Voté por Claudia López para alcaldesa de Bogotá. Prometo comportarme en adelante. Verán por qué.

No es sino que estalle un nuevo escándalo para saber de qué lado están ciertos medios de comunicación y los propios políticos que en materia de oportunismo son campeones. Uno creería que la prensa está siempre del lado de los ciudadanos para informarlos con objetividad, sin meter las manos en las brasas por los poderosos a los que debe vigilar, y los políticos asumiendo la responsabilidad compartida que les cabe como miembros de un partido, y no en la desbandada del sálvese quien pueda.

No se habla de nada distinto a otra gran estafa made in Colombia: la presunta corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Desastres (UNGRD) por la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira.

Nos despertamos el domingo con el titular justiciero de la revista Semana: “El gobierno Petro los compró”. O sea, sin que la Corte Suprema de Justicia ni la Fiscalía hayan fallado todavía, ya esa revista resolvió el caso con cinco palabras en su tapa. Por poco y titulan: “Gobierno Petro los corrompió”.

La analista de medios María Teresa Herrán hizo dos observaciones desapasionadas sobre un comportamiento que se volvió repetitivo en la revista de los Gilinski que dirige Vicky Dávila.

“… Semana acusa ambiguamente al “Gobierno Petro” de un delito no comprobado, lo que se ha vuelto costumbre de ciertos medios, que solo los desprestigia, aunque no se configura (en este caso de Semana para el medio y su directora) el delito de calumnia por su carácter general”. (…) “Es cierto que las acusaciones son comprobadas (pero “como acusaciones”, pues los ex funcionarios del caso analizado se defienden atacando)”.

El editorial de El Espectador se pronunció con vehemencia sin ser juez: “El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo lo correcto al pedir la renuncia de piezas claves dentro de su administración que podrían estar involucradas, pero la responsabilidad política del Gobierno no puede terminar allí”.

Vayamos a otra orilla. Decir como dice Juanita León, la dueña del portal La Silla Vacía, que el Partido Alianza Verde “ha sido capturado por el petrismo” es tanto como asegurar que el presidente les puso un revólver en la cabeza a ciertas figuras de esa colectividad para que formaran parte del gobierno.

Pobrecitos: los políticos nacen buenos y el Petrismo los corrompe. Como si fueran el Chapulín Colorado de la política, otros se aprovechan de su nobleza pero no contábamos con su astucia, como si un Iván Name llevara apenas horas -y no 34 años- haciendo proselitismo: empezó en 1980 cuando fue diputado del Partido Liberal por Cundinamarca (siendo barranquillero él). Si el dato sirve de algo, Gustavo Petro está activo desde 1990.

Ay, Juanita bonita, que llevas lustros ejerciendo el periodismo político, se te olvida que la política es producto de coaliciones y que no por nada el susodicho partido tiene la palabra “Alianza” en la mitad de su nombre.  Apostarle a Dios y al Diablo al mismo tiempo se volvió costumbre en Colombia.

¿Y si fuera al revés? ¿Un gobierno capturado por la clase política tradicional?

Verde que (ya no) te quiero verde

Los “verdes” nacieron en 2005 prometiendo luchar contra los rateros del erario y hoy el escándalo por posible corrupción les estalló literalmente en las manos untadas, si se les comprueba. Sin saber cuántas fichas podrían caer, tres de sus figuras están en la picota pública, -no en La Picota-, inocentes hasta que se demuestre lo contrario: Iván Name, Sandra Ortiz y Carlos Román González; el primero presidente del Congreso y un férreo opositor a las reformas del presidente Petro; ella Consejera Presidencial para las Regiones, a quien le tocó renunciar,  y el tercero es la cabeza del mencionado partido. La llegada de Iván Name a la presidencia del Senado fue resultado de los acuerdos que suelen hacerse cada 20 de julio para la elección de las mesas directivas del Congreso de la República.

Lamentable que los tres personajes pertenezcan al mismo partido que en 2018 lideró la llamada Consulta popular anticorrupción, a la cual le faltaron escasos doscientos mil y pico de votos para los 12 millones que se necesitaban para ser Ley. (Ese día los políticos debieron celebrar con champán).

Se entiende entonces que rapidito Claudia López haya saltado en paracaídas desde ese avión fallando, lo mismo que Antanas Mockus, “cofundador y ex candidato presidencial de la Alianza Verde en 2010, máximo exponente de la ética y la cultura ciudadana en el país”, a quien yo daba por jubilado de las lides políticas.  

