Doris Vice Ruiz es buzo artesanal desde los 17 años. Es una de las pocas mujeres que forman parte de la cadena productiva de las conchas de abanico en la provincia de Sechura, en Piura, al norte del Perú. Al igual que la mayoría de familias de la bahía, la de Vice Ruiz se dedica por completo a la maricultura de este recurso. Su madre vende los equipos profesionales para los buzos artesanales, mientras que su padre forma parte de la Asociación de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos Exitosos de Sechura.

Pese a lo peligroso que puede resultar el buceo artesanal —sobre todo si se realiza de manera informal— y lo complicado y costoso que resulta obtener los permisos para extraer las conchas de abanico, Doris Vice Ruiz asegura que la maricultura de este recurso sigue siendo la actividad económica más rentable de la provincia. Después del ciclón Yaku en el 2023, sin embargo, el panorama se volvió desalentador para los maricultores.

“Luego de la pandemia quisimos retomar la actividad que estuvo paralizada, pero hubo mortandad masiva de las conchas de abanico por el ciclón Yaku y toda la producción desapareció. Muchos perdieron y eso nuevamente nos obligó a parar la actividad”, cuenta Vice Ruiz.

Según José Aldana, especialista en acuicultura y vocero del Consejo de Maricultores de la Bahía de Sechura, en el 2021 se exportaban 121 millones de dólares en conchas de abanico, pero en el 2023, tras el paso de Yaku, esta cifra se redujo a casi la mitad: 62 millones de dólares.

Ante la situación, algunas familias maricultores decidieron migrar a otras actividades económicas. Las que se quedaron, optaron por repoblar algunas zonas de la bahía con conchas de abanico e iniciar un proceso de formalización para, entre otras cosas, disminuir los riesgos de descompresión a los que están expuestos.

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El repoblamiento de conchas de abanico

Perú es el tercer exportador mundial de conchas de abanico y la provincia de Sechura, en la región Piura, concentra más del 80% de la producción nacional de este molusco. España, Francia y Estados Unidos son los principales destinos.

Antes del ciclón, ya “veníamos del fenómeno de La Niña que inhibe la reproducción de conchas de abanico”, cuenta Aldana. Para enfrentar ese problema, los maricultores sembraron semillas de conchas de abanico, aunque los precios se habían duplicado. “Se sembró el producto aunque estaba caro y llegó el ciclón Yaku devastando todo”, dice Aldana.

Con el fin de contrarrestar la crisis generada en esta actividad extractiva tras los fenómenos climáticos, el Ministerio de la Producción autorizó, en julio del 2023, la transferencia de S/ 49.5 millones ( cerca de 13 millones de dólares) a favor del Fondo de Desarrollo de la Microempresa (Fondemi), para promover la reactivación económica de la producción de conchas de abanico. Sin embargo, no todos los maricultores ni los buzos artesanales han accedido aún a este crédito.

El proceso de repoblamiento, cuenta Doris Vice Ruiz, se hace cada vez que el recurso se agota y consiste en que “los buzos vuelven a cultivar la semilla que se trae de laboratorios. Se compran las conchas, se llevan en cilindros, siempre de madrugada, y se echan al área del mar que ha sido autorizada. Después, se tienen que hacer faenas semanales porque puede ser que el caracol o el cangrejo te lo depreden. Nos tenemos que meter hasta 12 metros de profundidad una a dos veces a la semana para monitorear”, explica.

El cultivo de las conchas de abanico depende de las semillas que se puedan obtener de la producción en laboratorios y de la recolección en el mar.  Actualmente, solo existen laboratorios privados que venden las semillas de conchas de abanico a las grandes empresas, por lo que los micro y pequeños empresarios, deben extraerlas de las profundidades del mar, a través de los buzos artesanales.

Por eso, los representantes de la la Federación de Pescadores Artesanales de la Categoría Productiva Amypes (Acuicultura de Micro y Pequeñas Empresas) de la bahía de Sechura presentaron al Gobierno Regional de Piura un proyecto para la instalación de un centro de producción de semillas de conchas de abanico. El objetivo es que este centro de producción provea anualmente a los maricultores  de 50 mil manojos de semillas, cada uno de los cuales tiene 96 conchas de abanico.

“En el  2024 pocos sembraron por el miedo del fenómeno de El Niño que se anunciaba para fines de año. Esa es la producción que está comenzando a salir este año para el mercado exterior”, cuenta Aldana. Aún así, “este año creemos que llegaremos al 40% de producción en comparación con el 2021”, sostiene.

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Un proceso de formalización en marcha

Desde los 14 años, Marcos Marino Morales se coloca el traje de buceo, el visor y el snorkel para explorar las profundidades del mar de Sechura. Hoy, cinco décadas después, recuerda que aprendió a bucear en la caleta Constante cuando unos buzos profesionales llegaron desde Lima y alquilaron la lancha de su padre para navegar en Sechura.

“Hace 40 años, el mar era una maravilla, era un mundo nuevo. Yo aprendí porque mi papá tenía una lancha que alquilaba a los buzos y me encantó. Luego nos hicimos maricultores cuando empezó el cultivo de conchas de abanico”, cuenta.

Marino Morales es uno de los 1100 buzos artesanales que, aproximadamente, se dedican al cultivo y extracción de conchas de abanico en la bahía de Sechura. Ha dedicado toda su vida a trabajar bajo el mar y, aunque bucea menos que hace unos años, asegura que el buceo artesanal es una actividad que aún le resulta rentable y apasionante. “Toda nuestra vida ha estado vinculada al mar. Cuando sales a pescar quieres seguir explorando y te fascina”, dice. El problema, reconoce, es que “el buceo artesanal de conchas de abanico tiene un riesgo muy alto y, ante ello, lamentablemente estamos desprotegidos”.

Los buzos artesanales pueden llegar a 12 metros de profundidad bajo el mar para recolectar las conchas de abanico. En ocasiones deben estar hasta dos horas bajo agua y pueden sufrir descompresiones por la falta de oxígeno. Esto ocurre cuando, al subir muy rápido hacia la superficie, la presión atmosférica se reduce bruscamente pudiendo obstruir una arteria y provocar, por ejemplo, un infarto.

“Si estás en la informalidad y te da la descompresión, ahí quedó todo porque no hay nadie quien te auxilie. Pasas directo al grupo de los fallecidos”, dice Marino. De hecho, se calcula que cada año unas 12 personas fallecen en Sechura por esta razón, asegura  Aldana.

Según la Dirección de Capitanía de la Marina (Dicapi), para realizar esta labor en las zonas del mar autorizadas, los buzos artesanales deben conocer a cabalidad la norma pesquera y sanitaria vigente que establece las tallas mínimas de captura, restricciones, períodos de veda, prohibiciones y sanciones por infringir la norma.

Sin embargo, la gran mayoría de los buzos artesanales dedicados a la extracción de conchas de abanico opera en la informalidad. Por lo mismo, aún no existe un registro oficial que contabilice el número de personas que se encargan de realizar esta labor y que estén autorizados por la Dicapi para realizar la extracción de conchas de abanico.

Continuar en la informalidad no solo impide que los buzos puedan formar organizaciones o asociaciones legales y proteger sus derechos laborales y de salud, también impide que su labor sea monitoreada para evitar el mal uso del recurso marino.

Como parte de la solución al problema de la informalidad, el Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar (Fospibay) —una asociación civil sin fines de lucro, integrada por la Municipalidad Provincial de Sechura, el Ministerio de Energía y Minas, la comunidad campesina San Martín de Sechura y el sector privado— iniciaron en el 2024 un proceso de formalización de buzos artesanales.

Un primer grupo de 200 buzos ya aprobó el proceso de formalización y  se espera que otros 550 buzos también sean formalizados en diciembre de este año, aseguran desde la gerencia de Fospibay.

El proceso de formalización incluye una capacitación para reforzar ciertos conocimientos como, por ejemplo, saber regular los tiempos bajo el agua para evitar la descompresión.

La Dirección de Capitanía de la Marina exige como condición para entregar la licencia de buzo en categoría artesanal, no solo que estos conozcan el tiempo que pueden estar bajo el mar según las tablas de descompresión, sino también que sepan la ubicación de los centros médicos que cuentan con cámara hiperbárica en caso sufran de este problema.

Sin embargo, pese a que el Centro de Salud de Sechura es el más cercano a la bahía y cuenta con una cámara hiperbárica para atender estos casos de emergencia, de acuerdo con los buzos y Fospibay, esta se encuentra inoperativa. “Si ocurre el problema se tienen que ir hasta Talara —que queda a tres horas de distancia de Sechura— donde hay una cámara hiperbárica que es del sector privado”, comenta Aldana.

Pese a que la labor es ardua y peligrosa, los buzos artesanales continuarán en el rubro esperando que la formalización sea pronto un objetivo logrado para todos.

*Imagen Principal: Los maricultores de la Bahía de Sechura intentan superar la crisis que dejó el ciclón Yaku en el mar. Créditos: Produce.

El artículo original fue publicado por Lourdes Fernandez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Hasta hace muy poco, solo se sabía que el océano genera oxígeno gracias a la fotosíntesis que realiza el fitoplancton, es decir las diminutas algas que habitan en el agua. Pero un reciente estudio de la Asociación Escocesa para las Ciencias Marinas (SAMS) determinó que en el fondo del mar también se produce oxígeno. El descubrimiento abre nuevas preguntas sobre lo que sucede en las zonas más profundas del océano y al mismo tiempo refuerza los cuestionamientos que vienen realizando científicos y expertos marinos sobre el interés de empresas y países para realizar minería submarina con la intención de explotar elementos como el cobalto, manganeso, níquel y cobre, entre otros, que se encuentra en estas profundidades oceánicas.

Este hallazgo salió a la luz mientras se realizaron las reuniones del Consejo y la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés) que tuvo lugar en Kingston, Jamaica del 15 al 28 de julio del 2024. Uno de los temas que se debía tratar en la cita era la regulación de la minería submarina.

Algunas actividades de exploración minera submarina ya se han realizado en el Océano Pacífico. La empresa canadiense The Metals Company (TMC), patrocinada por el país insular de Nauru, ha ejecutado labores de exploración en la zona de Clarion-Clipperton, un sector de aguas internacionales situado en el Océano Pacífico, frente a las costas de México y Hawai. Ahora espera conseguir el primer permiso de explotación submarina.

