Quien no tenga nociones previas sobre la tragedia del Palacio de Justicia, difícilmente entenderá de qué va la nueva película del director colombiano Tomás Corredor. Pero vale la pena verla, porque es otro retrato de lo que somos. Verla y después venir a leer estas líneas para que conversemos, porque es un asunto que apasiona y genera rabia cuatro décadas después: la herida que no cierra.

No creo que “Noviembre” haya sido un título afortunado para la película sobre el Holocausto del Palacio de Justicia ocurrido en 1985. Holocausto creo que era un nombre más apropiado para algo que en realidad no tiene nombre. “Noviembre” también se hubiera podido llamar una película sobre la tragedia de Armero que ocurrió el mismo mes del mismo año. No está de más decir que “Noviembre” también es el título de una película española.

No hay en esta cinta una historia concreta o un hilo conductor, sino un montón de personas, encerradas en un baño, sumidas en el desespero, con unos diálogos que por ratos se vuelven frases sueltas. Se entiende que esos momentos debieron causar un caos de Padre y Señor mío, pero era obligación de la película ordenar toda aquella barahúnda en un relato comprensible para el espectador, sobre todo para aquellos que nacieron después de 1985, y que seguramente llegan a la película con preguntas y salen confundidos, sin el contexto previo. Yo tenía 14 años, y sigo teniendo el mismo interés por cada cosa nueva que se diga sobre este acontecimiento, así que agradezco esta cinta.

No soy experto en el tema del Palacio de Justicia, pero películas como “La Siempreviva” me parecen el tipo de apuesta audiovisual que tocan la fibra humana desde un ángulo original, creíble, que es lo que se espera del cine basado en hechos históricos, y no opiniones encubiertas, aunque sean válidas, que lo son. Lo que quiero decir es que en “Noviembre” hay más mensaje que historia; incluso la historia de amor, que la hay, quizás merecía un mayor desarrollo.

Los diálogos de “Noviembre” son frases más afanadas por establecer una verdad que por generar un relato cinematográfico: la responsabilidad de la fuerza pública, de los militares colombianos de la época, tras la retoma del Palacio, después del asalto por parte de la guerrilla del M-19. Creo que es una verdad que muchos en este país compartimos, pero del séptimo arte se espera algo de mayor peso, y no la mera posición política de su autor o autores.

Lo que vemos en la cinta corresponde al desenlace natural de los hechos: Una guerrilla inexperta, miope, casi torpe o ingenua, que se topa con la fuerza descomunal de un ejército con la suficiente experiencia y munición para cometer la barbarie que se cometió en el Palacio de Justicia, no las bombas de fabricación casera de la guerrilla.

El gobierno de Belisario Betancur y los generales Rafael Samudio Molina y Miguel Vega Uribe –para entonces Ministro de Defensa—, se llevaron a la tumba muchas  explicaciones sobre su responsabilidad en aquel episodio, que terminó con más de cien personas inmoladas adentro (una treintena de insurgentes, entre ellos), y un número impreciso de personas que, vivas, desaparecieron afuera.

Un Belisario Betancur que quizás fue mejor poeta que presidente, y cuya gran virtud fue haberse sabido retirar a tiempo de la vida pública, ejemplo que no siguieron otros expresidentes con rabo de paja, como lo tuvo aquel.

Se le abona al director el trabajo previo de investigación, que incluyó documentales, la lectura de expedientes (leí que se leyó unos 6.000 folios, en los que encontró 53 testimonios de personas que estuvieron en el baño) y de los libros El Palacio de Justicia, una tragedia Colombiana, de Ana Carrigan y Noches de Humo, de la periodista Olga Behar. Sin duda, un material de lectura obligada para entender lo que pasó.  

También debemos aplaudir los efectos especiales, el uso de las imágenes reales del Palacio en llamas (destruido y vuelto a reconstruir), y el ambiente lúgubre que se vivía en los alrededores de la Plaza de Bolívar, dos días y una noche esperpénticos. El tanque real que derribó la puerta principal de aquel recinto sagrado es una imagen que muestra la dimensión de aquel horror, una escena que nos recuerda que la ficción se queda corta ante la realidad.

