Cuando el fiscal Carlos Chirre y su comitiva llegaron al puerto, unas ochenta personas los esperaban con palos y amenazas de muerte. Chirre es titular de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y regresaba de un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Colorado. Junto a un grupo de policías y funcionarios habían destruido 15 dragas y volvían sin detenidos. Estos se habían fugado, pero la multitud no lo sabía. Por eso exigía a gritos la liberación de sus compañeros.

“Recuerdo que quemaron unos botes de la comitiva. No pudimos hacer nada porque no queríamos que prendieran fuego a las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, cuenta Chirre. Mientras todo ardía, una de las mujeres que lideraba la muchedumbre lo miró y le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

Aquello ocurrió hace tres años y la violencia hoy no ha cambiado. El interés de los mineros por instalarse cerca de las fuentes de agua no es casual. El oro se concentra en los sedimentos de los ríos y puede extraerse sin túneles ni grandes inversiones: basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para atrapar el mineral. En esta tarea las dragas son indispensables, pero es un delito usarlas en los ríos. El Decreto Legislativo 1100, de 2012, prohíbe el uso de esta infraestructura debido a su poder destructivo. Por eso la Fiscalía persigue a quienes las manejan.

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“El solo hecho de remover los sedimentos tiene un impacto enorme en el ecosistema, altera el curso natural del agua y la dinámica de los seres que lo habitan. Y lo más grave, por supuesto, es el envenenamiento por mercurio. Este mineral tóxico llega al agua y a los peces que son el principal alimento de los pueblos amazónicos”, dice Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).

Los ríos y sus fajas marginales son bienes públicos, intangibles e imprescriptibles, según la Ley General de Aguas de 1969 y la actual Ley de Recursos Hídricos, de 2009. Esta última prohíbe actividades que alteren la calidad de sus aguas o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas, fue el propio Estado el que facilitó su ocupación al aprobar concesiones mineras que se superponen a los ríos.

Desde finales de 1970 hasta 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), ahora Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, aprobaron 2692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos permisos y delimitó las áreas para minería artesanal al ver la magnitud de la crisis ambiental y la violencia generada por la actividad ilegal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay Latam analizó imágenes satelitales y revisó cientos de expedientes mineros relacionados con las 1040 concesiones que permanecen actualmente activas en esta región. Lo que encontró fue un patrón muy peligroso: títulos concedidos sobre áreas protegidas, comunidades indígenas y fuentes de agua, todo al amparo de un marco legal opaco. Del total de permisos vigentes, al menos 215 atraviesan actualmente cinco ríos de la región en más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde también hay presencia comprobada de dragas, según informes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

El detalle de los expedientes revela que para aprobar el trámite no se exigió a los interesados redimensionar las áreas de concesión para excluir los cuerpos de agua o espacios protegidos. Aunque algunos petitorios se aprobaron con la instrucción explícita de no intervenir los ríos y de operar únicamente en sus alrededores, en otros ni siquiera se mencionó esa restricción.

Además, aunque en Madre de Dios no se pueden otorgar nuevos títulos mineros desde 2010, la avalancha de solicitudes no se ha detenido: al menos 135 nuevos pedidos se encuentran actualmente en trámite. La mayoría de las solicitudes ingresaron el año pasado.

Ríos lotizados para la minería

Los cinco ríos con concesiones mineras son el Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Colorado. Solo en los dos primeros, Mongabay Latam identificó 189 de los 215 derechos mineros que el Estado entregó sobre fuentes de agua. Al observar los ríos con imágenes satelitales, se pueden detectar dragas que extraen oro ilegalmente en diferentes puntos de sus cauces.

En las imágenes captadas en julio de 2025, una de estas maquinarias aparece entre las aguas amarillentas, en la desembocadura del río Colorado que fluye hacía el río Madre de Dios. Al superponer la escena con el mapa del catastro minero, encontramos que la draga opera dentro de una concesión de 600 hectáreas denominada Acumulación Los Venados, y que fue titulada a favor de Hilda Matheus Bejar. Ella es una de las poco más de 200 personas que lograron cumplir los requisitos ambientales para ingresar a la lista de mineros formales en la región, y sin embargo, en el límite norte de su concesión, vigente y legalizada, aparece este artefacto sobre el río.

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Estas aguas, en las que la minería ilegal vierte mercurio, fluyen hacia la parcela contigua: la concesión minera Vicente 18, un área de 100 hectáreas que también atraviesa el río Colorado. El título fue otorgado a Florencio Matheus Bejar, hermano de Hilda Matheus, y aunque el derecho fue bloqueado en 2014 por el Ingemmet, tras incumplir el pago anual del derecho minero, las imágenes satelitales, tomadas en julio de 2025, permiten observar al menos otras dos dragas en su interior.

Un dato más se suma a esta escena: ambas parcelas, la vigente y la bloqueada, están dentro de la comunidad nativa San José de Karene, habitada por familias de la etnia harakbut. Según un estudio de junio de 2021, que analiza este caso, desde hace décadas la familia Matheus ejerce la actividad minera en el territorio indígena y posee, según la base de datos construida para esta investigación, al menos seis concesiones tituladas dentro del territorio de la comunidad nativa. Buscamos contactar de varias maneras a los hermanos Matheus Bejar y aunque logramos hablar con un familiar que indicó que les comunicaría que estábamos buscando su versión, no recibimos respuesta alguna hasta el cierre de esta publicación.

Por ley, dentro de esas concesiones que se superponen con ríos no debería haber dragas. Sin embargo, es precisamente lo que ocurre.

Un comunero indígena, testigo durante décadas de la degradación de San José de Karene, que pidió a Mongabay Latam mantener su identidad en reserva por temor a represalias, contó que los mineros ilegales llegaron después de que las actividades de los concesionarios les abrieran el camino. Ante la desidia del Estado, ilegales e informales se consolidaron en la zona.

“Ese territorio era ancestral, no se podía tocar, pero desde hace más de tres años lo están explotando intensamente. Todo el río está lleno de dragas. ¿De qué te sirve luchar ahora, cuando el terreno ya está concesionado? ¿De qué te sirve? Ya no se puede hacer absolutamente nada”, afirma.

Para César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, estos casos reflejan un vacío legal, pues los concesionarios mineros no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por no defender su concesión cuando ésta es ocupada por invasores. “Pueden alegar que son ilegales los que están en su perímetro y no hay consecuencias por ello”, señala.

El fiscal Chirre explica que este es un problema que se presenta en los operativos. “En Madre de Dios es difícil saber si los que operan las dragas son invasores o trabajadores contratados por los mismos concesionarios”, explica. “Ellos huyen cuando ven llegar al equipo de interdicción. Los pocos que son detenidos son los que se quedan intentando hundir el motor o aquellos que no tenían combustible para fugarse. Cuando se les captura guardan silencio, dicen que son agricultores que los llamaron para un trabajo puntual y que estaban de paso, pero no dicen quién los contrató”.

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Los intervenidos son en su mayoría migrantes de la sierra centro y sur, quienes optan por no declarar, pues lo habitual es que el juzgado disponga que sean investigados en libertad y eso les permite abandonar la zona. Solo cuando el juez ordena la detención, el fiscal puede conseguir información. Chirre estima que en apenas una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de las dragas. Y aunque algunos casos han llegado a juicio, asegura que identificar a los promotores o financistas detrás de estas actividades es muy difícil.

Fuentes de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente indican que el Estado se ha conformado con dinamitar dragas y ha descuidado la labor de inteligencia por temor a la reacción de los mineros. Además resaltan como un problema la falta de personal o recursos para investigar.

Ana Leyva, especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, coincide con ese diagnóstico, pero se centra en el problema mayor: la aprobación de concesiones sobre áreas intangibles, como lo son las fuentes de agua. “Es una incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad. El hecho de que los solicitantes deban pagar un derecho anual para mantener la concesión genera una expectativa de explotación en espacios que, en principio, están vedados para cualquier actividad futura”, señala.

El problema, advierte César Ipenza, es que no existe una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autorizan bajo el argumento de que dicho título no equivale a una autorización de explotación, pues para ello se requiere permisos ambientales adicionales, pero en la práctica —dice— basta con que el petitorio sea aprobado para que muchos comiencen a operar sin permiso alguno. “Los mineros sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión para afirmar que el Estado les dio ese derecho”, añade.

Comunidades indígenas invadidas por la minería

El cruce de datos y la información satelital recopilada por Mongabay Latam revela que 153 concesiones mineras tituladas y vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios. Se trata de los pueblos indígenas que viven en las comunidades Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas, que han visto afectadas 12 768 hectáreas de sus territorios comunales. Una extensión un poco mayor que la superficie del distrito de Cusco o la ciudad de París.

Los expedientes muestran la lucha que inició el líder indígena José Tijé Huarao para exigir la nulidad de las concesiones que invaden la comunidad Arazaire. Su pedido se inició en 1991 y no obtuvo respuesta hasta casi una década después, el 28 de diciembre de 1999, cuando el Registro Público de Minería lo declaró improcedente. El argumento fue que en los procesos para dejar sin efecto un petitorio minero solo pueden participar el titular y el Estado, “sin la intervención de terceros”.

Hoy, este pueblo, habitado por familias de la etnia harakbut, convive con 11 concesiones mineras tituladas y activas que cruzan ríos, algunas de las cuales pertenecen a mineros informales inscritos en el Reinfo.

El líder indígena que pedía la nulidad de las concesiones falleció el 14 de julio de 2020, a los 81 años, tras sumarse a la lista de víctimas del Covid-19. Dos días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad.

Solo en noviembre de 2025, el Radar Mining Monitoring de Conservación Amazónica (ACCA) detectó 85 alertas de deforestación por minería en la comunidad nativa de Arazaire. Las familias afirman que ya ven el impacto en sus fuentes de agua. “Por la carretera Interoceánica hay agua de una quebrada que está bajando sucia. Está contaminada. Los pocos ojos de agua que había, los que eran más limpios, se han secado. Hay zonas donde la destrucción del bosque ha sido total”, dice uno de sus pobladores.

En la comunidad nativa de San Jacinto, la situación es similar: «Nosotros sentimos el cambio de todo lo que está pasando. Antes los peces pasaban por montones por el río, cerquita, entonces tú podías pescar fácilmente. Pero ahora no, ya no existe esa cantidad de peces porque el agua está sucia”, señala uno de sus habitantes.

El mapa del catastro minero confirma que este pueblo indígena, de la etnia shipibo-konibo, ha sido atravesado por veinte concesiones que abarcan 907 hectáreas, y actualmente existen otros seis petitorios en trámite que abarcan otras 592 hectáreas de su territorio. Una de las que no ha logrado concluir el proceso es Playa Villa Vista 2007. Aunque esta concesión figura en trámite, las imágenes satelitales —de julio de 2025— muestran al menos nueve dragas operando dentro de sus límites, justo en el cauce del río que sustenta a la comunidad San Jacinto.

Augusto Villegas, director regional de Energía y Minas de Madre de Dios hasta diciembre pasado, indica que no pueden anular concesiones de oficio, a menos que exista una sentencia judicial, pues se trata de un derecho adquirido. Esto ocurrió, por ejemplo, con la comunidad nativa Tres Islas, ubicada también en Madre de Dios. En las resoluciones que forman parte del expediente, tanto Ingemmet como la Dirección Regional de Energía y Minas advierten que, durante la evaluación de las solicitudes mineras, no contaban con información cartográfica oficial de las comunidades nativas y campesinas para poder detectar la superposición.

Eusebio Ríos, vicepresidente de la Fenamad, organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del río Madre de Dios, cuestiona que el Estado otorgue concesiones mineras sin consultar a las comunidades. Esa decisión, advierte, ha tenido un impacto devastador en sus bosques, porque no solo se han interrumpido formas de vida basadas en la pesca, la caza y la convivencia pacífica, también ha provocado una irremediable pérdida cultural y de biodiversidad.

A esto se suma que el tránsito de personas foráneas, vinculadas a la cadena de extracción y producción de oro, ha provocado un aumento de la delincuencia, drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes, muchos de los cuales han dejado de estudiar para trabajar en la minería. “En lugar de extinguir estas concesiones, por encontrarse dentro de territorios comunales, el Estado termina ampliando su vigencia con normas como el Reinfo. Eso es lo cuestionable”, dice el líder indígena.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el núcleo del problema es la aparente inocuidad que el Estado atribuye a las concesiones mineras. Mientras el Tribunal Constitucional considera que un título no constituye una afectación directa a los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que otorgar derechos sobre el subsuelo ya limita la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio territorio, y por ello hay suficientes argumentos para exigir la consulta previa antes de otorgar las concesiones mineras.

Ruiz explica que estos derechos se tramitan sin una comunicación efectiva con los pueblos indígenas: los avisos se publican únicamente en el diario oficial, que circula principalmente en zonas urbanas. No se consideran las barreras lingüísticas ni geográficas, y su redacción técnica, basada en coordenadas y nomenclatura catastral, dificulta que las comunidades identifiquen que sus territorios podrían verse afectados.

La trampa del Reinfo

Para explotar el oro, el dueño de una concesión minera debe tramitar los permisos ambientales que exige la ley, pero en la práctica muchos se saltan este proceso. Raquel Yrigoyen, abogada especialista en derecho indígena, ha litigado contra mineros que según ella se valen de esta estrategia. “Piden la titularidad de la concesión para cubrirse de la fiscalía. Les conviene ser considerados informales y no invasores ilegales, pero en realidad extraen el oro sin seguir los procedimientos”, dice.

Esta trampa se profundizó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que desde 2016 arrastra la promesa de regularizar a los mineros que extraen oro sin contar con certificados de explotación. Mientras dura el trámite, el Reinfo les otorga inmunidad ante posibles denuncias penales y administrativas, aunque sean detectados usando mercurio en los ríos, lo que está prohibido por ley.

El Congreso prorrogó este mecanismo por quinta vez, hasta diciembre de 2026, pese a que la extensión de plazos no ha servido para poner orden, sino para permitir que 2218 mineros se mantengan hasta la fecha extrayendo y comercializando oro mientras se mantienen en este prolongado proceso de regularización.

En Madre de Dios ya no se entregan nuevas concesiones, pero de las 215 que aparecen con título vigente sobre los ríos, al menos 89 están en actividad porque sus titulares se encuentran inscritos en el Reinfo. Es decir, extraen y comercializan el oro mientras se mantienen en este proceso de regularización.

Los expedientes analizados por Mongabay Latam también muestran que 38 mineros que operaban en concesiones tituladas sobre ríos fueron suspendidos del Reinfo por incumplir sus obligaciones ambientales, no declarar su producción u operar en áreas protegidas. Al buscar esas concesiones en imágenes satelitales pudimos confirmar que, entre 2023 y 2025, siete de estas tenían dragas operando ilegalmente en los cauces.

En una respuesta por escrito, el Ingemmet afirmó a Mongabay Latam que actúan conforme al marco legal vigente y que en cada expediente aprobado dejan explícitas las restricciones para ejercer la actividad minera en ríos. Pero cuando estas reglas se incumplen, o se incurre en minería ilegal, se generan responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser sancionadas por otras entidades, entre ellas, los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

El exdirector regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Augusto Villegas, explicó que fiscalizan a concesionarios formalizados para confirmar que cumplen con lo señalado en su Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera (Igafom). Sin embargo, dice que algunas zonas son de difícil acceso, no cuentan con embarcaciones y al cierre del año solo contaban con un ingeniero fiscalizador en el equipo. “Y te hablo del trabajo en el corredor minero. Fuera de esta es casi imposible trabajar”, añade.

Concesiones polémicas en Tres Islas

La Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) se creó en 2002 para reunir a los mineros artesanales de la región, pero desde hace unos 15 años adquirió peso político tras promover huelgas para pedir la ampliación del proceso de formalización minera. En el camino, algunos de sus principales líderes empezaron a ocupar cargos públicos.

Por ejemplo, Amado Romero dejó la presidencia de la Fedemin en 2011 al ser electo congresista. Desde su escaño presentó, sin éxito, un proyecto de ley para eliminar la prohibición del uso de dragas en los ríos amazónicos y fue suspendido temporalmente luego que la fiscalía iniciara una investigación en su contra por presuntos vínculos con la minería ilegal. Romero ha manifestado públicamente que desde que fue elegido congresista no se dedica a la actividad minera y que sus concesiones tienen certificación ambiental. Hoy pretende regresar a la política y postularse al Senado por el partido Podemos Perú.

Otro actor emblemático de la Fedemin es Luis Otsuka Salazar, quien se opuso a los operativos de interdicción contra la minería ilegal que impulsó el Ejecutivo en 2014, cuando presidía este gremio. Al año siguiente fue elegido gobernador regional de Madre de Dios para el periodo 2015-2018, y en 2023 volvió a ganar en ese cargo que ocupa hasta la actualidad.

Desde 1999 Otsuka Salazar registra a su nombre una concesión de 300 hectáreas por la que paga puntualmente el depósito de vigencia para mantenerla activa. Se llama K-1 y se superpone parcialmente con la comunidad nativa Tres Islas, titulada en 1994 y ubicada entre los ríos Madre de Dios y Tambopata. Desde el aire, esta porción de bosque ya luce afectada: las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas teñidas de amarillo, caminos de trocha abiertos entre la vegetación y una draga operando dentro del área concesionada.

La concesión del Gobernador fue incluida en el litigio que emprendieron las mujeres líderes de este pueblo shipibo-konibo para frenar la entrega de derechos mineros, los cuales llegaron a cubrir el 60 % de su territorio. Un informe del Gobierno Regional de Madre de Dios, elaborado en 2018 como parte del proceso judicial, cuantificó por primera vez la magnitud de esta superposición. De acuerdo con el documento, 118 derechos mineros atravesaban el territorio de Tres Islas. De ellos, 42 seguían activos, cinco en superposición total y 37 de forma parcial.

“Empezamos el caso pensando que era un pequeño grupo de mineros ilegales, pero ahí nos enteramos de que eran decenas y con concesiones a su nombre. Estaban sacando oro sin tramitar las certificaciones ambientales, sin papeles, solo con la concesión. Yo me pregunto, ¿cómo se iba a enterar la comunidad de los permisos que entrega el Estado si lo notifican por el diario oficial? Eso no llega allá, mucho menos en su lengua”, dice Raquel Yrigoyen, la abogada que acompañó a la comunidad nativa.

En 2012, el Tribunal Constitucional reconoció la autonomía territorial de Tres Islas, y en 2018 el Poder Judicial aprobó una acción de amparo que ordena la nulidad de todas las concesiones y derechos de agua tramitados en su territorio. El histórico fallo señala que los derechos mineros fueron aprobados sin verificar los límites de la comunidad nativa y subraya la obligación de realizar una consulta previa antes de otorgar cualquier título en esta zona.

