Actualmente, el historiador Arnaud Exbalin es profesor titular en la Universidad Paris Nanterre, así como investigador en el laboratorio Mondes Américains de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Además, desarrolla diversos proyectos de investigación en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA). Entre sus artículos más recientes se encuentran The Riot of 8 June 1692 in Mexico City: A Challenge to the Colonial Order? publicado en Urban History; Alumbrado y seguridad: Ciudad de México (1760-1810) publicado en la revista Antropología. Revista Interdisciplinaria del INAH; y Una ciudad sin coches que apareció en Relatos e Historias en México, entre otros. En esta oportunidad conversamos con él sobre su interés por los animales, de sus influencias vitales, y de su más reciente libro que se encuentra en proceso de traducción al castellano.

1. ¿En qué momento de su trayectoria académica se interesó por los animales en la historia?

Desde que inicié mi carrera como investigador, la ciudad ha estado en mi área de interés. Me he acercado a ella especialmente desde la historia social, abordando temas como la historia de la policía en el siglo XVIII. Y me refiero a policía en su sentido antiguo, es decir el orden de la ciudad. En esta apuesta convergen la seguridad, el ornato, y el alumbrado entre otros temas. Por ejemplo, hice varios artículos sobre el desarrollo del alumbrado público, la limpieza, los censos y dentro de este amplio abanico de las tareas policiales, también se inserta el manejo de los animales, aquellos que fueron denominados “vagos”. Sin embargo, mi interés por los animales va mucho más allá de lo académico, y surgió desde mi niñez. Me crie en el campo, y como pescador desarrollé una capacidad de observación que me permitió crear una conexión muy fuerte con el medio ambiente y apreciar con detenimiento la naturaleza.

2. ¿Qué libros influenciaron su formación como historiador de los animales?

Curiosamente, los libros que más me influenciaron no fueron los de historia precisamente, sino dos de antropología y de geografía histórica. Me refiero a Man and the Natural World: Changing Attitudes in England, 1500-1800 de Keith Thomas que se publicó en 1983 y fue un pionero en abordar de esa forma la relación entre humanos y naturaleza. El segundo es un trabajo excepcional del geógrafo crítico francés, Jean Malaurie, Los últimos reyes de Thule : los esquimales del Polo. En esta obra evidenció que los perros lo eran todo para los habitantes de esta región del planeta, y sin ellos no podían sobrevivir, ya que les ayudan a ubicarse cuando hay tormentas y a cazar, algo fundamental debido a su dependencia al consumo de carne para obtener energía. Dos obras que despertaron una profunda sensibilidad en mi por la interacción entre los humanos y animales.

3. La historia de los animales es muy reciente dentro de la historiografía mundial. ¿Por qué cree que los historiadores de Annales, los historiadores marxistas británicos y los historiadores alrededor de Quaderni storici no abordaron a los animales o construyeron una metodología robusta para hacerlo?

Durante siglos, los animales no recibieron mucho interés por parte de los historiadores y fueron considerados seres vivos sin historia. Aquellos investigadores que se interesaban por ellos provenían principalmente de la zoología, y la etología. Por supuesto, esto ha cambiado radicalmente durante las últimas dos décadas. Particularmente, mi interés por los animales se puede enmarcar en la metodología de los Annales, especialmente en la línea de los subalternos. Me refiero a los que no tienen voz. Además, me inspiró mucho la manera de abordar los procesos sociales de la microhistoria italiana, especialmente del cambio de escala. Como usted sabe, para observar a los perros hay que disminuir la escala. Sin embargo, quisiera aclarar que no considero que mi libro se pueda encasillar en la historia animal, ya que no trabajo desde el punto de vista del animal directamente, sino que me concentro en el vínculo que se construye entre los habitantes de la ciudad y los animales y sobre lo que nos dice esta relación de los cambios societales.

4. Cuéntenos por favor sobre su proceso de acercamiento al Archivo Histórico de la Ciudad de México y por qué se interesó en la manera en que las autoridades coloniales lidiaron con los canes en la Nueva España.

Cuando comencé mi doctorado sobre la historia de la policía de la Ciudad de México, en el siglo XVIII comencé a revisar los lienzos disponibles en el Archivo de la Ciudad, me encontré con el volumen 36-62, titulado “Matanzas de perros” (De allí es que proviene el título de mi libro). Estos documentos evidencian la preocupación real, tanto del cabildo de la ciudad, como de los virreyes por los desórdenes que causaba la población canina. Es a través de estas discusiones que los perros se erigen como seres nocivos. Por ejemplo, encontré un bando de limpieza de la ciudad de 1790 con 13 artículos, y el primero de ellos se ocupa de la sobrepoblación de los perros callejeros. Eso evidencia la importancia y urgencia de este tema para las autoridades coloniales y locales.

Por favor, cuéntenos mucho más sobre lo que significó este hecho para el gobierno de la entonces Ciudad de México….

Las matanzas de perros fueron una estrategia para gobernar la ciudad. Dicha estrategia también se extendió a los humanos de una manera diferente. Cuando los humanos, que eran señalados “vagos” por las autoridades, vieron a los serenos perseguir a los canes se identificaron con ellos, pues eran parte de su cotidianidad en las calles de la ciudad. Es decir que la violencia material ejercida contra los canes terminó impactando a los humanos de manera simbólica. Este podría señalarse como el primer impacto. Pero también hubo un segundo efecto, esta vez sobre los dueños de los canes. Para la época era común que muchos de ellos los dejaban salir para que luego regresaran. Pero con el peligro de que pudieran caer bajo garrotazos de los serenos, comenzaron a cambiar sus prácticas. Se vieron obligados a encerrarlos, a destinar un espacio para ellos y a usar bozales y correas para llevarlos. Este acercamiento entre el perro y el ser humano, propiciado por las matanzas, generó una serie de normas y obligaciones hacia las mascotas: recoger sus excrementos, controlar su sexualidad, educarlos para que no ladraran ni se acercaran a las jóvenes, entre otras. Esta educación se desarrolló como una matriz de nuestra civilización urbana, matriz que tenemos actualmente en la mayoría de las ciudades del mundo occidental.

5. ¿Es la historia animal un subcampo de la historia cultural o es completamente diferente?

Existen mil maneras de escribir la historia de los animales, ya sea que nos ubiquemos dentro del campo de la historia cultural, por ejemplo, para los que se interesan sobre la evolución de las representaciones de los animales en la larga duración: estudios sobre el oso en el arte occidental de la Edad Media hasta la actualidad o a la historia del lobo. También, podemos encontrar abordajes de consumos intensivos de algunos animales como el bisonte en América del Norte desde la historia social. Más recientemente, ha surgido una corriente que le apuesta a la historia desde el punto de vista del animal mismo. Una tarea compleja, pues requiere una formación en etología que permita enriquecer la lectura de los archivos. En Francia hay un investigador que cultiva esta apuesta: Eric Baratay. Como señalaba al inicio, hay muchos caminos que se pueden tomar al momento de investigar a los no-humanos en el pasado. También, podríamos pensar que la historia animal se encuentra inmersa en la historia ambiental. Sin embargo, la corriente que me interesa es la historia social donde los humanos interactúan con los animales y el medio ambiente.

6. En el mundo colonial español, algunos animales también eran vestidos con ropas especiales para ellos. Desde el XIX, como muestra Harriet Ritvo, se consolida el conocimiento de las razas de animales y la preferencia por cierto tipo de ellas para alcanzar la distinción. Mientras que unos eran cuidados, otros eran desechados. ¿Cuál cree que es el mayor cambio que ha tenido lugar actualmente en el vínculo entre humanos y los perros? ¿Seguimos siendo tan crueles como antes?

El cambio más significativo está en la forma de tenencia de las mascotas. Si bien podemos ubicarlos en algunos espacios y reinos donde eran amados y protegidos en la antigüedad, no era una generalidad. Hoy, las mascotas tienen un lugar más protagónico en las ciudades. Cada vez las principales capitales del mundo se van adaptando para darle cabida a las mascotas. El segundo cambio es el crecimiento de una economía del bienestar animal, con una oferta diversa en torno a las mascotas: spas, educación especializada, servicio de etología, jardines, etc. No podríamos dejar de mencionar la legislación que existe para protegerlas, que se ha venido refinando. Sin embargo, siguen existiendo muchos casos de crueldad hacia los animales.

7. Háblenos por favor sobre su nuevo libro. ¿Qué podrán encontrar los investigadores interesados en los animales y la ciudad en su más reciente obra La grande tuerie des chiens?

Mi libro parte de la documentación disponible en el Archivo de la Ciudad de México -Pero no exclusivamente-. Especialmente aborda los expedientes de matanzas de perros que datan de 1700. Al revisarlos, encontré que entre 1790 y 1800 fueron eliminados más de 35,000 perros en la ciudad. ¿Por qué los mataron? ¿Para qué? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo reaccionaron los vecinos a este proceso? Fueron algunas de las preguntas que me surgieron y que comencé a responder a través de un ejercicio microhistórico centrado en las matanzas. Este análisis me permitió, además, comparar lo que sucedió en CDMX con otras grandes capitales del mundo como París, Estambul y Madrid.

Quisiera destacar tres ideas centrales en el libro. La primera es que sí existieron canicidios en gran parte de las ciudades occidentales a finales del siglo XVIII hasta el siglo XX. La segunda es que el exterminio de los perros refleja nuevas formas de gobernar la ciudad: limpieza, seguridad, tranquilidad (una palabra clave). Y la tercera idea es que a partir de estas matanzas nació una nueva civilidad urbana donde esta normativa creada para controlar a las mascotas resultó domesticando al mismo tiempo al ciudadano.

Bibliografía para conocer su obra 

Exbalin, Arnaud. La grande tuerie des chiens: Mexico en Occident XVIIIe-XXIe siècles. Paris: Champ Vallon, 2023.

Exbalin, Arnaud. “Los alcaldes de barrio: Panorama de los agentes del orden público en la ciudad de México a finales del siglo XVIII.” Antropología. Revista Interdisciplinaria del INAH, no. 94 (abril 2012): 49-59.

Exbalin, Arnaud. “Alumbrado y seguridad: Ciudad de México (1760-1810).” Antropología. Revista Interdisciplinaria del INAH, no. 4 (junio 2018): 43-54.

Exbalin, Arnaud. “Una ciudad sin coches.” Relatos e Historias en México, no. 151 (2023).

Exbalin, Arnaud, Guillaume Gaudin, Aliocha Maldavsky, Pierre Ragon y François Regourd, eds. Immensités impériales et vies minuscules: Hommages à Thomas Calvo. Nanterre: Presses Universitaires de Paris Nanterre, 2024.

Exbalin, Arnaud, coord. Collection de documents pour comprendre les Amériques, vol. 1: Le Mexique. Mexico: CEMCA/IRD, 2013.

Exbalin, Arnaud. “Perros asesinos y matanzas de perros en la ciudad de México: Siglos XXI-XVIII.” Relaciones, vol. XXXV, no. 137 (invierno 2014): 48-61.

Exbalin, Arnaud. “Los alcaldes de barrio: Panorama de los agentes del orden público en la ciudad de México a finales del siglo XVIII.” Antropología, no. 94 (enero-abril 2012): 49-59.

Exbalin, Arnaud, M. de Alba, R. Rodríguez y O. Domínguez. “El ambulantaje en imágenes: Una historia de representaciones de la venta callejera en la Ciudad de México: Siglos XVIII-XXI.” Cybergeo: European Journal of Geography, abril 2007.

Exbalin, Arnaud. “Géographie du vice à Mexico: Les pulquerías dans la ville illustrée.” Trace, no. 49 (junio 2006): 30-41.

Exbalin, Arnaud. “Villes et mondes urbains en Amérique latine au XVIe siècle.” En La péninsule ibérique et le monde (1470-1640), editado por Guy Saupin, 219-242. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2014.

Exbalin, Arnaud. “The Riot of 8 June 1692 in Mexico City: A Challenge to the Colonial Order?” Urban History, Cambridge University Press, 2015.

La foto destacada del gran Kapax, es de Alexander Prieto Osorno, publicada en Revista Diners.

Por estos días se celebra en Cali, la mayor ciudad de la región del Pacífico colombiano, la Conferencia de las Partes (COP) 16 del Convenio de Biodiversidad de las Naciones Unidas, uno de los eventos más importantes para el ambiente del mundo, en un momento crítico, por el cambio climático, por lo cual es apropiado referirnos a un pionero en Colombia en la defensa del ambiente y la diversidad biológica. En un momento decisivo, en el cual la selva del Amazonas sufre por incendios y deforestación.

Hace algún tiempo, publiqué en El Correo del Golfo una columna sobre el río Magdalena en Colombia y un amable lector, que juiciosamente estuvo leyendo la reciente nota, me pidió que ampliara la información sobre Kapax, el llamado “Tarzán colombiano”, a quien mencionaba en ese artículo y con gusto paso a responderle, así sea de manera tan extemporánea. Para quien desee leer la columna referida puede hacerlo aquí: https://www.elcorreo.ae/opinion/dixon-moya/rio-magdalena-naturaleza-cultura/20210216074135071041.html

Kapax, cuyo nombre fue tomado de un pez muy veloz del Amazonas, ha tenido una existencia de novela, película o cómic, pero la verdad es que es un héroe de la vida real, su nombre real es Alberto Rojas Lesmes, nacido en Puerto Leguízamo, Departamento del Putumayo, hijo de colombiana y alemán (aunque al padre no lo conoció, porque abandonó a la familia) y desde muy joven se familiarizó con el entorno selvático en donde creció, al tiempo se desempeñó como marinero fluvial. Siendo un gran nadador y un pionero en la defensa del ambiente y la denuncia de la contaminación de los ríos, para dar visibilidad a su causa ambiental, a finales de los años setenta se propuso recorrer a nado el río Magdalena. 

El 29 de junio de 1976 inició una travesía que fue seguida por los medios de comunicación de la época, vestido únicamente con un taparrabos y un collar con un colmillo de jaguar, su recorrido duró un mes, nadando 6 horas diarias, entre las ciudades de Neiva, al sur del país en donde nace el Magdalena hasta Barranquilla, en donde entra al mar Caribe luego de 1528 kilómetros. Al finalizar su ruta, 39 días más tarde, Kapax ya era un personaje conocido a nivel nacional, así como su causa para rescatar al gran río de Colombia. Pronto fue conocido como el “Tarzán colombiano”.

Su hazaña fue de tal magnitud, que pronto se convirtió en un personaje mediático, protagonizando historietas, una fotonovela que fue muy exitosa e incluso su propia película de aventuras. Kapax integró la galería de referentes para toda una generación de niños y jóvenes colombianos, pero con una condición muy particular, a diferencia de aquellos super héroes de papel o de la radio y la televisión, era uno de verdad y se trataba de un paisano. 

El cine es capítulo aparte, en 1980 se estrenó “Kapax del Amazonas” que fue codirigida por el colombiano Miguel Ángel Rincón y el español Aldo Sambrell. Sambrell fue un actor y director que participó en varios clásicos del spaghetti western, lo que se llamó la trilogía del dólar, Por un puñado de dólares (1964), La muerte tenía un precio (1965), El bueno, el malo y el feo (1966). La película de Kapax, también fue conocida como El Hombre del Grande Río, Kapax, el hombre leopardo o Mundo Verde, tuvo su punto controvertido porque la protagonista (María Bauza), aparecía desnuda en algunas escenas. El productor de la película es el mismo Aldo Sambrell, pero en los créditos aparece como Alfred S. Brell (su nombre real era Alfredo Sánchez Brell).  

