Pero esta vez el debate no es el mismo. La pregunta ya no es si queremos la paz —porque ese anhelo es casi un consenso nacional—, sino con quién es posible negociarla y en qué condiciones.

La llamada “paz total” del actual gobierno prometía abrir múltiples mesas, desescalar el conflicto y avanzar hacia el cierre definitivo de décadas de violencia. Sin embargo, en la práctica, el país ha presenciado un fortalecimiento militar, territorial y político de varios grupos armados ilegales. Las cifras de expansión, los corredores estratégicos recuperados por estructuras criminales y el incremento de acciones violentas plantean una inquietud legítima: ¿se negocia desde la fortaleza institucional o desde la debilidad operativa?

En 2014, la campaña presidencial entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga giró en torno a la continuidad del proceso de paz en La Habana. Los colombianos optaron por respaldar la negociación. El acuerdo firmado partía de una premisa clara: quienes no se acogieran o retomaran las armas enfrentarían todo el peso del Estado.

Hoy, sin embargo, subsisten estructuras asociadas a lo que fueron las FARC. No son idénticas en mando ni en estructura, pero comparten origen, doctrina y, en muchos casos, integrantes que decidieron no acogerse al acuerdo o traicionarlo posteriormente. Cambian los nombres, cambian los comandantes, cambian los territorios; el denominador común es el mismo: disidencia armada y continuidad criminal.

Con el ELN, cinco gobiernos consecutivos —Pastrana, Uribe, Santos, Duque y Petro— han intentado abrir o sostener procesos de negociación. En paralelo a cada esfuerzo de diálogo, el país ha visto atentados, secuestros, extorsiones y ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

La pregunta no es si se debe intentar la paz; la pregunta es si existe voluntad real de desarme por parte de quienes negocian. Porque un proceso de paz sin coherencia entre discurso y hechos termina erosionando la credibilidad institucional y desgastando la confianza ciudadana.

En el caso del llamado “Clan del Golfo”, pese a los golpes contundentes de la Fuerza Pública contra su liderazgo, la organización mantiene capacidad operativa significativa. No es una guerrilla con ideario político; es una estructura de narcotráfico y control territorial.

Más abajo en la escala aparecen múltiples grupos criminales de alcance regional, sin agenda política ni proyecto ideológico. Son, en esencia, empresas ilegales dedicadas a rentas ilícitas. Y allí surge otro dilema: ¿se negocia con quien no tiene un propósito político sino exclusivamente económico?

La lectura general del panorama actual conduce a una conclusión incómoda: hoy ninguno de estos grupos parece actuar desde una posición genuina de voluntad de paz. Por el contrario, muchos han aprovechado los espacios de diálogo para reconfigurarse, expandirse o fortalecerse.

Negociar no es un acto de ingenuidad; es un instrumento del Estado. Pero ese instrumento exige condiciones mínimas: voluntad verificable, coherencia entre lo que se firma y lo que se ejecuta, y una correlación de fuerzas que no premie la violencia.

Si esas condiciones no existen, la pregunta “¿Con quién vamos a negociar la paz?” tiene una respuesta preliminar: con nadie que no demuestre primero, de manera inequívoca, que está dispuesto a abandonar las armas.

Mientras tanto, el Estado no puede abdicar de su función esencial: garantizar la seguridad, ejercer el monopolio legítimo de la fuerza y aplicar todo el peso de la ley. La negociación debe ser el punto de llegada cuando la ilegalidad reconoce que no puede imponerse, no el punto de partida para que se fortalezca.

En tiempos electorales, conviene que el debate sobre la paz sea menos emocional y más estratégico. Porque la paz no es simplemente sentarse a dialogar; es crear las condiciones para el final del conflicto.

“La paz (…) más que una cuestión política o militar, o económica, es un logro de la sabiduría“: Javier Darío Restrepo, faro ético y maestro de periodistas (1932-2019).

¿Qué hacer para que la ética, y no el clickbait, gobierne las salas de redacción?

Diversos medios de comunicación y algunos políticos se pegaron de la entrevista que un periodista de Los informantes (Caracol Televisión) le hizo a miembros del ELN, con el único fin de extraer aquello que sirviera para atacar al presidente, renegar de la Paz Total y por ahí derechito, sin querer queriendo, congraciarse con aquella guerrilla.  

“ELN habría ayudado a elegir a Petro, según una comandante”, tituló la revista Semana, refiriéndose a alias Silvana Guerrero.

El periodista Eduardo Contreras le preguntó a la subversiva: ¿Ustedes ayudaron a elegir a Petro?, y ella respondió: “Se ayuda a elegir desde el trabajo político que nosotros desarrollamos en todo el amplio territorio del país por un candidato que generó una expectativa, mucha población vio en Petro el presidente que podría cambiar el rumbo de este país, y mira, nos ha decepcionado”.

La periodista Julia Correa ajustó esos 21 segundos a su manera, es decir, a la manera de Semana, un medio probadamente en oposición al gobierno:

“Una comandante del ELN confesó que ellos habrían ayudado a elegir a Petro. Y si eso es verdad el país lo debería saber. Silvana Guerrero, comandante del Frente nororiental del ELN, dijo que ese grupo terrorista ayudó a elegir a Petro desde el trabajo político que ellos desarrollan en el amplio territorio del país (…) Una confesión que estremece al país y sobre la que debería pronunciarse no solo el presidente, también los funcionarios de su gobierno y los congresistas de su coalición. Estamos hablando de una agrupación que ha cometido crímenes, asesinatos y secuestros, además de la tragedia humana que ha causado en el Catatumbo, sin mencionar muchas otras. Y por supuesto, las autoridades competentes deben investigar esas afirmaciones lo más pronto posible, pues de confirmarse estaríamos ante un presidente ayudado a elegir por un sanguinario grupo narcoterrorista”.

Infobae tituló: “ELN aseguró que ´trabajó´ para que Gustavo Petro ganara las elecciones en 2022: le recomendaron ´ir al psiquiatra´”.

Es decir, los pájaros tirándoles a las escopetas: Los guerrilleros, posando de dignos, haciendo evaluaciones y diagnósticos psiquiátricos, sabiendo que son arte y parte en esta demencial confrontación, en la que tienen culpas y pecados, más no voluntad para acabarla.  

Los precandidatos, que nada proponen, porque pareciera que nada tienen para proponer, se regodean con la entrevista. Sergio Fajardo acogió las palabras del comandante Ricardo del ELN, quien dijo “Paz total, fracaso total”, y vaticina que el país se encuentra bajo la amenaza de una “guerra total”, en tanto que la senadora María Fernanda Cabal, quien tiene agencia de prensa propia, fue de las primeras en sacarle provecho al siguiente fragmento en su cuenta de X.  

“El hecho de que dos personas digan que hicieron trabajo político para la elección de Gustavo Petro, de entrada es cuestionable porque no se sabe si es verdad o no. Pero si fuera cierto, es porque creyeron que habría un cambio político que permitiría revivir las opciones de paz, que fueron cerradas con el Plebiscito de 2016”, me dice, vía WhatsApp Javier Correa, escritor, periodista y exmiembro del M-19.

El diario El Colombiano, en actitud responsable, busco voces, estas si autorizadas, (entre ellas la de Ariel Ávila, analista del conflicto y Angelika Rettberg, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes) para hablar sobre el tema, aparte de dar contexto a la información, que es lo que en estos casos se le pide a la prensa, no quedarse únicamente con lo que sirva, desde el sesgo informativo, para alborotar el algoritmo. 

“Si bien los subversivos no profundizaron cómo ni en qué circunstancias se dio ese “trabajo político”, explicaron que no se trató de una orden emanada por los máximos cabecillas del ELN y que terminaron “convencidos” por el discurso del hoy presidente”, aclara en su nota el periodista Javier González.

El presidente no se quedó callado. En un primer trino manifestó que “no busco votos, busco la paz que ustedes no entendieron’ y en un segundo tuit calificó al ELN de fuerza mercenaria controlada por el narcotráfico. “El ELN crece con mercenarios. Es la modalidad del traquetismo”, trinó.

“Hablando de este tema con mi hija le pregunté si ella encontraba alguna diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento, dijo, se lleva en la cabeza y la sabiduría está en el corazón. Y esa es probablemente la clave: la paz es una construcción del corazón“: Javier Darío Restrepo, faro ético y maestro de periodistas (1932-2019).

Los colombianos debemos entender, y esto nos incluye a los periodistas, que la paz es el bien supremo de una nación para que podamos convivir como gente civilizada. No podemos comportarnos de manera insensible, con cero empatía con las víctimas del conflicto armado interno y las canalladas que de este se derivan.