Para acatar la sentencia, entre 2019 y 2021 el Gobierno Regional de Madre de Dios emitió resoluciones que anularon varias concesiones mineras superpuestas al territorio indígena. Sin embargo, años después, en el 2024, el propio Otsuka dejó sin efecto las concesiones que fueron anuladas.

Hoy al menos 23 figuran activas en el catastro minero. Una de ellas es la K-1, propiedad del Gobernador.

Para entonces, el Ingemmet ya había cuestionado la actuación del Gobierno Regional. En los documentos analizados la entidad indica que no está obligada a acatar la acción de amparo porque no fue incluida en el proceso judicial y reclama a la dirección regional por anular títulos que fueron otorgados por su institución, sin tener competencia para ello. Precisamente los 23 derechos mineros que siguen vigentes en el catastro fueron aprobados por Ingemmet.

El actual director regional de Energía y Minas, Luis Bocangel Amable, dijo a Mongabay Latam, sobre la concesión K-1, indicó que el caso ya no está en su despacho, sino en el ámbito legal del Ingemmet, por lo que no tiene más información.

Insistimos con el Ingemmet sobre este caso y la entidad señaló que «no tiene pendiente el cumplimiento de ningún mandato judicial» ni «procedimiento de cancelación pendiente” en Tres Islas, y que si bien pidieron formar parte del proceso, el Poder Judicial lo desestimó. Sobre la concesión minera de Otsuka, indicaron que el permiso sigue vigente y que solo podría anularse por las causales previstas en la Ley General de Minería del Perú, como la falta de pago del derecho de vigencia, el abandono o haber sido otorgado a una persona legalmente inhabilitada.

Mongabay Latam intentó buscar la versión del gobernador regional de Madre de Dios a través de su área de prensa y por comunicación directa, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta.

La sentencia no frenó el avance de la minería ilegal en Tres Islas. Por ejemplo, en Playa Castillo, una de las concesiones que el Gobierno Regional anuló y luego reactivó, las imágenes satelitales a julio de 2025 muestran al menos 14 dragas extrayendo oro del río Madre de Dios.

El vicepresidente de la Fenamad, Eusebio Ríos, explicó que la sentencia a favor de la comunidad llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual pidió evaluar el impacto de la contaminación por mercurio en los habitantes de la comunidad. “Se pidió brindar atención integral de salud a los niños y mujeres. Eso no se ha cumplido. Lo que tenemos hoy son más amenazas a los hermanos y líderes de la comunidad”.

Juan Carlos Ruiz, de IDL, asegura que la entrega «indiscriminada» de concesiones se realiza en todo Perú, desde títulos que atraviesan chullpas o el cerro Siete Colores, en Cusco, hasta petitorios aprobados en los puntos de captación de agua potable del río Nanay, en la región de Loreto. “Unos pocos funcionarios, que no tienen representación popular, tienen el poder de reordenar el territorio para 30 millones de peruanos, basándose en criterios de promoción de la inversión minera», dice Ruiz.

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Para Eusebio Ríos, de la Fenamad, ninguna norma o iniciativa estatal ha logrado aminorar la destrucción de Madre de Dios. Por el contrario, mecanismos como el Reinfo han terminado fortaleciendo a la minería ilegal, dejando a las comunidades nativas dentro de un sistema informal que canjea ríos y bosques por oro.

*Imagen principal: Actividad minera en el territorio de la comunidad indígena de San Jacinto. Crédito: Yvette Sierra Praeli.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El lunes 19 de enero, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el país prevé un aumento en la producción de oro de por lo menos el 30 % para 2026. Al mismo tiempo, hizo un recuento de cómo estuvo el sector minero el año anterior cuando, según la mandataria, el país alcanzó una producción de 9.5 toneladas de explotación aurífera. Rodríguez también dijo que la producción de hierro aumentaría en un 50 % y la de carbón, en un 100 %.

Durante su reunión de trabajo con el sector de Industrias Básicas y Minería también informó que la Asamblea General tiene en agenda la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Minas y Minerales, que de concretarse permitiría la captación de inversiones internacionales.

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“Estos planes los estuvimos trabajando con el presidente Maduro el año pasado. Un plan para el incremento de la producción de oro, hierro, bauxita y los minerales estratégicos para el desarrollo de Venezuela y para la generación de divisas”, dijo Rodríguez durante su exposición.

De esta forma, Delcy Rodríguez marca el camino que seguirá Venezuela en su política de extracción de recursos naturales, un rumbo que para varios especialistas entrevistados por Mongabay Latam no se distancia de la política que Nicolas Maduro siguió durante su mandato.

Una política extractivista que en el sector petrolero está siguiendo los mandatos del Gobierno de Estados Unidos, luego de que el pasado 3 de enero Donald Trump ordenara una incursión militar en el país sudamericano y la captura del entonces presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Siguiendo las demandas de Estados Unidos, el 29 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permitirá mayor participación de inversionistas privados en la industria petrolera. Estos cambios en la norma ofrecerían a las compañías internacionales facilidades para invertir en conjunto con la firma estatal PDVSA, además de un mayor control sobre los proyectos y acceso más directo a las ganancias de las ventas de petróleo.

Ahora, tras el ingreso de Estados Unidos a Venezuela, surgen interrogantes sobre cuál será el rumbo en las políticas ambientales y en la explotación de recursos naturales que asumirá la mandataria Delcy Rodríguez, quien se desempeñó como la vicepresidenta en el último gobierno de Maduro, además de cargos como ministra de Relaciones Exteriores y de Economía.

Según un informe publicado recientemente por las organizaciones SOSOrinoco y World Heritage Watch, “Rodríguez no es una funcionaria ajena a las operaciones extractivas, sino una de las principales arquitectas y ejecutoras de un modelo económico basado en la minería ilegal”.

El reporte de estas instituciones también señala que la actual presidenta interina de Venezuela “habría supervisado la consolidación del Arco Minero del Orinoco mediante decretos considerados ilegales, sin consulta previa a los pueblos indígenas y en violación de tratados internacionales, incluida la Convención del Patrimonio Mundial”.

“No hay política ambiental en Venezuela”

“Debemos resaltar que ha habido continuidad y que no hay una ruptura. Se extrajo al presidente [Maduro] y a la primera dama pero la estructura de gobierno, prácticamente, es la misma”, comenta el sociólogo Emiliano Teran-Mantovani, investigador de la Universidad Central de Venezuela.

Teran-Mantovani comenta que pese al poco tiempo transcurrido —poco más de un mes— luego de la incursión estadounidense, empiezan a asomar algunas posibilidades sobre el rumbo de Venezuela en su política ambiental. Lo primero que destaca el experto es que cuando habla de continuidad en Venezuela se refiere a que el país mantiene una estructura con “el mismo régimen político” anterior, aun cuando se cuente con un nuevo gobierno. Eso implica que se mantiene la misma “estructura económica y de poder”.

En ese régimen, dice Teran-Mantovani, se dio la “más clara destrucción de la política ambiental venezolana, que siempre estuvo subordinada a la industria petrolera y a los designios del petroEstado”. En ese sentido, el sociólogo precisa que durante décadas los impactos de la industria petrolera “fueron tremendos y se mantuvieron en una gran impunidad”.

Teran-Mantovani añade que esto ocurrió desde la llamada Cuarta República de Venezuela —desde 1958 hasta 1999—, que luego continuó en el periodo de Hugo Chávez (1999-2013) y se mantiene hasta hoy. “Hay una continuidad y queda claro que la política ambiental no es una prioridad para el Gobierno”.

Si bien Teran-Mantovani menciona que durante el Gobierno de Chávez surgió un discurso sobre el ecosocialismo y se “habló de un proyecto político con la naturaleza”, nada de ello se sustentó en la realidad. “La devastación que generó la industria petrolera, la deforestación, la contaminación por mercurio en la Amazonía, la impunidad en torno a los conflictos ambientales se mantuvieron de forma no solo permanente, sino intensa”.

Es más, para el investigador los problemas ambientales en Venezuela se agudizaron con la crisis política, económica y social que empezó en 2013, por tanto, “lo poco que hubo en relación a una política ambiental terminó destruida”.

En su análisis, el sociólogo venezolano acota que el Gobierno de Delcy Rodríguez está priorizando los acuerdos económicos en la reorganización del país. “Es sacar más petróleo, acelerar los cambios legislativos para que sean favorables a las inversiones extranjeras y no a la protección ambiental ni a los intereses nacionales”, agrega.

“La continuidad de la que hablo se intensifica porque se formaliza la indolencia ambiental con las leyes que regulan claramente la liberalización y el favorecimiento del capital extranjero antes que la protección ambiental”, comenta Teran-Mantovani y agrega otro factor a su evaluación: la política estadounidense actual. “Trump ha sido muy claro en su política antiambiental en los Estados Unidos, en los acuerdos globales sobre el clima. Este factor es importante porque si la democracia ni siquiera está sobre la mesa, lo ambiental está oculto, ni se menciona”.

Alejandro Álvarez, coordinador general de la organización Clima 21, también asegura que en Venezuela “no hay una política ambiental” y menciona que durante todo el período denominado bolivariano —que empieza con el gobierno de Chávez— había una gran diferencia entre lo que se decía y lo que pasaba en términos ambientales en el país. “Eso ha sido una tendencia general a lo largo de estos casi 30 años que llevamos de este periodo”.

Álvarez dice que, en los últimos diez años, ha ocurrido una diferenciación cada vez mayor entre el discurso y la práctica, y menciona, específicamente, el decreto de creación del Arco Minero del Orinoco, el 24 de febrero de 2016. “Desde un inicio se sabía que iba a ser dañino para el ambiente, pero se presentó como un gran aporte social y económico y que iba a respetar completamente el tema fiscal y los derechos mineros”.

Otro tema que aborda Álvarez es la total inacción del Gobierno en temas climáticos. “Llevamos once años asegurando que se elaborará el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y hasta este momento no se concreta, mientras el 60 % de la población venezolana no tiene acceso al agua potable de manera regular”.

Álvarez agrega que el cambio de la ley de hidrocarburos es para permitir que empresas de Estados Unidos puedan operar con enorme facilidad. “Algunas personas en el país piensan que una empresa que en su país de origen, Estados Unidos, cumple con regulaciones ambientales posiblemente aplicaría lo mismo en Venezuela, pero yo no estoy seguro de eso, por dos razones: son empresas petroleras cuyo interés, para nada, es la protección ambiental y, adicionalmente, porque Donald Trump desprecia completamente cualquier regulación ambiental”.

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¿Hacia dónde va la política ambiental de Rodríguez?

Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco, también se une a las voces que no ven cambios en las decisiones ambientales. “El único anuncio, digamos, oficial por parte de Delcy Rodríguez fue que aumentará la producción, obviamente, de petróleo, pero también de los minerales, aunque no está muy claro si el 30 % que ha anunciado es de oro o en general de la minería”, comenta sobre el reciente anuncio de la presidenta de Venezuela.

En ese sentido, Burelli cuestiona que la mandataria de Venezuela no mencionara “absolutamente nada sobre la minería ilegal”. Por el contrario, dice que “en las últimas semanas, todo sigue igual en las minas ilegales del sur de Venezuela, sigue llegando maquinaria pesada, siguen las dragas en los ríos, el flujo de gasolina a las minas, que es monopolio de las Fuerzas Armadas”.

Burelli habla de lo caótica que es la minería en el sur del país, “con pequeños mineros controlados por grupos armados organizados”, sin ningún respeto por las leyes ambientales ni atención a las condiciones de trabajo. “Cada vez estamos viendo más accidentes mineros porque hay más minería y más mineros trabajando en la zona en condiciones infrahumanas, sin ningún control», afirma.

Explica, además, que hasta que no haya un anuncio por parte del Gobierno de que van a empezar a limitar y cerrar las minas ilegales, «todo seguirá igual y no tenemos ninguna esperanza de que ocurran cambios”.

Burelli responsabiliza a Delcy Rodríguez por la política minera que existe en Venezuela porque la supervisión del arco minero ha estado bajo su responsabilidad cuando era ministra y vicepresidenta. “Ella ha permitido la cohabitación entre el Estado y los grupos armados organizados que controlan estas minas y que ejercen una gobernanza criminal en todas estas minas”.

Ella tiene responsabilidad directa, asegura Burelli, porque “conoce muy bien lo que está ocurriendo” en esa zona. Además, asegura que fue responsabilidad de Rodríguez que la Misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que tenía el encargo de visitar las minas en septiembre de 2022, no lograra su cometido. “Todos los años la Unesco pide que se defina una fecha para la visita, pero hasta hoy el Gobierno de Venezuela la sigue postergando”.

Para Burelli la política ambiental en Venezuela está impactada por el decreto del Arco Minero del Orinoco, una decisión que convirtió a la pequeña minería “en una máquina de extracción violenta patrocinada por el Estado y controlada por autoridades civiles y militares que se benefician de toda la cadena de suministro.

En ese sentido, la investigadora coincide en que Delcy Rodríguez está siguiendo la misma línea en política ambiental marcada por los gobiernos que la precedieron.

De acuerdo con el informe Una mirada a la minería ilegal de oro en el hemisferio occidental, publicado por Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition, la mayor parte del oro de Venezuela se lava internacionalmente a través de empresas ficticias y cadenas de suministro poco transparentes, incluso en Estados Unidos.

En un artículo publicado en Mongabay Latam, en octubre de 2025, se explica que estas operaciones suelen estar controladas por élites militares, grupos guerrilleros y bandas transnacionales que explotan las lagunas y brechas en los sistemas financieros y comerciales de Estados Unidos.

Mongabay Latam contactó a miembros del equipo de Rodríguez para preguntar sobre los anuncios en temas de minería y petróleo, las decisiones en política ambiental y los problemas presentes en el Arco Minero del Orinoco, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta.

Teran-Mantovani plantea algunos escenarios futuros de la política ambiental de Delcy Rodríguez. Por un lado, “que se mantenga una continuidad total con el autoritarismo, sin democracia y con el desastre ambiental”. Un segundo escenario apunta a “algunas medidas paliativas”, pero sin cuestionar el modelo o las políticas ambientales de fondo. Sin embargo, “podrían aparecer algunas medidas, más bien, cosméticas sobre lo ambiental para refrescar un poco la imagen en relación al medioambiente”.

El sociólogo piensa que Rodríguez podría intentar “un contraste con el Gobierno de Maduro” e iniciar algunas medidas ambientales que calmen las críticas nacionales e internacionales y muestren “una imagen más verde”, como un incentivo para que ingresen inversiones climáticas a Venezuela.

En ese camino, dice Teran-Mantovani, el Gobierno podría formalizar algunas minas en el Arco Minero del Orinoco y despejar un poco el crimen organizado para “dar una apariencia de un camino hacia la legalidad”, que ha sido parte de la propuesta de la oposición. “Esto ya estuvo sobre la mesa, incluso en grandes conferencias mineras, la propuesta que llevaba la oposición era: vengan, inviertan que nosotros vamos a garantizar todo”.

Estos son los dos escenarios que plantea el sociólogo, pero en ninguno de ellos vislumbra “una política ambiental que aborde la restauración del desastre ambiental que ha ocurrido en Venezuela”. Lo que le queda claro, sin embargo, es que continuarán los procesos de facilitación y de regulación para las inversiones petroleras y mineras.

Imagen principal: en las últimas semanas, la explotación minera y petrolera ha estado en la agenda de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Ariana Cubillos/AP.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El ruido de los motores se escucha a varios metros de distancia. Es constante. No dejan de funcionar. Mientras se camina por los remanentes de un bosque, con árboles aún en pie, el sonido se hace más intenso, advirtiendo la cercanía de las ruidosas máquinas que están extrayendo oro en La Pampa, en la región amazónica de Madre de Dios, Perú.

Al cruzar esa especie de pared formada por los pocos árboles aún en pie, la devastación se muestra en toda su crudeza. El dueño del predio, que una vez estuvo lleno de árboles, camina desesperanzado por el lugar. “Lo están destruyendo todo”, dice a Mongabay Latam y Forbidden Stories en medio del espacio deforestado. “Esto era grande, era bosque. Todo lo han acabado”, se lamenta mientras se desplaza en un paisaje dominado por el lodo, lagunas de residuos tóxicos y montículos de tierra que han reemplazado a los bosques naturales en una zona que debería estar intacta, porque La Pampa está dentro del área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

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La destrucción de la biodiversidad no es lo único que perturba en La Pampa. El mayor temor ahora es la presencia de las bandas de crimen organizado que han tomado el control de la zona y han impuesto un sistema de extorsiones, cobros de cupos, amenazas y asesinatos. “Acá vivimos bajo presión de esas personas. Ellos son prácticamente los reyes, no puedes decir nada. El Estado no nos escucha. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la Policía, a la Procuraduría?”, dice con angustia una madre de familia en La Pampa.

En ambos lados de la carretera Interoceánica Sur —vía que va desde el océano Pacifico en Perú hasta el océano Atlántico en Brasil—, entre los kilómetros 98 y 117, aproximadamente, incontables dragas, tracas y retroexcavadoras funcionan sin tregua. La ruta también está copada de edificios en construcción, hoteles, grifos, establecimientos con decenas de cilindros azules en los que se transporta combustible, centros de venta de motores, talleres, agentes multibancos, restaurantes, bares. Todo un ecosistema que rodea a la minería ilegal.

Los tentáculos de la minería ilegal y las bandas de crimen organizado avanzan en todas las direcciones. Han superado las fronteras del área de amortiguamiento y han ingresado a la reserva de Tambopata. A inicios de octubre de 2025, un operativo realizado dentro del área protegida, en el sector Azul, confirmó la presencia de las balsas-draga en la misma reserva. Las amenazas también han entrado en el área protegida, donde los guardaparques se desplazan con miedo cada vez que tienen que realizar su trabajo de vigilancia.

Un equipo de reporteros de Mongabay Latam y Forbidden Stories recorrió La Pampa y algunas zonas cercanas a este territorio tomado por las actividades ilícitas y la violencia. Encontró devastación, visible a cada paso; un ambiente rodeado de secretismo; miradas de sospecha y desconfianza; y mucho temor a hablar de lo que sucede en este lugar. Los nombres de quienes nos han dado sus testimonios los mantenemos en reserva por cuestiones de seguridad.