Parecíamos un país en guerra, la materialización de esa parte del himno nacional que habla de la horrible noche. Ese hubiera sido quizás otro título apropiado para esta película. El horrible anochecer que vivieron, entre el 6 y el 7 de noviembre, los que, calcinados, no pudieron ver otro amanecer por culpa de las decisiones de un gobierno sordo que actuó indolente. Ya sabemos que los gobernantes sufren problemas de oídos ante los ruegos. Recuerden que la avalancha de Armero que cobró 25 mil vidas también habría podido evitarse.

Apropiados resultan también los segmentos radiales que se desempolvaron del archivo, qué grato resulta volver a escuchar la voz de Juan Gossain de cuarenta años atrás, antes de que el gobierno tomara la radio por su cuenta para distraer la atención de la opinión pública con fútbol, generando más desazón del que ya había en ese momento en el país.

Hoy vuelvo a escuchar la voz del magistrado Alfonso Reyes Echandia, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y se me parte el alma. ¿Por qué Betancur, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no ordenó el cese al fuego como lo clamó aquél pobre hombre desde el interior del Palacio? Un villano el primero, un héroe el segundo.

Comoquiera que fuese, al final como espectador me queda esa fea sensación de una película incompleta, sin ese algo que emocione a cabalidad: a la tensión le faltó atención. Entre gritos, disparos que aturden y la explosión de una bazuca, que se suceden de manera intermitente durante los 72 minutos que recrean 28 horas inenarrables, todo lo que queda son unos diálogos inconexos y un afán editorializante.

No obstante, la angustia que aquellas personas debieron sentir, en medio del humo asfixiante, es algo que uno alcanza a percibir: desde la comodidad de la silla, se siente la impotencia claustrofóbica de quien está condenado a su destino, preso en aquella fortaleza que parecía indestructible, una manzana completa con sus cuatro pisos y sus tres sótanos, como lo recuerda el podcast “Arcanos y Reyes”, que también recomiendo para mayor comprensión.

En una entrevista con el diario El País de España, Tomás Corredor, el director, confesó lo siguiente: “Diana Bustamante, la productora, me dijo ´aquí hay una película, pero toca explicar menos´. Yo tenía la necesidad de contar todo lo que pasó, y me dijo ´suéltese o se tira la película´”.

Al final, creo que ambos se equivocaron: ella por sugerir y él por obedecer. No lo digo yo. Lo dicen las caras de las personas que salieron conmigo de la sala medio vacía, algunas con muchas ganas de ahorrarse los comentarios.

Pero hay que celebrar que el cine colombiano se ocupe de las horas más oscuras de nuestra historia; así no llenen salas, esta clase de películas son más que necesarias en un país desmemoriado.

En este punto, debo decir que me gustó mucho la puesta en escena de un drama colectivo donde los colombianos podemos vernos reflejados, pues ahí se juntan la sociedad civil y los paladines de la justicia, en medio del fuego cruzado entre el poder (representado por el ejército) y la resistencia, representada por un grupo de rebeldes. Lo que somos y lo que hemos sido se resumen en esas 28 horas y las que siguieron, que no fueron menos estremecedoras, sobre todo para las familias de las víctimas.

Para tristeza mía, creo haber entendido que la identidad que nos une a los colombianos es, en el fondo, ese eterno sufrimiento compartido, que es a la vez la suma de miles, millones, de dramas personales, que se juntan para la fatalidad cuando se está en el lugar y hora equivocados.

Podríamos decir incluso que en Colombia se nace con la tragedia de ser colombiano sin saber dónde harán nido el mal presagio y la desdicha. Como nación, somos el resultado de esos dolores compartidos —de unos muertos compartidos—, y a pesar de eso todavía no hemos sido capaces de hallar el punto de encuentro como sobrevivientes de la tragedia. El día que la memoria (la del arte, el cine y la literatura) nos haga conscientes de qué nos pasó y por qué nos pasó, ese día quizás podamos empezar a hablar, también, de una identidad compartida, aquello que conjure nuestro infortunio.  

Queda la pregunta de por qué esta cinta no ha merecido el despliegue publicitario que sí recibió “Un poeta”, por ejemplo. La buena noticia es que estará disponible en la parrilla de Prime Video.   

¿La vieron? ¿Les gustó? Vayan a verla, es un acto de fe en el cine colombiano: no se guíen por la crítica ajena, ni siquiera la mía que es solo una opinión.

Hace unas semanas Toc Talk me invitó a ver “Noviembre”, película de Tomás Corredor que revive la memoria de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Desde hace unos años no leo nada previamente sobre películas o series, así que no tenía ningún contexto. Sin embargo, cuando llegamos con mi esposo a la proyección alcancé a escuchar algo del grupo focal que acababa de ver la película.

