, los cuales representan apenas el 3 % de todos los establecimientos de salud.

Para el exviceministro Castro, el problema central es que el aparato sanitario no está preparado para responder. «Una atención en asuntos de mercurio o plomo requiere un nivel de especialización de recursos y capacidades que no es de regiones. Ni siquiera para el plomo. Y como se requiere una intervención en los territorios, hay que fortalecer la capacidad no solamente a nivel nacional, sino en los territorios», dice.

Bolivia, por su parte, sigue siendo el mayor comprador de mercurio del mundo, según las estadísticas oficiales, y este metal sigue utilizándose en la minería aluvial. Sin embargo, hasta la fecha, aún no hay un plan de acción concreto para abandonarlo. A mediados de 2025, el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua respondió a Mongabay Latam que el Plan de Acción Nacional (PAN) para la reducción del uso de mercurio en la minería aurífera —elaborado desde 2023 por el gobierno boliviano y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)— estaba en proceso de implementación. 

De hecho, el actual viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Jorge Ávila, dijo que a más tardar en mayo se ajustaría el plan para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera y se implementaría en su totalidad el Convenio de Minamata. Sin embargo, hasta el cierre de esta investigación no se concretó esa medida.  

“Sabemos que estamos contaminados por el mercurio pero, ¿qué podemos hacer? No hay dinero por esta crisis, no podemos cultivar porque nuestras parcelas están afectadas por las inundaciones, esa tierra está como podrida”, dice Grover Yumani, corregidor de la comunidad Puerto Yumani.

En Brasil, donde las comunidades del río Madeira presentan los valores de mercurio en cabello más altos de toda la base de datos, se importaron 12 toneladas de mercurio de manera oficial en 2024. Aunque una nueva normativa del Ibama, publicada en diciembre de ese mismo año, busca reducir esa cifra a cero a partir del 31 de diciembre de 2025, el propio gobierno reconoce que «el mercurio aún llega al garimpo ilegal a través de un mercado clandestino que involucra empresas de fachada, documentos falsificados y contrabando”.

Además, como constató Mongabay Latam en los estados de Amazonas y Rondônia, el gobierno brasileño no ha logrado implementar la restricción del uso del mercurio ni existe una fecha establecida para aplicarla, según declaraciones de los ministerios involucrados en la Convención Minamata obtenidas por pedidos de acceso a la información enviados. «Brasil no cuenta con un plan sectorial  [vigente] para la implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio», dijo el Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático. Además, agregó que no dispone de estudios, informes ni análisis sobre la contaminación por mercurio en el Madeira, y que en este momento no hay medidas ni presupuesto destinados a combatir dicha contaminación.

Mongabay Latam también pudo comprobar que al menos siete de los estudios analizados para esta investigación fueron entregados a las autoridades competentes de cada país (dos en Perú, tres en Bolivia y dos en Brasil). Solo uno, en Perú, generó una acción concreta. 

Castro propone una ruta para empezar. «Tiene que hacerse una presencia multisectorial integrada en aquellas zonas donde hay informes de personas contaminadas por mercurio. Si hay que verificar algún análisis hecho por una entidad privada, ONG o universidad, que se haga. Y confirmadas esas referencias, que se programe una intervención multisectorial en los territorios», dice. Una hoja de ruta que, hasta hoy, ningún de los tres países ha querido implementar.

A medida que la minería avanza entre los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira, los habitantes esperan respuestas. “No tenemos conocimientos profundos sobre la contaminación”, admite Johnny Nayori, presidente de la comunidad nativa de Puerto Luz, en Madre de Dios. “Creo que el Estado debería informarnos y volver a hacer nuevos estudios. No solo a los niños, también a los padres, porque la minería en los alrededores ha avanzado mucho, y no sabemos qué hacer”, insiste Gladys Ordoñez, comunera de Shintuya.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam. Edición general: Alexa Vélez y María Isabel Torres. Edición: Alexa Vélez, Antonio Paz Cardona y Alexandre de Santi. Periodistas: Karla Mendes, Iván Paredes, Elizabeth Salazar, Daniela Quintero Díaz, Vanessa Romo y Alexa Vélez. Investigación: Vanessa Romo, Daniela Quintero y Alexa Vélez. Asistencia en investigación: Cristina Fernández Aguilar y Lourdes Fernández. Análisis de datos y geoespacial: Gabriela Quevedo, Cristian Salas y Vanessa Romo. Asesoría científica: Luis E. Fernández y Claudia M. Vega del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), Sabin Center for Environment and Sustainability y Wake Forest University. Coordinación: Vanessa Romo Espinoza y Daniela Quintero Díaz. Traducciones: Lucas Berti, Karla Mendes y Roberto Cataldo. Visualizaciones: Eduardo Motta. Ilustración de portada: Alma Ríos. Diseño gráfico y video: Richard Romero, Carlos Hernández. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Carlos Hernández y Dalia Medina Albarracín.

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisar la versión completa y la visualización aquí.

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El 24 de agosto se celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales. La fecha recuerda la importancia de mantener intactas áreas que albergan paisajes únicos, biodiversidad asombrosa y servicios ecosistémicos de los que dependen la provisión de agua limpia, el aire fresco, la polinización de alimentos y la captura de gases de efecto invernadero.

Aunque en Latinoamérica los parques nacionales son una de las categorías más altas de protección dentro de los sistemas de áreas protegidas nacionales, enfrentan todo tipo de amenazas. El avance de la deforestación, la minería ilegal e informal y la expansión de la industria petrolera son tres de ellas.

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En el Parque Nacional Natural La Paya, en Putumayo, el extremo sur de Colombia, la ganadería ilegal, cultivos de coca y la presencia de grupos armados ilegales han provocado la pérdida de bosques en una zona clave para la conectividad entre el Escudo Guayanés, la Amazonía y Los Andes.

En el Parque Nacional Islote Lobos, en Río Negro, el noreste de la Patagonia argentina, la construcción de un oleoducto y una terminal de exportación petrolera preocupa por los antecedentes de derrames de petróleo que ha habido en el país. Un vertimiento podría llegar en menos de un día a sitios de anidación y de reproducción de fauna marina.

En el Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Puno y Madre de Dios, en el sur de Perú, la minería ilegal e informal acecha al parque. Aunque se logró detener la actividad al interior del área protegida, la actividad se expande en la zona de amortiguamiento y los ríos que la rodean.

Mongabay Latam habló con especialistas y conocedores de las tres áreas para entender mejor qué está en juego y las soluciones que plantean.

Colombia: la deforestación pone en riesgo la conectividad del Parque Nacional La Paya

El Parque Nacional Natural La Paya está en el extremo sur de Colombia, en la triple frontera con Ecuador y Perú. La zona es tan biodiversa que los otros dos países también tienen áreas protegidas en sus límites. Sin embargo, este es considerado por muchas autoridades y expertos el punto fronterizo más conflictivo de la cuenca amazónica. La expansión de la ganadería ilegal, los cultivos de coca y las carreteras ilegales están destruyendo los bosques de La Paya, de acuerdo con Julia Miranda, quien dirigió Parques Nacionales de Colombia entre 2004 y 2020.

Entre 2013 y 2023, el parque perdió 8759 hectáreas de bosque, según el más reciente informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos. Esta pérdida convirtió a La Paya en la quinta área protegida más deforestada del país.

La deforestación continuó en 2024, año en el que se perdieron 459 hectáreas adicionales de bosque, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, enviados a Mongabay Latam por Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). En 2025, 433 hectáreas más fueron deforestadas. Es decir, 892 hectáreas en esos dos años.

“Se perdieron zonas que habían sido restauradas durante las últimas dos décadas, que son críticas en la recuperación de la conectividad del parque”, señala Botero.

La exdirectora detalla que detrás de la tala no solo hay campesinos que amplían sus asentamientos y potreros. Asegura que también hay grupos armados ilegales que controlan buena parte de esos territorios. Botero añade que el parque “ha sido epicentro de la disputa entre las facciones disidentes de los Comandos de la Frontera y el Estado Mayor Central, con graves implicaciones sobre las poblaciones locales”.

Para el director de FCDS, el mayor impacto de la deforestación es la pérdida de conectividad, “la principal función de La Paya”. Explica que es un paisaje que conecta al noreste con el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, mientras que al sur conecta con el Parque Nacional Güeppí-Sekime, en Perú, y la Reserva de Producción de Fauna de Cuyabeno, en Ecuador.

“La gran biodiversidad que se mueve entre Los Andes, el Escudo Guayanés y la depresión del Napo está siendo seriamente afectada por este proceso de deforestación”, dice Botero.

La pérdida de bosque también amenaza la gobernabilidad, tanto de Parques Nacionales como de los gobiernos indígenas, de acuerdo con Miranda. “Los grupos ilegales imponen sus actividades ilícitas y afectan la vida tranquila de las comunidades indígenas”, se lamenta. Las comunidades siona, que dependen del bosque para obtener alimentos y medicina ancestral, han rechazado las economías ilícitas, asegura la exdirectora y hasta hace poco congresista.

Para la exfuncionaria, revertir la tendencia depende de una decisión política de hacer control territorial. Frente al mal recuerdo que quedó en La Paya tras la operación militar Artemisa de 2019 contra la deforestación, por su nivel de violencia, Miranda recomienda que se establezcan mesas de diálogo encaminadas a que se cumpla el Acuerdo de Paz, que estableció rutas de reubicación para las familias asentadas en parques antes de 2016.

Argentina: una terminal de exportación petrolera amenaza al Parque Nacional Islote Lobos

Al Parque Nacional Islote Lobos y a Punta Colorada, donde se tiene planificado construir la terminal de exportación petrolera Vaca Muerta Oil, los separan cerca de 10 kilómetros. Un derrame de petróleo podría alcanzar la zona, en la costa oeste del Golfo San Matías, provincia de Río Negro, Argentina, en un plazo de entre seis y 12 horas bajo ciertos escenarios de viento, según un modelado de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina.

“Diez kilómetros pareciera ser una distancia razonable en tierra, pero ecológicamente eso no sirve de nada, porque cualquier derrame de petróleo se va a desplazar sobre el agua siguiendo las corrientes, las mareas y los vientos”, explica Raquel Perier, bióloga marina e integrante de la Multisectorial de Defensa del Golfo.

El área protegida es un pequeño archipiélago costero. Alberga una importante diversidad de aves marinas y costeras, incluyendo migratorias. También acoge un importante apostadero de lobos marinos (Otaria flavescens) y la colonia de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) más septentrional del mundo, de acuerdo con la información oficial del parque.

“Esta colonia se comenzó a formar en la década de 1990 y actualmente reúne a miles de parejas de pingüinos”, cuenta la especialista. Los islotes y las zonas intermareales funcionan como área de nidificación, descanso y alimentación, añade. La colonia de pingüinos se concentra entre septiembre y enero.

La forma del Golfo San Matías agrava los impactos de un posible vertimiento, de acuerdo con la especialista. “Es como una olla, con profundidades centrales mayores que su plataforma adyacente”, señala. Esa configuración hace que el agua recircule dentro del golfo durante meses en lugar de dispersarse hacia el mar abierto, explica.

De suceder un vertimiento, el petróleo podría alterar el aislamiento térmico del plumaje de estas aves, que además podrían ingerirlo cuando se acicalan, indica Perier. Otro impacto sería el que ocasionarían los hidrocarburos al adherirse a los sedimentos intermareales, prolongando su presencia más allá de las manchas visibles en la superficie del agua.

Desde 1990, la ley provincial 3308 prohibía toda actividad hidrocarburífera y de infraestructura portuaria en el Golfo San Matías. En 2022, la legislatura de Río Negro modificó la norma y habilitó el transporte y la construcción portuaria para exportación de petróleo y gas.

La construcción del proyecto Vaca Muerta Oil Sur ya arrancó. Consiste en un oleoducto que comienza en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, y llega hasta Punta Colorada. Perier, como parte de la Multisectorial de Defensa del Golfo, denuncia que las audiencias públicas del proyecto no garantizaron participación ciudadana real.

Aunque las autoridades dicen que tienen planes de contingencia, la bióloga marina se muestra desconfiada. “A unos kilómetros de nosotros, en Catriel, un pequeño derrame lo pararon con una pileta de plástico”, relata.

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Perier también cuestiona la ausencia de un análisis de impactos acumulativos sobre el conjunto del golfo, que incluye proyectos de exportación de gas natural en Bahía San Antonio y Caleta de los Loros, otras dos áreas naturales protegidas de la misma costa.

“Cada vez más gente se nos está acercando y viendo la posibilidad de quedarnos sin un golfo azul por siempre”, dice. Y concluye: “No está dicho nada hasta la última palabra y mientras tanto seguimos resistiendo”.

Perú: la minería ilegal presiona la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene

La minería ilegal e informal ha afectado 5680 hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene y su zona de amortiguamiento hasta el segundo trimestre de 2026, según datos de Amazon Mining Watch. Un guardaparques que prefiere proteger su identidad por seguridad envió un mapa oficial a Mongabay Latam y explicó que la información de Amazon Mining Watch incluye la zona de amortiguamiento, donde se realiza gran parte de la actividad ilegal. Asegura que la extracción se logró detener dentro del parque en 2023.

El ambientalista Pedro Solano no descarta que el área protegida sufra bastante presión a medida que se incrementa el precio internacional del oro. “Se está convirtiendo en una suerte de zona de guerra”, afirma. El Bahuaja Sonene, ubicado entre las regiones de Madre de Dios y Puno, colinda con la Reserva Nacional Tambopata, que acumula casi 29 000 hectáreas afectadas, según Amazon Mining Watch. Esta, a su vez, colinda con el corredor minero de Madre de Dios, departamento que suma 163 000 hectáreas de superficie minada, según la misma herramienta.