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El precio de extraer oro

En La Pampa todo tiene precio. Hay tarifas para las diferentes actividades que se realizan en esa franja de la carretera Interoceánica Sur. Una fuente de la zona cuenta a Mongabay Latam que los mineros deben pagar a las bandas de crimen organizado 1000 soles (alrededor de 300 dólares) cada semana por operar una balsa, es decir, 4000 soles (alrededor de 1200 dólares) al mes. Otra persona entrevistada sobre este mismo tema habla de 20 000 soles (alrededor de 6000 dólares) exigidos a los dueños de las máquinas.

Son las tarifas que han impuesto las bandas de crimen organizado que operan en la zona minera por brindar “seguridad”. Estos grupos criminales que llegaron hace por lo menos diez años ofrecieron a los mineros y a la población de La Pampa protegerlos de los robos que ocurrían en la zona a cambio de un pago como retribución a su “trabajo de vigilancia y seguridad”.

Sin embargo, lo que se impuso ha sido un sistema de extorsiones que se extiende a todos los negocios, restaurantes, bodegas, talleres mecánicos, todos tienen que pagar su cuota al crimen organizado. “La mayoría paga 200 soles, en todas las tiendas”, cuenta una persona a la que le pidieron 500 soles por dar “seguridad” en su empresa. “Pueden ser 1000, dependiendo de cómo cambia el bando”, dice para explicar la división que existe dentro de los grupos criminales.

Mongabay Latam accedió a unas listas de pagos de extorsiones, escritas a mano. En una de ellas, del 8 de diciembre de 2024, se leen varios nombres con la indicación “un motor”, en cada caso, y al costado, se ven montos de entre 300 y 350 soles (aproximadamente entre 90 y 100 dólares). En otro de estos documentos se consigna la suma de 22 000 soles con unas notas que dicen “comisión” 2220 y “parque” 4000, montos que se restan del total inicial.

“Todos estos grupos de extorsionadores se conformaron en La Pampa desde que existe la minería ilegal”, afirma Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad. “Los Guardianes de la Trocha son el grupo, por así decirlo, más fuerte, pero también había otros, por ejemplo, Los Tigres del 98, que tenían como lugar establecido el kilómetro 98 y cobraban cupo a quienes ingresaban a La Pampa”, agrega Garay, quien ha sido fiscal ambiental en Madre de Dios.

En los últimos años Los Guardianes de la Trocha han sido la banda criminal más conocida, pero no es la única, según autoridades y personas que viven en la zona. “Ahora se llama La Empresa”, comenta un funcionario de una institución pública, con sede en Puerto Maldonado, que prefiere mantener su nombre en reserva.

El temor de las personas que viven en Madre de Dios para contar lo que sucede en esa región se percibe en cada conversación. Hablan en voz baja y ponen énfasis en pedir el anonimato. Incluso las autoridades que hace unos años declaraban sin omitir su nombre ahora piden no ser identificados en el reportaje. No es para menos. A los cobros de cupos y las amenazas constantes se suman los asesinatos, muchos de los cuales ni siquiera son reportados.

“La función que cumplen es, supuestamente, dar seguridad a los mineros para que no les roben el dinero y el oro, pero tienen que pagar un cupo, así es como funciona”, comenta Garay. “Hay disputas entre estos grupos porque se convierten en territoriales. Unos están en un kilómetro y otros, en otro kilómetro”, agrega.

Desde la Fiscalía de Madre de Dios también mencionan que durante un operativo en junio de 2025, en el sector Azul, en el interior de la misma reserva, se encontraron motores de las balsas-dragas que llevaban stickers de Los Tigres. La imagen se ve en una fotografía entregada a Mongabay Latam. “En una interdicción hemos tenido una emboscada y enfrentamos una balacera con este grupo. Así hemos evidenciado que además de ejercer esta actividad ilegal se encuentran completamente armados”, comenta un representante de la Fiscalía Ambiental de Madre de Dios que prefiere mantener su nombre en reserva por las amenazas que ha recibido por realizar su trabajo.

El Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Almanza, ofrece a Mongabay Latam un panorama más amplio. “En Puerto Maldonado tenemos zonas. Con la Fuerza Aérea se ha logrado subzonificar 10 áreas. Las más conocidas son La Pampa, Delta Uno, Delta Dos y Masuko. Son zonas en las que hay mayor incidencia. Por ejemplo, nada más en La Pampa y Delta Uno hay más de 5000 dragas y tracas. No es una cifra que a mí se me ocurra, sino que se ha logrado, más o menos, cuantificar a partir de sobrevuelos de la Fuerza Aérea”.

Almanza explica que la Fuerza Aérea realizó sobrevuelos, primero con avionetas y luego con drones. “Se han podido incluso localizar los puntos, pero son de difícil acceso. Se ven decenas de máquinas pesadas, retroexcavadoras, cargadores portátiles. Se han hecho hasta puentes para que pase esa maquinaria a la zona de minería. Son inversiones importantes”, confiesa Almanza.

“El problema no es solo que están trabajando en una zona, sino que están avanzando. En Puerto Maldonado, las autoridades tienen una preocupación grande, casi de desesperación, porque están llegando a lugares donde antes no habían llegado: a las reservas”, dice Almanza desde su oficina en Lima.

El abogado especializado en temas ambientales César Ipenza considera que no se puede dejar de mencionar la presencia del Comando Vermelho en el panorama de criminalidad que rodea a La Pampa y, en general, a Madre de Dios. “No sería extraño que estén controlando las zonas de minería”, dice Ipenza sobre la presencia de este grupo criminal surgido en Brasil y relacionado principalmente con el narcotráfico. “La mayor bonanza está en la minería, entonces, no sería extraño que estén operando y trabajando bajo el control o liderazgo del Comando Vermelho”.

Actualmente, el precio de la onza de oro bordea los 5000 dólares. Desde su despacho en Lima, el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, señala que “el precio del oro está en la raíz del problema y se ha convertido en un motor de la minería ilegal”. A ellos se debe sumar que la comercialización de oro no es una actividad ilegal, dice García Esquerre, por tanto, el mineral se comercializa sin restricciones.

El funcionario señala que en 2024, Perú exportó alrededor de 180 toneladas de oro, pero que de esa cantidad, por lo menos 80 toneladas “eran de origen desconocido”. García Esquerre cita al Instituto Peruano de Economía para dar cifras de 2024, cuando la exportación de oro movió casi 7000 millones de dólares. Si se considera al precio actual, ese monto supera los 10 000 millones de dólares.

“Es más fácil lavar el dinero en la minería [que del narcotráfico] porque el producto, el oro, a diferencia de la droga, es legal. Estamos frente a un delito que es inmenso y es transnacional”, dice Esquerre sobre la minería ilegal. “Lo que en realidad tenemos es una economía ilegal”, puntualiza el también excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

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La incursión de la minería ilegal en el área span
protegida

Todos los guardaparques de la Reserva Nacional Tambopata están amenazados. Cada vez que salen a realizar sus labores de vigilancia deben cubrirse el rostro para no ser reconocidos, cuenta a Mongabay Latam un testigo de lo que sucede en el área protegida. Ya lejos de Madre de Dios, confiesa lo difícil que resulta vivir en esa región y que teme por su vida y la de su familia.

Otro testigo de lo que sucede en el área protegida también cuenta que circulan mensajes en grupos de Whatsapp de los grupos criminales en los que se anuncian que ingresarán a la reserva de Tambopata. “Dijeron que iban a llevar balsas y que irían armados para que el personal guardaparque no se acerque”, relata la fuente durante nuestra visita a Puerto Maldonado.

En octubre de 2025, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) realizó un operativo dentro de la reserva de Tambopata, en el sector Azul, en el río Malinowski. De esta forma, confirmaba que la minería ilegal estaba instalada dentro del área protegida.

El último reporte del Radar Mining Monitoring (RAMI), herramienta de monitoreo satelital, informa que entre noviembre y diciembre de 2025 “se registraron nuevas pérdidas de cobertura forestal por minería dentro de la Reserva Nacional Tambopata, que suman 9.5 hectáreas de bosque afectado”.

Mongabay Latam solicitó al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) información sobre la presencia de la minería ilegal dentro de la reserva y las denuncias de amenazas, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.

El fiscal Almanza dice que ha solicitado a la Policía y al Ejército que realicen interdicciones constantes “para frenar un poco” el avance de la minería. Sin embargo, el coordinador de las fiscalías ambientales reclama por la falta de fondos para dar pelea a esta actividad ilegal.

“Nos gustaría tener a cargo la logística para realizar las acciones de interdicción, pero tenemos que depender de otros. No tenemos horas de vuelo, no tenemos embarcaciones, no tenemos balsas, a duras penas tengo un par de vehículos para todos los temas. Para la fiscalía es una limitante la falta de presupuesto”, cuestiona Almanza.

Mongabay Latam tuvo acceso a 28 de las actas de operativos contra la minería ilegal realizados durante 2025 en Madre de Dios. Dos de ellas daban cuenta de operativos específicamente dentro de la Reserva Nacional Tambopata. En los documentos se menciona el hallazgo de campamentos rústicos; motores chinos; bombas de succión; generadores eléctricos; balsas tracas; y otros insumos, como baterías, alternadores, arrancadores, radiadores, filtros, cables, abrazaderas, poleas metálicas, codos y metros de manguera de succión y cableado.

Las más de 20 actas dan cuenta de la destrucción de los bosques causada por las actividades de extracción ilegal de oro, al mismo tiempo que mencionan la contaminación por combustible, grasa, aceites, bolsas plásticas, trapos contaminados, entre otros insumos que se utilizan en la minería.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, durante 2025 se realizaron 193 operativos de interdicción contra la minería ilegal en Madre de Dios, como parte del Plan Restauración. Este proyecto del Estado siguió a la Operación Mercurio, el megaoperativo realizado en 2019 en La Pampa. Los planes que se trazaron en ese momento para “recuperar” la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y erradicar la minería ilegal en ese sector de Madre de Dios parecen haber quedado en el olvido.

Seis años después del más grande operativo realizado en esta región, la cantidad de balsas, dragas, tracas y maquinaria pesada que sacan oro sin descanso del corazón mismo de bosques y ríos se ha multiplicado de tal forma que cuando se recorre este territorio devastado se hace imposible siquiera pensar que alguna vez estuvo cubierto de árboles y que la vida silvestre transcurría sin mayor preocupación.

El dueño de la concesión forestal por la que caminamos para ver más de cerca cómo las dragas extraen oro busca con la mirada a los monos que, asegura, a veces se aferran a los pocos árboles que aún quedan en pie. Quiere mostrarnos que en medio de la devastación hay espacio para la supervivencia. Su esposa, dice, ya no quiere caminar por su predio porque siente mucha pena al ver cómo se va extinguiendo la vida. “He puesto denuncias a todos. Con pruebas hemos ido, llevamos videos a la Policía para que vean que nos han rodeado. Y nada. Nunca vienen, parece que reciben plata”, dice el hombre desconsolado.

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Un territorio plagado de criminalidad: fosa común, armas y asesinatos

Un portón blindado se abre para ingresar a la casa de una familia que perdió a uno de sus miembros en manos del crimen organizado. El lugar está amurallado. “Escuchábamos que había minería, que estaba acercándose y que se iba a pasar al lado de la reserva. Pero nunca habíamos visto ese tipo de minería”, recuerda uno de los miembros de la familia sobre lo que sucedía en esa zona en 2011, cuando aún había bosques en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

«En 2011 llegaron acá -dice el testigo-, se saltaron la pista [carretera Interoceánica Sur] y se lanzaron a nuestro predio porque justo el oro pasa por esta zona». Desde esa época han sido amedrentados por la minería ilegal. Algunos de los miembros de la familia fueron secuestrados el mismo 2011, cuenta la fuente y recuerda que por esos años empezaron los robos y asaltos a quienes se dedicaban a extraer oro.

“Así es como aparece la famosa seguridad”, dice el entrevistado sobre las personas que llegaron ofreciendo vigilar la carretera y las trochas de ingreso a toda la zona de amortiguamiento de Tambopata donde se estableció la minería ilegal. Quienes ingresaban por esas vías debían pagar para transitar, una modalidad que se mantiene hasta ahora.

“Para 2013 y 2014 todos hablaban de pagar a la ‘seguridad’. Se tenía que pagar el viaje, todas las máquinas supuestamente estaban registradas, no podía haber otras personas con armas, solo ellos, y empezaron a matar a gente”, recuerda el testigo. Para 2016, agrega, todos debían estar registrados para poder trabajar y a quienes llegaban a delinquir en la zona, los mataban.

Con el tiempo los asesinatos se extendieron, surgían por una pelea en un bar, por enfrentamientos entre las bandas, por no pagar los cupos. Videos que han circulado en redes sociales o que han sido tomados de cámaras de seguridad de la zona muestran a personas transitando con armas de largo alcance, encapuchados, en camionetas que los trasladan. Algunos, incluso, dejan ver cómo se asesina a una persona.

Los asesinados y desaparecidos se multiplican cada año. El comandante Willmann Carazas es el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía (Divincri), en su despacho en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, cuenta sobre el hallazgo de una fosa común en La Pampa con cinco cadáveres. Uno de ellos, dice el policía, estaba siendo buscado por sus familiares, quienes habían publicado sus datos pidiendo que se les avisara si lo encontraban.

Carazas señala que muchos de los asesinatos y desapariciones que suceden en La Pampa, en otras zonas mineras de la región e incluso en la misma ciudad de Puerto Maldonado, nunca se reportan.

Varios medios de comunicación locales y nacionales han informado, más de una vez, sobre las fosas comunes que se han encontrado en La Pampa. Los periodistas que viven en Madre de Dios también han sido amenazados por informar sobre estos crímenes. Manuel Calloquispe es uno de ellos y quien más ha seguido las pistas del crimen organizado, principalmente de Los Guardianes de la Trocha. Ahora vive amenazado.

Según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped) 204 personas fueron reportadas como desaparecidas en Madre de Dios en 2025. La cifra no es la más alta entre los departamentos de Perú, apenas aparece en el puesto 20, pero las regiones de Cusco y Puno, que limitan con Madre de Dios, reportan 1390 y 828 desaparecidos, respectivamente.

“¿Han escuchado sobre la fosa común en la que encontraron unas 200 personas?”, pregunta la persona que vive en el búnker en medio de La Pampa. Menciona también que las bandas criminales han asesinado a los dueños de predios agrícolas para quedarse con sus tierras. Durante la conversación, muestra algunas armas que ha adquirido para defenderse.

El defensor ambiental Juan Julio Fernández Hanco ha sido una de las víctimas. Su asesinato ocurrió en marzo de 2022. Desde 2006, Fernández Hanco tenía una concesión para forestación y reforestación de 396 hectáreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. En 2025, el Poder Judicial sentenció a 15 años de prisión a Edison Fernández Pérez, alias Chili, uno de los integrantes de la organización criminal Los Guardianes de la Trocha, por el crimen del defensor ambiental. El condenado se encuentra prófugo.

El defensor ambiental José Carlos Pacheco también ha sido víctima de la violencia de este territorio tomado por el crimen organizado. Su asesinato, ocurrido en setiembre de 2020, aún está impune. Su cuerpo fue hallado en el límite de la concesión forestal de su familia. Su padre, Demetrio Pacheco, vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, guía a este equipo de periodistas por el bosque de su concesión que defiende con uñas y dientes. No se da por vencido a pesar de que los invasores siguen avanzando en el predio tumbando los árboles.

“Mi hijo era un defensor ambiental reconocido. Tras su asesinato, lograron identificar a las personas que cometieron el crimen, los intervinieron y les incautaron armas de fuego. Estuvieron detenidos alrededor de siete días. Después le dieron libertad”, cuestiona con indignación.

Pacheco ha realizado múltiples denuncias sobre las invasiones a su predio. La minería de oro no ha llegado a este lugar. La amenaza principal es la deforestación. Sin embargo, hay quienes sostienen que todo ese sector de la carretera Interoceánica tiene oro, por lo que se teme que, de continuar el ritmo actual, la minería arrase también con lo que quede de esos bosques.

La madera que sale de allí también podría estar siendo usada en la minería para la construcción de las dragas y balsas que se utilizan para extraer el oro. Karina Garay, del Observatorio de Minería Ilegal, afirma que, efectivamente, se tala madera de bosques cercanos para ser utilizados en estas estructuras.

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El manejo del territorio: el objetivo de los grupos armados

La comunidad nativa de San Jacinto vive rodeada de minería. Dentro del territorio hay concesiones mineras de oro que han funcionado durante muchos años. Los restos de esta explotación son visibles. En el río que divide al territorio comunal están las dragas.

El día que este equipo periodístico llegó a la zona las dragas no tenían motores, las habían ocultado por los patrullajes que, según decían los pobladores, estaba realizando la Capitanía de Puertos de Madre de Dios. Tres mineros descansaban sobre la draga inactiva. Uno de ellos se acercó para indagar por nuestra presencia. Después de una corta charla nos dejó ir.

Hasta esta comunidad ha llegado el crimen organizado, dicen sus habitantes. “Han venido acá”, dice una de las lideresas sobre la denominada “seguridad. «Estaban infiltrándose. Daban vuelta en la noche con linterna. Pero nosotros los hemos llamado a una reunión”, comenta. “Cuando miro armamento me indigna. No me gusta que me estén apuntando”.

Parados en pleno salón comunal, uno de los integrantes del grupo con el que conversamos asegura que los hombres armados “estuvieron parados ahí mismo” y les ofrecieron protección y vigilancia. “Nos han dicho: ‘Vamos a brindarle seguridad, pero tienen que pagarnos’”. La respuesta que dieron, aseguran, fue que no tenían dinero y, con el tiempo, dejaron de entrar al territorio comunal.

El crimen organizado busca “controlar el territorio”, dice Rafael Hoetmer, director del Programa Amazonía Occidental de Amazon Watch. “Es un ecosistema donde distintas formas de control se articulan entre sí. Puede haber confrontación, pero también pueden no chocar”.

Hoetmer menciona también que en Perú, en los últimos años, “ha habido una reversión dramática de la institucionalidad y de las leyes”. Menciona el caso de los presidentes regionales que tenían denuncias por ser mineros o fueron denunciados como integrantes de organizaciones criminales.

El abogado César Ipenza, especializado en temas ambientales, apunta también en esa dirección. Uno de los principales cuestionamientos es la ley de formalización minera que tiene entre sus pilares el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Los plazos para que se concrete esta formalización se han extendido varias veces, como ya ha reportado Mongabay Latam. La última extensión es a diciembre de 2026, favoreciendo a la minería informal e ilegal, aseguran los expertos.

Las personas inscritas en el Reinfo pueden realizar la minería aun sin haber concluido el proceso de formalización ante las autoridades. Además, los documentos que obtienen del Estado por la inscripción en el Reinfo pueden ser utilizados por quienes extraen oro de lugares no autorizados. Esto facilita que los mineros ilegales se escuden detrás del Reinfo y puedan seguir operando a la espera de una «formalización», que nunca llega. Detrás de ellos, muchas veces, está el crimen organizado.

