A casi dos meses del derrame de petróleo ocurrido en aguas del Golfo de México sus remanentes persisten en zonas costeras del país, sin embargo aún hay vacíos de información sobre el origen de la contaminación. Ante este escenario, los análisis científicos y satelitales permiten reconstruir una parte del incidente y sus alcances.

El conocimiento que tienen las comunidades pesqueras y las acciones de ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil también han contribuido a entender qué provocó que el derrame se dispersara a lo largo de más de 900 kilómetros de costa e impactara en las economías y biodiversidad de la región, de acuerdo con el monitoreo de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México.

Especialistas, representantes de comunidades y ambientalistas consultados por Mongabay Latam identifican las inconsistencias y algunos aciertos en la información difundida por el gobierno de México para explicar este nuevo derrame en el mar.

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El origen del derrame y las omisiones de autoridades

Imágenes y análisis satelitales detectaron el derrame desde el pasado 6 de febrero en la zona de Cantarell, un campo de alta explotación petrolera en las aguas del estado de Campeche.

Para Abigail Uribe Martínez, científica del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se trató de un derrame breve pero de alcances prolongados, pues aunque inició en los primeros días de febrero, las corrientes marinas y las condiciones del clima provocaron la llegada de hidrocarburo a zonas costeras hasta el 1° de marzo.

“La fuga hace mucho tiempo que ya está cerrada. Lo que tenemos son los remanentes de lo que salió. Es posible que [el derrame] no haya durado ni una semana. La primera vez que vimos petróleo en esa zona fue el 7 de febrero y la última vez fue el 15 de febrero”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Estas fechas coinciden con los reportes de organizaciones civiles, que usando también imágenes satelitales denunciaron que entre el 7 y el 14 de febrero, un buque especializado en reparación de ductos permaneció sobre uno de los oleoductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) mientras había “una gran mancha de petróleo en la zona”.

Este grupo de más de 30 organizaciones —entre ellas el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)— dieron a conocer imágenes satelitales que mostraban una embarcación cercana a la plataforma petrolera Abkatún.

De acuerdo con el reporte, para el 13 de febrero el derrame era visible y mostraba al menos cinco embarcaciones que realizaban labores de contención, “una de ellas usando chorros de agua típicos de acciones para controlar derrames”.

También coincide con la investigación realizada por el periódico El País, que dio a conocer que este buque contratado por Pemex para la reparación de ductos submarinos, llamado Árbol Grande, pasó 200 horas sobre un oleoducto que conecta el campo de Cantarell con la terminal marítima de Dos Bocas, rodeado de otras embarcaciones y sobre una mancha aceitosa en el mar.

Plataformas de monitoreo satelital, como Global Fishing Watch, permiten identificar que la embarcación Árbol Grande se movilizó desde el 6 de febrero hacia la zona del derrame, donde permaneció hasta el 18 de febrero.

Al respecto, Pemex sostuvo que la embarcación Árbol Grande es una de 13 embarcaciones de mantenimiento y 62 de logística que prestan servicios permanentes en el Golfo de México realizando “inspecciones preventivas en plataformas y embarcaciones especializadas de atención de derrames”.

En tanto, las autoridades federales emitieron información sobre el origen del derrame hasta el pasado 26 de marzo en una conferencia de prensa, donde dijeron haber identificado tres fuentes de contaminación que incluía el vertimiento ilegal de un buque (de entre 13 embarcaciones que se encontraban en la zona), así como de dos chapopoteras que son emanaciones naturales de hidrocarburo.

Sin embargo, este grupo interinstitucional, ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender el derrame, omitió información sobre las fechas del vertimiento en febrero, así como de la embarcación responsable que aún no ha sido identificada.

Alejandra Jiménez, ambientalista e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, señala que hay vacíos de información en la versión oficial para explicar qué provocó el derrame y una reacción tardía para contener la falla.

“Hay instrumentos científicos y técnicos que pudieron haber ayudado a informar y que no se usaron, por ejemplo las imágenes satelitales. Nos parece que se reservaron muchísima información que no han hecho pública y eso habla de que hay algo que no quieren que se sepa”, dice la ambientalista a Mongabay Latam.

Este medio intentó contactar a dependencias del grupo interinstitucional, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Pemex y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para tener su versión sobre la falta de información en el origen del derrame. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

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Chapopoteras naturales, una respuesta constante a los derrames

El Golfo de México tiene cientos de emanaciones naturales de hidrocarburo conocidas como chapopoteras, sin embargo no todas se expresan igual y las más conocidas tienen huellas que logran identificarse, de acuerdo con la científica Abigail Uribe, quien ha estudiado la forma que se reflejan en la superficie.

La chapopotera de Cantarell nace de fisuras en el piso oceánico y forma una huella que la especialista describe como de “garra de león”, con unas líneas paralelas que salen de varios puntos.

“Esta huella de garra es muy característica en esas emanaciones y además una característica importante es que su extensión suele ser muy corta. Un gran porcentaje es de unos cuantos kilómetros, dos o cinco kilómetros. Eventualmente, bajo condiciones que no tenemos del todo claras, puede llegar a ser mucho más larga, de 30 o 50 kilómetros”, describe Uribe.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo que la principal fuente de contaminación por el derrame en el Golfo de México es la chapopotera de Cantarell, aunque sin mostrar evidencia que comprobara este fenómeno. “Estas chapopoteras tienen una emanación permanente natural. Sin embargo se ha detectado un mayor flujo de contaminantes en el último mes”, dijo en conferencia de prensa.

Al respecto, la especialista señala que a inicios de 2026 la chapopotera de Cantarell sí tuvo emanaciones intensas, pero también explica que el origen de las emanaciones entre febrero y marzo también se ha podido mapear y están más asociadas a los ductos petroleros.

“Sabemos muy bien el origen de Cantarell, lo tenemos perfectamente mapeado. Hay orígenes que no necesariamente son de la chapopotera y están más bien asociados a infraestructura petrolera. Aquí el origen está mucho más cerca de ductos, pozos, plataformas”, dice a Mongabay Latam.

La especialista también precisa que es común que las emanaciones de la chapopotera de Cantarell se mezclen con incidentes en plataformas y ductos, lo que dificulta diferenciar las fuentes de contaminación.

La presidenta Sheinbaum insistió este 31 de marzo en que no se ha encontrado evidencia de fugas en los ductos de Pemex, pero dijo que se revisan las instalaciones de la empresa estatal.

“Estamos investigando junto con científicos si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona, que se han reportado en muchas ocasiones y hay muchos reportes científicos de ellas, o alguna fuga de las instalaciones. Hasta ahora, no ha habido una fuga. Si se llegara a ver que hay una fuga, se informaría y se entraría a la reparación”, expuso la mandataria.

Esta no es la primera vez que las autoridades atribuyen los derrames petroleros a las emanaciones naturales en el mar. En 2025, Mongabay Latam y Data Crítica revelaron que la mayor parte de los vertimientos no se reportan. Solo entre 2018 y 2024, especialistas identificaron, mediante el análisis de imágenes satelitales, un subregistro oficial de casi el 60 % de estos incidentes en instalaciones petroleras.

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Afectaciones costeras y responsables sin identificar

El derrame petrolero llegó en el peor momento para las comunidades costeras del Golfo de México, principalmente de los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, donde no solo viven de la pesca, sino también del turismo que llega en el periodo vacacional de Semana Santa.

Eunices Contreras Sánchez, secretaria de la cooperativa Punta del Salado, ubicada en la comunidad de Olapa, municipio de Mecayapan, Veracruz, sostiene que desde el 2 de marzo que llegaron los primeros remanentes de petróleo a la costa no han dejado de limpiar las playas.

“Los pescadores intentaban sacar el crudo, pero se desvanecía en las manos, venía casi líquido y no se podía manejar. Provocó afectación en la zona hacia las redes, en la costa, se quedó entre los arrecifales. Cuando los pescadores quisieron ir a sacar sus artes de pesca ya estaban dañados”, cuenta Contreras.

Las organizaciones civiles que denunciaron el derrame también señalaron un retraso en activar el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas, el cual obliga a notificar el incidente de forma inmediata, identificar la fuente del derrame, evaluar su trayectoria y coordinar una respuesta institucional.

“Todo indica que hubo un derrame, que no fue una chapopotera y que fue un ducto de Pemex. Nos preocupa muchísimo porque dentro de este mecanismo de atención a derrames, el plan marca que es responsabilidad de quien contamina”, expone Jiménez.

La defensora destaca principalmente la respuesta de la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental (ASEA) que ha realizado 11 recorridos de supervisión en los municipios afectados y ha emitido cinco requerimientos de información a empresas con operaciones de extracción de hidrocarburos, sin que hasta ahora se sepa quién o quiénes son los responsables del derrame.

“La Agencia es central para atender todo lo que tiene que ver con cuidado al medioambiente en el sector hidrocarburos y nos preocupa que no tenga un papel importante en un caso al que se le ha dado muchísima difusión y del cual hay muchísima evidencia”, afirma.

Aunque el Grupo Interinstitucional ha informado la recolección de 430 toneladas de hidrocarburo y acciones de limpieza en 223 kilómetros de playa, la ambientalista advierte que no se están contemplando los impactos sostenidos a las comunidades costeras y a ecosistemas claves como los arrecifes.

“Hay familias independientes de pescadores que todavía no reciben atención. Hay afectaciones a la fauna y al Sistema Arrecifal, un Área Natural Protegida desde 1992, y ha habido descuido por parte de las autoridades para aplicar los mecanismos necesarios para proteger esa zona, indispensable para todo el Golfo de México, que protege de los huracanes y de los eventos climáticos”, expone.

Contreras sostiene que en 35 años de actividad pesquera en Olapa este derrame ha sido el de mayor magnitud en la localidad.

“Ya fue controlado [el derrame], pero uno camina por la playa y te manchas. Hemos hecho mucha limpieza porque es nuestra área de trabajo y aun así nos sigue manchando”, dice la pescadora a Mongabay Latam.

Incluso, sostiene que de tanta experiencia con derrames en el Golfo, los pescadores ya saben la reacción de los peces cuando hay un vertimiento. “El pescado cuando nota el peligro se aísla, se guarda. En este caso, percibe el olor, se guarda y eso ha perjudicado en esta temporada al sector”, explica.

Contrera pide dejar de minimizar los impactos del derrame en los ecosistemas de los cuales dependen comunidades enteras para subsistir.

*Imagen principal: el derrame ya impactó a lo largo de 900 kilómetros de costa en el Golfo de México. Foto: cortesía Eunices Contreras Sánchez.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Miles de albatros atraviesan todo el océano Pacífico desde Nueva Zelanda para alimentarse frente a las costas de Perú y Chile. Les atrae la alta productividad del ecosistema de la corriente de Humboldt, pero no son los únicos que llegan. También lo hacen embarcaciones que pescan con palangre. Los albatros van tras las carnadas, se quedan enganchados en los anzuelos y mueren bajo el agua. Para disminuir su mortalidad, científicos peruanos y neozelandeses están estudiando estas aves y probando medidas de mitigación.

“Las posibilidades de que se produzca una captura incidental en la pesquería de tiburón [Isurus oxyrinchus y Prionace glauca] son menores que en la pesquería de perico [Coryphaena hippurus]”, dice en conversación con Mongabay Latam Javier Quiñones, biólogo marino del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), sede Callao.

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Esta es una de las conclusiones sobre las pesquerías que se traslapan con las temporadas de alimentación de al menos 21 especies de albatros, petreles y pardelas que, además de Nueva Zelanda, provienen de Galápagos, Ecuador, el sur de Chile y zonas subantárticas.

Quiñones atiende la llamada desde una embarcación que tiene como pesca objetivo al perico y que zarpó desde el puerto de Ilo, en el sur de Perú. Se embarcó para probar el uso de plomos con el objetivo de que los anzuelos se hundan rápidamente fuera del alcance de las aves buceadoras. Esto es parte de un proyecto que lleva a cabo con su colega Ana Alegre, también del IMARPE, y el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda.

En una iniciativa anterior, Quiñones acompañó a pescadores de tiburón azul y diamante y probó líneas de espantapájaros en popa, mitigación lateral, retención de carnadas que no capturaron presas y buenas prácticas de disposición de vísceras de tiburón. “Estamos probando qué va a funcionar y qué no”, puntualiza el especialista.