La paz merece hasta el más mínimo esfuerzo de los medios y de la sociedad. Nadie debería empecinarse en seguir alimentando la idea de que corran ríos de sangre por la antipatía hacia este u otro mandatario, olvidando que hay unos principios que nos rigen como nación.

Mientras que el artículo 22 de la Constitución Política de 1991 establece que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, en su preámbulo la misma carta magna le reconoce a la Paz su condición de valor fundante cuando expresa que, “el Pueblo de Colombia, en su calidad de Soberano, y para garantizar la Paz, aprueba dicha Constitución”.

La prensa, dentro de eso que llaman su función social, debe despojarse de cualquier mezquindad para exigir del gobierno cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y exigirle también acciones contundentes de la fuerza pública para mantener el orden público y proteger a los civiles. Pero a nadie debería tildársele de loco por soñar con la paz.  Y quienes están por fuera del marco de la ley no son, ni mucho menos, quienes tienen la autoridad moral para seguir avivando las confrontaciones en un país hastiado de la locura de la guerra.

Comparto lo escrito por el analista León Valencia en su libro ¿Plomo es lo que viene? (Sello Aguilar, 362 páginas), refiriéndose a guerrillas y disidencias: “intentan revivir un espíritu insurgente que ya no encontrarán. La razón es clara: la alternancia política, a pesar de sus desafíos, se ha consolidado en la vida republicana colombiana, y eso significa que las opciones de transformación social ahora tienen un carácter civilista y democrático. La insistencia en la guerra solo aleja a estos grupos de la última posibilidad de relevancia política que les queda (…) la alternancia ha traído consigo la necesidad de construir una narrativa que vincule seguridad y paz, profundizando en el Estado de Derecho y brindando protección. Se trata (…) de encontrar nuestro acuerdo nacional, donde la violencia tenga cada vez menos cabida”.

Amén.

Aquí la entrevista completa del programa Los Informantes.

“… cada uno de nosotros puede hacer algo por mejorar el mundo en que vivimos y en el que vivirán los que nos sigan. Debemos trabajar para el presente y para el futuro (…) Saber que estamos contribuyendo a hacer un mundo mejor, debe ser la máxima de las aspiraciones humanas”: Héctor Abad Gómez, en El olvido que seremos.

Aclaración pertinente: Dice Google que “la cuadratura del círculo es un problema geométrico que consiste en construir un cuadrado en la misma área que un círculo. También se utiliza como expresión coloquial para referirse a algo imposible de realizar”.

Con rabia escribió su última columna Héctor Abad Faciolince (El Espectador, 23 de marzo de 2025), para referirse al presidente Gustavo Petro: “Dice que él –el dañino- tiene la receta para arreglar lo que él mismo ha destruido. La cuadratura del círculo”.

Sería una tremenda frase si fuera del todo cierta. Pero esta columna es otra diatriba en el país de las diatribas, con muchas acusaciones, algunas verdades pero poca argumentación. Se entiende, porque en 500 o 600 palabras no se puede decir mucho cuando se aborda tantos temas y de tal hondura.

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Dice el columnista: “Lleva más de dos años despedazando, hundiendo a propósito un sistema de salud que no era perfecto, pero que funcionaba relativamente bien. En lugar de mejorarlo, en vez de suplir sus carencias, lo ha venido desmontando y empeorando hasta llevarlo a la quiebra. La atención en salud en Colombia está sumida en una crisis sin precedentes en los últimos treinta años”. 

No, estimado Héctor Abad, las cosas no están funcionando relativamente bien en el sector salud, como cree. “En nuevo informe (03-10-25), la Contraloría General de la República reveló que ha abierto 522 procesos relacionados con la gestión de 11 billones de pesos, 111 imputaciones por daños al patrimonio público, y 41 fallos de responsabilidad fiscal por 542 mil millones de pesos”, escribe, también en El Espectador, el columnista Fernando Galindo.

La crisis no empezó con el actual gobierno. Dice el columnista Galindo: “Quienes persisten en defender la permanencia de las EPS y rechazan la reforma a la salud presentada por el Gobierno, son insensatos, ante la comprobación de la corrupción generada por el desfalco de los dineros públicos, por más de 32 años”. Esto es desde la Ley 100 de 1993.

Conversé con el doctor Diego Acosta, expresidente de Assosalud, quien hace esta lectura: “La falla estructural, desde la creación del sistema de salud  y de sus ajustes en el tiempo, ha sido permanente y progresiva, acumulativa, por lo que su actual y trágico agravamiento es el resultado lógico de su devenir. No se resuelve ahora, simplemente dándole mayores recursos en dinero a las agencias que sin los controles adecuados los han manejado oscura e ineficientemente”.

El doctor Acosta ha insistido en que se requiere “demoler lo que está mal construido y peor gestionado, que cese el bloqueo a la reforma y la poda que se le hace en el Congreso, que se calcule el costo de estos servicios a partir de las necesidades de la población y no de los informes torcidos de los interesados, que se alleguen los recursos necesarios (rompiendo el bloqueo a las finanzas del Estado ) y que se establezca una gobernanza participativa del sistema en la que no sólo las agencias del Estado, sino igualmente la ciudadanía y los agentes que concurren, tengan la posibilidad real de ejercer control”.

También el doctor Héctor Abad Gómez creía en la necesidad de reformar lo que no funciona. De “El olvido que seremos” tomo prestadas las palabras que lo describen a él, que fue, aparte de médico salubrista y pionero de la salud pública, un liberal en el sentido amplio del término, “Confiaba en que por la vía de las reformas radicales se podía llegar a la transformación del país. Nunca, ni cuando estaba más furioso por las atrocidades que cometían los militares y el Gobierno, su furia lo sacaba de su pacifismo más hondo”.

Hoy tenemos un gobierno que no silencia a la gente por pensar distinto y tampoco los militares cometen atrocidades con aquel que piensa diferente.

Nos dolió la muerte del doctor Héctor Abad Gómez. Su humanidad fue ejemplar y su obra le costó la vida.  Está resumida en este perfil que hizo El Espectador en 2017, al cumplirse 30 años de su asesinato.

“… médico y líder de derechos humanos de Antioquia, víctima de un plan paramilitar, con complicidad estatal, para ´anular cerebros´ de izquierda. (…) Héctor Abad Gómez, médico y presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, es el símbolo de la generación de pensadores asesinada durante los últimos seis meses de 1987 por orden del entonces jefe del paramilitarismo en Colombia, Carlos Castaño Gil, como lo confesó después, asesorado por la ´crema y nata´ de la dirigencia empresarial y la inteligencia militar”.

Hoy, por fortuna, tenemos un gobierno que no silencia a la gente, ni la manda a callar por por pensar distinto y tampoco los militares cometen atrocidades con aquel que piensa diferente. En algo el país ha cambiado, aunque el enojo nos haga ver únicamente lo malo.

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Otro aparte de la disertación del escritor antioqueño:

“… el que iba a rescatar la educación pública, tiene en la quiebra a las universidades públicas y en el abandono los sistemas de atención a la infancia y a la juventud”. 

Hay que aceptar que el presidente y su ministro de Educación se rajan en esta materia, pero también, como lo señaló el filósofo Francisco Cajiao en entrevista con El País, este sector es uno de los que enfrenta mayores limitaciones desde siempre, no de 2022 para acá: “Es de procesos lentos. Una reforma curricular, por ejemplo, no se hace en cuatro años en ningún país serio”, comenta. Asimismo, señala que Petro no entiende que el Ministerio tiene “muy poco margen de acción” y funciona más como un articulador de otras entidades: gran parte de la política educativa para los colegios depende de los gobernadores y alcaldes, y la educación superior se compone de instituciones autónomas. “Casi el 95% del presupuesto es dedicado al funcionamiento [como el pago de sueldos] y el Ministerio no puede tomar ninguna decisión sobre esa parte. Le queda menos del 10% para inversión”, dice.

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Sigue la diatriba.

“El que iba a hacer la paz total, le ha entregado el gobierno de las zonas más vulnerables a la delincuencia total, al Clan del Golfo, y a los narcos totales. El que iba a resolver de una vez y para siempre los problemas del Catatumbo, hace que cada vez más zonas de Colombia parezcan un Catatumbo”.

El doctor Héctor Abad Gómez tenía claro por qué creía en la paz. “No predicaba una revolución violenta, pero sí un cambio radical en las prioridades del Estado, con la advertencia de que si no se les daba a todos los ciudadanos al menos la igualdad de oportunidades, además de condiciones mínimas de subsistencia digna, y cuanto antes, durante mucho más tiempo habríamos de sufrir violencia, delincuencia, surgimiento de bandas armadas y de furibundos grupos guerrilleros”, se lee en otro párrafo de El olvido que seremos, reproducido en el mismo perfil de antes.

