Uno de los aspectos más notables fue la puntualidad. A diferencia del año anterior, cuando una supuesta amenaza obligó al presidente a abandonar el podio de honor y retrasó el evento.

También es valioso resaltar el esfuerzo por descentralizar la revista militar. Este año, Santa Marta fue sede de una revista regional en conmemoración de sus 500 años de fundación. Este gesto no solo honra la historia nacional, sino que permite que más colombianos vivan de cerca el despliegue de sus Fuerzas Militares. Año tras año, esta descentralización podría convertirse en una política permanente que fortalezca el vínculo entre las regiones y la institucionalidad, llevando el símbolo de la defensa nacional a todos los rincones del país.

Entrando en materia, el cielo bogotano fue testigo de una variada muestra aérea, aunque con ausencias notables. Las unidades de reabastecimiento como el Júpiter y los C130 Hércules no hicieron presencia. En cambio, un solitario Kfir —veterano de la fuerza supersónica— surcó el aire, probablemente en una de sus últimas apariciones antes de ser reemplazado por los modernos SAAB Gripen. Su vuelo, más que una demostración de poder fue un símbolo de transición tecnológica que merece ser registrado.

En tierra, el Ejército Nacional destacó por su despliegue de unidades motorizadas y artillería ligera, mostrando capacidad operativa y movilidad. La Armada Nacional innovó con vehículos equipados con pantallas que proyectaban imágenes de sus unidades navales, acercando el mar a la ciudad. Por su parte, la Policía Nacional realizó una presentación numerosa y cercana, mostrando sus diferentes equipos de trabajo y cerrando con broche de oro la celebración de los 215 años de independencia de Colombia.

Estas palabras las escribo como una memoria de lo ocurrido, como un ejercicio de observación y valoración que nos invita a pensar en la revista del 20 de julio de 2026. ¿Qué nuevas innovaciones veremos? ¿Qué regiones serán protagonistas? ¿Cómo evolucionará la relación entre Fuerzas Militares y ciudadanía? Nos vemos el otro año para seguir evaluando las presentaciones.

La reciente designación del general retirado Pedro Sánchez como ministro de Defensa representa un cambio importante en la política de seguridad del país. La incorporación de un militar en servicio pasivo a esta cartera –por primera vez en más de treinta años– responde a una realidad innegable: el deterioro de la seguridad ha alcanzado niveles alarmantes, con amplios territorios bajo el control de grupos armados y un aumento de la violencia.

Aunque el gobierno ha apostado desde el principio por el diálogo con actores ilegales, el aumento de los enfrentamientos y el debilitamiento de la presencia estatal en varias regiones han demostrado que esta estrategia, sin una capacidad efectiva de respuesta, ha sido insuficiente. Ante esta situación, el nombramiento de un ministro con formación operativa y conocimiento del terreno es un intento de corregir el rumbo con pragmatismo y firmeza.

Pedro Sánchez no es un militar cualquiera. Su liderazgo en la Operación Esperanza, que permitió el rescate de cuatro niños indígenas en la selva colombiana, lo presentó ante la opinión pública como un oficial con capacidad de gestión, visión estratégica y cercanía con la comunidad. Su perfil equilibra la experiencia táctica con un enfoque humanitario, lo que lo convierte en una figura clave para dirigir una estrategia que combine el fortalecimiento de la seguridad con la protección de los derechos humanos.

Históricamente, sectores de izquierda han rechazado la idea de que un militar dirija el Ministerio de Defensa, y este nombramiento no ha sido la excepción. Su postura se basa en una desconfianza arraigada en el papel que las Fuerzas Armadas han desempeñado en diferentes momentos de la historia de Colombia. Desde la Doctrina de Seguridad Nacional hasta la implementación de estrategias contrainsurgentes en el conflicto armado, la izquierda ha visto a la institución castrense como un actor más alineado con la defensa del statu quo que con la transformación social que promueven sus agendas políticas.

Durante los últimos treinta años, la tradición de liderazgo civil en esta cartera se ha consolidado con el argumento de que es necesario un control externo sobre las Fuerzas Militares y de Policía. La presencia de civiles en el Ministerio se ha interpretado como una garantía de que la estrategia de seguridad no quedará exclusivamente en manos de la cúpula militar, sino que responderá a lineamientos políticos definidos por el gobierno de turno.

El temor de la izquierda radica en que la designación de un general retirado pueda llevar a una visión exclusivamente militarista del problema de seguridad, dejando en un segundo plano los esfuerzos por abordar las causas estructurales de la violencia. También existe la preocupación de que esta decisión refuerce la idea de que la única respuesta efectiva frente a los grupos armados ilegales es la confrontación, en lugar de buscar estrategias más integrales que incluyan el diálogo y la inversión social en los territorios más afectados por el conflicto.