Entre 2021 y 2023, funcionarios del parque registraron más de 50 puntos de minería ilegal al interior del área protegida. Los focos estaban en las quebradas Palma Real Grande y Patuyaku, en el sector de Vigilancia y Control Heath, detalla el guardaparques. “No contábamos con puesto de vigilancia ahí, entonces el personal no llegaba a hacer los patrullajes”, contextualiza.

Intervenciones conjuntas de la Fiscalía Especializada en Ambiente, la Marina de Guerra y la Policía Nacional frenaron la extracción ilegal, asegura el guardaparques. Hoy, el parque ya tiene un puesto de vigilancia permanente en el área.

El Proyecto Mapeo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) de Amazon Conservation identificó que, entre 2021 y 2023, 2439 hectáreas fueron deforestadas para la minería en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas del sur de Perú. Las más afectadas fueron la Reserva Nacional Tambopata, Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri, tres áreas contiguas. En el sector de Bahuaja Sonene hay minería ilegal y en menor medida, en proceso de formalización, de acuerdo con el guardaparques.

Para agosto de 2025, MAAP encontró que parte de la deforestación por minería de oro se mantenía en la zona de amortiguamiento del Bahuaja Sonene, aunque no ofreció cifras. El proyecto también identificó al río Inambari como uno de los afectados. En esa cuenca, relata el guardaparques, los mineros llevan a cabo operaciones con maquinaria pesada, embarcaciones artesanales y campamentos móviles.

Además, el parque sufre impactos indirectos de la minería realizada en otras zonas. El río Tambopata ya llega con alta sedimentación y con contaminación por mercurio, combustibles y aceites. Esto ha provocado que la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) se aísle, asegura la fuente en el territorio. Las taricayas (Podocnemis unifilis), por otro lado, han perdido las playas donde anidaban y los peces son cada vez más vulnerables. Los pobladores de la zona que dependen de la pesca también sufren las consecuencias.

Según Solano, las interdicciones, que implican destruir maquinaria, generan violencia en la región. A eso se suma la violencia que ejercen los mineros contra los defensores ambientales. Por eso, cree que se necesita aplicar una política integral que atienda la pobreza rural y que ofrezca oportunidades económicas.

*Imagen principal: minería en el río Inambari, en los alrededores del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Perú. Foto: obtenida por Mongabay Latam

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una serie de cuestionamientos han surgido luego de que empezara a circular el borrador del proyecto de ley que prepara el Ejecutivo del nuevo gobierno peruano para solicitar al Parlamento la delegación de facultades legislativas por un periodo de 120 días.

A fines de julio se hizo público este borrador con temas diversos como seguridad ciudadana, flexibilización laboral, desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas, reforma estructural y modernización del Estado, entre otros.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que fue un borrador sobre la delegación de facultades legislativas el que se filtró a la prensa y dijo que ese documento tendrá que ser afinado para ser presentado próximamente ante el Congreso de la República, informó el diario El Comercio. “Es un borrador que se presentó en el primer Consejo de Ministros y ahora todos los ministros con sus técnicos especialistas están en este momento revisando», dijo el ministro.

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La presidenta Keiko Fujimori junto con su gabinete de ministros. Foto: Agencia AndinaEl documento que se hizo público no incluye una sección específica sobre temas ambientales, pero algunas propuestas que alcanzan a las áreas naturales protegidas y recursos naturales como los hidrocarburos forman parte de la lista de modificaciones legislativas que pretende hacer el Gobierno mediante el uso de estas facultades. En el pedido de facultades también incluye cuestiones sobre minería.

Hasta el momento, la presidenta Keiko Fujimori no se ha pronunciado sobre los detalles del pedido de facultades legislativas, pero sí anunció que esta solicitud podría presentarse durante esta semana. “Ha habido retrasos en lo que significan los nombramientos de viceministros. Todavía ha habido unas trabas burocráticas que estoy segura se irán resolviendo en las próximas horas o días. Superado esto, teniendo a los nuevos viceministros, se sustentará todo este proyecto de ley», respondió el 3 de agosto a varios medios de comunicación al ser consultada sobre el tema.

«Las facultades tienen varios objetivos. Primero, lo urgente que es recuperar el orden y también preparar a nuestro país de cara al fenómeno de El Niño. Como hemos dicho, tenemos que prepararnos porque estamos tarde para la prevención y preparar al país para la emergencia», agregó.

Mongabay Latam consultó con varios especialistas en temas ambientales sobre los alcances de las medidas que han sido incluidas en el documento inicial del pedido de facultades legislativas y los riesgos que puede significar para este sector.

Áreas protegidas en la mira

El tema que más llamó la atención y despertó reacciones inmediatas ha sido la intención de modificar la normativa en materia ambiental, de recursos naturales y áreas naturales protegidas. La propuesta implica acortar los procesos de aprobación de los instrumentos ambientales, establecer mecanismos de presunción de veracidad y de silencio administrativo positivo y garantizar que las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas se basen en evidencia científica objetiva y clara.

“Es un borrador [del proyecto de ley] que es ilustrativo de las intenciones que, por lo menos, hay en un sector del Gobierno”, dice Juan Luis Dammert, coordinador territorial de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). “Hay intereses en las áreas protegidas que venían desde antes”, agrega el experto.

Dammert menciona los intereses pesqueros detrás de la Reserva Nacional de Paracas. “Acceder a zonas protegidas en el mar peruano es una agenda que viene hace bastante tiempo”, comenta. Del mismo modo menciona los proyectos de ley que se han presentado en anteriores oportunidades con la intención de extraer hidrocarburos, específicamente gas, en áreas protegidas.

“El caso emblemático es el Parque Nacional Bahuaja Sonene y su yacimiento Candamo. Pero hay una cosa más grande que es lo que se denomina el cinturón gasífero que es esta idea de que habría depósitos de gas también en el Parque Nacional del Manu, en la Reserva Comunal Amarakaeri y en otras áreas protegidas entre Madre de Dios y Cusco, yacimientos de gas cercanos a Camisea”, afirma.

“Es la vieja agenda de abrir las puertas a la extracción petrolera en áreas naturales protegidas en casos en los que no está permitido, como las áreas de uso indirecto, como los parques nacionales”, agrega Dammert sobre el interés empresarial que lleva años intentando acceder a las áreas protegidas.

Sobre lo que menciona Dammert, en el proyecto de ley se propone “la creación de mecanismos de aprobación expedita para proyectos energético y de exploración y explotación de hidrocarburos y la modificación de los regímenes legales y contractuales de exploración y explotación y el régimen de regalías y retribuciones aplicables, así como perfeccionar el marco normativo de la industria del gas”.

Al respecto, Dammert recuerda que el “sector hidrocarburos en el Perú y sobre todo en la Amazonía, está en declive”, por varias razones. Una de ellas es “porque no hay descubrimientos de yacimientos importantes hace mucho tiempo”. Por tanto, dice Dammert, lo que se busca es que la exploración y la extracción de hidrocarburos sea más fácil y con menos requisitos para darle una mano a una industria que ya está en declive, cuando el país debería estar pensando en qué hacer con el tema energético en este contexto de transición energética.

Otro tema que aborda Dammert sobre el interés de abrir las puertas a las áreas protegidas es la mención a que las restricciones a las actividades empresariales en áreas naturales protegidas se basen en evidencia científica objetiva y clara.

En ese sentido, Dammert menciona que la creación de las áreas protegidas tienen un proceso de categorización con un sustento científico. “En todo caso tendría que ser al contrario, en el sentido de que cuando haya una actividad extractiva que sea compatible con el área el interesado debe tener un sustento científico y técnico para desarrollar la actividad como puede ocurrir en cuestiones de hidrocarburos dentro de áreas protegidas”.

El abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, también aborda este tema. “Las áreas protegidas parten de un proceso de larga investigación”, dice y recuerda que la última área protegida que ha sido creada –el Bosque de Protección Tiraje-Río Nieva– demandó más de 15 años para ser categorizada. ”Se estableció como zona reservada en 2011 y recién ha sido categorizada en julio de este año. Obviamente se hacen estudios de evaluación biológica, social, ambiental, económica, además muchas veces se tienen que hacer procesos de consulta previa con todos los recursos que eso demanda”.

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El debilitamiento del sector

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, considera que existe una “carencia de una priorización política sobre el valor y contribución que tienen las áreas naturales protegidas para el desarrollo nacional”. En ese sentido, Castro afirma que “lo ambiental, lo climático, las áreas protegidas están siendo vistas en este proyecto de ley como una traba para el desarrollo, cuando en realidad son lo contrario”.

Castro cuestiona la pretensión de “tener una de implantar un silencio administrativo positivo», es decir, cuando el Estado habilita que ante un pedido de un privado para, por ejemplo, ejecutar un proyecto, en caso de que el Ejecutivo no responda dentro del tiempo fijo, la solicitud se toma como aceptada.  El exfuncionario recuerda que no es primera vez que se pretende implantar una medida como esta.

«El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esta materia señalando que de implantarse se estaría incumpliendo una obligación que tiene el Estado de garantizar de forma clara y precisa las cuestiones que deben ser cumplidas por parte del titular del proyecto de inversión respecto a los impactos y las condiciones que debe realizar». Para Castro, se estaría desprotegiendo al ciudadano y al ambiente frente a la demora de la Administración pública.

La intención de reducir los tiempos para los procesos administrativos forma parte de este proyecto de ley e incluso se menciona la intención de “dictar normas para eliminar y racionalizar requisitos legales y regulatorios para las distintas actividades económicas, así como incrementar la vigencia y establecer la renovación automática de las autorizaciones, permisos y certificaciones”.

Castro pone como ejemplo la aprobación de una certificación ambiental y explica que la relación del titular del proyecto no solamente es con el Estado peruano, sino que precisamente la evaluación ambiental sirve para mejorar el proyecto, evitar daños significativos ambientales y garantizar los derechos de terceros. “Derechos del ambiente, derechos de los pueblos indígenas, agricultores, poblaciones vecinas. Es inconstitucional, es ilegal pretender que una demora del Estado se traslade a las personas, a las comunidades, al ambiente. Es inaceptable”, dice Castro.

“Lo que debe hacerse es fortalecer las capacidades estatales y una mejor eficiencia para que pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar un ambiente sano, limpio, saludable”, comenta Castro.

El ex viceministro también considera que esta medida “dificultaría significativamente las acciones de fiscalización y control ambiental a cargo, por ejemplo, de OEFA [Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental]”.

Castro también menciona que las estadísticas oficiales publicadas en la página web del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) indican que se ha mejorado significativamente el manejo de los plazos . “No hay que confundir el tiempo que toma el diseño de un proyecto de inversión dentro de los cuales están las cuestiones técnicas, financieras, económicas y también ambientales, con el tiempo que se toma el Estado desde la presentación del estudio».

El exfuncionario afirma que hay que tener en cuenta, además, que cuando hay demoras esto no solamente es atribuible al Estado, sino que también es atribuible a la mala calidad de los estudios ambientales que deben ser objeto de observación.

César Ipenza señala que este tipo de iniciativas muestra “una ignorancia tremenda de lo que implica la agenda ambiental y el respeto a espacios que como sociedad hemos decidido conservar o proteger”.

Ipenza critica que se piense, de manera errada, que la evaluación del impacto ambiental o la normativa ambiental están para impedir el crecimiento o la inversión del país. “En esa lógica pretenden sacrificar el marco normativo que ya de por sí tiene serias deficiencias y más bien seguir pensando que esto impide la inversión o que el crecimiento o la productividad en nuestro país». Más aún, dice, en un contexto en el que cada vez es más evidente que el poco control del Estado o la poca evaluación del impacto de las actividades «tiene efectos tremendos sobre la vida y la sociedad”.

*Imagen principal: la presidenta Keiko Fujimori confirmó que su gobierno buscará obtener facultades legislativas para modificar reglamentos del Estado. Foto: AP/Martín Mejía

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las serpientes son animales enigmáticos, su presencia genera temor y en términos bíblicos se las identifica con el mismo ‘demonio’. En cambio, en algunas culturas precolombinas, –en la mitología andina se la conoce como Amaru— la serpiente era una deidad que simbolizaba la sabiduría y expresaba el poder del mundo de abajo para regenerarse. Además, por la forma de su cuerpo, los pueblos indígenas la relacionan con los ríos y los flujos de agua.

Las serpientes también cumplen un rol central en la cadena trófica, pues son depredadores y presas a la vez. También son especies amenazadas y los principales peligros que enfrentan están la pérdida de su hábitat y la interacción con las personas, justamente por el temor que inspiran, lo que las convierte en víctimas de los humanos.

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En el Día Mundial de las Serpientes, que se celebra cada 16 de julio para despertar la conciencia y conocer la importancia ecológica de estas especies, Mongabay Latam presenta tres historias de investigadores que desde diferentes perspectivas estudian a estos animales. En Perú dos herpetólogos recorren lugares poco estudiados y áreas protegidas para rastrearlas. En Costa Rica, una veterinaria investiga el uso del veneno de la serpiente al mismo tiempo que se dedica a explorar en la salud de estos reptiles. Y en Argentina, un investigador que participó en la elaboración de la principal lista de serpientes en el país ahora las monitorea a través de equipos de radiotelemetría.

Perú: en busca de las serpientes para llenar vacíos de información

James William Ttito y Michel Gulman, investigadores del Instituto Peruano de Herpetología, recorren lugares poco explorados en Perú y áreas naturales protegidas para hacer inventarios biológicos y colectar ranas, lagartijas y serpientes. “Las serpientes han sido poco estudiadas, son poco conocidas y, muchas veces, nos encontramos con registros nuevos, nunca vistos en la zona que estamos visitando, especies que posiblemente estaban ahí, pero nunca nadie las había encontrado para la ciencia”, cuenta Gulman durante la conversación con Mongabay Latam.