No sé ustedes, pero para mí la aspiración presidencial de Claudia López saldrá herida; ella lo sabe, y lo confirma al despojarse del traje “verde”. Queda mal parada y en adelante muy seguramente se dedicará a renegar de aquel que le sirvió de paraguas (“si te vi no me acuerdo”) para que nada trunque su pasito tun tun hacia la Casa de Nariño, mientras encuentra un nuevo color que le siente bien a su candidatura.

La tendrá difícil porque sus contendores le refregarán el pasado reciente del partido en su cara de estudiante aplicada de Harvard. ¿Hizo lo correcto al abandonar el nido que la llevó a la alcaldía de Bogotá en 2020? Creo que se equivocó: aceleró sin encender…  y sin imaginarse que sería llamada por la Fiscalía para responder por presunta corrupción en el Metro de Bogotá. ¿Perdimos a la investigadora tesa de la parapolítica para quedarnos con una política más de lo mismo?

El asunto de pensar como hombre y mujer a la vez puede que termine por causarle más problemas que beneficios a la hora de jugar sus cartas; en una sociedad enferma de machismo tendrá que sortear el hecho de ser una mujer por encima del de ser una admirable mujer lesbiana.

Debió izar las banderas del partido, solicitar la purga y llevar el episodio hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga”, que es la otra frasecita que repiten hasta el cansancio en este país, usada con cinismo por una oposición que se cree con el derecho a tirar la primera piedra. Porque si alguien sabe sacarle punta a cada escándalo político en este país, son los propios políticos. ¡Vaya paradoja! Por mera sospecha, los presidentes de ambas Cámaras deberían ser separados de sus cargos, y así cada funcionario del gobierno que esté señalado.

A menos de dos años de las elecciones presidenciales, los demás partidos se asegurarán una buena pesca en el río revuelto, ondearán el eslogan de la decencia y ya deben estar engendrando, a puerta cerrada, otro partido anticorrupción: uno que abrigue a la candidata López.  

Doctora Claudia: Por si le sirve de consuelo, existe una amplia gama de verdes para armar rancho aparte: verde petróleo, cerceta, huevo de pato, aguamarina, esmeralda, pino, menta, pasto, manzana, pistacho, lima, limón, musgo, oliva o aceituna, suculenta, safari o militar…

Cada escándalo me conduce a la misma pregunta: ¿Con qué cara transitan los políticos por los ascensores de sus edificios? Pa’mí que deben vivir en penthouses con elevador privado para evitar vergüenzas. Se podrían vestir de sotana si quieren, pues al final no son distintos a esos curas que predican sin aplicar.

No hay manera fácil de acabar con la corrupción, a no ser que revivamos nuestra historia: hace exactamente 200 años (1824), Simón Bolívar decretó la pena capital para los responsables de la robadera estatal en las cinco naciones liberadas.

Gabriel García Márquez lo cuenta en “El general en su laberinto” (Página 192): “Era tan riguroso en el manejo de los dineros públicos que no conseguía volver sobre este asunto sin perder los estribos. Siendo presidente había decretado la pena de muerte para todo empleado oficial que malversara o se robara más de diez pesos”.

¿De diez pesos en adelante? ¿Serán esas las justas proporciones a las que aludió el ex presidente Turbay Ayala para reducir la corrupción?

En el mismo Decreto, emitido por el Libertador desde el Palacio Dictatorial de Lima, se lee: “Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena”.

Como la Constitución del 91 prohíbe hoy la pena de muerte en su artículo 11, nos queda la esperanza de la “muerte política” para esos servidores públicos que se sirven de nuestros recursos y que se les obligue a devolvernos hasta el último peso. No es justo que el único castigo posible por delitos contra la administración pública (como el peculado) sea el de convertir en disfuncionarios a funcionarios malandros vestidos de etiqueta. De poco sirve la cárcel si cumplida la pena vuelven como el perro al vómito.

Al cierre de esta columna converso con un amigo:

—¡Qué les corten las manos!

—¡Capaz que usan los pies!

Imagen tomada de www.mundialmedios.com

Creo que, para opinar sobre lo contencioso del tema, habría que hacerlo separadamente dentro de los ámbitos legal, moral y económico. Cualesquiera de los tres difíciles de confrontar, polémicos con públicos en contra y a favor, y al final, es una decisión personal. El problema es que, nos contunde a todos como sociedad.

