Pero esta vez el debate no es el mismo. La pregunta ya no es si queremos la paz —porque ese anhelo es casi un consenso nacional—, sino con quién es posible negociarla y en qué condiciones.

La llamada “paz total” del actual gobierno prometía abrir múltiples mesas, desescalar el conflicto y avanzar hacia el cierre definitivo de décadas de violencia. Sin embargo, en la práctica, el país ha presenciado un fortalecimiento militar, territorial y político de varios grupos armados ilegales. Las cifras de expansión, los corredores estratégicos recuperados por estructuras criminales y el incremento de acciones violentas plantean una inquietud legítima: ¿se negocia desde la fortaleza institucional o desde la debilidad operativa?

En 2014, la campaña presidencial entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga giró en torno a la continuidad del proceso de paz en La Habana. Los colombianos optaron por respaldar la negociación. El acuerdo firmado partía de una premisa clara: quienes no se acogieran o retomaran las armas enfrentarían todo el peso del Estado.

Hoy, sin embargo, subsisten estructuras asociadas a lo que fueron las FARC. No son idénticas en mando ni en estructura, pero comparten origen, doctrina y, en muchos casos, integrantes que decidieron no acogerse al acuerdo o traicionarlo posteriormente. Cambian los nombres, cambian los comandantes, cambian los territorios; el denominador común es el mismo: disidencia armada y continuidad criminal.

Con el ELN, cinco gobiernos consecutivos —Pastrana, Uribe, Santos, Duque y Petro— han intentado abrir o sostener procesos de negociación. En paralelo a cada esfuerzo de diálogo, el país ha visto atentados, secuestros, extorsiones y ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

La pregunta no es si se debe intentar la paz; la pregunta es si existe voluntad real de desarme por parte de quienes negocian. Porque un proceso de paz sin coherencia entre discurso y hechos termina erosionando la credibilidad institucional y desgastando la confianza ciudadana.

En el caso del llamado “Clan del Golfo”, pese a los golpes contundentes de la Fuerza Pública contra su liderazgo, la organización mantiene capacidad operativa significativa. No es una guerrilla con ideario político; es una estructura de narcotráfico y control territorial.

Más abajo en la escala aparecen múltiples grupos criminales de alcance regional, sin agenda política ni proyecto ideológico. Son, en esencia, empresas ilegales dedicadas a rentas ilícitas. Y allí surge otro dilema: ¿se negocia con quien no tiene un propósito político sino exclusivamente económico?

La lectura general del panorama actual conduce a una conclusión incómoda: hoy ninguno de estos grupos parece actuar desde una posición genuina de voluntad de paz. Por el contrario, muchos han aprovechado los espacios de diálogo para reconfigurarse, expandirse o fortalecerse.

Negociar no es un acto de ingenuidad; es un instrumento del Estado. Pero ese instrumento exige condiciones mínimas: voluntad verificable, coherencia entre lo que se firma y lo que se ejecuta, y una correlación de fuerzas que no premie la violencia.

Si esas condiciones no existen, la pregunta “¿Con quién vamos a negociar la paz?” tiene una respuesta preliminar: con nadie que no demuestre primero, de manera inequívoca, que está dispuesto a abandonar las armas.

Mientras tanto, el Estado no puede abdicar de su función esencial: garantizar la seguridad, ejercer el monopolio legítimo de la fuerza y aplicar todo el peso de la ley. La negociación debe ser el punto de llegada cuando la ilegalidad reconoce que no puede imponerse, no el punto de partida para que se fortalezca.

En tiempos electorales, conviene que el debate sobre la paz sea menos emocional y más estratégico. Porque la paz no es simplemente sentarse a dialogar; es crear las condiciones para el final del conflicto.

Por Lina Mejía y  Maria Mesa Rivera de la Corporación Vivamos Humanos

Los colombianos debemos exigir que las partes en conflicto cumplan a cabalidad el Derecho Internacional Humanitario (DIH), porque las poblaciones de los territorios históricamente afectados por el conflicto no aguantan más guerra. 

Según el último informe presentado por la Corporación Vivamos Humanos en el marco de la Coordinadora Humanitaria del 01 de enero al 31 de marzo de 2023  hubo 219 violaciones al Cese al Fuego Bilateral, y Temporal de Carácter Nacional (CFBTN) en el que 193 fueron eventos con afectación humanitaria, es decir contra población civil, y 26 eventos por incidente armado.