Determinar qué funciona en los países donde se distribuyen estas aves, tomando en cuenta las diferencias en los artes de pesca utilizados y la magnitud de las pesquerías, será fundamental para proteger a un grupo que está entre las aves más amenazadas del mundo, según el Acuerdo para la Conservación de los Albatros y Petreles (ACAP, por sus siglas en inglés).

Los albatros cumplen un papel importante en los ecosistemas marinos. Se desempeñan como depredadores y carroñeros de alto nivel trófico en el océano abierto, contribuyendo a regular poblaciones de peces, calamares y crustáceos. También llevan nutrientes del océano hacia ecosistemas insulares a través de sus excrementos.

Además, son indicadores de la salud del océano. Los cambios en sus poblaciones o comportamiento pueden reflejar alteraciones en la disponibilidad de presas, cambios climáticos o presión pesquera.

Una migración sorprendente para alimentarse

Los albatros de Chatham (Thalassarche eremita) realizan esta sorprendente migración de más de 7000 kilómetros en un tiempo récord de entre siete y 15 días. Las aves utilizan los vientos de deriva del Pacífico sur como una carretera y vuelan sin aparente descanso. Aunque sí lo hacen, ya que durante el viaje, un hemisferio de su cerebro duerme mientras el otro permanece despierto.

Esa primera carretera los conduce a la isla de Chiloé, en el sur de Chile. “Después, agarran la segunda carretera, que son los vientos alisios, que van del suroeste al noroeste, y llegan hasta aguas del sur del Perú”, describe el biólogo marino.

A 200 metros de profundidad, donde la plataforma continental se quiebra, se forma un frente oceánico. Allí las aguas frías costeras se encuentran con las aguas oceánicas cálidas, generando turbulencia. Esto provoca un boom de fitoplancton, que a su vez desencadena la producción de pequeñas especies de crustáceos y cefalópodos o “calamares pequeñitos y medianos”, explica Quiñones. “Ahí están comiendo los albatros en cantidad”, relata.

Ya en la zona, a las aves también les atraen las carnadas usadas en las pesquerías de tiburón y perico. Además, los pescadores arrojan al mar las vísceras de los tiburones pescados y eso funciona como un imán. “Es como un manjar para los albatros y petreles”, de acuerdo con el especialista. Esta práctica incidiría en una mayor interacción entre las aves y las embarcaciones, por lo que se están planteando medidas destinadas a mitigar este impacto.

Seis especies enfrentan mayor peligro

El albatros de Chatham está clasificado como Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Es una de las que más preocupa a Quiñones y a su colega Carlos Zavalaga, director de la Unidad de Investigación de Ecosistemas Marinos de la Universidad Científica del Sur en Perú.

Esta especie, explica Zavalaga, se reproduce en un lugar muy delimitado: en una cueva de una pequeña isla neozelandesa, de la que toma su nombre. “Eso significa que estos albatros están sumamente restringidos a una localidad en particular, si pasa algo, toda la población desaparecería”, dice el investigador.

Otra especie de gran interés es el albatros de las Galápagos (Phoebastria irrorata), un ave que vuela unos 1400 kilómetros desde Ecuador para alimentarse en aguas peruanas. El ave está clasificada en Peligro Crítico, una categoría previa a la extinción en estado natural.

Esta especie también se reproduce en una sola isla, en Española, lo que la hace bastante vulnerable, de acuerdo con Zavalaga. “El gran esfuerzo que se hace [por protegerlos en las zonas de reproducción] se diluye cuando los albatros son tan vulnerables en aguas peruanas”, explica.

Asimismo, a los especialistas les preocupa el albatros de Salvin (Thalassarche salvini) y el petrel negro (Procellaria parkinsoni), provenientes de Nueva Zelanda y ambos clasificados como Vulnerables por la UICN.

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Quiñones ha identificado que el petrel de barbilla blanca (Procellaria aequinoctialis) y la pardela de patas rosadas (Ardenna creatopus) son bastante agresivas a la hora de competir por las carnadas, lo que las vuelve más susceptibles a caer en anzuelos. La primera anida en varias islas subantárticas y la segunda cría a sus polluelos únicamente en la isla Mocha y en el archipiélago Juan Fernández, en Chile. Las dos están clasificadas como Vulnerables.

La pesca es incidental y la mortalidad es alta

La pesca artesanal de perico se realiza de octubre a febrero. El albatros de Galápagos es una de las especies que más coincide con esta pesquería, especialmente en el norte de Perú. Pero también concurren el petrel de barbilla blanca, la pardela de patas rosadas y el albatros de Salvin, de acuerdo con Quiñones.

La pesca artesanal de tiburón, legal en Perú para ciertas especies, se da entre mayo y agosto. En esos meses hay mucha densidad de albatros y petreles en aguas del sur de Perú, señala el biólogo de IMARPE. El albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris), que proviene de la isla chilena Diego Ramírez, el punto más austral de Chile, y el petrel de barbilla blanca son las especies que más coinciden. También llegan el albatros de Buller (Thalassarche bulleri), una especie que anida en varias islas neozelandesas, y el de Chatham.

En este contexto, varias especies de aves marinas son víctimas de la pesca incidental. “El número de aves capturadas por una embarcación en un viaje puede ser cero o solo una o dos, sin embargo, dado el gran tamaño de estas flotas, la cantidad de pesca incidental y la mortalidad pueden ser motivo de preocupación para estas especies”, dice vía email Jeffrey Mangel, director científico de Pro Delphinus Perú, una organización dedicada a la conservación de la fauna marina.

Las aves pueden tragarse o engancharse a los anzuelos del palangre, también conocido como espinel, o pueden enredarse en las líneas del arte de pesca. Las pesquerías de redes de enmalle también representan un peligro para estos animales.
En muchas ocasiones, se ahogan ante la imposibilidad de liberarse y en otras pueden resultar severamente heridos. “Incluso si es que logran escapar o son liberados por los pescadores, pueden quedar con heridas que les podrían causar la muerte”, añade Mangel.

Aunque no hay números definitivos de cuántas aves mueren cada año en aguas peruanas, las estimaciones basadas en muestreos y entrevistas “arrojan números alarmantes”, advierte Zavalaga. “Hablamos de cientos, hasta miles de individuos muertos solo en Perú”, puntualiza.

Seguimiento satelital para desarrollar soluciones

Nueva Zelanda tiene un programa intensivo de seguimiento satelital de aves marinas, de acuerdo con Igor Debski, asesor científico principal del área marina del Departamento de Conservación del país.

El programa ya ha mostrado las rutas migratorias a través del Pacífico de varias especies de albatros y petreles y ha contribuido a orientar proyectos colaborativos entre las instituciones peruanas y neozelandesas destinados a mitigar la captura incidental, añade el especialista. Este año se colocaron 20 transmisores satelitales en albatros de Chatham.

El seguimiento satelital busca determinar cuánto tiempo interactúan las aves con las embarcaciones, explica Zavalaga, quien ha participado en los estudios. “Una vez que identifiquemos esto, podemos dar recomendaciones con base científica”, anticipa.

Por ahora los científicos están trabajando en entender mejor las rutas en las que se encuentran las aves y las embarcaciones y en determinar cuáles son los mejores métodos de mitigación. Quiñones ya encontró que el uso de líneas de espantapájaros durante la pesquería de tiburón redujo la frecuencia de buceo de las aves hacia las artes de pesca en un 96 %, según lo documentó en un reporte publicado a finales de 2025.

La línea de espantapájaros adaptada a la pesquería de tiburón consiste en colocar en la popa un palo de eucalipto de unos siete metros. A la punta se ata un sedal o línea de polietileno que cae de manera perpendicular hacia el mar. Y en la línea se sujetan cabos rojos y cintas iridiscentes que con el movimiento asustan a las aves, evitando que se acerquen. Esta es una medida de disuasión económica y que se fabrica con materiales locales. No tiene que usarse durante toda la temporada, sino solo durante el otoño y el invierno, cuando hay mayor densidad de aves.

Ahora queda por conocer qué funcionará mejor en la pesquería de perico. Una vez que los científicos tengan respuesta a esas preguntas, tendrán que ser elevadas a políticas nacionales para promover su adopción, empezando por capacitar a los pescadores.

Quiñones cree que el tema se debe abordar de manera integral, motivándolos a capacitarse a través de incentivos económicos y reconocimientos a quienes demuestren el uso de buenas prácticas mediante videos.

Entre tanto, Zavalaga señala que la colaboración internacional seguirá siendo clave en la investigación para la conservación de estas aves marinas altamente migratorias que contribuyen al equilibrio de los océanos.

*Imagen principal: un albatros de Salvin saca la carnada del anzuelo sin resultar herido. Foto: cortesía Javier Quiñones.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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n mercados de Ecuador, lo que muchos consumidores compran como “corvina” podría ser en realidad carne de tiburón. Un estudio reciente basado en análisis de ADN reveló que casi la mitad de las muestras de pescado adquiridas en distintos mercados del país eran tiburones, incluyendo especies amenazadas. La investigación detectó cuatro especies comercializadas bajo otros nombres en ciudades de la sierra como Ambato, Cuenca, Ibarra y Quito.

“En Ecuador no es legal pescar tiburones para uso comercial, solo por pesca incidental”, dice la bióloga molecular María de Lourdes Torres, directora del Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), donde se realizó la investigación. “Que exista esto en las muestras que nosotros analizamos, es un problema de control de las autoridades sobre lo que está pasando a nivel real de la pesca. No se está cumpliendo la norma. Este es un llamado de atención”.

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La investigación, publicada en la revista Frontiers in Marine Science, analizó 97 muestras de pescado mediante identificación molecular y encontró que el 47.42 % contenía ADN de tiburón. Fueron cuatro especies de tiburón identificadas entre las muestras: Alopias pelagicus, conocido como tiburón zorro pelágico (En Peligro); Carcharhinus falciformis o tiburón sedoso y Sphyrna zygaena, tiburón martillo liso (ambos Vulnerables); y Prionace glauca, el tiburón azul (Casi Amenazada).

“Lo que me sorprendió fue encontrar especies totalmente protegidas, como Sphyrna zygaena. Esta especie, como todos los tiburones martillo, se protegió en 2020”, explica el biólogo marino Alex Hearn, profesor e investigador de la USFQ. “Aquí tenemos un problema de desembarques ilegales: el fraude de vender tiburón como corvina perpetúa la explotación de especies que están en peligro de extinción”.

Según la investigación, esta es la primera vez que se documenta la venta de Sphyrna zygaena en los mercados ecuatorianos.

En Ecuador, las poblaciones de tiburones se ven afectadas por la sobrepesca y el comercio ilegal, a pesar de que la captura de varias especies —como el tiburón martillo liso y el tiburón sedoso—, está prohibida. El país alberga más de 40 especies de tiburón, la mayoría en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Sin embargo, los especialistas advierten que un vacío legal permite vender ejemplares capturados como pesca incidental, lo que ha llevado al desembarque anual de más de 250 000 individuos, principalmente para obtener aletas que se comercializan a altos precios en mercados asiáticos.

Mongabay Latam solicitó su postura al Viceministerio de Acuacultura y Pesca de Ecuador frente a los hallazgos de la investigación, sin embargo, no recibió respuesta hasta el cierre de esta publicación.

Un retrato inicial de los mercados locales

El estudio se centró en seis ciudades muy pobladas de Ecuador, repartidas entre la Sierra —Ambato, Cuenca, Ibarra y Quito— y la Costa —Guayaquil y Manta, los principales puertos—. En cada ciudad, los investigadores visitaron tres mercados y compraron, en promedio, cinco muestras por mercado, pidiendo “corvina”, un nombre local que agrupa a pescados blancos como la cachema (Cynoscion analis) y la brótula (Brotula clarkae), siempre optando por la opción más económica. En total se recolectaron 97 muestras frescas entre junio y septiembre de 2023.

“Solo íbamos y pedíamos corvina; ellos sacaban un pedazo, nos lo vendían y nosotros confiábamos en que fuera corvina”, dice el biólogo molecular Juan José Guadalupe, investigador del Laboratorio de Biotecnología Vegetal. “El problema es que no hay una identificación correcta; no voy a decir que sea algo con dolo o con ganas de hacer el mal, pero al consumidor se le está vendiendo algo que no es lo que quisiera comprar, porque la mayoría de los consumidores no saben identificar”.