Mientras tanto, científicos e investigadores se oponen a que se permita explotar y algunos también a la exploración en las profundidades del mar debido, principalmente, a lo poco que se conoce de la zona más profunda del océano y de los impactos que la actividad minera pueda ocasionar en estos ecosistemas.

El principal argumento de las empresas mineras para la explotación del fondo marino es que los minerales que se encuentran allí —cobalto, manganeso, níquel, litio, entre otros— son necesarios para la transición energética, pues se utilizan para la fabricación de baterías.

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Oxígeno en el fondo del mar

“Es un descubrimiento increíble. Es la primera vez que se ha registrado la producción de oxígeno que no proviene de la fotosíntesis de las plantas, sino que está ocurriendo en el fondo marino”, comenta Daniel Cáceres, representante para Latinoamérica de Sustainable Ocean Alliance, sobre el descubrimiento científico que acaba de salir a la luz.

En el artículo científico Evidencia de producción de oxígeno oscuro en el fondo marino abisal, publicado en la revista científica Nature Geoscience el pasado 22 de julio de 2024, se explica que el oxígeno producido en el fondo marino proviene de estructuras parecidas a pequeñas rocas que se han formado durante millones de años, llamadas  nódulos polimetálicos, y no de la fotosíntesis de las plantas, es decir que en esa producción de oxígeno no interviene la luz solar.

“Una de las razones por las que quieren extraer estos nódulos del fondo marino es porque tienen todos los elementos que se necesitan para fabricar las baterías de los nuevos teléfonos móviles, ordenadores y coches eléctricos y proporcionar las materias primas para fabricar paneles solares”, dice Andrew Sweetman, líder del grupo de investigación de Ecología y Biogeoquímica de la SAMS y autor principal de la investigación.

Sweetman agrega que estos nódulos “son ricos en manganeso, hierro, cobalto, cobre, litio”, minerales que se utilizan para fabricar distintos tipos de baterías.

El investigador también explica que  para llegar a este descubrimiento se realizaron múltiples pruebas, en diferentes momentos y  en distintos lugares, durante aproximadamente diez años. “Hicimos los mismos experimentos en el laboratorio y en el fondo del mar y probamos que se produce el oxígeno en la oscuridad. Tenemos múltiples fuentes de evidencia que muestran que algo muy emocionante está sucediendo en el fondo del mar”.

Son tres los tipos de minería submarina y se diferencian por los minerales que se busca explotar. Por un lado están los sulfuros de fuentes hidrotermales que son pequeñas estructuras con depósitos de minerales ricos en oro, níquel, cobre y otros metales.

Un segundo tipo son las costras de ferromanganeso, ricas en cobalto además otros metales y tierras raras, que se acumulan en los montes submarinos. El tercer tipo son los nódulos polimetálicos o nódulos de manganeso que se encuentran en las llanuras abisales, es decir, en la zona plana del fondo marino.

Maximiliano Bello, experto en política pública oceánica en Mission Blue, aporta información sobre la presencia de estos nódulos polimetálicos en el fondo marino, el interés de extraerlos y la información que apenas se está descubriendo sobre estas formaciones.

Bello cita específicamente la zona de Clarion-Clipperton, un sector de aguas internacionales —que no pertenece a ningún país— situado en el Océano Pacífico, frente a las costas de México y Hawai, y que ha atraído el interés de empresas mineras.

Si bien los nódulos polimetálicos almacenados en el fondo marino contienen diversos metales como cobre, níquel, cobalto, los que contienen manganeso son los que han despertado el interés en Clarion-Clipperton, asegura Bello.

“Los nódulos de manganeso parecen rocas pero son, de hecho, formaciones que están creadas por colonias bacterianas alrededor de pequeños ‘artefactos’ orgánicos, por ejemplo, el hueso del oído de una ballena, o el diente de un tiburón, que por miles de años, incluso, millones de años, han generado estos materiales alrededor de esas partículas orgánicas”, señala el experto.

El especialista de Mission Blue indica que “este tipo de comunidades bacterianas son extremadamente importantes” y que, probablemente, han permitido  que “la vida nazca en el planeta”.Son estas mismas colonias las que generan el denominado oxígeno oscuro reportado en el artículo científico.

“Lo que se va buscar en esa zona son estos nódulos de manganeso que, supuestamente, serían capaces de alimentar la transición ecológica de la energía”, señala Bello en relación al uso que tienen estos minerales considerados clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, computadores y teléfonos móviles y otras tecnologías. “Las baterías son importantes, pero no hay nada más importante que el oxígeno”, agrega Bello.

Para Sweetman el hallazgo del oxígeno oscuro “es una especie de llamado de atención” que obliga a reunir mayor información sobre el fondo marino y el medio ambiente que se intenta perturbar.

“En cada expedición encontramos decenas o cientos de especies nuevas. Hay miles de especies viviendo en las profundidades del océano que todavía no hemos descubierto”, asegura Sweetman.

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¿Es posible la minería submarina?

La exploración marina solo se puede realizar en áreas dentro de la zona económica exclusiva, es decir en aguas nacionales si el país lo permite. La situación es diferente en aguas internacionales, que están bajo la regulación de las Naciones Unidas. En este caso, la empresa que se interese en realizar exploraciones debe contar con el aval de un país y presentar su plan a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para solicitar la autorización, sin embargo, como esta actividad aún no está regulada por la ISA, por el momento no se puede autorizar esta actividad.

Eso es lo que ha sucedido con The Metals Company (TMC), la empresa canadiense que está presionando para que se le otorgue el permiso de explotación y pueda extraer los nódulos polimetálicos o nódulos de manganeso que se encuentran en el mar profundo de la zona de Clarion-Clipperton.

Durante la última reunión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos se sumaron cinco países a la lista de los que abogan por una interrupción preventiva, moratoria o prohibición de la actividad minera en los océanos. Hasta el momento son 32 las naciones —de las 168 que forman parte de la ISA— que apuestan por alguna de estas alternativas para evitar que se concrete la minería submarina: nueve apuestan por una moratoria y el resto solicita una pausa cautelar hasta que se conozca los impactos que ocasiona esta actividad en los ecosistemas marinos. Solo Francia está a favor de una prohibición definitiva.

“No se avanzó con los permisos para la minería submarina en esta reunión. Eso nos da un respiro para seguir llamando a más países para que se sumen a la moratoria y que usen el principio precautorio porque en realidad no hay suficiente información para avanzar en el tema”, señala Bello.

Por ahora, la propuesta de un grupo de países, liderada por Chile, de establecer una política general de conservación del océano está detenida, pues no se llegó a un acuerdo en la última reunión.

“Se ha propuesto crear un grupo donde se pueda discutir una política general para protección del medio marino. El debate se planteó el año pasado, pero China se opuso y no entró en agenda. Este año sí estuvo en agenda, pero lamentablemente no hubo consenso. Ahora se ha postergado para el próximo año”, comenta Daniel Cáceres, representante para Latinoamérica de Sustainable Ocean Alliance.

El peligro de que se inicien actividades de explotación minera sigue abierto mientras no se defina una política internacional.

Sucede que el Tratado sobre el Derecho del Mar establece que se debe concluir el código minero en un período de dos años luego de la solicitud de explotación minera. Ese plazo venció en julio de 2023 por lo que la ISA tendría que admitir las solicitudes de explotación minera conforme a la normativa vigente en estos momentos.

Cáceres señala que la empresa canadiense TMC ha anunciado que solicitará a finales del año la autorización para iniciar la explotación minera en el fondo del mar. El experto también menciona que actualmente existen 31 contratos de exploración minera en el fondo del mar de aguas internacionales.

La abogada Bobbi Jo Dobush, especializada en políticas y conservación del océano, cuestiona el interés por la minería submarina no solamente desde un punto de vista ambiental, sino también económico.

“¿Por qué vamos a destruir algo que además de ser increíble provee servicios ecosistémicos que pueden ser valorizados. El fondo marino nos presta servicios que son invaluables. ¿Si alguien destruye el ciclo de carbono, quién paga? ¿Si se destruye el oxígeno oscuro —que se acaba de descubrir en el fondo marino—, quién paga? ¿Si alguien destruye la base del ciclo alimenticio para los peces, quién paga?”, cuestiona Dobush.

Por otra parte, la abogada especializada en conservación del océano sostiene que aún está en debate si necesitamos de los minerales que se encuentran en estos nódulos que descansan en el fondo del mar.

“La industria decía que se iban a necesitar estos minerales para una transición energética verde y reducir el uso del petróleo, pero ahora, ni las baterías de los vehículos eléctricos ni las que se usan para el almacenamiento de energía están utilizando estos minerales”, señala Dobush. “Hay mucho más que perder que lo tenemos para ganar”.

Además, Dobush señala que la cantidad de mineral que se extraería del fondo marino no justifica la inversión para extraer estos minerales. “Se trata de una industria especulativa”, sostiene.

Imagen principal: Parque marino Nazca Desventuradas. Foto: Eduardo Sorensen-Oceana

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los tiburones en Colombia están al centro del debate desde que la Ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, tildó de “odioso”, “yuppicitos”, “gomelos” y hasta de “racistas” a quienes se oponen a una reforma que permite que 11 especies de tiburones y 4 de rayas marinas sean consideradas recursos pesqueros susceptibles de ser aprovechadas cuando su captura provenga de la pesca incidental.

La resolución la emitió la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) el 24 de enero,  y ha causado gran controversia en el país puesto que revierte un decreto presidencial emitido en el año 2021, durante el gobierno de Iván Duque, mediante el cual se excluía a todas las especies de tiburones, rayas y quimeras de la lista de recursos pesqueros y los declaraba recursos hidrobiológicos, por tanto, especies que no podían ser capturadas.

La decisión de la Aunap ha despertado reacciones a favor y en contra. Especialistas en océanos y en especies marinas, científicos, ambientalistas, pescadores se han manifestado sobre el tema. Por un lado, hay quienes opinan que la resolución puede abrir las puertas a la pesca ilegal de estas especies y al tráfico de aletas de tiburón.

Por otro lado, tanto el gobierno como quienes están a favor de la norma aseguran que con esta directiva se contará con información sobre las capturas incidentales de estas especies y que éstas continuarán estando protegidas puesto que su pesca intencional sigue estando prohibida. Además, aseguran que las comunidades locales de la costa de Colombia tendrán acceso a este recurso como parte de su soberanía alimentaria y a su uso de acuerdo a sus costumbres ancestrales.