“Prepárate para llorar”, me dijo Andrés Páramo.

Hice mi mejor esfuerzo para no escuchar los comentarios de la gente que había visto la película, gente de mi generación. Esto suena un detalle menor, pero no. En mi grupo focal había muchos jóvenes que no tenían mucho contexto del Palacio y pues… bueno, eso marca la diferencia en cómo te acercas a la historia.

Debo decir que “Noviembre” me gustó mucho. Es de las buenas historias que he visto este año. Me encanta que trasciende la discusión del bueno y el malo y se queda en unos tonos de grises donde reina la humanidad en escenas donde se comparten unas pastas para el dolor, el duelo o el miedo.

 “Noviembre” abre una nueva discusión sobre el Palacio de Justica desde el Estado, pero también desde los ciudadanos. Puede ser que desde el periodismo la información se quede en números, más que en historias, pero también es debatible el poco interés que tenemos por acercarnos a nuestros acontecimientos nacionales.

Precisamente, al ver esta película recordé que hace un par de años vi la exposición “Huellas de desaparición. Los casos de Urabá, Palacio de Justicia y Territorio Nukak”, el resultado del proyecto de investigación realizado desde marzo de 2019 por la Comisión de la Verdad y por Forensic Architecture, agencia de investigación con sede en Goldsmiths, Universidad de Londres. Es el primer avance de hallazgos investigativos de la Comisión de la Verdad.

Esta exposición se pudo ver entre el 2021 y 2022 en el Museo Miguel Urrutia de Bogotá, MAMU, y dejó claro algo: desaparición es una constante en Colombia; pero hay diversas desapariciones. En el caso del Palacio de Justicia se enfocaron en la desaparición forzada de personas. En Urabá se centraron en la desaparición de la tierra, los paisajes, las fincas y la vida campesina: y en el Amazonas se concentraron en la desaparición del ecosistema y las formas de vida del pueblo Nukak.

Películas como “Noviembre” vienen a remover mi memoria. ¿Qué tan pequeña estaba cuando ocurrió la toma y retoma del Palacio de Justicia? ¿Por qué, a pesar de haber trabajado en El Espectador, este tema es tan lejano para mí? ¿Por qué una exposición y una película tocan mis fibras más que el informe noticioso?

¡Qué maravilla lo que hace el arte en mi!

“Noviembre” se estrena este 2 de octubre en salas de cine en Colombia.

liartedialogosobrearte@gmail.com / @LiarteconArte

Seguramente por ello, desde el colombiano más humilde hasta el más encumbrado; desde el casi analfabeta hasta el más erudito académico, considera que todavía vive en una de las democracias más longevas y estables del continente americano. Exceptuando, obviamente, la estadounidense, que hoy se encuentra en su fase agónica bajo el liderazgo de un autócrata como Donald Trump. Un autócrata que exhibe con orgullo su perfil de gánster político[ii] impune en lugar de estadista, puesto que incitó la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 para desconocer e impugnar el legítimo triunfo electoral del presidente Joe Biden, sin consecuencia judicial y menos política alguna.

Más bien todo lo contario, acaba de ser electo presidente por más de 71 millones de estadounidenses, cubriéndose así de inmunidad e impunidad. Algo muy parecido nos sucedió con la reelección del presidente Uribe entre el 2006-2010. Una reelección posible después de la aprobación de un artículito de la Constitución mediante la comisión del delito de cohecho, que le costó la condena a cárcel a sus ministros del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega y de Salud, Diego Palacio Betancourt[iii], en el escándalo conocido como la “Yidispolítica”.

En la reelección de ambos presidentes, Trump y Uribe, la legitimidad democrática, que presupone la legalidad y el respeto a la Constitución, fue sustituida por su legitimidad carismática, pues a sus millones de electores nada les importó que ellos desconocieran en forma olímpica las reglas del juego democrático e incluso promovieran delitos.

Así, en forma imperceptible, muere la democracia en nombre de las elecciones, siendo esta la mayor paradoja de los tiempos aciagos que corren. Lo han demostrado en otras latitudes mandatarios tan distintos como Putin, Bukele, Ortega y Maduro, desde orillas ideológicas y políticas opuestas, pero con una personalidad carismática y autoritaria que los reviste y autoproclama como salvadores de sus pueblos, pero también victoriosos e impunes sepultureros de la democracia y el Estado de derecho, elegidos y admirados por millones de sus seguidores.