“Serpientes hay prácticamente en todos lados. Lo que más las limita para conquistar un hábitat es el frío extremo”, comenta Gulman sobre estas especies y agrega que “los reptiles suelen ser endémicos”. Por eso, en Perú, donde abundan los bosques nublados, separados por cañones, y cordilleras, con cuencas que tiene su propio ecosistema de bosque geográficamente aislado, suele haber mayor especiación y potencial de descubrir especies nuevas.

Sus recorridos están llenos de sorpresas y de historias que los inspiran en su tarea. “Encontrar una serpiente en campo no es tan común. Si hacemos estudios con ranas y sapos, en una noche podemos encontrar cinco, seis, hasta diez, pero si queremos encontrar una especie de serpiente, en una noche encontraremos una o dos, en el mejor de los casos”, cuenta Ttito, quien también es investigador del Centro de Investigación Vertebrate de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y del Museo de Historia Natural de la misma universidad.

“Vamos a lugares donde hay vacíos de información, donde no se han hecho estudios herpetológicos”, agrega Ttito. Uno de los lugares recorridos recientemente por Ttito ha sido el Santuario Histórico de Machu Picchu, para ubicar anfibios y reptiles. “Ahí apareció una serpiente enigmática, llamada Oxyrhopus erdisii, que fue descrita en 1911”, durante la expedición de la Universidad de Yale, cuando Hiram Bingham llegó a Machu Picchu. “Es una serpiente super rara de ver y la hemos encontrado en una expedición de casi 20 días. Ese ejemplar para nosotros es muy valioso e importante”.

Ttito cuenta otra experiencia de un herpetólogo argentino que llegó a Perú con la esperanza de poder ver dos especies de serpientes: Bothrocophias microphthalmus y Bothrops Taeniatus. “Había pasado casi una semana de la expedición y apareció la Bothrops Taeniatus. El colega que tenía el sueño de ver esa serpiente se puso a llorar porque era su especie soñada y consiguió verla. Fue un momento lleno de emociones”, cuenta el herpetólogo peruano.

Los investigadores han realizado juntos algunas de las expediciones, entre ellas, un recorrido por el Parque Nacional Cordillera Azul; pero también hacen exploraciones por separado. Ttito ha viajado principalmente por los departamentos del sur de Perú, en los Andes amazónicos, así como por algunos lugares de la Amazonía; mientras que Gulman recorre principalmente los departamentos del norte peruano. “Yo soy de Piura y él [Ttito] es de Cusco, entonces, naturalmente, resulta más fácil explorar los lugares cercanos a tu zona”, comenta Gulman.

“Poco a poco estamos recorriendo varios lugares y para el siguiente año tenemos una expedición supergrande en Codo de Pozuzo, en la región de Huánuco”, agrega Ttito.

Mientras tanto Gulman acaba de participar en una larga expedición en el Parque Nacional Cerros de Amotape, en Tumbes. “Ha sido increíble para todos porque hemos promediado más de siete u ocho serpientes por noche”, comenta.

Ttito comenta otro aspecto del trabajo que realizan durante sus expediciones: el esfuerzo para que las personas de las localidades que recorren tengan un acercamiento y mayor conocimiento sobre las serpientes. “Las personas tienen mucho miedo y cualquier serpiente que ven, las matan”.

Gulman reafirma lo que dice su colega y menciona las dos principales amenazas para las serpientes. Uno de ellos es la interacción con los humanos “porque las matan, en todos lados, la gente tiene una imagen negativa de las serpientes, es un tema cultural, muy profundo y tiene una connotación religiosa porque la Biblia pone a la serpiente como un ser malvado”.

El otro riesgo es la pérdida de hábitat. “Es el mayor de los problemas”, dice Gulman. “En todos lados hay cierto nivel de pérdida de hábitat y eso afecta mucho más a las poblaciones de serpientes”. En ese sentido, menciona a la minería ilegal, la expansión ganadera, la tala y la expansión urbana como las principales causas de esta pérdida de hábitat.

Gulman explica que cuando encuentran una nueva especie para la ciencia es importante ponerle un nombre para que así pueda ser ubicada en una categoría de protección, “porque muchas de esas especies cuando se las encuentra ya están en situación vulnerable o en peligro de extinción, sobre todo si habitan en parches de bosques o en espacios reducidos por la deforestación”. “Queremos que por lo menos haya un registro de que existieron, porque muchas de estas especies se podrían extinguir antes de que se pueda hacer algo”, agrega Gulman.

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Costa Rica: en busca de los beneficios del veneno

A Natalia Montero Leitón le fascinan las víboras cascabeles. “Son demasiado curiosas y es un animal que cuesta mucho mantener en cautiverio, es un reto. Yo creo que ella conoce su potencial porque tiene un veneno muy fuerte, muy poderoso”, dice la médica veterinaria de fauna silvestre del Serpentario del Instituto Clodomiro Picado (ICP), de la Universidad de Costa Rica.

Aunque asegura que las cascabeles son animales tranquilos, también advierte que se deben manejar con mucho respeto. “Me parece un animal muy bonito, físicamente es precioso, un gigante noble, pero cuando se enoja, hay que darle su espacio”.

Quizá su fascinación por las serpientes empezó cuando de niña observó uno de estos animales subiendo un árbol. Como veterinaria, se ha dedicado a estudiar a los reptiles. “En Costa Rica tenemos 147 especies de serpientes en total, de las cuales 25 son venenosas”, aclara.

Montero cuenta que en el instituto donde trabaja se investiga la producción de sueros antiofídicos que se usan como antídotos ante la mordedura de una víbora, es decir, una serpiente venenosa. En este proceso, comenta Montero, se analizan, por ejemplo, combinaciones de venenos que pueden potenciar la eficiencia del suero. “Podemos usar un grupo de tres especies, por ejemplo, para elaborar el suero y estudiar qué combinaciones de venenos nos sirven para cubrir más especies en caso de un accidente [mordedura]. Así vamos mejorando el antídoto”.

Pero este veneno también es útil en medicina. Uno de estos usos ocurre en los fármacos para controlar la presión arterial. “En Brasil, por ejemplo, muchos de los productos que se usan para controlar la presión se elaboran en base a una toxina que tiene el veneno de las Bothrops [género de serpientes venenosas]. Se produce de manera sintética en el laboratorio y lo aplican para bajar la presión”, comenta la veterinaria.

Montero agrega que en el Instituto Clodomiro Picado también se está estudiando el veneno de las serpientes para la industria cosmética, además de que se investigan las propiedades físicas de sus pieles.

Las investigaciones de Montero, sin embargo, están principalmente enfocadas en la salud de las serpientes. La investigadora cuenta que cuando realizaba sus investigaciones para su tesis del sistema reproductor de las serpientes logró apreciar una torsión uterina en una hembra. Cuando la hembra se apareaba y recolectaba el esperma, su cuerpo tenía la capacidad de hacer una torsión del útero para almacenar el esperma durante años. “Es impresionante. Imagínese lo fuerte que tiene que ser la torsión para que no escape un espermatozoide, pero al mismo tiempo que le permita al órgano seguir llevando sangre y no morir el tejido”.

“Son un reto porque son pacientes muy difíciles, no solo por su carácter y porque son venenosas, sino porque son animales muy poco expresivos y es difícil darse cuenta de que el animal está enfermo”, comenta Montero sobre sus estudios con las Bothrops.

Montero explica que con estas especies muchas veces solo pueden darse cuenta que algo les sucede cuando se ve un signo clínico mínimo, “como una postura diferente, un cambio de temperamento, algo mínimo”. señala la veterinaria. Sin embargo, al hacer los análisis, descubren que la situación puede ser crítica. “A veces no entendemos cómo el animal está vivo”, comenta.

“Son increíblemente resistentes ante cosas que ningún otro animal aguantaría. Uno entiende que es parte de su evolución”, explica Montero y cita un ejemplo de cuando una serpiente “tenía un puntito chiquito” y la atendieron con antibióticos, pero el animal murió. “A la hora de hacer la autopsia vimos que el animal tenía un absceso en la parte interna que le había perforado el hígado. Me preguntaba cómo ha estado vivo. Había estado sufriendo toda esta enfermedad durante mucho tiempo”.

El Serpentario del Instituto Clodomiro Picado también tiene una función social, dice Montero, que se concreta a través de charlas y capacitaciones en la comunidad, en las instituciones, escuelas, con el fin de prevenir los accidentes con serpientes.

También se habla sobre la coexistencia de las personas con las serpientes para evitar que las maten. “Se ha hecho mucho trabajo de sensibilización, se hizo incluso una aplicación para identificar serpientes venenosas y algunas de las más comunes. Y estamos viendo un cambio, las personas nos llaman y preguntan por las serpientes, se interesan en estos animales. ‘¿Qué puedo hacer? No la quiero matar’, nos dicen”.

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Argentina: una lista de serpientes y nuevas investigaciones

En 2021, un equipo de tres herpetólogos argentinos elaboró una lista de las serpientes registradas hasta ese momento en el país. Los datos que mostró el estudio correspondían a “ocho familias y 129 especies que habitan en el territorio argentino”, según la publicación.

“Era una lista de todas las serpientes de la Argentina que existían o que estaban descritas hasta esa fecha, porque lo que sucede en biología es que es muy dinámico el asunto de las especies y con el tiempo se van describiendo más especies o surgiendo cambios en las clasificaciones de los animales”, comenta a Mongabay Latam David Gustavo Vera, uno de los investigadores que realizó el estudio. “En 2023 [dos años después de la publicación] se describieron una o dos especies más”, recuerda.

La investigación se centró principalmente en la revisión de otros estudios y artículos científicos, experiencias de ciencia ciudadana y el trabajo de campo de los propios investigadores. “Trabajamos mucho con las colecciones biológicas de los museos en Argentina para recopilar esa información”, recuerda Vera, quien actualmente es docente investigador en el Museo de la Plata, en Argentina.

La investigación realizada hace cinco años, dice el herpetólogo, actualmente sirve a los investigadores para tener un punto de partida, por ejemplo, al seleccionar una especie de estudio. “Un trabajo de estas características con serpientes no se hacía por lo menos hacía unos 20 años o más”, agrega Vera.

En la actualidad, las investigaciones de Vera se han centrado en una especie en particular, la Bothrops alternatus, conocida como víbora de la cruz o yarará grande. “Es una especie de importancia médica que causa bastantes accidentes físicos [mordeduras] en el país. Me interesa conocer los aspectos de zoología, es decir, dónde se encuentra, qué tipo de hábitat usa, porque todo está asociado a la problemática de los accidentes”.

En sus investigaciones, Vera también utiliza la radiotelemetría, una técnica usada para monitorear “por dónde se mueven, cuánto se mueven, qué área de actividad tienen, en qué rango se pueden desplazar”, comenta Vera. “Lo que busco es tratar de predecir cuánto podría moverse un individuo en la naturaleza para poder establecer algunas medidas de prevención o zonas más probables de encuentro con estos animales en mi área de trabajo, los pastizales de la provincia de Buenos Aires”, agrega.

“Hace dos años sacamos una publicación corta sobre el primer caso en Argentina de la colocación de un radiotransmisor a una serpiente venenosa”, menciona sobre sus investigaciones. Los radiotransmisores, explica Vera, son aparatos similares a una pila doble AA, que emite ondas de radio, cuya señal se recoge en equipo receptor similar a una radio antigua conectada a una antena.

En el caso de las serpientes, estos transmisores se colocan dentro del cuerpo. Vera dice que resulta más complicado en comparación con otros animales, como, por ejemplo, los mamíferos, a los que se les colocan los radiotransmisores de manera externa, acoplados a un collar, y también las aves y lagartijas, a las que se les pone una especie de arnés alrededor del cuerpo.

En cambio, como las serpientes no tienen extremidades, es mucho más complicado, porque si se coloca externamente corre riesgo de que se desprendan o que afecte sus movimientos, pues “se pueden enganchar la antena del transmisor con algo del ambiente como pastos, arbustos, roca y desprenderse”. Por tanto, en el caso de las serpientes, el método que existe “es hacerle directamente una intervención quirúrgica”. “Se abre una pequeña parte del cuerpo y se introduce el radiotransmisor, luego se cierra y se les deja en recuperación para luego liberarlas en el campo”. Lo particular del método es que una vez que se concluye el estudio, se debe hacer una nueva intervención para retirar el aparato, por tanto, se debe capturar dos veces a la misma serpiente.

En una primera investigación liderada por Vera —que lleva por título Primera experiencia de implantación de radiotransmisores en la víbora Bothrops alternatus— se instalaron radiotransmisores a tres serpientes. “Fueron individuos de prueba, pero seguimos investigando con más individuos en campo para poder obtener más información y sacar conclusiones”, comenta con relación a una segunda investigación que aún no ha sido publicada.

Sin embargo, ya existen algunos datos. “Tuvimos pistas de cuánto se pueden mover en un año y cuáles son las estaciones en las que más se mueven. Como son animales que regulan la temperatura corporal con el ambiente, dependen mucho de la estacionalidad de la zona donde viven”, comenta y aclara que estos animales “se mueven más en primavera y en verano, mientras que en otoño baja la actividad y el invierno lo pueden pasar sin moverse”.

En el Museo de la Plata, comenta Vera, también se investiga la ecología de las especies y su relación con el cambio climático. “Nos llama la atención indagar sobre cómo van a responder los animales al cambio climático”.

Estas investigaciones están a cargo de Diego Di Pietro, otro de los herpetólogos que participó en la investigación de 2021. Una de las recientes publicaciones de Di Pietro —Impactos del cambio climático en la herpetofauna endémica y amenazada de los pastizales pampeanos en Argentina—, de enero de 2025, señala que “el conocimiento detallado sobre los impactos del cambio climático en la mayoría de las especies de la región neotropical es incipiente y la herpetofauna de los pastizales pampeanos no es la excepción”.