Enhorabuena, nos queda el pensamiento de este gran hombre. Por otro lado, a quien quiera profundizar sobre los más y los menos de la Paz Total, le recomiendo el juicioso ensayo del analista León Valencia: “¿Plomo es lo que viene? Dos años de Paz Total, balances y retos” (Penguin Random House, 362 páginas).

“A la paz total se le han atribuido males que no le corresponden”: León Valencia, en el libro “¿Plomo es lo que viene?“.

“… no es cierto, lo que se ha divulgado entre la opinión pública sobre la relación causal entre la Paz Total y el crecimiento de los grupos armados ilegales; en especial, durante los ceses al fuego” (…) “al mismo tiempo, la política de Paz ha traído ventajas para el país” (…) “a la paz total se le han atribuido males que no le corresponden. Gran parte de los indicadores de violencia asociada al conflicto armado venían en aumento, al igual que la presencia y el control territorial de los grupos armados”.

En lo que toca al gobierno anterior, arguye León Valencia: “Durante el gobierno de Iván Duque, la frase ´plomo es lo que hay´ marcó una paradoja, ya que en esa época se presentó el mayor aumento en la presencia territorial de grupos armados, desplazamientos y asesinatos de líderes sociales, lo cual desembocó en un gran descontento social y un clamor general para detener la violencia”.

Y continúa: “En la subregión del Catatumbo, Norte de Santander, se observa una disminución en los secuestros, los homicidios y las extorsiones, junto con los avances hacia la Paz Total, gracias a la reducción de acciones armadas entre la Fuerza Pública y los grupos armados presentes”.

Añade el investigador un párrafo que, a mi juicio, es la almendra del asunto:

“La narrativa de correlacionar la paz con el incremento de algunas violencia y con una situación preocupante de orden público (…) puede llevar a que la sociedad colombiana pierda el foco en lograr la paz, abandone los esfuerzos presentes y renuncie a la necesaria implementación del acuerdo de paz firmado con las antiguas FARC en 2016”.

Concluye diciendo que la paz debe ser “nuestro acuerdo nacional, y así superar la falsa dicotomía entre paz y seguridad”, porque –esto lo agrego yo-, no olvidemos que políticas como la “Seguridad Democrática” de los dos gobiernos de Álvaro Uribe más allá de brindar tranquilidad a quienes tenían finca y tierras, no frenó el derramamiento de sangre y sí empeoró la situación de derechos humanos, que le costó la vida a miles de personas inocentes, como en su momento, año 1987, al doctor Héctor Abad Gómez.  

“… el egoísmo y la indiferencia son características de los ciegos ante la evidencia y de los satisfechos con sus condiciones buenas y que niegan las condiciones malas de los demás. No quieren ver lo que está a la vista, para así mantener su situación de privilegio en todos los campos. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿A quiénes les corresponde actuar?” (Frase del doctor Héctor Abad Gómez en El olvido que seremos)

A ningún demócrata debería molestarle la idea de consultar a los ciudadanos, porque ese es el espíritu mayor en una democracia

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Dice el columnista: “Su último engendro es la consulta popular”.

La consulta popular no es ningún engendro. Es la figura legal que consagra la Constitución del 91 para que el pueblo (al que llaman Constituyente primario), pueda incidir en temas sensibles que le afectan: la reforma laboral y de salud son asuntos de entera trascendencia.

A ningún demócrata debería molestarle la idea de consultar a los ciudadanos, porque ese es el espíritu mayor en una democracia: contar con la opinión de los gobernados, cuando aquellos que deberían representarlos incumplen ese mandato. El derecho a la libre expresión no es sólo para quienes tenemos el privilegio de escribir para un medio. Es también un derecho de los ciudadanos a través de mecanismos como la consulta popular, al que ahora se le sataniza por ocurrírsele a Petro.

A este gobierno se le eligió por su promesa mayor de cambio a través de las reformas. La comisión VII del Senado, con ocho votos a favor y seis en contra, hundió la reforma laboral, sin haberla debatido, que era el deber ser, una clara muestra de despotismo, que le confiere al Congreso de la República un carácter casi dictatorial, llegando incluso a irrespetar el trabajo juicioso que sí hizo la Cámara de Representantes.

Me parece lamentable que el país no haya dimensionado la gravedad de esta bofetada legislativa, y en cambio estemos especulando, como lo hace el escritor sobre los supuestos delirios y borracheras del presidente.

Eso sí, le asiste razón cuando escribe: “Se alía con la parte más abominable y corrupta de la política regional (…) Un matrimonio imposible: lo limpio con lo corrupto”. Creo entender que con “lo limpio” se refiere al mandatario.

Ningún presidente es monedita de oro. Desde el día que gana la elección se convierte en el enemigo de aquellos que no votaron por él. Para la posteridad tenemos dos alternativas: quejarnos sin más remedio (la salida fácil), o dejar constancia para la historia de que fuimos capaces de deponer la rabia para avizorar un país posible, no para quienes ya vamos de salida, sino para quienes vienen detrás y más aún para aquellos que ni siquiera han nacido, y a quienes deberíamos entregarles un mejor país del que encontramos.

Yo siempre he tenido un buen concepto de los intelectuales, pero a veces tengo mis dudas. Al intelectual, para serlo, se le impone el reto de escribir desde el sosiego para que la luz lo irradie todo. Ojalá los librepensadores de este país –y en especial los escritores- puedan ver más allá de lo que el común de la gente ve.

Escribir sin rabia puede ser un buen comienzo. Quizás, después de todo, el enigma a resolver no sea la cuadratura del círculo, si no el círculo vicioso en el que estamos atrapados 50 millones de criaturas, por la miopía de una clase política que desde el Congreso de la República sabotea las dos principales reformas sociales que -y entiéndase esto- necesita con urgencia el país, no el presidente.

“Ejército Liberticida Nacional”

El caso más grotesco y patético es el del ELN, cuyas siglas ahora significan Ejército Liberticida Nacional, pues confina y niega a las comunidades rurales la libertad de movimiento y existencia en el Catatumbo, Chocó y Cauca. Ya demostraron sus comandantes ser incapaces de comprender el lenguaje de la paz, dilapidando una vez más la generosa e ingenua oportunidad brindada por este gobierno en prolongadas y extenuantes mesas de diálogo, que culminaron en la actual crisis humanitaria. Todo parece indicar que les ha llegado la hora de entender las armas, el único “lenguaje” que saben articular y disparar. Por eso tiene sentido el nombramiento del general Pedro Sánchez[ii] como ministro de defensa. Quizá así se compruebe, una vez más, la grave sentencia de Hobbes: “Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre, en modo alguno”. Ello significaría, por doloroso y cruel que suene, que para dichas organizaciones solo“la paz con sangre entra”, pues no le han dejado al “gobierno del cambio” otra opción que confrontarlas en el campo de batalla, sobre el cual sin duda sabe mucho más el general Sánchez que el saliente y bien intencionado ministro Iván Velásquez, un hombre de leyes y no de armas, extraviado en el laberinto de esta guerra degradada.

Un general para la Paz

Sería también una oportunidad histórica para la Fuerza Pública, pues el general Pedro Sánchez podrá refutar los hipócritas y falaces argumentos de exministros civiles como Rafael Pardo y Martha Lucía Ramírez, que ahora ponen el grito en el cielo y hablan de “inconsistencia ideológica” del primer presidente de izquierda. Dice la exministra de defensa, Martha Lucía Ramírez: “Es inconcebible que después de todo el avance de Colombia para que haya un poder civil a la cabeza de las Fuerzas se ceda este poder. (Petro) lo hace para congraciarse con las Fuerzas Militares, a las que no ha hecho otra cosa que maltratar”. Más bien es todo lo contrario, exministra, lo inconcebible es que usted, bajo la dirección del presidente Uribe y el mando del general Mario Montoya, haya realizado la Operación Orión en la comuna 13 de Medellín, en asocio criminal con Don Berna, Diego Fernando Murillo[iii], de las AUC, cuyo saldo de crímenes impunes no solo “maltrató” a las Fuerzas Militares, sino que las deslegitimó y degradó. Algo similar le sucedió al exministro Rafael Pardo, el primero civil recién estrenada la Constitución del 91, que no solo prometió llevar a la mesa de negociaciones a las FARC en seis meses y estuvo al frente de la fracasada “guerra integral”, sino que además promovió con el entonces presidente César Gaviria la creación de las CONVIVIR[iv], mampara de la actuación de las AUC en muchas regiones del país que luego anegaron en sangre con sus masacres. Cooperativas que siempre auspició y defendió el muy civilista gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, que condecoró como general de la Paz a Rito Alejo del Río, condenado a 26 años por su ejemplar colaboración con las AUC y el crimen de Marino López Mena en el marco de la Operación Génesis adelantada en el Cacarica y Salaquí entre el 24 y 27 de febrero de 1997[v].