La Tramoya De Elecciones Contra La Democracia.

Lo paradójico es que todo ello se realiza bajo la tramoya de las elecciones, que por sí solas parecen conferir legitimidad a semejantes gobernantes electos y estabilidad a la democracia. Tramoya en las dos acepciones del diccionario de la Real Academia Española (RAE). La primera, como “conjunto de dispositivos manejados durante la representación teatral para realizar los cambios de decorado y los efectos escénicos” y, la segunda, “de enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña”. Ambos atributos son propios de las mencionadas elecciones, sin que por ello se pueda afirmar que sean suficientes para la existencia de la democracia. Más bien suele suceder todo lo contrario.

En nuestro caso, los dos sentidos se cumplen simultáneamente, gracias al ingenio y la astucia de la llamada “clase política”, más allá incluso de las ideologías de derecha, centro o izquierda que exhiban sus líderes y partidos políticos. Basta recordar la “democrática” fórmula del Frente Nacional, que permitió “realizar cambios de decorado y efectos escénicos” durante 16 años, conservando casi intacto el Statu Quo para garantizar que el “país político” continuará viviendo a expensas del “país nacional”.

Se institucionalizó, entonces, aquello contra lo que Gaitán siempre luchó y le costó su vida: “el triunfo de las oligarquías liberales y conservadores” de una manera tan estable, civilista y antidemocrática que perdura y resiste hasta el presente, bloqueando o recortando tímidas reformas sociales como la agraria, laboral, pensional y de salud de este gobierno, que la oposición tilda de mamertas y comunistas porque supuestamente amenazan de muerte la democracia.

Del Golpe de Opinión al robo de las elecciones y el holocausto de la Justicia.

Así lo hizo el entonces presidente Carlos Llera Restrepo[iv] cuando escamoteó y burló el triunfo del general Gustavo Rojas Pinilla en 1970, obtenido legítimamente en las urnas. Lo más irónico y paradójico es que a ese mismo general lo catapultaron y sentaron líderes civiles de ambos partidos en el solio presidencial en 1953, mediante un “golpe de opinión” promovido por el patricio liberal Darío Echandía y el conservador Mariano Ospina Pérez.

Tales acontecimientos, ambos profundamente antidemocráticos, se consumaron en nombre de la democracia y son por ello el mejor ejemplo de un “enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña”, como terminó siendo el juicio en el Congreso contra el general Rojas Pinilla promovido por los mismos que lo llevaron a la Presidencia. Enredo que solo en ocasiones extremas queda al desnudo y nos revela así el disimulo y la maña de esa falsa civilidad que exhiben impúdicamente supuestos líderes democráticos y jefes de Estado.

Una civilidad acostumbrada a gobernar en complicidad con el poder militar y su impunidad histórica casi absoluta, sin asumir responsabilidad alguna por la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos y las libertades públicas, sin las cuales no existe democracia.

Así sucedió hace 39 años, el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el poder civil, representado por el presidente Belisario Betancur, actuó en complicidad con el poder militar y en nombre de la democracia decapitó la cúpula de la rama judicial y fueron sacrificados 11 magistrados, al no atender el llamado de “cese el fuego” que imploraba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.

Como lúcida y valientemente lo expresó el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Cámara de Representantes: “En el Palacio de Justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los Gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Ese es el típico tratamiento de las dictaduras, apenas comparable con el bombardeo de Pinochet a la Casa de la Moneda en Chile en 1971 contra el presidente Salvador Allende. Ambos operativos, respaldados por numerosos líderes civiles y ejecutados por militares, destruyeron en lugar de retomar los dos edificios republicanos, arrasando de paso con la democracia.

Un tratamiento que recientemente se repitió violentamente contra la población juvenil en el paro nacional del 2021, bajo la presidencia de Iván Duque, cuyo lema de “Paz con legalidad” terminó siendo paz con letalidad, pues dejó entre 46 víctimas mortales según la ONU[v] y 80 para diversas organizaciones de derechos humanos, como “Rutas del Conflicto”[vi].

La Tramoya de incivilidad y criminalidad del ELN.

Para completar semejante tramoya de incivilidad y criminalidad, hoy supuestos rebeldes del ELN exigen cínicamente al gobierno su reconocimiento como organización política insurgente, pero realizan un paro armado en el Chocó que alcanza un nivel de degradación insuperable y ahoga a miles de familias campesinas en el confinamiento de la desesperación, el hambre y la muerte, mucho más profundo que el agua de los ríos desbordados que las circundan.