El documento explica que para esta investigación se modelaron los hábitats adecuados de nueve especies endémicas de anfibios y reptiles que habitan los pastizales pampeanos de Argentina, bajo las condiciones climáticas actuales y escenarios futuros de cambio climático. Lo que encontraron fue una pérdida significativa tanto en las superficies de hábitat adecuadas como en las poblaciones conocidas de la mayoría de las especies estudiadas.

“Estamos investigando si las especies van a poder sobrevivir en el tiempo, de acá a 100 años; si van a tener una mayor distribución; si el cambio climático va a favorecer que se expandan en el país o si va a acotar su distribución”, finaliza Vera.

*Imagen principal: el Día Mundial de las Serpientes busca despertar la conciencia y conocer la importancia ecológica de estas especies. Foto: cortesía Natalia Montero.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cecilia Aguilera habla pausado, pero con firmeza. “Ha sido una linda jornada, dos días muy bonitos dentro del dolor que también vivimos en nuestros territorios”, dice la lideresa diaguita, de la Tercera Región de Chile, que llegó a Lima para el Encuentro Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales.

Junto a Aguilera está sentada Marcela González Yanqui, lideresa de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno, en Perú. “Soy mujer quechua-hablante”, dice para dar un saludo en quechua. Entre el grupo de defensores ambientales reunidos en esa mesa para conversar con Mongabay Latam también están Ezequiel, del pueblo indígena tremembé, de Brasil; y Yuvelis Morales, una de las seis ganadoras del Premio Goldman 2026 y representante de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

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La defensa del territorio, la criminalización y la presencia de actividades extractivas en sus tierras fueron los temas que se iban repitiendo en la conversación, con diferencias y semejanzas en cada país. “Los defensores en estos países somos perseguidos por defender el territorio, la vida, la permanencia”, dice Ezequiel para abrir el diálogo.

“Hemos compartido varias experiencias, tenemos en común muchas cosas, el extractivismo, la trata de mujeres, el feminicidio, las desapariciones forzadas“, agrega Aguilera sobre los temas que se fueron presentando en el encuentro que reunió a 40 defensores de cinco países sudamericanos (Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) los días 27 y 28 de mayo. Los representantes de Bolivia, que también estaban invitados a la cita, no pudieron asistir por los conflictos sociales y políticos en el país.

La reunión no solo fue un espacio para compartir experiencias, sino también para establecer una red latinoamericana de coordinación y protección de los defensores. “Lo que recojo es que el tejido social es el único que siempre va a avanzar, el tejido social es el que nos va a cuidar y el que nos va a proteger”, afirma Aguilera. La defensora agrega que estas instancias internacionales les permiten conocerse, generar contactos, crear en conjunto. “Siempre pienso y creo que si Latinoamérica se uniera contra el extractivismo lograríamos algo”, sostiene.

En la declaración final, los participantes expresaron su solidaridad con diversas comunidades que actualmente enfrentan conflictos socioambientales y procesos de criminalización, señaló CooperAcción, institución que organizó el encuentro, en un comunicado difundido luego de la cita.

CooperAcción también afirmó que “el encuentro concluyó con un llamado a los Estados de la región para fortalecer los mecanismos de protección existentes, garantizar la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios y reconocer el papel que cumplen quienes trabajan en la defensa del ambiente”.

Las amenazas para los pueblos indígenas

“La invasión de tierras y territorios para arrebatarnos nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras costumbres en todos los países son similares”, comenta Ezequiel, de Brasil. ”En cada país hay alguien que defiende, alguien que protege, alguien que lucha, pero no sabemos cuánto tiempo más viviremos, cuánto tiempo más lucharemos, porque cada día nos persiguen”, asegura el defensor brasileño.

El líder indígena cuenta su experiencia personal para describir lo que se vive en los territorios indígenas de Brasil. “Toda mi familia está siendo procesada por la lucha por el territorio. En 2014 estuve fuera del territorio durante meses porque me amenazaron, en ese momento era muy joven”, recuerda.

El último informe presentado por Global Witness sobre la situación de los defensores ambientales a nivel global señala que Latinoamérica se mantiene como la región con más asesinatos de personas defensoras en el mundo. De acuerdo con este reporte, al menos 120 personas han sido asesinadas o desaparecidas en Latinoamérica durante 2024. Esta cifra representa el 82 % de las agresiones a nivel global.

A nivel regional, Colombia lidera este registro con 48 casos. En segundo lugar está Guatemala, con 20 asesinatos en un año. México ocupa el tercer sitio con 18 asesinatos y una desaparición, seguido de Brasil con 12 homicidios de defensores ambientales. En la lista continúa Honduras con cinco casos, Nicaragua y Perú con cuatro cada uno, Ecuador registró tres personas defensoras asesinadas; mientras que Venezuela, Argentina, Chile y República Dominicana reportaron un caso por país.

“Con este encuentro hemos evidenciado la grave crisis de derechos humanos que supone para nosotros ser defensores, líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos y medioambiente. Y esta crisis se agrava en un contexto extractivista”, complementa Yuvelis Morales, de Colombia. “Vemos como nuestros territorios hoy siguen siendo territorios de sacrificio, como las comunidades siguen siendo sacrificadas, contaminadas, asesinadas, desplazadas y violentadas de todas las maneras posibles”, agrega la ganadora del Premio Goldman 2026.

Morales también habla de la defensa territorial contra el fracking, una técnica utilizada para extraer gas natural y petróleo de formaciones rocosas profundas. “Es una técnica extrema porque se necesita mucha energía y por que también utiliza grandes cantidades de agua, químicos y aditivos que se filtran fácilmente en los humedales subterráneos, contaminan acuíferos y también el suelo”, sostiene la lideresa.

La lideresa colombiana afirma que los “proyectos extractivistas” que se establecen en los territorios indígenas “incurren en transgresión a los derechos humanos, hacia las comunidades y sus liderazgos”.

Morales pone como ejemplo lo que sucede en su región, en Magdalena Medio, un territorio donde en 2020 se estableció por decreto la realización de proyectos pilotos de investigación usando la técnica de fractura hidráulica, más conocida como fracking. “Hemos visto en Colombia cómo hablar de las situaciones particulares de los territorios respecto a proyectos, en nuestro caso a proyectos de fracking de petróleo y gas, supone de inmediato un riesgo inminente a la vida”, agrega.

Mientras habla de lo que sucede en su país, Morales pone énfasis en los escenarios adversos en materia de derechos humanos y medioambiente que enfrentan “las juventudes y las niñeces” en los territorios indígenas de Colombia. “No tenemos la posibilidad de respirar un ambiente sano, no tenemos la posibilidad de respirar un aire limpio y, mucho menos, y cada vez más crítico, el acceso al agua potable. Sin embargo, los gobiernos siguen legislando a favor del extractivismo, entregando concesiones de agua e incluso privatizando el agua”.

Marcela Gonzáles, de Puno, Perú, también habla de las empresas extractivas que afectan a los territorios. En su caso, la gran minería. “Tenemos la agricultura familiar, tenemos la ganadería y con estas minas, toda la polvareda se levanta, todito el pastizal se empolva y  eso nos está contaminando a nosotros”, reclama.

La situación que describe implica impactos en la salud, en la alimentación y en la economía de los pueblos ubicados cerca de las minas en el sur de Perú. “Nosotros comíamos los peces, así como se come del mar, comíamos del lago, teníamos el carachi, el mauri, el suche, el pejerrey. Hoy no podemos comer porque está contaminado. Muchos hermanos, hermanas, niños están con metales pesados en el cuerpo, con arsénico”.

La lideresa también cuenta que algunas lideresas y defensoras tienen miedo de hacerse las pruebas para determinar si tienen metales pesados en su organismo. “Tengo miedo de que me digan: ‘Tú tienes metales pesados’ y me enferme”, dice la lideresa

“Me da mucha pena, de verdad. ¿Qué vida nos están dando? Saben que el Estado debe cuidarnos, que la policía debería cuidarnos, pero salen en nuestra contra”, cuestiona la lideresa con la voz entrecortada. “Hablar para mí de este tema es muy doloroso”, dice mientras su compañera chilena la abraza para consolarla.

Una red latinoamericana

En conversación con Mongabay Latam, Isaías Quinatoa, dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador (Ecuarunari), señaló que “hasta el momento tienen el registro de por lo menos 300 personas criminalizadas por defender los territorios y proteger el agua en Ecuador”.

“Durante esta reunión, construimos un mecanismo de estrategias, pero también trazamos un mapa de los desafíos que podemos abordar colectivamente en todos los países y cómo cada país puede contribuir a esta red de comunicación”, dice el líder indígena de Brasil sobre el trabajo para establecer una red de apoyo regional para los defensores en Latinoamérica. “Hoy, en el cierre final, hemos visto que necesitamos unirnos para fortalecernos, porque existe una jerarquía muy grande de dominio de poder” agrega.

Para la lideresa chilena, el encuentro “ha sido una linda jornada” en la que se “han llenado de amor y de cariño, porque siempre decimos que el autocuidado va entre nosotros mismos,  porque los Estados no nos protegen, no nos cuidan”. Por tanto, su apuesta es por un tejido social de cuidado entre defensores y defensoras. “El día de mañana, si tenemos que escapar de nuestros países, están las redes. Necesitamos asilos políticos también en los países latinoamericanos, no hablemos solamente de Sudamérica, hablemos de Latinoamérica”, dijo.

Desde Ecuador, la lideresa Erika Quilumba, defensora ambiental del pueblo kitu kara, comentó a Mongabay Latam que entre los asistentes al encuentro se acordó establecer una red latinoamericana. Comentó también que en Ecuador ya manejan una red de defensores que les permite saber lo que sucede en otras regiones. “Por más que yo sea de Quito, sé lo que está pasando en Loja y en otras provincias como Cotopaxi con la defensa del territorio. Eso nos permite estar en constante apoyo y ayuda de los defensores. Por eso aquí hemos acordado que ese tejido sea internacional”, explicó.

“Una de las cosas que consideramos importante es el tema de las redes para saber qué está pasando exactamente en los otros países. Todo lo estatal, los gobiernos se manejan a través de redes”, comenta la lideresa y señala que esta conexión puede ayudar a quienes están enfrentando situaciones de crisis en otros países.

Quilumba cita el ejemplo de Bolivia, donde llevan más de un mes de movilización social. “Nosotros decíamos, no estamos en Bolivia, pero está pasando lo mismo que hemos pasado en Ecuador, lo mismo que pasa aquí en Perú. Entonces, el apoyo debe ser a través de las redes. Por eso hemos hecho un compromiso de tejer redes a nivel internacional con la intención de buscar el cuidado entre nosotros”.

*Imagen principal: la reunión fue un espacio para establecer una red latinoamericana de coordinación y protección de los defensores. Foto: cortesía CooperAcción.

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Los cambios en el clima están modificando la vida en el planeta. Especies de plantas y animales migran de lugares donde las temperaturas se están elevando para buscar espacios con las condiciones adecuadas para su sobrevivencia. Esta sucede en la Amazonía y también en los Andes; en los bosques y las montañas; en los ríos y los lagos.

No son cambios en el futuro, sino situaciones que se presentan en el presente. Es por eso que este año el Día Mundial del Medioambiente, que se celebra el 5 de junio, se centra en el cambio climático, en las señales urgentes que envía el planeta y en las respuestas que estamos dando.

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En este día, Mongabay Latam ofrece una mirada a los aportes que se están haciendo desde la ciencia para investigar y entender cómo influye el cambio climático en Latinoamérica. Una investigación sobre corredores climáticos en la Amazonía, otra sobre los impactos del cambio climático en peces de los ríos de México y un análisis de cómo los incendios se han intensificado en la Patagonia argentina por el cambio climático son las tres experiencias que presentamos.

Corredores climáticos en la Amazonía

Los cambios del clima en los ecosistemas llevan a especies de plantas y animales a buscar otros espacios en los que puedan adaptarse para sobrevivir. En la Amazonía, muchas de estas migraciones ocurren desde las zonas bajas de la selva hacia gradientes más elevadas, hacia las montañas.

Estos movimientos de adaptación llevaron a un grupo de investigadores de Perú, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos —con apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore— a analizar los denominados corredores resilientes al cambio climático o corredores climáticos, es decir, espacios geográficos que conectan hábitats.

“Las plantas y animales amazónicas necesitan moverse para evitar el impacto del cambio climático y su válvula de escape son bosques intactos y conectados que suben desde elevaciones bajas a elevaciones más altas”, explica a Mongabay Latam Corine Vriesendorp, directora de Ciencia en Conservación Amazónica (ACCA) y una de las autoras de la investigación.

El estudio Evaluación a escala regional de corredores resilientes al clima y conectividad en la Amazonía, publicada en la revista científica Global Ecology and Conservation, permitió determinar que en la Amazonía occidental, principalmente en Perú, se concentran los corredores naturales más importantes para conectar la Amazonía con los Andes. Estos son territorios clave para la resiliencia climática de uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

También se identificaron áreas importantes en el este de Ecuador, el suroeste de Colombia, el norte de Bolivia, el norte de Brasil, el centro-norte de Guyana y la mayor parte de Surinam. “El Escudo Guayanés, en la Amazonía septentrional, representa otra región que puede contribuir a la resiliencia climática, importante para especies con menor capacidad de dispersión que no pueden alcanzar los Andes”, afirma el estudio.

En total se lograron determinar más de 2200 rutas potenciales de conectividad ecológica entre áreas protegidas amazónicas y refugios de altura, además de 10 corredores prioritarios aún no protegidos.

Vriesendorp señala que existe evidencia de que hay árboles subiendo la montaña en el Valle de Kosñipata, llamado “tierra de las nubes” y ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manu, en el sureste de Perú. Lo mismo ocurre con especies de árboles en el norte de Colombia. También menciona un estudio que demuestra que las aves se están moviendo hacia arriba en el Cerro de Pantiacolla, en Perú. “Es un área de investigación activa donde los estudios a largo plazo, en áreas bien conservadas, son los que más nos iluminan en este momento”, comenta.

