Esta es una posición personal que en nada representa al ente para el que trabajo. Lo hago como ciudadano preocupado. Soy doliente y no me permito callar ante una situación compleja, mi hijo y su madre son turbaqueros, estudian y trabajan en Cartagena. Tengo grandes amigos allí y conozco de cerca la situación y el contexto.

Espero que por favor alguien en la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- lea estas líneas, pues lo hago desde la honestidad, la razón y el argumento serio y ponderado.

Estoy de acuerdo con la ANI y el ministro de Transporte, William Camargo, con que los peajes son y han sido una herramienta fundamental para la financiación de obras de infraestructura víal en el territorio nacional. Eso, por lo menos para mí, no tiene discusión. No obstante, se le ha dado largas, desde el legislativo, a un debate pertinente que debe girar en torno a tres asuntos puntuales y que nada tiene que ver -por si acaso- con estar en contra del desarrollo de la infraestructura del país.

1. Los peajes concesionados deben contar con una tarifa diferencial para las comunidades aledañas a las áreas de influencia de los proyectos. Caso Turbaco.

2. Que entre un peaje y otro haya una distancia mínima de 150 kilómetros.

3. Que los incrementos en las tarifas no sean superiores al IPC del año anterior, y que los municipios y distritos no puedan establecer peajes internos. Caso Cartagena.

Pero volvamos a Turbaco. Y esto va dirigido al Ministro Camargo Triana, a quien percibo como un funcionario reflexivo, serio y con sensibilidad social. Ministro, usted y la ANI están midiendo este asunto con un racero tipo y sin enfoque diferencial; y como dicen los abogados, cada caso es un caso y el diablo está en los detalles. Si ustedes pensaran al peaje Turbaco en clave de justicia social, estoy seguro que le darían un abordaje más preciso y conveniente. Pero no.

Ministro: el peaje de la discordia se ubicó allí hace más de 10 años para pagar la doble calzada que va hasta Arjona, eso usted lo sabe. La TIR se alcanzó, es decir, ya se pagó por la obra. Pero las casetas quedaron en la mitad de dos municipios dormitorio con población flotante, que en su mayoría gana menos del mínimo y que transita permanantemente por la Troncal para llegar a Cartagena a sus trabajos e instituciones educativas. Hay quienes lo hacen hasta 4 veces al día. Dentro de la estructuración financiera del corredor de carga Cartagena – Barranquilla, que contaba con el recaudo de los peajes de Turbaco, debieron tener en cuenta esta particularidad que no es asunto menor. Entre otras, porque cuando se propuso, en su momento, no había clima social ni circunstancias de coyuntura para decirles a estas comunidades recién salidas de un confinamiento por pandemia, en recesión, con sus economías lastimadas de lenta recuperación, con la canasta familiar por las nubes y con la gasolina al alza, que tenían que seguir pagado por una obra que, en perspectiva, no les corresponde.

El sentimiento antipeaje, germinado por la concesión leonina que nos querían imponer en Cartagena a través de los peajes internos, alimentó el fervor de miles a oponerse a tal injusticia en Turbaco. Gobernar es calcular, pensar, planificar, hacer control de daños, adelantarse a los acontecimientos para saber cómo y cuándo proceder, para así, aumentar el margen de maniobra y disminuir el de error. Soy consciente, por supuesto, que la obra debe mantenerse y es costoso para el municipio, si es que se encargara de hacerlo. Un peaje social hubiese estado bien, mil, dos mil pesos, por lo menos de bajada. Pero hasta ahí. Poner a pagar a estas comunidades por otra obra, por lo menos desde lo comunicacional, es un error de procedimiento estratégico.

Ministro, estamos en un punto de no retorno. Evite por favor un estallido social. 5 mil pesos representa la comida diaria de una familia en estos dos municipios. Nadie pagará un sólo peaje y para los manifiestantes no hay puntos medios, ni mesas de concertación que haga que la gente dé su brazo a torcer. Pregúntele al Presidente Petro qué hacer, él es consciente de lo que prometió en plaza pública a los turbaqueros en campaña. Aquí no van a aceptar discusiones con términos como “cierre financiero”, “estructura financiera” o “desequilibrio contractual”, la gente quiere escuchar, al respecto, soluciones de fondo. Aplazar una decisión definitiva, es dilatar una tragedia social en ciernes.