¡Civiles guerreristas contra el general Sánchez!

Y para completar el corifeo de indignados por la presencia del general Sánchez en el ministerio de defensa, tenemos la flamante y reveladora declaración del representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uzcátegui, hijo del general (r) Jaime Humberto Uzcátegui: “Que el nuevo ministro sea de origen militar permite pensar que se va a reactivar la ofensiva de la Fuerza Pública que necesita Colombia, pero a su vez queda la duda de si Sánchez es una persona capaz de decirle ‘No’ al Presidente y anteponer los intereses del sector Defensa a la obediencia debida que tienen los militares ante el jefe de Estado”. Declaración inaudita en un congresista, pues afirma que los “intereses del sector Defensa” deben estar por encima del poder civil presidencial y de la Constitución que manda en su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Sin duda, las reacciones de estos tres acérrimos civilistas, confirma el aserto atribuido a Don Miguel de Unamuno: “Es más fácil civilizar a un militar, que desmilitarizar a un civil”. Sobre todo, porque esos civilistas acérrimos nunca han estado en el campo de batalla exponiendo sus vidas y cuando más se han limitado a dar órdenes desde sus seguros escritorios ministeriales o vociferar discursos belicistas en sus encumbradas curules del Congreso. Todo lo contrario del general Sánchez, con 35 años en servicio, quien “lideró en 2023 la ‘Operación Esperanza’, con la que se logró el rescate de los menores Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ranoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Ranoque Mucutuy, de uno, en un operativo que contó con el apoyo de los conocimientos ancestrales de las guardias indígenas”. Solo cabe desearle igual éxito al general Sánchez en el rescate del orden público nacional, demostrando que la seguridad humana y territorial es el presupuesto necesario para la paz, confrontando eficaz y legítimamente, con el cumplimiento del DIH y los Derechos Humanos, a las organizaciones criminales que hoy los desconocen y conculcan la vida, libertad y seguridad de civiles en vastas regiones del país.

[i] https://www.youtube.com/@oromocafelibreriaeditorial367?si=-npNUggER8SCnkNj

[ii] https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/el-general-pedro-sanchez-designado-mindefensa-lidero-el-rescate-de-los-ninos-de-la-selva-3428600

[iii] https://centrodememoriahistorica.gov.co/20-anos-de-la-operacion-orion-la-intervencion-armada-urbana-de-mayor-impacto-en-el-conflicto-armado/

[iv] https://verdadabierta.com/las-convivir-motor-de-la-guerra-paramilitar/

[v] https://www.justiciaypazcolombia.com/26-anos-de-condena-al-general-r-rito-alejo-del-rio/

Introducción

He pensado muchísimo si quiero o no exponerme con estas opiniones mías, si quiero o no que me despellejen virtualmente. Acá, en mis diversos espacios, he hablado desde el corazón con mujeres diversas y nunca he escondido la admiración que tengo por ellas, aunque no siempre esté de acuerdo con sus pensamientos. Por mencionar algunas, he dialogado con Piedad Córdoba, con Claudia Palacios, Margarita Rosa de Francisco, Diana Salinas, entre muchas más. Hoy quiero hablar sobre el trabajo periodístico de la reportera colombo-española Salud Hernández Mora, de su liderazgo en opinión. No para hacerle propaganda, porque no soy una propagandista, sino para reconocerla. Siento que el Feminismo Artesanal del que soy abanderada e iniciadora de manera endógena hace más de una década trata de eso, del reconocimiento desde la diferencia. Ella y yo tenemos en común el amor por el periodismo y la comunicación. Y la sensibilidad por búsqueda de la justicia y la verdad. Ya saben que vivo como estandarte político el día a día; entre más tengo el privilegio de estudiar, más me hago a la idea de que la gran mayoría de realidades personales son de injerencia política. Ya saben que soy el resultado de validar la primaria y el bachillerato y se los digo como parte de la introducción de hoy con el ánimo de que entiendan desde dónde analizo la reciente publicación de Salud que me conmovió hasta los tuétanos.

En el complejo y turbulento panorama colombiano, las disidencias de las FARC continúan siendo un actor relevante y controvertido.

Pese a los acuerdos de paz firmados en 2016, estos grupos disidentes han mantenido su presencia y actividades, generando desesperanza en diversas regiones del país.

En este contexto, la labor periodística de Salud Hernández-Mora, una reportera colombo-española conocida por sus posturas de derecha, ha sido tanto aclamada como criticada.

Su enfoque directo y la gallardía para internarse en territorios controlados por estos grupos armados le han permitido ofrecer una perspectiva única y, a menudo, polémica sobre la realidad que se vive en estas zonas.

Hace 25 años, algunos años más, yo estaba tratando de hacer una vida, queriendo aportar al mundo que me rodeaba desde todas las intersubjetividades y mi propia ignorancia, solamente desde el deseo

Por eso me hice activista.

Cuando Salud Hernández-Mora llegó a Colombia a empezar su historia como periodista, yo estaba asumiendo una cantidad de realidades que no vienen al caso.

Pasaron muchos años para que me enterara a profundidad de los detalles de fondo de este país que me supera, un país que cada vez me convenzo más que no cabe en la cabeza de alguien. Desde las intersubjetividades del mundo que habitaba en ese instante, un micro universo muy lejano a la realidad del país.

Hoy he llegado a la conclusión de que siempre creemos que lo que acontece a nuestro alrededor es suficiente para dimensionar “el mundo entero”, y solamente el privilegio de la educación, de esa educación a fuego lento que produce el conocimiento de calidad, nos permite ver más allá de “la punta de nuestra nariz”.

Me hice consciente de su existencia muchísimos años después y por ahí hay algunos trinos y mensajes míos pidiéndole a la extranjera que dejara de hablar sobre un país que no conocía.

Obviamente, sus posturas de derecha eran incompatibles con mis deseos y anhelos idealistas.

Así fue durante varios años hasta que cambié el tono de mi activismo, porque quise conocer las razones por las cuales las personas opuestas a mi sentir tenían ciertas posturas.

Aunque he leído durante años las columnas de Salud, hasta hace muy poco tuve la posibilidad de leer el libro “Sin Salida: Crónicas de la Guerra en Colombia” (2016), que aborda el conflicto armado en el país.

Nada de esto es un tema desconocido para mí.

Parte de mi infancia fue en medio de la desidia de este país.

Así que, un poco más de cerca que la mayoría, y no tan profundamente, conocí lo que hacía la violencia y el terror en los pueblos.

Crecí “contando muertos” no solamente en las noticias; ahí cerquita de donde vivía se contaban muertos todas las semanas… En los pueblos donde pasé la mayoría de mi infancia.

Los jóvenes en los colegios donde no aprendí nada debido a mis realidades psicosociales y falta de herramientas.

En aquel colegio de ese pueblo donde estuve algunos años, los adolescentes y jóvenes por echar broma, decían “¿a quién mataron hoy?”, preguntaban eso de una forma tan normal entre risas, cuando al final del día teníamos miedo porque la cosa era en serio.

De allá proceden mis activismos, también desde otras realidades interconectadas con mi biografía y desde mi ignorancia. Para mí, Salud Hernández no era más que una española viviendo de la desgracia colombiana. Siento una enorme vergüenza al narrarles esto.

Un día, por razones de mi activismo, de este periodismo para el desarrollo humano y la Edu comunicación que me atraviesa, decidí hablar, decidí escucharla. La entrevisté dos veces y conectamos de una manera particular. Por ahí están los diálogos, incluso en la pandemia también hay un diálogo.

No vi todas las cosas horribles que las redes y la bulla de este internet hacían ver después de los diálogos.

Si omito alguna información, es porque esa información no es de interés público. Porque todas las personas, aunque no tengamos secretos, tenemos derecho a una vida privada.

No todo lo que pasa es de interés público, eso lo aprendemos en el periodismo serio. No todo lo que una persona de interés público hace en su cotidianidad es una noticia relevante.

Eso es todo.

Antes de que empiecen a decirme cosas horribles por resaltar desde mi lugar a esta reportera, entiendan que es hora de reconocer la razón en medio de las diferencias. Esa es otra manera de construir paz.

Dejándome llevar por la pasión política natural de los activismos, siempre contrariada, me parecía incomprensible que ella no respaldara ciertas ideas que a mi juicio en ese momento eran el camino, como si la realidad se cambiara con ideas y no con acciones concretas a partir de las mismas.

Desde donde yo la veo de una manera más amplia que la jauría de las redes, me fijo que la mujer es una reportera, una periodista y una ciudadana. Es una líder de opinión. ¿De dónde vienen sus opiniones? De su trasegar y, por supuesto, desde su mirada política que es de derecha.

Lo que más resalto de ella es que no se esconde, que no le da miedo decir cuáles son sus posturas frente a la vida.