Pero esto no es culpa del consumidor, asegura. En la Sierra, donde la cultura de consumo de pescado es menor que en la Costa, gran parte del pescado llega ya troceado, lo que dificulta reconocer la especie a simple vista y permite que tiburones amenazados lleguen al mercado sin ser detectados.

Por ello, la estrategia del estudio buscaba ofrecer un retrato inicial de los productos de pescado vendidos en los mercados ecuatorianos, más que estimar cifras precisas o comparar estadísticamente regiones. Se eligieron mercados que representaran diversidad geográfica y socioeconómica, pero sin priorizar tamaño, volumen de ventas o tipo de vendedor.

Los productos pesqueros se vendían generalmente sin etiquetado formal, señalización específica de la especie ni recibos detallados: el pescado fresco se ofrecía bajo nombres genéricos como “corvina” y sin embalaje, reflejando las condiciones típicas de compra del consumidor en mercados tradicionales. Los procedimientos de muestreo y compra se diseñaron para capturar esta realidad.

“No sabemos si el [vendedor] del puesto en el mercado está haciendo esta falsa identificación o si es el proveedor”, agrega Guadalupe. “No sabemos en dónde está el problema, ni en qué parte de la cadena hay alguien que está diciendo: ‘Esto es corvina’, pero en realidad es tiburón. Lo que sabemos es que en algún momento eso se cambia”.

El problema se ve agravado por una cadena de suministro compleja y opaca, advierte el estudio, pues al estar dominada por intermediarios, dificulta supervisar el comercio y aplicar las regulaciones. A pesar de que la pesca dirigida de tiburones está prohibida desde hace 17 años, la captura incidental se usa con frecuencia para justificar desembarques, mientras que la escasez de inspectores en los puertos continentales debilita aún más el cumplimiento.

Las herramientas moleculares se han vuelto esenciales para la conservación de tiburones y el control de su comercio, especialmente cuando es difícil identificarlos solo por su apariencia, señalan los investigadores. En este estudio, se utilizó una técnica llamada PCR específica para cada especie, que analiza marcadores del ADN mitocondrial (ITS2) y permite identificar con precisión las especies de tiburón en muestras de mercado. Este método resulta económico, sensible y práctico para el monitoreo.

Si bien ciudades de la región serrana —como Quito y Cuenca— tenían productos de tiburón etiquetados incorrectamente, no se encontró carne de tiburón en muestras de ciudades costeras como Guayaquil y Manta.

“La principal preocupación para el consumidor es no poder elegir lo que está consumiendo. Uno tiene el derecho de comprar corvina y consumir corvina”, dice Gabriela Pozo, especialista en biotecnología y genómica, investigadora del Laboratorio de Biotecnología Vegetal.

“También es una cuestión ética: si sabemos que estos tiburones están en peligro o son vulnerables, simplemente no queremos comerlos y no deberíamos tener que hacerlo sin saberlo”, agrega la especialista. “En términos de salud, no está prohibido comer tiburón, pero, al igual que otras especies grandes como el atún o el salmón, existe evidencia de que pueden bioacumular mercurio y arsénico, lo que también influye en la decisión de consumo”, afirma.

Especies amenazadas en los mercados

En conjunto, los hallazgos del estudio muestran que los tiburones presentes en los mercados ecuatorianos pertenecen a especies ya reconocidas como amenazadas o en declive a nivel mundial. Su venta bajo nombres falsos no solo vulnera los derechos de los consumidores y pone en riesgo la seguridad alimentaria, sino que también oculta la verdadera magnitud de su explotación, complicando los esfuerzos de conservación.

Estos resultados subrayan la urgente necesidad de fortalecer la trazabilidad del pescado, aplicar de manera efectiva las protecciones existentes y alinear la gestión pesquera de Ecuador con los compromisos internacionales de conservación de tiburones, aseveran los especialistas.

El tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus) y el tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) enfrentan una intensa presión pesquera global. El primero sufre declives por captura incidental en pesquerías de palangre y redes de enmalle, mientras que el segundo, uno de los más explotados, se captura tanto por carne como por aletas. En Ecuador, aunque la pesca dirigida está prohibida, ambos siguen llegando a los mercados bajo la excepción de captura incidental, creando un vacío legal que socava la conservación.

Mientras tanto, el tiburón martillo liso (Sphyrna zygaena) y el tiburón azul (Prionace glauca) también muestran poblaciones en declive. El martillo liso ha perdido más del 50 % de sus ejemplares en tres generaciones y, a pesar de su plena protección legal, sigue apareciendo en mercados con etiquetas falsas. El tiburón azul, aunque más abundante que otras especies, se captura masivamente como pesca incidental en atún y pez espada, y sus poblaciones están disminuyendo a nivel mundial.

Un problema de alcance global

Casos similares de etiquetado engañoso de carne de tiburón se han registrado en varios países de Latinoamérica, como Argentina, Brasil y Guatemala. También en Chile y en Perú, como informó recientemente Mongabay Latam. El problema no se limita a la región: también se han documentado situaciones parecidas en Estados Unidos, Ghana, Singapur y Taiwán, lo que demuestra que el fraude en la venta de tiburón es un fenómeno global que pone en riesgo tanto a las especies más vulnerables como a los consumidores.

Sebastián Gómez, biólogo especializado en conservación marino-costera y coordinador del programa de tiburones y rayas de la organización AquaMarina en Argentina, investigador que no participó en el estudio, coincide en que la venta de tiburones bajo otros nombres no es un fenómeno aislado. La evidencia científica disponible indica que se trata de una práctica recurrente en varios países, aunque aún no se cuenta con estimaciones regionales completas debido a la falta de estudios sistemáticos.

«Cabe destacar, el mislabelling de tiburones en América Latina no solo es un problema de fraude comercial, sino también un desafío central para la conservación marina porque, en última instancia, cuando la especie desaparece de la etiqueta, también desaparece de la gestión”.

El estudio propone tres medidas clave para enfrentar el problema de la venta de carne de tiburón mal etiquetada en Ecuador. Primero, establecer un sistema de trazabilidad sólido que permita seguir la cadena de suministro desde la captura hasta el mercado, asegurando que las especies vendidas sean auténticas.

Segundo, implementar un monitoreo rutinario de los mercados, utilizando herramientas de identificación rápida basadas en ADN, que permitan detectar sustituciones de especies, garantizar el cumplimiento de la normativa y facilitar la vigilancia de tiburones amenazados. Y tercero, informar y educar al público sobre la importancia de consumir pescado proveniente de pesquerías sostenibles, protegiendo tanto a las especies sobreexplotadas como a los ecosistemas marinos de los que dependen los humanos.

Alex Hearn señala que, aunque solucionar las fallas en la trazabilidad de los productos del mar es difícil, existen esfuerzos que están demostrando que sí es posible. “Existen casos —aquí en Ecuador, de hecho, en Galápagos—, donde pescadores están usando un sistema de trazabilidad con cámaras a bordo y eso les ayuda a vender su pescado a mejor precio porque contiene un sello de pesca responsable”, explica el especialista.

“También tenemos pesquerías industriales que tienen certificación de Marine Stewardship Council; una vez que tu producto está certificado para poder comercializarlo, tiene que pasar a través de intermediarios que también tienen un certificado de trazabilidad porque no quieres que se mezcle con producto no certificado. Existen mecanismos, habría que ver cómo integrarlos a la realidad de la pesca artesanal o más informal en Ecuador”, sostiene.

El estudio deja claro que la solución depende tanto de las autoridades, como de los consumidores. Preguntar por el origen del pescado y optar por productos sostenibles puede generar presión en mercados y restaurantes, incentivando un comercio más responsable.

“Muchas personas tienen la capacidad de poder decir: ‘Yo escojo comprar huevos de gallina de corral o carne sin hormonas’. Lo mismo puede suceder con el pescado capturado de forma responsable”, concluye Hearn. “Si hay suficiente empuje por parte del consumidor, preguntando de dónde viene el pescado, entonces los mercados y los restaurantes van a exigir también a sus proveedores y así sucesivamente”.

REFERENCIA

Guadalupe, J. J., Pozo, G., Hearn, A. R., Serrano-Abarca, C., Viera, P., Hidalgo, C., Mateo, M. J., Torres, M. L. (2026). Molecular identification of shark meat sold in Ecuadorian markets labelled under different names. Frontiers in Marine Science.

*Imagen principal: tiburón martillo liso. Foto: cortesía Oceana.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Era 2007 y Javier Sellanes llevaba cuatro años explorando el fondo marino del margen continental de Chile. El oceanógrafo uruguayo estaba a bordo de un crucero científico, investigando zonas de filtración de metano. Tras hacer una rastra científica, que consiste en arrastrar una red por el lecho durante unos 10 minutos, salió un pulpo con características que no coincidían con las especies conocidas. Diecinueve años más tarde y tras una exhaustiva investigación sería nombrado en su honor: Graneledone sellanesi.

“Cuando sacas muestras a esas profundidades y en áreas del mundo tan poco estudiadas como Chile o Perú, lo que sacas tiene un potencial muy alto de ser nuevo para la ciencia”, dice en conversación con Mongabay Latam el profesor titular del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte de Chile.

El animal en cuestión pertenece al género Graneledone, un grupo de pulpos distribuidos en diferentes océanos del planeta. El género tenía diez especies conocidas, Sellanes y sus colegas sospechaban que tenían frente a ellos a la undécima.

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En febrero de 2026, sus colegas Cecilia Pardo-Gandarillas y Christian Ibáñez publicaron un artículo científico en el que confirman que se trata de una nueva especie. Pardo-Gandarillas, todavía emocionada, señala que ha sido una experiencia en la que han experimentado asombro y humildad por revelar un poco del misterio que cobija al océano profundo. “Y orgullo porque estamos contribuyendo al conocimiento científico de nuestro planeta”, añade la bióloga y ecóloga evolutiva de la Universidad Andrés Bello de Chile.

El ejemplar fue hallado al norte de la isla Mocha, en la zona central del país. Ahora se conoce que la nueva especie de pulpo habita entre el norte de las aguas peruanas y el sur de Chile. Su rango de distribución también es amplio en cuanto a profundidad. Está entre los 400 y los 2400 metros de profundidad.

“Le dedicamos el nombre a Javier Sellanes por su trabajo y por todo el conocimiento que ha entregado”, cuenta Pardo-Gandarillas. Para el científico uruguayo que se ha dedicado a estudiar la biodiversidad de los moluscos en Chile, esta es una forma de trascender. “Es un honor que te dediquen una especie, es un reconocimiento”, dice emocionado.

Entre la comunidad científica marina uruguaya también hay orgullo. “Recibimos con mucha alegría y en gran sentido de justicia esta novedad”, señala Fabrizio Scarabino, docente investigador del Centro Universitario del Este de Uruguay.

Además, el hallazgo le parece asombroso. “Esto habla de que no solo las especies pequeñitas son desconocidas, sino también las de tamaño importante, y que tenemos especies propias de cada lugar geográfico de este planeta, por lo que cada país o región tienen responsabilidad de cuidar esa biodiversidad”, añade.

Un trabajo de casi 20 años para describir la especie

Pardo-Gandarillas e Ibáñez le han seguido el rastro a esta especie desde antes del crucero científico de 2007, cuando se obtuvo el holotipo o espécimen de referencia. “Esto ya es de varios años de recopilación de información, de muestras, de trabajo arduo”, puntualiza la científica.

En el año 2000 hubo un primer registro del género Graneledone en aguas chilenas y a partir de esa fecha encontraron más ejemplares sin clasificar en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile y en muestras obtenidas de pesquerías de profundidad de bacalao (Dissostichus eleginoides) y crustáceos.

Recién en 2012 obtuvieron el número suficiente de muestras para reportar el género Graneledone en Chile. Estas especies se caracterizan por habitar aguas profundas, de acuerdo con un artículo de ese año liderado por Ibáñez y en el que también participaron Pardo-Gandarillas, Sellanes y Elie Poulin.