La resolución indica que es pertinente y adecuado devolver la condición de recursos pesqueros a once especies de tiburones y cuatro especies de rayas marinas “para proteger la salud de las poblaciones de dichos organismos, así como la salvaguarda del derecho humano a la alimentación, subsistencia, diversidad y riqueza cultural de las comunidades costeras de Colombia”.

Esta disposición ha sido firmada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por la Aunap —entidad que depende de Agricultura—, y por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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Historia de una controversia

Fabio Gómez, profesor investigador del Departamento de Biología de la Pontificia Universidad Javeriana, considera que la resolución es una noticia positiva en cuanto permitirá tener datos sobre lo que realmente está ocurriendo en el país con los tiburones. Ello, debido a que desde que entró en vigencia la norma de 2021, no existe información de la pesca incidental de tiburones en el país.

“Debemos tener una mirada prudente frente a la norma, recuperar el proceso investigativo, tomar datos suficientes que nos permitan evaluar lo que está sucediendo con la norma y tomar medidas correctivas si es el caso”, explica Gómez.

Además, Gómez considera que la norma resultará un “alivio” para los pescadores puesto que no tendrán que esconder los tiburones o rayas que capturen de forma incidental durante sus faenas.

Sin embargo, no todos los expertos opinan igual.

La norma de 2021 dispuso la creación del  Plan Ambiental para la Protección y Conservación de Tiburones, Rayas Marinas y Quimeras, cuyo objetivo era garantizar la conservación y el manejo sostenible de estas especies y disminuir su vulnerabilidad y amenazas. Asimismo se indicó que la Aunap debía definir “medidas tendientes a eliminar la mortalidad de tiburones, rayas marinas y quimeras, asociada a actividades de pesca, en aspectos como fauna acompañante y captura incidental”. La disposición también contemplaba “medidas preventivas y sancionatorias” para las actividades que atenten contra los recursos hidrobiológicos.

“Lo que pretendía el decreto presidencial era prohibir la comercialización básicamente de productos y subproductos de tiburones y rayas, pero quedó mal hecho y la gente no entendió que de todas maneras en la pesca siempre hay una incidentalidad de capturas de tiburón sin que ello signifique que el pescador que saca un tiburón sea un criminal”, señala Juan Manuel Díaz, coordinador de programas de la Fundación MarViva, en Colombia.

A pesar de que es inevitable la incidentalidad en las capturas, comenta Díaz, los pescadores  pensaron que estaban siendo criminalizados. “Nunca hubo una socialización adecuada con las comunidades, además, ciertos sectores se encargaron de mal informar a los pescadores diciendo que si comercializaban tiburones, eran delincuentes, pero el decreto no decía nada de eso”, explica Díaz.

Ahora, la nueva disposición cambia el estatus a un grupo de tiburones y rayas que dejan de ser recursos hidrobiológicos para pasar a la lista de recursos pesqueros. La diferencia entre estas dos categorizaciones radica en que los recursos hidrobiológicos son aquellos organismos de los reinos animal y vegetal que cumplen todo su ciclo de vida dentro del medio acuático; mientras que los pesqueros son una  parte de los recursos hidrobiológicos que pueden ser extraídos con fines de consumo, procesamiento, estudio u obtención de cualquier otro beneficio.

Según el documento técnico elaborado por el Comité Ejecutivo para la Pesca, como sustento para la resolución de Aunap, Colombia cuenta con 76 especies de tiburones y rayas marinas , de las cuales cerca de 25 son aprovechadas comercialmente. El documento también indica que “en la costa Pacífica de Colombia, varias especies de tiburones y rayas marinas hacen parte de la captura incidental de diferentes pesquerías industriales y artesanales y presentan importante valor nutricional entre los pobladores de la región, donde productos como la carne, las aletas y en menor grado el aceite de hígado, hacen parte de la economía de esta zona”.

Para Díaz, “lo más grave de la resolución es que buena parte de las especies que están ahí listadas también figuran como amenazadas en la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN)”, entre ellas menciona al tiburón sedoso y al tiburón martillo. “Incluso, en el último listado de especies silvestres del Ministerio de Ambiente sobre las que el Estado debe poner énfasis en su conservación aparecen las mismas especies que ahora están autorizando pescar y comercializar”.

El representante de la Fundación MArViva menciona que dentro del listado de especies que pasan a ser recursos pesqueros hay algunas que ni siquiera son objeto de la pesca artesanal, sino de la pesca industrial. Díaz señala que esta resolución está abriendo una puerta al comercio ilegal de aletas de tiburón. “¿Por qué escogieron esas 15 especies y no otras?”, se pregunta. “Si se trata de inclusión, tendrían que haber incluido otras especies que son objeto de capturas accidentales de la pesca artesanal. ¿Por qué las dejaron por fuera?”

La preocupación de Díaz se sustenta, además, en que incluso estando vigente la prohibición de pescar y comercializar tiburón, cifras del Ministerio de Ambiente dan cuenta de al menos 23 decomisos de tiburones y aletas desde la entrada en vigencia de la ley hasta julio de 2023. Así lo consignó Mongabay Latam en una investigación que reveló que el hijo de uno de los capos del cartel de Cali, Fernando Rodríguez Mondragón, estaba detrás del decomiso más grande aletas que hasta ahora ha habido en el país.

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La respuesta del gobierno

Hace una semana, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, estuvo en Buenaventura para reunirse con los pescadores, las ahumadoras y las platoneras, mujeres que se dedican a ahumar los pescados y venderlos en bandejas que llevan sobre la cabeza. Una práctica tradicional en Buenaventura y otros pueblos del Pacífico colombiano.

En ese encuentro, Mojica se refirió a quienes se oponen a la nueva norma como racistas, clasistas y gomelos. Este último es un término colombiano para referirse a quienes pertenecen a los grupos de mayores ingresos económicos. Las declaraciones encendieron más el debate alrededor de los cambios que se están dando en la pesca.

La congresista Andrea Padilla, del partido Alianza Verde, cuestionó estas declaraciones calificandolo de odioso y lleno de falacias. “¿Naturaleza, tanto como a las personas, con la convicción de que hay para todos y de que todos merecemos y tenemos derechos, somos ‘gomelos’ o ‘yuppies’? Esos términos, infantiles y clasistas, desprecian una causa vital, noble y justa, además de urgente y prioritaria”, escribió la parlamentaria en su cuenta de X (antes Twitter).

Sobre estas declaraciones, Marcela García, directora de Cadenas Pecuarias del Ministerio de Agricultura, dijo a Mongabay Latam que lo que la ministra vio en Buenaventura sobre la calidad de vida de las personas y sobre todo de las mujeres ahumadoras y platoneras es lamentable. “Son lugares donde tienes dos horas de agua potable, con viviendas pequeñas y oscuras, sin ventilación. Esto es por lo que realmente trabajamos, entonces es un tema de despertar mucha sensibilidad frente al tema. Creo que esta visita fue muy sensible para la ministra y para ellos”.

¿Pero por qué la resolución beneficiaría a los pescadores en opinión del Ministerio?

“Las comunidades indígenas y afrodescendientes lo que hacen es un aprovechamiento de la captura incidental de tiburones, además, es la proteína más barata a la que tiene acceso esta área geográfica de Colombia”, señala Diego Triana Trujillo, asesor jurídico del Consejo Nacional de Biología.

Triana Trujillo cuenta que en el Pacífico Colombiano están las ahumadoras y las platoneras, la mayoría afrodescendientes, cuyo trabajo es adquirir tiburones provenientes de la pesca incidental para venderlo ahumado a la comunidad.

Las ahumadoras y platoneras son las mujeres que se dedican a ahumar los pescados y venderlos en bandejas que llevan sobre la cabeza. Una práctica tradicional en Buenaventura y otros pueblos del Pacífico colombiano.

Rafael Sepúlveda, armador pesquero en Buenaventura, también defiende la norma de la Aunap y señala que el consumo de tiburón en esa zona del Pacífico es una costumbre ancestral además de sery que, además, es muy nutritivo. “El tiburón no se está agotando porque no se hace pesca dirigida y lo que sale como incidentalidad se aprovecha al 100%. En toda la costa pacífica es un recurso muy asequible por su costo”, dice.

Sepúlveda se refiere a las estadísticas de incidentalidad y asegura que alrededor del 1.8 % de especies corresponde al tiburón. “No es significativo las especies que caen en anzuelos, porque estos son de determinado tamaño”.

“Lo que hace esta norma es devolver la tranquilidad a los pescadores, —agrega Sepúlveda— porque nos habían vuelto delincuentes”, agrega Sepúlveda. “Hay mucho tiburón y lo que se extrae del mar es mínimo. Es casi imposible evitar que se encuentren con un anzuelo”, comenta sobre la captura incidental de estas especies.

Sepúlveda cuenta que el decreto presidencial del 2021 “fue un dolor de cabeza para todos en un barco porque si caía un tiburón era como cometer un pecado. La norma decía que se trate de liberar, que era lo que siempre hemos venido haciendo, pero del temor de todo tripulante era que se llegara a subir un tiburón y llegar a una unidad de Guardacostas o viniera un tiburones escondido bajo el hielo”.

Marcela García, del Ministerio de Agricultura, señala que son 66 mil familias de pescadores en las costas de Colombia, que resultarán beneficiadaos con esta nueva disposición. Esto también alcanza a 4 500 ahumadoras y platoneras que dependen de la venta de este insumo. Explica también que la disposición rige para los pescadores artesanales y los denominados industriales que tienen embarcaciones “no tan grandes”, pero tienen la posibilidad de ir a hacer cadenas de pesca entre 15 a 17 días mar adentro.

García reitera que la pesca dirigida de tiburones y rayas está completamente prohibida, también ratifica la prohibición de aleteo de tiburón así como la exportación e importación de los productos y subproductos de estas especies.

Cuando se llega a una comunidad costera te ofrecen tollo —comenta García— es parte de su cultura y es un producto que se presta para ahumar por la característica de la carne, por la consistencia, entonces este es un plato ancestral. “Nuestro compromiso es trabajar en promover artes de pesca que disminuyan la incidentalidad, y en paralelo trabajar con las comunidades costeras, que son de las más deprimidas, pero no se puede quitar el recurso de un día para otro”.