Podemos estar de acuerdo o no con su trabajo

Lo que no debería pasar es que no sepamos separar sus opiniones políticas de su ejercicio periodístico. Que no nos demos cuenta de que cuando ella hace trabajo de campo y cuando entrevista, obviamente pregunta desde su lugar lo que considera que las audiencias deben saber.

Hasta ahora nadie ha podido tacharla de mentirosa con evidencia irrefutable. Sinceramente, me conflictúa poderosamente un país que habla de paz mientras no puede escuchar al otro y darle su lugar digno en respeto.

Análisis:

Esto es un análisis subjetivo desde mi mirada. Al conocer este material como audiencia, lo que veo es que el objetivo ha sido demostrar lo que son las disidencias de las FARC.

Parte 1: La entrevista a las disidencias de las FARC

En este ejercicio, Salud logra desentrañar las motivaciones y las dinámicas internas de las disidencias de las FARC, un grupo que ha seguido con sus actividades bélicas a pesar de los acuerdos de paz firmados en 2016.

Durante años Hernández Mora ha expresado abiertamente su rechazo a las guerrillas colombianas la mujer Hernández-Mora siempre hace un análisis crítico de sus argumentos.

Cuestiona la legitimidad de sus reivindicaciones y pone en evidencia las contradicciones y los problemas éticos de continuar con la violencia. Además, la periodista destaca el impacto negativo que estas disidencias tienen en las comunidades locales, quienes sufren las consecuencias de la guerra y la falta de desarrollo.

Por eso impresiona que la periodista logra entrevistar a varios líderes de las disidencias, quienes explican sus razones para continuar al margen de la ley.

Estos líderes argumentan que el gobierno colombiano no ha cumplido con los compromisos del acuerdo de paz, lo que ha llevado a una desilusión y a la decisión de retomar las armas.

En su reciente publicación aborda temas como el reclutamiento de nuevos miembros, las estrategias militares y las relaciones con otras organizaciones criminales.

El reportaje ha generado diversas reacciones en la opinión pública.

Mientras que algunas personas, incluyéndome, aplaudimos la valentía de Hernández-Mora, otras critican su enfoque y la acusan de dar voz a grupos violentos

Me surgen varias preguntas.

¿Quién entiende a las audiencias? La han acusado por años de ser parcializada por sus ideas de derecha y, cuando se asume como una reportera que quiere conocer la verdad y darle a la ciudadanía información de primera mano, cuando habla directamente con las fuentes sin importar las consecuencias, ahora resulta que la vocera de la derecha, a quien muchos denominan enemiga de los derechos humanos y un montón de cosas, cuando cara a cara con los guerrilleros hace preguntas sobre lo que necesitamos saber. Sobre las razones por las cuales están alzados en armas en pleno proceso de paz, en una paz que aspira a ser total.

Cuando ella hace este ejercicio, ahora hay quienes le acusan de ser vocera de los guerrilleros.

Esto es una de las cosas más difíciles del periodismo: entrevistamos a quienes necesitamos entrevistar y no puede ser que, a estas alturas del camino, a los periodistas nos señalen de servilismo cada vez que entrevistamos a alguien que algunas personas no quisieran escuchar.

Parte 2: Periodismo en Línea de Fuego

Traigo sobre la mesa algunas preguntas para que cada uno de ustedes, desde su lugar, problematice el país conmigo.

Revisemos los hechos: actualmente tenemos un gobierno y un presidente que hacen campaña por una paz total en medio de unas disidencias de las FARC que siguen alzados en armas y matando gente inocente, incluyendo el reclutamiento y adoctrinamiento de menores en extrema pobreza. Porque hay que decirlo, son unos adoctrinadores.

En el video vemos a los jovencitos diciendo que la única alternativa que tuvieron para ser alguien en la vida fue unirse a esa causa, según ellos, una causa justa. La única forma de familia que han tenido es el régimen de la milicia delincuencial. Porque esos son unos delincuentes.

No me refiero a los jóvenes y niños que, por las razones que sean, están ahí. Debemos decir que algunos están ahí en contra de su voluntad.

Se les dio la “oportunidad” de contar su historia. A mí, ¿quién me dice si esos jóvenes están hablando voluntariamente o por miedo a perder la vida? Claro que podríamos pensar que esto es una propaganda, no de la reportera, sino de quienes escogen a los jóvenes que tienen la autorización para hablarle al país. Por supuesto que van a escoger a los jóvenes más adoctrinados.

Uso la palabra “oportunidad” entre comillas porque ningún derecho debería contarse como oportunidad en este mundo que habitamos. Cualquier derecho que logramos es una oportunidad. Por supuesto que para muchos jóvenes les da más esperanza la idea de una causa y participar en ese infierno que la vida que les tocó.

A mí me partió el alma porque conozco la pobreza desde la primera infancia, porque entiendo la angustia que se siente habitar este mundo desde el “sin lugar”. Duele que la guerrilla logre brindarles más esperanza a algunos jóvenes participando de ese infierno que aceptando el hambre, la miseria y la ignorancia que se nos impuso desde un sistema injusto con falta de oportunidades reales para quienes no tienen apellido abolengo, como dicen las abuelitas.

El Estado no da herramientas a los jóvenes que nacen en el “sin lugar” y es así como los charlatanes de la guerrilla logran discipular con éxito.

¿Creeremos que esos jóvenes que no han tenido una “oportunidad” de una vida digna, con herramientas y una educación a fuego lento para construir su carácter y criterio, están hablando libremente al país sobre las maravillas de la insurgencia?

¿Qué se puede construir la paz en medio de traficantes de derechos que nos prometieron profundizar en la educación, la salud, la economía y, sobre todo, que iban a convencer a los guerrilleros de desarmarse y formar parte de las transformaciones después de una confesión genuina?

Durante todos estos años de construcción yo hice parte de la búsqueda de esa paz, búsqueda que, por cierto, le dio a Juan Manuel Santos varios réditos en todos los sentidos, un Nobel de Paz en medio de una guerra que no ha cesado. ¿Seguiremos creyendo en que vamos a lograr una paz total en medio del hambre y la miseria, mientras que los políticos del cambio siguen haciendo la política idéntica, sigue la misma corrupción y los discursos llenos de humo?

¿Vamos a construir la paz total en medio de actividades políticas, por ejemplo, como hace poco en San Andrés, con un presidente hablando de un montón de cosas ajenas a las necesidades urgentes de esa comunidad?

¿Vamos a seguir creyendo en todas las formas de paz imaginarias sin ver acciones concretas?

Creí en ese proceso y le di el eco de mi voz.

Jamás seré de derecha.

No pretendo que la respuesta a la desilusión sea el camino sea darnos plomo las 24 horas del día y el derramamiento de sangre en cada esquina y barrio de las ciudades y calles colombianas.

Eso es una caricatura.

Lo que digo es que las cosas no se están haciendo efectivas, que las guerrillas nos vieron la cara, que están mintiendo de un modo u otro, tanto políticos descarados como guerrilleros mafiosos, todos los factores activos de la guerra tienen voceros mentirosos.

Ver a estos niños adoctrinados defendiendo la guerrilla simplemente porque vienen de la extrema pobreza y de la falta de oportunidades nos tiene que llevar a reflexionar y a pensarnos la paz desde una construcción realista, hablando desde la diferencia, sacando la caricatura del proselitismo y empezando a ser parte de esto desde nuestro lugar.

Desde que tengo conciencia, mi país es un país en guerra y lo que más indigna es ver cómo utilizan los políticos esa guerra para sus intereses mezquinos.

¿Cómo estamos construyendo la paz en medio de la guerra que ha marcado a Colombia desde el inicio de la guerrilla en 1964? A lo largo de los años, hemos visto cómo las guerrillas han burlado repetidamente los procesos de paz, incluyendo el más reciente acuerdo firmado en 2016.

Estos incidentes nos obligan a cuestionar la sinceridad de los actores involucrados y la viabilidad de una paz duradera.

¿Cómo pretendemos construir la paz en medio de la guerra y por qué seguimos haciendo las mismas cosas que históricamente no han funcionado para construir la paz? Necesitamos urgentemente un país que genere herramientas, procesos y oportunidades a todas las familias, un país donde reclutar menores para cualquier actividad bélica sea sancionado como un delito de lesa humanidad.

El objetivo de las mentiras políticas.

Hannah Arendt, en su ensayo “Verdad y política”, explica que el objetivo de mentir en política no es que creamos en la mentira, sino que dejemos de creer en cualquier cosa. Según Arendt, la mentira en política busca erosionar la confianza en la verdad misma, creando un ambiente donde la distinción entre verdad y falsedad se vuelve irrelevante.