Semejante comportamiento no es otra cosa que la criminalidad propia de un grupo armado organizado y como tal no tiene cabida reconocer al ELN como un grupo rebelde con proyecto político.

Sin libertad de locomoción de la población campesina no hay política, sino confinamiento, miedo y desolación, que es lo propio de los criminales y los reaccionarios con sus campos de concentración.

Por todo lo anterior, sin superar la paradoja mortal de la violencia política, el entramado de imposturas de esta tramoya estatal cacocrática y la supuesta civilidad de nuestros gobernantes y opositores armados, continuaremos muriendo en el ensueño de ser la democracia más longeva y estable de Suramérica.

Longeva en perpetuar múltiples violencias, desfalcar los bienes y el presupuesto público en beneficio de cacocratas disfrazados de políticos. Pero también muy estable en cavar trincheras y fosas comunes en defensa de una democracia y un Estado de derecho que ha sido condenado en 50 ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos[vii] por violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos fundamentales de su población, como las más de 6.000 víctimas de la Unión Patriótica[viii] y su exterminio como partido político.

Últimas noticias de la Tramoya nacional criminal.

Para terminar, las noticias de esta semana condensan en forma inverosímil tan desolador escenario. Conocimos la absolución de Santiago Uribe[ix] por falta de pruebas concluyentes en la conformación del grupo paramilitar de los llamados 12 apóstoles, por lo cual su hermano, el expresidente Álvaro Uribe, dio gracias a Dios, como si se tratará de un milagro celestial, que seguro espera se repita en la investigación penal en su contra por los delitos de soborno a testigo y fraude procesal.

Continuó con el reconocimiento de los miembros del Secretariado de la extinta Farc-Ep de haber reclutado cerca de 18.677 niños y niñas entre 1996 y 2016, según la imputación realizada por la JEP[x], además de cometer graves delitos contra su integridad personal, abusos y violencia sexual[xi]. Y, por si fuera poco, el presidente Gustavo Petro nombra como gestor de paz a Hernán Giraldo[xii], temible jefe paramilitar del Bloque Tairona, apodado “taladro” por ser sindicado de la violación sexual de más de 200 niñas menores de edad, prontuario de depredador sexual por el cual fue expulsado de la jurisdicción de Justicia y Paz “por seguir en la vía del crimen, ligado principalmente a delitos sexuales contra menores”[xiii].

Ante semejante tramoya criminal nacional, asistimos a la rehabilitación y absolución de numerosos victimarios, bien por cuestionados fallos judiciales o resoluciones gubernamentales, que terminan revictimizando y mancillando la memoria y dignidad de miles de víctimas.

Al anterior tramado y tinglado de impunidad, se suma la forma vergonzosa y oprobiosa en que el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo[xiv], agredió a la Madres de Soacha al botar a la basura cientos de botas de plástico que simbolizaban la memoria de sus hijos ejecutados extrajudicialmente, cuyo número asciende a 6.400 “falsos positivos” que investiga la JEP[xv] por los cuales ya han sido imputados numerosos agentes de la Fuerza Pública[xvi].

Crímenes que ahora niega cínicamente el representante Polo, contra toda la evidencia judicial demostrada por la JEP[xvii]. Sin duda, estamos sumergidos en un desastre nacional no solo por causa de las lluvias, sino por la degradación ética y política de quienes persisten en llamar democracia a esta tanática tramoya institucional y defender este supuesto Estado de derecho que condena a millones de sus cándidos pobladores a malvivir y morir sin haberles garantizado el ejercicio de sus derechos ciudadanos básicos: los civiles: a la vida, libertad, propiedad, seguridad y justicia; los políticos: a elegir, expresarse y oponerse sin temor a ser asesinados o desaparecidos y los sociales a vivir en paz en un medio ambiente sano y a salvo de catástrofes evitables, con empleos decentes, pan, techo, educación, salud y dignidad, que es lo mínimo que garantiza, promueve y existe en toda auténtica democracia.