Sin embargo, estas rutas están amenazadas principalmente por la deforestación asociada con carreteras, actividades extractivas como gas, petróleo, minería y agricultura. “Actualmente la presión de petróleo y gas es más fuerte en la parte norte de la cadena andina, Colombia y  Ecuador, mientras que la minería es más fuerte en la parte sur de la cadena andina, Perú y Ecuador, igual que en el Escudo Guayanés, Venezuela, Guyana y Surinam”, agrega la experta.

Vriesendorp dice que para que se puedan conservar esta áreas se deben reconocer los bosques que cubren gradientes altitudinales [cambios progresivo en las condiciones ambientales (temperatura, presión, humedad) y en la biodiversidad a medida que varía la altura sobre el nivel del mar] como zonas prioritarias para la conservación, trabajar con la población local para entender la mejor forma de proteger esos bosques, lograr el establecimiento de áreas nuevas de conservación y manejo de esos bosques y restaurar bosques en áreas claves para la conectividad altitudinal.

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Enfrentando el fuego en la Patagonia

Los incendios registrados en la Patagonia este año han sido los peores en seis décadas, según un informe de la organización Greenpeace. Este reporte indica que entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el fuego destruyó 60 845 hectáreas de bosques, principalmente en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, en el sur de Argentina. Entre las zonas afectadas por el fuego se encuentra el Parque Nacional Los Alerces, un área protegida que alberga árboles milenarios, algunos con una antigüedad de hasta 3000 años.

“Los incendios siempre estuvieron en la Patagonia, son ecosistemas en los cuales el fuego siempre estuvo presente. Sin embargo, desde hace 20 ó 25 años lo que estamos observando es un comportamiento distinto de los incendios. Se están transformando en más severos, en más recurrentes”, señala a Mongabay Latam Javier Grosfeld, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en la Patagonia Norte.

Grosfeld afirma que hay una serie de drivers climáticos -factores que modifican el clima- que explican el comportamiento del “fuego excepcional que estamos viendo en los últimos años”. Uno de ellos es la disminución de las precipitaciones, lo que significa que hay un déficit hídrico sostenido desde hace unos 20 años, explica el experto. Esto, sumado al aumento de las temperaturas en la Patagonia ocasiona la desecación del material orgánico combustible que se encuentra en los bosques y favorece la propagación extrema del fuego. “Lo que está pasando es que tenemos temporadas de incendio más largas, con olas de calor más largas que afectan el comportamiento del fuego”.

Otro driver importante, comenta Grosfeld, es que desde el año 2000, las probabilidades de tormentas eléctricas, disparadoras de los incendios naturales, que antes eran excepcionales en Patagonia Norte, aumentaron unas 70 veces. “Entonces, tenemos menos agua, más calor y más tormentas eléctricas”, argumenta.

“Lo que pasa en la Patagonia es una combinación entre el cambio climático y el factor humano porque tenemos mucha más gente viviendo en el bosque y eso también desencadena la complejidad de los incendios forestales en la Patagonia Norte”, agrega Grosfeld.

Para enfrentar los incendios que se agudizan por el cambio climático, Grosfeld considera que una iniciativa importante sería establecer un observatorio de los fuegos del sur, “un lugar de aprendizaje, de transferencia de conocimientos y de reflexión sobre el proceso que trae el cambio climático respecto a los incendios forestales en la Patagonia”.

Bajo esa perspectiva, el experto señala que desde los sectores académicos, científicos, organizaciones ambientalistas y activistas por el medioambiente están promoviendo “una especie de observatorio-foro-escuela” que permita canalizar las experiencias. “Es un trabajo a largo plazo. Aún no hay una organización que nos unifique, pero sí hay muchas voces. Cooperativas, partidos políticos, sindicatos se han acercado al tema del fuego porque los incendios empezaron a tocar a todos”, reafirma el experto.

Grosfeld también considera fundamental la “detección temprana del fuego” así como el “ataque inicial proactivo”. “Llegar rápido y poderlo contener a tiempo es fundamental”, agrega. Sin embargo, Grosfeld también menciona los desafíos que se presentan para una respuesta rápida. Una de ellas es la gran extensión de la Patagonia y la otra es la atención en las zonas de interfase, es decir, en el espacio entre el bosque y las ciudades, donde también hay viviendas establecidas.

En estos casos, dice el experto, se debe manejar el bosque, reducir la vegetación que se pueda convertir en combustible para el fuego. “Se deben despejar las vías de acceso, contar con reservorios de agua en el territorio para que cuando lleguen los bomberos no se queden sin agua. Estamos hablando de superficies extensas. Todo eso requiere inversión que históricamente no se ha hecho. La prevención es un tema a largo plazo y si no se empieza siempre vamos a estar tarde”, comenta Grosfeld. “La discusión actual pasa por tener comunidades más resilientes, mejor preparadas para los incendios forestales, con mayor prevención y eso es lo que está exigiendo la sociedad”, concluye el experto.

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Los peces en México

“México alberga 677 especies nativas de peces de agua dulce, que además tienen un alto endemismo y muchas de ellas sostienen la mesa y el ingreso de familias enteras de pescadores artesanales”, señala el biólogo Rafael Sebastián Muratalla-Miranda, autor principal de la investigación Peces de agua dulce mexicanos: identificación de prioridades de conservación y áreas de alto riesgo para la pesca en el contexto del cambio climático.

El cambio climático representa una amenaza significativa para la biodiversidad de agua dulce, dice el estudio. Por eso, la conservación de estos ecosistemas, así como la seguridad que se basa en estas especies pueden estar en riesgo. “La vulnerabilidad de los peces de agua dulce al cambio climático podría ser más pronunciada que la de los animales terrestres, ya que su movimiento a nuevas áreas no garantiza necesariamente que habrá condiciones ambientales adecuadas disponibles”, señala la investigación.

La investigación realizada por Muratalla-Miranda junto con otros tres científicos —Luis Fernando Del Moral-Flores, Ángela P. Cuervo-Robayo y Carolina Ureta— aborda estas dos premisas con el fin de colaborar en la planificación de la conservación y a la vez conocer dónde se encuentran en mayor riesgo estas especies acuáticas y las comunidades que dependen de la pesca de esas especies.

Para lograrlo, reunieron en una sola base de datos información taxonómica, ecológica y pesquera de las especies nativas de importancia económica y nutricional de peces de agua dulce en México, explica el autor a Mongabay Latam. “Trabajamos con registros históricos de las últimas siete décadas que abarcan la mayoría de los cuerpos de agua de nuestro país”, afirma Muratalla-Miranda, quien realizó esta investigación como parte de su maestría del Posgrado en Ciencias Biológicas en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional de México (UNAM).

“Al momento de buscar la literatura nos dimos cuenta de que casi nadie había evaluado cómo el cambio climático iba a reconfigurar la riqueza de peces de importancia alimentaria en el territorio. Por tanto, modelamos 54 especies de esta importancia bajo escenarios de cambio climático”, agrega.

Cuando realizaron el análisis, encontraron que tenían mayor información en zonas específicas del centro, occidente y sur del país. “Estados como Tamaulipas, Veracruz y Chiapas han sido zonas bastante monitoreadas”, comenta el investigador. Los resultados de las modelaciones con esas especies determinaron que estos lugares concentran una riqueza mayor en comparación con otras zonas. En cuanto a los riesgos, descubrieron que estos se concentran en el centro y en el occidente del país.

Muratalla-Miranda comenta que la investigación ha permitido saber que “la amenaza del cambio climático no es uniforme en todo el país”. Explica que hay especies que se denominan tropicales o euritermas, es decir, que toleran un rango amplio de temperaturas, que pueden expandir su distribución hacia el norte del país o hacia mayores altitudes.

Cita como ejemplo especies como Eugerres plumieri y Chirostoma sphyraena, este último conocido como charal, uno de los peces emblemáticos del país, “peces que pueden ganar más del 400 % de área de distribución en los escenarios de cambio climático con condiciones más extremas”.

Por otro lado, están las especies de aguas frías o las especies endémicas, que se encuentran  sobre todo en los estados de Michoacán y Jalisco, cuya distribución puede tener contracciones severas que van del 40 % al 86 % de su área con idoneidad climática. “Ahí tenemos un matiz crítico que sería que los peces de agua dulce son vulnerables porque no pueden simplemente nadar hacia un clima mejor, ya que muchos están atrapados en un cuerpo de agua o en una cuenca”. Si a ello se suma la presencia de presas en muchas de estas cuencas que cortan o impiden el paso de peces, así como la fragmentación de los ríos que se puede dar por cambios de uso de suelo, estos peces van a tener menos posibilidad de moverse, sostiene.

“Bajo el supuesto más estricto de los peces sin dispersión, las pérdidas de idoneidad climática llegan hasta un 73 %, lo que quiere decir que muchos hábitats actuales podrían volverse climáticamente inviables para las especies”, comenta el investigador.

Carolina Ureta, investigadora por México en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional de México (UNAM) y coautora de la investigación, explica que en el estudio evaluaron la idoneidad climática de los ecosistemas teniendo en cuenta variables atmosféricas como precipitación y temperatura. De esta forma identificaron las zonas prioritarias para la conservación y las zonas de riesgo para las especies.

También determinaron si las zonas donde hay una mayor diversidad se superponen con áreas naturales protegidas o están fuera de ellas, en este último caso consideraron que estos espacios sin categorización pueden ser propuestas como sitios prioritarios para la conservación.

*Imagen principal: un estudio identificó los corredores naturales más importantes para conectar la Amazonía con los Andes. Foto: cortesía Conservación Amazónica (ACCA).

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Dumpling sobrevivió al comercio internacional de fauna silvestre, al encierro en una bodega industrial de Orlando y al colapso de Sloth World, un proyecto turístico que pretendía exhibir perezosos sudamericanos como atracción interactiva en Florida, Estados Unidos. No sobrevivió a las secuelas.

El 5 de mayo de 2026, el perezoso de dos dedos murió bajo cuidados intensivos en el Central Florida Zoo, convirtiéndose en el tercer ejemplar fallecido desde el traslado de los 13 animales sobrevivientes al zoológico. Antes habían muerto Bandit y Habanero, este último sacrificado por veterinarios tras el deterioro irreversible de su salud. Las necropsias determinaron que la causa de muerte de los tres perezosos fue la emaciación, es decir, desnutrición extrema.

Cuando los perezosos llegaron como “donativo” de la empresa al zoológico el pasado 24 de abril, varios presentaban deshidratación, bajo peso y problemas gastrointestinales severos. Algunos apenas reaccionaban. Durante semanas, los animales habían permanecido dentro de una bodega industrial que, según un reportaje del medio estadounidense Inside Climate News, no contaba con agua corriente ni electricidad estable.

Un reporte de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) señala, además, fallas constantes en los calefactores que mantenían con vida a los perezosos, especies altamente sensibles al frío.

Estas tres muertes son apenas una parte de un caso mucho mayor. Documentos estatales y reportes veterinarios vinculan más de 50 muertes de perezosos al fallido proyecto Sloth World, que importó ejemplares silvestres desde Perú y Guyana —país del que se sabe que provenía la mayor cantidad de perezosos— con permisos oficiales.

Sloth World cerró definitivamente sus puertas el 24 de abril, se declaró en bancarrota y el caso enfrenta ahora una investigación criminal que expone las consecuencias del comercio y exhibición de fauna silvestre en Estados Unidos.

En este contexto, especialistas en conservación advierten que lo ocurrido en Florida no es un hecho aislado ni excepcional, sino el resultado previsible de un sistema regulatorio fragmentado.

“Básicamente no hay regulaciones. Los perezosos pueden ser sacados de su hábitat natural, enviados a los Estados Unidos y mantenidos en condiciones que no son apropiadas para su supervivencia y eso es completamente legal”, asevera Rebecca Cliffe, fundadora y directora de The Sloth Conservation Foundation (SloCo) en Costa Rica, en entrevista con Mongabay Latam.

Para Cliffe y Sam Trull, cofundadora y directora ejecutiva de The Sloth Institute (TSI), organizaciones dedicadas a la investigación, rehabilitación y conservación de perezosos en Centroamérica, lo ocurrido en Florida no fue un accidente. Ambas organizaciones habían lanzado una campaña para alertar sobre el proyecto desde enero de 2026.

“La mayoría de estos perezosos provenían de Guyana y algunos de Perú. En estos países existe una cuota anual que permite la captura, exportación y venta comercial de perezosos, por lo que es algo totalmente legal”, explica Cliffe. “Por lo que sabemos hasta ahora, las autoridades no estaban al tanto de la altísima tasa de mortalidad de los perezosos que se exportan”.

Mongabay Latam solicitó entrevistas al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en Perú y a la Comisión de Conservación y Gestión de la Vida Silvestre de Guyana (GWCMC), autoridades responsables de la protección, manejo y uso sostenible de la fauna silvestre en ambos países. Aunque se estableció contacto con Serfor, al cierre de esta edición, el organismo no había respondido.

La GWCMC, por su parte, respondió vía correo electrónico: “Estamos al tanto de las preocupaciones planteadas en relación con el caso Sloth World. Sin embargo, los permisos y licencias emitidos por la GWCMC únicamente facilitan la exportación de perezosos y otras especies silvestres desde Guyana. Nuestra responsabilidad es asegurar que la fauna silvestre que sale del país esté acompañada de los permisos necesarios y sea transportada bajo condiciones aprobadas. No tenemos jurisdicción sobre las condiciones de importación en los países de destino y, por lo tanto, no tenemos control sobre el destino de la fauna silvestre exportada una vez que llega al país de importación”.