Sin embargo, ignorar la realidad del momento actual sería un error. El país enfrenta un resurgimiento de la violencia, donde grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo han desafiado abiertamente la autoridad del Estado, expandiendo su control territorial y afectando a las comunidades con desplazamientos forzados, confinamientos y extorsión. En este contexto, más que rechazar la designación de un militar en abstracto, la discusión debería centrarse en qué tipo de liderazgo ejercerá Pedro Sánchez y cómo su gestión equilibrará el uso de la fuerza con estrategias de seguridad ciudadana y justicia.

Defender la designación de Sánchez no implica ignorar los riesgos que conlleva militarizar la política de seguridad. Sin embargo, sí significa reconocer que, dadas las circunstancias actuales, contar con un ministro que comprenda el funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas y que tenga la confianza de la tropa puede ser una ventaja.

El deterioro de la seguridad no se soluciona únicamente con discursos o acuerdos en la mesa de negociación. Se necesita liderazgo en el terreno, decisiones bien fundamentadas y una estrategia coordinada para detener la expansión del crimen organizado y las estructuras armadas ilegales. La experiencia de Sánchez en operaciones especiales y su conocimiento de la inteligencia militar pueden facilitar una respuesta más efectiva a estos desafíos.

Más allá de su perfil, su nombramiento también transmite un mensaje de flexibilidad por parte del gobierno. La inclusión de un militar en el gabinete de un presidente que históricamente ha sido crítico de las Fuerzas Armadas refleja una capacidad de adaptación ante las circunstancias. Al tomarle juramento, Gustavo Petro dejó claro que esta decisión no implica una renuncia a la paz, sino una reafirmación del compromiso de proteger la vida y la tranquilidad de los colombianos.

A pesar de los aciertos de esta decisión, también es importante señalar sus desafíos. La respuesta militar, por sí sola, no garantiza una paz duradera. El Estado debe complementar la estrategia de seguridad con inversión social, acceso a la justicia y fortalecimiento institucional en las regiones más afectadas.

Uno de los principales riesgos de este cambio en la política de defensa es que se le otorgue un peso desproporcionado a la acción militar, en detrimento de los mecanismos políticos y sociales para abordar el conflicto. Si bien es esencial frenar el avance de los grupos armados y recuperar el control territorial, una estrategia basada exclusivamente en la fuerza podría resultar en nuevas tensiones o en la radicalización de ciertos sectores.

Sánchez enfrenta el desafío de demostrar que su liderazgo no se limitará a las operaciones militares, sino que también será capaz de articular esfuerzos entre diferentes sectores del gobierno para abordar las causas profundas de la inseguridad. Su éxito dependerá de su habilidad para equilibrar el uso legítimo de la fuerza con medidas de estabilización y desarrollo en las comunidades afectadas por la violencia.

El nombramiento de Pedro Sánchez como ministro de Defensa es una decisión pragmática que responde a la necesidad urgente de fortalecer la seguridad en el país. Este cambio se basa en las necesidades actuales, más que en dogmas o discursos ideológicos. Sin embargo, su gestión debe ser evaluada de manera constante para asegurar que el enfoque adoptado no se desvíe hacia excesos o una visión exclusivamente militar del problema.

Más que una concesión a sectores conservadores, este nombramiento debe interpretarse como una oportunidad para construir una estrategia de seguridad más efectiva, donde la acción de la Fuerza Pública se complemente con la presencia integral del Estado. Si se logra este equilibrio, el país podría estar ante un punto de inflexión positivo en la lucha por la estabilidad y la paz. El gobierno ha dado un paso audaz y necesario. Ahora, la gran pregunta es si podrá mantener el equilibrio entre la firmeza y las soluciones de fondo. En esta ecuación se juega no solo el éxito del nuevo ministro, sino también el futuro de la seguridad en Colombia.

“Ejército Liberticida Nacional”

El caso más grotesco y patético es el del ELN, cuyas siglas ahora significan Ejército Liberticida Nacional, pues confina y niega a las comunidades rurales la libertad de movimiento y existencia en el Catatumbo, Chocó y Cauca. Ya demostraron sus comandantes ser incapaces de comprender el lenguaje de la paz, dilapidando una vez más la generosa e ingenua oportunidad brindada por este gobierno en prolongadas y extenuantes mesas de diálogo, que culminaron en la actual crisis humanitaria. Todo parece indicar que les ha llegado la hora de entender las armas, el único “lenguaje” que saben articular y disparar. Por eso tiene sentido el nombramiento del general Pedro Sánchez[ii] como ministro de defensa. Quizá así se compruebe, una vez más, la grave sentencia de Hobbes: “Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre, en modo alguno”. Ello significaría, por doloroso y cruel que suene, que para dichas organizaciones solo“la paz con sangre entra”, pues no le han dejado al “gobierno del cambio” otra opción que confrontarlas en el campo de batalla, sobre el cual sin duda sabe mucho más el general Sánchez que el saliente y bien intencionado ministro Iván Velásquez, un hombre de leyes y no de armas, extraviado en el laberinto de esta guerra degradada.