Kapax en los últimos años se desempeñó como guía turístico y asesor pedagógico del hotel Decamerón en la ciudad de Leticia, capital del Departamento del Amazonas, la ciudad más meridional del país, la puerta de oro a la selva amazónica. Hace unos años, con mi esposa Patricia, tuvimos el honor de conocer a Kapax y compartir con él, como seguramente muchos visitantes que ha tenido esa localidad. 

Kapax, quien cuenta con un monumento en su Amazonas del alma, en donde aparece con su amiga, la anaconda, es un verdadero héroe de la defensa de la naturaleza, un adelantado a su tiempo, quien sigue sufriendo con la destrucción de los recursos naturales, alguien que ya alertaba sobre los riesgos, de lo que ha venido alimentando la crisis climática, por el consumo depredador de quienes no hemos entendido que no hay planeta de reserva. Gracias Maestro Kapax, por enseñarnos el valor de la vida. 

Postdata: Hablando de coincidencias y de “tarzanes”, mientras escribo estas líneas me entero del fallecimiento de Ron Ely, actor estadounidense que protagonizó entre 1966 y 1968 la serie televisiva “Tarzán”. Ely fue el equivalente en televisión a Johnny Weissmüller en el cine. Descanse en paz.

Dixon Acosta Medellín

En lo que sigo llamando Twitter a la hora del recreo me encuentran como @dixonmedellin 

Los 196 países que forman parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) tendrán que rendir cuentas. Por lo menos, eso es lo que se espera que suceda durante la Conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16) que se realizará en Cali, Colombia, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024.

Casi la totalidad de las naciones del planeta han ratificado el CDB, eso lo convierte en uno de los acuerdos internacionales más universales en materia de medio ambiente. Además, la COP16 genera mucha expectativa, ya que es la primera que se realiza después de que se adoptó el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal en 2022, el cual establece una hoja de ruta estratégica para la conservación y gestión sostenible de la biodiversidad global hasta el año 2030.

En el Marco Global se plantearon 23 metas para atender el enorme problema de la crisis de biodiversidad que enfrenta el planeta, debido a factores como la pérdida de hábitats, el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales.

Los reflectores están puestos sobre la ciudad de Cali, porque es allí donde los países deberán presentar sus Planes de Acción y Estrategias Nacionales para la Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés), en los que deben informar cómo cumplirán con las metas que suscribieron hace dos años en la COP15 realizada en Montreal, Canadá.

Lee más |Comunidades kawésqar denuncian obstrucción de la consulta indígena

Las 23 metas y los planes de acción de biodiversidad

Las 23 metas del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal se dividen en tres secciones. Las primeras ocho tienen como objetivo reducir las amenazas a la biodiversidad. Entre ellas están que, para 2030, al menos el 30 % de las áreas terrestres y de aguas continentales y al menos el 30 % de las áreas oceánicas del mundo estarán protegidas y gestionadas de manera efectiva y equitativa, contando con la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y que al menos un 30 % de las zonas de ecosistemas terrestres, de aguas continentales, costeros y marinos degradados estén siendo objeto de una restauración efectiva.

También se pretende adoptar con urgencia medidas de gestión para la recuperación y conservación de las especies, en particular, especies amenazadas; conseguir que el uso, la recolección y el comercio de especies silvestres sea sostenible, seguro y lícito; eliminar y reducir al mínimo las especies exóticas invasoras, así como reducir al mínimo los efectos del cambio climático y la acidificación de los océanos en la diversidad biológica.

Las metas 9 a la 13 tienen como fin satisfacer las necesidades de las personas mediante la utilización sostenible de la biodiversidad. Allí destacan temas como la gestión sostenible de especies silvestres en beneficio de las personas; mejorar la biodiversidad y la sostenibilidad en la agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura, y aumentar los espacios verdes y la planificación urbana.

Las metas 14 a la 23 plantean herramientas y soluciones para la implementación del Marco Global. En este grupo están, por ejemplo, integrar la biodiversidad en la toma de decisiones en todos los niveles; que las empresas evalúen, divulguen y reduzcan los riesgos e impactos negativos a la biodiversidad; garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones y acceso a la justicia y a la información relacionada con la biodiversidad, y movilizar 200 000 millones de dólares anuales para la biodiversidad, incluidos 30 000 millones de financiación internacional.

El Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal deberá cumplirse al año 2030 y reemplaza las 20 Metas de Aichi adoptadas en 2010 durante la COP10 celebrada, precisamente, en Aichi, Japón. Estas metas formaban parte del Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020. Sin embargo, la Secretaría del CDB concluyó, en 2020, que el mundo no alcanzó ninguna de las Metas de Aichi y que sólo seis de ellas se lograron parcialmente (9, 11, 16, 17, 19 y 20).

Una de las principales preguntas que surge ahora es, ¿qué se hará para que no ocurra lo mismo con el Marco Global que se aprobó en Montreal?

Expertos del World Wildlife Fund (WWF), The Nature Conservancy (TNC) y el Instituto Alexander von Humboldt en Colombia, creen que el nuevo Marco Global trató de incluir las lecciones aprendidas con las Metas de Aichi.

Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, comenta que “cuando se adoptaron las Metas de Aichi no existían mecanismos de reporte, monitoreo, verificación y cumplimiento de los compromisos. Lo que se hizo en Montreal fue adoptar muchos elementos de la discusión que se ha tenido en las agendas de clima, y así se adoptó un mecanismo con indicadores para hacer el monitoreo y un mecanismo que permita evaluar el cumplimiento de las metas. Todo esto para poder incrementar la ambición”.

Barrera menciona que en este 2024 los países tienen que entregar sus NBSAP y discutir temas que quedaron pendientes en 2022, sobre el marco de monitoreo que se usará para verificar el cumplimiento de esos planes de acción. “Para que no nos pase como con las Metas de Aichi”, enfatiza.

La entrega y análisis de los planes de acción es quizás la principal tarea en la COP16. Hay plazo para entregarlos hasta el inicio de la conferencia, pero hasta el momento sólo 16 de 196 países han entregado sus actualizaciones ante la Secretaría del CDB. El mismo Colombia, país sede de esta reunión internacional, aún no ha entregado la actualización de su plan, aunque la ministra Susana Muhamad ha dicho que se presentará antes del evento y desde hace varios meses se realiza un extenso programa de socialización y participación de la propuesta.

“Esta es una COP con un enfoque más de implementación y acción, donde lo que se requiere es una toma de decisiones que generen unas condiciones habilitantes para la implementación de ese Marco Global de Biodiversidad que se que se aprobó en la COP anterior (COP15 en Montreal)”, dice Catalina Góngora, líder de Política Pública en TNC Colombia.

Lee más | “Las mujeres indígenas en la Amazonía deben fortalecerse, deben tomar las decisiones y no quedarse calladas” | ENTREVISTA

Participación de pueblos étnicos y financiamiento de la biodiversidad

Góngora menciona que en la agenda de decisiones durante la COP16 hay varias temáticas centrales, pero destaca la adopción del Programa para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. Este programa entraría a desarrollar el artículo 8J que se fijó en 1992, en el documento que dio origen al Convenio sobre la Diversidad Biológica.

“Se espera adoptar un marco programático que reconozca el conocimiento tradicional de las comunidades en la gestión de la biodiversidad. Las comunidades étnicas también solicitan el reconocimiento de un cuerpo subsidiario para ellos, para poder participar más activamente en la Convención”, comenta.

Este es uno de los temas sobre los que más ha hablado la ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad: “En la COP16 se va a decidir la aprobación del plan de trabajo para los próximos 10 años para pueblos indígenas y comunidades locales. Si llegamos a un acuerdo en la COP16, esto implica cómo los gobiernos van a apoyar el trabajo de los pueblos indígenas, sus territorialidades y sus derechos, precisamente para que sean actores fundamentales en el cuidado de la diversidad biológica”.

Muhamad también comenta que los pueblos étnicos tienen dos aspiraciones: tener un cuerpo subsidiario permanente en la convención, es decir, quieren ser un organismo reconocido de forma permanente, lo que les dará más capacidad política de influencia, y tener acceso directo a recursos internacionales que se destinen para ese plan de trabajo.

Luisa Forero, oficial de Política y seguimiento Legislativo de WWF Colombia, menciona un segundo tema crucial en la COP16 y es el aumento de la financiación. “Se espera que la conferencia impulse la movilización de recursos financieros significativos para la implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad a nivel nacional e internacional”.

Para Forero, esto es vital para algunas metas como la 14, que busca integrar la biodiversidad en la toma de decisiones; la meta 15 que pretende que las empresas evalúen, divulguen y reduzcan los riesgos e impactos negativos a la biodiversidad; la meta 18 que busca eliminar gradualmente los incentivos, incluidas las subvenciones perjudiciales para la diversidad biológica en al menos 500 000 millones de dólares al año para el 2030, y la meta 19 —objetivo financiero por excelencia del Marco Kunming Montreal— la cual propone movilizar 200 000 millones de dólares anuales para la biodiversidad, incluidos 30 000 millones de financiación internacional.

“Esperamos que haya compromisos ambiciosos en términos del financiamiento para el fondo global de biodiversidad”, dice Ximena Barrera.

El fondo al que se refiere Barrera también se creó en el Marco Global Kunming-Montreal y busca proporcionar recursos a los países en desarrollo para ayudarlos a cumplir con sus compromisos de conservación, lo cual es crucial porque muchas de las regiones con mayor biodiversidad del mundo se encuentran en naciones con recursos económicos limitados. El fondo también busca incentivar prácticas de conservación efectivas mediante la financiación de proyectos que protejan ecosistemas y especies en peligro, promuevan el uso sostenible de los recursos naturales y fomenten la restauración de hábitats degradados.

Góngora menciona que hay mucha discusión sobre si este fondo permanecerá o no, pero hasta el momento la conversación se ha centrado en dejarlo funcionar hasta la COP17, cuando se debe presentar un primer informe de avance de cómo van los países en la implementación del Marco, “y dependiendo de eso evaluar si el mecanismo financiero funciona o se requieren otras medidas”.

El financiamiento, coinciden los expertos, es un tema transversal para lograr el cumplimiento de las 23 metas, debido a la significativa brecha entre el gasto actual en la conservación de la biodiversidad y las necesidades estimadas.

Forero destaca que, según datos de 2019, el gasto actual en conservación de la biodiversidad oscila entre 124 000 millones y 143 000 millones de dólares por año, mientras que las necesidades totales estimadas para la protección de la biodiversidad se sitúan entre 722 000 millones y 967 000 millones de dólares por año. “Esto deja una brecha actual de financiamiento para la biodiversidad que va desde los 598 000 millones hasta los 824 mil millones de dólares anuales”.

Lee más | Puerto Cabuyal: la comuna que protege una reserva marina en Ecuador

Agenda climática, monitoreo e información genética

Los expertos esperan que en Cali también se aborde la articulación de las agendas de clima y biodiversidad. Se espera que los países reconozcan la estrecha relación entre la biodiversidad y el cambio climático, buscando soluciones integradas que aborden ambas problemáticas de manera conjunta.

“Aunque la Conferencia de las Partes (COP) sobre el cambio climático (CMNUCC) y sobre biodiversidad (CDB) tienen sus propios espacios de negociación, es importante reconocer las sinergias”, menciona Luisa Forero.

El marco de monitoreo que se adoptó en Montreal durante la COP15 es otro de los temas prioritarios de negociación. Con él se quiere asegurar que los países puedan evaluar su desempeño en la implementación de las estrategias de conservación de la biodiversidad y ajustar las políticas si es necesario. Allí, dice Catalina Góngora, quedó pendiente por definir algunos indicadores para que permitan hacer la evaluación y es necesario que ese tema se aborde en Cali.

Forero también incluye entre las prioridades de negociación un tema científico y bastante complejo, pero no menos importante: poner en funcionamiento un mecanismo multilateral sobre el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de la información de secuencias digitales sobre recursos genéticos.

En palabras un poco más simples, esto se refiere a la información genética obtenida de secuencias moleculares de ADN, ARN, proteínas u otras estructuras biológicas que se pueden almacenar, analizar y compartir en formato digital sin necesidad de acceder físicamente al material biológico original.

Catalina Góngora incorpora un último tema en el listado de asuntos prioritarios a negociar. Para ella, es vital plantear una estrategia a largo plazo para la integración de la biodiversidad en diferentes sectores. “Este es uno de los puntos clave, pues no se trata sólo de proteger sino también de cómo negociamos y cambiamos la forma en que producimos y consumimos, pues esto es lo que, en buena medida, nos ha llevado a pérdidas de biodiversidad”, afirma.

Lee más | “La responsabilidad sobre cómo las empresas afectan los derechos humanos es de los Estados” | ENTREVISTA

“La COP de la gente y la paz con la naturaleza”

La COP16 que organiza el gobierno colombiano en Cali tiene como lema “Paz con la naturaleza”. El país sudamericano quiere establecer esta temática como eje transversal de todas las reuniones y eventos que se realizarán durante las dos semanas de negociaciones.

“En Colombia, la Paz con la Naturaleza significa recuperar los procesos históricos de los territorios y las luchas sociales, incluyendo a las comunidades, en la búsqueda de una convivencia armónica con el ambiente”, explica la ministra Susana Muhamad, y añade que la biodiversidad del país y la diversidad cultural son clave para dignificar los territorios y construir la paz, empoderando a las comunidades en alianza con el Estado.

“No sé si la paz con la naturaleza será altamente negociada, pero sí se espera que haya una declaración y una alianza o coalición en torno al tema”, comenta Catalina Góngora.

El gobierno de Colombia ha dicho públicamente que quiere llevar la COP no sólo a los líderes políticos y representantes de los países parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, sino acercar la biodiversidad a los diversos sectores de la sociedad civil, academia y grupos étnicos. La ministra Susana Muhammad ha reiterado en diferentes ocasiones que esta será “la COP de la gente”. Por eso, Cali contará con dos espacios de eventos: la Zona Azul y la Zona Verde.

La Zona Azul tendrá como sede al Centro de Eventos Valle del Pacífico, a las afueras de Cali. Este sitio es gestionado por Naciones Unidas y el acceso está limitado a personas acreditadas oficialmente, como delegados de los países, negociadores, personal de la ONU, organizaciones intergubernamentales y algunas organizaciones no gubernamentales con estatus de observadores oficiales. Allí se darán las negociaciones oficiales, reuniones plenarias y sesiones de trabajo.

La Zona Verde está abierta al público y es gestionada por el gobierno colombiano. La sede será el histórico Bulevar del Río, en el centro de la ciudad. En este sitio puede participar una variedad más amplia de asistentes, como ONGs, empresas, estudiantes, activistas y público en general. En este espacio habrá eventos paralelos, exposiciones, actividades educativas, presentaciones y debates que involucran a la sociedad civil.

Los expertos insisten en que el tema del financiamiento y la participación activa de la gente son dos de los grandes retos de eventos internacionales como la COP de Biodiversidad.

Laura Forero asegura que más allá de las metas inmediatas del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, el panorama apunta hacia la necesidad de una reforma del sistema financiero global. “Aunque el mensaje sobre la urgencia y necesidad de esta reforma es claro, quedan muchos aspectos por definir, lo que añade una capa adicional de complejidad al ya difícil ambiente político internacional en torno a la financiación de la biodiversidad”.

La oficial de Política y Seguimiento Legislativo de WWF Colombia también comenta que es importante fortalecer capacidades y gobernanza en las comunidades locales, ya que su participación activa es crucial para el éxito de las políticas de conservación. Sin embargo, asegura que “garantizar la inclusión de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre la gestión de los recursos naturales puede generar resistencia y conflictos”.