Porque bien lo dijo una de las entrevistadas: “Ahí hay unas normas y esas normas son como la Biblia y hay que cumplirlas”. Evidentemente, quienes tuvieron el micrófono y hablaron frente a cámaras fueron únicamente a quienes les permitieron y les autorizaron hablar, y por tanto es obvio que escogieron a los discípulos más adoctrinados.

Por eso no podemos simplemente creer en tanta dicha. Yo sigo pensando en las niñas, mujeres y niños abusados, quienes tuvieron que pasar por todo tipo de violencias y la intervención del embarazo obligadas. Nadie me saca de la cabeza eso, ni siquiera los testimonios de sus discípulos.

Colofón, Nota Final y Agradecimiento

En medio de la complejidad de la guerra y la búsqueda de paz en Colombia, es crucial recordar que la verdadera transformación requiere más que promesas vacías y discursos políticos. Necesitamos un compromiso genuino con la justicia, la educación y las oportunidades para todas las personas. Y eso debe ocurrir desde la primera infancia también. La paz no se construye con mentiras ni con la explotación de los más vulnerables, sino con acciones concretas que promuevan la dignidad y el bienestar de cada ciudadano. Solo así podremos romper el ciclo de violencia y construir un futuro donde la esperanza supere al miedo.

Ya les he dicho de muchas maneras y lo seguiré diciendo: soy disléxica con disgrafía, una escribidora del tiempo actual.

Así que, si pasan por el probador de inteligencia artificial este texto, van a poder pensar que está hecho 100% por la inteligencia artificial.

Claro, si se ponen a mirar un programa que cuenta caracteres y explica de dónde viene el texto sin analizar que estos textos constituyen dos y tres horas de diálogos con la inteligencia artificial para asegurarme de que todo lo que se escribe sea exactamente lo que quiero decir, entonces obvio van a pensar que yo chasqueo los dedos y público. Así que antes de que los odiadores empiecen a pasar mis columnas por el probador de inteligencia artificial, sépanlo bien:

yo hablo por horas con la inteligencia artificial para traer estos textos y por supuesto que el resultado pareciera 100% trabajo de la IA. Hoy, por ejemplo, estuve tres horas dialogando con esta herramienta y me siento feliz de ser mujer de este tiempo

. Tener una voz propia con esta herramienta ha sido un bálsamo en la vida e invito a todas las personas con problemas para la lectoescritura y procesos cognitivos diferentes a usar las herramientas que esta modernidad tardía nos brinda para que nadie nos excluya del territorio político que constituye la letra.

Como siempre, mi gratitud absoluta con todas y cada una de las personas que invierten su tiempo en mis letras.

Me encantará leer sus opiniones y comentarios.

Un abrazo.

Seguramente por ello, desde el colombiano más humilde hasta el más encumbrado; desde el casi analfabeta hasta el más erudito académico, considera que todavía vive en una de las democracias más longevas y estables del continente americano. Exceptuando, obviamente, la estadounidense, que hoy se encuentra en su fase agónica bajo el liderazgo de un autócrata como Donald Trump. Un autócrata que exhibe con orgullo su perfil de gánster político[ii] impune en lugar de estadista, puesto que incitó la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 para desconocer e impugnar el legítimo triunfo electoral del presidente Joe Biden, sin consecuencia judicial y menos política alguna.

Más bien todo lo contario, acaba de ser electo presidente por más de 71 millones de estadounidenses, cubriéndose así de inmunidad e impunidad. Algo muy parecido nos sucedió con la reelección del presidente Uribe entre el 2006-2010. Una reelección posible después de la aprobación de un artículito de la Constitución mediante la comisión del delito de cohecho, que le costó la condena a cárcel a sus ministros del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega y de Salud, Diego Palacio Betancourt[iii], en el escándalo conocido como la “Yidispolítica”.

En la reelección de ambos presidentes, Trump y Uribe, la legitimidad democrática, que presupone la legalidad y el respeto a la Constitución, fue sustituida por su legitimidad carismática, pues a sus millones de electores nada les importó que ellos desconocieran en forma olímpica las reglas del juego democrático e incluso promovieran delitos.

Así, en forma imperceptible, muere la democracia en nombre de las elecciones, siendo esta la mayor paradoja de los tiempos aciagos que corren. Lo han demostrado en otras latitudes mandatarios tan distintos como Putin, Bukele, Ortega y Maduro, desde orillas ideológicas y políticas opuestas, pero con una personalidad carismática y autoritaria que los reviste y autoproclama como salvadores de sus pueblos, pero también victoriosos e impunes sepultureros de la democracia y el Estado de derecho, elegidos y admirados por millones de sus seguidores.

La Tramoya De Elecciones Contra La Democracia.

Lo paradójico es que todo ello se realiza bajo la tramoya de las elecciones, que por sí solas parecen conferir legitimidad a semejantes gobernantes electos y estabilidad a la democracia. Tramoya en las dos acepciones del diccionario de la Real Academia Española (RAE). La primera, como “conjunto de dispositivos manejados durante la representación teatral para realizar los cambios de decorado y los efectos escénicos” y, la segunda, “de enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña”. Ambos atributos son propios de las mencionadas elecciones, sin que por ello se pueda afirmar que sean suficientes para la existencia de la democracia. Más bien suele suceder todo lo contrario.

En nuestro caso, los dos sentidos se cumplen simultáneamente, gracias al ingenio y la astucia de la llamada “clase política”, más allá incluso de las ideologías de derecha, centro o izquierda que exhiban sus líderes y partidos políticos. Basta recordar la “democrática” fórmula del Frente Nacional, que permitió “realizar cambios de decorado y efectos escénicos” durante 16 años, conservando casi intacto el Statu Quo para garantizar que el “país político” continuará viviendo a expensas del “país nacional”.

Se institucionalizó, entonces, aquello contra lo que Gaitán siempre luchó y le costó su vida: “el triunfo de las oligarquías liberales y conservadores” de una manera tan estable, civilista y antidemocrática que perdura y resiste hasta el presente, bloqueando o recortando tímidas reformas sociales como la agraria, laboral, pensional y de salud de este gobierno, que la oposición tilda de mamertas y comunistas porque supuestamente amenazan de muerte la democracia.

Del Golpe de Opinión al robo de las elecciones y el holocausto de la Justicia.

Así lo hizo el entonces presidente Carlos Llera Restrepo[iv] cuando escamoteó y burló el triunfo del general Gustavo Rojas Pinilla en 1970, obtenido legítimamente en las urnas. Lo más irónico y paradójico es que a ese mismo general lo catapultaron y sentaron líderes civiles de ambos partidos en el solio presidencial en 1953, mediante un “golpe de opinión” promovido por el patricio liberal Darío Echandía y el conservador Mariano Ospina Pérez.

Tales acontecimientos, ambos profundamente antidemocráticos, se consumaron en nombre de la democracia y son por ello el mejor ejemplo de un “enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña”, como terminó siendo el juicio en el Congreso contra el general Rojas Pinilla promovido por los mismos que lo llevaron a la Presidencia. Enredo que solo en ocasiones extremas queda al desnudo y nos revela así el disimulo y la maña de esa falsa civilidad que exhiben impúdicamente supuestos líderes democráticos y jefes de Estado.

Una civilidad acostumbrada a gobernar en complicidad con el poder militar y su impunidad histórica casi absoluta, sin asumir responsabilidad alguna por la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos y las libertades públicas, sin las cuales no existe democracia.

Así sucedió hace 39 años, el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el poder civil, representado por el presidente Belisario Betancur, actuó en complicidad con el poder militar y en nombre de la democracia decapitó la cúpula de la rama judicial y fueron sacrificados 11 magistrados, al no atender el llamado de “cese el fuego” que imploraba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.

Como lúcida y valientemente lo expresó el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Cámara de Representantes: “En el Palacio de Justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los Gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Ese es el típico tratamiento de las dictaduras, apenas comparable con el bombardeo de Pinochet a la Casa de la Moneda en Chile en 1971 contra el presidente Salvador Allende. Ambos operativos, respaldados por numerosos líderes civiles y ejecutados por militares, destruyeron en lugar de retomar los dos edificios republicanos, arrasando de paso con la democracia.

Un tratamiento que recientemente se repitió violentamente contra la población juvenil en el paro nacional del 2021, bajo la presidencia de Iván Duque, cuyo lema de “Paz con legalidad” terminó siendo paz con letalidad, pues dejó entre 46 víctimas mortales según la ONU[v] y 80 para diversas organizaciones de derechos humanos, como “Rutas del Conflicto”[vi].

La Tramoya de incivilidad y criminalidad del ELN.

Para completar semejante tramoya de incivilidad y criminalidad, hoy supuestos rebeldes del ELN exigen cínicamente al gobierno su reconocimiento como organización política insurgente, pero realizan un paro armado en el Chocó que alcanza un nivel de degradación insuperable y ahoga a miles de familias campesinas en el confinamiento de la desesperación, el hambre y la muerte, mucho más profundo que el agua de los ríos desbordados que las circundan.