En su informe Vivamos Humanos advirtió sobre la escalada de acciones y eventos violentos en contra de la población civil por parte del Estado Mayor  Central (EMC) y la importancia de escuchar a los territorios quienes tienen mecanismos como los Acuerdos Humanitarios que les ayudan a amortiguar los vejámenes del conflicto. 

Estos datos no hicieron mucho eco hasta que, en el Putumayo, integrantes del EMC violaron, de manera infame, el DIH al reclutar y asesinar a 4 jóvenes. La información sobre el no cumplimiento al cese al fuego estalló después de que el Gobierno anunció la suspensión unilateral del mismo. Ahí sí las redes sociales y los medios masivos de comunicación se llenaron de comentarios sobre lo que esto significa para los territorios y el país. 

Pero, ¿conoce Colombia lo que realmente implica la activación o suspensión o de un cese al fuego o cese de hostilidades? Lo primero que hay que hacer es diferenciar entre cese al fuego y cese de  hostilidades:

El cese de hostilidades busca que las partes en conflicto tomen un tiempo sin combatir (realizar operaciones militares): es el primer paso para poder llegar a un cese al fuego y empezar a establecer un posible diálogo político. 

El cese al fuego es un acuerdo, entre las partes en conflicto, para  suspender el combate. El objetivo es que inicien diálogos para un acuerdo político y/o de paz permanente. Por lo general es a largo plazo y cubre toda el área geográfica donde hay conflicto armado. 

Como lo vemos en el nombre del Decreto 2656 de 2022 que determinó el “Cese al Fuego Bilateral, y Temporal de Carácter Nacional” (CFBTN), hay términos que pueden llegar a confundir. Desglosaremos entonces las palabras que contiene este título y lo que significan.

El cese al fuego tiene cuatro aspectos: unilateral, bilateral, multilateral y entre grupos armados. En lo decretado por el Gobierno Nacional se habla de bilateralidad, quiere decir que las dos partes, como resultado del diálogo, expresan voluntad de detener los enfrentamientos.

En otros casos puede existir un cese unilateral, declarado por solo una de las partes. Multilateral que es acordado entre más de dos partes y no define una agenda de diálogo. Cuando es declarado entre grupos armados, ambos detienen los enfrentamientos y el Estado no necesariamente participa.

¿Y la temporalidad?, también puede variar: en el caso de lo acordado entre el Gobierno y los actores armados en un CFBTN,  tiene un inicio y fin definido. Las 00:00 horas del día 1 de enero de 2023, hasta las 24:00 horas del día 30 de junio de 2023.

Existen otras tres temporalidades: cese al fuego indefinido, es unilateral y el tiempo depende del interés del grupo armado. El cese al fuego preliminar es  declarado con el propósito de lograr un espacio de negociación y el cese al fuego permanente  se usa en el marco de un acuerdo final de paz.

Con los términos claros, evidenciamos que, desde el Gobierno, están anunciando con errores la suspensión del Decreto. Citamos textualmente: informan que  “el cese bilateral que había actualmente con el EMC, en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas”. El yerro es que el cese al fuego bilateral temporal es de carácter NACIONAL, quiere decir  que no está dividido por territorios, jurídicamente hablando no está bien afirmar tal cosa. 

Otro error común es confundir el cese al fuego con el cese de hostilidades como lo evidenciamos en esta frase de un trino: “Un cese al fuego implica cese de hostilidades a la población civil”. Si bien los dos conceptos pueden encontrarse, un cese al fuego no necesariamente implica un cese de hostilidades o un cese al fuego exclusivamente a la población civil. El CFBTN como se expresa por ejemplo en el Decreto 2556 puede tener dos finalidades detener los incidentes armados, y lo más importante detener las afectaciones humanitarias contra la población civil.

Lo segundo y muy importante es  humanizar el conflicto armado, ¿cómo?: respetando a cabalidad el DIH para sacar de una vez por todas a la población civil de la guerra. La norma lo dice claramente en el protocolo II de los Convenios de Ginebra y específicamente en el artículo 3 común del mismo que busca proteger a la población civil en medio del conflicto armado. 