Uno de los rasgos del género es la ausencia de un saco de tinta. Gran parte de los cefalópodos, incluidos los pulpos y los calamares, tienen esta estructura que les permite expulsar un fluido oscuro para distraer o confundir a sus depredadores mientras escapan. Sin embargo, algunas especies del mar profundo carecen de este saco, de acuerdo con la Enciclopedia Britannica.

Después consiguieron más muestras y viajaron a museos naturales de Alemania, Estados Unidos y Nueva Zelanda, donde compararon ejemplares recolectados mediante pesca de arrastre y cruceros de investigación. Al analizar los rasgos fenotípicos, los investigadores encontraron que el pulpo chileno tenía más ventosas que sus especies hermanas y sus verrugas seguían un patrón distinto.

“Sin embargo, estas características diagnósticas han demostrado ser insuficientes para distinguir de manera fiable entre las especies del género”, señalan los autores en el estudio. La dificultad “probablemente refleja el origen relativamente reciente del linaje, estimado en aproximadamente de 3 a 7 millones de años”, explican.

Los estudios moleculares fueron determinantes

Los análisis genéticos confirmaron que se trata de una nueva especie. De hecho, en la publicación científica de febrero de 2026, los autores destacan el valor de la taxonomía integrativa –la que combina el estudio morfológico con los datos moleculares o de ADN– para resolver los límites entre especies del género Graneledone. “Con estas dos herramientas pudimos indicar que estamos frente a una nueva especie”, explica Pardo-Gandarillas.

Para Scarabino, este proceso de casi dos décadas “muestra a la ciencia como una construcción colectiva”. Además, el docente investigador uruguayo destaca la importancia de las colecciones zoológicas. “Los museos como el de zoología de la Universidad de Concepción y el Museo Nacional de Historia Natural en Santiago son instituciones fundamentales para el conocimiento de la biodiversidad de Chile, de Sudamérica y del mundo”, agrega.

El artículo científico, que se publicó en el Journal of Marine Science and Engineering, apunta las principales características del pulpo recién descrito. Es de tamaño mediano, con una longitud que oscila entre 52 y 81 centímetros y, como las especies hermanas, carece de un saco de tinta.

Presenta una sola fila de ventosas en brazos de longitud similar. El tercer brazo derecho es más corto y tiene menos de la mitad de ventosas que el brazo opuesto. “Entre todos los caracteres examinados, el número de ventosas opuestas proporciona el rasgo morfológico más sólido”, de acuerdo con la publicación.

Los científicos detallaron que G. sellanesi tiene ojos grandes, proyectados y se posicionan en forma más lateral que frontal. Representan aproximadamente el 20 % del tamaño de su manto.

Con la descripción formal del pulpo hallado en Chile, el género ahora comprende 11 especies reconocidas a escala mundial. Para los autores, esto subraya la necesidad de actualizar los análisis moleculares para afinar la historia evolutiva de este grupo de pulpos de aguas profundas. Según investigaciones previas citadas en el artículo, se cree que el género Graneledone se originó en el Océano Antártico.

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La investigación frente a la triple crisis planetaria

La historia de la investigación del Graneledone sellanesi también muestra cómo la ciencia cambió a lo largo de los años. Cuando Sellanes hizo sus primeras expediciones del margen continental, a inicios de los 2000, la pesca de rastra era un método para obtener muestras, pero a ciegas. “Sacas una ensalada de cosas, todo revuelto”, describe.

Los nuevos buques de investigación científica cuentan con vehículos operados a control remoto y equipados con cámaras de alta resolución que permiten filmar el fondo marino e incluso hacer zoom para ver los detalles de las características de las especies. “Puedes ver su comportamiento, el hábitat en el que se encuentra, las especies con las que se relaciona”, explica Sellanes.

A pesar de los avances tecnológicos, para el científico uruguayo, la investigación de la biodiversidad enfrenta una carrera contra el tiempo. La Organización de las Naciones Unidas habla de la triple crisis planetaria: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Aunque de manera frecuente se describen especies nuevas, los investigadores saben que la extinción acelerada por las presiones humanas está afectando incluso a especies todavía desconocidas.

A esto se suma otro problema. De acuerdo con Sellanes, cada vez hay menos taxónomos, pues se trata de una carrera larga con pocas salidas laborales y una remuneración que no representa un retorno a la inversión realizada en estudios. “Quiero relevar la importancia de la taxonomía, la importancia de que los gobiernos apoyen la ciencia”, apunta el científico. “Hay muchas cosas interesantes por descubrir, es una nueva era de exploración marina”, añade.

Pardo-Gandarillas e Ibáñez lo saben bien. Desde hace cinco años trabajan con científicos de países de América, Europa, Asia y Oceanía para descifrar la diversidad y la distribución de los cefalópodos en todo el mundo. Están integrando análisis morfológicos y moleculares de unas 800 especies. “Este trabajo es tremendo, esperamos que pronto salga alguna publicación”, dice la científica.

Sellanes, por otro lado, está estudiando desde 2016 los montes submarinos ubicados frente a Chile, zonas aún menos exploradas que el margen continental. En 2024, a bordo del Falkor (too), el buque de investigación de Schmidt Ocean Institute, dirigió a un equipo que observó y recolectó muestras de más de 100 especies potencialmente nuevas para la ciencia. Tendrán que recorrer un proceso similar al del G. sellanesi para ser descritas formalmente como especies nuevas. “Tenemos mucho trabajo por delante”, asegura Sellanes.

Imagen principal: avistamiento in situ de la especie G. sellanesi durante la expedición del margen continental de Chile, a bordo de la embarcación Falkor (too). Foto: cortesía Javier Sellanes.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los tiburones sedosos no son los más grandes de su género, miden en promedio unos dos metros y medio. Sin embargo, tienen la capacidad de nadar 45 kilómetros diarios. Esta característica que los hace admirables también los vuelve vulnerables. Un estudio reciente encontró que los Carcharhinus falciformis pasan la mitad de su tiempo en zonas pesqueras y el resto lo pasan dentro de alguna área marina protegida del Pacífico Este Tropical.

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“Están ranqueados como una de las dos especies más pescadas a nivel mundial por su tendencia a agregarse en cardúmenes de atún [para alimentarse]”, explica Pelayo Salinas de León, investigador de la Fundación Charles Darwin de Galápagos y coautor del artículo científico publicado a inicios de 2026 en Biological Conservation.

Mientras persiguen su alimento favorito, caen en cercos de pesca y palangres –una línea madre de la cual penden múltiples ramales con anzuelos–, describe el investigador. La especie está clasificada como “Vulnerable” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

No obstante, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) clasifica a la especie en su Apéndice II. Es decir, se permite su comercialización. Además, la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), el organismo de regulación pesquera regional, autoriza que los palangreros retengan hasta un 20 % por peso de tiburón sedoso.

“El 20 % de la captura total de un viaje puede suponer muchas toneladas de tiburón. [El permiso] no discrimina por tallas, sexo, condición reproductiva ni fisiología”, señala Irene Casanova, bióloga marina e investigadora de la organización no gubernamental mexicana Pelagios Kakunjá. Por eso, opina que el artículo de sus colegas es novedoso y necesario. “Aporta una evidencia útil para la conservación del tiburón sedoso”, afirma.

El estudio encontró que los tiburones pasaron el 46.95 % de su tiempo dentro de alguna área marina protegida. Si se consideran solo las zonas de protección total, donde la pesca está 100 % prohibida, el tiempo se reduce al 41.76 %. Por los riesgos que los sedosos enfrentan fuera de las áreas marinas protegidas, los autores sugieren expandir la Reserva Marina Hermandad, ubicada al noreste de las Islas Galápagos, hacia el norte y el oeste, zonas identificadas de alto riesgo para la especie.

Cuarenta tiburones marcados para estudiar sus trayectos

Los científicos viajaron en embarcación hasta las islas Darwin y Wolf, donde hay una de las mayores concentraciones de tiburones en el mundo. Antes de su llegada, prepararon anzuelos sin muerte, es decir, sin la pequeña púa tras la punta, minimizando el daño al animal. “Se lima el mecanismo para retener al tiburón, con lo cual la soltada es más fácil después de instalar el transmisor satelital”, explica Salinas de León.

Una vez que capturan un tiburón, esperan a que esté cansado y lo acercan al lateral de la embarcación. Sin sacarlo del agua, para que pueda respirar, se hace la maniobra de marcaje. En menos de siete minutos, los especialistas instalan el equipo tecnológico en la aleta dorsal. “Se prioriza el bienestar del animal”, asegura el investigador de ecología y conservación de tiburones.

Se marcaron 40 individuos: 33 hembras y siete machos. Los investigadores no saben a ciencia cierta si es que hay épocas del año preferidas por las hembras para nadar en esa zona, si es una zona importante para ellas a lo largo del año o si son más propensas a morder anzuelos. Lo que queda claro al momento es que muchas especies de tiburones tienen una segregación sexual: “chicos por un lado y chicas por otro”, puntualiza Salinas de León.

Reconstruyeron las transmisiones que duraron más de 30 días. Eso les dejó un total de 38 trayectorias válidas para analizar. Es decir, dos tiburones, una hembra y un macho, pudieron perder sus transmisores. Esto sucede por diferentes razones, por ejemplo, pueden caerse, dañarse u otros animales pueden morderlos.

Durante dos años, los transmisores mostraron en tiempo real la posición de los 38 tiburones, una cantidad de ejemplares que permitió obtener patrones robustos sobre las rutas migratorias de la especie.

Una vez que se agotaron las baterías, se filtraron los datos para hacer análisis estadísticos de los movimientos y crear zonas de distribución. Así pudieron conocer la cantidad de tiempo que pasaron en áreas protegidas marinas y en zonas donde operan flotas pesqueras.

Los datos mostraron que los sedosos pasaron la mayor parte de su tiempo en Galápagos, con un 36.41 %. “Tenemos datos que muestran que pueden viajar a lo largo de distancias bastante grandes, así que me sorprendió que pasen tanto tiempo en la Reserva Marina de Galápagos”, dice Mahmood Shivji, profesor en Nova Southeastern University, otra de las instituciones que lideró el estudio a través de la Fundación Save Our Seas y The Guy Harvey Research Institute.

A pesar de su alta movilidad, pasaron muy poco tiempo en otras áreas protegidas. Por ejemplo, en la recién creada Reserva Marina Hermandad, ubicada en Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá, solo pasaron un 3.96 % de su tiempo y menos del 1 % en el Parque Nacional Isla de Cocos, en Costa Rica.

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Pocos datos pesqueros

Los investigadores usaron información de Global Fishing Watch, una plataforma en línea y de acceso libre que monitorea la actividad pesquera industrial casi en tiempo real. Aunque es una fuente importante, los datos abiertos de embarcaciones no representan a toda la flota que opera en la región.

Salinas de León detalla que los datos disponibles para descargar son del sistema de rastreo AIS (Sistema de Identificación Automática), pero solo una fracción de las embarcaciones pesqueras lo usan. La mayoría tiene el sistema de posicionamiento VMS (Sistema de Monitoreo de Buques), pero estos datos no están abiertos al público. Además, puntualiza, gran parte de las embarcaciones de las flotas artesanal y semiindustrial no tienen sistemas de rastreo.

En el artículo se especifica que en el Pacífico Este Tropical, solo Ecuador, Panamá, Costa Rica y Perú proporcionan datos de VMS a Global Fishing Watch. No obstante, los datos solo pueden visualizarse en mapas específicos y no pueden descargarse para realizar análisis científicos detallados.

“Creo que es urgente que se comparta la información”, dice Irene Casanova, quien junto a Pelagios Kakunjá está rastreando a 30 tiburones sedosos marcados en el Archipiélago de Revillagigedo, México. “La solución sería que los gobiernos hagan obligatorio que se compartan los datos y, sobre todo, que se haga colaboración entre la comunidad científica y los gobiernos”, añade.

Debido a estos vacíos de información, los datos de Global Fishing Watch indicaron un riesgo diario aparentemente bajo para los tiburones sedosos.

Los riesgos fuera de las áreas protegidas: las flotas pesqueras

Cuando estos grandes depredadores cruzan los límites de las áreas protegidas, corren el riesgo de ser pescados, señala Salinas de León. Durante el rastreo, hubo tres eventos de pesca de los individuos marcados. El primero se dio fuera de la Reserva Marina de Galápagos, en aguas ecuatorianas; el segundo sucedió en el área económica exclusiva de Costa Rica; y el tercero, en aguas internacionales, entre el sur de El Salvador y el norte de Ecuador.