Para Ipenza el ofrecimiento de brindar seguridad y el sistema de cobro de cupos han sido la base para que, con el tiempo, los grupos criminales también manejen dragas y controlen el territorio. “Eran los que extorsionaban, cobraban cupos o en el pasado brindaban seguridad a los mineros informales. Luego vieron cómo funciona el negocio de la minería y, obviamente, se dieron cuenta de que había más dinero en ese negocio. No solamente van a cobrar cupos, sino también controlan las zonas de minería y tienen sus propias operaciones”.

Durante la conversación con Mongabay Latam, el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, enfatiza que la minería ilegal debe ser entendida como una economía ilícita, por tanto, se debe comprender que se trata de “un problema político, social, económico e inclusive de seguridad”.

“El problema que está generando la minería ilegal no es solamente un daño al medioambiente, sino que está afectando la vida de muchas comunidades nativas y campesinas, por lo tanto, la solución se debe enfocar de manera diferente”, sostiene el funcionario y agrega que esta mirada integral está plasmada en la Estrategia nacional para la reducción e interdicción de la minería ilegal en Perú a 2030, aprobada en junio de 2025.

“Hay 225 cuerpos de agua que, se conoce, están contaminados por mercurio y alrededor de 140 000 hectáreas de bosques, en todo el país, depredados solo por la minería ilegal, más del 95 % en Madre de Dios”, menciona García Esquerre para dar un panorama de los impactos.

El ex comandante de la FAP señala que en esta estrategia nacional se han definido 68 actividades, distribuidas en siete ejes que involucran a 18 instituciones del Estado. La identificación geográfica, el seguimiento del dinero, las interdicciones en las zonas mineras, el control de los insumos químicos, combustible y explosivos, la comercialización y la investigación son los ejes sobre los que se ha construido la estrategia que va al 2030, comenta García Esquerre.

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Un negocio que se extiende

El control de los grupos criminales se va extendiendo a todos los sectores. Uno de los testigos directos de lo que sucede en La Pampa asegura que las bandas de crimen organizado manejan directamente las dragas y la maquinaria pesada; controlan el traslado del oro y mantienen una vigilancia constante a través de cámaras de seguridad instaladas en las tiendas, los ingresos a la vía de accesos, las calles.

Karina Garay, del Observatorio de Minería Ilegal, agrega que los mayores inversionistas de la minería ilegal ni siquiera viven en Madre de Dios, sino que están en otras ciudades, como Puno y Cusco, mientras mantienen su maquinaria trabajando en esta zona.

Los precios del oro son cada vez mayores. Durante los días que este equipo periodístico recorrió La Pampa cada onza bordeaba los 4000 dólares, al cierre de esta edición el precio estaba cerca de los 5000 dólares. “El minero quiere exportar su oro, que salga de Perú”, agrega Garay. Para ello, utilizan diferentes modalidades.

Por un lado están las agencias bancarias, señala una fuente de la fiscalía. A lo largo de la carretera Interoceánica Sur es común ver estos establecimientos en los que se pueden hacer transacciones como si se tratara de un banco. En este lugar, explica la fuente de la fiscalía, muchos entregan el oro y reciben el pago que corresponde, pero en este caso son pequeñas cantidades. Gran parte del oro se comercializa utilizando guías de transporte que obtienen quienes tienen concesiones o están inscritos en el Reinfo.

“Los ilegales lo venden al formal y estos lo hacen pasar como si hubiese salido de su concesión. Es la modalidad más común”, explica Garay. Así llegan a las refinerías que se encuentran principalmente en Lima y Arequipa.

El oro también sale por los pasos fronterizos, principalmente hacia Bolivia. “El oro que se explota en La Pampa se traslada hasta Bolivia. Desde allí, se exporta como oro boliviano. Otra ruta es hacia Cusco y Puno para continuar su camino hacia Lima, pero también es posible que se traslade a través de la frontera con Brasil. No sería extraño que salga por Brasil. Yo he hecho esa ruta y prácticamente no hay ningún control”, comenta Ipenza.

Las redes del oro en Madre de Dios no se limitan a este territorio, sino que viajan a través de carreteras a otras ciudades e incluso hacia otros países. En todo este camino, el metal va cambiando de estatus y pasa de ser ilegal en la zona de extracción a convertirse en legal en las empresas de exportación.

Daniel Linares, especialista en inteligencia financiera, menciona que el dinero que proviene de esta actividad ilícita se maneja en efectivo, puesto que no pueden ingresar al sistema bancario cuando se trata de sumas grandes. “Lo ingresan poco a poco como parte del costo de vida o algunos lujos”. Incluso, menciona Linares, se paga en efectivo a los grupos de música que presentan sus espectáculos en La Pampa.

“Pero hay otra forma en que la minería ilegal se presenta como una modalidad de lavado de activos, es decir, cuando otras organizaciones criminales foráneas, de otros delitos, como el narcotráfico buscan la forma de lavar el dinero. Ellos encuentran en la minería ilegal el vehículo perfecto”, comenta Linares, quien también ha sido funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera. “Está claro que la cadena de producción de la minería tiene un sinnúmero de debilidades en la trazabilidad y rastreo del oro”, agrega Linares y menciona que el Reinfo es una de estas debilidades.

Linares sostiene que los actores de la minería ilegal “arman su propia cadena de producción de oro”, es decir, “acopian, procesan y llegan hasta la exportación”.

El esquema de ilegalidad, corrupción y devastación que rodea a la minería ilegal queda retratado en lo que sucede en La Pampa. En este lugar, como en otras zonas de la Amazonía peruana y otras partes del país, el oro que nace bajo un manto de muerte y destrucción termina en joyas, equipos electrónicos de alta gama y bóvedas de bancos de otros países alrededor del mundo.

Imagen principal: operación de minería ilegal en Madre de Dios. Foto: cortesía Ministerio Publico / Fiscalía de la Nación / FEMA

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Para el momento en que Argemiro Luzardo* experimentó la sutil inminencia de la muerte llevaba unas tres horas sumergido en el agua. Casi a punto de terminar su trabajo notó que la manguera que había estado manipulando dejó de succionar material; se atascó entre las piedras profundas y verdosas del río Inírida, en el departamento de Guainía, en Colombia. En la superficie, sus compañeros esperaban señales mientras la balsa se bamboleaba. Estaban allí para sacar arena y restos de rocas que, tras un rudimentario proceso con mercurio, terminarían convertidas en pepitas de oro.

Decidió salir a flote y, estando a metro y medio de lograrlo, sintió el estallido de una gran ola que lo devolvió a lo hondo del cauce. La manguera, de unas 10 pulgadas, ocasionó un derrumbe en las entrañas turbias del lecho. La tierra debajo del agua crujió.

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Otras piedras conocidas entre los mineros como “mariposas” —porque tienden a moverse y a volar dentro del río— se desplazaron creando un jugo de barro y palos que le impidieron a Luzardo ver algo de luz. Varios años después, sentado en la cocina de su casa a orillas del río Inírida, recuerda que estuvo sumergido en el caos no más de diez segundos, tiempo suficiente como para haber creído que moriría.

La historia de este hombre de 55 años, de padre curripaco —pueblo con alta presencia en la amazonia colombiana— y de madre indígena yeral, originaria de Brasil, es apenas una mínima muestra de los lastres que deja la minería ilegal en el departamento del Guainía. Hace más de diez años, Luzardo aprendió en Brasil el riesgoso oficio de ser buzo, un trabajo que hoy sigue realizando pese a los peligros y que es muy apetecido por las dragas que extraen oro de los afluentes amazónicos.

Es tan cotizada esa labor, que en la zona se ha sabido de gente a la que han enviado a Miami, Estados Unidos, para entrenarse en la complejidad del océano, según cuenta Juan Sebastián Anaya, experto en los impactos de la minería y asesor de incidencia política en la Fundación Gaia Amazonas.

El pago para los buzos en el río Inírida se traduce en metal dorado. El mismo Luzardo dice que 40 % de lo que sacan siempre está destinado al hombre capaz de arriesgar su vida sumergido en profundidades que pueden llegar hasta los 40 metros.

Cada balsa podría llegar a extraer 20 gramos de oro en una semana, cuenta el buzo. Dos fuentes consultadas en el territorio indican que en la zona (para septiembre de 2025) comerciantes informales estaban comprando el gramo a 410 000 pesos colombianos (unos 97 dólares).

No es un secreto que la zona está plagada de dragas, artefactos responsables de una buena parte de la contaminación con mercurio en los ríos. Mongabay Latam y Vorágine recorrieron distintos parajes del departamento y a través de varias entrevistas con trabajadores informales de la minería de aluvión —a los cuales protegemos por seguridad— pudimos establecer la ubicación de al menos 31 balsas que, a plena luz del día, continúan sacando oro del río Inírida, una actividad que ha dejado preocupantes daños al ambiente y, de paso, a la salud de los habitantes de esta región selvática del oriente del país. La mayoría de las balsas son operadas por la guerrilla, relata un hombre que recorre constantemente la zona y de quien omitimos su nombre por razones de seguridad.

Una draga es algo parecido a una barcaza flotante que trabaja directamente sobre el lecho de los ríos. En un trayecto por el río Atabapo, que divide a Colombia de Venezuela, observamos una de ellas en pleno funcionamiento. La función principal de esta infraestructura, que a simple vista luce precaria, es servir como un centro donde se realiza la amalgamación (o compactación) del oro que se encuentra disperso en el sedimento del río. Este proceso se logra al mezclar el material extraído con mercurio metálico, que se une al oro, lo que permite luego su separación del resto de componentes de los sedimentos.

La pregunta es, ¿qué hacen luego con el mercurio? ¿Cómo lo manipulan? Ramiro Andrade*, un hombre que se gana la vida transportando en lancha a los mineros que trabajan en las balsas, lo ha visto con sus propios ojos:

—Lavan, sacan el material y lo botan. Lo botan por ahí, así, al borde, nomás llega un aguacero y eso cae al río otra vez, imagínese—dice—.

Esa es la razón por la que las dragas son una gran amenaza para el ambiente. Un informe de consultoría de la Gobernación del Guainía (2018-2019) indica que todos los desechos del proceso de extracción de las balsas detectadas en la región son vertidos directamente al ambiente, sin ningún tipo de tratamiento, tal como lo reafirma Ramiro, el motorista. Una vez en el agua y por su alta densidad, el mercurio usado en la extracción se va al fondo del río. Ese es apenas el comienzo del desastre ambiental.

La mayor toxicidad aparece cuando microorganismos del fondo de los ríos convierten el mercurio inorgánico en metilmercurio, la forma más peligrosa para los humanos. Un estudio del Instituto Sinchi documenta que este componente se acumula a lo largo de la cadena alimentaria hasta alcanzar sus mayores concentraciones en los llamados depredadores tope, que son los peces carnívoros en la cima de esa cadena. En ellos, el químico se concentra en el tejido muscular, lo cual es grave si se tiene en cuenta que el pescado es la base de la dieta en Guainía.

Economías ilegales, sin freno

Pablo Álvarez* es un joven venezolano que trabaja con personas que trafican el mineral coltán en Guainía. Desde el balcón de un hotel en Puerto Inírida dice que llegó a la zona atraído por la riqueza de vetas (depósitos de minerales) que hay en la región.

“Es de los lugares del mundo donde más encuentras minerales, están a flor de piel, de aquí puedes sacar oro, coltán, estaño, rodio… es impresionante. El coltán es más abundante que el oro”, dice.

Tener en el bolsillo gramos de metal dorado, añade, es como andar con plata en efectivo y por eso sigue siendo tan apetecido. El rodio, en cambio, se parece más a cargar con una pieza de arte porque se vende en lugares más especializados.

Y es que gran parte del territorio de Guainía se asienta sobre el Escudo Guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, con rocas que tienen más de 1800 millones de años. Estos suelos tan antiguos facilitan la presencia de metales valiosos y de minerales como las tierras raras porque sus estructuras —como fallas y vetas— actúan como canales por donde circularon antiguas aguas calientes del subsuelo, capaces de mover y concentrar minerales. En resumen, la historia geológica de Guainía explica en buena parte la riqueza minera que hoy se encuentra allí.

En contraste, en Guainía es difícil que brote una mata de coca. No es el terreno más propicio para que se extienda el cultivo. Y eso ha traído cosas buenas y malas. Por un lado, en esta parte del mapa colombiano el conflicto armado se ha sentido con un poco menos de intensidad que, por ejemplo, en el departamento de Putumayo (en el último informe de cultivos ilícitos Guainía registró 42 hectáreas sembradas, mientras en Putumayo se contabilizaron 53 343). Pero por otro, los grupos armados han encontrado en la minería una fuente de financiación menos perseguida que el narcotráfico.

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Dragas arrojan mercurio sin control

En nuestras visitas a campo, mineros informales describieron el panorama de las balsas ilegales a lo largo del río Inírida. Señalan la presencia de 31 dragas activas, ubicadas a más de seis horas en lancha desde Puerto Inírida, pasando por los cerros de Mavicure y en dirección a la reserva Puinawai, mucho más al sur del departamento. El daño comienza a apreciarse con mayor claridad río arriba de una comunidad llamada Morroco. Las zonas de mayor concentración se extienden desde un sitio conocido como Caño Mina hasta otro de nombre Zancudo, incluyendo comunidades como Báquiro y Barranco Alto, donde los entrevistados calculan la presencia de al menos doce balsas en un solo sector. La mayoría de las dragas, insisten las fuentes, pertenecen a la guerrilla.

Los grupos armados ejercen en la zona una fuerte influencia, como dueños directamente de las balsas o cobrando “vacuna” a los operadores civiles. Para evadir a las autoridades, la guerrilla frecuentemente disfraza su propiedad usando como fachada a miembros de la comunidad.

Así se ve reflejado en varios documentos reservados de la Fiscalía General de la Nación y Ejército conocidos por Mongabay Latam. Estos confirman lo dicho por las fuentes consultadas en el territorio y además dan cuenta de que la problemática viene de tiempo atrás. Se trata de seis informes producidos entre 2020 y 2022, que revelan información crucial sobre el accionar de grupos armados en la zona.

La mayor parte de este material se compone de reportes de inteligencia militar, como apreciaciones estratégicas y diagnósticos orientadores emitidos por batallones del Ejército. Estos documentos están formalmente clasificados como “secretos”. También hay archivos de la policía judicial, incluyendo informes de campo y declaraciones juradas de testigos, producto de investigaciones de la Fiscalía.

Los papeles indican que en la zona, ya desde 2020, operaba una intrincada red de explotación de oro de aluvión, arenas negras y materiales asociados al coltán, controlada y financiada por lo que las autoridades llaman Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r). Entre ellos está la Estructura Acacio Medina (disidencia de las FARC asociada a la Segunda Marquetalia) y la comisión Santiago Lozada del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Un informe citado por el diario El Tiempo de 2025 señala que ambos grupos estarían operando unidos en la región.

El negocio de las dragas —continúan los documentos reservados— se sostienen también gracias a lo que los guerrilleros llaman «impuestos de guerra»: “Los propietarios de estas unidades de extracción, que pueden producir hasta 50 gramos de oro diarios, son obligados a entregar aproximadamente dos gramos de oro por draga funcional al día a las estructuras residuales”. Es entonces cuando el mineral ingresa a la cadena de comercialización a través de presuntos integrantes de la red de apoyo, es decir, milicianos vestidos de civil que operan desde los pueblos. Estos últimos coordinan los insumos y traen repuestos de maquinaria para la minería de ciudades como Villavicencio (Meta).

Hay dos formas de sacar el oro del Guainía. Los informes de las autoridades que citamos líneas arriba muestran que el “blanqueo” —como se llama a los mecanismos usados para legalizar el oro— se ejecuta principalmente en el municipio de Puerto Inírida. Allí algunos establecimientos de compraventa actúan como «fachadas de legalidad». En estos locales facilitan el lavado de activos de los grupos armados.

El proceso de «formalización» se da cuando el oro llega a estas compraventas, allí es reportado a nombre de supuestos mineros artesanales o “barequeros”, que están inscritos en Registro Único de Comercializadores Mineros (RUCOM). Después llevan el metal a las ciudades siguiendo distintas rutas. Una de las mencionadas es el trayecto Puerto Inírida-Cumaribo (Vichada)-Villavicencio (Meta)-Bogotá. En ocasiones, dice uno de los documentos clasificados, este tipo de tráfico cuenta con el apoyo de funcionarios o miembros de la fuerza pública.

Por otra parte, los mineros consultados por Mongabay Latam hablan de un desgaste de los canales habituales y aseguran que muchos traficantes desvían el botín por otras vías. Esto se debe a que en Inírida cada vez hay más ojos. Transportan el material por río hacia el municipio de San José del Guaviare y de ahí lo sacan para Bogotá. Prefieren este camino, narran al menos dos personas de la zona, porque, en comparación con Inírida, los operativos se concentran en la cocaína y no en el oro. Mencionan que también hay contrabando en Brasil, donde pagan un precio más alto, aunque no especifican los montos. El mercurio llega a la zona gracias a las labores de grandes comerciantes locales, quienes son, a su vez, administradores o testaferros de fondos de la guerrilla, se lee en los papeles de inteligencia.

Mongabay Latam quiso contrastar con el Ejército Nacional los testimonios y datos que recogimos en la región, así como los documentos secretos. La solicitud fue enviada al general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante de la fuerza a nivel nacional, quien autorizó una entrevista con la Brigada 28 de Selva, responsable de la seguridad en esta parte del territorio colombiano. Sin embargo, tras el envío de un cuestionario con preguntas sobre operativos desarrollados en Guainía contra la minería ilegal, no obtuvimos una respuesta.

Ríos y personas contaminadas, según estudios

José Paiva Cordero no se paró de la cama durante quince días. Fue tanto el delirio por la fiebre que llegó a pensar que sus dolencias lo estaban subiendo al cielo; es su manera de decirlo. El capitán Iván Hernández, un joven indígena de 29 años que tiene la responsabilidad de liderar y tomar las decisiones más importantes de la comunidad, entró en desesperación.

Playa Blanca, donde vive, es un caserío escondido en uno de los bordes del río Atabapo, afluente que delimita la frontera entre Colombia y Venezuela, y expuesto a uno de los focos de mayor contaminación por mercurio, según un estudio de la Gobernación de Guainía que procesó muestras que datan de 2019. Allí no hay ni siquiera un acetaminofén. Mucho menos un centro de salud. Quizás no era tan grave la enfermedad de José Paiva, quizás sí. El caso es que no hubo un diagnóstico. Los síntomas deambularon libremente por el cuerpo de este hombre de 66 años: dolor de cabeza, malestar general, mareo, deshidratación. Paiva sobrevivió, dicen en su comunidad, gracias a las plantas de una curandera. Esa es la constante en esta región fronteriza: un abandono absoluto del Estado.