Un comercio legal con escasa supervisión

Para las organizaciones The Sloth Conservation Foundation (SloCo) y The Sloth Institute (TSI), el caso de Sloth World no representa una anomalía aislada, sino el resultado predecible de un sistema de comercio y exhibición de fauna silvestre que opera bajo permisos formales, pero con escasa supervisión real. Ambas organizaciones advierten que el modelo de captura, transporte y cautiverio somete a estos animales a niveles extremos de estrés fisiológico y vulnerabilidad.

“Obtener un permiso de la FWC no es un proceso complicado”, dice Trull. “Es como llenar un formulario en línea y probablemente pagar una tarifa simbólica. Es decir, no tienes que ser un experto ni saber lo que estás haciendo”. Según explica, los permisos emitidos en Estados Unidos autorizan la importación de perezosos sin inspecciones previas de instalaciones ni requisitos estrictos sobre su manejo y cuidado para su bienestar.

“Me pregunto, ¿para qué tener el permiso? Claramente no significa nada, solo que cumpliste con algunos trámites legales sencillos, como presentar tu declaración de impuestos”, argumenta Trull. La especialista señala que los primeros reportes sobre Sloth World llegaron a través de redes sociales, cuando la publicidad del sitio se hizo viral y los seguidores de las organizaciones comenzaron a cuestionar la veracidad y la ética del proyecto.

A partir de allí, ambas organizaciones comenzaron a investigar el caso junto a periodistas. Cuando los primeros documentos salieron a la luz, se enteraron de que las primeras muertes de los perezosos habían ocurrido mucho antes, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

“Así nos enteramos de que la FWC realizó una inspección en agosto de 2025. Fue entonces cuando se enteraron de que 31 perezosos habían muerto”, cuenta Cliffe. “Pero no hubo ninguna consecuencia, como si hubieran muerto por accidente. Luego les permitieron continuar importando. Pudieron conservar su permiso y su licencia, y todo esto continuó”.

Ambas coinciden en que las fallas no se limitan a Florida. Parte del problema se origina en los países exportadores, donde la captura y exportación de perezosos se realiza bajo cuotas legales. En los casos de Guyana y Perú, gran parte de los ejemplares enviados a Estados Unidos provienen directamente de vida silvestre, con periodos de retención antes de su exportación.

“Cualquiera puede importar la cantidad que quiera de perezosos siempre que tenga un permiso de la FWC y no tiene que informar si mueren o no”, explica Cliffe. “Esa es realmente la raíz del problema: nadie sabía que esto estaba sucediendo y a nadie le importaba”.

Para las especialistas, el resultado es una cadena de estrés biológico difícil de revertir. Los perezosos son capturados en selva, mantenidos en condiciones intermedias de baja calidad, transportados durante días y finalmente alojados en instalaciones no preparadas para su fisiología extremadamente sensible a la temperatura y al estrés

“Incluso con la mejor atención veterinaria posible, muchos de estos animales ya llegan en estado crítico”, señaló Cliffe. “Fueron literalmente arrancados de los árboles”, agrega. Y cuando además se les mantiene en condiciones inadecuadas, las probabilidades de supervivencia caen drásticamente.

Otro de los vacíos regulatorios señalados por las especialistas está en la limitada intervención de las autoridades federales en Estados Unidos. En este caso, el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), encargado de supervisar el bienestar animal en instalaciones que exhiben fauna silvestre, no tuvo participación en la fase inicial del proyecto porque los animales aún no estaban siendo exhibidos públicamente.

Al permanecer bajo estatus de propiedad privada, la empresa no estaba sujeta a los mismos requisitos de licencias ni inspección, lo que redujo significativamente el nivel de supervisión sobre su manejo.

“Los perezosos eran ‘mascotas de propiedad privada’ y ni siquiera necesitaban una licencia del USDA”, explica Trull. “Así que, en realidad, se requirieron regulaciones mínimas para transportar decenas de perezosos y mantenerlos en un almacén en Florida sin electricidad ni agua”.

Cuando el medio Inside Climate News consultó al equipo de prensa de Sloth World, este no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios ni a la lista de preguntas sobre el caso. Mongabay Latam también intentó consultarlos, pero no respondieron.

El 13 de mayo de 2026, las organizaciones SloCo y TSI celebraron el anuncio de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) sobre la suspensión temporal, por 60 días, de la importación de perezosos al estado de Florida. La medida fue anunciada después de que Rebecca Cliffe y Sam Trull viajaran a Orlando el 6 de mayo, donde sostuvieron durante varios días reuniones con funcionarios, comisionados, legisladores, representantes, autoridades locales y miembros de la FWC para abordar la urgencia de fortalecer la protección de los perezosos en Estados Unidos.

Ante el aumento sostenido del comercio internacional de perezosos, las organizaciones también impulsan cambios en los mecanismos de control internacional. Trull explica que The Sloth Institute obtuvo, mediante solicitudes de acceso a información pública en Estados Unidos, registros de importación que evidenciaron un incremento sostenido del ingreso de estos animales al país entre 2011 y 2021.

Según el análisis de la organización, el 97 % de los ejemplares provenía de Guyana y el 98 % ingresaba a través del aeropuerto de Miami. Esa información fue utilizada para respaldar la inclusión de los perezosos de dos dedos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), medida aprobada durante la COP20 celebrada en Uzbekistán en diciembre de 2025.

“El Apéndice II no prohíbe el comercio, pero al menos implica que ahora debe documentarse”, señaló Trull. “Y es importante destacar que esto se aplica únicamente a los perezosos de dos dedos. Todavía existen otras especies de perezosos de tres dedos que no figuran en la lista y es importante que se les incluya en la próxima CITES”.

Ambas organizaciones advierten que el caso de Florida podría repetirse si no hay cambios regulatorios profundos. Aunque actualmente existe una investigación criminal en curso, sostienen que el problema es estructural: mientras el comercio internacional de perezosos siga permitido por permisos de bajo control, la mortalidad continuará.

“Quizás no a la misma escala, porque tal vez nadie quiera que este tipo de cosas atraigan tanta atención, pero ha estado ocurriendo a una escala muy dispersa”, sostiene Trull. “Está sucediendo perezoso por perezoso, lugar por lugar, todos los días. Y seguirá ocurriendo a menos que hagamos cambios en la normativa”.

Bajo cuidado veterinario y con un futuro incierto en cautiverio

Actualmente, los perezosos que sobrevivieron al traslado al Central Florida Zoo permanecen bajo observación veterinaria permanente en áreas de cuarentena especializada. De acuerdo con las actualizaciones que el propio zoológico comparte diariamente en sus redes sociales y en su sitio web, los animales continúan recibiendo atención médica intensiva, monitoreo nutricional y cuidados destinados a estabilizar sus condiciones tras el estrés extremo del traslado y la permanencia previa en instalaciones inadecuadas.

Recostado bajo un rayo de sol, Mr. Ginger —el más pequeño y joven del grupo sobreviviente— aparece con los ojos cerrados en una de las fotografías más recientes difundidas por el zoológico. Junto a las imágenes, la institución informó que el perezoso continúa en estado crítico y bajo cuidados intensivos. “No pudimos resistirnos a compartir algunas fotos adorables. Gracias, Florida Central y alrededores, por todo su apoyo”, publicó el zoológico en sus redes sociales.

El pronóstico de los 10 sobrevivientes a largo plazo es reservado: aunque algunos ejemplares han mostrado signos de estabilización, su estado general refleja las consecuencias de semanas de deterioro físico y exposición a condiciones ambientales adversas.

The Sloth Institute y The Sloth Conservation Foundation reconocieron el trabajo del equipo veterinario que ha asumido el cuidado de los perezosos en el Central Florida Zoo, así como la colaboración con el Plan de Supervivencia de Especies (SSP) de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) para definir la ubicación a largo plazo de los animales en otras instalaciones acreditadas o, en algunos casos, su permanencia en el propio zoológico.

Según el zoológico, los ejemplares requerirán asistencia humana de por vida para tener la oportunidad de prosperar. “Agradecemos enormemente el arduo trabajo realizado para cuidar de los perezosos en cautiverio”, concluye Trull. “Pero, al fin y al cabo, son animales salvajes y nacieron para serlo. Por eso es realmente triste que, en este momento, lo mejor que puedan hacer sea sobrevivir en cautiverio el resto de sus vidas”.

*Imagen principal: el Central Florida Zoo está colaborando con el Plan de Supervivencia de Especies (SSP) de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) para determinar la ubicación a largo plazo de los perezosos en otras instalaciones acreditadas por la AZA. Se espera que algunos de estos animales permanezcan en el zoológico. Foto: cortesía Central Florida Zoo.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Marilyn Gatica Huanio llegó a la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia a fines de marzo para reunirse con sus pares, otras lideresas indígenas. Su objetivo es reducir el impacto ambiental y social que traería la construcción de la carretera Bellavista—El Estrecho, que impulsa el Gobierno peruano y que pasará por la mitad de su comunidad indígena.

La lideresa de 36 años es jefa de Centro Arenal, una comunidad indígena que reúne a 300 integrantes del pueblo murui-muinani en el distrito de Punchana, en la región de Loreto, en el oriente amazónico de Perú.

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Centro Arenal, ubicada apenas a 10 kilómetros de la ciudad de Iquitos, se encuentra en pie de lucha. “El trazo que propone el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la carretera pasa por la mitad de la comunidad. Esto solo traerá más invasores, no estamos de acuerdo”, dice Gatica Huanio a Mongabay Latam durante un viaje a la zona.

La ruta de la carretera fue aprobada en 2025 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El primer tramo de este proyecto unió Bellavista con Santo Tomás e implicó la construcción del puente Nanay. El segundo tramo se extenderá hasta Mazán. El tercero será una ruta fluvial de Mazán al Salvador y el cuarto llega hasta El Estrecho, con 147.4 kilómetros de carretera. En total el camino tendrá alrededor de 200 kilómetros.

Según el estudio definitivo del segundo tramo del proyecto, se construirán 35.6 kilómetros de carretera, iniciando en el centro poblado de Santo Domingo —justo al final del puente Nanay—, pasando por las localidades Picuroyacu y San Antonio. La carretera llegaría a la comunidad indígena Centro Arenal, atravesando por la mitad este territorio. Luego avanzaría hacia el caserío San Juan de Sinchicuy hasta llegar a la comunidad campesina San Rafael y finalizaría en el río Mazán.

“Cuando hicieron el estudio no nos explicaron que la carretera pasaría por la mitad de nuestra comunidad, por eso es que los anteriores líderes lo aprobaron. Recién en 2024 nos enteramos que dividiría nuestro territorio”, cuestionó la lideresa.

Once denuncias en diez años

Para llegar a Centro Arenal se debe tomar un vehículo desde la ciudad de Iquitos. La ruta es un viaje de 20 minutos por un camino sin asfalto. Sin embargo, no es la única vía que hay dentro de la comunidad. En 2014, cuando se confirmó la construcción de la carretera Bellavista—El Estrecho y que pasaría cerca de la comunidad de los murui-muinani, empezaron las invasiones, según denuncian Gatica Huanio.

La referente indígena explicó que la comunidad tiene 1977 hectáreas y está titulada desde 1967. “Nosotros nos encontramos al lado del río Amazonas y al otro extremo de la comunidad los invasores han abierto una trocha [camino de tierra] a la que denominaron Joaquin Abensur, por donde sacan madera ilegalmente de nuestro territorio”, asegura.

En los últimos 10 años, la comunidad realizó once denuncias por tala ilegal, sostiene Gatica Huaino.

“Todas las denuncias que realizamos se archivan. No hay justicia para nosotros porque no podemos ingresar a esa parte de nuestro territorio. Cada vez que nos acercamos nos amenazan con armas o golpean”, contó.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en un estudio de 2024 también identificó daños a la comunidad Centro Arenal, pese a que aún no se había iniciado con la construcción formal de la vía. “Luego de la ejecución del primer tramo y la construcción del puente Nanay se generaron invasiones, deforestación y tráfico de tierras en la comunidad Centro Arenal”, se lee en el documento.

Bryan Jara, especialista legal del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, explicó a Mongabay Latam que la construcción de la carretera está afectando la forma de vida tradicional de la comunidad Centro Arenal.

“Si bien la vía traería conectividad para los pobladores locales, también hay impactos de alto costo: deforestación, cambio en la vida comunal e invasiones. Si no se planifica bien esta carretera tendrá grandes impactos ambientales y sociales, principalmente para los habitantes indígenas de las zonas colindantes, por lo que los mecanismos de participación ciudadana deben considerar la vulnerabilidad de la población local”, afirmó.

Consulta previa: planes del Ejecutivo y críticas de los habitantes indígenas

En septiembre de 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició el proceso de consulta previa para obtener la licencia social para la construcción del segundo tramo de la carretera: Santo Domingo—Mazán. En ese primer encuentro el Gobierno informó a la comunidad que la carretera pasará por la mitad de la comunidad.

“El plan del Ministerio es abrir una nueva vía dentro de la comunidad. Es decir, la trocha Joaquín Abensur, la que ya está invadida no está considerada, sino que será una nueva. Esto traerá más invasiones”, coincide Isaac Alejo, especialista legal de la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), quien acompaña a la comunidad en el proceso de consulta previa.

El abogado explicó que durante 2025, el proceso de consulta previa se paralizó porque otras comunidades no habían sido incluidas, solo estaba Centro Arenal, pero tras los reclamos ahora también participan Santa Clotilde, El Milagro e Independencia, que se verían afectadas de manera indirecta por el trazo de la carretera.

Sin embargo, el Ministerio solo ha puesto en consulta el estudio definitivo de la carretera. Es decir, el trazo que construirá, pero no se está poniendo en consulta el estudio de impacto ambiental ni el estudio de arqueología, sostienen los expertos y referentes indígenas consultados.

“La justificación es que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) realizará su propio proceso de consulta del estudio de impacto ambiental, pero se debería llevar a consulta previa los impactos del estudio y las medidas de mitigación y adaptación y quienes intervienen dentro de eso para tener claro las cláusulas sociales y ambientales”, cuestionó Alejo.