Los casos se confirmaron porque los transmisores terminaron en puertos pesqueros: dos de ellos en Punta Arenas, Costa Rica; y el último en Manta, Ecuador. “Ha habido más eventos, ahora llevamos el trabajo para ver en dónde están esas zonas de desaparición de los transmisores satelitales”, dice el investigador de la Fundación Charles Darwin.

Entre julio y noviembre, al oeste de las Islas Galápagos, en aguas internacionales, hay un fenómeno de afloramiento. Las presas de los sedosos nadan hacia esa zona y los tiburones y las flotas pesqueras van detrás. Aquí es cuando los ‘silkies’, como los llaman cariñosamente por su nombre en inglés, enfrentan mayor esfuerzo pesquero.

“Si vamos a protegerlos, tenemos que expandir las áreas marinas protegidas hacia el oeste”, afirma Shivji. El experto en la conservación y el manejo de tiburones y otras especies del océano señala que el Tratado de Altamar, que entró en vigencia a inicios de 2026, es el mecanismo que permitirá que se establezcan áreas marinas protegidas en aguas internacionales. “Como todo, es bastante político y va a tomar tiempo, pero es lo que debemos hacer”, afirma.

El tiburón sedoso no es el único que se beneficiaría de esta propuesta. Otros estudios demuestran que el tiburón martillo común y el tiburón ballena también usan esta zona, de acuerdo con Shivji.

El investigador reconoce que la presión pesquera no parará, pero el objetivo es encontrar herramientas de manejo que permitan que los tiburones sedosos no desaparezcan. El también genetista señala que la diversidad genética –necesaria para que las especies se adapten y sobrevivan– requiere de “grandes números de individuos”, por lo que hay que implementar medidas antes de que las poblaciones continúen decayendo.

Reforzar las medidas de protección

Salinas de León opina que hace falta revisar la clasificación del sedoso en la Lista Roja de Especies Amenazadas, pues “los volúmenes de captura actual son un riesgo”.

El investigador explica que al comparar a esta especie con otros tiburones con historias de vida similares, se concluye que “no se puede sostener una pesca severa durante tanto tiempo”. Estos animales son de crecimiento lento, reproducción tardía y tienen pocas crías, por lo que las poblaciones estarían disminuyendo a un ritmo mayor que su capacidad para reponerse.

Además, a su parecer, todas las especies en la Lista Roja deberían estar incluidas en el Apéndice I de CITES, con el fin de prohibir su comercialización y promover su protección efectiva.

El estudio señala que la Comisión Atunera ha implementado medidas, como la prohibición de retención de tiburones sedosos en buques de cerco. Aunque es un paso importante, Irene Casanova asegura que se necesita más información biológica para tomar una medida concreta. “Hay una mortalidad postliberación que no es evaluada”, dice.

Para la experta, hay que modificar los artes de pesca y los dispositivos de agregación flotantes, los cuales, asegura, son los que tienen más índice de pesca incidental de tiburón sedoso.

Shivji celebra que junto a sus equipos ya esté trabajando la Comisión Atunera. Asegura que existe un gran interés en la protección del tiburón sedoso y del tiburón martillo común. El organismo de regulación pesquera cuenta con observadores que viajan a zonas bastante alejadas, donde por recursos es difícil que los científicos lleguen. Por lo tanto, esta sería una oportunidad para obtener información clave para la conservación.

Por último, Salinas de León insiste en que dado que los datos muestran que los sedosos pasan más de la mitad de su tiempo en zonas expuestas a la pesca, es urgente que se formulen políticas pesqueras basadas en criterios biológicos y enfocadas en la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.

REFERENCIA

Vaudo, J. J., Salinas-de-León, P., Logan, R. K., Suarez-Moncada, J., Wetherbee, B. M., & Shivji, M. S. (2026). Pelagic sharks in parks: Marine protected areas in the Eastern Tropical Pacific provide limited protection to silky sharks tracked from the Galapagos Marine Reserve. Biological Conservation, 111658. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2025.111658

Imagen principal: un sedoso junto a un cardumen de atún. Foto: cortesía Pelayo Salinas de León.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Bajo el agua del Santuario Marino de las Islas Darwin y Wolf, en Galápagos, grandes depredadores y otras criaturas marinas nadan sin miedo al ser humano. Cuando el científico Pelayo Salinas de León se sumerge con su traje de buzo y herramientas de observación, algunas especies incluso se acercan con curiosidad.

“Uno sabe que está en un sitio especial cuando al caer al agua ya ve tiburones y peces grandes”, dice Salinas de León, coautor de un estudio que analizó la abundancia y biodiversidad de tiburones y peces depredadores en áreas marinas protegidas del Pacífico Este Tropical (PET). Una experiencia similar se repitió cuando buceó en el Parque Nacional Archipiélago de Revillagigedo, México; el Área Marina Protegida Isla Clipperton, Francia; y el Santuario de Flora y Fauna Malpelo, Colombia.

Estas islas oceánicas protegidas albergan algunas de las mayores concentraciones de tiburones y peces depredadores documentadas a escala mundial. Este fue uno de los principales hallazgos del estudio, que se publicó a finales de 2025 en la revista Plos One. “Esto indica que están en un estado de conservación muy bueno”, puntualiza el investigador de la Fundación Charles Darwin. Estas áreas protegidas oceánicas funcionan como una ventana al pasado que permiten ver cómo eran los océanos antes de la pesca indiscriminada, añade.

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El equipo, liderado por el científico Simon McKinley, también evaluó tres áreas marinas protegidas costeras: la Reserva Marina Galera San Francisco y la Reserva Marina Cantagallo-Machalilla, ambas en Ecuador; y la Reserva Biológica Isla del Caño, en Costa Rica. Los hallazgos aquí fueron diametralmente opuestos, pues casi no se detectaron tiburones ni peces depredadores.

“Esto sugiere que las áreas no están siendo efectivas o el estado de conservación de los ecosistemas ya está a un nivel tan reducido que no se ve el beneficio del área protegida”, explica Salinas de León.

Esta ambiciosa investigación demandó que los científicos viajen a islas que, a excepción de Galápagos, no tienen presencia humana permanente. Por eso se realizó en colaboración con el programa Pristine Seas de National Geographic, que visitó con su embarcación cada uno de estos destinos. Navegar hasta Clipperton, la isla más alejada, tomó cuatro días.

Bajo el agua y a 25 metros de profundidad, el grupo de investigadores colocó cámaras y cebos que los animales podían oler pero no comer. Así, los atrajeron para identificar las especies y el número de individuos. El equipo de video permaneció en el agua durante 100 minutos, de los cuales se analizaron 90, descartando los primeros y últimos cinco minutos para evitar perturbaciones causadas por el bote.

La biodiversidad del Pacífico Este Tropical

Sandra Bessudo, una de las investigadoras y directora de la Fundación Malpelo, explica que el Pacífico Este Tropical es una gran región que se extiende desde México hasta el norte de Perú. En esta región, las corrientes frías y cálidas se encuentran, provocando que los nutrientes suban desde las profundidades y alimenten una gran biodiversidad. “Es un sistema muy productivo, pero frágil, sensible al cambio climático y a las acciones humanas”, asegura.

La gran concentración de tiburones que confirmó el estudio se debe, sugieren los investigadores en el artículo, al aislamiento geográfico, impactos humanos reducidos y los fenómenos naturales únicos descritos por Bessudo.

Clipperton, la isla más alejada de las costas, se destacó por tener las mayores abundancias generales. Aquí, y en general en las áreas protegidas oceánicas del norte, se observaron mayores concentraciones del tiburón de punta plateada (Carcharhinus albimarginatus). Mientras tanto, en las áreas protegidas del sur, Malpelo y Galápagos, se registró mayor abundancia de tiburones martillo (Sphyrna lewini).

Los tiburones de Galápagos (Carcharhinus galapagensis) fueron comunes en casi todas las áreas protegidas. También observaron tiburones tigre (Galeocerdo cuvier), tiburones punta negra (Carcharhinus melanopterus) y tiburones oceánicos (Carcharhinus longimanus).

El hallazgo más preocupante se dio en las áreas marinas costeras. En las dos reservas ecuatorianas, los tiburones y grandes depredadores estuvieron casi ausentes, lo que sugiere que la cadena alimenticia ha sido simplificada por la sobrepesca.

En la Reserva Marina Galera San Francisco ni siquiera se detectaron teleósteos de alto orden. Estos son peces óseos modernos y complejos que ocupan niveles tróficos altos, con comportamientos y funciones ecológicas especializadas. “Muy probablemente la actividad pesquera no ha permitido que se recuperen las especies que hace muchas décadas vivían en esas zonas”, explica Salinas de León.

Mientras tanto, en la Isla del Caño, en la zona costera de Costa Rica, se encontraron mayores abundancias de peces planctívoros y herbívoros. Esta isla se distingue de las otras zonas costeras por su posición un poco más alejada de la costa y cercana al Domo de Costa Rica, una región oceánica rica en nutrientes y productividad. Además, aquí y en Clipperton hay mayor cobertura de coral vivo, una estructura que usualmente alberga mayor abundancia y diversidad que los arrecifes de roca.

Amenazas persistentes

En las islas oceánicas también se encontró una alta proporción de peces comerciales que estaban por debajo de su talla de madurez sexual, incluyendo jureles (Carangidae) y meros (Serranidae). “Este patrón es consistente con la extracción selectiva de individuos adultos, particularmente de especies de gran tamaño y crecimiento lento como tiburones y otros depredadores, que son objetivos frecuentes de la pesca ilegal”, contextualiza Bessudo.

La especialista detalla que la remoción de los adultos reduce el aporte reproductivo y deja poblaciones dominadas por juveniles, limitando su capacidad de recuperación. En el Pacífico Este Tropical, este efecto se ve amplificado, explica, por la alta conectividad y movilidad de las especies.

El tiburón martillo, la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), la tortuga verde (Chelonia mydas) y el mero de las Galápagos (Mycteroperca olfax) son algunas de las especies migratorias que utilizan un corredor marino que existe entre el Archipiélago de Galápagos; la isla del Coco, en Costa Rica; la isla de Coiba, en Panamá; y la isla de Malpelo.

Aunque tienen resguardo dentro de las áreas marinas protegidas, Bessudo reconoce “la persistencia de una vigilancia limitada en áreas remotas”. Sin embargo, destaca que en Malpelo la pesca ilegal ha disminuido “considerablemente”. Lo atribuye a distintos esfuerzos, como la Ley Contra la Pesca Ilegal de Colombia, que desde 2018 impone a los infractores sanciones fuertes e incluso prisión.

Eduardo Espinoza, especialista en monitoreo de ecosistemas marinos de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, asegura que la institución cuenta con “uno de los mejores centros de monitoreo y vigilancia satelital en la región”. Al detectar actividades irregulares, envían al punto embarcaciones de control y vigilancia. No obstante, los mismos guardaparques han reconocido que hace falta personal y equipamiento para un control efectivo.

Bessudo insiste en que para enfrentar la pesca ilegal “se necesita más vigilancia tecnológica, cooperación regional reforzada, aplicación firme de la ley y participación activa de comunidades y organizaciones ambientales”.

En aguas internacionales y fuera de los límites de las áreas protegidas, las especies migratorias corren mayor riesgo de ser capturadas por las flotas pesqueras industriales. “Esto debilita la protección local”, reconoce Bessudo.

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Protección significativa

El estudio señala que en las últimas décadas se han creado más de 77 áreas marinas protegidas en México, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Estas varían en su nivel de protección, desde reservas de uso múltiple hasta zonas de no captura total, como Malpelo. Las áreas costeras, en oposición a las oceánicas, sufren una mayor presión debido a su proximidad con las poblaciones humanas. Sin embargo, su protección es clave.

Especies altamente migratorias dependen del buen estado de las áreas costeras, explica Espinoza, del Parque Nacional Galápagos. Por ejemplo, los tiburones martillo dan a luz en los manglares y las tortugas marinas desovan en las playas.

“Las reservas marinas siguen siendo pequeñas para proteger a especies altamente migratorias, hay que trabajar en unidades de manejo”, dice Espinoza. Adelanta que en Ecuador se está haciendo énfasis en proteger las primeras ocho millas náuticas de la zona costera, con el fin de que allí se realicen solo actividades de pesca artesanal, dejando afuera a la pesca industrial. “Esto es un aliciente”, asegura.