El tema no deja de ser grave si se tienen en cuenta antecedentes que evidencian que los ríos de la zona están contaminados con mercurio. Mongabay Latam analizó los seis estudios más recientes sobre la presencia de este metal en los afluentes de Guainía, publicados entre 2001 y 2022 por distintas instituciones y organizaciones. La muestra incluyó el análisis de sangre y cabello, además de los estudios aplicados a peces y sedimentos fluviales.

A esa información se sumaron datos preliminares de una investigación inédita de 2025, desarrollada por la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (Arimo). Parte de esos hallazgos fueron compartidos por Esperanza Leal, directora en Colombia de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, en el marco de la COP6 del Convenio de Minamata sobre Mercurio. En ese trabajo se estudiaron muestras de los ríos Isana y Cuyarí, en el extremo sur de Guainía, justo en la frontera con Brasil.

Los resultados dejan ver una catástrofe silenciosa. En todos los estudios, los niveles del metal pesado superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En entrevista con Mongabay Latam, la ingeniera Yady Cristina González Álvarez, consultora de la Gobernación de Guainía, aseguró que en el departamento la exposición ha sido continua y prolongada: durante al menos medio siglo se ha vertido mercurio de manera indiscriminada en los ríos de esta parte de la Amazonía.

La contaminación persistente quedó aún más clara en el informe elaborado por la Gobernación de Guainía. En las muestras de sangre de las comunidades, el registro más alto alcanzó los 346 μg/L (mililitros por litro). Para dimensionarlo mejor: la OMS fija en 10 μg/L el límite de referencia, lo que significa que ese caso superó el umbral en un 3360 %. Además, rebasó el llamado horizonte clínico, a partir del cual suelen aparecer los primeros síntomas.

Ese estudio examinó a 500 habitantes de las cuencas de los ríos Guainía, Inírida y Atabapo, estos dos últimos visitados por el equipo de Mongabay Latam. El 85 % de las personas analizadas (425 en total) tenía concentraciones de mercurio en el cabello superiores al valor considerado normal por la OMS. De esos, 116 (el 23 %) admitieron que tenían alguna vinculación laboral directa con la minería. El registro más alto fue de 77,6 μg/g, un nivel que, según los expertos, indica una exposición de largo tiempo que se bioacumula en el cuerpo.

También analizaron 125 ejemplares de peces y encontraron que el 47 % excedía la concentración máxima recomendada. Un caso extremo fue el de una muestra de bagre rayado (Pseudoplatystoma metaense) del río Atabapo, cuyo valor superó en un 112 % el límite permitido.

Enfermos abandonados

Saliendo desde Puerto Inírida por el oriente, el trayecto hacia el Atabapo pasa por un brazo del río Guaviare hasta desembocar en la estrella fluvial del Orinoco, donde confluyen los tres caudales. El viaje por la frontera se asume sabiendo que se navega por el territorio de Gener García Molina, alias “Jhon 40”, comandante de la Estructura Acacio Medina de las disidencias, narco y guerrillero responsable de la minería ilegal y los negocios ilícitos en ambos países.

Funcionarios de la secretaría de Salud de Guainía dicen que el problema del mercurio se exacerba por la falta de capacidad estatal para atacar la fuente de la contaminación. Las soluciones de fondo no están necesariamente en su sector, agregan, pues ellos solo están al «final de la cadena, viendo los enfermos».

Los intentos por mitigar el daño mediante la atención clínica se enfrentan a un ciclo vicioso: los pacientes que son valorados en Inírida, la capital, pueden recibir un tratamiento costoso y dispendioso (como la quelación), pero regresan al territorio, donde continúan expuestos al mercurio por el pescado contaminado o por seguir ejerciendo la minería. Y ahí es donde aparecen de nuevo los niveles altos del metal. Pero para ser atendido cuando llegan los males, se necesita pagar la gasolina de una lancha, plata que, por ejemplo, don José Paiva Cordero no ha visto en muchos años de vida.

En el departamento de Guainía, el Ministerio de Salud y Protección Social dice que ha invertido 100 000 millones de pesos en el fortalecimiento de infraestructura sanitaria. Aseguran, además, que han capacitado al personal de salud en el Protocolo Clínico de Atención Integral para manejar los casos de exposición en Inírida. Se han notificado apenas cuatro casos de intoxicación por mercurio en Guainía entre 2007 y 2023 y la cifra abre el interrogante sobre si se trata de un registro subestimado debido a las dificultades de vigilancia en zonas remotas.

Esta precariedad se replica de manera constante a lo largo del río Atabapo. En la comunidad de Caño Raya, con 180 habitantes, tampoco cuentan con un centro de salud, transporte ni medicamentos. En medio del silencio que cubre la frontera, aparecen niños que se lanzan sin camisa al río. Una bandera de Colombia desteñida ondea lánguida sobre un asta alquitranada. Atrás se dibujan palmas de moriche, caucho, vegetación densa, entretejida; raíces expuestas en la orilla cubiertas de musgo y líquenes.

Aunque los estudios no mencionan directamente a Caño Raya, sí analizan el río que moja sus orillas. El informe de la Gobernación del Guainía documentó una contaminación ambiental severa en este afluente. Los análisis de sedimento del Atabapo, que actúa como depósito del mercurio usado en la minería, superaron el límite de seguridad establecido por la USEPA en el 100 % de las muestras. Además, la amenaza se extiende a la dieta, pues los peces capturados en el río han registrado niveles de mercurio total que duplican el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este caserío ya perdieron la cuenta de las veces que han pedido a los gobernantes un espacio adecuado para atender a los enfermos. El centro de salud más cercano está en Cacahual, a dos horas de distancia, un trayecto difícil por la falta de transporte. Gripa, diarrea, malaria, paludismo, dengue, dolores de cabeza y mareos son las enfermedades más comunes en las familias, según el líder Santiago Garrido.

Mucho más al sur de Caño Raya y Playa Blanca está Chaquita, la comunidad más grande de esta parte del Atabapo, en la frontera con Venezuela. Tienen casi 400 habitantes y no hay ni siquiera botiquín. “Una enfermera contratada por la Gobernación tuvo que retirarse después de tres o cuatro meses porque le daba pena atender personas sin tener medicamentos”, denuncia el capitán Jacobo Garrido López.

Además del oro, Juan Sebastián Anaya, el consultor de Gaia, advierte que la región enfrenta la amenaza de una minería ilegal cada vez más tecnificada. Es más, asegura que todos los ríos de la Amazonía están contaminados con mercurio. El impacto más alarmante de esta acumulación de afectaciones se observa en los niños. Los testimonios que ha escuchado Anaya en la región relatan malformaciones en bebés, problemas neurológicos y lesiones en la piel, posibles afecciones ligadas a la exposición al mercurio. En Chaquita, por ejemplo, un estudio de la CDA (2020) reveló una situación alarmante: se detectaron niveles de mercurio en el cabello de niños que superan el límite establecido por la OMS en un 1410% y un 1910%.

Los resultados preliminares de la investigación de la Sociedad Zoológica de Frankfurt de 2025 tampoco son alentadores y más bien reflejan que la situación continúa al límite en el sur de Guainía, de donde recogieron muestras. Según Esperanza Leal, la media de concentración de mercurio total en el cabello de la población indígena analizada es “significativamente alto”. Lo mismo sucede con los peces.

Leal dijo que la contaminación en Guainía no puede entenderse como un hecho aislado. El mercurio está llegando a comunidades que ni siquiera están cerca de las zonas mineras. Esto ocurre porque el metal se desplaza de muchas formas: una parte viaja por los ríos arrastrada por las corrientes; otra se libera al aire durante las quemas y luego cae con la lluvia; y otra más se mueve desde los mismos campamentos mineros a través de suelos y quebradas. “La Amazonía se está convirtiendo en el sumidero de todo este mercurio agregado”, dijo. Su mayor temor es que las secuelas de la minería estén alcanzando incluso a los pueblos en aislamiento voluntario.

En uno de los recorridos que hicimos por el río Atabapo, el motorista advirtió que en cualquier momento podía salir al paso la Guardia venezolana, o los señores de ‘los grupos’, o el ejército colombiano. Pero luego de seis horas navegando por la arteria que moja los dos países no se asomó nadie: ni disidencias ni soldados ni uniformados de Venezuela. En medio de las garzas que planeaban sobre las aguas brillantes y oleosas del Atabapo, lo único que saltó a la vista en el camino fue una draga que trabajaba a todo motor.

*Nombres cambiados para proteger la identidad de las fuentes.

Imagen principal: las aguas de los ríos Inírida y Atabapo esconden una crisis de salud pública por el vertimiento indiscriminado de mercurio durante más de medio siglo. Esta investigación documentó al menos 32 balsas mineras operando en zonas controladas por estructuras como el ELN y disidencias de las FARC. Ilustración: Angie Pik

El artículo original y completo fue publicado por Jose Guarnizo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A unos 4800 metros por encima del nivel del mar, el Cerro Rico sobrepasa la ciudad de Potosí, en el altiplano sur de Bolivia. Famoso por sus vastas reservas de plata, el Cerro Rico financió prácticamente por sí solo el Imperio español. En 1656, el autor Antonio de León Pinelo afirmó que los esclavos indígenas y africanos habían extraído suficiente plata para construir un puente desde Bolivia hasta Madrid.

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En su apogeo a principios del siglo XVII, Potosí fue una de las ciudades más pobladas del mundo, incluso más grande que Londres y Milán. Actualmente, la montaña, sitio patrimonio mundial de la UNESCO, sigue siendo explotada por mineros asociados con 54 cooperativas de zinc, plomo, estaño y plata, y continúa impulsando la economía de la ciudad.

Ahora, plagada de túneles tras casi 500 años de minería informal, la parte superior de la montaña está al borde del colapso, lo que supone una amenaza para las aproximadamente 180 familias que viven en la montaña y los cerca de 10 000 mineros que trabajan allí, la mayoría de ellos indígenas quechuas.

“Todas las casas están rajadas porque todo se está hundiendo”, le dijo a Mongabay Silvia Mamani Armijo, de 34 años, quien vive en la montaña con sus tres hijos pequeños y trabaja como guardia de túnel minero. “Durante la temporada de lluvias, toda esta área puede derrumbarse”, agregó, señalando las rajaduras en las paredes de adobe de varias casas cercanas a la suya. “Muchísimas familias podrían morir”.

Los pequeños derrumbes han formado parte durante mucho tiempo de la vida en el Cerro Rico, cuyos siglos de minería, que se remontan a la fundación de la ciudad como puesto remoto colonial español en 1545, se han cobrado la vida de posiblemente 8 millones de mineros, según las estimaciones históricas. Sin embargo, en los últimos años, impulsados por el aumento de los precios de los minerales, las nuevas técnicas de extracción y la inestabilidad de una montaña ahuecada, estos derrumbes se han vuelto más frecuentes y graves.

En 2010, un derrumbe importante cerca del pico de la montaña fue el primero de muchos. En 2014, la UNESCO agregó el Cerro Rico y Potosí a su lista de sitios patrimonio mundial en peligro, citando el riesgo que “las operaciones mineras continuas y no controladas” representan para la zona.

El derrumbe del Cerro Rico

En lo que respecta a las montañas, es difícil calcular la altura del Cerro Rico. Actualmente se cree que tiene una altura aproximada de 4753 metros, casi 250 metros menos que la altura original estimada antes de que comenzara la explotación minera española en el siglo XVI. “Probablemente se desplome otros 10 o 20 metros”, dijo a Mongabay en una entrevista telefónica Freddy Llanos, un ingeniero en minería de la Universidad Autónoma Tomás Frías en Potosí y miembro de la comisión técnica de conservación del Cerro Rico. “Terminará siendo un cono truncado”, agregó.

Como resultado de su mineralogía singular y la explotación brutal del trabajo esclavo a manos de los colonizadores españoles, las riquezas del Cerro Rico fueron clave para impulsar el capitalismo mundial. “La riqueza del Cerro Rico generó la globalización de la economía mundial”, afirmó Llanos. “Durante la época colonial, las ganancias fueron a Europa a través de España y, durante la Segunda Guerra Mundial, nuestro estaño respaldó el esfuerzo bélico”.

A pesar de tener riqueza en minerales, el departamento de Potosí es uno de los más pobres de Bolivia. “La gente venía a Potosí, se enriquecía y se marchaba”, le dijo a Mongabay Hernán Ríos Montero, geólogo de la Universidad Autónoma Tomás Frías, y explicó que el capital que no se iba del país se iba a ciudades vecinas. Tras 480 años de extracción informal y falta de inversión para preservar la montaña, la minería continúa, y la montaña está atravesada por innumerables túneles y se está volviendo cada vez más inestable.

La intensificación de la actividad minera también ha acelerado el derrumbe del Cerro Rico. En septiembre, la compañía minera estatal COMIBOL informó que aproximadamente 30 000 mineros trabajan actualmente en la montaña, un aumento pronunciado de los 20 000 informados por las autoridades mineras en 2024 y los 12 000 en 2023.

Mario Caro, un periodista de Potosí, le dijo a Mongabay que las cifras informadas por COMIBOL están infladas para aumentar el poder político del sector minero, y estimó que la cifra real ronda los 10 000, aunque reconoció que la actividad minera está aumentando.

El aumento repentino en la actividad minera está impulsado por los altos precios de los minerales, con la plata cotizando a niveles casi históricos en 2025. El aumento de la demanda mundial de paneles solares, que dependen de la plata, y de aerogeneradores, cuya fabricación requiere zinc, ha contribuido al reciente aumento de los precios. “Mientras nosotros nos llevamos la peor parte del botín y la explotación, son otros países los que hablan de una transición”, le comentó a Mongabay Alfredo Zaconeta, investigador en minería de la organización boliviana sin fines de lucro CEDLA.

La minería en el Cerro Rico está en manos de muchas cooperativas que operan de forma independiente y los trabajadores se juntan en masa en las minas cuando los precios están elevados. Aunque el trabajo es peligroso, los mineros pueden ganar mucho más que en la mayoría de las demás profesiones.

Los cambios en la tecnología minera también han llevado a más derrumbes. “En aquel entonces, había que tomar la broca y el martillo, cavar un agujero a mano y luego cargarlo con dinamita”, explicó a Mongabay Basilio Vargas, de 35 años, minero desde los 11. Hoy, los taladros neumáticos permiten a los mineros trabajar mucho más rápido y llenar un camión volquete de 20 toneladas en pocos días, un trabajo que anteriormente tomaba entre tres y cuatro semanas. Vargas y su familia aparecieron en un documental de 2005 sobre mineros menores de edad en Potosí, y comentó que la casa que se muestra en la película desapareció luego de que la tierra debajo de ella cediera. “Cada año hay más y más derrumbes”, afirmó.

Si bien la mayor parte de la riqueza temprana del Cerro Rico provenía de vetas de plata pura, estos yacimientos ahora están prácticamente agotados. En su lugar, los mineros ahora extraen grandes volúmenes de minerales distribuidos en pequeñas concentraciones por toda la roca, lo que les exige extraer más mena -el material natural del que se pueden extraer minerales o metales- para generar ganancias. Los mineros luego venden la mena a la Empresa Minera Manquiri, que opera una planta de procesamiento que tritura y lixivia el mineral para recuperar los metales.

Según Ríos Montero y Zaconeta, la tecnología de lixiviado ha contribuido al derrumbe de la montaña al aumentar el volumen de los materiales extraídos de ella.

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Aunque resulten problemáticos para conservar la montaña, los derrumbes son beneficiosos para las cooperativas mineras y las refinerías como Manquiri, dijo Zaconeta, y señaló que estos tienen la misma función que la dinamita. “Si se produce un derrumbe natural, se puede ahorrar mucho tiempo, ya que las cooperativas pueden recolectar directamente el material del derrumbe”, afirmó.

Manquiri y su empresa matriz canadiense, Andean Precious Metals, que los mineros y expertos dicen que contribuyen a impulsar la demanda de minerales diseminados vinculados con los derrumbes de la montaña, no respondieron a las solicitudes reiteradas de comentarios de Mongabay.

Efectos en la comunidad

Al 3 de octubre, 96 personas habían muerto mientras se encontraban trabajando en la explotación minera en el departamento de Potosí en 2025, de las cuales al menos 90 murieron dentro del Cerro Rico, según datos no publicados de la policía. Mario Caro, el periodista de Potosí, le dijo a Mongabay que muchas muertes no se informan y observó que las tasas de mortalidad de 2025 han sido superiores a las de años anteriores.

La mayoría de quienes murieron eran hombres, pero las mujeres también están en riesgo, en tanto el aumento de la actividad minera les da más trabajo en las minas o en torno a ellas. Como guardabocaminas, Silvia Mamani Armijo y su madre, Lucía Armijo, defienden los túneles de minas de los ladrones, con poco más que perros y dinamita, que encienden y lanzan a posibles intrusos.

Estas mujeres viven en las entradas de las minas, a menudo sin electricidad ni agua potable, y ganan entre 500 y 1000 bolivianos al mes (unos 72-145 dólares al tipo de cambio oficial), o aproximadamente entre el 18 % y el 36 % del salario mínimo en Bolivia. También venden algo de desechos minerales de las minas para complementar sus ingresos. Si se produce un robo, los jefes de las cooperativas suelen deducir las pérdidas de sus salarios.

“Vivir en la montaña no es agradable”, le dijo a Mongabay Lucía Armijo, de 51 años, que ha sido guardabocamina en el Cerro Rico durante más de 30 años. “Durante la temporada de lluvias hay que preocuparse por si alguna parte de la montaña se derrumba, por si ocurre cualquier cosa”, agregó mientras pasaba por la zona donde una vez se encontraba la casa de su hija Claudia, antes de que se derrumbara. “¿Adónde irán nuestros hijos y nietos, dónde trabajarán? En Potosí no hay ni siquiera una fábrica”.

Armijo, que al igual que muchos potosinos habla quechua como lengua materna, dijo que los peligros de vivir en el Cerro Rico exceden su inestabilidad estructural. “Ese polvo… Mira adónde va”, dijo mientras una ráfaga de viento soplaba por la montaña. “Va directo a nuestras habitaciones, es horrible”. Sin agua potable en la montaña, la cooperativa minera que emplea a Armijo llena periódicamente unos grandes barriles de metal con agua que, cuando se contamina con polvo de la minería, les provoca diarrea frecuente a ella y a sus hijos, asegura.