[i] https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/conflicto-dejo-450666-muertos-los-datos-que-revelo-la-comision-de-la-verdad/

[ii] https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/regresa-un-ganster-a-la-casablanca-blanca/

[iii] https://www.elcolombiano.com/colombia/corte-suprema-confirma-condenas-a-exfuncionarios-de-uribe-por-caso-yidispolitica-BK25498845

[iv] https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-noche-en-que-lleras-restrepo-reconocio-el-triunfo-de-rojas-pinilla-parte-ii-article-417288/

[v] https://www.hchr.org.co/documentos/el-paro-nacional-2021-lecciones-aprendidas-para-el-ejercicio-del-derecho-de-reunion-pacifica-en-colombia/

[vi] https://rutasdelconflicto.com/especiales/victimas-mortales-paro

[vii] https://corteidh.or.cr/mapa_casos_pais.cfm

[viii] https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Documents/resumen-455-esp.pdf

[ix] https://www.semana.com/nacion/articulo/estas-son-las-claves-del-fallo-que-absolvio-a-santiago-uribe-velez/202409/

[x] https://www.elespectador.com/judicial/las-cifras-que-tuvo-en-cuenta-la-jep-para-imputar-a-los-exfarc-por-reclutamiento-forzado-noticias-hoy/

[xi] https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/jep-y-farc-respuesta-del-secretariado-por-imputacion-donde-reconoce-reclutamiento-de-ninos/

[xii] https://www.elespectador.com/judicial/hernan-giraldo-serna-el-depredador-sexual-que-fue-nombrado-gestor-de-paz-por-el-gobierno-petro/

[xiii] https://www.elespectador.com/judicial/hernan-giraldo-serna-el-depredador-sexual-que-fue-nombrado-gestor-de-paz-por-el-gobierno-petro/

[xiv] https://www.pulzo.com/nacion/polo-polo-se-gano-denuncia-penal-botar-basura-obras-madres-soacha-PP4085140A#google_vignette

[xv] https://www.jep.gov.co/macrocasos/caso03.html#container

[xvi] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/jep-resolucion-conclusiones-imputados-falsos-positivos-catatumbo-sanciones-propias.aspx

[xvii] https://caracol.com.co/2024/11/14/jep-rechaza-ataque-de-polo-polo-a-tributo-falsos-positivos-estan-probados-judicialmente/

Por: Ricardo González Duque // X: @RicardoGonDuq

“Nunca antes” o “es la primera vez que”, son expresiones habituales que usa el presidente Petro para describir acciones de su gobierno, marcado por símbolos. Pero ese simbolismo le jugó una mala pasada el jueves pasado cuando se juntaron tres cosas: banderas del M-19, el Palacio de Justicia y un bloqueo a esa sede judicial.

El llamado de Petro a protestar por el evidente abuso de poder del fiscal Barbosa –sin contar con su ineficaz gestión– y por el juego que le podría hacer la Corte Suprema al mantener por tiempo indefinido a su subalterna Martha Mancera como fiscal encargada, se le vino en contra al presidente cuando un pequeño grupo de manifestantes intentó ingresar al Palacio de Justicia y cientos de ellos mantuvieron bloqueada la salida.

La toma del M-19 en noviembre de 1985 volvió a la memoria colectiva. Y aunque Petro no participó de ella cuando era guerrillero, llovieron los mensajes que le revivieron ese fantasma que lo ha perseguido por casi 40 años.

Su respuesta fue desmarcarse de aquellos manifestantes que bloquearon el Palacio de Justicia y al tiempo apuntar a la teoría de los infiltrados, que aunque no es descabellada porque ya se ha probado que, por ejemplo policías se han metido en marchas de los estudiantes, aquí no hay prueba alguna de tal infiltración.

Lo que sucedió realmente fue el descontrol de los seguidores más fieles y radicales del presidente, que atendieron su llamado a la “expresión popular”, pero que terminaron emulando a los de Trump en Estados Unidos y de Bolsonaro en Brasil, que Petro tanto cuestionó en su momento.

La versión de Presidencia de que las convocatorias no eran para presionar a la Corte y que la idea era protestar frente a la Fiscalía, se cayó con una sola foto: la de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la superintendente Cielo Rusinque en las inmediaciones del Palacio.

Así que por donde se le mire al presidente le salió mal esto. La protesta, como terminó, no solo le da insumos a quienes lo muestran como un dictador o cuando menos como un presidente antidemócrata, sino que le da excusas a la Corte Suprema para no cumplir su tarea de elegir fiscal. Es decir, fue una marcha torpe y contraproducente.

Pero independientemente de que Petro cometiera este autogol, la oposición volvió a demostrar que es experta en quedar fuera de lugar.