Para Salinas de León, la recuperación de los ecosistemas depende de medidas más drásticas. “Si uno protege una zona relativamente grande y prohíbe totalmente la pesca, muchas de estas especies se recuperarán solas; el océano tiene un poder de regeneración increíble”, dice.

De hecho, considera que la meta de proteger el 30 % del océano para 2030, establecida en el Marco Mundial Kunming-Montreal, debe contemplar la creación de áreas con protección significativa, donde no se permita ningún tipo de pesca. “Lo que demostramos aquí es que las zonas estrictamente protegidas funcionan muy bien”, insiste.

Espinoza celebra la entrada en vigencia del Tratado de Altamar, a través del cual se podrá llegar a acuerdos internacionales para proteger a los tiburones y otras especies migratorias que corren el riesgo de caer en artes de pesca de las flotas industriales cuando están fuera de las áreas protegidas.

Mientras tanto, científicos como Salinas de León y Bessudo continúan estudiando a los tiburones y otras especies que son indicadores del buen estado del océano. “El objetivo final no es entender por entender, sino usar ese conocimiento para ayudar al manejo y asegurar que tanto los tiburones como el ecosistema se recuperen a un nivel óptimo de conservación”, concluye Salinas.

REFERENCIA

McKinley, S. J., Hansen, S. F., Fierro-Arcos, D., Cundy, M. E., Mossbrucker, M., Vianna, G. M. S., Suarez-Moncada, J., Hoyos-Padilla, M., Bessudo-Lion, S., Sala, E., & Salinas-de-León, P. (2025). Relative abundance and diversity of sharks and predatory fishes across marine protected areas of the Tropical Eastern Pacific. PLoS ONE, 20 (11), e0334164. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0334164

Foto principal: tiburones punta plateada (Carcharhinus albimarginatus) captados en Revillagigedo. Foto: cortesía Pelayo Salinas de León.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025, la Amazonía colombiana enfrentó graves amenazas por vías ilegales como la Calamar-Miraflores, en Guaviare, que ha deforestado 47 855 hectáreas desde 2000, principalmente para instalar ganadería extensiva. Por su parte, en Mapiripán, Meta, 549 kilómetros de ramales rectos abrieron paso a 162 237 cabezas de ganado ilegal y arrasaron 42 000 hectáreas cerca de sabanas hídricas protegidas.

Proyectos de carbono opacos, como el de Cotuhé-Putumayo, vendieron 3 millones de bonos a la empresa Chevron sin consultar a líderes indígenas tikuna, repitiendo irregularidades del suspendido proyecto Pachamama Cumbal. La autonomía indígena dio pasos clave al final del año con la firma de decretos que reconocen a las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), sin embargo, los pueblos indígenas siguen enfrentándose a grandes amenazas. Por ejemplo, la Guardia Siona sufre confinamiento por minas antipersonal y enfrentamientos entre grupos armados.

A pesar de esto, 2025 también dejó historias inspiradoras, como la de la defensora Jani Silva, en Putumayo, que resiste a empresas petroleras y disidencias de la guerrilla de las FARC, mientras impulsa la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Perla Amazónica.

10. La vía Calamar – Miraflores, una cicatriz en la selva amazónica colombiana

La vía que comunica estas dos poblaciones del departamento de Guaviare ha sido objeto de controversia desde 2019 debido a la falta de permisos ambientales, lo que llevó a restricciones en su uso. Ante los obstáculos legales para su mantenimiento, ganaderos y colonos se las han ingeniado para cobrar “peajes informales”, así como cobros por la movilidad del ganado.

La ganadería extensiva y la apropiación de tierras han sido los dos motores que más han impactado en la deforestación de bosques de esta región, buena parte de ellos en zonas de reserva forestal. Entre 2000 y 2023, se deforestaron aproximadamente 47 855 hectáreas alrededor de la vía. El 64 % de esta tala ocurrió entre 2016 y 2023.

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9. Colombia cambia su mapa: el Gobierno reconoce oficialmente las primeras Entidades Territoriales Indígenas

A 34 años de la creación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura clave que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, Colombia reconoció a las primeras ocho poblaciones bajo este esquema en la Amazonía.

El mapa de Colombia cambiará a partir de ahora, luego de que el presidente Gustavo Petro firmó los decretos que formalizan ocho ETI. En total abarcan más de 7 millones de hectáreas y equivalen al 15 % de la Amazonía colombiana. Estos territorios contarán no solo con un polígono trazado en el mapa, sino que podrán seguir gobernando sus territorios con base en sus propios sistemas de conocimiento, los cuales ya han implementado en salud, educación y justicia. Seguirán, en todo caso, en coordinación directa con las demás instituciones del Estado.

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8. Chevron compró, una vez más, bonos de carbono de un proyecto hecho a espaldas de los pueblos indígenas

Líderes del resguardo indígena Cotuhé Putumayo, en la Amazonia colombiana, dicen no conocer la iniciativa de carbono que se está desarrollando en su territorio y que ya vendió más de 3 millones de bonos. La empresa que lo desarrolló y la que lo auditó son las mismas involucradas en otro proyecto hecho a espaldas de la comunidad indígena que lo alberga en la cordillera andina de Colombia y que fue suspendido por orden de un juez.

El mayor comprador de créditos en este nuevo proyecto opaco ha sido, al igual que en el anterior, la petrolera estadounidense Chevron. Tanto la desarrolladora como la auditora y la certificadora se han negado a entregar información sobre el proyecto a Pepe Cham, representante legal de la Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar).

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7. Mapiripán: más de 500 kilómetros de vías ilegales abren paso a la ganadería y la deforestación en la Amazonía de Colombia

Las vías ilegales crecieron exponencialmente en el municipio de Mapiripán, en el departamento de Meta, a medida que se disparaba la deforestación desde 2014. Esto impulsó la ganadería ilegal (162 237 cabezas en 2023) en cerca de 42 000 hectáreas cerca de sabanas hídricas protegidas.

Mongabay Latam hizo un análisis geográfico con imágenes satelitales y comprobó que en el municipio existe un entramado de 11 ramales de vías que en total suman 549 kilómetros. Algunas de ellas están perfectamente trazadas en línea recta con hasta 60 kilómetros de longitud, lo que hace pensar que su construcción no fue improvisada.

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6. Jani Silva, la defensora de la Perla Amazónica

A pesar de las constantes amenazas a su vida, Jani Rita Silva insiste en ser defensora sin salir del departamento de Putumayo, en la frontera colombiana con Ecuador.

La líder campesina ha resistido durante décadas contra empresas petroleras y disidencias de la guerrilla de las FARC, impulsando la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Perla Amazónica con reforestación y empoderamiento comunitario. Amenazada con explosivos, Jani Rita se ha negado a exiliarse y su trabajo destaca la resistencia femenina en zonas de conflicto.

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5. Minas y confinamiento: la lucha silenciosa de la Guardia Indígena Siona en Putumayo

En los resguardos de Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco, dos líderes custodian un legado milenario que el conflicto armado, las minas antipersonales y la indiferencia estatal amenazan con borrar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de ambos resguardos, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio.

La guerra ha confinado a los Siona en su propia selva: la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La comunidad reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

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4. Así es la vida de Barto, un ocelote rescatado del tráfico de vida silvestre en Colombia

En octubre de 2024, autoridades en Cali, Colombia, encontraron un ocelote de aspecto enfermizo mientras hacían efectiva una orden de captura en contra de un criminal en un lujoso barrio de la ciudad. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) se encargó de recuperar a Barto mediante un proceso exitoso, pero su futuro es incierto.

Además del comercio de pieles y la pérdida de hábitat, el tráfico ilegal de especies con fines de mascotismo ha sido uno de los principales problemas que han enfrentado los ocelotes en Latinoamérica. En Colombia, desde 2010, las autoridades han decomisado más de 340 de estos félidos, entre ejemplares vivos y muertos. Un ocelote en el mercado negro puede costar alrededor de 1400 dólares.

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3. Mujeres que protegen el territorio: las defensoras en Colombia viven al filo de muerte

Durante 2023 y el primer semestre de 2024, el Programa Somos Defensores registró 238 agresiones contra las mujeres líderes y defensoras en Colombia. Diversas organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo han advertido que la violencia contra las defensoras ha tenido una escalada desde 2022.

A diferencia de sus compañeros, ellas se enfrentan a una doble victimización: por ser líderes y por ser mujeres. Las lideresas en la Amazonía y Orinoquía colombiana siguen siendo estigmatizadas, amenazadas, desplazadas y criminalizadas por su labor en la defensa del territorio.

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2. Guardias indígenas: el escudo de la Amazonía de Colombia

A través de la organización y el trabajo colectivo, estas guardias no armadas han sido una barrera de protección del territorio, el ambiente y las comunidades. En la actualidad combinan sus conocimientos tradicionales con herramientas tecnológicas de monitoreo, como GPS e imágenes satelitales, para que sus datos puedan usarse en entidades del Estado.

Ejercer sus funciones de protección les ha traído múltiples amenazas: entre 2014 y 2024 al menos 70 guardias indígenas fueron asesinados en Colombia. Un equipo periodístico rastreó cinco casos en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Guainía para conocer de cerca estos procesos de defensa y los riesgos que enfrentan.

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1. Potreros, peajes ilegales y grupos armados: un desastre provocado por cinco vías ilegales en la Amazonía de Colombia

En la Amazonía de Colombia hay más de 28 000 kilómetros de vías que se extienden entre áreas protegidas, resguardos indígenas y zonas de importancia ecológica. Aunque conectan comunidades, fragmentan la selva.

Un análisis geográfico de Mongabay Latam documentó la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Un equipo periodístico viajó a los departamentos amazónicos más afectados —Caquetá, Meta y Guaviare— para documentar cómo se entrelazan las actividades legales e ilegales alrededor de estas vías, que se han convertido en promotoras de deforestación, ganadería y cultivos de uso ilícito.

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BONUS: Guardianes de la cachuda: un proyecto en Colombia para proteger al tiburón martillo más pequeño del mundo

De las nueve especies de tiburón martillo registradas en el mundo, el Sphyrna corona, conocido también como “cachuda amarilla”, es el más pequeño, y en su estado adulto mide menos de un metro. La sobrepesca y la captura incidental han causado una reducción de sus poblaciones en más del 80 % en los últimos 30 años, por lo que se considera en Peligro Crítico de extinción.

En el Pacífico colombiano, biólogos y comunidades afrocolombianas se aliaron para protegerlo en un área marina donde aún es común verlo: el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga. Juntos han impulsado un proyecto pionero de monitoreo que revela nuevos datos sobre esta rara y poco estudiada especie, y que abre un camino para su conservación.

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Imagen principal: en un rincón del Pacífico colombiano, biólogos y comunidades afrocolombianas trabajan para proteger a la “cachuda amarilla”, el tiburón martillo más pequeño del mundo. Foto: cortesía Emilio Posada

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Entre los fríos oleajes del Pacífico y el pulso cálido de las ciudades latinoamericanas se extienden playas turquesas que atraen tanto a ballenas migratorias como a visitantes. Pero estas costas también han estado acumulando un viajero no deseado: botellas plásticas, uno de los rastros más persistentes de la contaminación marina.

Centroamérica —donde coinciden altas densidades poblacionales e infraestructura limitada de gestión de residuos— alberga algunos de los sitios más contaminados de la región, según una nueva investigación publicada en Journal of Cleaner Production. “Es la primera vez que un estudio que analiza origen y abundancia cubre una sección tan amplia del Pacífico latinoamericano”, dijo el coautor Ostin Garcés-Ordóñez, científico marino del Centro de Investigación Ambiental Smithsonian en Maryland. “Analizamos botellas de ciudades, playas continentales e islas, lo que nos permitió ver patrones de contaminación que no habíamos observado antes”.

Cientos de científicos ciudadanos en México, Centroamérica y Sudamérica participaron en la investigación liderada por Garcés-Ordóñez y la red chilena Científicos de la Basura, rastreando de dónde provenían las botellas y qué revelaban sus trayectorias sobre la contaminación regional. Trabajando con científicos y educadores locales, los participantes recolectaron botellas de playas, ríos e islas cercanas en 10 países.

