Lo peor que le puede pasar a un medio de comunicación periodístico es que un político (o expolítico) esté al mando. Pero en este país esa ha sido la regla, no la excepción.

Esta mañana desperté preguntándome cuál es el verdadero poder que tiene Álvaro Uribe Vélez sobre ciertos medios de comunicación. ¿Qué hizo él por ellos para que lo que quieran tanto, que incluso hasta se muestran capaces de meter las manos al fuego por aquel como si fueran sus más leales copartidarios y no parte de ese contrapoder que está para vigilar a los poderosos?

No se entiende de dónde tanta gratitud a sabiendas de que han pasado 15 años desde que Uribe ya no es presidente de la República, ahora es un ciudadano común y corriente, tan común y corriente que hoy está entre el agua y la pila bendita –esto es, en espera de la condena o la absolución-, por presuntamente haber cometido fraude procesal y soborno a testigos.

Uribe pasó de acusador –contra el senador de la izquierda Iván Cepeda- a sentarse en el banquillo de los acusados. Todo este meollo comenzó en 2014 cuando el senador Iván Cepeda denunció públicamente que Uribe y su hermano Santiago estarían detrás de la creación del grupo paramilitar Bloque Metro de la AUC, como lo reseña en este informe la Fundación Paz y Reconciliación, Pares. Si nada extraordinario ocurre, la verdad se sabrá muy temprano (8:30 a.m.), este 28 de julio. Por ahora, el consumo de valeriana está al alza en esta contrarreloj judicial donde más de uno debe estar ya sin uñas.

Lo de Juan Lozano es vergonzoso. Lo dije en este mismo blog cuando el hombre asumió la dirección de La FM de RCN Radio, que pertenece a la organización Ardila Lule, dueña de empresas y medios de comunicación. “Cuando un mismo personaje bucea a sus anchas en dos mares -las aguas “mansas” del periodismo y las aguas turbulentas de la política-, hay que desconfiar de las intenciones de aquel que diserta como político en una columna de opinión y asume luego su personalidad de periodista (a lo Clark Kent) frente a un micrófono. El uno con aires de “salvador”, y soluciones mágicas para casi todo, y el otro con la capa de hombre que posa de bien informado”.

Su historia es la del galanista que cayó en brazos del uribismo para luego atrincherarse en el periodismo. El Juan Lozano político publica una columna semanal en El Tiempo, el diario que ya no pertenece a la familia Santos, sino a don Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de empresas, bancos y medios de comunicación. Su última columna produce vergüenza más no extrañeza. Se titula “Carta abierta a la juez de Álvaro Uribe”. No entiendo por qué insisten en llamarla juez si es jueza.

Una carta que comienza con alabanzas “por su investidura y por su idoneidad”, pero que rápidamente se torna intimidatoria: “Su fallo –dice el expolítico periodista- se convertirá anticipadamente en la vara con la que usted será medida por siempre, más allá de los aplausos efímeros de algunos y las presiones circunstanciales de otros”. Y como si creyera que la jueza no es una persona letrada, le insiste en un tono que amedrenta: “La dignidad de su nombre, de aquí en adelante, estará referida a la calidad de su fallo”.

Hay un tufillo de desesperación en las líneas de la carta. Nótenlo ustedes; “Por eso, señora juez, con todo respeto se lo expreso, falle en derecho. Falle en derecho, señora juez”.

Lo que yo entiendo es que Juan Lozano entiende que la jueza no entiende lo escrito a la primera vez y él se lo repite dos veces, -y hasta tres- y de formas distintas o de la misma forma. Creo que era innecesario tratarla como a una persona obtusa.

Más adelante dice el director La FM de RCN Radio. “Debo confesarle, señora juez, que, por Colombia, me atormenta la idea de que los victimarios de siempre, los que siguen impunes, vayan a imponer el relato”. Al caer en este párrafo, se los digo sinceramente, pensé que iba a referirse a los 6.402 falsos positivos que ocurrieron durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe o sobre las acusaciones que pesan sobre él por dos masacres ocurridas en Antioquia siendo gobernador de ese departamento.

El también decano de periodismo se despide en su carta abierta repitiéndole por enésima vez a la jueza Sandra Heredia: “Falle en derecho, señora juez. Y que Dios la ilumine”. Como si Dios no tuviera ya demasiados problemas en qué pensar.

Vergonzosa no es solo esa carta de Juan Lozano. También la posición de Semana y la de varios de sus columnistas adheridos a la causa uribista. Horas antes del veredicto, esa revista dedica el tema de portada para hablar sobre la vida privada y pública de la jueza. “Su familia en el Tolima es conservadora, pero quienes la conocen aseguran que ella es de izquierda”. Y más adelante escriben: “… a juzgar por los recuerdos que tienen algunos de sus compañeros de colegio con los que habló Semana, es progresista. Incluso, la califican como una persona con “ideología de izquierda”, poniendo en negrilla esas últimas palabras: ideología e izquierda para, a renglón seguido, advertir que esas personas pidieron reserva de su identidad.

Volvemos al tema de las fuentes anónimas o no identificadas, de lo cual están abusando los medios, y en el caso específico de Semana, de forma descarada para insinuar que el juicio a Uribe está politizado, sin aportar pruebas fehacientes. El portal Pulzo se pega de esta información y construye este otro titular tendencioso: “Destapan intrigante posición política de jueza encargada del caso de Álvaro Uribe”.