Invito a la ANI, al Ministerio de Transporte y los gobernantes de Turbaco y Bolívar, a dialogar pero con base en un contexto claro y que permita buscar soluciones en perspectiva, en clave de justicia social y con base en la realidad socioeconómica de todos los municipios del norte de Bolívar, impactados por esta obra que, en honor a la verdad, tanto beneficio nos ha traído. Un gobierno de corte social, piensa primero en la gente.

Juan Diego Perdomo Alaba.

Por: Juan Diego Perdomo Alaba @Perdomoalaba

Definitivamente gobernar es otra cosa. En 2017, desde el activismo electoral, el entonces candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro Urrego, criticó los peajes por numerosos, onerosos y asfixiadores, pues “la industria nacional se ahoga por sobrecostos en transporte a través de peajes”. Hizo referencia -vaya paradoja- a lo que actualmente se vive en su propio Gobierno, los “altos costos en los servicios públicos y materias primas”. Escupió pa’ arriba y no demoró en recibir el salivazo en la cara.

https://twitter.com/petrogustavo/status/946061167990071296?t=cX_Eci7czClU2LoCw7jS7w&s=19

En febrero de 2022, el candidato presidencial del Pacto Histórico llegó a la plaza principal del municipio de Turbaco, se reunió e hizo fotos con el comité antipeajes y se puso la gorra. En tarima y frente a miles, asestó que los peajes empobrecían a las comunidades. Nunca dijo que los acabaría, pero apoyó a grupos que buscan su eliminación.

El 25 de marzo del año en curso, el ministro de Transporte, el conservador Guillermo Reyes, anunció con vehemencia que a partir del 1 de abril “no habrá ningún peaje sin cobrar“. Pero fue más allá, hizo un llamado de atención a políticos, precandidatos, gobernantes en ejercicio y activistas que prometen desmontar peajes: “Uno no puede ir irresponsablemente por el país diciendo que va a quitar peajes, sin tener en cuenta la viabilidad financiera y las consecuencias jurídicas que implicaría desmontarlos”.

Reyes dijo que mientras no exista otra forma de mantener y hacer las vías, se seguirá cobrando vía peajes, “Yo les quito el peaje con mucho gusto apenas empecemos a cobrar valorización a los colegios, fincas, casas y hoteles que se encuentran en las zonas aledañas a las doble calzadas. Así lo permite la ley y lo permitirá el Plan de Desarrollo”, explicó.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura CCI Seccional Norte, el Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar, de manera conjunta, expresaron su preocupación debido a las “problemáticas de orden público” que se vienen presentando en los peajes, por eso le pidieron al Gobierno Nacional adoptar medidas para la seguridad en las casetas. El Gobierno acató y se excedió en su cumplimiento. Ya verán por qué.

Tal como lo anunció el ministro Reyes arriba, hace ya ocho días se reactivó el cobro del peaje de Turbaco tras 19 meses sin talanqueras por las protestas que se adelantaban contra ese recaudo. Dos días antes se retomó el cobro de Marahuaco, en la Vía al Mar. Ese día en Turbaco todo fue caótico y tenso, pues desde la madrugada las autoridades desplazaron un operativo militar sin precedentes que contó con la presencia del ESMAD y más de un centenar de efectivos de la Policía, una presencia de fuerza pública que nunca se ve, ni siquiera en la Cartagena de los 200 asesinatos en 200 días.

Los plantones, bloqueos y manifestaciones por parte de los activistas antipeajes no se hicieron esperar; frente a esto, el Ministro de Transporte anunció la instalación de una mesa de concertación el próximo martes en la Gobernación de Bolívar para llegar a acuerdos, diálogo que se debió pactar antes de reiniciar el cobro y no después de la polvareda social que afecta a muchos.

Los representantes del comité antipeajes, quienes otrora han demostrado efusividad, consistencia y templanza, han sido bastante condescendientes frente a las reacciones de este gobierno torpe que ha demostrado ser todo menos uno dado al diálogo y a la concertación. Si la orden de reactivar el cobro y mandar al ESMAD la hubiese dado Iván Duque, ese peaje estuviera en llamas. Hoy quien paga el pato es el transportador, el pasajero, el mototrabajador y el usuario de la vía quienes se tienen que “mamar” los retenes ILEGALES que montaron hace cinco días durante todo el día cada media hora en ambas calzadas de la vía Troncal a la altura del sector “La Virgencita”, en Turbaco. Lo hacen dizque para hacer “pedagogía”, claro, poner a la gente a aguantar media hora de sol en una vía Nacional no es muy “pedagógico” que digamos.