*Imagen principal: La gobernadora del Valle, Dilian Frnacisca Toro, la ministra de Ambiente Susana Muhamad, la vicepresidenta Francia Márquez y el alcalde de Cali Alejandro Eder (derecha). Foto: MinAmbiente Colombia.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más sobre pueblos indígenas en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

“La cifra es realmente escalofriante en Colombia con 79 asesinatos en el país, lo que supone el 40% de todos los casos que documentamos a nivel mundial”, dice Laura Furones, Asesora de campañas de Global Witness, durante la presentación del informe “Voces silenciadas: la eliminación violenta de los defensores de la tierra y del medio ambiente en todo el mundo”. La publicación revela que al menos 196 defensores del medio ambiente y de la tierra perdieron la vida en todo el planeta en 2023. De esta lista, Latinoamérica aparece una vez más como la región más afectada por la violencia.

De los 196 asesinatos cometidos contra quienes defienden la tierra, los bosques, el agua y la vida, 166 ocurrieron en América Latina, es decir, el 85 % de los ataques se dieron en esta región.

La información presentada en el reporte ubica una vez más a Colombia en el primer lugar de este lamentable ranking con 79 asesinatos en el 2023. Cifra que además es la más alta en un solo país desde que Global Witness empezó este monitoreo en el 2012. En la lista le siguen Brasil con 25 crímenes, México y Honduras con 18 cada uno y Filipinas con 17, si nombramos a los cinco primeros.

En la relación de 18 países donde se registraron estos crímenes, 11 son latinoamericanos. Si se suma a Estados Unidos que también reporta un asesinato este año, serían 12 los casos reportados en este continente.

“El informe se titula voces silenciadas porque además de los datos sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, estamos también sacando a la luz el lado oculto de la represalias. Con esto lo que queremos hacer es reconocer que los asesinatos, por horribles que sean, solo ofrecen una imagen parcial de una realidad mucho más compleja. Las personas defensoras en todo el mundo enfrentan una serie de ataques muy diversos”, comenta Furones.

El reporte de Global Witness revela también la vulnerabilidad de las principales víctimas:  casi la mitad de los casos, el 49 % de las personas asesinadas, pertenecía a poblaciones indígenas y afrodescendientes. Un dato adicional causa estupor: seis de los asesinados fueron niños.

El informe también da cuenta de lo que ha ocurrido en el planeta en los últimos 12 años, desde que Global Witness empezó el registro de estos crímenes. Según estos datos, 2106 personas defensoras fueron asesinadas entre 2012 y 2023, y por lo menos 1500 de esos casos ocurrieron tras la firma del Acuerdo de París en 2015.

“El asesinato sigue siendo una estrategia común para silenciar a los defensores y es, sin duda, la más brutal. Pero, como muestra este informe, los ataques letales a menudo ocurren junto con represalias más amplias contra los defensores, que están siendo objeto de violencia, intimidación, campañas de desprestigio y criminalización por parte de gobiernos, empresas y otros actores no estatales”, dice el informe.

El riesgo de defender la vida

“No es novedad que América Latina tiene por desgracia, sistemáticamente, el mayor número de asesinatos documentados de personas defensoras. No hay excepción a esta regla desde el año 2012 que empezamos a recopilar datos”, señala Laura Furones, asesora de Global Witness y autora principal del informe.

Lo dicho por Furones se refleja en las estadísticas de Global Witness de los últimos 12 años. Según estos datos, entre 2012 y 2023 se registraron 2106 asesinatos a nivel global y casi el 80% fueron en América Latina.

Los registros de los últimos 12 años de Global Witness indican que solo en Colombia han ocurrido 461 asesinatos y en Brasil 401, ambos países lideran esta lista global. En la relación también figura México con 203 casos, Honduras con 149, Guatemala con 86, Nicaragua con 70 y Perú con 58.

En el continente asiático, Filipinas es el país con mayor cantidad de asesinatos en esos 12 años, con un total de 298, pero también en 2023 con 17 crímenes. India es otro país de este  continente con un alto número de crímenes, 86 entre 2012 y 2023, y 5 en el último año. En el 2023 también aparece Indonesia con 3 defensores asesinados.

Por otro lado, en África, República Democrática del Congo encabeza la lista con 74 crímenes en los 12 años de registro y 2 en 2023. En la lista del último año también están Ghana y Ruanda con un crimen en cada país.

Furones señala también que existe un subestimación en las cifras documentadas por Global Witness, no solo en América LAtina, sino también en todo el planeta. En ese sentido comenta que lo que se reporta en Asia y África puede tener un subreporte mayor que Latinoamérica, pues en esos continentes hay más problemas de acceso a la información y a la justicia, así como más restricciones que enfrentan las organizaciones de Derechos Humanos para documentar los casos.

“Si se miran las cifras de África o de Asia, se podría pensar que son entornos más seguros para las personas defensoras, pero sabemos que no es así.  Es cierto que América Latina es la primera región y que esas cifras son absolutamente aterradoras, pero también es cierto que por contraste en las otras regiones, sospechamos que la subestimación es todavía más fuerte”, aclara Furones.

El informe también indica que más de 1500 de los crímenes a defensores ocurrieron a partir del 2015, cuando se adopta el Acuerdo de París sobre el cambio climático. “Los defensores asesinados intentaban, de diferentes maneras, proteger el planeta y defender sus derechos humanos fundamentales. Cada asesinato deja al mundo más vulnerable a la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación”, indica el reporte.

Otro dato que se destaca en el informe de Global Witness son las industrias que están relacionadas con los crímenes de defensores ambientales. En esa lista es la minería la que lidera este ranking con 25 de los asesinatos ocurridos en 2023. Le siguen la pesca y la tala de madera con cinco cada uno, luego los sectores de agroindustria e infraestructura con 4 y, finalmente, las hidroeléctricas con 2 asesinatos.

“Lo que hemos visto el año pasado y el anterior es que muchos casos están ligados al eje minero. La minería se presenta en distintos países como una industria muy dañina y peligrosa para las personas defensoras”, señala Furones. Dos ejemplos de ellos son los cuatros asesinatos en Panamá relacionados con las protestas en contra de un proyecto minero y las desapariciones forzadas de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en México.

Según este informe, de los 25 asesinatos atribuidos a la industria minera el año pasado, 23 ocurrieron en América Latina. Por otro lado, el reporte también indica que “más del 40 % de todos los asesinatos relacionados con esta industria entre 2012 y 2023 tuvieron lugar en Asia, región que cuenta con importantes reservas naturales de los principales minerales críticos para las tecnologías energéticas limpias”.

De los 18 países en donde se registraron crímenes a defensores en 2023, 11 están en América Latina. Además de Colombia, Brasil, México y Honduras que aparecen entre los primeros cinco a nivel global, también están Nicaragua con 10 asesinatos; Guatemala, Panamá y Perú con 4 cada uno; Paraguay con 2 y Venezuela con 1.

“América Latina es un continente enorme, diverso en sus realidades sociales, políticas, históricas, pero en general, tiene la suerte de tener voces de la sociedad civil muy fuertes y  movimientos sociales e indígenas muy fuertes y logran que estos temas se pongan en la mesa, se documenten y se investiguen”, se lee en el informe.

Colombia: 79 crímenes, una cifra nunca antes registrada

“Colombia resultó ser el país con la mayor tasa de homicidios de todo el mundo, con 79 muertes en total, frente a las 60 de 2022 y las 33 de 2021. Se trata de la cifra más alta registrada por Global Witness de personas defensoras asesinadas en un país en un solo año”. indica el reporte de Global Witness. Del total de los crímenes cometidos en Colombia, 31 corresponden a personas indígenas y seis de ellos pertenecían a comunidades de afrodescendientes.

La mayoría de los ataques, según el registro de Global Witness, ocurrió en las regiones de Cauca (26), Nariño (9) y Putumayo (7). “Una combinación de cultivo de coca, tráfico de drogas y conflicto armado ha devastado estas regiones, dejando a defensores y comunidades a menudo atrapados en el fuego cruzado. Se sospecha que los grupos del crimen organizado son los perpetradores de la mitad de todos los asesinatos de defensores en Colombia en 2023”, advierte el reporte.

Para Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores Colombia, el Estado colombiano ha fallado en su deber constitucional de proteger a las personas defensoras. “Pese a que en nuestro país hay una robusta arquitectura normativa con más de 30 tipos de leyes, en realidad las entidades del Estado colombiano no coordinan sus acciones y por ello no hay resultados”. Torres también cuestiona la baja efectividad en las investigaciones y de la judicialización contra quienes cometen los asesinatos.

Un caso emblemático que refleja las fallas en la protección del Estado, señala Torres, es el crimen contra Phanor Guazaquillo Peña, gobernador del pueblo Nasa, asesinado el 3 de diciembre de 2023 en el territorio ancestral de Puerto Asís, en el Putumayo.

Para Torres, otra de las causas del alto nivel de asesinatos en Colombia es el incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en el 2016, “que permitió una reconfiguración del conflicto armado en Colombia y, con ello, la expansión de los grupos armados ilegales que generan presión y asesinan a las personas que se oponen a sus intereses”.

Según la información de Global Witness, la combinación de cultivo de coca, tráfico de drogas y conflicto armado ha dejado a los defensores ambientales y a sus comunidades atrapados en el fuego cruzado. “Se sospecha que los grupos del crimen organizado son los perpetradores de la mitad de todos los asesinatos de defensores en Colombia en 2023”, se asegura en el informe.

Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, en Colombia, señala que la cantidad de asesinatos a defensores ambientales ocurridos en ese país en 2023 contrasta con el escenario de implementación del Acuerdo de Paz firmado en Colombia en 2016. “Sabemos que ha tenido innumerables retos, pero se necesita una implementación efectiva, principalmente con el avance de diferentes grupos armados sobre territorios biodiversos como la Amazonía colombiana, donde cada vez es más difícil para el Estado retomar el control sobre ciertos territorios”.

Otro tema que aborda Torres, de Ambiente y Sociedad, es el de la impunidad. La experta afirma que la mayoría de los casos quedan impunes o, en su defecto, los procesos judiciales demoran demasiado tiempo. “Hay un desgaste por parte de las familias en encontrar a los responsables. Recuerdo mucho el asesinato de Mario Jacanamijoy, con quien nosotros trabajamos, y a quien yo conocí. Fue asesinado en el año 2017 por la defensa de su territorio del pueblo Inga, en el departamento del Caquetá. Y la familia tuvo que insistir muchísimo, acudir a muchas instituciones del Estado y hasta ahora, 2024, no se tiene la certeza de quiénes fueron las personas que lo asesinaron”.

México: 70 % de los asesinatos fueron en territorios indígenas

El informe de Global Witness indica que más del 70% de los defensores asesinados en 2023 en México era de pueblos indígenas, y refiere que la mayoría de estos ataques ocurrieron en la franja de estados costeros del Pacífico de Jalisco, Colima y Michoacán. De los tres estados, Michoacán fue el más mortífero con ocho asesinatos documentados en 2023, señala el reporte.

“Me parece que esa franja ha sido históricamente, al menos en los últimos 10 años, la región más peligrosa para ejercer la defensa del medio ambiente. Y esto tiene que ver, desde nuestro análisis, con que hay una coincidencia de recursos naturales, comunidades indígenas, presencia del crimen organizado y un Estado con muchas deficiencias”, señala Felipe Romero, Gerente de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

A los estados mencionados por Global Witness, Romero agrega Guadalajara, Guerrero, así como Oaxaca y Chiapas, ubicados más al sur pero en el mismo sector del Pacífico, como lugares donde también se registran agresiones letales según los estudios que hace Cemda.

El informe de Global Witness también indica que más del 40% de los asesinatos en México en 2023 ocurrieron contra defensores que se oponen a las operaciones mineras. “Más allá de los asesinatos, México también ha experimentado un número significativo de desapariciones forzadas, una forma de violencia particularmente cruel, aunque no exclusiva de este país”.

Las cifras presentadas en este informe indican que en el estado de Michoacán 21 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron desaparecidos forzadamente o asesinados entre 2012 y 2023. Dos de ellos son Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, quienes trabajaban juntos para proteger a la comunidad de San Miguel de Aquila ante los abusos de la industria minera. En enero de 2023, ambos fueron víctimas de desaparición forzada y hasta el momento no han sido encontrados. Mongabay Latam investigó el caso de Lagunes y Díaz como parte de la serie A estas personas las desaparecieron por defender el ambiente y el territorio en México, publicada en agosto de 2023, que confirmó en ese momento la desaparición de al menos 93 personas defensoras del ambiente y el territorio desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de agosto de 2023.

Felipe Romero de Cemda explica que muchos de los casos de agresiones letales y desapariciones forzadas tienen que ver con la lucha que están enfrentando las comunidades por su autonomía y por la protección de su territorio y de sus recursos naturales. “Es muy claro para nosotros que hemos hecho algunos análisis, que en esa región lo que está sucediendo con proyectos extractivos de minerales”. El experto de Cemda menciona que en Michoacán se ha documentado la presencia de proyectos mineros de extracción de hierro y de empresas vinculadas con diferentes casos de agresiones en la región.

Romero también indica que la mayoría de las desapariciones forzadas se centran en esa región, en contextos de comunidades que están luchando por ejercer su derecho a la autonomía como una forma de controlar y de cuidar su territorio, y que coinciden con la presencia de una gran cantidad de recursos naturales y del crimen organizado. “Hemos documentado que las desapariciones se han presentado en la regiones de Michoacán y de Guerrero han sido en contra de personas defensores indígenas, muchos de ellos integrantes de las policías comunitarias”.

América Central: 36 asesinatos en cuatro países

De acuerdo con el reporte de Global Witness, Centroamérica se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras, pues se trata de la región donde han ocurrido la mayor cantidad de homicidios per cápita en el mundo.

En 2023 se registraron 18 homicidios en Honduras, 10 en Nicaragua, 4 en Guatemala y 4 en Panamá. Fueron en total 36 defensores asesinados en cuatro de los siete países que forman Centroamérica, “casi uno de cada cinco asesinatos documentados a nivel global, en una región con menos del 1% de la población mundial”, señala el informe.

Las cifras también indican que 17 de los asesinados en Centroamérica en 2023 eran defensores indígenas, dos eran afrodescendientes y ocho eran pequeños agricultores. En uno de los crímenes ocurridos en Honduras, un joven de 15 años fue asesinado junto a su padre defensor.

“No podemos separar la situación de violencia y de inseguridad de las defensoras y defensores en Honduras de un Estado fallido, donde no existe una aplicación de justicia verdadera”, dice Miriam Miranda, activista del pueblo garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Miranda señala que en Honduras la alta criminalidad y violencia se ha sumado al secuestro del sistema de aplicación de justicia, lo que hace que exista una absoluta indefensión para las defensores del ambiente y de la tierra, porque no tienen a quién acudir cuando son víctimas de amenazas y de agresiones.

“Los territorios están controlados por el crimen organizado y los narcotraficantes, y ellos luchan por esos territorios. Por eso, hay una semejanza muy grande con México, porque aquí, en los territorios donde estamos nosotros luchando, sabemos que hay lugares donde no podemos entrar porque vas a ser secuestrada o asesinada”, comenta Miranda. “Estamos en una lucha perpetua por seguir viviendo en nuestros territorios”, agrega.