La violencia sexual y las prácticas laborales explotadoras, a menudo ilegales, también son comunes para las mujeres que trabajan en el Cerro Rico, le dijo a Mongabay Paulina Ibeth Garabito Ovando, fundadora de MUSOL, una organización que apoya a las mujeres en el sector minero de Potosí.

Los efectos del derrumbe del Cerro Rico van más allá de lo material. Como reliquia de la historia colonial, el pico sigue siendo un poderoso símbolo de identidad y orgullo para los potosinos y los bolivianos en general. Su silueta domina el horizonte local y figura de forma destacada en la iconografía nacional, desde el escudo de armas del país hasta los billetes.

“Puntita era pues”, le dijo Petrona Santos Mamani, de 82 años, a Mongabay, recordando la forma de la montaña en su infancia. “Es un símbolo de Bolivia y ahora está roto”, dijo la mujer que pasó su vida adulta trabajando como palliri, palabra quechua que se usa para describir a las mujeres mineras que trituran manualmente rocas fuera de los túneles en busca de minerales. “Me duele ver el Cerro así, me dan ganas de llorar”.

Santos Mamani participó en una acción en 1996 cuando más de 250 palliris ocuparon la cima del Cerro Rico para protestar por la explotación insostenible de la montaña impulsada por una empresa de refinería propiedad del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Las palliris están considerando actualmente otra acción colectiva para exigir la preservación del símbolo nacional.

A Santos Mamani le preocupa aún más que parece probable que las mismas tendencias que enriquecieron a Europa con escasos beneficios para las comunidades bolivianas productoras de materias primas continúen en otras partes del departamento de Potosí, ya que el Gobierno boliviano firmó recientemente contratos de minería de litio con dos empresas extranjeras.

¿Qué le depara el futuro al Cerro Rico?

Los esfuerzos por preservar la cumbre histórica han sido lentos y han contado con fondos insuficientes. En 2022, un tribunal de Potosí ordenó a COMIBOL cerrar todas las entradas de las minas por encima de los 4400 metros y trasladarlas a terrenos más bajos y estables en un esfuerzo por preservar la montaña y permitir que las operaciones mineras continúen de manera segura.

Sin embargo, tres años después, la reubicación sigue sin terminar, retrasada por la resistencia de las cooperativas mineras que ven la medida como una amenaza para sus resultados, dado que las mayores concentraciones de minerales se encuentran cerca de la cima de la montaña. “Ojalá a las autoridades les importara”, dijo Mamani Armijo, y agregó que teme que su casa y la mina que custodia puedan derrumbarse. “Muchas familias trabajan aquí”.

Según Zaconeta y otros expertos, la estrecha alianza entre las cooperativas mineras y el Gobierno boliviano durante los últimos 20 años también ha contribuido a desacelerar los esfuerzos de conservación. “Lo que han logrado es un alto grado de permisividad”, dijo.

Aunque el departamento de Potosí es rico en minerales, Llanos dijo que las autoridades mineras del Gobierno no han emprendido la exploración necesaria para encontrar nuevos yacimientos, lo que haría más viable la orden judicial para que COMIBOL traslade las entradas de las minas. “Seguimos explotando minerales de los mismos yacimientos que se conocían en la época colonial”, afirmó.

En septiembre, un tribunal ordenó que se congelaran las cuentas bancarias del ministro de Minería, Alejandro Santos Laura; del presidente de COMIBOL, Reynaldo Pardo Fernández; y del gerente regional de COMIBOL en Potosí, Iván Guillermo Fuentes, hasta que cumplieran con órdenes previas para preservar la estructura del pico. Les dio 31 días para demostrar avances.

En una conferencia de prensa posterior a la decisión judicial, Pardo Fernández defendió la labor de la empresa minera estatal para preservar la montaña y afirmó que se tomarían “medidas drásticas” para acelerar el cierre de las entradas de las minas por encima de los 4400 metros.

A principios de octubre, COMIBOL y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (FEDECOMIN) instauraron restricciones que permiten la minería solo durante el día y solo en días laborables, y prohíben el uso de maquinaria pesada por encima de los 4400 metros.

Santos Laura también dijo en una conferencia de prensa: “Hemos completado más del 60 %” del trabajo para trasladar las entradas de las minas: se han cerrado 20 minas por encima de los 4400 metros y quedan otras 10. Durante una marcha minera, el presidente de FEDECOMIN, Óscar Chavarría, declaró a los periodistas que los mineros estarían dispuestos a dejar de trabajar en el Cerro Rico si las autoridades les otorgaran concesiones para explotar yacimientos en otros lugares, y les dio a los funcionarios 30 días para que respondieran a sus demandas.

Caro dijo que duda de que el cierre de las cuentas bancarias de los funcionarios obligue a COMIBOL a priorizar el traslado de las entradas de las minas y señaló que solo se habían cerrado las cuentas bancarias personales de las autoridades mineras. “Les llega dinero de todas partes”, dijo a Mongabay en una entrevista telefónica.

Tras hablar con El País en julio sobre el proceso de traslado de la mina, un portavoz de COMIBOL declaró a Mongabay que la empresa minera estatal ya no concede entrevistas sobre el Cerro Rico.

Llanos y sus colegas han propuesto una iniciativa para reforzar la cima con hormigón y acero, lo que impediría a los mineros excavar túneles hacia arriba y fortalecería la estructura del pico. No obstante, ante la falta de 3.5 millones de dólares de financiación en medio de una crisis económica cada vez más profunda, hay quienes temen que el proyecto nunca se complete, una realidad que Llanos encuentra irónica.

“Nunca podremos saber con exactitud cuántos miles de millones de dólares ha generado, y sigue generando, el Cerro Rico de Potosí”, afirmó. “Debería ser una obligación moral y material devolverle al Cerro, no sé, el 0.00001 % de las divisas que generó durante siglos”.

A principios de octubre, el gobernador de Potosí, Marco Antonio Copa Gutiérrez, mantuvo una reunión con autoridades locales y nacionales, líderes cívicos y cooperativas mineras, en la que firmaron un acuerdo para apoyar la iniciativa de Llanos.

Si bien estos avances son importantes, “todavía hay mucha incertidumbre”, dijo Zaconeta, ya que estabilizar la montaña requeriría una financiación significativa y voluntad política. Freddy Llanos dijo que ve estos avances como esperanzadores y espera reunirse con autoridades gubernamentales locales y departamentales en las próximas semanas para analizar detalles técnicos y el potencial de financiamiento.

“El problema que enfrenta el Cerro Rico es un problema del mundo entero, ya que de una u otra forma, el mundo se ha beneficiado de sus riquezas”, afirmó. “Debe resolverse con urgencia”.

Imagen destacada: la montaña Cerro Rico, situada sobre la ciudad de Potosí, Bolivia. Foto: Benjamin Swift

El artículo original fue publicado por Benjamin Swift en la edición en inglés de Mongabay. Puedes revisarlo aquí.

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En la región del Chocó, en el noroeste de Colombia, a Arnold Alexander Rincón López se le reconoce como una autoridad ambiental y comunitaria para la defensa del territorio. Desde que hombres armados lo secuestraron el pasado 26 de abril, sus compañeros ven no solo una afectación directa a familiares y amigos, sino también a las comunidades de este departamento de la costa del Pacífico y el Darién colombiano.

Desde 2020, Rincón se ha desempeñado como director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó). Es uno de los 33 organismos que hay en Colombia dedicados a la planificación, administración y control de los recursos naturales, así como de la conservación de la biodiversidad de cada región.

En 2024, el departamento del Chocó registró siete asesinatos de personas defensoras, un aumento de 600 % respecto a 2023, de acuerdo con el informe de la organización Somos Defensores.

El estudio advierte que al menos en Quibdó, la capital de Chocó, se vivió una disputa entre bandas criminales que en algún momento participaron en los espacios de negociación de la Política de Paz Total en Colombia.

Ese año, la Defensoría del Pueblo dijo haber respondido solicitudes de intervención ante las crisis humanitarias provocadas por conflictos armados entre grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Somos Defensores registró entre 2021 y 2024 un total de 44 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 25 fueron asesinatos, por lo que la región es considerada un foco de crisis humanitaria.

Astrid Torres, coordinadora de la organización, advierte que en el Chocó hay un escenario de alto riesgo, principalmente para quienes hacen defensa del territorio, como las comunidades indígenas, afrodescendientes, así como líderes comunitarios y activistas de derechos humanos, quienes fueron los principales objetivos de estos ataques.

“(La violencia) tiene que ver con asuntos ligados a las comunidades, principalmente étnicas, que luchan por la permanencia del territorio contra esa lógica que imponen principalmente los actores armados, pero también empresas legales en los territorios donde hacen extractivismo”, explica a Mongabay Latam.

Para Torres, la situación de riesgo que viven personas defensoras, e incluso las propias autoridades ambientales, tiene una relación con conflictividades socioambientales y una “depredación del territorio”, sin que exista una respuesta de la fuerza pública o las entidades locales.

Pese a este contexto, tanto Escobar como Klinger sostienen que no hay antecedentes que pudieran advertir el secuestro de Rincón o relacionar la agresión con su labor como autoridad ambiental.

“Creo más en la hipótesis de delincuentes que quieren financiarse a través del secuestro porque si fuera por un tema de liderazgo ambiental, hace mucho rato nos hubiera ocurrido algo a nosotros”, afirma el investigador Klinger.

De acuerdo con autoridades de Codechocó, los captores de Rincón no se han comunicado con ningún integrante de la corporación ni con sus familiares para exigir algún pago por la liberación del líder comunitario.

Escobar se une a los llamados que han hecho familiares y autoridades hacia los captores de Rincón para que lo liberen.

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“Exigimos el retorno pronto de nuestro amigo y compañero no solamente al seno de su hogar, sino a liderar estos espacios. Hoy no trabajamos por nosotros, trabajamos por 520 mil personas que merecen desarrollarse y crecer en nuestro territorio”, sostiene.

En la búsqueda de Rincón

El 22 de mayo, con la ausencia de su principal dirigente, la corporación cumplió 57 años de vida como la máxima autoridad ambiental en esta región de Colombia, que trabaja junto con las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas por la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos.

En este reciente aniversario, funcionarios de la corporación aseguraron que no permitirán que “la misión ambiental sea silenciada por la violencia que enfrentan los territorios” y señalaron la necesidad de mecanismos a nivel nacional para proteger a quienes defienden el ambiente y la vida.

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Para Harry Alexander Escobar Mosquera, quien ha sido subdirector de Control Ambiental en Codechocó, el trabajo que ha realizado el dirigente secuestrado es clave en el desarrollo de las comunidades afrodescendientes de la región. “Consideramos que parte del desarrollo de Chocó debe partir de lo ambiental, por eso nuestro compañero y líder [Rincón] es muy importante, porque compartimos una visión de desarrollo conjunta, en el marco del principio de desarrollo sostenible”, dice sobre la gestión del territorio que ha realizado el funcionario durante sus cinco años de mandato.

Escobar sostiene que como autoridades ambientales en la región, los funcionarios de Codechocó son pilares para encontrar el equilibrio entre el desarrollo de las comunidades en el territorio y la conservación de la biodiversidad. “Siempre se cree que el desarrollo sostenible es ver y no tocar. No, ese es el valor agregado del territorio, producir pero garantizando los recursos naturales y mejorar la calidad de vida”, señala el trabajador de Codechocó.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia contempla también la categoría de Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), áreas naturales destinadas al uso sostenible, la preservación, restauración, conocimiento y disfrute.

Esto permite que sus habitantes —principalmente comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas— puedan extraer madera, agua, realizar actividades turísticas e incluso pequeña minería en ciertos territorios para subsistir.

Entre las medidas impulsadas por Rincón, Escobar destaca las licencias ambientales como una forma de dar sustento a las comunidades marginadas de Chocó, sin descuidar los recursos naturales de la región.

“[Rincón] fue elegido en 2019 como director. Ese año, la corporación tenía solamente tres licencias para comunidades negras e indígenas. Hoy hemos podido otorgar alrededor de 53 licencias ambientales temporales para la actividad minera bajo los principios de desarrollo sostenible”, cuenta su colega a Mongabay Latam.

Para Escobar, la apuesta por canalizar las potencialidades del territorio y trabajar con los consejos comunitarios le ha dado reconocimiento al trabajo de Codechocó y de Rincón. “Trabajamos el aprovechamiento de recursos, pero en otras zonas también trabajamos la conservación. Por eso la corporación tiene una alta aceptación y muy buena imagen en los territorios predominantemente negros”, sostiene.

A más de un mes de la desaparición de Rincón, el trabajador de Codechocó señala que no cuentan con información sobre el caso, lo que sigue generando dolor y consternación en la región. “Más que verlo como el líder que hoy no está, es el amigo, la persona con la que venimos dialogando hace más de 20 años, con el que venimos trasegando, caminando juntos como equipo de trabajo”, sostiene.

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Chocó, la esquina de las Américas

El Chocó es considerado uno de los territorios megadiversos del mundo, con más de 2000 especies endémicas de flora y fauna, así como grandes extensiones de bosques tropicales que son clave para la regulación climática.

Pero más allá de su ubicación estratégica, la población de Chocó ha sido crucial para proteger la cultura y la biodiversidad que ahí habita, destaca William Klinger Brahan, director general del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP).

“La gente de ese territorio, que es la que ha cuidado la naturaleza y la cultura, es la más vulnerable al cambio climático, en indicadores sociales y económicos”, señala el también ingeniero forestal, quien destaca el reto de garantizar mejores condiciones de vida para la población del Chocó.

Al mismo tiempo, la región es una de las más desiguales de Colombia, donde los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) están por encima del promedio del país, pues casi 8 de cada 10 habitantes viven en hogares con algún tipo de carencia en servicios básicos, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Ante este panorama, Escobar destaca la importancia de las licencias mineras en Chocó, pues considera que son instrumentos que permiten empoderar a las comunidades afrodescendientes, que están asentadas en zonas de yacimientos de minerales y con un arraigo por esta actividad.

“Por las condiciones del territorio hay importantes yacimientos de oro, plata, platino y cobre. La actividad minera viene arraigada en nuestras comunidades negras, en lo que somos como territorio”, sostiene el trabajador de Codechocó.

De acuerdo con el trabajador de la corporación, existen acuerdos con las comunidades que realizan la pequeña minería, para que puedan obtener un beneficio económico, pero respetando límites de impacto ambiental. Uno de estos acuerdos es la prohibición de utilizar mercurio en el proceso de extracción.

“Nosotros nos comprometemos a apoyar los procesos de formalización y ellos se comprometen a implementar las medidas ambientales en las zonas donde tienen jurisdicción. Son acuerdos de territorio”, explica Escobar.

El éxito de Rincón

Para el director del IIAP, el trabajo de Rincón como director de Codechocó destaca por encima del de otras corporaciones autónomas por la vinculación que hay con las comunidades de la región.

“Los principales logros de Arnold los encuentro en estrategias de conservación. Ha creado herramientas de manejo sostenible del territorio y ha promovido la bioeconomía como una alternativa para salir de la pobreza al mismo tiempo que la restauración”, dice Klinger a Mongabay Latam.

De acuerdo con Codechocó, se han declarado cinco Distritos Regionales de Manejo Integrado —en coordinación con otras corporaciones y organizaciones civiles— en los municipios de Acandí, Unguía, Nuquí, Bajo Baudó y El Carmen de Atrato.

Aunque en estas zonas buscan un aprovechamiento económico, Escobar sostiene que también tienen como objetivo conservar las condiciones naturales de los ecosistemas costeros del Chocó, como la protección de las zonas de anidación de tortugas, especialmente la caná; la protección de especies, como el manatí en Lago Azul; y el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, así como el turismo responsable.

Klinger destaca el papel de Rincón como director de Codechocó para conservar, restaurar y usar sosteniblemente los recursos del territorio, al mismo tiempo que fortalece un vínculo con las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Sin embargo, sostiene que la minería ilegal en el Chocó ha provocado los conflictos socioambientales más fuertes de la región.

“La minería ilegal va rompiendo al tanteo la tierra, si no encuentra aquí busca por otro lado. Ha roto todos esos corredores de conectividad biológica, ha sedimentado los ríos, desviado los cauces, ha contaminado con mercurio”, lamenta el investigador.

Imagen principal: integrantes de la Corporación Autónoma han salido a protestar por el secuestro de su dirigente y exigiendo su liberación inmediata. Foto: cortesía Codechocó

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 9 de mayo de 2025, 11 militares ecuatorianos fueron asesinados durante un operativo de control en la zona del río Punino, en el norte de la Amazonía ecuatoriana. El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El hecho levantó las alarmas sobre el crecimiento y el impacto de la minería ilegal en ese territorio.

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Entre noviembre de 2019 y junio de 2024, 1422 hectáreas fueron deforestadas por la minería irregular, de acuerdo con información de la fundación Ecociencia y el Programa Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés). Además, un estudio de Corporación Participación Ciudadana encontró altas concentraciones de mercurio en las zonas afectadas. Aunque los metales pesados no han llegado a Francisco de Orellana, la ciudad incurre en gastos adicionales para tratar el agua que viene cargada de sedimentos por la actividad minera.

Tras la fatal emboscada, unos 1800 militares se desplegaron y están rastrillando un área selvática de unos 460 kilómetros cuadrados. Como referencia, el Distrito Metropolitano de Quito, que abarca la zona urbana y grandes extensiones rurales, tiene una superficie de 372 kilómetros cuadrados. En los primeros días del conflicto, el Ministerio de Defensa comunicó que alias Compadre, líder de los Comandos de la Frontera en Ecuador, fue “abatido durante la operación de respuesta”. Además, el Ejército encontró dos cuerpos, presuntamente de miembros de la disidencia.

El 15 de mayo, el presidente Daniel Noboa dispuso identificar como grupos armados organizados a los Comandos de la Frontera, el Frente Óliver Sinisterra y Disidencias Comuneros del Sur. Estas dos últimas también son disidencias de las ex FARC que operan en la frontera con Ecuador. Con esto se busca facilitar la acción estatal en contra de estas agrupaciones y sucede en el contexto del Conflicto Armado Interno declarado por Noboa a inicios de 2024.

El rastrillaje del área dio hasta el 18 de mayo con unos 12 campamentos clandestinos, en los que había viviendas, maquinaria pesada, tanques de combustible, armas, municiones, uniformes y hasta siluetas utilizadas para entrenamiento de tiro. El Ejército Ecuatoriano también comunicó que gracias a información de inteligencia hallaron a otro integrante de los Comandos de La Frontera, quien murió tras un enfrentamiento.