García explica que esta decisión se sustenta en un documento técnico elaborado por el Comité Ejecutivo de Pesca . “En el último estudio que se hizo en Colombia, en 2007, se determinó que hay aproximadamente 76 especies de tiburones y rayas marinas, entonces son 11 especies de tiburones y cuatro de rayas marinas las que se convierten de recurso hidrobiológico a pesquero”.

García señala que actualmente está en consulta el reglamento de la resolución, disponible para revisión en el portal de la Aunap. “Nosotros hicimos una reunión con todos los ambientalistas para que revisaran el texto antes de ser publicado”, asegura.

La funcionaria del Ministerio de Agricultura cuestiona el decreto presidencial del 2021 pues asegura que “de una forma abrupta” se cambió la característica del recurso y se empezó a judicializar a los pescadores y a las ahumadoras. “Este decreto no tuvo transición y por eso fue que se generó un conflicto social, pues los pescadores son la población más pobre que tenemos en el Pacífico. Cuando salió ese decreto no se generó la ruta sobre qué sucedía si un pescador capturaba de forma incidental estas especies. Además, cuando conviertes un recurso pesquero en un recurso hidrobiológico ya es completamente ilegal consumirlo”, agrega para entender porqué la norma del 2021 generó tanto conflicto y temor entre los pescadores.

En cuanto a la lista de los 15 tiburones y rayas que han sido incluidos en la norma actual, García explica que esta decisión se tomó en base a las últimas cifras de incidentalidad que corresponden al año 2020, cuando todos los tiburones y rayas del mar colombiano aún estaban considerados como recursos pesqueros y la Aunap hacia el conteo de la captura incidental. La nueva norma permitirá que retorne la práctica de supervisión de la pesca incidental y el registro del porcentaje que significan estas capturas dentro de la pesca total, explica Según las cifras del 2020, la captura incidental de tiburones y rayas marinas estaba entre el 1 % y el 2%.

Según el Ministerio de Agricultura, para marzo de 2024 se contará con las primeras cifras de pesca incidental después de cuatro años y para el mes de agosto, en la siguiente reunión del Comité Ejecutivo de Pesca, se evaluará si se continúa con la cantidad de especies definidas hasta ahora o se amplía el rango a más especies de tiburones y rayas.

Imagen principal: el tiburón es uno de los peces más pescados de forma ilegal en Colombia, sobre todo por parte de flotas pesqueras extranjeras que entran a aguas colombianas. Foto: ©JimAbernthy.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Muy alejado de la costa, a unos 240 kilómetros de Puerto Progreso, en Yucatán, existe un gran arrecife bajo el agua. Llegar allí implica una compleja travesía de más de 20 horas a través del inmenso azul del Golfo de México. Eso lo ha hecho un sitio poco estudiado. Entre los años 2021 y 2022, un grupo de científicos se embarcó en un par de viajes para desentrañar los misterios de sus profundidades y así buscar pistas sobre lo que allí habita.

Los resultados de aquellas expediciones tuvieron un logro que los expertos consideraron histórico. La información recolectada sirvió como base para que, a inicios de 2024, este lugar conocido como Bajos del Norte, fuera declarado por el gobierno de México como una nueva Área Natural Protegida, la primera cien por ciento marina del Golfo de México.

“Fue impresionante, como bióloga, saber que debajo de ese sitio en donde prácticamente no ves nada y te imaginas que sólo hay profundidad eterna, hay tanta vida, tantos arrecifes, tantos corales. El nombre de Bajos del Norte está dado porque, en medio del mar, estos sitios justamente son más bajos. Entre los primeros cinco y diez metros de profundidad, ya empiezas a ver formaciones”, describe la bióloga Mariana Reyna, coordinadora de ciencia de la organización Oceana y líder de las expediciones.

En enero del 2024, el gobierno de México anunció la creación de 20 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP), entre las que se incluyen ecosistemas como manglares, semidesiertos y humedales. El Parque Nacional Bajos del Norte, de acuerdo con el decreto presidencial, contará con 1 304 114 hectáreas marinas protegidas, lo que la convirtió en el ANP más grande de dicha región.

El área se conecta con el Parque Nacional Arrecife Alacranes —ubicado en el Banco de Campeche, a 140 kilómetros de Puerto Progreso— para conformar un corredor de conservación que será refugio para especies amenazadas como tiburones y tortugas. También favorecerá la migración de animales marinos y la recuperación de especies comerciales como el mero rojo, el pulpo y la langosta espinosa, importantes para la pesca local, pues al conservar los arrecifes también se busca permitir el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos de la zona.

¿Qué fue lo que los científicos encontraron allí? ¿Qué retos implica la protección de un sitio como este? Mongabay Latam conversó con algunos de los impulsores de este logro.

Los hallazgos

La creación del Parque Nacional Bajos del Norte se logró tras la unión de esfuerzos de científicos nacionales, organizaciones de la sociedad civil, pescadores locales y el gobierno mexicano. Previamente, los especialistas de Oceana hicieron un rastreo de lugares de importancia y con necesidad de protección para seguir brindando recursos y resiliencia a las comunidades de pescadores. Allí fue donde el nombre de este sitio salió a relucir.

“Empezamos a explorar el Golfo de México y los investigadores de la zona y algunos prestadores de servicios turísticos nos comentaron sobre Bajos del Norte, que es muy especial porque está cercano a otro arrecife, el Parque Nacional Arrecife Alacranes. Nosotros sabemos que aunque no haya publicaciones, los pescadores, académicos y la gente que está en las regiones o en las localidades conocen mucho más. Así planeamos dos expediciones con el objetivo de ver qué tan especiales eran estos dos sitios”, narra Mariana Reyna.

El equipo estuvo conformado por investigadores especialistas en corrientes marinas, arrecifes de coral, ADN ambiental, invertebrados, fotogrametría y mapas 3D, así como en peces y pesquerías. Juntos y con el apoyo de Blancpainy en colaboración con el personal de Arrecife Alacranes, crearon el “Proyecto Alacranes”, con el que demostraron la importancia de los arrecifes de Bajos del Norte en temas como el enriquecimiento de larvas, la variabilidad genética y la protección de especies claves como tortugas marinas, tiburones y corales.

El 9 de agosto de 2021, el grupo de la expedición científica salió a bordo de la embarcación Caribbean Kraken, desde Puerto Progreso con rumbo a Bajos del Norte. Los tres días siguientes se realizaron 116 buceos diurnos y nocturnospara obtener la información necesaria de las condiciones y biodiversidad del lugar.

La diversidad en peces encontrada fue impresionante: se registró un total de 162 especies, de las cuales 159 fueron de peces óseos —como cabrillas, meros y roncadores— y tres de tiburones, como el tiburón curro (Carcharhinus brevipinna), el tiburón martillo común (Sphyrna lewini), y uno más del que se identificó el género Carcharhinus. Con la presencia de estos grandes depredadores naturales, los científicos advierten que se trata de un sitio saludable al poder mantener al eslabón más alto en la cadena alimenticia.

Sin embargo, también se identificó la presencia del pez león (Pterois volitans), una especie invasora originaria del Indo-Pacífico que no tiene depredadores naturales en esta zona. Además, al ser un depredador muy competitivo por la comida de especies nativas, con la capacidad de reproducirse y dispersarse a gran velocidad, representa una amenaza para la diversidad y el equilibrio de los arrecifes del mar Caribe y Golfo de México.

Asimismo, se identificaron 87 nuevos registros de especies de invertebrados: 35 crustáceos, 30 moluscos y 22 estrellas quebradizas.

En cuanto a la comunidad de corales escleractinios —conocidos como corales duros o pétreos—, se utilizó el protocolo del Programa de Evaluación Rápida de Arrecifes del Atlántico y Golfo (AGRRA), que consiste en registrar todas las colonias de corales duros a lo largo de una banda de diez metros de largo. Se registra su tamaño, heridas y enfermedades presentes, además de la toma de fotografías de cada especie.

“Los arrecifes coralinos son sistemas marinos que proveen de muchos servicios a la humanidad. Se estima que los arrecifes sirven como hábitat para más o menos el 25 % de las especies marinas que existen en el mundo y eso incluye a las especies que consumimos los humanos”, describe Quetzalli Hernández, técnica académica de buceo científico en la Unidad Académica de Sisal, en Yucatán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En los muestreos de Bajos del Norte se identificó un total de 19 especies de corales, con un total de 1158 colonias registradas. La especie coral Porites astreoides fue la más abundante en cuatro de los sitios. Sin embargo, su salud se encontró en la categoría de “Regular”, por lo que los especialistas apuntan la necesidad de prestar atención a los sitios identificados para idear estrategias de recuperación.

“Bajos del Norte, en el 2019, era increíblemente bellísimo. Sus arrecifes estaban en súper buen estado. Sin embargo, hemos visto que, probablemente por el efecto del calentamiento global, hemos tenido un blanqueamiento masivo de colonias de coral. No solamente ha ocurrido en México, sino en todo el Caribe”, explica Hernández, quien ha visitado Bajos del Norte en varias ocasiones.

El blanqueamiento de corales es un síntoma de su mortandad —explica Hernandez— y se caracteriza por la pérdida de las microalgas que ayudan a la alimentación del coral y que le dan sus colores. Esto puede ocurrir, entre otros motivos, por el incremento de la temperatura del mar por períodos prolongados. En Bajos del Norte, se registró en siete de los nueve sitios estudiados y las colonias que presentaron esta afectación tenían un área alrededor del 10% blanqueada. Aunque se considera una afectación baja, es importante continuar el monitoreo de los arrecifes para conocer si hay recuperación o avance del blanqueamiento.

También se detectaron otras enfermedades, síndromes y parásitos en los corales. En Bajos del Norte el síndrome de manchas oscuras —cambio de coloración en la superficie del coral en forma de manchas, como parches marrones— estuvo en ocho de nueve sitios, mientras que la enfermedad por banda negra —una banda oscura que avanza progresivamente dejando a su paso el coral muerto—, sólo fue registrada en dos. Los gusanos poliquetos, un parásito común de baja letalidad que causa lesiones leves no letales, estuvo en seis de los sitios monitoreados.

Una novedad en la expedición científica, es que se trata de la primera en la que se realizan mapas 3D del fondo arrecifal en Bajos del Norte. El equipo experto tomó 58 706 fotografías digitales de alta definición que fueron procesadas para reconstruir en 3D el terreno muestreado.