Un general para la Paz

Sería también una oportunidad histórica para la Fuerza Pública, pues el general Pedro Sánchez podrá refutar los hipócritas y falaces argumentos de exministros civiles como Rafael Pardo y Martha Lucía Ramírez, que ahora ponen el grito en el cielo y hablan de “inconsistencia ideológica” del primer presidente de izquierda. Dice la exministra de defensa, Martha Lucía Ramírez: “Es inconcebible que después de todo el avance de Colombia para que haya un poder civil a la cabeza de las Fuerzas se ceda este poder. (Petro) lo hace para congraciarse con las Fuerzas Militares, a las que no ha hecho otra cosa que maltratar”. Más bien es todo lo contrario, exministra, lo inconcebible es que usted, bajo la dirección del presidente Uribe y el mando del general Mario Montoya, haya realizado la Operación Orión en la comuna 13 de Medellín, en asocio criminal con Don Berna, Diego Fernando Murillo[iii], de las AUC, cuyo saldo de crímenes impunes no solo “maltrató” a las Fuerzas Militares, sino que las deslegitimó y degradó. Algo similar le sucedió al exministro Rafael Pardo, el primero civil recién estrenada la Constitución del 91, que no solo prometió llevar a la mesa de negociaciones a las FARC en seis meses y estuvo al frente de la fracasada “guerra integral”, sino que además promovió con el entonces presidente César Gaviria la creación de las CONVIVIR[iv], mampara de la actuación de las AUC en muchas regiones del país que luego anegaron en sangre con sus masacres. Cooperativas que siempre auspició y defendió el muy civilista gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, que condecoró como general de la Paz a Rito Alejo del Río, condenado a 26 años por su ejemplar colaboración con las AUC y el crimen de Marino López Mena en el marco de la Operación Génesis adelantada en el Cacarica y Salaquí entre el 24 y 27 de febrero de 1997[v].

¡Civiles guerreristas contra el general Sánchez!

Y para completar el corifeo de indignados por la presencia del general Sánchez en el ministerio de defensa, tenemos la flamante y reveladora declaración del representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uzcátegui, hijo del general (r) Jaime Humberto Uzcátegui: “Que el nuevo ministro sea de origen militar permite pensar que se va a reactivar la ofensiva de la Fuerza Pública que necesita Colombia, pero a su vez queda la duda de si Sánchez es una persona capaz de decirle ‘No’ al Presidente y anteponer los intereses del sector Defensa a la obediencia debida que tienen los militares ante el jefe de Estado”. Declaración inaudita en un congresista, pues afirma que los “intereses del sector Defensa” deben estar por encima del poder civil presidencial y de la Constitución que manda en su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Sin duda, las reacciones de estos tres acérrimos civilistas, confirma el aserto atribuido a Don Miguel de Unamuno: “Es más fácil civilizar a un militar, que desmilitarizar a un civil”. Sobre todo, porque esos civilistas acérrimos nunca han estado en el campo de batalla exponiendo sus vidas y cuando más se han limitado a dar órdenes desde sus seguros escritorios ministeriales o vociferar discursos belicistas en sus encumbradas curules del Congreso. Todo lo contrario del general Sánchez, con 35 años en servicio, quien “lideró en 2023 la ‘Operación Esperanza’, con la que se logró el rescate de los menores Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ranoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Ranoque Mucutuy, de uno, en un operativo que contó con el apoyo de los conocimientos ancestrales de las guardias indígenas”. Solo cabe desearle igual éxito al general Sánchez en el rescate del orden público nacional, demostrando que la seguridad humana y territorial es el presupuesto necesario para la paz, confrontando eficaz y legítimamente, con el cumplimiento del DIH y los Derechos Humanos, a las organizaciones criminales que hoy los desconocen y conculcan la vida, libertad y seguridad de civiles en vastas regiones del país.

[i] https://www.youtube.com/@oromocafelibreriaeditorial367?si=-npNUggER8SCnkNj

[ii] https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/el-general-pedro-sanchez-designado-mindefensa-lidero-el-rescate-de-los-ninos-de-la-selva-3428600

[iii] https://centrodememoriahistorica.gov.co/20-anos-de-la-operacion-orion-la-intervencion-armada-urbana-de-mayor-impacto-en-el-conflicto-armado/

[iv] https://verdadabierta.com/las-convivir-motor-de-la-guerra-paramilitar/

[v] https://www.justiciaypazcolombia.com/26-anos-de-condena-al-general-r-rito-alejo-del-rio/