Ya no hay vuelta atrás, las violaciones al cese afectaron a una docena de personas en el territorio nacional.  Ahora hay que aprender de los errores porque quienes pagan la factura son las poblaciones que están en medio del conflicto armado, que en Colombia son cerca de diez millones de personas. 

Para esto sería primordial que antes de delimitar el CFBTN a los incidentes armados se establezca como punto central detener las afectaciones humanitarias. En los acuerdos estipulados entre las partes siempre deberían priorizar los alivios humanitarios porque cuando se rompen los ceses al fuego o de hostilidades la población civil es la que más sufre y no debería ser así: con cese o sin cese al fuego en Colombia debería primar el DIH. 

Esta fue una de las promesas del hoy presidente de la República, Gustavo Petro. En su campaña llegó a afirmar que tres semanas después de llegar al poder él iba a finalizar la guerra con el ELN, quienes hoy son el grupo armado más robusto en el país.

En el proceso de llamado del gobierno nacional muchos fueron los grupos al margen de la Ley que levantaron su mano para buscar la finalización de su actuar armado, y su búsqueda de encontrar una solución negociada para encontrar fin a la guerra en Colombia. Desde algunos grupos de tipo paramilitar hasta las guerrillas, absolutamente todas las aristas ideológicas y delincuenciales estaban allí presentes.

Tanta búsqueda de la paz, en repetidas ocasiones, me han recordado el ensayo “Sobre la paz perpetua” de Inmanuel Kant, filósofo prusiano padre del idealismo y máximo exponente del criticismo.

Este histórico documento fue publicado en 1895, poco después de que Francia y Prusia firmaran la paz en Basilea. Kant sugería en este texto un orden para que la paz fuera una orden entre estados, y a la vez, una meta final de toda la humanidad. Plantea en ese documento las formas en las que el estado debe estar constituido, la forma en la que la sociedad se debería convertir y, si bien, no garantiza que a través de las sugerencias que escribió se consiga la paz, si es un lineamiento para que quienes sigan sus textos, logren construir un camino hacia la ausencia de conflictos entre estados.

En el desarrollo del documento Kant fija seis puntos clave para la consecución de “la paz perpetua”:

1. No se debe tener en cuenta ninguna negociación previa, puesto que todas las anteriores fracasaron en su intento de consolidar la paz.
2. Todos los estados deben ser soberanos y republicanos.
3. Debe haber un organismo global que acoja a todos los miembros a través de una federación.
4. Debe haber unos mínimos de hospitalidad de tratamiento entre hombres.
5. Quien quiera paz, debe dar garantías de querer lograrla.
6. No debe haber intenciones secretas mientras se consolida la paz.

Si bien Kant redactó una serie de parámetros para la paz entre estados, es fácilmente aplicable estas máximas reglas en los procesos de terminación de conflicto interno como el que Colombia está tratando de llevar a cabo.

Dentro de las sugerencias dejadas por el filósofo prusiano, lo propicio será centrarse en las últimas tres, dado que son las aplicables a la conflictividad de Colombia. Además, porque el proceso de paz no es entre dos Estados, sino entre el Estado y la insurgencia.

Así pues, valdría la pena contrastar la voluntad de paz, las actuaciones y los mínimos para la creación de un ambiente de paz, tales como los ceses al fuego de manera unilateral y frenar determinantemente los paros armados y los secuestros.

Según Indepaz, más de 237 personas han perdido la vida en por lo menos 90 ataques o masacres contra la población civil o la Fuerza Pública. Esta cifra no contempla el incesante creciente número de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que lamentablemente mueren semanalmente en todos los rincones de la geografía nacional.

Esta cifra, aunada a las contradictorias posiciones en las mesas de negociación, a las solicitudes de cambiar el modelo económico y a las dilataciones que están teniendo diferentes grupos armados, especialmente el ELN, han minado la confianza de los negociadores y de la sociedad colombiana. Y más allá de la confianza de quienes negocian y de la mayoría de los colombianos, han violentado los fundamentos de la paz perpetua.

Actualmente estas organizaciones delictivas, que funcionan más como cárteles de drogas que como agrupaciones ideológicas que buscan un cambio en el país, no cumplen los requerimientos de que se han planteado por siglos para la construcción y consolidación de la paz. Por lo tanto, el Estado debería dejar de buscar negociaciones que serán infructíferas y retomar su rol de garante de derechos a como de lugar.