“Tomamos muchas fotos del fondo marino y, mediante software especial, encimamos estas fotografías en el laboratorio digital. Con esto podemos hacer análisis de lo que sucede en el arrecife sin estar ahí. Podemos medir cosas tan pequeñas como de un milímetro, hasta ver cosas más grandes que están sucediendo a nivel ecológico. Esto nos permitió hacer una evaluación de cómo están los arrecifes en Bajos del Norte y Alacranes y así identificar si valía la pena o no protegerlos por su estado de conservación”, describe Mariana Reyna.

Otra metodología novedosa empleada en el sitio fue el ADN ambiental. Esta técnica consiste en tomar y filtrar muestras de agua del mar para después, en el laboratorio, estudiar el ADN de los organismos y determinar las especies que se encuentran presentes en la columna de agua.

“Esta técnica no se había hecho en esta región de México. Es algo que podemos llamar ciencia de punta, porque te permite obtener información que, de otra manera, te tomaría cientos o miles de horas de buceo para identificar todo lo que está ahí. Te llevas toda la información en ADN y después la comparas contra bases de datos y te das cuenta de lo que existe”, explica Reyna.

En Bajos del Norte se tomaron muestras de agua para la investigación de ADN ambiental a profundidades de entre 15 y hasta 91 metros, lo que permitió registrar 2 116 especies, en donde el grupo más diverso fue el de las algas con 44 %, seguido de animales multicelulares, con el 25 %.

Los retos

Miguel Rivas, ecólogo y director de Santuarios Marinos en Oceana, señala que conocer la conexión entre Alacranes y Bajos del Norte es de suma importancia para poder tomar decisiones de política pública que ayuden a conservar ambos arrecifes. Evidenciar su conexión sería una oportunidad para que la autoridad ambiental pueda impulsar el crecimiento de estas Áreas Naturales Protegidas.

Sin embargo, no es una tarea sencilla y tiene varios retos por delante.

“Bajos del Norte es un ANP que se encuentra lejos de la costa, por lo que la inspección y vigilancia se vuelve más compleja. Requiere de embarcaciones que deben navegar grandes distancias, por lo tanto también requieren presupuesto, gente y combustible. Este desafío debe suplirse con una mayor asignación de presupuesto o que el presupuesto que se destine sea coherente con las actividades que ahí se van a realizar”, describe Rivas.

Eso se determinará en un proceso que tomará alrededor de un año, estima el especialista, pues se tiene que crear el programa de manejo, un documento que —de acuerdo con el reglamento Áreas Naturales Protegidas— señalará qué se puede hacer, qué no se puede hacer y bajo qué condiciones.

“En este caso, el ANP tiene más de 900 000 hectáreas que se van a destinar a un ordenamiento de la actividad pesquera. Ahí se tendrá que definir qué pesquerías necesitan Manifestación de Impacto Ambiental, cuánto y cómo se puede extraer, con qué artes de pesca, etcétera. Todavía queda trabajo por hacer. Sin embargo, el ANP tiene además una zona núcleo de más de 300 000 hectáreas en donde no se permite ningún tipo de actividad extractiva”, dice Rivas.

En cuanto al tema presupuestal, el especialista recuerda que el sistema de Áreas Naturales Protegidas en México tiene un déficit “que no es sólo de este gobierno, sino que es histórico. Viene al menos de los últimos dos sexenios, donde el presupuesto a la conservación ha venido disminuyendo cada vez más”, sostiene.

Esto significa que cada vez hay menos capacidad financiera para poder solventar todos los programas y subprogramas de conservación que se destinan a ello. Esto incluye, por ejemplo, la extracción de especies invasoras, la inspección y vigilancia para detener la pesca ilegal e incluso programas para poder evaluar la recuperación de las especies que se pretende proteger, explica Rivas.

“Nosotros desde Oceana hemos sido muy críticos sobre el sistema nacional en su conjunto, sobre cómo en realidad se tienen que abordar y se tienen que mejorar ciertas cosas de la protección, de lo cual Bajos del Norte no es ajeno”, agrega el experto.

Uno de los planteamientos a mejorar que Oceana ha puesto sobre la mesa, es que el presupuesto que se recoge por la visita a las Áreas Naturales Protegidas debería ser 100 % reintegrado a la actividad de conservación. Es decir, que el dinero que la gente paga para ingresar a un sitio, no vaya directo a la Secretaría de Hacienda, como ocurre hoy en día, sino que las ANP cuenten con él y que además sea incrementado por el gobierno federal.

Sin embargo, algo que el especialista considera muy positivo en el proceso de creación de este Parque Nacional, es que fue concebida a través de la gente y escuchando las preocupaciones de los pescadores, por lo que serán ellos quienes colaboren en tareas como la inspección y vigilancia.

“En el Parque Nacional Arrecife Alacranes, los mismos pescadores se organizan para hacer una vigilancia comunitaria. Se turnan, a veces sólo pidiendo el apoyo del combustible, y ellos ponen las embarcaciones y el personal. Un esquema similar podría funcionar para Bajos del Norte, porque son áreas que están muy pegadas. Ahí es donde este sistema comunitario de participación se tiene que fortalecer a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para buscar estas herramientas que favorezcan la participación de la gente”, dice Rivas.

Mientras se buscan soluciones para enfrentar los retos presupuestarios, los especialistas coinciden en que es mejor que Bajos del Norte sea ahora mismo un Área Natural Protegida, a que no lo sea.

“Ya después nos toca pedir una implementación eficaz y relevante, y para eso hay muchas formas de hacerlo”, señala la bióloga Mariana Reyna. “A veces se habla sólo de presupuesto y número de personal, pero creo que ya estamos avanzando a nivel tecnológico y científico como para proponer otras estrategias que no impliquen solamente esto”.

Reyna recuerda que la colaboración entre instituciones y organizaciones es clave para avanzar en temas como la vigilancia, pues se puede trabajar, por ejemplo, con sistemas satelitales.

“Nosotros trabajamos con Global Fishing Watch [una plataforma que usa la tecnología para monitorear la actividad humana en el mar]. Eso te permite —sin tener a 10 personas en campo— ver qué embarcaciones están ahí, qué permisos tienen”, precisa Reyna. “Nosotros creemos que ya no nos tenemos que estancar en este discurso del presupuesto y del personal, que sí es importante, pero también podemos empezar a explorar otro tipo de colaboraciones entre instituciones”, afirma la experta.

Además, señala que hay otras situaciones que deben atenderse a nivel normativo y jurídico. “Por ejemplo, muchas veces sucede que si Conanp quiere levantar un acta de pesca ilegal, tiene que estar ahí alguien de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), porque ahorita hay toda una batalla entre quién es el que tiene que estar vigilando. Son cosas más profundas que podemos atender y que no implican solamente presupuesto por hectárea”, explica Reyna.

La esperanza

Mariana Reyna se recuerda a sí misma en agosto de 2021, navegando entre las marejadas que anuncian el inicio de la temporada de ciclones y tormentas tropicales; insignificante en medio de la vastedad del mar, sin islas cercanas para refugiarse.

“Pensábamos que no se iba a poder bucear porque estaba todo muy movido. Estuvimos casi cuatro días y medio en buceos. Aprovechamos para hacer lo que necesitábamos, pero después tuvimos que regresar por el mal tiempo. Eso te hace apreciar por qué es tan especial ese lugar, estando tan lejos. Hay barcos de pesca de mediana altura que se acercan a la zona. No fuimos los primeros, pero cuando estás allá entiendes por qué es poquita gente la que llega”, narra la especialista.

“Estos son sitios en los que me encantaría bucear después con mi hijo. Que pueda ver lo que yo vi una década atrás y que la protección haya funcionado”, dice Reyna. “Eso es lo que me mueve día a día para querer proteger estos lugares: que nuestras generaciones futuras tengan la oportunidad de ver lo que nosotros tenemos ahora, porque no es justo que se los estamos arrebatando y que lo vean solamente en fotos y videos del pasado. Esa es mi esperanza”.

*Imagen principal: Paisaje submarino que muestra la riqueza biológica del Parque Nacional Bajos del Norte. Foto: Oceana / Carlos Aguilera

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los puertos peruanos como Chimbote y Callao eran, al menos hasta mediados del 2020, los principales puntos de reabastecimiento de combustible, mantenimiento y cambio de tripulación para la flota china que opera en el Pacífico Sur. En agosto de ese año, sin embargo, las cosas cambiaron para los barcos que enarbolan la bandera del gigante asiático puesto que Perú dispuso una normativa que exige a las embarcaciones extranjeras que utilicen los puertos del país, llevar un dispositivo satelital adicional al que ya traen. De esa manera, las autoridades peruanas pueden saber con mayor precisión cuál fue la ruta y los movimientos del barco antes de entrar a puerto.

La disposición fue celebrada por representantes del sector pesquero y por investigadores ya que, según un análisis realizado por la plataforma de monitoreo satelital Global Fishing Watch (GFW), algunas embarcaciones chinas podrían haber estado apagando su sistema satelital en los límites del mar peruano para pescar ilegalmente.

Además, la medida fue aplaudida pues los barcos de bandera asiática que operan frente al mar de Perú se dedican a la pesca del calamar gigante o pota, que es también la principal pesquería del sector pesquero artesanal en ese país. El decreto supremo venía así a proteger la fuente laboral de miles de pescadores peruanos.

Desde junio de este año, sin embargo, barcos de bandera china que no cuentan con el dispositivo satelital exigido han comenzado a ingresar a puertos peruanos con una frecuencia equivalente a la que había antes de la entrada en vigencia de la norma.

Pescadores y especialistas aseguran que se estaría violando el decreto supremo con el consentimiento de las autoridades. “Este es un hecho gravísimo que pone en peligro la subsistencia de la industria artesanal potera”, asegura Alfonso Miranda, presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante (Calamasur), un grupo compuesto por actores de la industria del calamar en Chile, Ecuador, Perú y México.

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Más de 70 barcos chinos ingresaron a puertos peruanos

Según el ingeniero pesquero Renato Gozzer, experto en temas de gobernanza, 75 embarcaciones de bandera asiática han ingresado a los puertos de Perú en lo que va del 2023. La mayoría de esos arribos, sin embargo, ocurrieron a partir de junio.

Datos entregados por el Ministerio de la Producción (Produce), a partir de un pedido de información pública al que Mongabay Latam tuvo acceso, confirman que entre el 1 de junio y el 18 de agosto 2023, un total de 56 embarcaciones de bandera china ingresaron a puertos peruanos. Según Gozzer, esos números corresponden a la tasa de velocidad de ingresos que había antes de la entrada en vigencia de la norma.