Mongabay Latam consultó al Ministerio por qué no incluyen el estudio de impacto ambiental, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. Mientras tanto, la Oficina de Diálogo y Gestión Social de esta cartera solicitó una aplicación de plazos de la consulta previa para gestionar temas administrativos.

“Los talleres informativos deberán retomarse en julio”, adelantó Isaac Alejo.

Dos áreas protegidas serán atravesadas por el proyecto

Mayra Collantes y Rubiela Ríos viven en extremos diferentes, pero comparten una misma lucha: evitar que la carretera Bellavista—El Estrecho pase por las áreas de conservación regional (ACR) Maijuna Kichwa y Ampiyacu Apayacu, territorios de sus pueblos que ahora están bajo la administración del Estado.

Ambas lideresas se reunieron con Marilyn Gatica, jefa de Centro Arenal, en Leticia, en la Amazonía de Colombia, para hablar sobre el avance de la obra.

En tanto, la comunidad Pucaurquillo, de donde es Mayra Collantes, es parte de la cuenca del Ampiyacu. El último tramo de la carretera: Salvador—El Estrecho no pasará por su comunidad, ni cerca de ella. Sin embargo, sí afectará el territorio del ACR Ampiyacu Apayacu, un espacio protegido por su pueblo, los boras, desde hace siglos y que tras su creación, en diciembre del 2010, la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (Fecona) han ayudado a conservar.

“Una carretera que pase por el ACR solo traerá invasores y nos afectará a las comunidades que vivimos en el Ampiyacu. Esta zona está protegida, hacer una carretera que pase por medio de áreas protegidas es una irresponsabilidad”, cuestionó Collantes.

La comunidad de Rubiela Ríos está cerca del ACR Maijuna Kichwa, que se instaló en junio de 2015 con 391 039 hectáreas, en las provincias de Maynas y Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto.

“No nos oponemos a la carretera, pero debe existir otra forma de tener esta vía sin afectar las áreas protegidas. Son espacios que cuidamos hace siglos para permitir que ahora sean deforestados. Las carreteras permiten el ingreso de extraños”, anotó.

En 2011, cuando el Congreso de la República declaró de interés nacional la creación de esta carretera, ya existía el ACR Ampiyacu Apayacu y en 2014. Cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró la viabilidad de la ruta estaba en proceso la creación del ACR Maijuna Kichwa, que terminó siendo creada un año después.

Pese a esto, el proyecto continuó, ejecutándose el primer primer tramo: Bellavista—Santo Tomás, incluyendo el puente Nanay, de 2017 a 2021.

Consecuencias de una carretera resistida

Con el avance del segundo tramo, las invasiones han incrementado. “Los invasores exigen la construcción de la carretera, mientras nosotros queremos seguridad para impedir más deforestación en nuestras tierras”, dice Gatica Huanio.

En tanto, el estudio de Identificación de condiciones del proyecto que realizó la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible Perú (FCSD Perú) estima que se deforestarán 16 800 hectáreas de bosque para construir la carretera de Bellavista al Estrecho.

Ciro Salazar, analista sectorial y de conflictos sociales de FCSD, señala que el principal cuestionamiento al estudio de factibilidad es la estimación de la intensidad media diaria (volumen de tráfico) de la carretera. “Se plantea que 1104 vehículos diarios recorrerán la vía hasta El Estrecho. La cual nos parece excesiva porque la ciudad de Iquitos tiene un tráfico similar y no podría alcanzar esa cantidad hasta la frontera, no encontramos sentido”, indica.

El especialista también advierte que la carretera generará ventaja logística a los grupos criminales que realizan tráfico de drogas, extracción de oro y madera ilegal. “En el estudio también realizamos un estimado del costo económico que el Estado debe invertir para realizar interdicciones en este territorio tras la construcción de la carretera porque se necesitará mayor cuidado”, anotó.

*Imagen principal: la carretera Bellavista–El Estrecho llegará hasta la frontera con Colombia. Foto: cortesía Vico Méndez/SPDA.

El artículo original fue publicado por Geraldine Santos en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo, pese a los diferentes esfuerzos, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia se colocaron entre los 10 países con mayor pérdida de estos ecosistemas en el mundo, de acuerdo con datos del informe global del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, de Global Forest Watch y Global Nature Watch, del World Resources Institute (WRI).

El mundo perdió 4.3 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en 2025, lo que equivale a más de 11 campos de fútbol de bosques por minuto.

Brasil se ubicó en el primer puesto mundial de países con mayor pérdida de bosques tropicales mientras que Bolivia volvió a ocupar el segundo lugar (al igual que en 2024). Perú es el quinto país con mayor pérdida y Colombia el octavo de la lista mundial.

Por un lado, el reporte identifica que parte de la reducción durante 2025 se debió a las medidas implementadas por Brasil, que redujo un 42 % la pérdida de bosques primarios. Sin embargo se mantiene como el país con mayor daño de selva tropical debido a las extensiones de sus bosques. También destaca Colombia, que redujo un 17 % la pérdida de bosques, así como Perú que logró una disminución de este indicador un 8 % entre 2024 y 2025.

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Sin embargo, el informe señala que la expansión de la frontera para obtener materias primas (especialmente la expansión agrícola) impulsó la pérdida de bosques en Latinoamérica. El segundo caso más crítico de la región y del mundo es Bolivia, donde la pérdida de bosques primarios tuvo su segundo nivel más alto durante 2025.

“La demanda de materias primas como ganado bovino, soja, aceite de palma, oro y otros minerales continuó impulsando la pérdida de bosques en algunos países, particularmente en partes de América Latina y el sudeste asiático”, destaca el informe global.

El reporte destaca nuevamente a los incendios como impulsores importantes de la pérdida de cobertura arbórea en 2025 al señalar que en los últimos tres años se quemaron más del doble de cobertura arbórea que hace dos décadas. Además, los efectos de la crisis climática alimentan incendios cada vez “más grandes y dañinos”.

Pese a la reducción en la pérdida de los bosques tropicales —donde ocurre el 94 % de la deforestación causada por los seres humanos, según el informe—, los autores señalan desafíos comunes, como los incentivos económicos para transformar los bosques e ignorar los beneficios que estos proporcionan al mundo.

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Brasil y las políticas están frenando la pérdida de bosques

El documento sostiene que hubo cambios en políticas públicas, mejor aplicación de la ley y acciones corporativas que ayudaron a reducir la pérdida de bosques tropicales en un año.

Brasil, hogar de la selva tropical más grande del mundo, destacó como ejemplo al registrar su nivel más bajo de pérdida no relacionada con incendios, un 41 % por debajo de lo reportado en 2024. De acuerdo con el informe, el país tuvo un menor porcentaje de pérdida que muchos otros países con un 0.5 % de reducción de su bosque primario, lo que coincide con el monitoreo oficial de Brasil, según los autores del estudio.

También se destacan políticas ambientales como el nuevo Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal, conocido como PPCDAm, un programa que coordina acciones en 19 agencias federales y que bajo el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se extendió a todos los biomas.

El resultado, señala el informe, se ve en grupos de ecosistemas de Brasil, como la Amazonía y el Pantanal que también redujeron su pérdida forestal, a excepción de la Caatinga, con un aumento del 9 %.

“La aplicación de la ley también ha aumentado: el organismo ambiental federal de Brasil, IBAMA, incrementó los avisos de infracciones ambientales en 81 % y las multas en 63 % de 2023 a 2025, en comparación con 2020 a 2022”, precisa el estudio.

Sin embargo, las actividades agropecuarias permanentes, especialmente por la soja y el ganado, se mantienen como el mayo motor de deforestación de bosques primarios en un 73 % entre 2002 y 2025, advierte el reporte.

Incluso, advierte que algunos estados de la Amazonía han aprobado leyes para debilitar la protección ambiental a nivel estatal, lo que pone en riesgo los avances realizados. Un ejemplo es la eliminación de incentivos fiscales en Rondônia, Maranhão y Mato Grosso destinados a las empresas para no comprar soja en áreas deforestada en la región.

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Conocimiento indígena y comunitario clave en Colombia

La disminución del 17 % en la pérdida forestal de Colombia en un año está vinculada a políticas y acuerdos gubernamentales que buscan limitar la tala ilegal, de acuerdo con el informe que destaca medidas como la regulación para concesiones forestales para comunidades rurales como una forma de conservación del bosque; el reconocimiento formal de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como formas de gobierno; así como la reciente legislación que exige la trazabilidad para el sector ganadero del país y evitar la comercialización de carne vinculada a la deforestación.

Sin embargo, se trata de medidas que surgieron a finales de 2025. En el caso de la resolución en la que se permiten 30 actividades de bajo impacto dentro de las reservas forestales para facilitar servicios básicos a comunidades rurales, expertos consultados por Mongabay Latam han alertado que la falta de claridad sobre lo que significa “bajo impacto”, podrían expandir la frontera agropecuaria en zonas de alta importancia y sensibilidad ambiental.

Para el caso de las ETI, especialistas han advertido que aún está pendiente avanzar en mecanismos que definan rutas y garantías para que los gobiernos indígenas cuenten con las condiciones políticas, fiscales y administrativas para gestionar los territorios.

Además, el país también enfrenta la expansión de las vías ilegales, incluso dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Mongabay Latam ha documentado que alrededor de las vías ha aumentado también la deforestación, la ganadería, los cultivos de uso ilícito y los peajes clandestinos.

La minería ilegal, el acaparamiento de tierras y el poder de los grupos armados también representan una amenaza en regiones de gran importancia ambiental, como la Amazonía.

El resultado también contrasta con el cuarto boletín trimestral de 2025 del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el cual señala que la deforestación aumentó un 6 % en la Amazonía colombiana durante 2025.

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Si bien Perú también logró una baje del 8 % en la pérdida de bosques primarios de 2024 a 2025, se mantiene en la lista de los 10 principales países con mayor área de pérdida forestal, las cuales se asociaron a la expansión de actividades agropecuarias.

“En Perú, la pérdida se debió en gran medida a la expansión de cultivos como el cacao y la palma de aceite, así como a la minería. Por ejemplo, la minería de oro fue responsable del 33 % de la pérdida de bosques primarios de 2002 a 2025 en la región de Madre de Dios”, advierte el informe.

Mediante un análisis satelital, Mongabay Latam ha dado a conocer la existencia de al menos 215 concesiones mineras aprobadas por Perú, las cuales atraviesan cinco ríos de la región Madre de Dios y permanecen activas.

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Bolivia, un foco rojo

Después de los incendios récord de 2024 que marcaron un récord para Bolivia en la pérdida de bosque nativo, en 2025 el país alcanzó su segundo registro más alto y nuevamente fue el segundo país con mayor pérdida en el mundo.

El informe advierte que los incendios, “probablemente provocados por los seres humanos”, impulsaron gran parte de la pérdida de bosques primarios en 2025 en el país, pero señala que “gran parte de esta pérdida” incluye la detección retrasada de incendios que corresponden a finales de temporada de 2024, cuando Bolivia vivió un año de incendios sin precedentes.

“Aunque las lluvias volvieron a los niveles normales en algunas partes del país en 2025, Bolivia deberá tomar medidas proactivas sobre la prevención y mitigación de incendios para evitar otros más catastróficos en el futuro, especialmente a medida que el cambio climático aumente la frecuencia y la intensidad de las condiciones secas y calurosas”, sostiene el reporte.

Los focos rojos de la pérdida de bosque primario en Bolivia, apunta el documento, muestran un aumento de la deforestación hacia el departamento de Beni, al norte del país, con incendios de gran escala.

Además, el estudio indica que la pérdida de bosques primarios no relacionada con incendios fue la cuarta más alta registrada, principalmente por la expansión de la ganadería y los cultivos como la soja, el maíz y el sorgo. Esto, pese a la escasez de combustible que durante 2025 limitó el uso de maquinaria agropecuaria.

“Hay pocas indicaciones de que sea probable que Bolivia tome medidas para evitar una mayor invasión agropecuaria en los bosques del país”, lamenta el informe.

Si bien la deforestación y los incendios en 2025 no fueron tan devastadores como en 2024, siguen vigentes las normas que permiten desmontes.

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Medidas eficiente son posibles, pese a crisis climática

Los autores del informe destacan que las políticas públicas, la aplicación de la ley y los compromisos corporativos pueden mejorar los resultados forestales en poco tiempo, por lo que señalan la necesidad de sostener esfuerzos que han dado resultados en países como Brasil y Colombia si se quiere cumplir con el objetivo global de detener y revertir la pérdida de bosques para 20230.

De acuerdo con el estudio, la deforestación en 2025 fue 70 % más alta que el nivel necesario para cumplir con ese objetivo.

“Los niveles altos o crecientes de pérdida de bosques acercan los ecosistemas críticos a puntos de inflexión, umbrales más allá de los cuales los bosques no podrían recuperarse”, insiste el estudio.

También agrega retos para este año, como las condiciones que se esperan por la posible formación de un evento de El Niño en 2026, que pondrán a prueba a los países para prevenir y responder a incendios a gran escala.

“Los avances en políticas y finanzas probablemente darán forma a la trayectoria de la pérdida de bosques. En Brasil y Colombia las próximas elecciones desempeñarán un papel clave para determinar si se pueden sostener las recientes disminuciones en la pérdida de bosques”, precisa el documento.

A todos estos factores, señala, se suma el aumento de las amenazas por el cambio climático que intensifica las sequías, el calor y las tormentas, y hacen más vulnerables a los bosques.

De acuerdo con el informe, los incendios fueron responsables del 42 % de las 25.5 millones de hectáreas de pérdida forestal a nivel mundial en 2025, un área mayor que la extensión del Reino Unido.