El reportaje de Semana parece más un perfilamiento velado que un perfil periodístico (Por ejemplo, ¿era necesario, “con fines periodísticos” dar las coordenadas de la familia de la jueza e inmiscuirla, ubicando el municipio donde se encuentra?) Artículos como este le recuerdan a uno las épocas dolorosas de los jueces sin rostro y condenados al ostracismo, pues estaban en la mira de la mafia, presionados e intimidados por los carteles del narcotráfico. Nunca como ahora fueron más necesarios los tribunales de ética periodística. ¿Alguien conoce sus coordenadas para ubicarlos?

Pero hay más. Un confidencial de revista Semana -de propiedad del grupo Gilinski, que se ha mostrado cercana al acusado desde cuando estaba en manos de la hoy candidata presidencial Vicky Dávila- dice lo siguiente: “Preocupación en el Congreso de Estados Unidos por las ´irregularidades´ en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe”, dando entender que de manera unánime todo el Legislativo de ese país está pendiente del caso, cuando nota adentro queda claro que se trataría de una declaración del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, -el mismo que propuso disminuir la ayuda a Colombia- , sin que Semana aclare quién o quiénes firman lo que ellos llaman informe.  “… las cuestiones de politización plantean serias preocupaciones sobre el deterioro de la independencia judicial y el Estado de derecho en Colombia”, dice el mini-artículo.

¿No configura esto una intromisión a la soberanía colombiana, en línea con lo hecho por el presidente Donald Trump, que amenazó a Brasil con mayores aranceles por el juicio contra el expresidente golpista Jair Bolsonaro? La nota de El País de España no deja lugar a dudas: “Eduardo Bolsonaro, el hombre que susurra a Trump para que castigue a Brasil”. Según el periódico español, “el diputado e hijo del expresidente brasileño se mudó a Estados Unidos para maniobrar contra Lula, allanar el camino a los aranceles y alentar las sanciones contra el juez que investiga a su padre”.

“… los juzgados y tribunales (…) tampoco fallan de conformidad con las tendencias mayoritarias en redes sociales, programas radiales o columnas de opinión”: exmagistrado José Gregorio Hernández.

Y cómo no, Vicky Dávila también se pronunció a favor de Uribe. Primero acusó al presidente Petro de ser “aliado político del sector que quiere condenado al expresidente Álvaro Uribe” y después afirmó: “Sí lo condenan, es sin pruebas”. El presidente Petro fijó su posición a través de un trino en X, como lo cuenta El Espectador en esta nota: “Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general. Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado (…) quien ejerza el oficio de juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad”.

Llama la atención este titular de El Tiempo: “Con carta, 38 juristas emitieron un concepto en el que dicen que no hay pruebas para condenar al expresidente Álvaro Uribe; ¿quiénes la firmaron?”.

Cualquier ciudadano de a pie —uno que se debe portar juicioso y apegado a la ley, porque no tiene los millones que cuesta una defensa— ya quisiera tener a tantos abogados, como buenos samaritanos, poniéndose de acuerdo para defenderlo si resulta implicado en delitos y muy seguramente sin cobrar un solo peso, aunque no sabemos la génesis de aquella carta en la que los juristas en coro afirman que el juicio contra Uribe “fue un burdo montaje y una campaña de descrédito urdida por los adversarios y detractores políticos del expresidente, y cohonestada por una Fiscalía militante, para mancillar su buen nombre, enlodar su legado histórico, deslegitimar su lucha política, y reducir su ascendencia ante los más amplios sectores de la opinión pública”.

La columna más sensata la escribió el exmagistrado José Gregorio Hernández en el diario El Nuevo Siglo, bajo el título: “Respetar la autonomía judicial”. Dice el jurista y catedrático universitario: “… en un Estado de Derecho -como lo es el colombiano, según dice la Constitución-, los juzgados y tribunales son independientes, merecen respeto y acatamiento. No profieren sus sentencias según orientación política, ni para satisfacer o agradar, ni para mortificar o acatar a grupos o partidos, ni para producir efectos políticos. Tampoco fallan de conformidad con las tendencias mayoritarias en redes sociales, programas radiales o columnas de opinión”.

¿Qué creo yo, ya para concluir? Que dudo mucho de que la señora jueza —una persona que debe estar más interesada en códigos y normas que en frivolidades mediáticas— tenga tiempo para pararle bolas a tanto “ciudadano preocupado” que ya dio “su veredicto” a favor de Uribe a través de la prensa y las redes sociales. En lo político, la condena a Uribe podría significar el comienzo del fin del Uribismo y el inicio de la despolarización. Su absolución no creo que reviva a su alicaído partido político, el Centro Democrático, hoy caído en desgracia por cuenta de este caso, el cual afectó su imagen durante los más de diez años que el país lleva hablando del asunto.  

La verdad verdadera se sabrá este lunes 28 julio, como también se supo ya en la condena reciente, en primera instancia, contra los directivos de Chiquita Brands por financiar a paramilitares, que así lo informa Vorágine. “El juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia emitió este 22 de julio un fallo histórico contra siete empresarios bananeros por financiación de grupos paramilitares”, dice el portal.

Si la justicia falla en derecho —y Uribe es hallado culpable en primera instancia, así sus veneradores lloren y pataleen—, se demostrará que la justicia en Colombia no es únicamente para los de ruana y que aquí las leyes tampoco son trajes hechos a la medida de los privilegiados. Mejor dicho: que nadie tiene corona, porque esta esquina desdichada de Suramérica no es monarquía, ni es principado, ni es colonia de Estados Unidos, y el que la hace, si es culpable, la paga, que ese es el lenguaje que aprendimos desde que éramos chiquitos y descalzurriados, sin necesidad de ser abogados.

Sea cual sea el sentido del fallo, intromisiones como la de Juan Lozano y compañía minan la credibilidad de una prensa que lucha por recuperar su honra y la confianza de las audiencias.