La información entregada por el Produce detalla que casi todos los buques entraron a puerto para cambiar tripulación y otros cuantos para renovar certificados. Además, reconoce que ninguna de esas embarcaciones cuenta con el sistema satelital que su propio decreto supremo instauró como obligatorio en 2020. ¿Por qué y cómo ingresaron entonces al país todos esos buques?

Según el Produce, el decreto supremo no aplica cuando se trata de cambios de tripulación y renovación de documentos. Especialistas, sin embargo, desmienten tajantemente que eso sea así.

“Esas figuras también están previstas dentro de las causales de obligatoriedad de usar el satelital”, dice Gozzer. Lo que sucede, explica, “es que no están expresamente listadas en el Decreto Supremo”, sin embargo, asegura que “la misma norma prevé que para los casos que no estén expresamente listados hay que hacer una lectura de la norma en el marco de los convenios internacionales que Perú ha suscrito”. Según el experto, al hacerlo queda claro que los barcos extranjeros deben portar el sistema satelital adicional si quieren usar puertos peruanos para cambiar tripulación o renovar documentos.

Para Miranda, “el Ministerio de la Producción ha decidido no aplicar el decreto, lo que en la práctica significa dejarlo sin efecto o derogarlo de facto, aunque no hayan cumplido ni siquiera con la formalidad de hacerlo”.

El problema no acaba ahí puesto que, además, existen indicios de que los buques no estarían realizando únicamente cambio de tripulación o renovación de documentos en territorio peruano. De hecho, según Miranda, “algunos de esos buques incluso han utilizado astilleros nacionales”, cosa que sí está expresamente detallada en el Decreto Supremo como una causal para instalar el dispositivo satelital. La permanencia de las naves, “en muchos casos, han sido sólo de pocas horas o pocos días, pero hay cuatro embarcaciones que ingresaron por cambio de tripulación y han emitido señal desde tierra. Además, en un caso —el barco Shun Ze 777— se pudo constatar que estaba en un astillero”, específicamente en el astillero Maggiolo en Callao, precisa Gozzer.

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Los sospechosos arribos forzosos

En abril de este año, un estudio realizado por la empresa consultora especializada en temas pesqueros, Artisonal, detectó que sólo cinco barcos de calamar extranjeros (tres chinos y dos surcoreanos) instalaron el equipo satelital peruano. La razón que dieron los pesqueros chinos es que el dispositivo es muy costoso. Para Miranda, la verdadera razón es que no quieren ser monitoreados, puesto que “hasta las embarcaciones artesanales ponen dispositivos satelitales a bordo”.

Además, según el informe de Artisonal que analizó la información pública de la plataforma Global Fishing Watch, tras la entrada en vigencia de la norma, la mitad de la flota china que opera frente al mar peruano prefirió regresar a puertos chinos. Eso, explicó Eloy Aroni, representante de Artisonal, “no es muy conveniente” porque una embarcación tarda unos cinco meses en ir a China y regresar a la zona de pesca frente al mar peruano. Aun así, el gasto en tiempo y combustible parecía ser más conveniente que instalar el sistema satelital. Aquello, dice Miranda, dejaba en evidencia la real razón para no acatar las exigencias de Perú. “Evidentemente era por negarse a ser transparentes y lógicamente sólo se niega a ser transparente el que tiene mucho que ocultar”, dijo.

Que un mínimo de embarcaciones instalaran el aparato repercutió en una drástica disminución en la entrada de buques chinos a los puertos peruanos. Si en 2019 se registraron hasta 300 entradas a puerto, por parte de embarcaciones de la flota calamarera extranjera, “luego de que se promulgara la nueva regulación portuaria en 2020, ese valor se redujo drásticamente a sólo 40 entradas de puerto”, publicó el informe de Artisonal.

Lo que preocupaba a los expertos en ese momento era que de las 40 entradas a puerto, 14 habían sido por arribos forzosos. Este tipo de arribos se debe a razones vinculadas con emergencias de salud en la tripulación, accidentes o fallas mecánicas graves que obligan a la embarcación a atracar en puerto. “Bajo este concepto todos los países costeros tienen que tener la predisposición de aceptar una embarcación porque está pidiendo un socorro”, le explicó a Mongabay Latam, Eloy Aroni, representante de Artisonal.

El asunto, sin embargo, levantó sospechas entre los especialistas puesto que antes de la entrada en vigencia de la norma portuaria, ningún buque de la flota calamarera extranjera había hecho nunca un arribo forzoso en puertos peruanos. Para Miranda, es probable que dichos arribos forzosos no hayan sido realmente una emergencia y que los buques hayan estado utilizando esa excusa para desarrollar otro tipo de actividades como, por ejemplo, preparar o enviar documentación para sus operaciones.

La incertidumbre en los gremios pesqueros ante la posibilidad de que la norma se flexibilizara se acrecentó luego de que, el 24 de mayo del 2023, el embajador chino se reuniera con el Viceministerio de Pesca y Acuicultura. La viceministra Desilú León, sin embargo, enfatizó en su momento, durante una exposición ante el Grupo de Trabajo Pesca de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, que su sector no tenía ninguna intención de flexibilizar las disposiciones normativas de control y regulación a embarcaciones de bandera extranjera, sino por el contrario fortalecer su cumplimiento.

Luego de aquella reunión entre el embajador y el viceministerio, no obstante, Miranda resalta que “ha habido un ingreso masivo de embarcaciones, pero ya sin el pretexto de la fuerza mayor sino abiertamente en desacato a la norma”.

Mongabay Latam envió preguntas al Produce y a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), sin embargo, hasta la publicación de esta nota no enviaron respuestas.

*Imagen principal: La flota pesquera china puede ser observada a través del sistema de monitoreo de Global Fishing Watch. Foto: Simon Ager / Sea Shepherd.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El proceso conocido como Siforpa II, que el Estado peruano inició en 2018 para abordar el problema de la informalidad en la pesca artesanal concluyó el pasado 31 de julio. El objetivo era promover la formalización de las embarcaciones existentes hasta esa fecha y, aunque la medida fue creada con carácter de urgencia, diferentes extensiones en los plazos hicieron que finalmente tardara casi cinco años. Sin embargo, los plazos podrían volver a extenderse puesto que un nuevo proyecto de ley, impulsado por el congresista José Bernardo Pazo Nunura, vicepresidente de la comisión de Producción del Congreso, busca ampliar el proceso de formalización por un año más.

La iniciativa preocupa a dirigentes pesqueros y expertos en conservación marina, puesto que aseguran que el proyecto de ley permitiría la formalización de embarcaciones construidas ilegalmente que buscan dedicarse a la pota, un recurso considerado plenamente explotado por lo que no se permite la entrega de nuevos permisos para su captura.

Dado lo anterior, el proyecto generaría incentivos para la entrega subrepticia de títulos habilitantes, aseguran los especialistas. Además, la normativa pondría en riesgo la sostenibilidad de la pota y la fuente de trabajo de quienes ya se han formalizado, pues la sobreoferta de recursos conduciría a una caída de los precios afectando la economía de los pescadores.

El controvertido proyecto de ley

Un total de 4583 embarcaciones se inscribieron en 2018 para ser parte del proceso Siforpa II que incluía varias etapas que debían ser aprobadas. Poco más de la mitad de esas embarcaciones lograron avanzar en el proceso y 2012 quedaron fuera de él.

Percy Grandez, abogado de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), explica que una de las primeras etapas del Siforpa II consistía en que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi) realizara la verificación de existencia de la embarcación. Esa etapa debía hacerse hasta el 24 de diciembre de 2018. Después de ese momento se podía continuar con los demás procedimientos como la obtención del certificado de matrícula o del protocolo de habilitación sanitaria, entre otros, hasta obtener permiso de pesca definitivo.

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El primer paso era fundamental, puesto que en 2015 Perú prohibió la construcción de nuevos barcos artesanales con el objetivo de reducir el esfuerzo pesquero y la sobreexplotación de las especies. Asegurar, por ende, que solo se estarían regularizando las embarcaciones existentes era primordial para garantizar el cumplimiento de la ley y la conservación de los recursos marinos.

Ese fue justamente el paso que no aprobaron 2012 embarcaciones, “lo cual que hace presumir que, en ese momento, esos barcos no existían en físico”, dice Grandez o bien “no iniciaron el trámite en su momento”, agregó Marylia Vargas, especialista en formalización pesquera de la SPDA.

Dado que las autoridades peruanas han identificado que la construcción de barcos se sigue dando en ciertos lugares pese a la prohibición, es muy posible que aquellas embarcaciones que en su momento no pudieron demostrar que existían, en el transcurso de los años se hayan construido, explica Grandez. Desde ese punto de vista, expertos y pescadores aseguran que la propuesta del congresista Pazo permitiría que se formalicen embarcaciones construidas ilegalmente.

“Nuestras autoridades, en especial el ministro de la Producción y la viceministra de Pesquería, deben tomar una seria decisión para no abrir las puertas a flotas pesqueras artesanales construidas después de iniciado el Siforpa II y que hoy se han juntado para que les acepten una flota de más de 2000 embarcaciones construidas ilegalmente”, señaló Edwin Houghton, presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros Artesanales Mar de Paita (APAMARPA).

Pescadores y recursos pesqueros vulnerables ante el proyecto de ley

La situación es preocupante, aseguran pescadores e investigadores, porque además las embarcaciones que buscan esta segunda oportunidad por medio de la aprobación del proyecto de ley, se dedican a la pesca de pota o calamar gigante, un recurso que según el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) ya se encuentra en plena explotación, es decir que se encuentra en su rendimiento máximo sostenible. “Esto implica que el Estado ya no puede otorgarle a nadie un permiso de pesca para que pesque pota”, precisa Grandez.

Si esto es así, “¿por qué estos barcos, que quedaron fuera del proceso de formalización, insisten en formalizarse para pescar pota si es que ninguno de ellos va a tener acceso a ese recurso?, se pregunta el especialista. Lo anterior preocupa a los expertos quienes temen que el nuevo proyecto de ley “pueda generar incentivos para que se genere corrupción y de alguna manera subrepticia (las nuevas embarcaciones) consigan un título habilitante para pescar pota”, explica el abogado de la SPDA.