En Costa Rica, donde solo cinco de los 84 municipios cuentan con instalaciones que separan residuos reciclables de los no reciclables, el coautor Juan Manuel Muñoz-Araya, científico marino y coordinador del acuario en el Parque Marino del Pacífico, organizó a decenas de estudiantes para recolectar cerca de 5000 botellas a lo largo de la costa.

Juntos catalogaron miles de botellas y tapas: algunas con etiquetas desteñidas por el sol; otras, sin etiquetas. Algunas estaban brillantes e intactas, con marcas reconocibles como Coca-Cola y PepsiCo. “Ver los productos internacionales ayudó a que los jóvenes entendieran que forman parte de un esfuerzo científico internacional”, dijo Muñoz-Araya. “No solo están limpiando una playa”.

Cada botella fue registrada por científicos ciudadanos, quienes anotaron su condición y elementos identificadores como logotipos, códigos de barras e idioma. Las botellas etiquetadas en español y producidas por empresas regionales se atribuyeron a fuentes locales, mientras que aquellas con idiomas asiáticos sugerían orígenes internacionales.

Más de la mitad de las botellas que se originaron dentro de Costa Rica fueron arrastradas por los sistemas fluviales desde centros urbanos, incluido San José, hacia las costas rurales. El resto probablemente recorrió océanos enteros: las botellas con etiquetas en chino o japonés probablemente viajaron miles de kilómetros, transportadas por corrientes del Pacífico que atraviesan rutas marítimas comerciales, explicó Garcés-Ordóñez.

En Panamá, aproximadamente el 60 % de las botellas eran extranjeras, lo que revela cómo las rutas de navegación, especialmente a través del Canal de Panamá, contribuyen a la contaminación. Este patrón refleja lo observado en islas como las Galápagos en Ecuador, donde con frecuencia aparecen botellas provenientes de Asia, particularmente de China.

En el estudio, las islas acumularon constantemente más botellas extranjeras que las costas continentales. Esto podría deberse a que muchas islas están más cerca de rutas marítimas importantes y reciben una exposición más directa a los vientos y a las corrientes. Ubicadas en zonas donde convergen grandes corrientes del Pacífico, algunas islas actúan como trampas naturales que interceptan desechos flotantes que, de otro modo, permanecerían dispersos en el mar.

Los hallazgos regionales reflejan una crisis mayor que se desarrolla en los océanos del mundo. Globalmente, más de 11 millones de toneladas métricas de plástico ingresan al mar cada año, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una cifra que podría triplicarse en las próximas dos décadas.

Aunque estas cifras muestran la magnitud del problema, los investigadores también lo aterrizan en la costa, revelando cómo la contaminación plástica está profundamente entrelazada con la infraestructura local. El consumo de bebidas embotelladas suele surgir de un acceso poco confiable al agua potable, explicó Garcés-Ordóñez. En regiones sin sistemas municipales funcionales, las bebidas embotelladas se vuelven una fuente esencial, pero ambientalmente costosa, de hidratación.

Grandes barreras educativas impiden que muchos municipios latinoamericanos operen sistemas de reciclaje eficientes, explicó Salma Terrazas, de Ecolana, una startup mexicano dedicada a facilitar el acceso al reciclaje. “Una gran parte de la población no sabe lo que es la cadena de reciclaje en México, solo llega al proceso de que alguien se lleva su basura, pero desconoce a dónde va o qué hacen con ella”, dijo. “Esto hace que los residuos se entregan revueltos, sucios y limita más el proceso de reciclaje”.

En algunos países latinoamericanos, la devolución de botellas ya incluye compensación económica. Ampliar estos incentivos podría aumentar la participación y reducir la contaminación marina, añadió Garcés-Ordóñez. “La recomendación principal es implementar un sistema estandarizado de botellas plásticas retornables que puedan devolverse en cualquier país y a cualquier empresa”.

REFERENCIA
Garcés-Ordóñez, O., Ergas, M., Baeza-Álvarez, J., Honorato-Zimmer, D., López-Xalín, N., Vásquez, N., … & Thiel, M. (2025). Abundance, provenance, and characteristics of plastic beverage bottles in human settlements and on beaches of the Latin American Pacific region: a citizen science study. Journal of Cleaner Production, 521, 146234.

Imagen principal: clasificación de botellas plásticas recolectadas en Costa Rica para su análisis. Foto: cortesía Juan Manuel Muñoz-Araya.

El artículo original fue publicado por Olivia Maule en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El transporte marítimo, la columna vertebral del comercio mundial, se ha quedado como barco detenido en altamar en sus metas climáticas, luego de que la Organización Marítima Internacional (OMI) decidió postergar hasta 2026 la adopción formal de una regulación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para las grandes embarcaciones, la cual prometía marcar un nuevo rumbo en este sector, que contribuye con el 3 % de las emisiones contaminantes en el mundo.

Leer más: Efecto saltamontes: la crisis climática libera contaminantes del pasado atrapados en el hielo de la Antártida

Se trata del Marco Cero Neto (Net Zero Framework), un nuevo esquema que busca acelerar la descarbonización en el transporte marítimo mediante dos medidas principales: un estándar mundial de combustibles para limitar las emisiones y un sistema de impuestos a pagar para quienes superen este límite.

Este nuevo sistema —que fue aprobado por los Estados en abril de 2025 y debía ser adoptado formalmente este mes, antes de entrar en vigor en 2027— obligaría a todos los grandes buques del mundo, incluidos los cruceros, a reducir drásticamente sus emisiones en un 17 % para 2028, con objetivos cada vez mayores. Si no lo hicieran, pagarían un impuesto.

El acuerdo histórico, que forma parte del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL), podría eliminar 1000 millones de toneladas métricas de carbono anualmente para 2050, de acuerdo con la organización Ocean Conservancy.

Las diferencias entre los países por el costo de esta transición energética, así como en el sistema de precios al combustible, han postergado acciones en medio de la crisis climática que afecta también a los océanos.

Especialistas consultadas por Mongabay Latam explican los factores que frenaron este plan, sus implicaciones, pero también las alternativas que pueden implementar los países para no dejar correr más tiempo valioso.

La resistencia política a la descarbonización

Los países petroleros o productores de combustibles fósiles fueron los principales opositores a la adopción del acuerdo Marco Cero Neto. Incluso, presionaron a otras naciones para posponer la decisión, cuenta Delaine McCullough, gerente de política de emisiones de transporte marítimo de Ocean Conservancy, organización que incluso ha participado activamente en las negociaciones globales.

Entre estos países está Estados Unidos, que previamente había anunciado su rechazo a la iniciativa, al considerar que es un impuesto recaudado por una entidad “que no rinde cuentas” (Naciones Unidas), que “perjudica” a los estadounidenses y “beneficia” a China. Incluso, el presidente Donald Trump se indignó con la propuesta y dijo que su administración no tolerará un “impuesto verde y fraudulento”.

“Fueron bastante expresivos, pero no fueron los únicos. [Estados Unidos] fue parte de un grupo que incluyó a Arabia Saudita, Irán, Irak, Rusia, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, muchos de los países que producen petróleo y gas”, explica McCullough a Mongabay Latam.

La especialista considera que esta pausa fue una salida fácil para los países que sintieron la presión de adoptar o rechazar el acuerdo. Sin embargo, destaca que la negociación ya cuenta con el respaldo de la mayoría de los países.

“Ha llevado mucho tiempo llegar a un conjunto de políticas consensuadas. Se trata menos del transporte marítimo y más de acuerdos multilaterales, son muy difíciles. Cada país tiene sus propios intereses y prioridades políticas, económicas y de desarrollo social”, sostiene McCullough sobre la dificultad de concretar estos acuerdos.

Para Nancy Carmina García Fregoso, coordinadora legal del Equal Routes, una organización dedicada a la investigación para descarbonizar la industria marítima, el retraso del plan Marco Cero Neto fue una forma de evadir la realidad del planeta.

“Se desperdicia una gran oportunidad para abordar o mitigar la contribución del transporte marítimo al cambio climático. La cuestión geopolítica jugó un papel muy importante para que se pospusiera la votación un año más”, sostiene la especialista.

García destaca que esta decisión también envía una señal a la industria marítima que se queda sin regulación en plena crisis climática.

“Aunque el Net Zero Framework no era perfecto, sí hubiera sido un paso muy importante para cumplir con los compromisos de la OMI. La industria marítima respalda el acuerdo y se le dejó desprovista en un marco regulatorio”, explica García a Mongabay Latam.

En tanto, Jaqueline Valenzuela Meza, directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA), un centro ciudadano y científico especializado en energía, interpreta esta pausa como un rechazo a la acción climática que favorece a empresas que buscarán protegerse de medidas que busquen reducir la emisiones contaminantes.

Leer más | Acuerdos para reducir las emisiones del transporte marítimo son considerados “débiles” por organizaciones ambientales

“Estaban las condiciones dadas para que se hiciera una reiteración del compromiso de todos los países y este ‘retraso’ es un ‘no’ disfrazado. En este tiempo que esté pospuesto se van a generar mecanismos desde el sector de transporte marítimo para blindarse de compromisos”, expone la especialista en desarrollo sustentable.

Impuestos y combustibles “limpios”, una discusión clave

Si bien la adopción del marco regulatorio se retrasará al menos un año, el Grupo de Trabajo Intersesional sobre la Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de los Buques siguió trabajando en aspectos técnicos clave, como la certificación de combustibles alternativos y su eficiencia energética.

Conocidos como Directrices sobre la intensidad de los GEI del ciclo de vida de los combustibles marinos (LCA, por sus siglas en inglés), son la base del acuerdo y se utilizan para calcular si los barcos cumplen con sus objetivos de reducción de emisiones.

“Toman cada combustible o fuente de energía, por ejemplo, la eólica, y analizan las emisiones de ese combustible en particular a lo largo de su ciclo de vida completo: desde la producción, el transporte y la carga en el barco hasta su combustión o uso”, explica McCullough.

Estos criterios técnicos también son sumamente importantes para determinar el impuesto que pagarían las embarcaciones que no cumplan con el estándar mundial de combustible.

El mecanismo contempla dos tarifas, una de 100 dólares por tonelada de emisiones y una segunda que establece una reducción mínima de emisiones, la cual de no cumplirse establece un pago de 380 dólares por tonelada de emisiones. Este sistema de precios generaría ingresos por entre 11 000 y 13 000 millones de dólares anuales que se destinarían de forma equitativa a países con menor desarrollo.

Si un buque emite por debajo de lo permitido, puede acumular o intercambiar sus sobrantes. Incluso si cambia a combustibles de emisiones “cero o casi cero”, puede obtener recompensas económicas.

Sin embargo, McCullough destaca que habrá un reto para definir cómo distribuir los fondos generados para recompensar e incentivar el desarrollo de combustibles más sostenibles y garantizar que los países tengan las mismas oportunidades de participar en la transición energética.

Por otro lado, García advierte que el acuerdo también deberá cuidar que el uso de combustibles basados en metano, como el gas fósil, no sean incluidos como sostenibles, pues tienen un efecto de calentamiento 80 veces más alto que el dióxido de carbono (CO2).

“Es muy importante que se asegure que los combustibles basados en metano no formen parte de las alternativas o de las vías para lograr la descarbonización. Para alcanzar los objetivos de reducción del calentamiento climático es indispensable prescindir del metano”, insiste la especialista.

Aún hay alternativas

Pese al aplazamiento de la acción climática en el transporte marítimo, las especialistas señalan que no todo está perdido y destacan alternativas que los países pueden implementar para cumplir con los objetivos acordados ante la OMI: reducir las emisiones anuales al menos un 20 % para 2030, un 80 % para 2040 y lograr emisiones netas cero en 2050, “o cerca de esa fecha”.

García señala que uno de los aspectos que se pueden implementar y mejorar es el Indicador de Intensidad de Carbono, o también conocido por sus siglas en inglés como CII, el cual mide la eficiencia de un buque mediante una calificación anual basada en el consumo de combustible, las emisiones hechas por la carga transportada y la distancia recorrida.

“Los Estados miembros pueden enfocarse para transformar esta unidad de medida y hacerla incluso mucho más eficiente para cambiar el rumbo. Podría ser una medida a corto plazo que podría ayudar a cambiar el rumbo de posponer la decisión para el Net Zero Framework”, explica.