Semejante comportamiento no es otra cosa que la criminalidad propia de un grupo armado organizado y como tal no tiene cabida reconocer al ELN como un grupo rebelde con proyecto político.

Sin libertad de locomoción de la población campesina no hay política, sino confinamiento, miedo y desolación, que es lo propio de los criminales y los reaccionarios con sus campos de concentración.

Por todo lo anterior, sin superar la paradoja mortal de la violencia política, el entramado de imposturas de esta tramoya estatal cacocrática y la supuesta civilidad de nuestros gobernantes y opositores armados, continuaremos muriendo en el ensueño de ser la democracia más longeva y estable de Suramérica.

Longeva en perpetuar múltiples violencias, desfalcar los bienes y el presupuesto público en beneficio de cacocratas disfrazados de políticos. Pero también muy estable en cavar trincheras y fosas comunes en defensa de una democracia y un Estado de derecho que ha sido condenado en 50 ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos[vii] por violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos fundamentales de su población, como las más de 6.000 víctimas de la Unión Patriótica[viii] y su exterminio como partido político.

Últimas noticias de la Tramoya nacional criminal.

Para terminar, las noticias de esta semana condensan en forma inverosímil tan desolador escenario. Conocimos la absolución de Santiago Uribe[ix] por falta de pruebas concluyentes en la conformación del grupo paramilitar de los llamados 12 apóstoles, por lo cual su hermano, el expresidente Álvaro Uribe, dio gracias a Dios, como si se tratará de un milagro celestial, que seguro espera se repita en la investigación penal en su contra por los delitos de soborno a testigo y fraude procesal.

Continuó con el reconocimiento de los miembros del Secretariado de la extinta Farc-Ep de haber reclutado cerca de 18.677 niños y niñas entre 1996 y 2016, según la imputación realizada por la JEP[x], además de cometer graves delitos contra su integridad personal, abusos y violencia sexual[xi]. Y, por si fuera poco, el presidente Gustavo Petro nombra como gestor de paz a Hernán Giraldo[xii], temible jefe paramilitar del Bloque Tairona, apodado “taladro” por ser sindicado de la violación sexual de más de 200 niñas menores de edad, prontuario de depredador sexual por el cual fue expulsado de la jurisdicción de Justicia y Paz “por seguir en la vía del crimen, ligado principalmente a delitos sexuales contra menores”[xiii].

Ante semejante tramoya criminal nacional, asistimos a la rehabilitación y absolución de numerosos victimarios, bien por cuestionados fallos judiciales o resoluciones gubernamentales, que terminan revictimizando y mancillando la memoria y dignidad de miles de víctimas.

Al anterior tramado y tinglado de impunidad, se suma la forma vergonzosa y oprobiosa en que el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo[xiv], agredió a la Madres de Soacha al botar a la basura cientos de botas de plástico que simbolizaban la memoria de sus hijos ejecutados extrajudicialmente, cuyo número asciende a 6.400 “falsos positivos” que investiga la JEP[xv] por los cuales ya han sido imputados numerosos agentes de la Fuerza Pública[xvi].

Crímenes que ahora niega cínicamente el representante Polo, contra toda la evidencia judicial demostrada por la JEP[xvii]. Sin duda, estamos sumergidos en un desastre nacional no solo por causa de las lluvias, sino por la degradación ética y política de quienes persisten en llamar democracia a esta tanática tramoya institucional y defender este supuesto Estado de derecho que condena a millones de sus cándidos pobladores a malvivir y morir sin haberles garantizado el ejercicio de sus derechos ciudadanos básicos: los civiles: a la vida, libertad, propiedad, seguridad y justicia; los políticos: a elegir, expresarse y oponerse sin temor a ser asesinados o desaparecidos y los sociales a vivir en paz en un medio ambiente sano y a salvo de catástrofes evitables, con empleos decentes, pan, techo, educación, salud y dignidad, que es lo mínimo que garantiza, promueve y existe en toda auténtica democracia.

[i] https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/conflicto-dejo-450666-muertos-los-datos-que-revelo-la-comision-de-la-verdad/

[ii] https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/regresa-un-ganster-a-la-casablanca-blanca/

[iii] https://www.elcolombiano.com/colombia/corte-suprema-confirma-condenas-a-exfuncionarios-de-uribe-por-caso-yidispolitica-BK25498845

[iv] https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-noche-en-que-lleras-restrepo-reconocio-el-triunfo-de-rojas-pinilla-parte-ii-article-417288/

[v] https://www.hchr.org.co/documentos/el-paro-nacional-2021-lecciones-aprendidas-para-el-ejercicio-del-derecho-de-reunion-pacifica-en-colombia/

[vi] https://rutasdelconflicto.com/especiales/victimas-mortales-paro

[vii] https://corteidh.or.cr/mapa_casos_pais.cfm

[viii] https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Documents/resumen-455-esp.pdf

[ix] https://www.semana.com/nacion/articulo/estas-son-las-claves-del-fallo-que-absolvio-a-santiago-uribe-velez/202409/

[x] https://www.elespectador.com/judicial/las-cifras-que-tuvo-en-cuenta-la-jep-para-imputar-a-los-exfarc-por-reclutamiento-forzado-noticias-hoy/

[xi] https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/jep-y-farc-respuesta-del-secretariado-por-imputacion-donde-reconoce-reclutamiento-de-ninos/

[xii] https://www.elespectador.com/judicial/hernan-giraldo-serna-el-depredador-sexual-que-fue-nombrado-gestor-de-paz-por-el-gobierno-petro/

[xiii] https://www.elespectador.com/judicial/hernan-giraldo-serna-el-depredador-sexual-que-fue-nombrado-gestor-de-paz-por-el-gobierno-petro/

[xiv] https://www.pulzo.com/nacion/polo-polo-se-gano-denuncia-penal-botar-basura-obras-madres-soacha-PP4085140A#google_vignette

[xv] https://www.jep.gov.co/macrocasos/caso03.html#container

[xvi] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/jep-resolucion-conclusiones-imputados-falsos-positivos-catatumbo-sanciones-propias.aspx

[xvii] https://caracol.com.co/2024/11/14/jep-rechaza-ataque-de-polo-polo-a-tributo-falsos-positivos-estan-probados-judicialmente/

Recientemente el EMC anunció la creación del “Bloque Central Comandante Isaías Pardo” que operará en Tolima, Quindío, Huila y Valle del Cauca. Aunque el anuncio causó estupor en la opinión pública por las declaraciones de Otty Patiño, Alto Comisionado de Paz, señalando que el EMC tiene todo el derecho de hacer una reorganización interna, lo que se percibe, desde afuera, es una escisión de esta organización armada ilegal.

A esta situación se suma lo acontecido en el encuentro extraordinario que tuvieron las delegaciones del gobierno de Gustavo Petro y esta disidencia en San Vicente del Caguán, Caquetá, el pasado 5 de abril. Si bien, en la reunión se acordó continuar con la negociación de paz, no hicieron presencia los delegados del Cauca y Arauca. Específicamente se hace referencia a los delegados de las estructuras conocidas como “Jaime Martínez” y “Dagoberto Ramos” que operan en el Cauca y el decimo frente “Guadalupe Salcedo” en Arauca son los que están incumpliendo los acuerdos y el cese al fuego en estas regiones.

El Gobierno Nacional tiene clara esta división en el EMC. Por esto la decisión de Gustavo Petro fue suspender, parcialmente, el cese al fuego con esta organización criminal en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. En comunicado público, esta organización ilegal muestra una posición incoherente; mientras solicitan el restablecimiento del cese al fuego en todos los departamentos, amenazan veladamente con posibles ataques a objetivos militares y policiales. En el comunicado piden “a los ciudadanos en territorio nacional que no estén cerca de las patrullas militares, batallones, estaciones de policía o cualquier otra unidad armada del Gobierno”.

En los últimos días se ha observado que el EMC mantiene disputas territoriales con la Segunda Marquetalia, especialmente en Nariño y Cauca, y con el ELN, en Arauca. Estas disputas han generado el desplazamiento masivo de campesinos y el confinamiento de otros tantos. En Arauca, donde el ELN tiene su mayor poderío militar, las disidencias solicitan un “sece (sic) bilateral temporal de fuego, para aliviar de inmediato la crisis humanitaria y regresar la tranquilidad al departamento”.

Pareciera avecinarse una escisión en la disidencia de las FARC conocida como EMC. Este es un escenario en el que el gobierno nacional debe tomar decisiones de fondo. Puede encaminar acciones armadas para combatir estos nuevos grupos que se están fortaleciendo, como lo ha hecho últimamente dando de baja algunos comandantes en Casanare y Cauca, o repiensa la incorporación de los grupos al proceso de negociación. De la decisión que se tome depende la política de Paz Total que no está atravesando por su mejor momento.