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Además, un incremento en el esfuerzo pesquero impulsado por un aumento de poco más de 2000 barcos no solo podría menoscabar la sostenibilidad de los recursos, sino también la economía de los pescadores.

Así lo asegura una investigación publicada en 2022 en la revista académica Marine Policy, que analiza el costo de la informalidad en las pesquerías artesanales peruanas. El estudio sostiene que “la entrada de embarcaciones industriales o más embarcaciones artesanales nuevas no reguladas, probablemente agravaría los efectos socioeconómicos al inundar los mercados, afectando negativamente a las comunidades vulnerables a lo largo de la costa peruana, ya que su principal actividad económica puede volverse rápidamente no rentable”.

Esta no es la única investigación que ha advertido sobre los problemas de aumentar el esfuerzo pesquero. Una publicación hecha en 2020 en la revista científica frontiersin.org, reconstruyó el panorama de la pesca artesanal peruana en las últimas siete décadas y logró demostrar que la flota ha crecido de manera explosiva impulsando la sobreexplotación de los recursos costeros y el empobrecimiento de los pescadores.

Por otro lado, sumado al aumento del esfuerzo pesquero a nivel nacional, Pedro Silva, vocero de la Sociedad Nacional de la Pesca Artesanal (Sonapescal) asegura que el incremento en el tamaño de la flota china que pesca calamar gigante en los límites del mar peruano también ha hecho que el recurso disminuya. “En estos instantes si vinieran ustedes verían toda la flota paralizada”, le dijo el dirigente a Mongabay Latam. Según cuenta, hace unos años los barcos salían a pescar por dos o tres días y regresaban a puerto con hasta 10 toneladas de pota. Sin embargo, el recurso “se fue alejando hasta que ahora para traer una cantidad mínima para poder mantener en operación la embarcación se demoran 15 días”.

Según explica el pescador, “la pota sale a desovar fuera de las 200 millas y de ahí comienza a entrar a aguas de nuestro territorio” y en los buenos tiempos de la pesca del calamar, cuando “solo habían 12 a 15 barcos chinos”, dice, cada pota pescada podía pesar hasta 50 kilos. “Ahora, año tras año ha ido aumentando la cantidad de barcos chinos y la pesca en nuestro litoral ha ido disminuyendo porque estos barcos hacen como una cortina afuera y ya el recurso no entra”.

Ante las controversias, el Congreso solicitó al Ministerio de la Producción (Produce) su parecer sobre el proyecto de ley a lo cual el Produce respondió, en un oficio enviado el jueves pasado, tener una opinión favorable. “Nos preocupa y sorprende que el Ministerio de la Producción, que es la entidad llamada a velar por la sostenibilidad de las pesquerías en el país, promueva un proyecto de ley que tiene serios cuestionamientos por favorecer la construcción ilegal de embarcaciones pesqueras y por lo tanto favorecer también la pesca ilegal”, dice Percy Grandez.

Además, agrega el experto, “llama a la suspicacia que la comisión de producción del Congreso, cuyo vicepresidente es el congresista Pazo, autor de este cuestionable proyecto de ley, no le haya solicitado opinión a la DICAPI que es justamente la entidad ante la cual estas embarcaciones no pasaron la verificación de existencia. Es sumamente cuestionable que no le pidan su opinión a una entidad clave en el proceso de formalización pesquera”, sostuvo.

* Imagen principal: Pescadores artesanales en la costa norte peruana. Foto: Cortesía ANDINA/Vidal Tarqui.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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• La autorización para buscar hidrocarburos en el mar argentino tiene en vilo a las ciudades y pueblos en las costas de Buenos Aires. 
• Las prospecciones mediante disparos de aire comprimido son una amenaza para los sistemas auditivos de cetáceos y demás mamíferos marinos. La posibilidad de derrames preocupa a la industria turística.
• Protestas en las calles y un conflicto judicial todavía sin sentencia definitiva han logrado hasta ahora demorar el inicio de unas obras que podrían comenzar en octubre.

En Argentina, el nombre de Mar del Plata es sinónimo de playas, vacaciones, alegría, bullicio, descanso y disfrute. Por eso, y desde siempre, se la conoce como “la Ciudad Feliz”, o directamente como “La Feliz”. Las razones de su éxito se encuentran en la geografía. Se trata de un punto excepcional en la extensa costa de la provincia de Buenos Aires (1200 kilómetros), porque allí se hunde en el océano el sistema serrano de Tandilia, uno de los más antiguos del mundo, creando un paisaje cuya moderada elevación ofrece atractivas vistas sobre el mar, en claro contraste con lo que ocurre en el resto del litoral bonaerense, dominado por amplias y monótonas planicies. Sin embargo, desde hace más de un año, La Feliz dibuja una mueca de disgusto y preocupación. El 30 de diciembre de 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación autorizó a las empresas Equinor (de Noruega), Shell (Países Bajos) y a la local YPF a ejecutar prospecciones sísmicas para identificar la presencia de gas, y fundamentalmente de petróleo, en tres áreas de la Cuenca Atlántica Norte (CAN) situadas en el mar argentino, a unos 300 kilómetros de distancia de esas playas que cada verano reciben a millones de turistas.

La autorización también incluye la realización de un pozo exploratorio en una de esas áreas, que lleva por nombre  Argerich-1.

La medida sacudió el espíritu de la ciudad, la sexta más poblada del país con 685 000 habitantes, y dio comienzo a una larga disputa que aún sigue en pie en los tribunales de Justicia, los medios de comunicación y la calle. “Claramente se trata de un negocio que no tiene validación social ni en Mar del Plata ni en el resto de la región”, dice la instructora y jueza internacional de surf, Alejandra Pastor, quien es secretaria de la organización Surfrider Argentina y usuaria cotidiana de las olas.

La respuesta a la decisión del gobierno fue inmediata. En enero de 2022, La Feliz sirvió de escenario principal para el Atlanticazo, una masiva manifestación popular que se repetiría un año más tarde como expresión de la oposición al proyecto de erigir en un futuro más o menos cercano plataformas petrolíferas en el mar.

Aunque dichas plataformas no se divisarán desde la costa, los expertos afirman que podrían constituir un peligroso foco de derrames de hidrocarburos y afectar de manera dramática al turismo, eje central de la economía regional. Además, según sostienen los especialistas, las plataformas también podrían poner en peligro a especies marinas y espacios naturales. “Ya de por sí la prospección sísmica es una actividad muy dañina porque implica bombardeos acústicos submarinos que tienen un impacto muy negativo en la vida de la fauna marina, más que nada en los mamíferos que dependen principalmente de su oído para moverse y desarrollarse”, explica Luisina Vueso, responsable en Argentina de la campaña de océanos de la organización Greenpeace. “Además, la posible explotación estaría localizada en el frente del talud continental del mar argentino, un área muy productiva, vulnerable y sensible que deberíamos proteger”, agrega Vueso.

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Un auténtico “supermercado del mar”

La plataforma continental argentina, que se extiende a lo largo de 4725 kilómetros de costa (sin contar el sector antártico) y ocupa una superficie de 3 744 000 kilómetros cuadrados, es reconocida como un punto particularmente rico de la oceanografía mundial. La conjugación de vientos, mareas y corrientes cálidas y frías (la de Brasil y la de Malvinas, respectivamente) provoca diferencias de salinidad y temperatura que favorecen el ascenso de nutrientes que, de esa manera, atraen a miles de especies y son la base de complejas tramas de alimentación.

Tales circunstancias crecen en intensidad en los límites del talud, donde la profundidad baja de manera abrupta desde los 200 hasta los 4000 metros. Es en torno a esa zona donde se supone que habría yacimientos de gas y petróleo y las prospecciones son el imprescindible primer paso para confirmar las sospechas antes de iniciar la explotación propiamente dicha.

Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación, reconoce en diálogo con Mongabay Latam que la obtención de gas a partir de esta actividad no es una respuesta adecuada al cambio climático. “Entendemos que el desarrollo del gas que se obtenga a partir de la actividad off shore (en el mar) o de las eventuales exportaciones de hidrocarburos no proporcionan una respuesta a largo plazo frente al cambio climático”, dice, pero justifica la actividad ya que “la transición energética no puede hacerse de un día para el otro”. Según Nicolini, “la utilización de esos recursos es un modo de obtener las divisas que el país necesita para implementar las medidas que nos permitan alcanzar nuestros compromisos climáticos”.

Vueso, en cambio, considera que no deberían abrirse pozos nuevos: “Es muy preocupante que se lleve a cabo una política que extienda la frontera hidrocarburífera hacia el mar, mucho más si es afectando lugares donde concurren a alimentarse especies de buena parte del Atlántico y poniendo en riesgo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brinda el océano”.

Un muy completo informe elaborado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, red de 25 organizaciones de la sociedad civil con actividad en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile  —entre ellas BirdLife Internacional, Wildlife Conservation Society, la Fundación Vida Silvestre Argentina y el Instituto Baleia Jubarte, dedicado a la investigación científica de cetáceos— indica que ya sea como habitantes permanentes o atravesando esas aguas durante sus rutas migratorias, en la zona pueden encontrarse unas 900 especies de moluscos, 400 de peces óseos, 105 de peces cartilaginosos, 48 de mamíferos marinos —incluyendo lobos, elefantes, focas, delfines, cachalotes y la ballena franca austral (Eubalaena australis)— y 3 de tortugas marinas. Semejante concentración de fauna ubica en el centro de la discusión al procedimiento que se utilizará para efectuar las prospecciones sísmicas.

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Ruidos que complican el comportamiento de la fauna marina

El sistema consiste en el lanzamiento de disparos de aire comprimido en intervalos de unos 10 o 20 segundos, desde una línea de 12 a 48 cañones arrastrados por el buque prospector a una profundidad de entre 4 y 10 metros. Esta liberación violenta de aire emite intensos pulsos acústicos. Estos generan ondas sonoras que viajan a través del agua y penetran en el subsuelo. Una vez allí, y a medida que tropiezan con las distintas formaciones geológicas que van encontrando, las ondas se reflejan en el subsuelo marino, recorren el camino inverso desde el fondo hacia la superficie y son captadas por uno o varios grupos de hidrófonos transportados mediante cables de arrastre de varios kilómetros de longitud. El procesamiento en las computadoras a bordo del buque sísmico completa el proceso que produce imágenes del fondo y el subsuelo marino, y permite reconocer su conformación y contenido.