Eso sí, muchos de ellos están desilusionados con el Petro de tarima que poco se arrima al Petro tuitero gobernante, ese que tira la línea en privado para que sus ministros hagan el trabajo sucio en público.

Los peajes: el florero de Llorente 

En Colombia los peajes están -como dice un amigo- calumniados. Como la inversión en infraestructura de transporte es muy costosa, los gastos son mayores a los ingresos y las asignaciones presupuestales se priorizan para inversión social, se acude desde hace 30 años a las alianzas público privadas APP, mecanismo que busca atraer capital privado para la rehabilitación, mantenimiento y construcción de medios de transporte, que se le paga al particular vía peajes.

Para nadie es un secreto que estas concesiones se han convertido en todo un cartel, o sino pregúntenselo a Aída Merlano, excompañera del finado congresista Roberto Gerlein, hermano de Julio, megacontratista que se volvió archimillonario a costa de estos cobros vitalicios que además de pagar vías, pagan campañas electorales. Luis Carlos Sarmiento, el otro magnate involucrado en el negocio de los peajes, tiene 4 de los 10 peajes más costosos del país.

En la actualidad en todo el territorio nacional existen más de 170 peajes, a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), seguido del Instituto Nacional de Vías (Invías) y el resto manejadas por concesiones privadas.

Por eso resulta realmente escandaloso, a la sazón de las innumerables polémicas sobre contratos leoninos de peajes en el país -verbigracia los internos en Cartagena- que se anuncie uno a 30 o 40 años de cobro. ¡Un exabrupto! Eso la ciudadanía ya no se lo aguanta, no es ni política ni socialmente viable ni presentable.

En cuando a Cartagena, todos sabemos, hasta la misma Concesión Víal, que la tasa interna de retorno se alcalzó hace años. Es decir, la obra ya se pagó. Y ese es uno de los líos con los peajes en el país, que se pagan tres y hasta cuatro veces con la complacencia de los tomadores de decisiones. O las vías siguen rotas, como los de Sucre, por ejemplo. Por eso, el próximo alcalde o alcaldesa de Cartagena debe dar la lucha jurídica responsable para demostrar que ya la TIR de los peajes internos se alcalzó. No obstante, soy de la idea de que las casetas se deben preservar para mantener el Corredor vial, hacer vías complementarias y/o financiar el Plan de Rehabilitación Víal, pues el presupuesto de libre destinación del Distrito es limitado y lo poco que queda es para inversión social. Mucho mejor que cobrar obras por valorización. El cobro además lo haría el mismo Distrito. Pero bueno, no hay ambiente político ni confianza para tal idea. Quien la proponga que aliste casco y de paso flotador. O sino que lo diga Pedrito Pereira.

Para terminar, me permito preocuparlos más e insistir en algo. En el informe de empalme Duque – Petro, del sector transporte, su coordinadora, María Constanza García, informó al país sobre la instalación de 19 nuevos peajes entre 2023 y 2024, ante la necesidad de financiar la sostenibilidad de las vías de cuarta generación (4G) ya comprometidas. Nada que hacer, el expresidente Duque los dejó aprobados desde 2021.

Y ya que insiste tanto en el “cambio”, ojalá que, en la medida de lo que le permita la ley, Petro entre a renegociar todos esos peajes leoninos o, en su defecto, presentar o apoyar un proyecto de ley que los ponga en cintura.  Tres puntos para abordar serían:  1. Los peajes concesionados deben contar con una tarifa diferencial para las comunidades aledañas a las áreas de influencia de los proyectos. Caso Turbaco. 2. Que entre un peaje y otro haya una distancia mínima de 150 kilómetros. 3. Que los incrementos en las tarifas no sean superiores al IPC del año anterior y que los municipios y distritos no puedan establecer peajes internos.

Entre el populismo electoral y la sobresimplificación política del asunto, y el abuso financiero y leonino del mecanismo, los peajes, como herramienta de financiación de infraestructura necesaria para el desarrollo del país, se está quedando sin piso político ni legitimidad pública . Y Petro, al respecto, está dando palos de ciego. Ojalá reoriente y tome mejores decisiones sobre el particular. Si es que el sistema lo deja, porque como lo señalé al inicio, gobernar es otra cosa.