“Lograr el objetivo global no será fácil a medida que los bosques se vuelven más vulnerables al cambio climático y a la creciente demanda de alimentos, combustible y materiales de la humanidad provenientes de los bosques y de las tierras en las que se encuentran”, matiza el estudio.

*Imagen principal: vista aérea de las zonas deforestadas en La Lindosa, Guaviare, Colombia, en el 2019. Foto: Jorge Contreras.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una señal de alerta comienza a tomar forma en el océano Pacífico. Modelos climáticos internacionales apuntan a la posible formación de un evento El Niño en 2026, con escenarios que incluso contemplan una intensificación extrema, lo que algunos científicos describen —con cautela— como un posible “súper El Niño”.

Sin embargo, la comunidad científica advierte que, aunque las señales existen, la incertidumbre sigue siendo elevada. La evolución del fenómeno dependerá de la interacción entre el océano y la atmósfera en los próximos meses, en un periodo del año en el que los modelos climáticos pierden capacidad predictiva.

“El problema no es solo si va a ocurrir El Niño, sino qué tan fuerte puede llegar a ser”, dice Alejandro Jaramillo Moreno, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Estamos todavía en una etapa con alta incertidumbre”.

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Los especialistas coinciden en que anticipar la magnitud del evento es particularmente difícil en esta fase. Entre marzo y mayo se presenta la llamada “barrera de predictibilidad”, un periodo en el que la transición estacional hace que el océano y la atmósfera en el Pacífico tropical no estén bien acoplados, lo que reduce la precisión de los modelos y provoca que las proyecciones puedan cambiar con rapidez. Por ello, advierten, los pronósticos más confiables podrían consolidarse recién hacia mediados de año.

En paralelo, la comunidad científica ya analiza los posibles efectos de este fenómeno en distintas regiones del planeta, especialmente en el Pacífico oriental, donde sus impactos suelen ser más directos.

Mongabay Latam conversó con especialistas en Ecuador, Perú, Colombia y México para entender cómo podría manifestarse El Niño en cada país y qué implicaciones tendría para las lluvias, las sequías, la actividad ciclónica y sectores clave como la pesca y la gestión del riesgo.

Perú: un Niño que ya está en marcha

En Perú, el fenómeno no es una proyección futura, sino una condición ya en curso. Desde inicios de año, el país enfrenta un evento activo de calentamiento oceánico frente a su litoral. “El mar frente a la costa peruana y ecuatoriana ya presenta anomalías de entre 1.5 y 2 grados centígrados por encima de lo normal”, explica Kobi Mosquera, investigador del Instituto Geofísico del Perú (IGP). “Esto nos ubica dentro del rango de un Niño costero”.

Este calentamiento en el Pacífico oriental responde, según el especialista, a una combinación de factores: el debilitamiento de los vientos alisios —corrientes de aire constantes que soplan de este a oeste entre las zonas subtropicales y la región ecuatorial— y la llegada de ondas Kelvin —pulsos de calor que se desplazan bajo la superficie del océano— que elevan la temperatura del mar en la franja cercana a Sudamérica.

A diferencia del fenómeno global más conocido, El Niño costero tiene una escala regional y efectos más inmediatos. En Perú, el seguimiento se concentra en la región Niño 1+2, un sector clave del Pacífico donde el aumento de la temperatura marina suele traducirse en lluvias intensas en la costa, especialmente durante el verano austral.

Sin embargo, el comportamiento del sistema no es uniforme. Mosquera subraya que el Pacífico tropical funciona como un engranaje dividido en dos zonas principales: el sector oriental, próximo a Sudamérica, y el central, más alejado. La interacción entre ambas define los impactos en tierra.

“Si el calentamiento se concentra frente a la costa peruana, aumenta la probabilidad de lluvias intensas en el litoral. Pero si ocurre en el Pacífico central, el efecto puede ser opuesto en los Andes, con déficit de precipitaciones en el sur y centro del país”, explica. Esta diferencia ayuda a entender por qué los eventos de El Niño no producen consecuencias idénticas, ni siquiera dentro de un mismo territorio.

La incertidumbre, sin embargo, sigue marcando el análisis. “Los modelos pueden anticipar el desarrollo de un evento, pero no su magnitud”, advierte Mosquera. A esto se suma la llamada barrera de predictibilidad, que reduce la confiabilidad de los pronósticos en esta época del año. “Más allá de abril, no son muy confiables; estaremos más confiados en los modelos con los pronósticos que se den en a partir de junio aproximadamente”.

Por ahora, los escenarios más extremos —como un evento comparable a los de 1982-1983 o 1997-1998— no pueden confirmarse. Aun así, los especialistas observan señales que ameritan atención, como cambios recientes en los vientos del Pacífico occidental que podrían generar nuevas ondas cálidas y reforzar el calentamiento en los próximos meses.

Si estas condiciones persisten hacia el verano austral, el principal riesgo en Perú será un aumento de las lluvias intensas en la costa, con efectos en cadena sobre el territorio. “Podríamos ver inundaciones, desbordes de ríos, huaicos [flujos de lodo y piedras] y deslizamientos”, señala Mosquera. A ello se suman impactos menos visibles pero recurrentes, como problemas de salud asociados al estancamiento de agua tras eventos extremos.

Actualmente, el país ya se encuentra en nivel de alerta dentro de su sistema oficial de monitoreo. Esto implica un seguimiento continuo y la emisión de reportes periódicos dirigidos a autoridades nacionales, regionales y locales. Sin embargo, el especialista reconoce que la vulnerabilidad estructural sigue siendo un desafío pendiente.

“El fenómeno siempre nos ha impactado de la misma manera y todavía no vemos cambios suficientes para reducir esos daños”, sostiene.

En ese contexto, la recomendación es anticiparse. Con varios meses por delante antes de la temporada de lluvias, Mosquera insiste en la necesidad de actuar ahora. “Este es el momento para ejecutar medidas de prevención. Si no ocurre este año, ocurrirá después. El Niño es un fenómeno recurrente”, concluye.

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Ecuador: el calor oculto bajo el océano

Si en Perú el calentamiento ya es visible en la superficie, en Ecuador las señales más relevantes aún se desarrollan bajo el mar. “El océano no solo se observa en la superficie. También estamos viendo lo que ocurre hasta unos 300 metros de profundidad”, explica Felipe Costa, oceanógrafo y director internacional del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN).

En esas capas subsuperficiales del Pacífico ecuatorial se está acumulando una anomalía cálida, derivada también de los pulsos de calor u ondas Kelvin.“Este calentamiento subsuperficial es una señal importante. Nos indica que el sistema está acumulando energía”, señala Costa. “Pero para que se configure un evento El Niño, no basta con el océano: la atmósfera también tiene que responder”.

Por ahora, el sistema muestra un comportamiento desigual: el Pacífico central se mantiene neutral, mientras el sector oriental —frente a Sudamérica— ya está más cálido. Ese contraste ya tiene efectos en tierra. “Estamos experimentando olas de calor asociadas a este calentamiento oceánico”, dice Costa. “El mar más cálido transfiere calor al aire y eso incrementa la temperatura en tierra”.

En las ciudades costeras, esto se traduce en altas temperaturas combinadas con humedad, una sensación térmica persistente que impacta la vida cotidiana. “El uso de aire acondicionado aumenta, las facturas de electricidad suben y la sensación de calor se vuelve constante”, añade.

La intensidad del fenómeno dependerá de su persistencia. “Podemos imaginarlo como pulsos de calor que viajan por el océano. Ahora vemos uno, pero para un evento intenso deben repetirse durante varios meses”, explica. Los impactos, además, no son uniformes.

“Históricamente, en Ecuador El Niño se asocia a más lluvias en la costa, mientras que en Colombia suele traer condiciones más secas”, señala. Esto puede traducirse en inundaciones o sequías, según la región.

El calentamiento también altera los ecosistemas marinos. Muchas especies migran hacia aguas más frías, afectando la pesca, aunque también hay otras que se benefician de aguas más cálidas, como los camarones. “Se puede tener más o menos productividad pesquera, pero en general el balance es negativo”, afirma Costa.

Ante la creciente atención sobre un posible evento extremo, insiste en consumir información confiable. “El alarmismo genera ansiedad, pero no ayuda a prepararse con anticipación”, concluye.

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Colombia: la sequía como impacto dominante

En Colombia, El Niño se entiende menos por lo que ocurre en el océano y más por sus efectos en tierra: sequías prolongadas, presión sobre el agua y consecuencias económicas. “El más intenso que hemos registrado fue el de 1982-1983”, recuerda Max Enriquez Daza, meteorólogo y divulgador científico.

“Las anomalías de temperatura superaron los 2.5 grados centígrados y provocaron impactos severos en Colombia y Ecuador”. A ese episodio le siguieron otros eventos fuertes, como los de 1997-1998 y 2015-2016, en una secuencia que —según el especialista— sugiere una intensificación progresiva.

A diferencia de Perú o Ecuador, donde el fenómeno suele asociarse a lluvias, en Colombia predomina el déficit hídrico. “El fenómeno afecta principalmente a las regiones Caribe y Andina, donde vive cerca del 80 % de la población”, explica.

Los efectos son amplios: disminución de los caudales en los ríos Magdalena y Cauca, afectaciones a cultivos como café, maíz o yuca, problemas en el suministro de agua potable y un aumento de incendios forestales durante los periodos secos.

El sistema energético también es especialmente sensible. Al depender en gran medida de la hidroelectricidad, la reducción de niveles en los embalses obliga a recurrir a plantas térmicas, con mayores costos económicos y ambientales. Un antecedente clave ocurrió entre 1991 y 1992, cuando un evento intenso provocó racionamientos eléctricos prolongados y fuertes pérdidas económicas. Desde entonces, este sector ha fortalecido su capacidad de respuesta, describe el meteorólogo.

En este escenario, el país entra en una fase de preparación desigual. Mientras algunos sectores comienzan a anticiparse —precisamente como el hidroeléctrico—, otros como el agrícola siguen siendo altamente vulnerables por falta de organización. “La agricultura en Colombia no siempre cuenta con directrices claras del Ministerio de Agricultura para anticiparse a estos eventos”, advierte.

Henríquez Daza coincide en que la posibilidad de un evento más intenso hacia 2026 está vinculada al calentamiento de los océanos. “Las tendencias de los eventos intensos han sido crecientes”, señala. “Eso es coherente con el aumento de la temperatura global del océano”. Aun así, insiste en que es prematuro confirmar la magnitud del próximo evento.

Más allá del ámbito nacional, el especialista recuerda que los efectos de El Niño se extienden a otras regiones, alterando patrones como los monzones en Asia o las lluvias en el océano Índico.

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México: sequías, ciclones y un sistema en tensión

En México, El Niño suele manifestarse como una combinación compleja: menos lluvias en amplias zonas del país y, al mismo tiempo, mayor actividad ciclónica en el Pacífico. “Lo que sugieren los modelos es una probabilidad de un El Niño fuerte, pero con alta incertidumbre”, señala Alejandro Jaramillo Moreno, investigador de la UNAM. “Estamos en una fase donde los modelos tienen más dificultad para predecir”.

Durante estos eventos, el verano —que en el centro y sur de México corresponde a la temporada de lluvias— tiende a ser más seco, una etapa clave para la recarga de presas y acuíferos. “El agua que cae en verano es la que se usa durante la temporada seca”, explica. Es decir, si llueve menos, el impacto se siente meses después. Esa reducción se traduce en menor disponibilidad para consumo humano, presión sobre la agricultura y niveles más bajos en los sistemas de almacenamiento.

El escenario es especialmente delicado en grandes zonas urbanas como la Ciudad de México, donde la demanda de agua ya supera la oferta en condiciones normales.

A la par, el riesgo no desaparece en las costas. “En años de El Niño, la actividad de ciclones tropicales en el Pacífico tiende a incrementarse, mientras que en el Atlántico disminuye”, explica Jaramillo. Esto implica una mayor probabilidad de impactos en el litoral pacífico, donde estos sistemas pueden provocar lluvias intensas, inundaciones y daños a la infraestructura.

El resultado es un escenario dual: mientras hay sequía a escala nacional y eventos extremos localizados, se genera una combinación que complica la gestión del riesgo.

“Cuando se desarrolla El Niño, las temperaturas globales tienden a subir”, señala. “Si además se combina con el calentamiento global, es probable que estemos ante uno de los años más calientes de la última década”. En México, esto se traduce en olas de calor más frecuentes e intensas, sobre todo en regiones ya expuestas a altas temperaturas, como en el norte del país.

Pese a la incertidumbre sobre la intensidad del fenómeno, el llamado es a anticiparse y empezar a planificar, advierte el investigador. La prioridad, apunta, es fortalecer la gestión del agua, mejorar el monitoreo de ciclones y prepararse para escenarios de sequía.

También insiste en moderar el tono del debate público. “Súper Niño suena muy catastrófico, pero es un proceso natural. Lo importante es prepararse para las consecuencias de este fenómeno y cuidar los recursos hídricos en particular”, sostiene.

Más allá de si se confirma o no un evento extremo, el desafío para México será su capacidad de respuesta ante un fenómeno que, aunque incierto, ya empieza a perfilar sus posibles impactos.

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Todo está conectado

En los cuatro países analizados, el mensaje coincide: más allá de si el evento resulta moderado o extremo, los impactos dependerán de la capacidad de preparación y adaptación.

Las próximas semanas serán decisivas para confirmar la evolución del sistema en el Pacífico. Mientras tanto, la vigilancia científica se intensifica frente a un fenómeno que, como recuerdan los expertos, trasciende fronteras.

“Todo está conectado”, resume Max Henríquez. “Lo que ocurre en el Pacífico tiene repercusiones globales”.

*Imagen principal: Una torrencial lluvia en marzo de 2023 inundó las principales calles del centro de Piura y Castilla, en Perú. Foto: cortesía Ricardo Cuba / Agencia Andina.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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