“No solo importan la cantidad y disposición de los cañones, sino también la frecuencia con la que se realizan los disparos”, comenta la bióloga Andrea Michelson, coordinadora del Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Se trata de niveles sonoros extremos, en torno a los 250 decibelios que se disparan cada diez segundos”, agrega. Como para tener una idea comparativa, el despegue de un avión genera un ruido de unos 110 decibelios y cualquier sonido por encima de 120 podría provocar la pérdida de la audición a un ser humano. Además, dichos niveles sonoros, explica la experta, “se superponen con el resto de ruidos que ya existen en el mar” por lo que podrían generar graves daños auditivos en las especies marinas, asegura.

Contra lo que pueda suponerse, el ambiente submarino está muy lejos de ser silencioso. Los factores físicos, como el viento, la lluvia, el hielo e incluso los terremotos crean sus propios sonidos, a los que deben sumarse los producidos por las maquinarias y las acciones creadas y desarrolladas por el ser humano. Los cañones de las prospecciones sísmicas agregan estruendos en un escenario en el que resulta indispensable no alterar en demasía los ruidos habituales. Además, “no se trata de impactos aislados, sino acumulativos y sinérgicos, un aspecto que no veo que haya sido tomado en cuenta con el énfasis que corresponde en las presentaciones realizadas”, dice Michelson.

El mencionado informe del Foro para la Conservación del Mar Patagónico señala que “una amplia variedad de organismos marinos utiliza el sonido para diversas funciones biológicas: la alimentación, la reproducción, la socialización, el cuidado paternal, el reconocimiento de crías, la evaluación del entorno, la detección de presas y depredadores, la orientación, la navegación, la comunicación entre individuos, etcétera”.

A partir de esta información resulta sencillo deducir que la irrupción de nuevos sonidos puede interferir de manera directa en los comportamientos de peces y mamíferos marinos. “Los efectos en el sistema auditivo de peces y mamíferos son fisiológicos, biológicos y conductuales”, subraya Vueso. “Empiezan a evitar las zonas de alimentación donde se efectúan los disparos, se estresan, y si la reiteración deriva en una discapacidad permanente puede acabar en el varamiento y la muerte de los individuos”, asegura. De hecho, uno de los inconvenientes en el uso de estos métodos es que sus consecuencias no son inmediatas, por lo que resulta imposible medir la incidencia de mortalidad producida a mediano plazo por lesiones auditivas.

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Ballenas y merluzas desaparecidas durante todo un año

Situadas en la acera de enfrente, las empresas que se adjudicaron las concesiones y el gobierno nacional describen las prevenciones que se tendrán en cuenta y relativizan los daños.

La última actualización del estudio de impacto ambiental realizada por la consultora Serman para la petrolera Equinor acepta que la ballena franca austral “presenta una moderada a alta sensibilidad frente al proyecto, principalmente debido a que el rango de audición estimado se superpone con el rango principal de frecuencias de la actividad sísmica propuesta”. Asimismo, determina que “la exposición aguda [de ese grupo de cetáceos] a ruidos a corta distancia genera desplazamientos espaciales que generalmente perduran en tanto el ruido se mantenga”. Sin embargo, la conclusión es que “independientemente de la potencial existencia de efectos a largo plazo, se considera que los mamíferos marinos desarrollan una reacción de evitar directa e inmediata a las fuentes sonoras”.

Luisina Vueso aporta lo ocurrido en anteriores experiencias: “En 2009, la empresa Panamerican realizó tareas de prospección sísmica en el Golfo San Jorge y los pescadores artesanales de merluza no pudieron trabajar durante un año porque los peces desaparecieron. Lo mismo ocurrió con las ballenas. No se vio ninguna en ese lapso. No estoy diciendo que hayan muerto, pero no volvieron”.

Respecto al procedimiento en sí mismo, el estudio de impacto ambiental indica que será de “arranque suave”, es decir, que el pulso sísmico se irá incrementando durante al menos 20 minutos hasta alcanzar la potencia máxima. Y detalla que tres observadores de fauna marina, situados en el punto más alto del barco desde el cual se realizan las prospecciones, controlarán con sus prismáticos que “los organismos marinos abandonen el área” al menos media hora antes de que los disparos alcancen su máxima potencia. Un operador de monitoreo acústico pasivo (sin visión directa) servirá de apoyo desde el interior del buque.

“En cada instancia de este proceso apuntamos a levantar la vara de evaluación ambiental, incluso por encima de los estándares internacionales”, asegura Nicolini, y lo reafirma con un ejemplo: “Países como Reino Unido o Canadá fijan el radio de protección de mamíferos marinos en 500 metros alrededor de donde se lleva a cabo la prospección. En nuestras actividades de exploración sísmica en las áreas de la Cuenca Argentina Norte hemos duplicado ese radio hasta un kilómetro”.

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Temor a los derrames, dudas sobre la rentabilidad

Las divergencias de opinión abarcan también otras cuestiones. En el informe del Foro para la Conservación del Mar Patagónico se enumera una decena de lugares de alto valor de conservación —reservas provinciales y de la biósfera, sitios Ramsar, áreas protegidas marino-costeras o ecológicas y biológicas significativas— ubicadas a menos de 250 kilómetros del proyecto de evaluación sísmica. Algo más alejado también se encuentra el Agujero Azul, al que se denomina “el supermercado del mar”, no solo por la disponibilidad de alimento sino porque es una zona de generación de oxígeno, absorción de carbono y producción de fotosíntesis.

En el estudio de impacto ambiental, en cambio, se menciona que las áreas naturales protegidas marinas “vedan en principio las actividades exploratorias y productivas” y aclara que “se consideró la proximidad y eventual afectación indirecta por actividades sísmicas”, sin abundar en más detalles. “En esos estudios las empresas dicen lo que quieren, incluso mienten sin que nadie las sancione. Hay demasiados defectos en las normativas”, denuncia Alejandra Pastor.

El riesgo de que se produzcan derrames o microderrames de petróleo cuando comience la explotación es otro punto de discusión. “Un reciente trabajo científico recopiló la información de más de 1700 derrames agudos en el mundo que liberaron millones de toneladas de petróleo entre los años setenta y 2018. Sin embargo, solo en el 18 % de los casos se informaron los efectos sobre la vida silvestre”, comenta Andrea Michelson. “Equinor, la empresa que lidera el proyecto, ha tenido decenas de accidentes en Noruega y Brasil”, denuncia a su vez Luciana Vueso.

Al hablar de las tareas de exploración del pozo Argerich-1, Equinor estima que los escenarios de derrames submarinos o de superficie “son de baja probabilidad (0,001-0,01 %)”, aunque acepta que “podrían afectar potencialmente a especies vulnerables y en peligro de extinción en aguas argentinas”. Según Cecilia Nicolini, “en caso de derrame desde el pozo, este no llegaría a las costas”. El Argerich-1 tendrá una profundidad de 4000 metros y será cerrado y sellado una vez que concluya la exploración. Dicha profundidad, es la misma que deberán alcanzar la mayoría de las perforaciones que se realicen a futuro para extraer el hidrocarburo si es que se avanza a la etapa de la explotación. Las dificultades que plantearían el control y la eventual reparación de un desperfecto imprevisto a semejantes distancias tampoco escapa a los cuestionamientos.

Por el momento, el gobierno argentino solo ha autorizado las prospecciones que certifiquen la existencia de hidrocarburos, pero el debate sobre la verdadera rentabilidad que la explotación de los mismos pueda generar una vez que comiencen a extraerlos del subsuelo marino también está en marcha.

“Se espera que los pozos que se instalen en el talud estén operativos en 2030, año en el que deberíamos haber reducido mucho las emisiones de CO2”, subraya Michelson. “Las cifras de divisas que se obtendrían están consideradas según el precio actual del petróleo, que no es real porque está condicionado por las sanciones a Rusia”, apunta Luisina Vueso. Ni las empresas implicadas, ni la Secretaría de Energía de la Nación aceptaron responder las preguntas de Mongabay Latam al respecto.

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La compleja batalla judicial

Con alta participación ciudadana, todas estas cuestiones han invadido las calles de la generalmente tranquila costa atlántica de Buenos Aires. En cuanto se conoció la autorización para empezar las tareas, la reacción social se hizo sentir a través de las protestas y de una batalla judicial que aún perdura.

No habían transcurrido ni dos semanas tras la publicación del decreto gubernamental de diciembre de 2021 y ya el juzgado federal de Mar del Plata había recibido cuatro demandas de amparo, dos individuales (una de ellas presentada por el propio alcalde de la ciudad) y dos colectivas, solicitando una medida cautelar que suspendiera la puesta en marcha del proyecto. El 11 de febrero de 2022, el juez Santiago Martín admitió las presentaciones y paralizó cualquier iniciativa. Más tarde, el 3 de junio, la Cámara de Apelaciones revocó el recurso, pero solicitó al Ministerio de Ambiente la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental. El 18 de octubre, el juez Martín entendió que ese nuevo estudio no satisfacía las exigencias, pero el 5 de diciembre del año pasado la Cámara falló en contra del juez y permitió las exploraciones. La medida ha sido apelada ante la Corte Suprema de Justicia que aún no se expidió al respecto, aunque esto no impide el comienzo de los trabajos.

“Las prospecciones podrían iniciarse ya mismo, aunque nos parece difícil que lo hagan hasta octubre o noviembre, ya que es más propicio realizarlas en verano cuando cambia el clima, disminuyen las tormentas y el mar está más calmo”, subraya Vueso.

Las espadas, mientras tanto, se mantienen en alto. Un recorrido por cualquier punto de la costa bonaerense permite descubrir paredes pintadas con el lema “No a las petroleras” y frases en defensa de la salud del mar. Las protestas frente a los juzgados marplatenses se repiten de manera continua.

“Sabemos que la lucha es muy desigual y que hay gente con mucho más poder que nosotros que quiere hacer su propio negocio sin que le importe nada el bien común. Pero ellos saben que tendrán a buena parte de la sociedad en contra, que habrá manifestaciones permanentes y que intentaremos ponerles todos los obstáculos posibles. Quizás sea la forma de impedir que venga el barco y acabar con esta historia”, se ilusiona Alejandra Pastor mientras mira el mar que surca casi cada día sobre su tabla de surf.

* Imagen principal: Organizaciones ambientalistas presentan amparo y medida cautelar contra el Estado Argentino, la Secretaría de Energía de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación.

El artículo original fue publicado por Rodolfo Chisleanschi en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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