La lideresa del pueblo garífuna también se refiere a la presencia del narcotráfico en las esferas del gobierno. “Tenemos un presidente [Juan Orlando Hernández] encarcelado por narcotráfico, pero las estructuras no se han desmontado, al contrario lo que hay es un reacomodo de esa estructura de poder. Y ahora el escándalo mayúsculo sobre el cuñado de la presidenta Xiomara Castro”, señala Miranda, en relación al video publicado por Insight Crime que muestra a varios narcotraficantes ofreciendo dinero a Carlos Zelaya, hermano del expresidente de Honduras Manuel Zelaya y esposo de Xiomara Castro, para una campaña política del partido Libre.

“Estamos en una situación bastante grave y creo que en los próximos meses y años se seguirá profundizando”, agrega Miranda y menciona que Centroamérica lleva décadas lidiando con el narcotráfico, que se ha convertido en un negocio que involucra a las autoridades, como en los casos de los jefes de estado mencionados anteriormente. “Es doloroso darse cuenta que las autoridades que deben tomar decisiones son parte del narcotráfico”.

El informe de Global Witness también menciona a Nicaragua, el segundo país en Centroamérica con mayor cantidad de crímenes. En este país, los 10 crímenes registrados en 2023 fueron a personas indígenas de los pueblos mayangna y miskitos, en el norte del país.

“En los últimos años, Nicaragua ha estado perdiendo bosques más rápidamente que cualquier otro lugar del mundo, y los mayangna y miskitos han sufrido repetidas masacres. Esta devastación es ‘facilitada y permitida’ por el gobierno de Nicaragua, según grupos de derechos humanos, y un grupo de expertos calificó el ‘asesinato sistemático’ de los pueblos indígenas como ‘una política tácita del Estado nicaragüense destinada a apropiarse de sus tierras’”, señala el informe de Global Witness.

En el caso de Guatemala, la publicación menciona que tras la guerra civil que se prolongó durante 36 años en este país, las instituciones guatemaltecas claves quedaron controladas por redes criminales con estrechos vínculos con el ejército. “Estos grupos continúan ejerciendo una enorme influencia en la actualidad. En los últimos cuatro años, más de 50 defensores de derechos humanos, fiscales, jueces, defensores de la impunidad y periodistas se han visto obligados a huir del país debido a procesos penales infundados iniciados en su contra”, indica el reporte.

En 2023, en Panamá —donde ese año fueron asesinados 4 defensores del medio ambiente— un nuevo contrato con una mina de cobre canadiense provocó protestas que durante más de un mes paralizaron al país. La causa de estas protestas fueron la contaminación, la deforestación y la escasez de agua. El proyecto fue clausurado por la Corte Suprema, pero dejó el saldo de los cuatro defensores que murieron durante la represión de las protestas.

Imagen principal: Protesta por las personas desaparecidas en México. Foto: Luis Rojas / Panos Pictures / Global Witness.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más sobre pueblos indígenas en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

Hasta hace muy poco, solo se sabía que el océano genera oxígeno gracias a la fotosíntesis que realiza el fitoplancton, es decir las diminutas algas que habitan en el agua. Pero un reciente estudio de la Asociación Escocesa para las Ciencias Marinas (SAMS) determinó que en el fondo del mar también se produce oxígeno. El descubrimiento abre nuevas preguntas sobre lo que sucede en las zonas más profundas del océano y al mismo tiempo refuerza los cuestionamientos que vienen realizando científicos y expertos marinos sobre el interés de empresas y países para realizar minería submarina con la intención de explotar elementos como el cobalto, manganeso, níquel y cobre, entre otros, que se encuentra en estas profundidades oceánicas.

Este hallazgo salió a la luz mientras se realizaron las reuniones del Consejo y la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés) que tuvo lugar en Kingston, Jamaica del 15 al 28 de julio del 2024. Uno de los temas que se debía tratar en la cita era la regulación de la minería submarina.

Algunas actividades de exploración minera submarina ya se han realizado en el Océano Pacífico. La empresa canadiense The Metals Company (TMC), patrocinada por el país insular de Nauru, ha ejecutado labores de exploración en la zona de Clarion-Clipperton, un sector de aguas internacionales situado en el Océano Pacífico, frente a las costas de México y Hawai. Ahora espera conseguir el primer permiso de explotación submarina.

Mientras tanto, científicos e investigadores se oponen a que se permita explotar y algunos también a la exploración en las profundidades del mar debido, principalmente, a lo poco que se conoce de la zona más profunda del océano y de los impactos que la actividad minera pueda ocasionar en estos ecosistemas.

El principal argumento de las empresas mineras para la explotación del fondo marino es que los minerales que se encuentran allí —cobalto, manganeso, níquel, litio, entre otros— son necesarios para la transición energética, pues se utilizan para la fabricación de baterías.

Lee más | Océanos en crisis: informe de la Unesco alerta sobre calentamiento y contaminación del mar

Oxígeno en el fondo del mar

“Es un descubrimiento increíble. Es la primera vez que se ha registrado la producción de oxígeno que no proviene de la fotosíntesis de las plantas, sino que está ocurriendo en el fondo marino”, comenta Daniel Cáceres, representante para Latinoamérica de Sustainable Ocean Alliance, sobre el descubrimiento científico que acaba de salir a la luz.

En el artículo científico Evidencia de producción de oxígeno oscuro en el fondo marino abisal, publicado en la revista científica Nature Geoscience el pasado 22 de julio de 2024, se explica que el oxígeno producido en el fondo marino proviene de estructuras parecidas a pequeñas rocas que se han formado durante millones de años, llamadas  nódulos polimetálicos, y no de la fotosíntesis de las plantas, es decir que en esa producción de oxígeno no interviene la luz solar.

“Una de las razones por las que quieren extraer estos nódulos del fondo marino es porque tienen todos los elementos que se necesitan para fabricar las baterías de los nuevos teléfonos móviles, ordenadores y coches eléctricos y proporcionar las materias primas para fabricar paneles solares”, dice Andrew Sweetman, líder del grupo de investigación de Ecología y Biogeoquímica de la SAMS y autor principal de la investigación.

Sweetman agrega que estos nódulos “son ricos en manganeso, hierro, cobalto, cobre, litio”, minerales que se utilizan para fabricar distintos tipos de baterías.

El investigador también explica que  para llegar a este descubrimiento se realizaron múltiples pruebas, en diferentes momentos y  en distintos lugares, durante aproximadamente diez años. “Hicimos los mismos experimentos en el laboratorio y en el fondo del mar y probamos que se produce el oxígeno en la oscuridad. Tenemos múltiples fuentes de evidencia que muestran que algo muy emocionante está sucediendo en el fondo del mar”.

Son tres los tipos de minería submarina y se diferencian por los minerales que se busca explotar. Por un lado están los sulfuros de fuentes hidrotermales que son pequeñas estructuras con depósitos de minerales ricos en oro, níquel, cobre y otros metales.

Un segundo tipo son las costras de ferromanganeso, ricas en cobalto además otros metales y tierras raras, que se acumulan en los montes submarinos. El tercer tipo son los nódulos polimetálicos o nódulos de manganeso que se encuentran en las llanuras abisales, es decir, en la zona plana del fondo marino.

Maximiliano Bello, experto en política pública oceánica en Mission Blue, aporta información sobre la presencia de estos nódulos polimetálicos en el fondo marino, el interés de extraerlos y la información que apenas se está descubriendo sobre estas formaciones.

Bello cita específicamente la zona de Clarion-Clipperton, un sector de aguas internacionales —que no pertenece a ningún país— situado en el Océano Pacífico, frente a las costas de México y Hawai, y que ha atraído el interés de empresas mineras.

Si bien los nódulos polimetálicos almacenados en el fondo marino contienen diversos metales como cobre, níquel, cobalto, los que contienen manganeso son los que han despertado el interés en Clarion-Clipperton, asegura Bello.

“Los nódulos de manganeso parecen rocas pero son, de hecho, formaciones que están creadas por colonias bacterianas alrededor de pequeños ‘artefactos’ orgánicos, por ejemplo, el hueso del oído de una ballena, o el diente de un tiburón, que por miles de años, incluso, millones de años, han generado estos materiales alrededor de esas partículas orgánicas”, señala el experto.

El especialista de Mission Blue indica que “este tipo de comunidades bacterianas son extremadamente importantes” y que, probablemente, han permitido  que “la vida nazca en el planeta”.Son estas mismas colonias las que generan el denominado oxígeno oscuro reportado en el artículo científico.

“Lo que se va buscar en esa zona son estos nódulos de manganeso que, supuestamente, serían capaces de alimentar la transición ecológica de la energía”, señala Bello en relación al uso que tienen estos minerales considerados clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, computadores y teléfonos móviles y otras tecnologías. “Las baterías son importantes, pero no hay nada más importante que el oxígeno”, agrega Bello.

Para Sweetman el hallazgo del oxígeno oscuro “es una especie de llamado de atención” que obliga a reunir mayor información sobre el fondo marino y el medio ambiente que se intenta perturbar.

“En cada expedición encontramos decenas o cientos de especies nuevas. Hay miles de especies viviendo en las profundidades del océano que todavía no hemos descubierto”, asegura Sweetman.

Lee más | Expertos advierten riesgos catastróficos de la minería submarina

¿Es posible la minería submarina?

La exploración marina solo se puede realizar en áreas dentro de la zona económica exclusiva, es decir en aguas nacionales si el país lo permite. La situación es diferente en aguas internacionales, que están bajo la regulación de las Naciones Unidas. En este caso, la empresa que se interese en realizar exploraciones debe contar con el aval de un país y presentar su plan a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para solicitar la autorización, sin embargo, como esta actividad aún no está regulada por la ISA, por el momento no se puede autorizar esta actividad.

Eso es lo que ha sucedido con The Metals Company (TMC), la empresa canadiense que está presionando para que se le otorgue el permiso de explotación y pueda extraer los nódulos polimetálicos o nódulos de manganeso que se encuentran en el mar profundo de la zona de Clarion-Clipperton.

Durante la última reunión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos se sumaron cinco países a la lista de los que abogan por una interrupción preventiva, moratoria o prohibición de la actividad minera en los océanos. Hasta el momento son 32 las naciones —de las 168 que forman parte de la ISA— que apuestan por alguna de estas alternativas para evitar que se concrete la minería submarina: nueve apuestan por una moratoria y el resto solicita una pausa cautelar hasta que se conozca los impactos que ocasiona esta actividad en los ecosistemas marinos. Solo Francia está a favor de una prohibición definitiva.

“No se avanzó con los permisos para la minería submarina en esta reunión. Eso nos da un respiro para seguir llamando a más países para que se sumen a la moratoria y que usen el principio precautorio porque en realidad no hay suficiente información para avanzar en el tema”, señala Bello.

Por ahora, la propuesta de un grupo de países, liderada por Chile, de establecer una política general de conservación del océano está detenida, pues no se llegó a un acuerdo en la última reunión.

“Se ha propuesto crear un grupo donde se pueda discutir una política general para protección del medio marino. El debate se planteó el año pasado, pero China se opuso y no entró en agenda. Este año sí estuvo en agenda, pero lamentablemente no hubo consenso. Ahora se ha postergado para el próximo año”, comenta Daniel Cáceres, representante para Latinoamérica de Sustainable Ocean Alliance.

El peligro de que se inicien actividades de explotación minera sigue abierto mientras no se defina una política internacional.

Sucede que el Tratado sobre el Derecho del Mar establece que se debe concluir el código minero en un período de dos años luego de la solicitud de explotación minera. Ese plazo venció en julio de 2023 por lo que la ISA tendría que admitir las solicitudes de explotación minera conforme a la normativa vigente en estos momentos.

Cáceres señala que la empresa canadiense TMC ha anunciado que solicitará a finales del año la autorización para iniciar la explotación minera en el fondo del mar. El experto también menciona que actualmente existen 31 contratos de exploración minera en el fondo del mar de aguas internacionales.

La abogada Bobbi Jo Dobush, especializada en políticas y conservación del océano, cuestiona el interés por la minería submarina no solamente desde un punto de vista ambiental, sino también económico.

“¿Por qué vamos a destruir algo que además de ser increíble provee servicios ecosistémicos que pueden ser valorizados. El fondo marino nos presta servicios que son invaluables. ¿Si alguien destruye el ciclo de carbono, quién paga? ¿Si se destruye el oxígeno oscuro —que se acaba de descubrir en el fondo marino—, quién paga? ¿Si alguien destruye la base del ciclo alimenticio para los peces, quién paga?”, cuestiona Dobush.

Por otra parte, la abogada especializada en conservación del océano sostiene que aún está en debate si necesitamos de los minerales que se encuentran en estos nódulos que descansan en el fondo del mar.

“La industria decía que se iban a necesitar estos minerales para una transición energética verde y reducir el uso del petróleo, pero ahora, ni las baterías de los vehículos eléctricos ni las que se usan para el almacenamiento de energía están utilizando estos minerales”, señala Dobush. “Hay mucho más que perder que lo tenemos para ganar”.

Además, Dobush señala que la cantidad de mineral que se extraería del fondo marino no justifica la inversión para extraer estos minerales. “Se trata de una industria especulativa”, sostiene.

Imagen principal: Parque marino Nazca Desventuradas. Foto: Eduardo Sorensen-Oceana

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más sobre pueblos indígenas en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

por Yvette Sierra Praeli en 5 junio 2024

• Desde 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 5 de junio se conmemore el Día Mundial del Medio Ambiente. Para este 2024, la jornada está dedicada a reflexionar sobre la restauración de las tierras, la urgencia de detener la desertificación y fortalecer la resiliencia a la sequía.
• Desde el año 2000, el número y la duración de los períodos de sequía han aumentado un 29 % y, de no cambiar esta tendencia, la situación afectará a más de tres cuartas partes de la población mundial para el 2050.
• Países como Chile, Brasil y México enfrentan sequías prolongadas, mientras que naciones como Ecuador y Colombia tienen períodos de sequía influenciados, principalmente, por fenómenos climáticos como El Niño.

América Latina vivió  un año de sequías en 2023. Reducción en las precipitaciones, temperaturas superiores a la media y olas de calor recurrentes provocaron graves sequías en varios países de la región. En varias naciones esa situación ha persistido durante los primeros seis meses de este 2024.

El informe  Estado del clima en América Latina y El Caribe 2023, de la Organización Meteorológica Mundial, señala que casi todo México, el centro de Chile, el Altiplano, la parte occidental y oriental de la Amazonía, los Andes centrales y meridionales, así como buena parte de Centroamérica, la zona central de Venezuela y las Guyanas fueron afectadas por sequías severas. Otros países como Cuba, República Dominicana y Haití padecieron eventos de escasez hídrica más moderados, pero en general, la mayoría de los países han padecido los efectos del estiaje.

“El 2023 fue un año marcado por el Fenómeno El Niño y los tres años consecutivos anteriores tuvimos La Niña. Ambos causaron problemas de sequías en diferentes partes de América Latina. A ello se suma el cambio climático, los malos manejos de los recursos hídricos y actividades humanas como la deforestación que incrementan los problemas de la sequía”, señala al oceanógrafo Juan José Nieto, ex director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen).

Para este 2024, señala Nieto, se espera la presencia de La Niña a partir del segundo semestre, lo que significa un cambio de temperaturas principalmente para  países como Chile, Ecuador, Colombia y los de Centroamérica que presentarán dificultades por las sequías.

Según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el número y la duración de los períodos de sequía han aumentado un 29 % desde el año 2000. De no cambiar esta tendencia,  la situación podría afectar a más de tres cuartas partes de la población mundial para el 2050.

Por eso, las Naciones Unidas han decidido dedicar el Día Mundial del Medio Ambiente 2024, que se conmemora este 5 de junio, a reflexionar sobre este fenómeno que afecta, por lo menos, a la mitad de la población mundial y que ha generado que el 40 % de las zonas terrestres del planeta están degradadas.