Faculta, inicialmente, al ejecutivo a adelantar los actos tendientes a entablar “acercamientos y conversaciones”. En tal sentido, hay reconocimiento explícito de la reconfiguración del conflicto armado y de las transformaciones en las estructuras criminales durante los últimos años. Concuerda con la ley en que las negociaciones se deben realizar con grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), es decir, organizaciones que tienen “un mando responsable” y ejercen “sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” (caso ELN, Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central); mientras que se pueden adelantar acercamientos para lograr el sometimiento a la justicia y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI), o sea, organizaciones jerárquicas o en red que se dediquen a la ejecución continua de conductas punibles tipificadas en la Convención de Palermo (Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional), que realicen patrones criminales como el sometimiento violento de la población civil y cumplan funciones en una o más economías ilícitas. Este es el caso, entre otras, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -llamados igual como el clan del golfo-, los shottas y espartanos en Buenaventura, las estructuras asociadas a la Oficina de Envigado en el Valle de Aburrá y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta (también conocidos como los pachenca).

En segundo lugar, considera como finalidad legítima que el Gobierno nacional impulse los acercamientos con estructuras criminales para someterlas a la justicia y pacificar, así, los territorios. Sin embargo, es el Congreso de la República quien debe dictaminar los términos de desmantelamiento y sometimiento a la justicia de las estructuras criminales. Con el principio de separación de poderes, la Corte constitucional redujo el margen de discrecionalidad del ejecutivo y consideró que la regulación para someter a las EAOCAI debe tener un carácter legal. Esta decisión no debe verse como una limitación al ejecutivo, sino como una presión para que el presidente presente, lo más pronto posible, un proyecto de ley que tenga en cuenta los adelantos en las conversaciones con las estructuras criminales y la lógica delictiva en los territorios.

En cuanto a la suspensión de órdenes de captura -tercera conclusión de la Corte- el gobierno debe motivar y justificar la excarcelación de voceros de organizaciones sociales y humanitarias ante la rama judicial para que sea ésta la que valore los argumentos y determine la posible excarcelación.

Una cuarta conclusión tiene que ver con que las garantías de seguridad proporcionadas por el Estado se deben aplicar a quienes efectivamente están participando en los procesos de acercamiento y conversación y solo con esta finalidad. Esto implica que, mientras la estructura criminal continúe desarrollando actividades delictivas, el Estado debe utilizar las herramientas de persecución y uso proporcional y necesario de la fuerza para proteger los derechos de la población civil y las comunidades.

En quinto lugar, el Alto Tribunal exhortó al Congreso de la República para que determine un marco legal que defina las pautas, lineamientos, oportunidad y límites en el momento de la creación de zonas de ubicación cuando se trata de conversaciones con la criminalidad organizada. La creación de zonas de ubicación debe materializarse cuando el proceso de paz con los GAOML o los acercamientos y conversaciones con los EAOCAI estén en una fase madura del proceso, de tal manera que sea efectiva la entrega o sometimiento a la justicia.

Finalmente, uno de las conclusiones que más discusión causó fue la excarcelación de voceros de organizaciones sociales y humanitarias -Gestores de Paz. La Corte consideró que el ejecutivo no puede disponer la liberación de quien ha sido privado de la libertad por orden judicial, pues limita los derechos de las víctimas y afecta la efectiva impartición de justicia. Esta decisión de la Corte generó el pronunciamiento del Fiscal General, Francisco Barbosa, quien señaló que “seguramente los fiscales en el marco de su independencia en los próximos días solicitarán las órdenes de captura de quienes se designaron voceros de paz y se les otorgó esa libertad”. A quienes directamente perjudicaría esta postura de la Fiscalía sería, entre otros, a los jóvenes de la Primera Línea dejados en libertad en el marco de la paz total.

En definitiva, la decisión de la Corte brindó al Gobierno nacional las herramientas jurídicas para continuar con los procesos de negociación y acercamientos para el sometimiento a la justicia que viene adelantando con grupos criminales en el marco de la paz total. Una Corte Constitucional que, en un primer momento, se pensó estaba politizada contra el gobierno del cambio al negar los Decretos de la Guajira -en el marco del Estado de Excepción- rescata la Constitución Política al poner por encima los principios de separación de poderes, búsqueda de la paz y la convivencia pacífica y fortalecimiento del Estado de Derecho para proteger a la población. Una decisión, sin dudas, que dejó contentos tanto al gobierno como a la oposición.

Mientras que los medios han construido una opinión pública negativa de la Paz Total, en reciente informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP se evidencia, entre otras conclusiones, que en los primeros 10 meses de 2023 hubo un desescalamiento del conflicto armado y, en ciertas regiones, hubo “alivios humanitarios parciales”.

El reto central es crear una estrategia comunicativa para darle a entender a la sociedad la reconfiguración que ha tenido el conflicto armado y la diversidad de grupos armados al margen de la ley -GAOML- y estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto – EAOCAI- con las cuales está negociando el Estado colombiano. Hay diferencias sustanciales con los procesos de paz anteriores que se llevaron con grupos armados, pues mientras la administración Uribe negoció con las AUC, Santos hizo lo propio con las FARC, la actual administración tiene, al menos, 8 escenarios en los que se cuentan procesos de paz y acercamientos para lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento de organizaciones ilegales.

Son tres procesos de paz que se adelantan con GAOML: por un lado, la negociación con el ELN que se encuentra empantanada porque esta organización ilegal continua con la práctica del secuestro, desconociendo el respeto al DIH pactado en México. La negociación con el Estado Mayor Central liderado por alias Iván Mordisco, quien ha anunciado su voluntad de paz, pero que exige la no presencia de Fuerzas Armadas en el cañón de Micay para sacar la cocaína que producen por el pacífico. El tercer proceso se lleva a cabo con las disidencias de la Segunda Marquetalia, lideradas por alias Iván Marquez, que, si bien, se sentó en ocasiones en la mesa con el Ex Comisionado, Danilo Rueda, no hay negociación en curso.

Hay cinco procesos de acercamiento para sometimiento a la justicia con EAOCAI: inicialmente están los diálogos con Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quizás el grupo armado con mayor presencia en el territorio, que está pidiendo un reconocimiento político porque creen tener una visión de país; en segundo lugar, los diálogos con shottas y espartanos en Buenaventura, que han evidenciado una reducción sustancial en los niveles de violencia en el puerto del pacífico; otras son las estructuras que hacen presencia en el Valle de Aburrá que, por medio de comunicado a la opinión pública del pasado 23 de noviembre, dieron a conocer su voluntad de continuar con los protocolos y temas de dialogo en los acercamientos con el gobierno; en cuarto lugar están los mexicanos, locos yam y RPS que hacen presencia en Chocó y con quienes se instaló un Espacio de Conversación Socio-Jurídico en agosto de este año; finalmente, los acercamientos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidos como los pachenca, quienes, el mes pasado, liberaron a dos jóvenes que tenían en su poder y han manifestado su voluntad de paz al gobierno.

A pesar de que varias de estas organizaciones han mostrado su voluntad de paz e interés para someterse a la justicia, lo paradójico es que ha sido el Estado colombiano el que ha limitado los avances, pues no hay un marco jurídico. El proyecto de ley de sometimiento se hundió en el Congreso de la República en la legislatura anterior y actualmente el gobierno no se a puesto de acuerdo para presentar uno nuevo. Mientras unos consideran que se puede ampliar la ley de justicia y paz (ley 975 de 2005), otros consideran que se debe presentar una iniciativa propia.

Otty Patiño, también, debe posicionar en la opinión pública el discurso de que la Paz Total aporta a los derechos de las víctimas, pues algunas de estas estructuras cometieron magnicidios, infracciones al DIH y operaciones militares que causaron hechos victimizantes generalizados. El aporte a la verdad extrajudicial y el cese del flagelo de la desaparición forzada son algunos derechos de las victimas que, en el marco del sometimiento a la justicia y de procesos de paz, deben salir a la luz pública.

La encrucijada en la que se encuentra el gobierno está en que, debido a la complejidad actual del conflicto y a la diversidad de grupos que hacen presencia en el territorio, si golpea militarmente a una estructura ilegal, termina beneficiando a otra. Las rutas metodologías de acercamiento y negociación que se desarrollen con las organizaciones armadas deben darle la ventaja militar a las Fuerzas Militares del Estado y tener claridades en temas urbano-rurales, cuestiones novedosas para el Estado colombiano. Es por ello que la Paz Total debe comprenderse de manera integral y si no se desarman todas las organizaciones armadas que hacen presencia en el territorio, la violencia continuará y posiblemente se recrudecerá finalizado este gobierno.