La minería creció exponencialmente

Entre junio de 2024 y mayo de 2025, la minería aluvial irregular continuó creciendo en esta zona de Ecuador. “Podría haber unas 300 hectáreas nuevas de deforestación, tenemos que verificar”, dice un especialista de la Fundación Ecociencia quien prefiere mantenerse en el anonimato por seguridad. De ser así, el área afectada ya sumaría alrededor de 1700 hectáreas, equivalente a unas 2390 canchas de fútbol profesional.

El primer reporte elaborado por MAAP de minería irregular en la zona mostró que 32 hectáreas alrededor del río Punino fueron deforestadas entre noviembre de 2019 y noviembre de 2021. El río está en la frontera de las provincias de Napo y Orellana. Hasta diciembre de 2022, 185 nuevas hectáreas fueron deforestadas, sumando 217 hectáreas afectadas. El crecimiento porcentual fue del 578 %, uno de los más altos registrados, y se dio hacia el este, tomándose el noroeste de la provincia de Orellana.

A diciembre de 2023, la actividad ilegal ya sumaba 1001 hectáreas y se había expandido hacia los ríos Sardinas, Lumucha y Supayacu. Los tres desembocan directamente en el río Coca, mientras que el Punino llega de manera indirecta a través del Payamino.

Los especialistas de MAAP estaban realizando monitoreos anuales, con corte a los últimos meses de cada año, pero el acelerado crecimiento de la minería elevó la preocupación y en 2024 hicieron un corte a junio, que reveló el daño de otras 420 hectáreas. “El último reporte muestra que la expansión fue bastante fuerte, se extendía hacia el norte, afectando a otras cuenca hidrográficas, y se extendía por la cuenca del Punino hacia el sur hasta llegar casi al Payamino”, relata el experto.

El equipo de MAAP también documentó que la actividad minera se sobrepuso a territorios indígenas de la nacionalidad kichwa, afectando 300 hectáreas. Además, la expansión solapó la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras y deforestó 144 hectáreas del Área de Conservación Municipal El Chaco.

Si bien cerca de 1700 hectáreas son directamente afectadas por la creación de trochas, piscinas de procesamiento de oro y campamentos mineros, el área en la que están operando los mineros ilegales es mucho más amplia, entre los ríos Punino, Payamino y Coca. Al especialista de Ecociencia le preocupa que las carreteras abiertas faciliten el cometimiento de otros delitos ambientales, incluyendo la deforestación y el tráfico de vida silvestre.

Un estudio realizado en 2025 por investigadores del Laboratorio de Geoinformación y Teledetección de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) evidenció que 182 hectáreas de área deforestada por minería se encontraban aproximadamente a cuatro kilómetros del río Coca.

También detectaron con imágenes satelitales un aumento en la turbidez del agua del río Payamino entre 2023 y 2024, resultado asociado a la expansión de la minería ilegal. El color del agua turbia contrasta con el color de los ríos amazónicos en buen estado.

Hasta mayo de 2025, encontraron un frente de minería ilegal en alto Punino, otro en las proximidades del río Coca y cuatro frentes extendiéndose hacia el río Payamino.

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El Punino tiene metales pesados

Un estudio realizado por la Corporación Participación Ciudadana encontró que el agua y los sedimentos de la parte baja del río Punino tienen concentraciones de metales pesados que exceden los límites permitidos por la normativa ecuatoriana.

El informe presentado en septiembre de 2024 incluyó la toma de muestras de agua y sedimentos. Los investigadores inicialmente se plantearon llegar a la zona caliente de la actividad minera. Sin embargo, funcionarios del Municipio de Francisco de Orellana, la capital de Orellana, les advirtieron que allí operan grupos criminales.

El equipo tomó muestras en la confluencia del Punino con el Payamino y se apoyó de habitantes del sector para la recolección de muestras en dos puntos más del Punino. Por motivos de seguridad, no fue posible llegar a la zona de mayor actividad minera, por lo que las muestras más cercanas fueron tomadas a 13 kilómetros aguas abajo de esa zona.

Los resultados de calidad revelaron que el agua era ácida y presentaba niveles altos de turbidez, es decir, partículas de suelo en suspensión están mezcladas con el agua. Ambos indicadores están asociados a la minería aluvial realizada sin precauciones técnicas.

Tras analizar el agua, encontraron concentraciones elevadas de aluminio, cadmio y plomo. Los análisis de sedimentos también revelaron altas concentraciones de metales pesados, entre esos, cadmio, cobalto, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo y zinc.

Las zonas más bajas presentaron valores más altos de metales pesados. Esto se debe, explicaron los investigadores, a que la actividad minera creció hacia el río Payamino y a la geografía de la zona.

La cuenca alta del Punino está en una zona de transición entre los Andes y la Amazonía baja. La intersección con el Payamino ya es una zona de mayor planicie. Es decir, en las zonas de pendiente los sedimentos son arrastrados con mayor facilidad por la corriente de agua, mientras que en las zonas planas hay mayor probabilidad de que estos se depositen en las orillas o en el fondo. Además, uno de los puntos donde se tomaron las muestras es una curva sinuosa donde se estima que se acumulan los metales pesados que arrastra el río.

El costo de tratar el agua

Desde la confluencia del Punino y el Payamino hay unos 25 kilómetros por río hasta la ciudad de Francisco de Orellana. Omar Proaño, director de agua potable y alcantarillado del Municipio, cuenta que debido a derrames de petróleo y la erosión regresiva que afectan al río Coca, desde 2020 la ciudad capta agua del Payamino.

El funcionario asegura que hasta el momento no se han detectado metales pesados fuera de la normativa. “El río, a medida que avanza, se va autodepurando”, dice. Sin embargo, el agua sí llega con mucha turbidez y hierro, un mineral asociada a la minería ilegal.

Además de monitoreos mensuales en laboratorios certificados, la dirección monitorea cada dos horas el agua con el fin de darle el tratamiento adecuado. A mayor presencia de tierras, lodos o arcillas, hay que colocar concentraciones más altas de policloruro de aluminio. Este es un químico que hace que las partículas de sedimentos se junten y caigan al fondo de los depósitos por gravedad, dejando en la superficie el agua clara.

En noviembre de 2022, el año en el que se registró el mayor crecimiento porcentual de la minería ilegal, la concentración de materia flotante liviana se incrementó en un 10 %, de acuerdo con Nelson Cambo, ingeniero químico de la dirección. Esta materia tendría relación con las actividades mineras. El aumento de estos contaminantes provocó que haya pérdidas del 15 % del agua y que, para obtener la calidad de agua acostumbrada, el tiempo de trabajo en “horas hombre” se incremente en un 300 % y haya un 15 % más de consumo energético.

En contraste, dice Proaño, en el sector de la Unión Imbabureña hay un sistema por pozo donde solo se trata el agua con filtros y cloración para desinfección.

Después de la emboscada y el despliegue del Ejército en la zona, la actividad minera paró por completo y el agua empezó a llegar más clara. Para Proaño esta es la prueba de que la minería ilegal sí incide en la calidad del agua del río.

El Ejército anunció que intensificará las operaciones en contra de la minería ilegal en Orellana, pero también en Sucumbíos, provincia fronteriza con Colombia donde tendrían mayor actividad los grupos de delincuencia organizada.

Foto principal: desde el 9 de mayo, 1800 militares están rastrillando las zonas afectadas por la minería ilegal alrededor del río Punino. Foto: cortesía Ejército Ecuatoriano

El artículo original fue publicado por Mongabay Latam en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las imágenes satelitales que se muestran en la plataforma Amazon Mining Watch muestran cómo la minería está arrasando con los bosques amazónicos. Esta deforestación causada por la actividad minera se observa como manchas que en conjunto superan las 2 millones de hectáreas —equivalente a la extensión aproximada de El Salvador—. Esta cifra refleja la depredación de la minería en la selva amazónica entre 2018 y 2024.

Esta herramienta, desarrollada con inteligencia artificial, permite tener un panorama general del bioma amazónico. Se observa, por ejemplo, que las zonas más afectadas por la minería se concentran en tres áreas principales: el sureste de Brasil, entre los ríos Tapajos, Xingu y Tocantis; el Escudo Guayanés, que incluye Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa; y el sur de Perú, que corresponde a Madre de Dios.

El monitoreo realizado con esta nueva herramienta en línea también muestra que el 36 % de la deforestación por minería acumulada en 2024 —más de 725 000 hectáreas— corresponden a áreas protegidas y territorios indígenas.

“El objetivo es tener datos consistentes en una vasta área como la Amazonía. En MAAP -otra herramienta de monitoreo-, podemos usar satélites para monitorear áreas prioritarias específicas en tiempo real, pero es mucho más difícil monitorear toda la Amazonía de esta manera. Con Amazon Mining Watch, podemos ver el panorama general, incluidas áreas que ni siquiera conocíamos”, señala Matt Finer, investigador senior y director del Programa MAAP, proyecto de Conservación Amazónica (ACCA)

La herramienta Amazon Mining Watch (AMW) es parte del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) liderado por Earth Genome, la Red de Investigaciones de la Selva Tropical del Centro Pulitzer y Conservación Amazónica. Se trata de una plataforma abierta que utiliza un algoritmo creado para detectar la huella de la actividad minera tomando como base imágenes satelitales del Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea.

“Se espera que proporcione información trimestral para que los actores locales puedan, a través de estos datos, conocer exactamente qué está sucediendo en su territorio, sin la necesidad de esperar un estudio o un reporte específico”, comenta Jorge Villa, especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y de Sensores Remotos de la Fundación Ecociencia, en Ecuador.

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Las zonas más devastadas

El reporte publicado el 4 de mayo de 2025 indica que la deforestación acumulada por minería para 2024 fue de 2.02 millones de hectáreas. El monitoreo realizado a través de Amazon Mining Watch indica que en 2018, el primer año del que se tienen datos, alcanzó unas 970 mil hectáreas. Luego, entre 2019 y 2024, la deforestación por minería de oro creció en 1.06 millón de hectáreas. El informe también indica que el punto más alto de la deforestación ocurrió en 2022, mientras que en 2023 y 2024 hubo desaceleración en la pérdida de bosques.

Según el reporte de MAAP más de la mitad de la deforestación por minería en la Amazonía ocurrió en Brasil, seguido de Guyana, Surinam, Venezuela y Perú. Solo para 2024 la deforestación en Brasil por esta causa fue de 57 240 hectáreas. Para Guyana la pérdida de bosques alcanzó 19 372 hectáreas; en el caso de Surinam fue de 15 323 hectáreas;  para Venezuela se reportó 9531 hectáreas; y en Perú fue de 6020 hectáreas.

“Lo que se pretende es brindar las herramientas necesarias para que tanto gobiernos locales como organizaciones de la sociedad civil puedan desarrollar un monitoreo de la minería en sus territorios y fortalecer sus capacidades de gobernanza con respecto a esta importante presión”, agrega Villa.

El reporte también muestra que más de un tercio de la deforestación por minería ocurre en áreas protegidas y territorios indígenas de la Amazonía. La mayor parte ocurre en Brasil. En el caso de Perú, la deforestación por actividad minera afecta a varios territorios indígenas, principalmente a los que rodean el denominado corredor minero, un área designada por las autoridades dónde está autorizada esta actividad. En este país también existe deforestación minera en áreas protegidas. En tanto, en Ecuador, la deforestación por minería sigue amenazando numerosos lugares, incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas.

“La minería sigue avanzando en Ecuador”, agrega Villa. Al respecto, el especialista de la Fundación Ecociencia señala que para realizar este monitoreo se ha dividido la Amazonía ecuatoriana en tres sectores: norte, centro y sur. “En cada uno de estos corredores vamos a identificar las zonas específicas donde existe esta actividad”, agrega.

Villa explica que los análisis para Ecuador corresponden, en el sector norte, a las zonas limítrofes con Colombia. Se centraron en analizar cómo ha ido creciendo esta actividad en lugares alejados de las zonas pobladas. En la zona central se analizará la provincia de Napo, mientras que los estudios en el sur se harán principalmente en la provincia de Zamora Chinchipe, la superficie más afectada en ese país.

De acuerdo con Matt Finer, investigador senior y director del Programa MAAP, en 2019 Ecuador perdió 708 hectáreas. Al año siguiente, sumó 346 hectáreas deforestadas; y en 2021 casi las duplicó (con 653 hectáreas de desbosque). En 2022 la deforestación continuó en alza y el año terminó con 970 hectáreas deforestadas. El nivel más alto de desbosque fue en 2023. Ese año, se perdieron 2421 hectáreas. El año pasado, Ecuador perdió otras 1062 hectáreas de bosques.

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Áreas protegidas y territorios indígenas

Las áreas protegidas y los territorios indígenas continúan perdiendo bosques a causa de la minería aurífera. En estos casos, además, se trataría de minería ilegal puesto que son lugares donde no está autorizada esta actividad.

Solo para 2024 se estima en un 36 % la deforestación acumulada, es decir, más de 725 000 hectáreas de bosques, sucedió dentro de áreas protegidas y territorios indígenas.

La mayor parte de esta deforestación en este tipo de territorios se produjo en Brasil. Según este estudio, nueve de las diez áreas protegidas más deforestadas están en Brasil. La lista es liderada por el Área de Protección Ambiental Tapajós, que ha perdido más de 377 000 hectáreas, seguida de los bosques nacionales Amanã y Crepori, el Parque Nacional Rio Novo, los bosques nacionales Urupadi, Jamanxim, Itaituba, el Parque Nacional Jamanxim —unidad de conservación que difiere del bosque del mismo nombre— y el Bosque Nacional Altamira. El top 10 se completa con el Parque Nacional Yapacana, en Venezuela.

En cuanto a los territorios indígenas, las zonas más afectadas también están en Brasil. Se trata de los territorios de los pueblos Kayapó, Mundurucu y Yanomami, con casi 120 000 hectáreas en conjunto. El cuarto de la lista es Ikabaru, en Venezuela; seguido de tres territorios del sur de Perú —San José de Karene, Barranco Chico y Kotsimba—, con más de 17 000 hectáreas de pérdida de bosques. El top 10 se completa con Sai Cinza y Trincheira Bacajá, en Brasil, y San Jacinto, en Perú.

“El territorio indígena más afectado del Perú, San José de Karene, ya ha perdido más de un tercio de su superficie a causa de la minería aurífera ilegal”, dice en el reporte.

Dhaynee Orbegozo, experta en gobernanza forestal en Perú, señala que, lamentablemente,  en Madre de Dios están las zonas más afectadas por la minería aurífera. Agrega que esta actividad prácticamente empezó en los años 80 en Perú y que en esa época no se le brindaba toda la atención que ahora se le brinda el tema de deforestación.

“En ese momento ningún gobierno tomó cartas en el asunto y, ahora, con el incremento del precio del oro y el debilitamiento de la institucionalidad, desde hace bastante tiempo, se ha agudizado”, comenta Orbegozo. “Quizá el primer momento en el que se perdió la batalla fue cuando el Gobierno, alrededor de 2013, decidió que la zonificación ecológica económica y el ordenamiento territorial no iban a ser vinculantes”, es decir, que estas decisiones sobre el territorio  no son de cumplimiento obligatorio.

En cuanto a la presencia de la minería en territorio indígenas, Orbegozo menciona que las invasiones en estos territorios “doblegan a los pueblos indígenas” en las comunidades nativas, pero también, precisa, existe minería hecha por las mismas comunidades.

“La minería divide a las comunidades porque parte de la población se opone, quiere seguir conservando su territorio. Pero también hay mineros ilegales que forman sus propias organizaciones indígenas y empiezan una lucha contra las organizaciones indígenas representativas de la zona”, precisa Orbegozo.

Cuando se habla de minería ilegal, se habla de un problema de impacto al medio ambiente, señala Orbegozo, por la deforestación y la contaminación de los ríos, los peces, que luego alimentan a las personas. Es un tema de salud para los propios trabajadores, pero también es un problema de debilitamiento de la institucionalidad que corrompe autoridades nacionales, regionales, locales, legislativas, de las Fuerzas Armadas y policías, asegura la especialista.

Imagen principal: huellas de la minería en Madre de Dios. Foto: Tom Laffay

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 13 de abril de 2025 se cumplirá un mes del mayor derrame de petróleo del siglo XX en Ecuador y ese mismo día el país irá a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los ecuatorianos tendrán que elegir entre el actual presidente, Daniel Noboa, y la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González.

Aunque en este contexto lo ambiental parece imperioso, las propuestas y el discurso de los candidatos al respecto han sido “flojos”, de acuerdo con Gustavo Redín, vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA).

Temas como la crisis climática, la transición energética, los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas no se toparon en el debate de segunda vuelta, realizado el 23 de marzo. “Se priorizaron los insultos mutuos en lugar de dar luces sobre cómo se van a tratar los temas ambientales relevantes”, asegura Mario Melo, abogado y asesor de la Fundación Pachamama.

Miembros del Frente al Ambiente, una coalición de más de 50 organizaciones que trabajan por la protección y conservación de la naturaleza, invitaron a los dos candidatos a entrevistas para discutir 10 ejes ambientales, entre ellos, la institucionalidad ambiental y la protección del agua. No obstante, hasta el cierre de este artículo, la coalición aseguró a Mongabay Latam que ninguno de los dos presidenciables aceptó la invitación.

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Lo ambiental pesa en la decisión electoral

Para Redín, Ecuador es un país con “visión ambiental”. Esto se ha comprobado con los resultados a favor de la naturaleza en las consultas populares sobre la prohibición de actividades mineras o petroleras en Cuenca, Girón, Quito y el Yasuní. Sin embargo, “los candidatos se están olvidando de estas aristas, que van a poner presidente o presidenta”, afirma.

En 2020, el entonces candidato a la presidencia Guillermo Lasso firmó una agenda ambiental con el Frente al Ambiente en la que se comprometió a una treintena de puntos, incluyendo garantizar los derechos de la naturaleza. “Eso significó parte de la victoria de Lasso”, opina el vicepresidente de CEDENMA.

La actual carrera hacia la Presidencia está bastante ajustada. En la primera vuelta hubo un empate técnico, con el 44.17 % de los votos para Noboa, del partido Acción Democrática Nacional, y el 44 % para González. Las cosas no han cambiado mucho desde las votaciones del 9 de febrero, según las encuestas que se publicaron hasta el último día permitido por la legislación ecuatoriana.

De acuerdo con la encuestadora Comunicaliza, 4.5 décimas separan al candidato oficialista, con el 41.5 % de intención de voto, de su contrincante, que tiene el 41.1 %. La encuestadora Informe Confidencial señala que la diferencia es un poco mayor, con el 45 % de intención de voto para Noboa y el 41.3 % para González.