También destaca la agilización de operaciones portuarias para acortar el tiempo en los puertos y la prohibición de scrubbers, dispositivos especiales que adoptaron las navieras para filtrar sus emisiones contaminantes en el aire, pero que vierten toxinas al agua.

“Es algo que se puede adoptar en países que no tienen, por ejemplo, acceso a innovaciones más costosas, como el uso de energía eólica. La conectividad eléctrica en los puertos podría permitir a las embarcaciones conectarse a la red y la prohibición del uso de los scrubbers podría contribuir a la reducción del carbono negro y el metano”, expone.

Otra de las alternativas, señala McCullough es reducir la velocidad de los buques, lo que implicaría menos emisiones de gases contaminantes.

“Es una de las formas más rápidas de reducir las emisiones y más eficientes. No solo se aborda el impacto climático, sino que al reducir la velocidad y aplicar otras medidas, como la limpieza completa de los buques, se reduce el ruido submarino, que tiene un gran impacto negativo en mamíferos marinos como las ballenas”, afirma la especialista.

En cuanto al uso de biocombustibles, Valenzuela no descarta su uso como alternativa, sin embargo señala la importancia de descarbonizar al sector y no solo sustituir combustibles que pueden implicar costos ambientales.

“Algunas empresas están hablando de biocombustibles, como bioetanol, como exploración de combustibles alternativos. Los esfuerzos y las narrativas de las navieras deben transitar a la descarbonización. No sirve de nada que hagamos esfuerzos de estar probando otros combustibles que nos van a mantener en una matriz energética sucia”, sostiene.

El Comité de Protección del Medio Marino de la OMI volverá a sesionar en abril de 2026, donde se espera, ahora sí, una adopción formal para que la acción climática del transporte marítimo reafirme su rumbo.

Imagen principal: las emisiones del transporte marítimo seguirán sin una regulación formal, al menos hasta 2026. Foto: cortesía UNCTAD

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la caleta de Puerto Pizarro, el último puerto artesanal al norte de Perú, un grupo de pescadores pinta una embarcación mientras un hombre enfundado en un traje azul los observa desde el malecón. Son las primeras horas de la mañana y, aparte de ellos y los gallinazos que sobrevuelan la playa, no hay más actividad. “Solo hacen eso”, dice uno de los pescadores refiriéndose al hombre que los vigila. Es un “informante” que mira, en silencio, quién entra y sale del mar. Aquí, todos los pescadores deben pagar una extorsión para poder salir al mar a trabajar. 

“Nosotros no les tenemos miedo a los piratas, vamos a hablar, estamos cansados de ellos”, dice el pescador decidido, aunque instintivamente baja el tono de voz como si alguien lo pudiera escuchar. 

Mientras tanto, del otro lado de la frontera, en la provincia ecuatoriana de El Oro, la policía recibe la alerta de disparos en un barrio de Puerto Bolívar. La calle principal se ha cerrado para velar el cuerpo de un supuesto pescador al que dispararon en alta mar. La policía sospecha que pertenecía a alguna de las bandas de narcotraficantes que, en su disputa por el control del puerto, han llenado de balas las paredes de las casas. 

Sorteando un gran hueco en el piso ocasionado por un explosivo dejado en medio de los enfrentamientos entre grupos criminales, una mujer lamenta la muerte de dos de sus hijos. 

Así comienzan las dos historias que conforman esta investigación de Mongabay Latam. Durante ocho meses, un equipo periodístico se sumergió en las actividades de las caletas de las provincias fronterizas de Tumbes, en el norte de Perú, y de El Oro, en el sur de Ecuador, para entender qué hay detrás de las extorsiones que mantienen acorralados a los pescadores artesanales de ambos países. 

Los hallazgos dan cuenta de cómo el negocio criminal de las extorsiones se ha convertido en un brazo clave en la logística del narcotráfico para controlar las rutas marítimas de contrabando. Además, demuestran que en la compleja y dinámica red de actores criminales, la peligrosa banda ecuatoriana Los Lobos se ha expandido hacia el sur extorsionando también a los pescadores peruanos. En medio de este entramado criminal, la falta de recursos marinos debido a la sobreexplotación pesquera tiene un impacto enorme: hacer de la pesca artesanal un terreno fértil para la violencia.

A inicios de septiembre pasado, casi 300 kilos de cocaína ocultos en un contenedor con destino a México fueron incautados por la Policía Nacional de Ecuador en el puerto de Guayaquil. Cada tanto, casos como este son titulares en los medios de comunicación del mundo entero. Transportar droga en contenedores y buques que salen de los puertos es una de las principales estrategias para exportar estupefacientes, explica Renato Rivera, experto en crimen organizado transnacional, puesto que “en una sola embarcación puedes meter hasta una tonelada de cocaína”. Sin embargo, no toda la droga se trafica de esta manera. Otros prefieren aprovechar la vastedad y aislamiento de alta mar. Es ahí donde los pescadores artesanales se hacen necesarios. 

“Se piensa que el tráfico marítimo de cocaína solo se mueve de un punto A a un punto B, a través de embarcaciones a gran escala y no es así”, indica Rivera. En las embarcaciones artesanales, se trasladan cargamentos más pequeños de droga que, mar adentro, son traspasados a embarcaciones de mayor tamaño. 

Un oficial de alto rango de la Policía de Ecuador, que participó en una investigación sobre crimen organizado en El Oro y quien pidió reserva de su identidad, explica el modus operandi: “Hacen relevos. Una lancha va con combustible hasta cierto punto del mar, ahí entregan a otras lanchas que tienen mayor cantidad de combustible y van haciendo relevos hasta llegar a la zona del archipiélago de Galápagos, que es donde encaletan y abordan los buques”. 

Para llevar adelante esa operación, la extorsión es clave. Si los pescadores no pagan, son atacados en altamar por los piratas. Los motores robados durante el ataque son utilizados para equipar las embarcaciones que transportan la droga hacia altamar.

En una resolución judicial peruana a la que Mongabay Latam tuvo acceso, un testigo clave y un agente especial señalan que los piratas trasladan los motores robados en cámaras frigoríficas hacia Piura, uno de los puertos clave en la exportación de drogas, según información del Departamento de Operaciones Especiales de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú.

Pero los pescadores también son presionados por las bandas de narcotráfico para que sean ellos mismos quienes transporten la droga hacia los buques grandes o, dependiendo de las características de la embarcación, la lleven a otros destinos.
“Los Choneros [una de las bandas de narcotraficantes ecuatorianas] aprendieron hace 15 años del [cártel de] Sinaloa, y de sus propios procesos internos, que era mucho más rentable mover 15 embarcaciones pesqueras que tratar de ‘contaminar’ el puerto como tal [ingresar droga al puerto]. Por eso, los pescadores artesanales y el movimiento de cocaína alrededor de esta dinámica son bien representativos”, asegura Rivera.

Los Lobos y las extorsiones en Perú

En Ecuador, “Los Lobos son los más predominantes alrededor de las extorsiones”, asegura Rivera, pero esta investigación da cuenta de que esa predominancia ya está presente también en la costa norte de Perú. Los pescadores de Puerto Pizarro y las otras caletas de la provincia de Tumbes señalan a este grupo ecuatoriano —catalogado como organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos y socio clave del Cártel de Jalisco Nueva Generación— como la principal organización que los extorsiona y persigue. 

Esta información es corroborada por una autoridad de la policía en la zona que pidió no ser identificada. “La banda que les cobra cupos es la de Los Lobos. Los ecuatorianos”, dijo. Además, el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Perú (Dirincri) en la zona macro norte, coronel Luis Castillo, reconoce que Los Lobos están presentes en el territorio. Fuentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas en Ecuador también confirmaron que Los Lobos han reclutado gente en el lado peruano y que están operando en actividades de extorsión a pescadores y contrabando. 

De acuerdo con los pescadores, el grupo criminal opera de manera directa y también a través de bandas locales. De hecho, para Nicolás Zevallos, es importante no subestimar la acción de actores criminales locales pensando que la gran amenaza es externa. “En los últimos años se ha hecho más visible efectivamente la presencia de los actores regionales, pero su capacidad de operación efectiva a nivel local está muy asociada a las estructuras criminales disponibles en cada país. No es que han llegado a colonizar un espacio peruano, sino que han llegado a hacer negocios”, indica. 

El equipo periodístico confirmó que existen nombres que se repiten al preguntar sobre los principales extorsionadores locales que operan en Puerto Pizarro. Sin embargo, la red de participantes en el negocio es dinámica y versátil. “Cada vez que hacemos la revisión y salimos a campo a pedir más información, nos dan cinco nombres nuevos porque se transforman, mutan o se recomponen”, explica Zevallos.

Incluso, un oficial de la policía en Puerto Pizarro declaró que en muchos casos Los Lobos usan menores de edad que son reclutados en Zarumilla para cobrar las extorsiones y para intimidar a sus víctimas. Por razones de seguridad, pidió que su nombre se mantuviera en reserva. 

Provistos de armas que son contrabandeadas a través de células del Tren de Aragua, de acuerdo con agentes antinarcóticos de la Policía de Ecuador, Los Lobos mantienen una guerra con bandas rivales por el control de este puerto peruano, lo que ha desatado una ola de violencia. 

Información del Ministerio del Interior de Ecuador indica que la provincia de El Oro está entre las cinco con mayor cantidad de homicidios intencionales (homicidios, asesinatos y sicariatos), con 2098 registros entre 2014 y 2024. Según esta misma fuente, los asesinatos a pescadores también han aumentado. En 2014, solo se registraron cinco casos en todo el país, mientras que en 2024 hubo 45 casos. Organizaciones de la sociedad civil advierten, sin embargo, que en esas cifras hay un importante subregistro. 

En Perú, los números son dispares. Entre 2020 y 2024, la Marina registró 61 denuncias por ataques en altamar, pero la Policía sólo cuenta seis. Para una primera investigación publicada en enero de este año, Mongabay Latam identificó que aproximadamente 20 pescadores habían sido asesinados por piratas en los últimos 20 años. Mientras se desarrollaba este reportaje fueron asesinados tres pescadores más.

“Amigos de nosotros han muerto, varios, con disparos en la cabeza. Los liquidan. Ellos [los piratas] llevan fusiles, buenas armas. ¿Por qué están tan armados? Por la droga. La droga es oro”, dice un pescador de Puerto Pizarro.

La pesca se agota

En este escenario, la escasez de recursos marinos debido a la sobreexplotación pesquera es un factor que agrava la situación. En Ecuador, el problema se puede percibir sobre todo en la escasez de especies clave como dorado, pulpo y langosta, asegura la bióloga marina Janice Márquez De La Plata. Cada vez, los pescadores deben ir más lejos para conseguir capturas, lo que ha aumentado los costos de las faenas y disminuido las ganancias. 

En Perú, también existe evidencia científica de que especies clave para la pesca artesanal están sobreexplotadas. Inclusive, científicos demostraron que aunque la cantidad de embarcaciones artesanales ha aumentado, eso no se ha traducido en más pesca, al contrario. A partir de 2014, las capturas cayeron considerablemente y, según Santiago De la Puente, el investigador principal del estudio, ello se debe a que muchos de los recursos fueron pescados en exceso.

“Antes, uno iba, dos, tres horas y ya venía con su carga. Ya estaba el día costeado. Ahora, la gente se va a las cuatro, cinco de la mañana y está volviendo a las cinco de la tarde. La pesca ahora es de suerte”, comenta un hombre que pescador en Ecuador hace 20 años. 

De acuerdo con Márquez De La Plata, quien es presidenta de Sustainable Ocean Alliance en Ecuador, ello ha empujado a algunos jóvenes a migrar o a caer en redes criminales. 

Sumado a la escasez de recursos, la pandemia también agravó el escenario de vulnerabilidad, explica Rivera. “Por un lado tienes la sobreexplotación, es decir, [los pescadores] tienen que viajar más lejos y necesitan más recursos para hacerlo y, por otro, tienes el fenómeno de la pandemia que ya impactó al sector pesquero porque es un sector informal. Son los grupos criminales quienes aprovechan ese tipo de vulnerabilidades”.

El artículo completo fue publicado por en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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