Los sistemas legales en el mundo son ambivalentes en cuanto a la pena de muerte. En Estados Unidos, por ejemplo, los delitos que conllevan la pena de muerte a nivel federal están contemplados en el capítulo 18 del USC – 40 estatutos relacionados con el asesinato de otro – uno con espionaje, y dos más – uno de ellos relacionado al tráfico de drogas en cantidades grandes – y el otro, relacionado con la matanza de algún testigo, jurado u oficial, tocante un juicio contra la atribución de una empresa comercial criminal.

A nivel estatal se ejecuta también con 31 estados a favor y 19 en contra; en 4 de ellos, Colorado, Oregón Pensilvania y Washington existe una moratoria en su aplicación. El tema es diverso, con una profundidad como la del océano y en pocas palabras, su ejecución tan compleja como la propia vida.

En Colombia la prohíbe el Artículo 11 de la Constitución Política: “El derecho a la vida es inviolable.” Suena bien como derecho constitucional, ¿cierto? Pero hay ciertos delitos repugnables que remueve entrañas a cualquier ser pensante, como los delitos sexuales cometidos con la niñez que conllevan a su muerte, o cualquiera – a la hora de la verdad – que tenga que ver con asesinatos de niños. Este tema lo trajo a colación en el 2015 el tal controvertido General Rodolfo Palomino cuando el asesinato de los cuatro niños en Caquetá, pero encontró resistencia de parte del mismo gobierno.

La máxima pena en Colombia es de 60 años de cárcel, porque tampoco existe la cadena perpetua. Sin embargo, una condena de 60 años podría significar una sentencia de muerte camuflada, dependiendo de la edad del condenado.

Desde el punto de vista moral – que implica tácitamente el religioso – nos proyecta inmediatamente a la Biblia, quien en el Antiguo Testamento especificaba patentemente su aprobación en Éxodo 21:12 (asesinato), 22:16 (secuestro), 22:19 (relación sexual con un animal), Levítico 20:10 (adulterio), y no importa cuál traducción o versión se use, todas la transcriben como aceptación. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, el simple hecho de ser humanos y pecadores, nos condena a la pena de muerte, Romanos 6:23.

Inverosímil que el libro de Dios, promulgue un testimonio hacia la tolerancia por la pena de muerte, por pecados tan simple como el de poseer la vida. ¿Cuál debería ser nuestro entendimiento al discernir sobre los delitos que deberían ser castigados con la pena de muerte? ¿Una tan salvaje como el de aquél que mata?

El punto de vista económico es otro. ¿Cuánto le cuesta al estado mantener a un individuo en Colombia que es penalizado con 60 años de cárcel? Según Semana en el artículo, “¿Cuánto le cuesta un preso al país?” publicado en septiembre 16 del 2014, dice que es de $13.336.449 anualmente. Multiplique esa cantidad por 60 años, ese individuo le costaría al gobierno $800.186.940 sin incluir inflación. Es una cantidad exorbitante, ¿no les parece?

Pero este artículo no incluye costos de cuando un reo requiere atención especial, como es el caso de Rafael Uribe Noguera, quien está separado de los otros presos (que piden a gritos que lo pongan con ellos) por temor a represalias en su contra. Requiere vigilancia 24 horas al día, comida especial y atención en su preparación.

No importa qué lenguaje se utilice, el leguleyo, el religioso o económico, como pertenecientes a un estrato socio-económico, debemos afrontar que ciertos actos criminales – como los cometidos contra la niñez – requieren un discernimiento mucho más allá de la comprensión rutinaria de la vida. Pero desafortunadamente intereses económicos e imposiciones religiosas, controlan decisiones de esta envergadura imponiéndonos criterios que debemos aceptar como tal.

Esta columna se trata de mi opinión; y como en ocasiones anteriores, he manifestado que no tengo el conocimiento ni estudios suficientes para promulgar lo que voy a decir; pero es eso precisamente, mi opinión: Si la decisión de la condena de Rafael Uribe Noguera estuviera bajo mi poder, lo pondría con los otros presos bajo la condición de que no lo mataran, pero que hiciesen con él, lo que les viniese en su gana, y así terminaría condenado penal, moral y económicamente.