Las embajadas forman parte de ese mapa en movimiento. Vistas desde lejos, pueden parecer simples oficinas administrativas en otras capitales. Sin embargo, estas constituyen los puntos desde los cuales un Estado representa sus intereses, interpreta el entorno, construye confianza, negocia, anticipa riesgos y abre oportunidades. Por ello, decidir dónde debe estar Colombia no es una tarea burocrática menor, sino uno de los ejercicios más complejos de planeación estratégica.

Es por ello que el reciente anuncio del gobierno electo sobre el cierre de catorce embajadas, acompañado de la revisión de consulados y otras representaciones, ha abierto una discusión necesaria. Después de varios años en los que la política exterior colombiana estuvo excesivamente condicionada por afinidades ideológicas y decisiones de dudoso respaldo técnico, resulta legítimo examinar la estructura heredada, corregir desequilibrios, eliminar duplicidades y preguntarse si cada misión responde verdaderamente a las prioridades nacionales.

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tiene, en este sentido, una oportunidad significativa. No solo puede reorganizar la presencia internacional de Colombia, sino también sentar las bases de una política exterior más coherente, profesional y orientada al largo plazo. La revisión anunciada puede convertirse en el punto de partida de una transformación institucional importante, siempre que el nuevo mapa se trace con una brújula suficientemente bien calibrada.

Porque el debate de fondo no consiste en determinar si Colombia debe tener muchas o pocas embajadas. Tampoco debería reducirse a una confrontación entre quienes defienden cada apertura realizada por el gobierno anterior y quienes consideran necesario desmontarlas. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué red diplomática necesita el país para defender sus intereses en las próximas décadas?

Abrir, cerrar, fusionar o transformar una embajada son decisiones igualmente válidas cuando obedecen a una estrategia nacional. Ninguna representación debería mantenerse únicamente por costumbre, ni debería desaparecer por el solo hecho de haber sido creada por una administración distinta. Las embajadas son herramientas del Estado, no trofeos políticos ni símbolos ideológicos.

Precisamente por eso, la reorganización anunciada debería superar la lógica de una simple corrección administrativa. No se trata únicamente de identificar cuánto cuesta una sede, cuántos funcionarios trabajan allí o cuántas reuniones se realizan al año. Esos datos son importantes, pero resultan insuficientes para comprender el valor real de una representación diplomática.

El primer criterio de la revisión debería ser geopolítico. Colombia necesita identificar con claridad los países y regiones decisivos para su seguridad, su estabilidad democrática, su inserción económica y su influencia internacional. Nuestra ubicación convierte a América Latina, el Caribe y Estados Unidos en espacios naturalmente prioritarios; la geografía impone realidades que ningún gobierno debería ignorar.

Sin embargo, la geografía inmediata no puede ser el único horizonte de nuestra acción exterior. El desplazamiento progresivo del poder económico hacia Asia, la creciente relevancia de África, la importancia estratégica del Golfo Pérsico, la transformación energética y la competencia global por tecnología, minerales y cadenas de suministro obligan a mirar más allá de nuestras relaciones tradicionales.

La política exterior, además, debe anticipar el mundo que viene. Una embajada en un país con un intercambio comercial reducido puede ser una apuesta acertada si ese territorio se proyecta como un centro económico de importancia regional. Del mismo modo, una misión históricamente estratégica puede requerir una estructura más pequeña si las condiciones que justificaron su apertura han cambiado.

La permanencia no constituye un argumento suficiente, pero ni siquiera la austeridad puede sustituir la lectura geopolítica. En diplomacia, reducir costos sin comprender el entorno puede terminar generando pérdidas mayores que el ahorro inicial.

A esta dimensión debe sumarse un criterio económico. Las representaciones diplomáticas deben contribuir a abrir mercados, atraer inversión, promover el turismo y acompañar la internacionalización de las empresas colombianas. Esto no significa reducir la diplomacia a un simple instrumento comercial, sino comprender que, en el mundo contemporáneo, es una herramienta para el desarrollo.