Bajo el lema “Nuestras tierras. Nuestro futuro. Somos la #GeneraciónRestauración”, el Día Mundial del Ambiente se centra en restaurar las tierras, detener la desertificación y fortalecer la resiliencia frente a la sequía.

Lee más | La sequía en la Amazonía corta el tránsito fluvial y deja a las comunidades sin provisiones

Las sequías prolongadas en Latinoamérica

“En América Latina hay un tema casi de estudio mundial, es la llamada mega sequía de Chile que lleva casi 10 años o más en la parte central de ese país”, comenta Nieto sobre cómo se presenta este fenómeno en el continente.

En el boletín de sequía de la Dirección Meteorológica de Chile de abril del 2024 se indica que el área afectada por la escasez hídrica a nivel nacional alcanza un 27.3 %.

Un reciente informe del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, de la Universidad de Chile, indica que el país estaría cerca del “día cero”, es decir, el momento en que no haya agua disponible para cubrir la demanda del suministro. Según el informe, la zona central del país, donde la fuente de abastecimiento es el agua superficial, se encuentra con un gran índice de escasez hídrica. “Dentro de las causas de este preocupante escenario está el cambio climático que ha influido en las precipitaciones, que son cada vez más escasas”, señala el documento.

Así como Chile, señala Nieto, otros dos países de Latinoamérica, Brasil y México, padecen sequías prolongadas. En Centroamérica esta escasez de agua afecta a Guatemala, Honduras y El Salvador; mientras que Colombia y Ecuador enfrentan problemas de sequía exacerbados por el fenómeno El Niño, agrega Nieto, quien actualmente es y actual gerente de Oceanext, organización dedicada a la conservación de ecosistemas terrestres y acuáticos.

“México tiene el 70 % de su territorio con climas áridos y semiáridos. Y desde que se tiene registro, en el siglo XIX, el país ha convivido permanentemente con sequías”, señala Helena Cotler, del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo).

Hay factores regionales y locales que explican esta vulnerabilidad, agrega Cotler.  “Más que estar preocupados en la sequía, como fenómeno meteorológico, habría que estar preocupados en cómo resolvemos esta vulnerabilidad que compartimos todos los países de América Latina”.

Según el informe del 15 de mayo del Monitor de Sequía de México, 2105 municipios presentan algún grado de escasez hídrica y de ellos, 220 tienen una sequía excepcional. “La segunda onda de calor, asociada con una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, ocasionó un ambiente de caluroso a muy caluroso en todas las entidades del país, aumentando las áreas con sequía extrema a excepcional en el noreste, centro y occidente del país”, señala el reporte.

“Hemos convivido con las sequías permanentemente desde el siglo XIX. Entonces, cabría preguntarse: ¿por qué seguimos siendo vulnerables?, ¿por qué no hemos aprendido a convivir con la sequía si somos un país árido de semiárido?”, agrega Cotler.

Para  responder eso, comenta la experta, es necesario  ver cuáles son las causas de la  vulnerabilidad.  “Cuando vemos esas causas que nos hacen vulnerables tenemos que voltear a todos los factores sociales y políticos, la pobreza, la desigualdad, el acaparamiento del agua por muy pocas industrias y personas, la inseguridad, las políticas públicas y  el mercado”.

En América Latina y el Caribe, si bien los recursos hídricos son abundantes, la región enfrenta desafíos complejos en materia de disponibilidad, calidad y distribución del agua, señala el Banco Mundial en su portal de internet. “En los últimos 15 años, las sequías se han vuelto más frecuentes, prolongadas y extremas en América Latina y el Caribe. Se prevé que los riesgos de sequía aumentarán en zonas más secas, como el noreste de Brasil y partes de América Central, el Caribe y México, a medida que el cambio climático y las mayores presiones demográficas continúen impulsando un incremento de la demanda hídrica y disminuciones en los suministros de agua”.

Lee más | Lo que hay detrás del desabastecimiento de agua y la sequía en Colombia

La sequía y El Niño en Sudamérica

En el mes de abril, Ecuador enfrentó el recorte del suministro eléctrico y apagones de hasta 13 horas, debido a la falta de lluvias y la consecuente disminución de los niveles de agua que abastecen las hidroeléctricas en el país. Esta situación fue el resultado de una sequía que inició en marzo de 2024.

“El problema de Ecuador fue producto principalmente de El Niño”, sostiene Nieto. “Hemos pasado por una severa disminución de agua en los embalses para las hidroeléctricas y eso implicó que haya un racionamiento de energía eléctrica. Ecuador tiene un Plan Nacional para las sequías que se está aplicando y está funcionando”, agrega.

El primer trimestre del 2024 también ha sido crítico en Colombia. De acuerdo con información del Ministerio de Ambiente, durante el trimestre de enero a marzo de 2024 se presentó  desabastecimiento de agua en 277 municipios y 24 departamentos del país.

“Afortunadamente Colombia ha superado los impactos del fenómeno El Niño y hemos pasado de ese punto a una fase neutra. Aún se registran, sin duda, sequías, pero por el momento lo más fuerte ya ha pasado”, señala Camilo Prieto, profesor de Cambio Climático de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.

Prieto comenta que las consecuencias han sido relevantes en varios aspectos. En la agricultura hubo una disminución del rendimiento de los cultivos, también ocurrió estrés hídrico en diferentes ciudades y municipios del país, además se trató de un tema muy crítico para la generación de energía eléctrica de todo el Sistema Interconectado Nacional. “La capital del país, Bogotá, sigue viviendo las secuelas de esa sequías y es muy posible que el racionamiento de agua que en este momento experimenta la ciudad se extienda hasta final de año, precisamente porque los niveles de los embalses llegaron hasta unos niveles muy críticos y la recuperación va a tardar varios meses”.

Bolivia también enfrentó una sequía durante el 2023. Durante el último trimestre de ese año, 105 municipios de siete departamentos fueron declarados en desastre municipal debido a falta de agua. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indica que en varios departamentos del país durante enero, febrero, marzo y abril del 2024 se observaron temperaturas elevadas que superaron los máximos históricos.

La información del Senamhi, publicada por el Sistema de Información para Sequías en el Sur de América, advierte que las anomalías de temperaturas y las precipitaciones registradas allí, durante el primer trimestre de 2024, no alcanzan para paliar el escenario de sequía registrado en años anteriores.

“Es extremadamente preocupante cuando se miran los números y es más preocupante ver las acciones de nuestros gobernantes que, en lugar de tomar medidas necesarias, siguen echando leña al fuego incentivando el avance de la frontera agropecuaria”, comenta el biólogo Vincent Vos, coordinador de investigación del Proyecto Salud Planetaria y Responsable del Departamento de Investigación de Manejo Integral de Bosques del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía, en la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián.

Vincent Vos señala que las zonas tradicionalmente secas, como el norte de Potosí y Oruro, ahora están bajo un gran estrés hídrico, por lo que la población se ha visto en la obligación de migrar a lugares con mejores condiciones hídricas. Otra preocupación está en las grandes ciudades que no cuentan con suficiente abastecimiento de agua. Y una tercera preocupación está en la Chiquitanía y la Amazonía. “Esos bosques están desapareciendo y con ellos también el agua, la tendencia es tan drástica que se perdió 64 % de las aguas superficiales e incluso se están secando lagunas, arroyos y pantanos. Esto significa problemas para la misma ganadería y la agricultura, pero sobre todo para las comunidades tradicionales”.

Lee más | Estrategias para la vida: comunidades Indígenas en la Amazonía boliviana luchan contra las sequías e inundaciones

Esfuerzos para contrarrestar la sequía

“Un primer gran paso es reforestar, pero con las especies nativas de cada zona, no con cualquier especie”, señala Juan José Nieto sobre las alternativas para recuperar suelos y enfrentar la desertificación causada por las sequías.

La reforestación permite que la humedad se mantenga en el suelo, explica Nieto, y la transpiración de las hojas de las plantas mismas hacen que esa humedad regrese a la atmósfera. Así se genera el ciclo para las lluvias. “¿Pero estamos reforestando? No, más bien, estamos deforestando en algunas zonas, entonces la tarea viene difícil”, agrega.

Nieto comenta que si bien existen experiencias de reforestación en los países de Latinoamérica, estas se dan a pequeña escala. Cita, por ejemplo, las zonas de alto andinas en Perú con vegetación que retiene la humedad. Por el contrario, dice Nieto, a nivel regional, las políticas de Estado son débiles: “Se ha podido lograr el rescate de algunos sitios reforestando con especies endémicas, pero los impactos no son tan grandes. Los esfuerzos son locales, pero no como estados”.

El experto del Ciifen explica que la lucha contra la sequía es muy difícil de enfrentar a diferencia de las inundaciones. Aunque la sequía parezca menos dramática, porque no se ven los efectos de la misma forma que cuando ocurren inundaciones, manejar los impactos de las sequías es más complicado y las medidas realmente efectivas son muy pocas. Otro aspecto que también se debe tener en cuenta con relación a las sequías, aclara Nieto, es la seguridad alimentaria, pues no solo afecta la provisión de alimentos en cuanto a cantidad, sino también en calidad.

Para Helena Cotler, del CentroGeo, un tema importante para enfrentar las sequías son las regulaciones legales. “Aquí en México estamos peleando para hacer modificaciones en la Ley de Agua. Lo que estamos pidiendo en el Congreso es el cambio de la legislación  para que incorpore el derecho humano al agua y, con ello, modificar la actual ley neoliberal que considera el agua como una mercancía”.

Cotler agrega que al modificar la  Ley de Aguas también cambiaría la regulación de las concesiones. “Actualmente, los pueblos originarios no tienen acceso a concesiones de agua, pero sí las industrias. Eso también tendría que ser modificado”.

En México, por ejemplo, más del 60 % del agua concesionada la tienen 6,247 usuarios, precisa Cotler, entonces, realmente hay una concentración terrible y eso significa que la población, en general, no tenga acceso al agua. La especialista del CentroGeo indica que los territorios agrícolas con más de 50 hectáreas son los que disponen de agua, mientras que los pequeños campesinos no cuentan con el recurso.

“El problema de la sequía también ocurre porque se instalan cultivos que requieren una gran cantidad de agua  en ambientes áridos y semiáridos. Por ejemplo, la costa de Perú tiene grandes cultivos agroindustriales que requieren mucha agua en un ecosistema con escasez del recurso. Y lo mismo sucede en el norte de México. Ahí hay una gran contradicción”, comenta Cotler.

Cotler menciona que existen experiencias de pueblos originarios para captar agua a través del manejo sostenible de sus bosques. Otros están introduciendo nuevos conceptos agroecológicos. Pero son proyectos locales, muchas veces sin apoyo del gobierno. A nivel de país, en cambio, lo que se hace es construcción de infraestructura. “Si no llueve, aunque se construyan presas, éstas no se llenan”.

Camilo Prieto, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, menciona algunas experiencias locales para enfrentar la sequía. Uno de estos casos ocurre en Bahía Málaga, en el Pacífico colombiano, se logró que los habitantes de la comunidad de Isla Plata cambiaran la tala del bosque por proyectos enfocados en ecoturismo. Sin embargo, menciona Prieto, uno de los grandes limitantes para el desarrollo del proyecto es la escalada de violencia que se ha reactivado en el país. “Los lugares de mayor conflictividad social son las fronteras con los bosques primarios. Esa es una de las grandes dificultades que tenemos”.

Otro asunto relevante para lo que queda del 2024 es la preparación y la gestión del riesgo que debe tener el país ante la llegada de La Niña. “Eso tiene que ver con las perspectivas de adaptación y el impulso que se debe dar a todas las políticas que busquen organizar el territorio en torno al agua”.

El experto en cambio climático menciona que hay un lugar de particular interés en Colombia que es la Mojana, una zona inundable en el norte del país que tradicionalmente ha buscado frenar los flujos del agua mediante diferentes obras de infraestructura, pero que han fallado reiteradamente.

“Creo que esta es una oportunidad para que no se insista en buscar generar un control sobre los flujos del agua, sino aprender cómo convivían las comunidades originarias en épocas anteriores a la colonia en la región andina y el Caribe. También aprender cómo lo hacen los colombianos que habitan en la Orinoquía que han conservado muchas tradiciones y soluciones que fueron aprendidas durante generaciones para adaptarse a esos flujos de agua”, señala Prieto.

Vincent Vos, de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, en Bolivia, se refiere al Foro Social Panamazónico (Fospa), que se realizará en Bolivia en junio de este año, como un espacio de encuentro para grupos ambientalistas, pueblos originarios y académicos que debatirán sobre los problemas que afectan a la región. “Es necesario hacer un llamado para un modelo más sostenible de los recursos. Una propuesta centrada en una economía de bosques que los valore en lugar de deforestar y reemplazarlos para otros usos”.

Imagen principal: Antonio Díaz recorre este trayecto cada mañana, hacia la laguna que le sirve para el riego y después hasta sus tierras, en la parte alta de la montaña, en Santa Gertrudis. Foto: Alexis Serrano.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más sobre pueblos indígenas en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

• Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina, quienes se dedican a la ciencia enfrentan desafíos sin precedentes que se redoblan en los casos de quienes trabajan con el ambiente.
• El Gobierno no sólo eliminó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y lo convirtió en una subsecretaría de Estado, también recortó becas, despidió trabajadores administrativos y congeló el envío de subsidios ya otorgados para la investigación.

Subsidios frenados, becas canceladas, despidos, acceso bloqueado a fondos económicos y bibliotecas virtuales, universidades que no llegan a pagar la electricidad y un presidente que niega el cambio climático, denosta a la ciencia y al ambientalismo. Este es el escenario que enfrentan las personas dedicadas a la ciencia y el medio ambiente en Argentina, desde la llegada de Javier Milei al gobierno.

Especialistas en biología y ecología coinciden: la ciencia y el medio ambiente atraviesa una crisis sin precedentes en el país.

Con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la desregulación de la economía, en diciembre de 2023, y el impulso de una ley ómnibus que pretende resetear las bases legales del país, Milei ha intentado avanzar sobre leyes de protección ambiental, como la Ley de Glaciares y del Manejo del Fuego. Sin embargo, existe un riesgo extra para el ambiente: la desmantelación de las líneas de investigación científica que buscan preservarlo.

“Somos una estructura estatal que está perdiendo cualquier tipo de dirección estatal”, asegura Andrés Breccia, licenciado en Ciencias Biológicas y becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) desde 2020. Breccia trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) estudiando las hormonas que regulan la alimentación y reproducción de una especie de pez nativa de Argentina.

El Conicet es la principal institución científica del Estado y una de las mayores empleadoras de investigadores de la ciencia. Durante la campaña electoral, Milei prometió privatizarla. Sin embargo, tras asumir, optó por un fuerte ajuste presupuestal. El 20 de marzo, su directorio criticó una segunda ola de despedidos y solicitó en un comunicado sus reincorporaciones. El viernes 22, una tercera ola de despidos en el organismo afectó al área administrativa, entre otras.

Además, en diciembre de 2023, Milei nombró como presidente del organismo a Daniel Salamone, médico veterinario, doctor en Filosofía en Biotecnología y Biomedicina, y especialista en clonación, una tecnología a la que el presidente argentino acudió para clonar a su perro Conan hace unos seis años.

También en diciembre, el Poder Ejecutivo eliminó, entre otros, el ministerio de Ciencia y Tecnología e implementó una estructura gubernamental totalmente distinta. El área fue convertida en una subsecretaría, que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo la estructura de la jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse.