La crisis climática se aborda vagamente

Para Melo, el tema ambiental es crucial a escala global y nacional. De hecho, el reconocido naturalista David Attenborough considera que el cambio climático es la “mayor amenaza a la seguridad a la que la humanidad actual se ha enfrentado”. Los ecuatorianos ya han experimentado ambos polos de los fenómenos climáticos extremos.

En 2024, Ecuador sufrió la peor sequía hidrológica de los últimos 40 años, de acuerdo con datos del programa Servir Amazonía. Mientras tanto, en lo que va de 2025, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha registrado 2479 deslizamientos, inundaciones y otros “eventos adversos por lluvias”. Gran parte de las provincias de la costa están en alerta roja, seis provincias más están en alerta naranja y el resto del país está en alerta amarilla.

En lugar de encontrar propuestas claras y concretas para enfrentar la crisis climática, en ambos casos Melo notó “una vaga referencia a cambios en la matriz energética, sin que haya por medio planes, plazos o mecanismos”.

En su lugar, “hay una insistencia hacia el modelo extractivista por el cual el país ha transitado los últimos 50 años”, dice el abogado. El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador desde que se inició la explotación en la década de 1970. En 2019 se inauguró la megaminería en el país, con el inicio de operaciones del proyecto minero Mirador, y para 2023 la minería ya era el tercer mayor rubro de exportaciones, de acuerdo con la Cámara de Minería.

Este modelo, asegura, no ha traído soluciones ni a la inequidad ni a la pobreza. A diciembre de 2024, cuatro de cada 10 ecuatorianos estaban en la pobreza o la pobreza extrema a escala nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La desigualdad se evidencia al hacer zoom al país: tres habitantes en el área urbana frente a seis habitantes en el área rural, de cada 10 personas, estaban en la pobreza o pobreza extrema.

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No hay declaraciones categóricas sobre el Yasuní

“La explotación inmisericorde de los recursos naturales”, en palabras de Melo, ha traído “enormes y catastróficos impactos ambientales”. El norte de la Amazonía ha sido históricamente la zona más afectada, pero el reciente derrame de más de 25 000 barriles en la provincia costera de Esmeraldas recuerda que otras partes del país también han sufrido las graves consecuencias de las industrias extractivas.

A pesar de esto y de que en consulta popular los ecuatorianos decidieron que se retire la actividad petrolera del bloque 43, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, ninguno de los dos candidatos “ha mencionado siquiera estos temas”, dice Melo.

El domingo 30 de marzo, Pachakutik, el partido del movimiento indígena, logró que González se comprometa a la “protección absoluta del Yasuní”. Ese día, la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana firmó un acuerdo programático de 25 puntos a cambio del respaldo del movimiento indígena a su candidatura.

Pero más allá de eso, ni González ni Noboa han emitido declaraciones categóricas sobre si se respetará la voluntad popular. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado ecuatoriano parar la producción de petróleo en ese bloque, en el marco de una sentencia a favor de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario que habitan en la zona.

“El cumplimiento de la consulta popular del Yasuní no es solo un tema ambiental, no aplicarla es poner frenos a la democracia”, asegura Redín.

Los respaldos y los acuerdos, en conflicto

En las campañas pasadas, mientras fueron candidatos, Lasso y Noboa se comprometieron a no explotar el Bloque 43. Una vez que llegaron al poder no solo continuaron extrayendo petróleo del considerado como el lugar más biodiverso del mundo, sino que el primero propuso duplicar la producción petrolera y su sucesor lanzó un plan para aumentar la extracción de hidrocarburos.

“Tenemos la experiencia de que los presidenciables prometen todo. Nos deja un mal sabor el hecho de que no hay una obligación clara hacia lo ambiental”, reflexiona el vicepresidente de CEDENMA.

La candidata por el Movimiento Revolución Ciudadana, en el acuerdo firmado con Pachakutik, también se comprometió a emprender acciones inmediatas para enfrentar la minería ilegal, auditar las concesiones mineras, trabajar por la soberanía alimentaria, garantizar una política de respeto a la diversidad de los pueblos indígenas, entre otras temáticas. Además, se comprometió a cumplir con las consultas populares que prohibieron la minería en Quito, Azuay y Girón.

El pacto, que parece beneficioso para los pueblos y nacionalidades indígenas, no fue bien visto por varios de sus sectores. “Las organizaciones no pueden estar metidas en el tema partidista. Cada votante debe tomar su decisión”, critica Diana Chávez, dirigenta de relaciones internacionales de la organización kichwa de Pastaza, PAKKIRU por sus siglas en kichwa. “Al momento de tomar una posición, existe división y eso es lo que no queremos”, agrega.

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Los primeros quiebres en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONFENIAE) se dieron en marzo, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (CONFENIAE) anunció su respaldo a Daniel Noboa. La CONFENIAE solicitó auditorías y moratorias para proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos dentro de los territorios indígenas. También exigió la suspensión de la frontera petrolera y minera en la región.

Chávez asegura que no se trató de una decisión unánime. Aunque sí hubo relativamente mayor respaldo de las federaciones amazónicas para el actual presidente, hubo otras dos tendencias: apoyar a Luisa González y no ofrecer respaldo a ningún candidato. “La política partidista no es nuestro trabajo, pero sí conversar sobre política pública, ordenanzas, gobernanza”, reitera la lideresa.

Amenazas para los derechos indígenas y de la naturaleza

Noboa ha dicho en varios espacios que llamará a una asamblea constituyente para “refundar” Ecuador. La actual Constitución está vigente desde 2008 y ha sido reconocida como garantista de los derechos fundamentales. Además, fue la primera en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza.

“Una constituyente puede significar el retroceso de derechos”, dice Redín y asegura que también son preocupantes los pronunciamientos recientes de abogados cercanos a las industrias extractivas que “subordinan los derechos de la naturaleza”. A esto se suma que más allá de la declaración, el actual presidente no ha dicho quién conformaría la asamblea constituyente o qué temas se tratarían.

Mientras tanto, los pueblos y nacionalidades indígenas llevan 17 años a la espera de una ley de consulta previa, libre e informada. Para Redín, la ausencia de esta normativa es “la piedra fundamental de los conflictos ambientales en el país”.

Los pueblos y nacionalidades indígenas han reclamado en múltiples ocasiones no haber sido consultados sobre el desarrollo en sus territorios de proyectos petroleros, mineros o de otra naturaleza. Esto ha dado pie a plantones, marchas e incluso enfrentamientos fatales con las fuerzas públicas. La regulación de este derecho evitaría más conflictividad.

Para cumplir con esta y otras urgencias que enfrenta Ecuador, que en 2025 se convirtió en el país más violento de Latinoamérica, Melo cree que quien gane las elecciones tendrá que negociar con la Asamblea para conseguir gobernabilidad. El congreso también está dividido casi en partes iguales entre Acción Democrática Nacional y el Movimiento Revolución Ciudadana.

Chávez además exige continuidad: “Los planes de gobierno no pueden durar cuatro años, necesitamos una visión más allá de ese periodo para dejar de tambalear”.

Foto principal: el debate de segunda vuelta se realizó el 23 de marzo. Foto: Consejo Nacional Electoral

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El proceso de formalización de la minería artesanal en Perú lleva más de dos décadas y hasta ahora no se vislumbra una luz al final de ese camino. Por el contrario, demoras y postergaciones en los mecanismos para que se formalice esta actividad han abierto las puertas a  la minería ilegal.

Uno de los mecanismos que ha servido para extender el proceso sin fecha de cierre es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que, desde su creación, en el año 2016, ha tenido por lo menos cuatro ampliaciones de plazo para el cierre —inicialmente en 2020—, a través de proyectos de ley presentados en el Congreso de la República que han extendido su vigencia y facilitado la impunidad para los mineros ilegales.

Ahora, una vez más, el Parlamento de Perú pretende ampliar el plazo para la inscripción de los mineros artesanales e informales en el Reinfo, a través de un proyecto de ley que está en la agenda de la Comisión Permanente listo para ser aprobado.

“El Congreso en lugar de estar promoviendo leyes que puedan fomentar la lucha contra la minería ilegal lo que está haciendo es promover leyes que, bajo el enfoque de ser pro formalización, lo único que hacen es que se acreciente la minería ilegal”, dice Karina Garay,  de la Sociedad Zoológica de Fráncfort (FZS) Perú.

Garay afirma que está demostrado, por más de 20 años, que el proceso de formalización minera no ha servido en el Perú, “lo único que ha generado ha sido caos, desorden y corrupción. Si se sigue prolongando este proceso de formalización minera no se va a llegar a nada”.

La actual propuesta de ley reúne cuatro iniciativas legislativas presentadas por los congresistas José Williams, de Avanza País; Jorge Marticorena, de Perú Bicentenario; Guido Bellido, de Perú Bicentenario y Jorge Flores; de Acción Popular.

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El uso ilegal del Reinfo

La norma en controversia busca que la inscripción en el Reinfo se extienda por un plazo de 90 días hábiles desde la entrada en vigencia de la ley. En cada uno de los proyectos presentados, los plazos para la apertura del Reinfo eran distintos, pero el texto final define los tres meses para la inscripción.

La inscripción al Reinfo se había cerrado en 2021 y hasta ahora las extensiones de plazo aprobadas por el Congreso solo contemplaba el proceso de formalización de quienes estaban inscritos. Pero en este caso lo que se busca aprobar es un nuevo plazo para que se inscriban nuevos mineros.

“Lo que sucede es que el minero aparentemente informal lo único que hace es inscribirse y no continúa con el proceso de formalización, sin embargo, esta inscripción ya le permite realizar actividades mineras”, explica Garay, quien también ha sido fiscal especializada en materia ambiental en Madre de Dios, la región amazónica con los mayores impactos ambientales causados por la minería ilegal.

Esa simple inscripción no asegura que cumplan los estándares ambientales ni los parámetros laborales,  “pero lo más grave es la impunidad, porque el Código Penal señala que si el minero está en proceso de formalización no es susceptible de ser denunciado por minería ilegal, entonces, este minero, entre comillas en formalización, hace lo que quiere”.

Actualmente hay 87 069 mineros inscritos en el Reinfo, de este total solo 15 344 mantienen su inscripción vigente, la mayoría, es decir 71 725 figuran en el padrón como suspendidos.

Para Mariano Castro, director del Programa Unidos por los Bosques de la de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) Perú, “el planteamiento de ampliación del Reinfo es equivocado porque se fuerza una práctica que no genera transferencia de renta al desarrollo regional, ni crecimiento sostenible, tampoco genera un empleo seguro y daña el ambiente”.

Castro recuerda que el Reinfo fue creado para que se inscriban aquellos mineros artesanales y pequeños mineros dispuestos a iniciar y concretar un proceso de formalización, lo cual  implica un cambio de práctica minera que no contamine el ambiente y no dañe la salud. “El Reinfo no tiene un propósito de generar un manto de impunidad o una constante apertura para que cualquier práctica ilegal tenga un proceso aparente de formalización”, apunta el director de FCDS Perú.

El uso de la inscripción en el Reinfo, por parte de mineros ilegales, para evitar la fiscalización y las sanciones se ha extendido en todo el Perú.

En 2020, Mongabay Latam publicó un reportaje que daba cuenta cómo se utilizaba este instrumento de formalización en el distrito de Parcoy, en la provincia de Pataz, una zona con actividad minera ilegal en el norte del Perú.

De acuerdo con este reportaje, los integrantes de una organización criminal denominada “Los Topos” utilizaban las inscripciones de cuatro personas que estaban en pleno proceso de formalización como mineros artesanales para transportar el mineral y “legalizar” el oro.

Actualmente Pataz enfrenta una violencia extrema causada por la presencia de grupos criminales ligados a actividades de minería ilegal. En diciembre de 2023, nueve trabajadores de la minera La Poderosa fueron asesinados por integrantes de una banda criminal ligada a la minería ilegal.

“Lo que hace esta norma, en resumen, es convertir a mineros ilegales en mineros informales y,  por ende, generar situaciones de impunidad. Hemos escuchado audios de mineros ilegales del norte en el que dicen que ellos están impulsando esta norma para quedar en la impunidad, porque lo que buscan es que la Fiscalía no los persiga ni los procese”, dice César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental. Ipenza se refiere a las escuchas telefónicas que forman parte de una investigación fiscal contra el crimen organizado relacionado con la minería ilegal en el norte del Perú.

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Una propuesta rodeada de cuestionamientos

Actualmente el Congreso de la República está en receso, sin embargo la Comisión Permanente continúa con las funciones legislativas. Para la sesión que se realizó los días 17 y 18 de enero la propuesta estuvo en agenda, pero no fue debatida ni aprobada.

La norma llegó al Pleno del Congreso en junio de 2023 con un dictamen favorable de la Comisión de Energía y Minas; mientras que la Comisión de Descentralización, a la que también fue presentada, se inhibió de pronunciarse.

Los desacuerdos con esta controvertida propuesta no solo vienen de expertos en la materia. La Presidencia del Consejo de Ministros, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Ambiente manifestaron sus discrepancias y desacuerdo con la propuesta —mediante oficios y cartas— durante el periodo de consultas que acompaña a cada proyecto legislativo.

La Presidencia del Consejo de Ministros expresó su opinión desfavorable sobre el proyecto presentado por el partido  Avanza País, que forma parte de la iniciativa final que pretende aprobar el Congreso, pues considera que no es viable una de las propuesta que consiste en crear una comisión multisectorial para el desarrollo social y económico, formalización de la minería, prohibición de la minería ilegal y recuperación del medio ambiente en los departamentos de Madre de Dios, Ucayali y Puno, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La Defensoría del Pueblo manifestó su opinión negativa porque “el establecimiento de un nuevo plazo para que las personas naturales o jurídicas que vienen incumpliendo el marco jurídico ambiental, laboral y tributario que regula el régimen de la pequeña minería y la minería artesanal puedan inscribirse en el Reinfo, vulnera el Estado de Derecho; según el cual todos estamos sometidos a leyes, las cuales deben hacerse cumplir por igual”.

La Central de Cooperativas Mineras Rinconada y Lunar de Oro Limitada (Cecomirl Ltda), de Puno, también está en desacuerdo con el proyecto. En la carta enviada al Congreso indica que “dichas propuestas legislativas serían funestas para la formalización minera en general”. De ser promulgadas como Ley, advierte, propiciarían la ilegalidad y tráfico de facturas, así como la inscripción al  Reinfo de personas que se registran sin tener ninguna labor minera, pero que hacen uso de ellos para facturar montos extraordinarios,  que luego son cuestionados y denunciados por la SUNAT [Superintendencia Nacional de Administración Tributaria] o por el Ministerio Público como ventas inexistentes e irreales, oscureciendo el mercado y creando incertidumbre respecto a la licitud de la pequeña minería y minería artesanal.

De una manera menos contundente, el Ministerio del Ambiente (Minam) indicó que la propuesta debe ser reevaluada. Entre las razones precisa que “las constantes ampliaciones de plazos han ido fomentando la continuidad de procesos de actividades ilícitas que ocasionan impactos ambientales y sociales significativos, dado que las mismas se desarrollan sin una adecuada planificación y sin los permisos exigibles para el desarrollo de la actividad minera”.

El Minam también indica que entre los principales impactos ambientales negativos generados por la minería artesanal y de pequeña escala “está la emisión y liberación del 37.7 % del mercurio a la atmósfera”, y considera que deben tenerse en cuenta “los impactos negativos en los bosques”. Y como ejemplo está lo sucedido en la región de  Madre de Dios, donde se han destruido “más de 50,000 hectáreas de bosque primario”.

Solo el Ministerio de Energía y Minas (Minem) envió una opinión favorable, aunque con algunas observaciones para que no “vulnere el derecho de terceros o afecte el medio ambiente”. El Minem también recomienda que se debe “evaluar si el proyecto de ley debe ser sometido a consulta (…)  considerando que podría tener una incidencia en los derechos de comunidades nativas y pueblos originarios”.

La Central Nacional de Mineros del Perú (Cenami) también tiene una opinión favorable a la propuesta pues considera que el objetivo del proceso de formalización es “dar las herramientas legales para que más de medio millón de mineros artesanales puedan acogerse a este proceso”. Una cifra que supera por lo menos seis veces la cantidad de mineros inscritos hasta el día de hoy.

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Un proceso que no termina

Este proceso de formalización en Perú lleva más de dos décadas desde que en el año 2002, el gobierno peruano aprobó la Ley de Formalización y  Promoción de la Pequefia Minerfa y la Minerfa Artesanal.  En el 2012 se intenta dar un nuevo impulso a la formalización minera a través de decretos legislativos que define las condiciones bajo las que debe operar un minero informal y establece el 2014 como plazo para la formalización. Esta fecha se fue extendiendo hasta el 2016 cuando se crea el Reinfo y empieza una nueva ronda de ampliaciones para el cierre de la formalización.

El abogado César Ipenza señala que no existe capacidad del Estado para fiscalizar a quienes operan en zonas prohibidas y tampoco a quienes están inscritos en el Reinfo.  “Si hay tantos inscritos que no han cumplido con los requisitos en tantos años, ¿por qué se mantiene este registro? El Estado sabe muy bien quiénes tienen las condiciones para ser legales y apostar para que ellos cumplan las exigencias y sean legales”.

Mariano Castro, de FCDS, puntualiza que  Perú necesita promover una explotación minera sostenible en todos los niveles, incluyendo la artesanal. “La puerta falsa no se puede convertir en la puerta principal de acceso a los recursos”.

Con estas ampliaciones sin sustento, señala Castro, “se están avalando pésimas prácticas que están afectando a las personas y se están privilegiando intereses particulares que son destructivos de ecosistemas, de la salud y también de los medios de vida. No se están respetando derechos fundamentales”.

Por su parte, la ex fiscal Karina Garay destaca que el crecimiento de minería ilegal está invadiendo nuevos lugares “y eso sucede porque el gobierno no está cumpliendo con la lucha contra esta actividad ilícita”.

Garay señala que por un lado está la lucha para fortalecer el proceso de formalización minera y por otro lado se debe combatir en los lugares prohibidos donde se desarrolla esta actividad. “Ninguna de esas estrategias se ha realizado estos últimos años, el gobierno se ha olvidado por completo de ellas”.

Actualmente el precio internacional de la onza de oro supera los 2000 dólares. Una cifra que viene al alza desde el año 2020, cuando superó la barrera de los 1600 dólares que hasta ese momento había sido la más alta históricamente. A la par de este crecimiento en la cotización, se han incrementado las actividades ilegales alrededor de la extracción del mineral.

Imagen principal: Comunidad nativa Tres Islas en Madre de Dios. Foto: FEMA.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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