Para ello, los objetivos de cada misión deberían articularse con el Ministerio de Comercio, ProColombia, gremios, universidades y gobiernos territoriales. Una embajada puede ser clave para la agroindustria; otra para la transferencia tecnológica, la cooperación científica o la transición energética. Lo fundamental es que cada representación tenga un propósito claro y la capacidad institucional para cumplirlo.

Asimismo, la revisión de embajadas no puede confundirse con el análisis de la red consular. Mientras las embajadas representan políticamente al Estado, los consulados se concentran en la atención directa a los ciudadanos, respondiendo a los flujos migratorios y a los riesgos territoriales. Hay países con los que Colombia necesita interlocución política de alto nivel pese a tener una comunidad pequeña; en otros, requerirá una estructura consular robusta sin necesidad de embajada. Diferenciar estas funciones permite asignar mejor los recursos.

Junto con estas variables tangibles existen intangibles invaluables: la diplomacia produce confianza, acceso y capacidad de anticipación. Un canal político construido discretamente durante años puede ser determinante en medio de una crisis. Una alerta recibida a tiempo puede permitirle al Estado anticipar una decisión desfavorable.

Por eso, evaluar una embajada no puede reducirse a contar eventos o acuerdos firmados. En política exterior, algunos de los resultados más importantes consisten precisamente en evitar una crisis o impedir que una oportunidad desaparezca. Una misión puede parecer poco productiva y, en cuestión de días, convertirse en una infraestructura crítica para los intereses de Colombia.

De ahí que la auditoría anunciada deba ser la ocasión para construir una política exterior de largo aliento. Un documento que identifique los intereses permanentes de Colombia, establezca prioridades regionales y defina los criterios con los que el país decide abrir, fortalecer o cerrar una representación.

Si algo queda claro, es que Colombia no puede seguir reinventando su rumbo en el mundo cada cuatro años. Cada presidente tiene derecho a imprimirle prioridades a la acción internacional, pero esa conducción debe inscribirse en una visión de Estado que preserve la continuidad institucional frente a los ánimos cambiantes de la política doméstica. A partir de esa hoja de ruta, cada embajada debería contar con un mandato específico y evaluaciones periódicas diferenciadas. Algunas tendrían que fortalecerse; otras podrían asumir funciones regionales, y aquellas que ya no respondieran a un interés nacional identificable podrían cerrarse de manera ordenada.

En este empeño, el país no parte de cero. En el Ministerio de Relaciones Exteriores permanece una carrera diplomática con conocimientos técnicos, experiencia y memoria institucional. Aprovechar ese capital no limita la capacidad del gobierno; por el contrario, proporciona las herramientas necesarias para convertir sus orientaciones políticas en decisiones sostenibles.

Colombia podría avanzar, entonces, hacia una red más flexible: misiones integrales en países estratégicos; representaciones regionales; oficinas especializadas; y estructuras austeras donde sea necesario conservar presencia y observación. La eficiencia no es sinónimo de recorte. En algunos frentes habrá que reducir costos y revisar las estructuras. En otros, seguramente será necesario invertir más. La planeación consiste en distinguir unos casos de otros y asignar recursos con prioridades claras.

En este orden de ideas, el anuncio del rediseño diplomático puede convertirse en una oportunidad para ordenar la casa, corregir los excesos del pasado y construir una política exterior más profesional y previsora. Porque mover los puntos en el mapa es relativamente sencillo. Lo verdaderamente complejo es saber hacia dónde quiere dirigirse Colombia y qué instrumentos necesita para llegar allí. Y para eso no basta con tener un mapa. Se necesita, ante todo, una brújula construida con planeación, conocimiento y sentido de Estado.

1. La falacia del ahorro fiscal: el costo de desaparecer del mapa

En su agenda de austeridad resuena con fuerza la iniciativa de recortar drásticamente el presupuesto del sector público, y en esas cuentas figuraría el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la premisa de que las misiones diplomáticas y consulares representan un gasto “accesorio”. Señor presidente electo, la historia institucional nos demuestra que esa premisa produce un saldo deficitario.

En septiembre de 2002, el recién instalado gobierno de Álvaro Uribe Vélez aplicó una agresiva reducción presupuestal que condujo al cierre definitivo de 14 embajadas y 10 consulados. Plazas de alto valor estratégico y comercial como la Embajada en Indonesia, el Consulado en Singapur y oficinas consulares críticas en Alemania fueron clausuradas bajo el argumento de la urgencia fiscal. ¿El resultado real? Un vacío geopolítico inmediato. Perdimos interlocución directa en momentos en que el sudeste asiático consolidaba su auge económico, debilitando las aspiraciones colombianas de inserción en los mercados de la cuenca del Pacífico. La realidad fue tan contundente que el propio Estado colombiano se vio obligado, años después, a reabrir la Embajada en Yakarta y el Consulado en Singapur, incurriendo en elevados costos dobles de instalación y transmitiendo una señal de intermitencia e improvisación ante nuestros socios internacionales.

La presencia en Asia y África de países con ambiciones de liderazgo regional como Brasil o México es robusta, mientras que la de Colombia sigue siendo magra. La diversificación de nuestra red de misiones es el único mecanismo institucional capaz de salvaguardar los intereses nacionales cuando los virajes políticos de nuestros aliados tradicionales alteran las prioridades bilaterales. Las relaciones exteriores no pueden estructurarse sobre afinidades ideológicas transitorias. Por ello, la ruta correcta no es la clausura, sino el aprovechamiento estratégico de las misiones recientemente inauguradas, como las de Senegal y Etiopía. África Occidental, por ejemplo, se ha consolidado como un nodo crítico de tránsito en las redes transnacionales de criminalidad organizada y tráfico de sustancias hacia Europa; replegarse de allí es perder capacidad de inteligencia y cooperación en seguridad. El talento humano de la carrera diplomática destacado en esos destinos debe ser el vector para coadyuvar en seguridad y explorar mercados emergentes que potencias globales ya capitalizan.

2. La especialización funcional: por qué la Cancillería no es ProColombia

Su propuesta de condicionar la permanencia de una representación diplomática a la medición cuantitativa de sus “resultados comerciales” e inversión extranjera directa atraída parte de una confusión conceptual.

Desde la configuración institucional del Estado colombiano y la posterior escisión formal entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior (hoy MINCIT), el ordenamiento legal y constitucional ha preservado la especialización de sus funciones. Los objetivos de una embajada trascienden la balanza comercial: abarcan la cooperación técnica y científica, la interlocución política de alto nivel, la seguridad, la defensa, los convenios educativos y culturales, y la asistencia consular a la diáspora (en el caso de las secciones consulares). Los servicios exteriores de referencia global jamás evalúan la viabilidad de sus misiones bajo un criterio meramente corporativo, pues entienden que la solidez del vínculo político es la condición sine qua non para la viabilidad de los negocios.

Lo que su administración debe fortalecer no es la absorción de funciones, sino la sinergia interinstitucional. Esto se logra mediante la robustecida articulación entre la Cancillería y el MINCIT, potenciando la designación de consejeros económicos y comerciales de carrera y expandiendo las oficinas de ProColombia en el exterior. Durante mi experiencia como responsable de la agenda económica de la Embajada de Colombia en Francia, constatamos la efectividad de este esquema de complementariedad. Bajo la dirección estratégica de los jefes de misión Viviane Morales y Mauricio Vargas, la Embajada asumió la gestión político-diplomática y el soporte jurídico integral: impulsamos la culminación de los trámites para el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, gestionamos el convenio bilateral para la eliminación de la doble tributación y desplegamos gestiones frente a las autoridades locales para neutralizar narrativas proteccionistas que derivaban en barreras no arancelarias contra los productos colombianos.

En paralelo, la oficina de ProColombia en París operaba como el brazo ejecutor de la promoción activa: canalizaba el portafolio de inversión hacia sectores estratégicos en el territorio nacional, gestionaba la participación de operadores en ferias sectoriales y posicionaba la oferta exportable no tradicional. Éramos un engranaje de doble vía: la Embajada ejercía la defensa institucional del marco normativo y los acuerdos vigentes; ProColombia dinamizaba la gestión comercial y el posicionamiento de marca. Subordinar la diplomacia al rol operativo de promoción de mercados debilita el canal político y la inmunidad institucional que se requieren cuando surgen inevitables controversias comerciales o regulatorias entre Estados.

3. Delirios globalistas: el espejo roto del bolsonarismo

Finalmente, señor presidente electo, es imperativo advertir sobre los riesgos de adoptar posturas doctrinarias que interpretan el multilateralismo contemporáneo como una plataforma al servicio de agendas conspirativas globales o intereses partidistas internacionales.

Ese enfoque ya fue puesto a prueba en la región con consecuencias sumamente gravosas para el interés nacional de quien lo ejecutó. Durante la administración de Jair Bolsonaro en Brasil, la conducción de la tradicionalmente prestigiosa política exterior de Itamaraty fue encomendada a Ernesto Araújo, un funcionario de la tercera línea del escalafón diplomático cuyas credenciales previas carecían de experiencia en jefaturas de misión de alto nivel. Guiado por una visión dogmática que pretendía combatir un supuesto “marxismo cultural” y la influencia de las agendas de minorías en los foros multilaterales, el canciller Araújo implementó un repliegue ideológico que condujo al aislamiento internacional de su país.

La realidad forzó severas rectificaciones. El sesgo ideológico en la gestión diplomática de Araújo frente a socios estratégicos generó fricciones directas con el principal mercado comercial de Brasil, China, llegando incluso a comprometer el flujo y la importación de insumos médicos críticos durante la crisis sanitaria del COVID-19, un hecho que desencadenó una fuerte presión interna del propio Congreso y del sector agropecuario hasta forzar su renuncia.

De igual forma, la alineación dogmática afectó la política ambiental: los intentos iniciales de su sector político por suprimir la autonomía de la gestión ecológica y fusionar el Ministerio de Medio Ambiente con el de Agricultura desataron un inmediato rechazo de la Unión Europea, paralizando por completo el proceso de ratificación del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea. Fue el propio sector empresarial, exportador y el estamento técnico del Estado brasileño el que tuvo que operar para restablecer los canales de la diplomacia tradicional y detener el detrimento reputacional del país.

Colombia posee un peso geopolítico distinto al de Brasil; nuestro margen de maniobra es considerablemente más estrecho y nuestra dependencia del derecho internacional, de la cooperación multilateral y del consenso en los organismos multilaterales es de carácter estructural para viabilizar las políticas domésticas de seguridad, desarrollo y estabilidad económica. Romper con la tradición multilateral de la Cancillería colombiana por motivaciones ideológicas de coyuntura no constituye un acto de soberanía; representa un repliegue poco estratégico que reduce nuestra capacidad de influencia y nuestro margen de maniobra en un mundo en el que el derecho internacional ha sufrido los peores ataques.

Señor presidente electo, como funcionaria de carrera tengo claro que nuestro deber legal es articular las directrices de su gobierno con la lealtad irrestricta al Estado que la Constitución nos ordena como servidores públicos, aportando siempre la objetividad técnica que exige la defensa del interés nacional. Desde esta convicción profesional, sostengo que el diseño de la política exterior global del siglo XXI requiere menos discursos de barricada y un mayor apego al pragmatismo institucional, considerando con rigor la posición estratégica y las verdaderas aspiraciones de Colombia en el mundo.

*Las opiniones expresadas en el blog corresponden únicamente a los autores y no comprometen a la Asociación Diplomática y Consular de Colombia -ASODIPLO-, ni al Ministerio de Relaciones Exteriores.

**Ana Cristancho Rocha es consejero de carrera diplomática y consular y economista de la Universidad Nacional de Colombia, con Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia en convenio el IHEAL- Sorbonne Nouvelle; MBA en Relaciones Internacionales de la Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, candidata a Doctora en la Facultad de Derecho de la Université Côte d’Azur (Nice, Francia) adscrita al centro de estudios CERDACFF con un proyecto sobre la cooperación internacional frente a la criminalidad transnacional. Ha estado a cargo de la cooperación con Centroamérica y la seguridad regional; los escritorios de lucha contra el terrorismo, la corrupción y el lavado de activos en Bogotá; la asistencia consular a connacionales en Sao Paulo y las agendas de asuntos económicos, asuntos de la OCDE y seguridad pública en París.