Sin becarios, sin recursos

“Todo lo que tiene que ver con los recursos humanos está en riesgo” en el ámbito científico, explica Haydee Pizarro, doctora en Ciencias Biológicas del Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires, que depende de Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Pizarro dedica su carrera a investigar el impacto de la actividad agrícola y el uso de agrotóxicos en el agua dulce.

El gobierno de Milei recortó de 1300 a 600 la cantidad de becas académicas que habían sido adjudicadas a los investigadores en 2023, señala Manolo Sueiro, trabajador del Conicet y miembro del consejo directivo del gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

“En el caso del Conicet, los becarios son un insumo básico y clave, porque conforman la base de la pirámide que forman los científicos y científicas. Ya tenemos un problema básico que es el riesgo completo de que esta pirámide reduzca su base”, afirma Pizarro.

Breccia explica que Argentina tenía una política estatal que era el llamado anual a becas de carrera doctoral y postdoctoral y de carrera de investigador. “Todo eso está discontinuado. Hay grupos de trabajo que no podrán tener futuros becarios y no podrán trabajar”.

La falta de recursos y el recorte de becas para dedicarse a la investigación tienen un efecto colateral. “Muchos compañeros empiezan a pensar en otros destinos o en otras formas de sostenerse económicamente”, dice Sueiro.

“Las becas son el sustento de vida de los científicos y científicas. Son, además, de dedicación exclusiva y de ellas dependen tanto los fondos destinados al proyecto como a la economía personal del investigador o investigadora”, explica Magdalena Salas, licenciada en Ciencias Biológicas (UBA) y quien realiza su doctorado como becaria del Conicet, enfocada en ecología.

Salas trabaja en la Universidad de Jujuy en la conservación de especies de mamíferos grandes y medianos de las Yungas, en el noroeste de la Argentina, donde el bosque andino se entrelaza con la selva de montaña. “Se ve un desinterés claro en desfinanciar la investigación científica en las solicitudes de fondos que son para nuestros proyectos y con los que ya no contamos porque se encuentran frenados”, afirma.

La investigadora tiene planificado un viaje a campo en mayo y las zonas a las que suele trasladarse son de difícil acceso, sin rutas nacionales ni provinciales. Requiere de un vehículo acorde a los caminos complejos, un ayudante de campo, combustible —que desde la asunción de Milei aumentó alrededor del 80 % por la liberación del mercado— y otros insumos.

En el área de las Yungas jujeñas donde Salas trabaja no existen reservas estatales ni áreas protegidas y las tierras están en manos de privados con quienes la investigadora busca preservar los bosques. “Es un trabajo fino y a largo plazo”, explica. Le preocupa también que comience un proceso de extranjerización de la zona, ante el intento del gobierno de Milei de derogar la Ley de Tierras, que limita la posesión extranjera.

Los recortes llegaron, incluso al funcionamiento cotidiano. “Ya empezamos a traer de nuestras casas elementos básicos como el jabón y el papel higiénico”, afirma Pizarro. “En mi facultad ya comenzaron a recortar servicio de personal de seguridad y limpieza”, asegura Breccia.

La devaluación del peso es otra causa de la crisis en la ciencia. El ministro de Economía, Luis Caputo, ordenó una nueva devaluación de más del 50 % del peso argentino en diciembre de 2023, que se acumuló a otra reciente devaluación ordenada por su antecesor, Sergio Massa. “En nuestro laboratorio tenemos muchos insumos dolarizados. Entonces, nuestro presupuesto en pesos pasó a valer la mitad de un día para otro. La compra de insumos en dólares se volvió muy complicada. También se suspendieron las entregas de insumos adquiridos en el exterior necesarios para todos los que hacen investigación experimental”, afirma Breccia.

Reduciendo y reduciendo

El Estado argentino se encuentra funcionando con el presupuesto de 2023, debido a que la Ley de Presupuesto 2024 no fue aprobada por el Congreso y el Poder Ejecutivo prorrogó el Presupuesto 2023 para el año vigente. El problema es que la inflación devora cualquier presupuesto desactualizado. La inflación interanual en febrero de 2024 fue de poco más de 276 %.

Los fondos para la Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario eran de 69.188 millones de pesos argentinos (unos 81 millones de dólares al valor oficial), de acuerdo con el sitio Chequeado. Sobre esta cifra, el Ministerio de Capital Humano de la Nación debió anunciar un aumento del 70 % a mediados de marzo, ante la imposibilidad de muchos institutos y universidades de afrontar los gastos mínimos de funcionamiento, como pagar la luz eléctrica.

“Ciencia y universidad van muy de la mano y lo que pasa en un lugar impacta en el otro, porque muchas dependencias del Conicet están arraigadas a varias facultades”, afirma Breccia a Mongabay Latam.

Algunas universidades están pagando la energía eléctrica de los equipos de investigación científica, ya que las unidades tienen doble dependencia, explicaron los entrevistados.

Todo esto ya está teniendo consecuencias en diversos campos. “Lo que nos va pasando es que muchos investigadores del Conicet no tienen los recursos para responder ante inquietudes que tenemos desde el movimiento socioambiental”, resalta Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdAA).

Hay plata, pero no hay plata

La secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tiene 79 000 millones de pesos argentinos (más de 90 millones de dólares al valor oficial) y una ejecución de apenas el 0,3 % en los últimos tres meses y medio, aseguró Valeria Levi, vice decana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, durante una exposición frente a la comunidad académica el martes 19 de marzo.

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTI) es otro organismo clave para los científicos: es la financiadora de la mayoría de las investigaciones, incluidas las que se realizan en el Conicet. La agencia tiene un presupuesto en pesos, subejecutado en apenas el 7 % en lo que va del año, al cierre de esta edición, según explicó Levi. Pero, además, cuenta con préstamos por 225 millones de dólares de organismos internacionales para los subsidios de investigación, aseguró la vice decana.

Hay plata, pero no hay nadie que autorice los giros. Recién el viernes 15 de marzo, tres meses después de asumir, el Gobierno nombró a una outsider como presidenta de la agencia: Alicia Caballero, doctora en Economía y exdirectora del Banco de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Los subsidios están frenados. Son subsidios que en muchos casos estaban ya aprobados (por la gestión anterior) y que están trabados”, explica Pizarro. “El hecho de que los fondos estén frenados hace que ciertos planes temporales se vean frenados y pone en riesgo tareas de muchos años”.

Diego Golombek es investigador superior del Conicet, profesor de la Universidad de San Andrés y director del Laboratorio Interdisciplinario del Tiempo, donde estudia los ritmos biológicos y el sueño en humanos y también en modelos animales. “Como investigador del Conicet, obviamente gran parte de mi financiamiento es del Estado, es tanto del Conicet como de la Agencia, cosa que en este momento está en un nivel de incertidumbre absoluta. Nuestros recursos humanos también dependen de fondos del Estado. Estamos esperando que se resuelvan cuestiones que tienen que ver con becas de investigación y con promociones de carrera, de investigación”, afirma.

“El desfinanciamiento de las actividades científicas es un puñal en el marco del colapso ecológico climático que estamos viviendo. Necesitamos más ciencia, más Estado para poder enfrentar estos colapsos ecológicos focalizados, como la provincia de Corriente y la región del Litoral inundadas; olas de calor, la epidemia del dengue”, agrega el abogado Viale.

Desafío extra

Maristella Svampa, investigadora superior del Conicet, considera que el “terraplanismo climático” de Milei tiene varias consecuencias en términos de políticas ambientales. “Una de ellas es que exacerba aún más el extractivismo y el consenso fósil que vive la Argentina y, además, amenaza con endurecer los contextos represivos en los distintos territorios en donde hay resistencias contra la expansión de la frontera minera, la frontera petrolera, entre otras cuestiones”.

“Milei expresa muy bien la creencia, la ideología de una extrema derecha que considera a los ambientalismos como el enemigo principal”, concluye Svampa.

“Las líneas de trabajo que se dedican a hacer diagnósticos del impacto de la actividad humana y actividades productivas tienen un desafío extra”, asegura Pizarro.

La científica explica que “cuando hablamos de monitorear y controlar la biodiversidad estamos hablando de monitorear, analizar y controlar las contribuciones de la naturaleza a las personas. Esas contribuciones permiten regular el clima, purificar el agua con los humedales, regular el clima con los espacio verdes, la producción de alimentos y fibras. Contribuciones que hacen que nuestra vida sea mejor”.

Golombek señala que la situación que vive la investigación científica en Argentina “también afecta sobremanera el tema simbólico de qué lugar ocupa la ciencia y la tecnología en un Estado, en una idea de Nación. Claramente en esta idea de Estado ocupa un lugar muy secundario y eso, me parece, es un grave error, porque más allá de apoyar a la ciencia, los gobiernos deben apoyarse en la ciencia para tomar decisiones basadas en evidencia, decisiones racionales que apoyen y mejoren la calidad de vida de la población”.

El investigador insiste en que para resolver todos los problemas que se tienen en Argentina es necesaria la ciencia.

Que el Estado no tenga una presencia en el campo científico —aún con todas sus falencias— abre el camino para algo incluso peligroso, plantea el biólogo Juan Pablo Nievas, integrante de la Fundación Ceferino Namuncurá, en Puerto Madryn, provincia de Chubut: que el sector privado del extractivismo penetre las instituciones científicas y elija qué financiar y qué no, de acuerdo a sus intereses.
Pizarro coincide: “¿Cómo hacemos para asegurar el financiamiento de nuestras líneas de trabajo cuando la mirada actual es que hay que buscar fuentes de financiamiento privado? ¿Qué va a pasar con ciertas líneas de trabajo como la mía, que se dedican a hacer diagnóstico del impacto de la actividad productiva o extractivista? Lo veo complicado”.

Imagen principal: Trabajadores del Conicet, en una de las últimas protestas en la explanada del Polo Científico, ubicado en el barrio de Palermo, Buenos Aires.

* Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y elDiarioAR.

El oso andino o de anteojos (Tremarctos ornatus) es la única especie de úrsidos que habita en Sudamérica. Los científicos lo describen como carismático, pero esta cualidad no lo ha salvado de estar considerado En Peligro en Venezuela y en Bolivia, así como una situación de Vulnerabilidad en Colombia, Ecuador y Perú, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organismo que señala que es probable que algunas poblaciones de este mamífero también se encuentren en el norte de Argentina.

Esta especie, que también recibe los nombres de oso frontino, ucumari y jucumari, enfrenta varias amenazas. La pérdida de su hábitat es la más preocupante, aunque también están la caza y los conflictos con los humanos cuando ingresan a campos de cultivo en busca de alimentos.

En el Día Internacional para la Protección de los Osos del Mundo, Mongabay Latam ofrece una visión de los esfuerzos de conservación de las poblaciones de osos de anteojos que se realizan en cuatro países de Sudamérica: Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia.

Lee más | Los laboratorios contra el cambio climático en uno de los humedales más grandes de Colombia

Colombia: trabajo con las comunidades

En Colombia, el oso andino está considerado en situación Vulnerable. Expertos de la Fundación Wii señalan que la principal amenaza para la especie es la construcción de carreteras en su hábitat natural.

Daniel Rodríguez, investigador y representante legal de la Fundación Wii, explica que en Colombia el oso de anteojos se distribuye en todas las cordilleras andinas, desde los 500 metros de altura sobre el nivel del mar hacia las partes más altas. “Eso significa que tenemos un amplio rango de distribución altitudinal y en cada ambiente altitud se presentan diferentes niveles de afectación”.

En las zonas bajas, explica Rodríguez, están sometidos a fuertes procesos de deforestación de su hábitat, principalmente por la presencia de cultivos ilícitos, principalmente coca; mientras que en las partes altas de la cordillera, la pérdida de hábitat se relaciona con la ampliación de las áreas de pastoreo y de cultivo.

La diferencia altitudinal también significa una variación de los ecosistemas que pasan por bosques húmedos bajos, reserva subandina y bosques andinos. “Las interacciones negativas por ganadería están presentes principalmente en los bosques andinos altos, por encima de los 2000 metros, donde la ganadería podría llamarse extensiva. En las partes bajas se da por la extracción de madera y cultivos ilícitos principalmente”, explica.

Para proteger y conservar al oso de anteojos, la Fundación Wii trabaja con comunidades en el departamento de Huila, al sur de Colombia. “Con las comunidades tenemos un proceso de monitoreo en zonas donde antes se presentaba un nivel de conflicto o de interacción negativa por los cultivos de maíz”. Ahora, comenta Rodríguez, esto ha cambiado porque dejaron de cultivar maíz para dedicarse al café, entonces el ingreso de los osos a los maizales ya no ocurre en estas zonas. “Este proyecto pone en evidencia la gran importancia del trabajo comunitario en la conservación de la especie”.

La bióloga de vida silvestre Adriana Reyes, de la Fundación Wii, resalta la importancia de la conservación de los osos andinos para la salud del bosque. La bióloga explica que si bien esta especie es omnívora —consume vegetales y carnes—, su principal fuente de alimentación son las frutas, por tanto, es un gran dispensador de semillas que favorece el mantenimiento de los bosques. “Se debe tener en cuenta que el oso andino tiene la capacidad de caminar y desplazarse grandes distancias, por tanto, su capacidad de dispersión es mayor que otras especies”.

Reyes explica que el oso de anteojos es considerado el jardinero del bosque por su gran capacidad como dispersor de semillas, pero también porque al desplazarse abre claraboyas que dejan pasar la luz del sol a través de los árboles, lo que favorece a las plántulas en su crecimiento. Además, al ayudar a mantener los bosques, la especie contribuye a la regulación de los ciclos hídricos.

Desde el año 2011, la Fundación Wii monitorea a esta especie a través de cámaras trampa, lo que ha permitido a los investigadores entender sobre la ecología de la especie. Reyes menciona que con estas imágenes han determinado, por ejemplo, que no existen épocas marcadas para el nacimiento de las crías sino que ocurre durante todo el año. “En el primer trimestre del año, más o menos, empezamos a ver a las hembras con sus crías pequeñas, entre los tres y cinco meses. También hemos visto que durante todo el año podemos encontrar actividades reproductivas como cortejos y cópulas”.

Si bien el oso andino en Colombia está presente en los tres ramales de la Cordillera de los Andes, las poblaciones más estables se encuentran en los dos extremos, explica Reyes. Uno de estos sectores está en la Cordillera Occidental que da hacia el Pacífico y el otro en la Cordillera Oriental que colinda con la zona de monte amazónico, extensiones de bosque que aún no están altamente impactadas.

Lee más | Venezuela: la sequía acelera el ciclo de desarrollo de las águilas harpía | ENTREVISTA

Venezuela: protegido por un sistema de parques nacionales

En Venezuela, al oso de anteojos se le conoce como oso frontino y su situación es más compleja que en el resto de Sudamérica, pues en este país está considerado En Peligro.

“En Venezuela, el grado de amenaza del oso frontino es mayor que en los demás países por la fragmentación y la pérdida de su hábitat”, señala Marcos Hidalgo, director del Proyecto Oso Andino Guaracamal.

Lo positivo de los últimos años, comenta Hidalgo, es que la mortalidad por cacería se ha reducido. “En las últimas dos décadas se ha avanzado en el tema de educación con respecto al oso y las personas han dejado de cazar, pues saben que es ilegal, además, se desmitificó la creencia de que es una especie feroz, es decir, ‘el gran salvaje’”.

Hidalgo también comenta que otro paso a favor de la conservación de esta especie en Venezuela ha sido que la mayor parte de su hábitat está bajo alguna figura de protección, principalmente parque nacional. “Es un trabajo que se emprendió a final de la década del ochenta con las primeras investigaciones científicas sobre el oso en el país, cuyo pionero ha sido el biólogo Edgar Yerena, nuestro director científico. Y aunque la situación del oso no es óptima, desde mi punto de vista, ha mejorado”.