Quedó mal la senadora María Fernanda Cabal pidiendo que la respuesta al asedio fuera actuar como los condenados militares Arias Cabrales y Plazas Vega, cuya actuación devino en 94 muertos y 11 desaparecidos, por culpa del Ejército. Aunque el jueves fue un día fatal, la actuación serena de la Policía, por orden de Petro, logró que la intentona terminara sin violencia.

Quedó mal el concejal Daniel Briceño al inventarse que a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los estaban evacuando en un helicóptero, como estrategia para aumentar la tensión. Así como también los periodistas que afirmaron que un magistrado había sido agredido con una piedra. En el ejercicio de los medios a veces se cae en imprecisiones propia de errores humanos, pero lo grave es la intención que a veces hay detrás.

Quedaron mal quienes ahora hablan de “honorable Corte” y de “abrazos para los magistrados”, cuando antes los desprestigiaron por su papel en el caso del expresidente Uribe, no repudiaron y hasta justificaron las chuzadas del DAS y enaltecieron a los militares ya mencionados que no atendieron el llamado de “cese al fuego inmediatamente” del presidente de la Corte, Alfonso Reyes, durante la retoma al Palacio en 1985.

Y quedaron mal otros, como la representante Catherine Juvinao, quien calificó simplemente de “pelea” la que tenía el expresidente Uribe con la Corte Suprema de 2009 que no le quiso elegir fiscal genera. Esa no era una pelea, sino una violación y persecución sistemática a los magistrados a través de interceptaciones ilegales ordenadas desde la Casa de Nariño.

Los que no pueden quedar mal ahora son los magistrados: deben elegir entre Pérez, Buitrago y Camargo a la nueva fiscal. Así como el país casi en un grito unánime los defendió por el hostigamiento del jueves, también se les tendrá que pedir cuentas y explicaciones si no eligen de la terna enviada por el presidente Petro. El fiscal y el presidente ya jugaron con fuego, ojalá los magistrados no lo hagan.

Por: Ricardo González Duque // X: @RicardoGonDuq

“Nunca antes” o “es la primera vez que”, son expresiones habituales que usa el presidente Petro para describir acciones de su gobierno, marcado por símbolos. Pero ese simbolismo le jugó una mala pasada el jueves pasado cuando se juntaron tres cosas: banderas del M-19, el Palacio de Justicia y un bloqueo a esa sede judicial.

El llamado de Petro a protestar por el evidente abuso de poder del fiscal Barbosa –sin contar con su ineficaz gestión– y por el juego que le podría hacer la Corte Suprema al mantener por tiempo indefinido a su subalterna Martha Mancera como fiscal encargada, se le vino en contra al presidente cuando un pequeño grupo de manifestantes intentó ingresar al Palacio de Justicia y cientos de ellos mantuvieron bloqueada la salida.

La toma del M-19 en noviembre de 1985 volvió a la memoria colectiva. Y aunque Petro no participó de ella cuando era guerrillero, llovieron los mensajes que le revivieron ese fantasma que lo ha perseguido por casi 40 años.

Su respuesta fue desmarcarse de aquellos manifestantes que bloquearon el Palacio de Justicia y al tiempo apuntar a la teoría de los infiltrados, que aunque no es descabellada porque ya se ha probado que, por ejemplo policías se han metido en marchas de los estudiantes, aquí no hay prueba alguna de tal infiltración.

Lo que sucedió realmente fue el descontrol de los seguidores más fieles y radicales del presidente, que atendieron su llamado a la “expresión popular”, pero que terminaron emulando a los de Trump en Estados Unidos y de Bolsonaro en Brasil, que Petro tanto cuestionó en su momento.

La versión de Presidencia de que las convocatorias no eran para presionar a la Corte y que la idea era protestar frente a la Fiscalía, se cayó con una sola foto: la de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la superintendente Cielo Rusinque en las inmediaciones del Palacio.

Así que por donde se le mire al presidente le salió mal esto. La protesta, como terminó, no solo le da insumos a quienes lo muestran como un dictador o cuando menos como un presidente antidemócrata, sino que le da excusas a la Corte Suprema para no cumplir su tarea de elegir fiscal. Es decir, fue una marcha torpe y contraproducente.

Pero independientemente de que Petro cometiera este autogol, la oposición volvió a demostrar que es experta en quedar fuera de lugar.