En la década del ochenta se creó un sistema interconectado de varios parques nacionales en Venezuela para asegurar la conservación del hábitat del oso, que va desde el Estado de Táchira hasta el Estado de Lara. “Se fueron ensamblando los parques nacionales como en un rompecabezas, y actualmente tenemos un sistema formado por 12 parques nacionales y un monumento natural que fueron creados o configurados para proteger el hábitat del oso frontino”, señala Hidalgo.

El especialista advierte que aún faltan cuatro áreas críticas por consolidar: tres corredores de conexión entre parques nacionales y la creación del Parque Nacional del Eje Norte de la Sierra de Trujillo.

Para Hidalgo, la creación del Parque Nacional Ramal de Calderas —de 500 kilómetros cuadrados o 50 000 hectáreas— en el año 2021 fue un gran avance porque permitió concretar el corredor central de conservación del oso frontino.

Sin embargo, la población del oso de anteojos en Venezuela sigue siendo la más pequeña en comparación con los otros cuatro países donde habita esta especie, pues se calcula que existen apenas 1 500 individuos distribuidos en los estados de Táchira, Mérida, Trujillo, Lara, Portuguesa, Barinas y en la Sierra de Perijá en el Estado de Zulia.

“Es vital asegurar la conectividad (de las diferentes zonas), porque si se pierde la conexión el flujo genético se detiene y los osos van a comenzar a extinguirse, pues obviamente no habrá entrecruzamiento entre las poblaciones. Si no aseguramos la conectividad a largo plazo la especie no va a sobrevivir en Venezuela”, sentencia Hidalgo.

Para aportar en la conservación del oso frontino, el Proyecto Oso Andino Guaracamal trabaja con comunidades del estado de Trujillo, impulsando programas de educación rural comunitaria y promoviendo actividades compatibles con la conservación, pero que al mismo tiempo sean sustentables y apuesten al desarrollo a escala local para mejorar la calidad de vida de las personas.

Uno de sus programas se denomina “Oso, gente y café”, y busca promover la caficultura orgánica en las zonas de conexión entre los parques nacionales. Hidalgo explica que las zonas donde trabajan eran lugares en los que tradicionalmente se cultivaba café, pero con el tiempo estos campos se convirtieron en potreros para ganado, se perdió la vegetación y el territorio empezó un proceso de sabanización.

“Si bien la vegetación del cultivo de café no es un bosque propiamente dicho, si representa un tipo de cobertura para que el oso puede usar como corredor”, agrega Hidalgo. Es por ello que el proyecto promueve el retorno del cultivo de café.

Los primeros resultados positivos ya se empiezan a mirar. Por ejemplo, se han construido las dos primeras secadoras para café y se están impartiendo cursos de capacitación para producir abonos orgánicos, entre otros avances.

Otra de las actividades que realiza el Proyecto Oso Andino Guaracamal es el monitoreo con cámaras trampa que, en los últimos siete años, les ha permitido crear una base de datos con más de 30 000 registros. Los equipos han sido colocados por lo menos en tres áreas protegidas, el Parque Nacional Ramal de Caldera, el Parque Nacional Guaramacal y el Monumento Natural Teta de Niquitao-Guirigay.

Las imágenes de las cámaras trampa han captado a más de 22 especies de mamíferos y 25 especies de aves terrestres asociadas al bosque. Esa información ha servido como estudio de base para la creación del Parque Nacional Ramal de Calderas.

Lee más | Una comunidad alpaquera que siembra agua para no desaparecer en Perú

Perú: monitoreo de osos en Machu Picchu

En el año 2022, la Sociedad para la Conservación del Oso de Anteojos (SBC, por sus siglas en inglés) empezó un proyecto de monitoreo de esta especie en el Santuario Histórico de Machu Picchu, en Cusco, en el sur de Perú. Hasta ese momento, la institución sólo había trabajado en los bosques secos del norte del país.

Alex More, director ejecutivo de SBC, señala que se decidió iniciar el proyecto en Machu Picchu por tres razones. La primera, por la necesidad de investigar a los osos en esa zona y comparar su ecología con lo que ya se conocía de ellos en el norte del país. La segunda razón es porque la persona que más estudió osos en Perú, entre finales de la década de los setenta e inicios de los ochenta, fue Bernie Peyton, quien hizo su tesis de maestría en Machu Picchu. Y la tercera, por lo icónico que es Machu Picchu y las investigaciones que desde hace diez años se hacen en esta área protegida.

El monitoreo con 200 cámaras que se lleva a cabo en Machu Picchu es un estudio que consiste en saber en qué lugares del área protegida hay registros de la especie. Las imágenes están mostrando que la mayor parte del área protegida tiene presencia de osos. Ante ello, el estudio también busca conocer cómo el turismo afecta a la fauna silvestre.

“Empezamos en el 2022 con un monitoreo piloto de 44 cámaras trampas durante tres o cuatro meses. En ese momento registramos alrededor de 20 individuos incluyendo crías. Esto se amplió a un estudio más intenso para el 2023 cuando colocamos 200 cámaras trampa”, explica More.

El director de SBC comenta que entre octubre y noviembre de 2023 se lograron identificar 29 individuos de la especie, una cifra mayor al 2022. “No esperábamos que tuviéramos tantos registros. Actualmente se están revisando, en coordinación con San Diego Zoo Global, unos 4.9 millones de imágenes que fueron captadas por las cámaras”.

Los resultados preliminares indican que la zona donde se registró la mayor cantidad de osos ha sido el sitio arqueológico Wiñayhuayna, en el Camino Inca. “Hemos encontrado cinco osos en las imágenes de una sola cámara”.

Otro dato que les ha llamado la atención es que varios de los osos que han sido registrados por las cámaras presentan la nariz pigmentada con manchas blancas. Según explica More, el cambio en el color de la nariz ocurre con el paso del tiempo, más o menos a partir de los 10 años de edad, pues cuando son más jóvenes la tienen negra. “Pareciera que los osos de Machu Picchu son longevos. En cautiverio viven hasta 35 años, pero los que hemos visto en los bosques secos del norte no pasaban de los 15 años”.

El siguiente paso en el estudio de Machu Picchu será la colocación de collares para hacer un seguimiento al desplazamiento de los osos, para ello, cuenta More, tienen la autorización del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp). “El Santuario de Machu Picchu no está aislado, el Área de Conservación Regional de Choquequirao está muy cerca, así como las comunidades originarias, entonces, queremos saber si los osos se desplazan hacia Choquequirao o a las comunidades. Esa información será importante para diseñar y fortalecer la conservación”.

Lee más | Obras públicas e incendios amenazan área protegida del Pantanal boliviano

Bolivia: se amplía el hábitat del oso

En Bolivia, el oso andino —conocido como jucumari— ha pasado de estar considerado en situación Vulnerable a ser catalogado En Peligro. La bióloga Ximena Vélez-Liendo, directora del Programa para la Conservación de Carnívoros Andinos, explica que este cambio se debe a que se ha ampliado el área de distribución del oso andino, y esta extensión ha significado sumar todo el ecosistema del bosque seco interandino, un espacio natural que está críticamente amenazado.

“En los últimos siete años hemos generado información sobre el oso andino en varios relictos de bosques seco interandino que no eran considerados su hábitat. Con esta nueva información se ha ampliado aproximadamente un tercio de lo que era su área de distribución”, explica Vélez-Liendo.

La fragmentación y pérdida de funcionalidad de su hábitat aparece como la principal amenaza en Bolivia, comenta Vélez-Liendo. Una segunda causa de riesgo es la cacería por “retaliación”, es decir, a medida que el ser humano avanza su expansión hacia el hábitat del oso, crece el conflicto con esta especie a consecuencia de la crianza de ganado en estas zonas. Una tercera amenaza, señala la bióloga, son los efectos del cambio climático sobre la calidad del hábitat del oso.

“Tenemos un proyecto enfocado en reducir la carga ganadera de la montaña, porque es la principal causa de fragmentación y de conflicto. Trabajamos con las comunidades para generar alternativas económicas amigables con la naturaleza que puedan dar valor agregado a estas familias y la posibilidad de coexistir con osos, jaguares, pumas y otras especies”, cuenta Vélez-Liendo sobre los proyectos que realiza el Programa para la Conservación de Carnívoros Andinos.

Una de las alternativas, explica Vélez, es la apicultura, que ofrece doble ventaja a las comunidades. Por un lado, las personas reciben beneficios económicos y, al mismo tiempo, las abejas apoyan en la polinización de sus campos agrícolas.

Otro de los proyectos es el monitoreo de la biodiversidad. “Tenemos el monitoreo de cámaras trampas más grande en Bolivia. Son 1,000 kilómetros cuadrados —100 000 hectáreas— que vigilamos en un lugar con una población de osos que estaba prácticamente al borde de la extinción”, precisa Vélez-Liendo.

Adicionalmente, el programa que lidera Vélez-Liendo, busca que las comunidades se apropien de estas iniciativas de conservación y se den cuenta que existe un valor en el trabajo de proteger a estas especies.

“Vamos a lanzar una certificación amigable con el oso andino, un proyecto que hemos trabajado junto con WCS Colombia. Es la primera vez que dos países —Colombia y Bolivia— se han unido para lograr esa certificación que apoya las actividades económicas en las áreas donde habitan los osos para que esos productos puedan tener un sello que los identifique en los mercados de precios justos”, dice Vélez. “En el caso de Colombia son los cafeteros, mientras que en Bolivia es la miel”, finaliza.

Imagen principal: oso andino en Colombia. Foto: Fundación Wii.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más sobre pueblos indígenas en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

La gran ola de violencia y delincuencia que se ha apoderado de Ecuador en los últimos meses le dio la bienvenida al presidente Daniel Noboa, quien ocupó el cargo a  finales de noviembre de 2023, luego de ganar las elecciones anticipadas que se convocaron debido a “la muerte cruzada” de la Asamblea Nacional y el expresidente Guillermo Lasso. Al complicado panorama político de Noboa se sumó el inconformismo de sectores sociales, ambientales e indígenas luego de que, en una entrevista televisiva realizada el pasado 22 de enero, el presidente afirmó que una moratoria al cumplimiento de la consulta popular del Yasuní —en la que se ordenó el retiro de la industria petrolera del bloque ITT dentro del parque nacional— sería necesaria para, según él, ganar la guerra” contra la delincuencia y el narcotráfico que el país enfrenta en este momento.

“Creo que la moratoria es un camino viable, estamos en guerra, y nosotros ya hemos logrado parar lo que se había convertido en una avalancha de violencia y destrucción […] Es esencial que esto se acompañe también con incremento de ingresos, o con alguna forma de moratoria con la cual podamos mantener ciertos ingresos. Si no luchamos y financiamos, perdemos el país”, dijo Noboa. Cuando le preguntaron por cuánto tiempo estaría vigente esa moratoria, respondió que “tendría que hablar con los expertos, pero la moratoria tendría que ser, por lo menos, de un año adicional [hasta agosto de 2025]”.

El gobierno ecuatoriano tenía máximo hasta agosto de 2024 para retirar por completo sus operaciones en el bloque petrolero conocido como ITT, el cual integra tres campos: Ishpingo, Tambococha y Tiputini. Se trata de alrededor de 162 000 hectáreas, de las cuales 78 000 están dentro del Parque Nacional Yasuní. Además, no es posible otorgar nuevos contratos en la zona desde el mismo 20 de agosto de 2023, cuando el 59 % de los votantes del país decidió que las reservas de petróleo en esta zona permanezcan en el subsuelo de forma indefinida.

El anuncio realizado por Noboa causó tanta preocupación que el pasado 1 de febrero, la nacionalidad indígena waorani, que habita en la zona, declaró la emergencia territorial y exigió el respeto a la voluntad popular por la defensa del Yasuní. A ese mismo llamado de atención se han unido la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y el colectivo Yasunidos, una de las organizaciones que desde 2013 venía insistiendo en la realización de la consulta popular.

Lee más | En un proyecto de bonos de carbono en bosques andinos colombianos todo parece estar bajo la niebla

Explotar petróleo en un parque nacional para financiar la “guerra”

Aún no cumplía dos meses como presidente de Ecuador, cuando Daniel Noboa tuvo que recurrir al estado de excepción, que incluye un toque de queda durante dos meses. Los grandes detonantes de esta decisión fueron la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, considerado como el criminal más peligroso del país, y el incremento de motines en varias cárceles ecuatorianas.

Noboa comenzó la gestión de  una consulta popular donde pretende preguntarle al país sobre asuntos como la extradición de ecuatorianos; el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional; el reconocimiento del arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión; permitir que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas autorizadas para el ingreso a los centros de rehabilitación social; que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros; entre otros temas que giran principalmente en torno a la seguridad.

Es en medio de ese contexto que el presidente asegura necesitar una moratoria a la consulta popular del Yasuní, para seguir obteniendo dinero proveniente del petróleo, que le permita financiar lo que él ha denominado una “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia.

Que el presidente pueda abrir esa posibilidad no cayó para nada bien entre los sectores indígena y ambiental, sobre todo porque el mismo Noboa aseguró que en la consulta popular votó por no continuar explotando crudo dentro del área protegida.

Lee más | Una mirada a los asentamientos en la Amazonía ecuatoriana | LIBRO

Territorio indígena y de pueblos en aislamiento voluntario

El pueblo indígena waorani, que tiene varias de sus comunidades dentro del Yasuní, se manifestó en una asamblea en la que rechazaron el anuncio del presidente y criticaron que aún se plantee depender de combustibles fósiles, cuando el planeta entero atraviesa una crisis climática global en la que es urgente tomar acciones a favor de la protección de la biodiversidad.

“Como pueblos originarios de este territorio ancestral no vamos a permitir que sigan vulnerando nuestros derechos. Después de tantos años de explotación, es hora de que tengamos justicia social y ambiental. Desde la NAWE [nacionalidad waorani del Ecuador] queremos el bienestar para nuestro pueblo waorani y eso incluye proteger uno de los territorios más diversos del planeta, el Yasuní”, asegura Juan Bay, presidente de la NAWE.

Bay también comenta que la nacionalidad waorani impulsará acciones legales contra el Estado ecuatoriano en instancias nacionales e internacionales para que “se respete la voluntad popular, conforme los derechos estipulados en la Constitución de nuestro país y tratados internacionales”.

Por su parte, Silvana Nihua, presidente de la Organización Waorani de Pastaza (OWAP), dice que “como mujer waorani hago un llamado a todas las autoridades nacionales como internacionales, a tomar en cuenta al pueblo waorani para todas las acciones que se implementen en nuestros territorios y para que se respeten nuestros derechos colectivos. Seguiremos luchando juntos para que nuestra voz se respete y se escuche en todo el mundo”.

Los indígenas waorani no sólo son uno de los pueblos indígenas de contacto más reciente, sino que, en parte de su territorio y dentro del parque Yasuní habitan los Tagaeri y los Taromenane, los dos pueblos en aislamiento voluntario de Ecuador, “a los cuales el Estado no ha dado las mínimas garantías para su sobrevivencia”, menciona German Ahua, presidente de la Organización Nacional Waorani de Orellana (ONWO).

El colectivo Yasunidos, que durante más de 10 años buscó la aprobación constitucional para realizar la consulta popular, también se mostró preocupado por las declaraciones del presidente Noboa. Pedro Bermeo, vocero del colectivo, asegura que “no es decisión del presidente respetar o no la voluntad popular, pues el incumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional [que dio un plazo de un año para terminar con las exploraciones y explotaciones petroleras en el Yasuní] trae consigo responsabilidades administrativas, civiles y penales”.

Abogados especialistas en temas ambientales y de derechos humanos también han manifestado su preocupación por la posible moratoria en el cumplimiento de la consulta popular del Yasuní. Vivian Idrovo, integrante de la Alianza por los Derechos Humanos, que agrupa a 14 organizaciones ecuatorianas, afirma que la moratoria significa sacrificar la democracia ecuatoriana. “La esperanza de quienes votaron por dejar el petróleo en el subsuelo y ganaron la consulta popular no puede ser una víctima más del crimen organizado en nuestro país. El primer mandatario está ahí para cumplir y hacer cumplir la Constitución y eso también significa respetar aquello que ya fue decidido por todos y todas en un legítimo proceso electoral”, indica.

Lee más | El agua de Catacocha que volvió gracias a un sistema indígena milenario en Ecuador

Una consulta popular en riesgo desde el gobierno de Guillermo Lasso

El temor por el incumplimiento a la decisión que tomaron los ecuatorianos en la consulta popular no es algo nuevo. El 5 de septiembre de 2023, se filtró un audio en el que el expresidente Guillermo Lasso admitió que su gobierno estaba dilatando el cumplimiento de la consulta y donde calificó los resultados como un “suicidio” para el país.

“No es posible aplicar el Sí y vamos a sostener esta posición el mayor tiempo posible […] No queremos que termine la producción petrolera en el Yasuní, por el momento no vamos a suspender nada”, fue una de las polémicas frases pronunciadas por Lasso en el Palacio de Carondelet, cuando sostuvo una reunión con comunidades indígenas de las provincias de Orellana y Sucumbíos que se oponen al retiro de la industria petrolera.

El expresidente no dejó dudas en cuanto a su desacuerdo con los resultados de la consulta popular y dijo que le preocupaban los empleos que se perderán con el retiro de la industria petrolera y que no se midió el impacto de dar paso a una consulta popular con efectos tan grandes.

“Tenemos que ver la manera legal, política, de poder darle la vuelta a este punto de adversidad, donde ustedes [los indígenas que trabajan con la industria] son los principales afectados”, dijo Lasso. El asunto fue más allá, pues admitió que su gobierno iba a dilatar el cumplimiento de la decisión hasta donde fuera posible: “No queremos que termine la producción del bloque 43 [ITT] y no vamos a apurar ningún trámite, por ahora no”.

En ese momento, Pedro Bermeo le dijo a Mongabay Latam que sabían que se venía una nueva etapa, “la de defender la voluntad popular. Sabemos que será una etapa muy difícil”.

El posible incumplimiento de la consulta popular preocupaba tanto a las organizaciones indígenas, sociales y ambientales que Johana Romero, abogada asesora de Yasunidos, aseguró en septiembre de 2023 que “las acciones que pueda tomar el gobierno para el abandono del ITT generan dudas, por lo tanto se propone una veeduría para este tema y luego para el cumplimiento de las acciones de reparación de los pueblos en aislamiento voluntario [Tagaeri y Taromenane] y de las reparaciones a la naturaleza”.

Quienes se mostraron a favor de dejar el petróleo del Yasuní en el subsuelo aseguran que tienen que hacerle un intenso seguimiento al gobierno para que cumpla con la consulta popular.

La abogada Vivian Idrovo menciona que aplicar la moratoria es una amenaza a la seguridad jurídica de los territorios y de las comunidades “que ganan con mucha fuerza y mucho esfuerzo las acciones constitucionales. Los territorios y las comunidades están en peligro, justamente por este tipo de propuestas que son antidemocráticas”, asegura.

*Imagen principal: Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: Presidencia de Ecuador.

El proceso de formalización de la minería artesanal en Perú lleva más de dos décadas y hasta ahora no se vislumbra una luz al final de ese camino. Por el contrario, demoras y postergaciones en los mecanismos para que se formalice esta actividad han abierto las puertas a  la minería ilegal.

Uno de los mecanismos que ha servido para extender el proceso sin fecha de cierre es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que, desde su creación, en el año 2016, ha tenido por lo menos cuatro ampliaciones de plazo para el cierre —inicialmente en 2020—, a través de proyectos de ley presentados en el Congreso de la República que han extendido su vigencia y facilitado la impunidad para los mineros ilegales.

Ahora, una vez más, el Parlamento de Perú pretende ampliar el plazo para la inscripción de los mineros artesanales e informales en el Reinfo, a través de un proyecto de ley que está en la agenda de la Comisión Permanente listo para ser aprobado.

“El Congreso en lugar de estar promoviendo leyes que puedan fomentar la lucha contra la minería ilegal lo que está haciendo es promover leyes que, bajo el enfoque de ser pro formalización, lo único que hacen es que se acreciente la minería ilegal”, dice Karina Garay,  de la Sociedad Zoológica de Fráncfort (FZS) Perú.

Garay afirma que está demostrado, por más de 20 años, que el proceso de formalización minera no ha servido en el Perú, “lo único que ha generado ha sido caos, desorden y corrupción. Si se sigue prolongando este proceso de formalización minera no se va a llegar a nada”.

La actual propuesta de ley reúne cuatro iniciativas legislativas presentadas por los congresistas José Williams, de Avanza País; Jorge Marticorena, de Perú Bicentenario; Guido Bellido, de Perú Bicentenario y Jorge Flores; de Acción Popular.

Lee más | Balance negativo en remediación y reparación civil para Repsol dos años después del mayor derrame de petróleo en costas peruanas

El uso ilegal del Reinfo

La norma en controversia busca que la inscripción en el Reinfo se extienda por un plazo de 90 días hábiles desde la entrada en vigencia de la ley. En cada uno de los proyectos presentados, los plazos para la apertura del Reinfo eran distintos, pero el texto final define los tres meses para la inscripción.

La inscripción al Reinfo se había cerrado en 2021 y hasta ahora las extensiones de plazo aprobadas por el Congreso solo contemplaba el proceso de formalización de quienes estaban inscritos. Pero en este caso lo que se busca aprobar es un nuevo plazo para que se inscriban nuevos mineros.

“Lo que sucede es que el minero aparentemente informal lo único que hace es inscribirse y no continúa con el proceso de formalización, sin embargo, esta inscripción ya le permite realizar actividades mineras”, explica Garay, quien también ha sido fiscal especializada en materia ambiental en Madre de Dios, la región amazónica con los mayores impactos ambientales causados por la minería ilegal.

Esa simple inscripción no asegura que cumplan los estándares ambientales ni los parámetros laborales,  “pero lo más grave es la impunidad, porque el Código Penal señala que si el minero está en proceso de formalización no es susceptible de ser denunciado por minería ilegal, entonces, este minero, entre comillas en formalización, hace lo que quiere”.

Actualmente hay 87 069 mineros inscritos en el Reinfo, de este total solo 15 344 mantienen su inscripción vigente, la mayoría, es decir 71 725 figuran en el padrón como suspendidos.

Para Mariano Castro, director del Programa Unidos por los Bosques de la de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) Perú, “el planteamiento de ampliación del Reinfo es equivocado porque se fuerza una práctica que no genera transferencia de renta al desarrollo regional, ni crecimiento sostenible, tampoco genera un empleo seguro y daña el ambiente”.

Castro recuerda que el Reinfo fue creado para que se inscriban aquellos mineros artesanales y pequeños mineros dispuestos a iniciar y concretar un proceso de formalización, lo cual  implica un cambio de práctica minera que no contamine el ambiente y no dañe la salud. “El Reinfo no tiene un propósito de generar un manto de impunidad o una constante apertura para que cualquier práctica ilegal tenga un proceso aparente de formalización”, apunta el director de FCDS Perú.

El uso de la inscripción en el Reinfo, por parte de mineros ilegales, para evitar la fiscalización y las sanciones se ha extendido en todo el Perú.

En 2020, Mongabay Latam publicó un reportaje que daba cuenta cómo se utilizaba este instrumento de formalización en el distrito de Parcoy, en la provincia de Pataz, una zona con actividad minera ilegal en el norte del Perú.

De acuerdo con este reportaje, los integrantes de una organización criminal denominada “Los Topos” utilizaban las inscripciones de cuatro personas que estaban en pleno proceso de formalización como mineros artesanales para transportar el mineral y “legalizar” el oro.

Actualmente Pataz enfrenta una violencia extrema causada por la presencia de grupos criminales ligados a actividades de minería ilegal. En diciembre de 2023, nueve trabajadores de la minera La Poderosa fueron asesinados por integrantes de una banda criminal ligada a la minería ilegal.

“Lo que hace esta norma, en resumen, es convertir a mineros ilegales en mineros informales y,  por ende, generar situaciones de impunidad. Hemos escuchado audios de mineros ilegales del norte en el que dicen que ellos están impulsando esta norma para quedar en la impunidad, porque lo que buscan es que la Fiscalía no los persiga ni los procese”, dice César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental. Ipenza se refiere a las escuchas telefónicas que forman parte de una investigación fiscal contra el crimen organizado relacionado con la minería ilegal en el norte del Perú.

Lee más |Colombia: nuevo informe revela que más de 58 mil pobladores indígenas fueron víctimas de violencia en el 2023

Una propuesta rodeada de cuestionamientos

Actualmente el Congreso de la República está en receso, sin embargo la Comisión Permanente continúa con las funciones legislativas. Para la sesión que se realizó los días 17 y 18 de enero la propuesta estuvo en agenda, pero no fue debatida ni aprobada.

La norma llegó al Pleno del Congreso en junio de 2023 con un dictamen favorable de la Comisión de Energía y Minas; mientras que la Comisión de Descentralización, a la que también fue presentada, se inhibió de pronunciarse.

Los desacuerdos con esta controvertida propuesta no solo vienen de expertos en la materia. La Presidencia del Consejo de Ministros, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Ambiente manifestaron sus discrepancias y desacuerdo con la propuesta —mediante oficios y cartas— durante el periodo de consultas que acompaña a cada proyecto legislativo.

La Presidencia del Consejo de Ministros expresó su opinión desfavorable sobre el proyecto presentado por el partido  Avanza País, que forma parte de la iniciativa final que pretende aprobar el Congreso, pues considera que no es viable una de las propuesta que consiste en crear una comisión multisectorial para el desarrollo social y económico, formalización de la minería, prohibición de la minería ilegal y recuperación del medio ambiente en los departamentos de Madre de Dios, Ucayali y Puno, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La Defensoría del Pueblo manifestó su opinión negativa porque “el establecimiento de un nuevo plazo para que las personas naturales o jurídicas que vienen incumpliendo el marco jurídico ambiental, laboral y tributario que regula el régimen de la pequeña minería y la minería artesanal puedan inscribirse en el Reinfo, vulnera el Estado de Derecho; según el cual todos estamos sometidos a leyes, las cuales deben hacerse cumplir por igual”.

La Central de Cooperativas Mineras Rinconada y Lunar de Oro Limitada (Cecomirl Ltda), de Puno, también está en desacuerdo con el proyecto. En la carta enviada al Congreso indica que “dichas propuestas legislativas serían funestas para la formalización minera en general”. De ser promulgadas como Ley, advierte, propiciarían la ilegalidad y tráfico de facturas, así como la inscripción al  Reinfo de personas que se registran sin tener ninguna labor minera, pero que hacen uso de ellos para facturar montos extraordinarios,  que luego son cuestionados y denunciados por la SUNAT [Superintendencia Nacional de Administración Tributaria] o por el Ministerio Público como ventas inexistentes e irreales, oscureciendo el mercado y creando incertidumbre respecto a la licitud de la pequeña minería y minería artesanal.

De una manera menos contundente, el Ministerio del Ambiente (Minam) indicó que la propuesta debe ser reevaluada. Entre las razones precisa que “las constantes ampliaciones de plazos han ido fomentando la continuidad de procesos de actividades ilícitas que ocasionan impactos ambientales y sociales significativos, dado que las mismas se desarrollan sin una adecuada planificación y sin los permisos exigibles para el desarrollo de la actividad minera”.

El Minam también indica que entre los principales impactos ambientales negativos generados por la minería artesanal y de pequeña escala “está la emisión y liberación del 37.7 % del mercurio a la atmósfera”, y considera que deben tenerse en cuenta “los impactos negativos en los bosques”. Y como ejemplo está lo sucedido en la región de  Madre de Dios, donde se han destruido “más de 50,000 hectáreas de bosque primario”.

Solo el Ministerio de Energía y Minas (Minem) envió una opinión favorable, aunque con algunas observaciones para que no “vulnere el derecho de terceros o afecte el medio ambiente”. El Minem también recomienda que se debe “evaluar si el proyecto de ley debe ser sometido a consulta (…)  considerando que podría tener una incidencia en los derechos de comunidades nativas y pueblos originarios”.

La Central Nacional de Mineros del Perú (Cenami) también tiene una opinión favorable a la propuesta pues considera que el objetivo del proceso de formalización es “dar las herramientas legales para que más de medio millón de mineros artesanales puedan acogerse a este proceso”. Una cifra que supera por lo menos seis veces la cantidad de mineros inscritos hasta el día de hoy.

Lee más | Incendios en Chile: ocho de las 400 hectáreas del Jardín Botánico Nacional son las únicas sin daños

Un proceso que no termina

Este proceso de formalización en Perú lleva más de dos décadas desde que en el año 2002, el gobierno peruano aprobó la Ley de Formalización y  Promoción de la Pequefia Minerfa y la Minerfa Artesanal.  En el 2012 se intenta dar un nuevo impulso a la formalización minera a través de decretos legislativos que define las condiciones bajo las que debe operar un minero informal y establece el 2014 como plazo para la formalización. Esta fecha se fue extendiendo hasta el 2016 cuando se crea el Reinfo y empieza una nueva ronda de ampliaciones para el cierre de la formalización.

El abogado César Ipenza señala que no existe capacidad del Estado para fiscalizar a quienes operan en zonas prohibidas y tampoco a quienes están inscritos en el Reinfo.  “Si hay tantos inscritos que no han cumplido con los requisitos en tantos años, ¿por qué se mantiene este registro? El Estado sabe muy bien quiénes tienen las condiciones para ser legales y apostar para que ellos cumplan las exigencias y sean legales”.

Mariano Castro, de FCDS, puntualiza que  Perú necesita promover una explotación minera sostenible en todos los niveles, incluyendo la artesanal. “La puerta falsa no se puede convertir en la puerta principal de acceso a los recursos”.

Con estas ampliaciones sin sustento, señala Castro, “se están avalando pésimas prácticas que están afectando a las personas y se están privilegiando intereses particulares que son destructivos de ecosistemas, de la salud y también de los medios de vida. No se están respetando derechos fundamentales”.

Por su parte, la ex fiscal Karina Garay destaca que el crecimiento de minería ilegal está invadiendo nuevos lugares “y eso sucede porque el gobierno no está cumpliendo con la lucha contra esta actividad ilícita”.

Garay señala que por un lado está la lucha para fortalecer el proceso de formalización minera y por otro lado se debe combatir en los lugares prohibidos donde se desarrolla esta actividad. “Ninguna de esas estrategias se ha realizado estos últimos años, el gobierno se ha olvidado por completo de ellas”.

Actualmente el precio internacional de la onza de oro supera los 2000 dólares. Una cifra que viene al alza desde el año 2020, cuando superó la barrera de los 1600 dólares que hasta ese momento había sido la más alta históricamente. A la par de este crecimiento en la cotización, se han incrementado las actividades ilegales alrededor de la extracción del mineral.

Imagen principal: Comunidad nativa Tres Islas en Madre de Dios. Foto: FEMA.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más sobre pueblos indígenas en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.