Quedó mal la senadora María Fernanda Cabal pidiendo que la respuesta al asedio fuera actuar como los condenados militares Arias Cabrales y Plazas Vega, cuya actuación devino en 94 muertos y 11 desaparecidos, por culpa del Ejército. Aunque el jueves fue un día fatal, la actuación serena de la Policía, por orden de Petro, logró que la intentona terminara sin violencia.

Quedó mal el concejal Daniel Briceño al inventarse que a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los estaban evacuando en un helicóptero, como estrategia para aumentar la tensión. Así como también los periodistas que afirmaron que un magistrado había sido agredido con una piedra. En el ejercicio de los medios a veces se cae en imprecisiones propia de errores humanos, pero lo grave es la intención que a veces hay detrás.

Quedaron mal quienes ahora hablan de “honorable Corte” y de “abrazos para los magistrados”, cuando antes los desprestigiaron por su papel en el caso del expresidente Uribe, no repudiaron y hasta justificaron las chuzadas del DAS y enaltecieron a los militares ya mencionados que no atendieron el llamado de “cese al fuego inmediatamente” del presidente de la Corte, Alfonso Reyes, durante la retoma al Palacio en 1985.

Y quedaron mal otros, como la representante Catherine Juvinao, quien calificó simplemente de “pelea” la que tenía el expresidente Uribe con la Corte Suprema de 2009 que no le quiso elegir fiscal genera. Esa no era una pelea, sino una violación y persecución sistemática a los magistrados a través de interceptaciones ilegales ordenadas desde la Casa de Nariño.

Los que no pueden quedar mal ahora son los magistrados: deben elegir entre Pérez, Buitrago y Camargo a la nueva fiscal. Así como el país casi en un grito unánime los defendió por el hostigamiento del jueves, también se les tendrá que pedir cuentas y explicaciones si no eligen de la terna enviada por el presidente Petro. El fiscal y el presidente ya jugaron con fuego, ojalá los magistrados no lo hagan.

-Inscripción en mármol-

Bat: Después de veintinueve años, siguen los interrogantes. Quizás estos sean buenos tiempos para comenzar a levantar el muro de silencio que sigue ocultando lo que ocurrió en el Palacio de Justicia entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985.

Man: Yo digo que es mejor dejar los santos quietos. No hay verdad, sino verdades. Y jamás saldrán todas juntas a la luz. El silencio también es una forma de respuesta.

Bat: La verdad, al menos la gruesa, la más básica, tiene un valor diferente en este caso. Porque aún nos miramos como país bajo la sombra de todo eso que no sabemos. Y nunca vamos a construir una Colombia en donde seamos capaces de tolerarnos, si no hacemos un pacto de honradez.

Man: Yo le advierto. Pero allá, usted. Adelante con sus preguntas.

Bat: Son diez. Y son sencillas.

¿Quiénes y por qué retiraron el esquema de seguridad en el Palacio de Justicia, cuando el Ejército ya conocía el plan de toma del M-19?

¿Es cierto que Luis Otero, comandante uno en la toma del Palacio de Justicia, ofreció la rendición del grupo guerrillero el 6 de noviembre en horas de la tarde, a cambio de que se le respetara la vida a los insurgentes y se les permitiera salir del país?

¿El Ejército habría podido responder de otro modo, como no fuera con toda su capacidad de fuerza, para detener lo que a todas luces no era solamente una toma del Palacio de Justicia, sino una toma del poder del Estado?

¿Qué pasó con el testimonio del sargento (r) Bernardo Garzón, el mismo militar que denunció torturas y desapariciones ante la Procuraduría, después desapareció, recientemente fue capturado y, al parecer, ha estado detenido en un establecimiento militar en el Valle del Cauca?

¿Cómo murió el Magistrado Manuel Gaona Cruz?

Los ex miembros del M-19 que aún están vivos ¿han contado todo lo que saben acerca de los hechos del Palacio de Justicia?

¿Por qué las multitudes silbaron a los tanques cuando irrumpieron en el Palacio de Justicia y los aplaudieron cuando salieron, después del holocausto?

¿Colombia debe ofrecer todo el perdón a los militares involucrados en los abusos ocurridos en el Palacio de Justicia, a cambio de toda la verdad sobre lo que ocurrió allí?

¿El país está preparado para saber y asumir lo que realmente ocurrió en el Palacio de Justicia, sin que tiemblen sus cimientos?

¿Dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia?