El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

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“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

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Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A casi dos meses del derrame de petróleo ocurrido en aguas del Golfo de México sus remanentes persisten en zonas costeras del país, sin embargo aún hay vacíos de información sobre el origen de la contaminación. Ante este escenario, los análisis científicos y satelitales permiten reconstruir una parte del incidente y sus alcances.

El conocimiento que tienen las comunidades pesqueras y las acciones de ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil también han contribuido a entender qué provocó que el derrame se dispersara a lo largo de más de 900 kilómetros de costa e impactara en las economías y biodiversidad de la región, de acuerdo con el monitoreo de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México.

Especialistas, representantes de comunidades y ambientalistas consultados por Mongabay Latam identifican las inconsistencias y algunos aciertos en la información difundida por el gobierno de México para explicar este nuevo derrame en el mar.

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El origen del derrame y las omisiones de autoridades

Imágenes y análisis satelitales detectaron el derrame desde el pasado 6 de febrero en la zona de Cantarell, un campo de alta explotación petrolera en las aguas del estado de Campeche.

Para Abigail Uribe Martínez, científica del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se trató de un derrame breve pero de alcances prolongados, pues aunque inició en los primeros días de febrero, las corrientes marinas y las condiciones del clima provocaron la llegada de hidrocarburo a zonas costeras hasta el 1° de marzo.

“La fuga hace mucho tiempo que ya está cerrada. Lo que tenemos son los remanentes de lo que salió. Es posible que [el derrame] no haya durado ni una semana. La primera vez que vimos petróleo en esa zona fue el 7 de febrero y la última vez fue el 15 de febrero”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Estas fechas coinciden con los reportes de organizaciones civiles, que usando también imágenes satelitales denunciaron que entre el 7 y el 14 de febrero, un buque especializado en reparación de ductos permaneció sobre uno de los oleoductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) mientras había “una gran mancha de petróleo en la zona”.

Este grupo de más de 30 organizaciones —entre ellas el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)— dieron a conocer imágenes satelitales que mostraban una embarcación cercana a la plataforma petrolera Abkatún.

De acuerdo con el reporte, para el 13 de febrero el derrame era visible y mostraba al menos cinco embarcaciones que realizaban labores de contención, “una de ellas usando chorros de agua típicos de acciones para controlar derrames”.

También coincide con la investigación realizada por el periódico El País, que dio a conocer que este buque contratado por Pemex para la reparación de ductos submarinos, llamado Árbol Grande, pasó 200 horas sobre un oleoducto que conecta el campo de Cantarell con la terminal marítima de Dos Bocas, rodeado de otras embarcaciones y sobre una mancha aceitosa en el mar.

Plataformas de monitoreo satelital, como Global Fishing Watch, permiten identificar que la embarcación Árbol Grande se movilizó desde el 6 de febrero hacia la zona del derrame, donde permaneció hasta el 18 de febrero.

Al respecto, Pemex sostuvo que la embarcación Árbol Grande es una de 13 embarcaciones de mantenimiento y 62 de logística que prestan servicios permanentes en el Golfo de México realizando “inspecciones preventivas en plataformas y embarcaciones especializadas de atención de derrames”.

En tanto, las autoridades federales emitieron información sobre el origen del derrame hasta el pasado 26 de marzo en una conferencia de prensa, donde dijeron haber identificado tres fuentes de contaminación que incluía el vertimiento ilegal de un buque (de entre 13 embarcaciones que se encontraban en la zona), así como de dos chapopoteras que son emanaciones naturales de hidrocarburo.

Sin embargo, este grupo interinstitucional, ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender el derrame, omitió información sobre las fechas del vertimiento en febrero, así como de la embarcación responsable que aún no ha sido identificada.

Alejandra Jiménez, ambientalista e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, señala que hay vacíos de información en la versión oficial para explicar qué provocó el derrame y una reacción tardía para contener la falla.

“Hay instrumentos científicos y técnicos que pudieron haber ayudado a informar y que no se usaron, por ejemplo las imágenes satelitales. Nos parece que se reservaron muchísima información que no han hecho pública y eso habla de que hay algo que no quieren que se sepa”, dice la ambientalista a Mongabay Latam.

Este medio intentó contactar a dependencias del grupo interinstitucional, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Pemex y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para tener su versión sobre la falta de información en el origen del derrame. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

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Chapopoteras naturales, una respuesta constante a los derrames

El Golfo de México tiene cientos de emanaciones naturales de hidrocarburo conocidas como chapopoteras, sin embargo no todas se expresan igual y las más conocidas tienen huellas que logran identificarse, de acuerdo con la científica Abigail Uribe, quien ha estudiado la forma que se reflejan en la superficie.

La chapopotera de Cantarell nace de fisuras en el piso oceánico y forma una huella que la especialista describe como de “garra de león”, con unas líneas paralelas que salen de varios puntos.

“Esta huella de garra es muy característica en esas emanaciones y además una característica importante es que su extensión suele ser muy corta. Un gran porcentaje es de unos cuantos kilómetros, dos o cinco kilómetros. Eventualmente, bajo condiciones que no tenemos del todo claras, puede llegar a ser mucho más larga, de 30 o 50 kilómetros”, describe Uribe.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo que la principal fuente de contaminación por el derrame en el Golfo de México es la chapopotera de Cantarell, aunque sin mostrar evidencia que comprobara este fenómeno. “Estas chapopoteras tienen una emanación permanente natural. Sin embargo se ha detectado un mayor flujo de contaminantes en el último mes”, dijo en conferencia de prensa.

Al respecto, la especialista señala que a inicios de 2026 la chapopotera de Cantarell sí tuvo emanaciones intensas, pero también explica que el origen de las emanaciones entre febrero y marzo también se ha podido mapear y están más asociadas a los ductos petroleros.

“Sabemos muy bien el origen de Cantarell, lo tenemos perfectamente mapeado. Hay orígenes que no necesariamente son de la chapopotera y están más bien asociados a infraestructura petrolera. Aquí el origen está mucho más cerca de ductos, pozos, plataformas”, dice a Mongabay Latam.

La especialista también precisa que es común que las emanaciones de la chapopotera de Cantarell se mezclen con incidentes en plataformas y ductos, lo que dificulta diferenciar las fuentes de contaminación.

La presidenta Sheinbaum insistió este 31 de marzo en que no se ha encontrado evidencia de fugas en los ductos de Pemex, pero dijo que se revisan las instalaciones de la empresa estatal.

“Estamos investigando junto con científicos si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona, que se han reportado en muchas ocasiones y hay muchos reportes científicos de ellas, o alguna fuga de las instalaciones. Hasta ahora, no ha habido una fuga. Si se llegara a ver que hay una fuga, se informaría y se entraría a la reparación”, expuso la mandataria.

Esta no es la primera vez que las autoridades atribuyen los derrames petroleros a las emanaciones naturales en el mar. En 2025, Mongabay Latam y Data Crítica revelaron que la mayor parte de los vertimientos no se reportan. Solo entre 2018 y 2024, especialistas identificaron, mediante el análisis de imágenes satelitales, un subregistro oficial de casi el 60 % de estos incidentes en instalaciones petroleras.

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Afectaciones costeras y responsables sin identificar

El derrame petrolero llegó en el peor momento para las comunidades costeras del Golfo de México, principalmente de los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, donde no solo viven de la pesca, sino también del turismo que llega en el periodo vacacional de Semana Santa.

Eunices Contreras Sánchez, secretaria de la cooperativa Punta del Salado, ubicada en la comunidad de Olapa, municipio de Mecayapan, Veracruz, sostiene que desde el 2 de marzo que llegaron los primeros remanentes de petróleo a la costa no han dejado de limpiar las playas.

“Los pescadores intentaban sacar el crudo, pero se desvanecía en las manos, venía casi líquido y no se podía manejar. Provocó afectación en la zona hacia las redes, en la costa, se quedó entre los arrecifales. Cuando los pescadores quisieron ir a sacar sus artes de pesca ya estaban dañados”, cuenta Contreras.

Las organizaciones civiles que denunciaron el derrame también señalaron un retraso en activar el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas, el cual obliga a notificar el incidente de forma inmediata, identificar la fuente del derrame, evaluar su trayectoria y coordinar una respuesta institucional.

“Todo indica que hubo un derrame, que no fue una chapopotera y que fue un ducto de Pemex. Nos preocupa muchísimo porque dentro de este mecanismo de atención a derrames, el plan marca que es responsabilidad de quien contamina”, expone Jiménez.

La defensora destaca principalmente la respuesta de la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental (ASEA) que ha realizado 11 recorridos de supervisión en los municipios afectados y ha emitido cinco requerimientos de información a empresas con operaciones de extracción de hidrocarburos, sin que hasta ahora se sepa quién o quiénes son los responsables del derrame.

“La Agencia es central para atender todo lo que tiene que ver con cuidado al medioambiente en el sector hidrocarburos y nos preocupa que no tenga un papel importante en un caso al que se le ha dado muchísima difusión y del cual hay muchísima evidencia”, afirma.

Aunque el Grupo Interinstitucional ha informado la recolección de 430 toneladas de hidrocarburo y acciones de limpieza en 223 kilómetros de playa, la ambientalista advierte que no se están contemplando los impactos sostenidos a las comunidades costeras y a ecosistemas claves como los arrecifes.

“Hay familias independientes de pescadores que todavía no reciben atención. Hay afectaciones a la fauna y al Sistema Arrecifal, un Área Natural Protegida desde 1992, y ha habido descuido por parte de las autoridades para aplicar los mecanismos necesarios para proteger esa zona, indispensable para todo el Golfo de México, que protege de los huracanes y de los eventos climáticos”, expone.

Contreras sostiene que en 35 años de actividad pesquera en Olapa este derrame ha sido el de mayor magnitud en la localidad.

“Ya fue controlado [el derrame], pero uno camina por la playa y te manchas. Hemos hecho mucha limpieza porque es nuestra área de trabajo y aun así nos sigue manchando”, dice la pescadora a Mongabay Latam.

Incluso, sostiene que de tanta experiencia con derrames en el Golfo, los pescadores ya saben la reacción de los peces cuando hay un vertimiento. “El pescado cuando nota el peligro se aísla, se guarda. En este caso, percibe el olor, se guarda y eso ha perjudicado en esta temporada al sector”, explica.

Contrera pide dejar de minimizar los impactos del derrame en los ecosistemas de los cuales dependen comunidades enteras para subsistir.

*Imagen principal: el derrame ya impactó a lo largo de 900 kilómetros de costa en el Golfo de México. Foto: cortesía Eunices Contreras Sánchez.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Apenas bajan de la lancha y pisan la arena de la Isla Tiburón, aparece en el cielo. Los investigadores y conservacionistas de la Nación Comcáac dejan caer sus mochilas y el equipo de campamento para correr tras ella, redes en mano. La mariposa, de un intenso color naranja, revolotea en lo alto mientras dos biólogos saltan intentando atraparla. No es tarea fácil: capturar un insecto tan ágil, requiere mucha destreza, pero también sigilo. Después de varios intentos y risas contenidas entre la vegetación, logran finalmente encerrarla en un frasco para observarla de cerca.

Erika Barnett la mira a través del plástico, tratando de descifrar los dibujos que las finas venas negras trazan en sus alas. “¿Será una mariposa monarca?”, se pregunta la representante de los monitores comunitarios comcáac que lidera la visita de campo. Luego corrige: “No, no tiene las venas gruesas; es una mariposa reina (Danaus gilippus)”, dice sobre una de las especies más parecidas a la Danaus plexippus, la mariposa que buscan encontrar.

“Sal, sennel”, invita Barnett suavemente a la mariposa en cmiique iitom, la lengua de su pueblo. Da un par de golpecitos con el índice en el frasco para animarla a salir y posarse sobre su mano. Unos segundos después, el insecto emprende el vuelo.

La posible presencia de la mariposa monarca en la Isla Tiburón —la más grande de México y territorio de la Nación Comcáac, ubicada frente a las costas de Sonora— abre la oportunidad de explorar nuevas perspectivas científicas sobre las funciones ecológicas de este polinizador en ambientes insulares. Además, podría ayudar a identificar áreas prioritarias para la conservación de esta amenazada especie en territorio mexicano.

Hasta ahora no existen registros de la mariposa monarca en la isla. Sin embargo, hay indicios de que podría encontrarse allí durante su ruta migratoria. Eso es, precisamente, lo que el equipo intenta descubrir.

A mediados de octubre de 2025, Mongabay Latam acompañó esta visita de campo en el Golfo de California, donde un equipo de investigadores del Instituto de Biología de la UNAM y de la organización Ciencia y Comunidad por la Conservación A.C., en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), conservacionistas y monitores comunitarios comcáac, trabaja en establecer las líneas base para el monitoreo de dos importantes polinizadores: la mariposa monarca y el murciélago magueyero menor (Leptonycteris yerbabuenae), especie clave para los ecosistemas áridos de México, cuya falta de estudios sistemáticos ha limitado el conocimiento de su papel dentro del ecosistema insular.

El vuelo de las monarcas

Días antes de partir hacia la Isla Tiburón, el grupo de monitores comcáac se reunió en un centro comunitario de Socaaix —nombre originario de Punta Chueca, su localidad— para prepararse. En los talleres guiados por los especialistas de la UNAM y del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), el conocimiento científico se entrelazó con el tradicional en un diálogo sobre los polinizadores. El grupo, integrado mayormente por mujeres jóvenes, aprendió, por ejemplo, a identificar a la mariposa monarca y a distinguirla de otras especies con rasgos similares.

También se adentraron en los detalles de su migración, considerada la más extensa y emblemática del mundo de los insectos. Una generación excepcionalmente longeva —con individuos que pueden vivir hasta ocho meses y que por ello se conoce como la generación Matusalén, en alusión al personaje bíblico que, según la Biblia, vivió 969 años— recorre hasta 4000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de oyamel en México, donde pasa el invierno. Este asombroso recorrido, que asegura la supervivencia de la especie, es considerado uno de los fenómenos naturales más impresionantes del planeta.

Desde 2022, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica a la mariposa monarca como En Peligro, reflejando la amenaza que enfrentan sus poblaciones. En México, la actualización más reciente de la norma oficial NOM-059-SEMARNAT-2025 la considera Sujeta a Protección Especial.

Aunque la ciencia ha identificado tres grandes rutas migratorias —oriental, central y occidental—, su recorrido puede variar según las condiciones ambientales y la disponibilidad de recursos. Pero hay algo que no cambia: para completar esa extraordinaria travesía, las monarcas dependen del algodoncillo —algunas especies de Asclepias—, plantas fundamentales en su ciclo de vida. De ellas obtienen el néctar que las alimenta, mientras que sus hojas sirven como refugio para sus huevos.

“La ruta occidental se extiende desde el oeste de Estados Unidos —en California, Nevada y Arizona— hacia el noroeste de México, cruzando por Baja California y Sonora, y continúa hacia el centro del país”, explica José Juan Flores, académico del Instituto de Biología de la UNAM. “Esta última ruta incluye áreas cercanas a Isla Tiburón, lo que refuerza la posibilidad de que la especie utilice la isla como sitio de alimentación o descanso”.

Y ahí es donde surge otra de las pistas clave para encontrarla: la Isla Tiburón tiene Asclepias.

En los talleres, también se aprendió sobre el murciélago magueyero menor, un mamífero polinizador y migratorio fundamental no solo para los ecosistemas, sino para la cultura mexicana. Al polinizar agaves, cactáceas y otras plantas nectaríferas, contribuye directamente a la producción de los derivados del maguey, entre los que destacan el tequila, el mezcal, el pulque y otras bebidas tradicionales como el bacanora, un destilado sonorense hecho a partir del Agave angustifolia.

Sus migraciones pueden alcanzar hasta 1200 kilómetros. Durante el verano, se les encuentra en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, mientras que en invierno se trasladan hacia el centro y sur de México. Este desplazamiento estacional no es casual: coincide de manera precisa con la floración de las plantas que polinizan, asegurando su alimentación y contribuyendo al equilibrio de los ecosistemas que habitan. Sin embargo, su supervivencia está en riesgo. La UICN enlistó a la especie en 2020 como Casi Amenazada, mientras que la actualización a la norma mexicana la clasificó como Amenazada en 2025.

El equipo comcáac de monitores comunitarios ha dado un paso importante gracias al acceso a nueva tecnología para seguir a esta y otras especies de murciélagos. A través de la Conanp, se obtuvieron varias cámaras trampa y detectores Echo Meter Touch, un aparato portátil que traduce las ecolocalizaciones de los murciélagos en frecuencias audibles para los humanos y que permite escuchar, grabar e identificar murciélagos con un teléfono o tableta Android.

“Estas herramientas son muy importantes y ponen al equipo comcáac en la punta del sistema de monitoreo comunitario, al ser herramientas muy actualizadas”, describe Flores. “Ya no tendrán que poner una red [para capturar individuos] y después usar una guía dicotómica, que es más complicada, para determinar las especies”.

Explorando la Isla Tiburón

La Isla Tiburón es parte del territorio ancestral de la Nación Comcáac. Con sus 120 800 hectáreas, es considerada un lugar sagrado y fue reconocida como propiedad del pueblo indígena por decreto presidencial en 1975. Actualmente, forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California y es considerada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como una de las zonas mejor conservadas del Desierto Sonorense. La isla resguarda una sorprendente biodiversidad, con cerca de 300 especies de plantas que van desde el matorral desértico hasta los manglares considerados los más septentrionales y frágiles del continente y que, por cierto, Erika Barnett, su familia y su equipo, protegen.

En las laderas áridas y costas rocosas que forman sus paisajes habitan 39 especies de reptiles y anfibios —diez de ellas endémicas—, junto con 52 mamíferos terrestres, entre los que destacan el venado bura (Odocoileus hemionus sheldoni) y el borrego cimarrón (Ovis canadensis), y cuatro especies endémicas, como la liebre antílope de la Isla Tiburón (Lepus alleni tiburonensis). Al mirar el cielo, en los árboles o la costa, es posible identificar hasta 178 especies de aves, muchas de ellas migratorias. En sus aguas adyacentes —como el Canal del Infiernillo, que separa la isla de la comunidad nativa de Socaaix—, nadan más de 200 especies de peces y una decena de mamíferos marinos. Los insectos, agrupados en unas 80 familias, completan este intrincado mosaico ecológico del noroeste mexicano.

El equipo de investigación conformado por 12 personas se adentró a explorar este paisaje durante cuatro días. Allí, las jornadas iniciaban muy de mañana con un desayuno ligero en el campamento para luego tomar las mochilas y redes para emprender camino hacia el interior de la isla, en busca de pistas que confirmaran la presencia de la mariposa monarca.

El indicio principal era claro desde hacía tiempo: a inicios de la década de 2000, Humberto Romero, botánico de la comunidad comcáac y el ecólogo Ben Wilder, habían ubicado con marcas satelitales algunos sitios con presencia de Asclepias albicans, la planta clave para la vida del insecto.

Ahora, Maximiliano López Romero, sobrino de Humberto Romero y quién siguió sus pasos en la botánica, fue quien guió al grupo comcáac e investigadores hasta el encuentro con estas plantas. Hubo que caminar entre rocas y pequeños senderos repletos de vegetación para llegar hasta un valle con pasto, rodeado de cerros.

“Ellos estaban trabajando en un libro, más o menos en 2003, y mi tío nos dio el registro con los puntos que identificaron”, explica López Romero. “Los individuos que hemos visto no han aumentado: es un parche reducido, sin embargo, siguen ahí y eso es importante”.

Las Asclepias monitoreadas por el equipo, aunque con ausencia de flores y frutos —que según López Romero, se pueden ver entre marzo y junio— siguen verdes. Algunas de estas plantas, incluso, tenían orugas y crisálidas de otras especies de mariposas. Pero de la monarca, no había un rastro evidente.

En varias ocasiones, el equipo logró capturar mariposas reina, pero más de una vez estuvieron casi seguros de haber avistado monarcas cerca de las pitayas agrias o los tomatillos —deliciosos frutos del desierto— que, además de volar más rápido y alto, eran notablemente más grandes que las mariposas que habían logrado atrapar.

“Un hecho particularmente relevante fue la observación de una mariposa volando sobre el Canal del Infiernillo, entre la isla y el continente”, explica José Juan Flores. “Aunque se asemejaba a una especie del género Danaus —probablemente una reina—, su vuelo sostenido sobre el agua con apoyo de las corrientes de aire indica que el canal no representa una barrera para los polinizadores voladores, sino una zona de tránsito posible entre la isla y el continente”.

La búsqueda del murciélago magueyero menor también implicó un reto. Al caer el atardecer, durante varios días, el equipo salía a recorrer el monte para instalar redes de niebla y cámaras trampa en algunos puntos donde se intuía la presencia de murciélagos, como una biznaga endémica Ferocactus tiburonensis —que aún tenía sus características flores amarillas—, y colocaron el Echo Meter Touch cerca de cactáceas, formaciones rocosas o pequeñas cuevas.

Desde que Alissa López Barnett aprendió a usar el Echo Meter Touch, no pudo detenerse. El entusiasmo de la joven de 19 años —quien se involucró en temas de conservación desde los 16— la llevó a explorar una y otra vez distintos sitios, poniendo a prueba las capacidades del equipo para identificar murciélagos. Gracias a su perseverancia y la de sus compañeras —como Rosa Barnett, de 25 años, quien lleva unos seis años monitoreando tortugas marinas y se sumó en esta ocasión a los trabajos en la isla—, se logró la detección de al menos 14 especies de murciélagos, cuyos registros serán confirmados posteriormente en el Laboratorio de Bioinformática de la Biodiversidad del Instituto de Biología de la UNAM. Estos registros posiblemente duplicarían el número de especies confirmadas para la isla que, hasta la fecha, consta de entre 7 u 8 especies reportadas.

Aunque López Barnett nunca ha tenido un murciélago cerca, los ha visto volar. “Se me hace muy emocionante poder verlos, escucharlos”, dice la monitora. Para ella, estos registros no solo son un logro científico o personal, sino una herramienta para generar conciencia en su propia comunidad.

“Esto es importante para que las demás personas sepan qué hay en la isla, para compartir los registros y para la conservación” sostiene López Barnett. “Me gustaría que los jóvenes se den la oportunidad de conocer la naturaleza, de caminar por la playa o el cerro y ver a las especies que merecen ser cuidadas”.

Que el magueyero menor no aparezca en la lista de especies registradas, no significa que no esté en la isla, insiste José Juan Flores. Este primer acercamiento al monitoreo de polinizadores, enfocado en dos especies emblemáticas, constituye una línea base fundamental para consolidar el trabajo colaborativo entre los monitores comunitarios, el equipo científico y las instituciones involucradas.

“Estuvimos trabajando en una zona donde no hay muchos cardones y, los que están, no están fructificando ahora”, explica el biólogo. “El año que viene, vamos a proponer dos visitas más: una en estos meses —que es cuando la mariposa monarca migra— y la otra cuando los cardones estén fructificando”.

Por su biodiversidad, la Isla Tiburón debe recibir un valor especial como refugio natural para polinizadores, afirma Flores. Este sitio debe mantenerse y reconocerse como un punto estratégico para la investigación y conservación de especies migratorias, donde la colaboración entre comunidad y ciencia será clave para documentar y proteger su riqueza natural.

“Considero que el monitoreo de la flora y fauna en Isla Tiburón debe realizarse siempre de la mano de la comunidad comcáac, quienes son actores esenciales para lograr un monitoreo respetuoso y efectivo”, concluye el especialista. Su participación garantiza no solo la protección del ecosistema, sino también el respeto y la preservación del valioso patrimonio cultural que representa la isla.

Juntas por la conservación

Erika Barnett escala un cerro muy empinado y rocoso en busca de un punto marcado satelitalmente por la presencia de Asclepias. La subida es difícil por las rocas sueltas, pero no se detiene. A su lado avanzan otras jóvenes que, aunque han visitado la Isla Tiburón desde niñas con sus familias o por las ceremonias de su pueblo en este territorio sagrado, ahora lo hacen con un propósito distinto: trabajar por su conservación.

“Las jóvenes están muy entusiasmadas con este proyecto y son muy participativas”, dice Barnett. “Para nosotras esto es muy importante porque ahora estamos en campo y están aprendiendo mucho sobre polinizadores: lo que a ellas se les hace difícil aprender en el salón, ahora lo ven aquí”.

Barnett asegura que, ahora que están mejor capacitados y cuentan con equipo, seguirán visitando la isla siempre que puedan para practicar y perfeccionar la metodología de monitoreo.

“Vamos a buscar polinizadores por nuestra propia cuenta, por eso para nosotros es muy importante aprender bien de este curso”, confirma. “Esto nos sirve para continuar preservando nuestra isla tal como está, con su flora y su fauna”. La próxima vez que regresen, concluye la conservacionista, quizás puedan encontrar monarcas y magueyeros. Cada descubrimiento les recordará lo valioso de proteger su territorio.

Imagen principal: foto de referencia. Mariposas monarca (Danaus plexippus), fotografiadas en El Santuario de El Rosario, en Zitácuaro, Michoacán, México. Foto: cortesía José Juan Flores / IBUNAM

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los cocodrilos son fósiles en movimiento, maestros del juego evolutivo y guardianes de una historia planetaria que trasciende cinco o quizás seis extinciones masivas. No solo han sobrevivido 55 millones de años, estos reptiles semiacuáticos han colonizado agua dulce y salada, tierra firme y pantanosa, continentes e islas. Temidos por muchos en el imaginario colectivo, estos depredadores sostienen la mordida más fuerte, el corazón más complejo y el estómago más ácido del reino animal. El género Crocodylus es el más ampliamente distribuido de los cocodrilianos y reúne actualmente 14 especies presentes en regiones tropicales y subtropicales de casi todos los continentes. A pesar de ello, se creía que en América solo existían cuatro, pero eso está a punto de cambiar.

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Un equipo internacional de científicos ha descubierto dos nuevas especies de cocodrilos en las islas frente a Quintana Roo, en la península de Yucatán. Sus hallazgos desafían la antigua creencia de que Crocodylus acutus era una sola especie distribuida desde Baja California hasta Venezuela, en los neotrópicos. Mediante un análisis genético, investigadores de la Universidad de McGill, en Montreal, y científicos de ocho universidades y centros de investigación en México, además de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Smithsonian Tropical Research Institute de Panamá, revelaron que las poblaciones de cocodrilos en la isla de Cozumel y el atolón de Banco Chinchorro presentan una divergencia genética tan significativa que amerita clasificarlas como especies distintas, aunque aún no han sido nombradas. El equipo también detectó diferencias morfológicas en los cráneos y escamas, reforzando la evidencia genética.

La investigación publicada en la revista científica Molecular Phylogenetics and Evolution, en marzo de 2025, sugiere que estas poblaciones endémicas han evolucionado rápidamente, impulsadas por el aislamiento geográfico, las condiciones extremas de salinidad y una dieta especializada. Los cocodrilos de Banco Chinchorro, por ejemplo, toleran salinidades superiores a cualquier otra especie del género Crocodylus. Además, su crecimiento es más lento que el de sus contrapartes continentales, sus huevos más pequeños y sus nidadas más reducidas, todo lo cual apunta a una adaptación ecológica notable.

El hallazgo no sólo reescribe la historia evolutiva de los cocodrilos neotropicales, sino que también plantea una urgencia de conservación: ambas poblaciones tienen tamaños efectivamente pequeños (con menos de 1000 individuos reproductores en cada isla), están aisladas reproductivamente y enfrentan amenazas como el turismo masivo, la urbanización y el cambio climático. Reconocerlas como nuevas especies tendría implicancias clave para su protección legal y la de sus hábitats, convirtiéndolas en candidatas emblemáticas para esfuerzos de conservación de los ecosistemas insulares en el Caribe mexicano.

Cozumel y Chinchorro: ecosistemas insulares, linajes únicos

Hasta un reptil se enamoraría de una isla caribeña. Sus aguas turquesa perduran, los arrecifes se extienden por kilómetros y las playas de arena blanca se han convertido en escenario de postales que recorren el mundo. Además, ambas islas resguardan lagunas interiores rodeadas de manglares, hábitats vitales para aves, peces y cocodrilos.

La Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro, el atolón coralino más grande de México, resguarda una riqueza biológica deslumbrante y un cementerio de galeones hundidos. Cozumel, la isla habitada más grande del país, guarda en sus arrecifes un imán turístico de escala global y una historia cultural maya que la reconoce como el santuario de la diosa Ixchel.

Pierre Charruau, herpetólogo francés, se enamoró de Chinchorro en 2003 cuando llegó por primera vez como parte de sus estudios de maestría. A Cozumel viajó en 2007 para realizar análisis genéticos y desde entonces también la visita con frecuencia. Continuó con el doctorado y hoy es profesor e investigador en El Colegio de la Frontera Sur. “A estas dos poblaciones las conozco muy bien”, indica. “Historias tengo muchas, pero lo más sorprendente, viéndolo en retrospectiva, es que al inicio [a los cocodrilos] los vi diferentes. Pero, como eran las poblaciones con las que empecé a estudiar cocodrilos para mí se convirtieron en la referencia de lo que era un acutus, y los demás comenzaron a parecerme distintos”, recuerda.

Actualmente se reconocen cuatro especies de cocodrilos en los neotrópicos, que son las regiones tropicales de América: Crocodylus acutus, C. moreletii, C. rhombifer y C. intermedius. “El cocodrilo americano (C. acutus) es el que tiene mayor distribución en todo el continente, comenzando en el sur de Florida por el Atlántico y el norte de Sinaloa por el Pacífico, y bajan por ambas costas hasta Perú y Venezuela. También colonizaron muchas islas del Caribe, como Cuba e incluso Bahamas”, explica el experto.

Lo que revela la investigación reciente es que esa aparente homogeneidad oculta diferencias profundas. No solo desafía los cánones de la taxonomía de los cocodrilos neotropicales, sino que reescribe los parámetros de investigación, ampliando el horizonte de lo que se podría encontrar en los ecosistemas insulares. “Podemos hipotetizar que en otras islas del Caribe tenemos el mismo escenario, que si uno investiga como nosotros —la ecología, la morfología y la genética a la misma vez— podrían encontrarse nuevas especies”, dice Charruau.

Las islas como laboratorios de adaptabilidad

Hicieron falta dos décadas de observaciones ecológicas para comprender que estas poblaciones insulares no solo sobreviven, sino que prosperan en condiciones extremas. Según Pierre Charruau, su estabilidad y resiliencia se explican por una capacidad de adaptación asombrosa: “A nivel de anidación tienen algo muy especial. Hemos visto crías sobrevivir a huracanes categoría cinco. Están adaptados a esas tormentas que, aunque les pueden afectar a corto plazo, a la larga les generan nuevas áreas de anidación y mejores condiciones reproductivas. De hecho, podríamos decir que necesitan huracanes para reproducirse”.

En Cozumel, esa adaptabilidad se traduce en un modo de anidar distinto al de otros cocodrilianos. Mientras en el continente las hembras construyen montículos de vegetación que, al descomponerse, generan el calor necesario para incubar los huevos, en la isla cavan sus nidos en bancos de arena que las tormentas dejan descubiertos. Allí, la energía solar mantiene la temperatura adecuada para el desarrollo embrionario. Este cambio de estrategia va acompañado de otras adaptaciones reproductivas: huevos de menor tamaño, nidadas reducidas —menos de 17 huevos frente a los 25 a 35 habituales— y crías que alcanzan la madurez siendo más pequeñas y con un crecimiento físico más lento. Todas estas son, en palabras del científico, claras “adaptaciones a las limitaciones de la isla”.

En Banco Chinchorro, el desafío es distinto. Más allá de la postal luminosa del falso atolón, sus lagunas interiores rodeadas de mangle rojo, negro, blanco y botoncillo esconden un laboratorio natural de resistencia. Allí, la salinidad alcanza un promedio de 52.9 partes por mil —con registros de hasta 65 partes por mil—, los niveles más altos documentados para cualquier especie de Crocodylus. En otras palabras: casi el doble de lo que exhibe el mar abierto. Para soportar ese entorno, los cocodrilos cuentan con un verdadero arsenal fisiológico: glándulas linguales que expulsan el exceso de sal, un epitelio bucal —el tejido protector que recubre el interior de la boca— endurecido por queratina, y una cloaca osmorreguladora —la cavidad que regula el equilibrio de agua y sales.

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“Están adaptados a las islas, y en gran medida, es por su dieta”, explica Charruau. En Banco Chinchorro, los cráneos tienden a ser más cortos y anchos, una forma asociada a la durofagia: un comportamiento alimentario que implica romper y procesar presas de caparazón duro (como cangrejos y caracoles). En Cozumel, en cambio, predominan cráneos más largos y estrechos, un perfil típico para capturar peces y presas ágiles. En el continente, las poblaciones de cocodrilo americano (C. acutus) presentan cráneos de formas variadas, desde más anchos hasta más alargados, sin la especialización marcada de las islas.

Confirmar científicamente estas diferencias parece sencillo, pero no lo es. Todo comienza en campo, con la labor de Héctor González, subdirector del Parque Ecoturístico Punta Sur (Fundación de Parques y Museos de Cozumel) y David Macías, guardaparque de la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), hallando y recuperando cráneos íntegros entre fango y mangle. Luego viene el reto de distinguir rasgos individuales de patrones poblacionales o de especie. El patrón no implica fronteras tajantes; el cambio es gradual a lo largo de la geografía, sin límites claros. Es como un degradado de color: del azul al verde, por ejemplo, con muchos tonos intermedios donde no hay un punto exacto donde termina uno y empieza el otro. En los cocodrilos, esa “paleta de colores” se refleja en la forma del cráneo: los hocicos cambian gradualmente en proporciones de largo y ancho según la región, con múltiples formas intermedias.

Para poner a prueba la hipótesis, Hoi-Nam Bui, estudiante de posgrado en McGill, analizó la forma de 43 cráneos de diferentes lugares utilizando datos bidimensionales. Esto permitió identificar diferencias morfológicas entre poblaciones, sirviendo como evidencia concreta en la categorización de las nuevas especies. En síntesis: la forma del cráneo sigue la dieta, y las islas empujan a los cocodrilos hacia las soluciones morfológicas que mejor funcionan en sus nichos: atrapar en Cozumel; romper en Chinchorro.

En este punto, la evidencia ecológica y morfológica apuntaba a que las poblaciones de cocodrilos de Cozumel y Chinchorro podrían ser consideradas especies crípticas: linajes distintos que se ocultan bajo la apariencia de una misma especie. A simple vista, se parecen tanto que la taxonomía tradicional pasó por alto durante décadas las diferencias, pero al analizar con más detalle su dieta, su forma de anidar y hasta la proporción de sus cráneos, emergió un patrón consistente de divergencia, aunque faltaba todavía la prueba definitiva: mirar dentro de su ADN.

Una supercomputadora para desencriptar el ADN

Los cocodrilos son arcosaurios, es decir, básicamente, son dinosaurios vivientes. Su historia evolutiva data de más de 55 millones de años atrás y es particularmente elusiva para la ciencia. La complejidad es notable: en términos genéticos, los cocodrilos están más estrechamente relacionados con las aves que con algunos otros reptiles. Además, estos animales poseen una particularidad que dificulta aún más su estudio: la capacidad de hibridación, que es la habilidad de reproducirse con miembros de otras especies del género Crocodylus y producir crías viables y con capacidades reproductivas intactas. Por esto y más, encontrar poblaciones “genéticamente puras” de cocodrilos es un hito de proporciones fantásticas.

“El problema con los cocodrilos es que todos se hibridizan. Entonces, en sentido estricto, no encajan en el concepto biológico de especie, porque se pueden mezclar todos con todos y tener individuos viables. Por eso es difícil definirlos, además de que la taxonomía de cocodrilos no se ha revisado cómo en cien años”, dice José Ávila Cervantes, investigador de la Universidad de McGill.

Los miembros del género Crocodylus emigraron de África hacia América hace unos cinco millones de años, una hazaña posible gracias a su capacidad de nadar largas distancias (se han documentado trayectos de hasta mil kilómetros mar adentro). Mucho después, ya instalados en el Caribe, las poblaciones de Cozumel y Banco Chinchorro tomaron caminos distintos. El análisis demográfico sugiere que esa separación ocurrió hace unos 11 000 años, impulsada por glaciaciones, cambios en el nivel del mar y en las corrientes marinas.

“Es una cosa bien complicada, tanto matemática como genéticamente”, advierte Ávila sobre el análisis demográfico que aplicaron a los cocodrilos de Cozumel y Banco Chinchorro. El equipo alimentó un programa de simulaciones con datos genéticos para probar cuatro posibles escenarios sobre la historia de estas poblaciones: sin migración, con migración en una sola dirección, en la dirección contraria o en ambas. El algoritmo ejecutó cientos de miles de repeticiones para encontrar el modelo que mejor encajaba con los datos y, a partir de ahí, lo volvió a correr millones de veces más para afinarlo. Así pudieron estimar, con la mayor precisión posible, cómo se han movido, mezclado y separado los cocodrilos entre ambas islas a lo largo del tiempo.

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Para analizar la diversidad genética de estas poblaciones, se utilizan «marcadores», que son pequeños puntos del genoma donde puede variar una sola «letra» o base química del ADN, —adenina (A), timina (T), citosina (C) o guanina (G)—. Estos cambios, llamados polimorfismos de nucleótido único (SNPs, por sus siglas en inglés), permiten comparar poblaciones y ver si comparten o no estas variantes. Si dos poblaciones tienen marcadores en común, significa que ha habido flujo genético entre ellas (se han cruzado en algún momento). En cambio, si tienen marcadores exclusivos que no aparecen en ninguna otra, son linajes puros. “Usualmente se utilizan entre 10 y 30 marcadores, nosotros usamos 16 000”, explica Avila.

Aunque solo se haya analizado el 3 % del genoma (verlo todo sería muy costoso), procesar esa cantidad de datos no es cosa simple, se requieren enormes cantidades de memoria RAM y potencia computacional. «A través de la Universidad de McGill y la Digital Research Alliance of Canada, tuvimos acceso a una supercomputadora, ya que una computadora normal, incluso una muy cara, no funciona», dice el investigador. «A este dispositivo de altísima potencia computacional, le toma entre 15 días y un mes de procesamiento continuo para llegar al resultado», remata. Y el resultado fue claro: las poblaciones de Cozumel y Banco Chinchorro mostraron divergencias genéticas tan profundas que corresponden a linajes genéticamente puros y distintos entre sí.

De lo que no hablamos cuando hablamos de amenazas

“La biodiversidad está desapareciendo más rápido de lo que alcanzamos a descubrir lo que estamos perdiendo”, dijo Hans Larsson, coautor del estudio y profesor en la Universidad de McGill. Con poblaciones de menos de 1000 individuos reproductores y hábitats cada vez más presionados, nada es certero para estas especies. Siguiendo la investigación, el turismo masivo, la urbanización costera y el avance del cambio climático no sólo reducen sus hábitats, sino que multiplican las presiones sobre ecosistemas que ya de por sí son limitados. “La mayoría de las especies de cocodrilos ya enfrentan algún grado de amenaza de extinción y el desarrollo acelerado de las zonas costeras pone en peligro a casi todas las poblaciones”, advierte Larsson.

Su carácter anfibio y fisiología excepcional —capaz incluso de producir antibióticos naturales— les han permitido sobrevivir meteoritos, glaciaciones y crisis planetarias que borraron gran parte de la biodiversidad mundial más de una vez. “Son animales muy, muy resistentes, con una historia evolutiva y de adaptación enormes. Pero recordemos que antes existían muchísimas más especies de cocodrilianos: lo que tenemos hoy es apenas una fracción de lo que hubo”, explica Pierre Charruau. Además, “aunque son resistentes, el problema es que ahora enfrentan todas las amenazas al mismo tiempo. Y, una amenaza más otra no suman dos, juntas tienen un efecto sinérgico mucho mayor”, agrega.

El descubrimiento de estas nuevas especies hace aún más evidente la urgencia de protegerlas, pues cualquier perturbación podría acabar con un linaje genético único y poner fin a la historia viva que representan estos animales. Elevar el estatus taxonómico de las poblaciones de cocodrilos de Cozumel y Banco Chinchorro a nuevas especies tendría consecuencias significativas para su conservación. Estas “nuevas» y endémicas especies de cocodrilos pueden actuar como especies paraguas, porque al protegerlas también se resguardan los manglares que habitan, junto con los peces, crustáceos y aves que dependen de estos ecosistemas. “Como son especies con un nicho ecológico grande, si las proteges y proteges donde viven, puedes resguardar todo lo que está ahí incluido”, explica José Avila. Y eso  podría atraer más atención y financiamiento para la conservación de sus hábitats y las especies coexistentes, indican los expertos.

Por eso, más allá de una curiosidad taxonómica, este hallazgo es un llamado a reconocer lo mucho que ignoramos del mundo que habitamos y la urgente necesidad de protegerlo.  “Nuestro objetivo era descubrir la verdadera diversidad biológica de estos ecosistemas apartados, y lo que hallamos demuestra lo poco que aún sabemos”, dijo Hans Larsson. “Ahora que reconocemos a estos cocodrilos como especies distintas, es crucial proteger sus hábitats. Limitar el desarrollo costero e implementar estrategias de conservación cuidadosas en Cozumel y Banco Chinchorro será clave para favorecer su permanencia”, agregó. El descubrimiento será decisivo, no solo para fortalecer su conservación, sino también para reimaginar lo que aún ocultan los ecosistemas insulares de un Caribe cada vez más vulnerable.

Imagen Principal: cocodrilo emerge del sargazo en la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, Quintana Roo, México. Foto: Miguel Ángel Guillermo Amador

El artículo original fue publicado por Patricio Medina Herrero en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cada año, las tortugas verdes (Chelonia mydas) llegan por miles a las playas del Atlántico mexicano para anidar. El arribo casi simultáneo de las hembras a las zonas de internidación —áreas contiguas a las playas de anidación, donde copulan y se preparan para el desove— ha llevado al investigador mexicano Yonel Jiménez a proponer la existencia de un “reloj ambiental”: un mecanismo mediante el cual estos quelonios perciben señales del entorno que les indican cuándo migrar y reproducirse. Sin embargo, ese reloj natural parece estar desincronizándose, marcando inicios de anidación cada vez más tardíos.

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Una investigación ha detectado un patrón preocupante en las costas de Veracruz, Campeche y Quintana Roo, en el sur de México. Tras analizar datos estadísticos de 15 años —de 2009 a 2023—, los hallazgos sugieren una variación de por lo menos dos semanas en el inicio de la temporada de anidación. Sin embargo, entre 2024 y 2025 los primeros avistamientos de tortugas y anidaciones en playa parecen estar retrasados por mayor tiempo, según reportan los campamentos tortugueros estudiados ante la consulta de Mongabay Latam. El aumento de la temperatura superficial del mar, junto con una menor precipitación en estas zonas podrían estar detrás de este cambio.

“De manera general, lo que se ha establecido para el Golfo de México y el Caribe es que la temporada de anidación comienza en abril y termina en octubre”, explica Jiménez, biólogo de la Facultad de Ciencias Marinas en la Universidad Autónoma de Baja California. “Sin embargo, los campamentos comentan que se está retrasando ese tiempo. Es decir, ellos han observado en años más recientes y hasta el día de hoy que el inicio de temporada ya no es en abril, sino entre mayo y junio. El final de temporada sí se ha mantenido en octubre”, detalla el especialista.

Para Jiménez, comprender la relación entre el clima y la anidación puede ser un aporte para mejorar los planes de manejo y afinar las estrategias de conservación adaptativa. Este conocimiento no solo permitirá ajustar patrullajes en las playas y mejorar la protección de los nidos, sino también anticipar cómo responderán las poblaciones de tortuga verde ante los efectos cada vez más severos del cambio climático.

“Para el Golfo de México está reportado que, aproximadamente cada 10 años, hay un aumento de temperatura en la superficie marina de hasta 0.6°C”, describe el biólogo. “Aunque 15 años de datos no son suficientes para hablar de cambio climático —se necesitan por lo menos 30 años—, sí nos dan una pauta, un avance para entender los patrones reproductivos de las tortugas”.

La investigación aún está en curso, señala Jiménez, y actualmente se centra en la exploración de los posibles vínculos ecológicos detrás de las señales climáticas. Los resultados preliminares fueron presentados en julio de 2025, durante la reunión anual de la Asociación para la Biología Tropical y la Conservación (ATBC, por sus siglas en inglés) realizada en Oaxaca, México. Se espera que el estudio completo se publique a finales de este año.

Un retraso consistente

Durante 15 años, campamentos tortugueros acumularon datos de sus monitoreos nocturnos en las playas del Atlántico mexicano. Noche tras noche, documentaron el inicio, el fin y la duración de cada temporada de anidación. A partir de esos datos, el investigador Yonel Jiménez trazó una línea de tiempo precisa del comportamiento reproductivo de la especie. En paralelo, recopiló información sobre la temperatura superficial del océano y los patrones de precipitación en las regiones costeras, en busca de una posible conexión entre los cambios en el clima y el delicado calendario reproductivo de esta especie en riesgo.

“El índice de inicio de temporada es calculado a partir del número de nidos registrados”, explica Jiménez. “Cuando este alcanza el 5 %, nos indica el inicio de la temporada. De manera general, la temporada de anidación se retrasa. De manera puntual, a nivel de semanas, existe una variación posiblemente vinculada al clima, por eso se propone inicio, pico y fin como posibles indicadores para predecir la respuesta de la especie ante un escenario de cambio climático acelerado”, detalla el biólogo.

Los registros históricos provienen de tres campamentos clave: Lechuguillas, en el Santuario Playa Lechuguillas, Veracruz; Isla Aguada, en el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, en Campeche; y Tamul, en el Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos, en Quintana Roo. Para complementar el panorama, se integraron datos de temperatura superficial del mar que se obtuvieron del centro de datos SATMO-SIMAR de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), mientras que los de precipitación provienen de modelos ERA-5 del Climate Change Service.

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“En Isla Aguada el retraso en el inicio de la temporada es claro y consistente”, afirma Jiménez. Sin embargo, explica que en las otras dos playas monitoreadas —Tamul y Lechuguillas— el comportamiento ha sido más irregular. “En las gráficas se nota cómo las semanas de inicio varían. Por ejemplo, en Tamul, en 2009, la temporada comenzó en la semana 23; en Lechuguillas, ese mismo año, fue en la semana 21. Luego sube a la 23, y finalmente ambas playas terminan coincidiendo en la semana 20”, detalla el investigador, al describir los vaivenes del calendario reproductivo de la especie.

En promedio, la temporada de anidación de la tortuga verde se extendió durante unas 12 semanas en las tres playas estudiadas, aunque con ligeras diferencias entre ellas. Tamul, en Quintana Roo, registró las temporadas más largas, mientras que Isla Aguada, en Campeche, tuvo las más cortas. No fue sino hasta 2017 que el investigador comenzó a notar diferencias más marcadas entre playas, lo que sugiere que los patrones reproductivos podrían estar cambiando.

Aunque la temperatura superficial del mar varía ligeramente entre regiones, se encontró que durante buena parte del año —entre mayo y mediados de septiembre— se mantiene en un rango constante de entre 28.5 y 30 °C. Este periodo coincide con las semanas en las que normalmente ocurre la anidación de la tortuga verde, lo que sugiere una posible relación entre la temperatura del océano y el calendario reproductivo de la especie. Por otro lado, el estudio también revela una disminución en los niveles de lluvia anual en las zonas analizadas, siendo la playa Lechuguillas, en Veracruz, la más afectada por esta reducción.

Para los años 2024 y 2025 —que no entraron en el estudio— los campamentos están notando retrasos aún más marcados, lo que refuerza las tendencias estudiadas en las estadísticas.

“La temporada de anidación para esta especie en 2025 inició para nosotros un poco retrasada”, confirma Rosa Martínez Portugal, técnica responsable del campamento Lechuguillas, en Veracruz. “Por lo general, registramos las primeras anidaciones de tortuga verde a mediados de mayo, y en esta ocasión ocurrió hasta inicios de junio, así que sí podemos hablar de un retraso en comparación con los registros de años anteriores”.

Según Martínez, esta modificación en el comportamiento reproductivo podría estar relacionada con factores climatológicos que alteran la temperatura del mar y las corrientes oceánicas. Estos cambios pueden influir en el momento en que las tortugas deciden migrar desde sus zonas de alimentación hacia las playas de anidación. Además, la disponibilidad de alimento también podría verse afectada, lo que contribuiría a retrasar el inicio de la temporada.

“Sí hay diferencias en cuanto al arribo de tortugas. Sabemos que ha estado retrasándose año con año y nosotros lo atribuimos a la sequía, sobre todo, en la zona costera”, afirma Patricia Huerta Rodríguez, responsable del campamento tortuguero de Isla Aguada, en Laguna de Términos, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

A decir de Huerta Rodríguez, la sequía está reflejada en la falta de humedad en la arena, en el sustrato que usan las tortugas para construir sus nidos. “La fecha de inicio de la temporada ahora está más centrada en mayo que en abril, como tradicionalmente ocurría. Además de que no hay humedad en el sustrato, la temperatura ambiental también es un poco más alta, y supongo que la temperatura del agua también tiene modificaciones que pueden ser elementos que motiven el arribo de las tortugas a la zona de playa”, describe.

Mientras tanto, en el campamento Tamul —que comprende el monitoreo de 7 kilómetros de playa frente a una zona hotelera en Quintana Roo— los monitores han identificado la modificación de los meses de arribo de tortugas en el último par de años.

“Particularmente en este año, notamos que fue un poco irregular debido a la presencia significativa de sargazo en playa y el que se encuentra en el océano”, describe Tania Reynaga Cob, coordinadora del programa de tortugas marinas del campamento Tamul, de The Palace Company. “En el primer punto de oleaje, sobre todo en la zona norte, hemos notado que es considerable el sargazo presente en el mar, por tanto, llega a formarse un fango que impide que las tortugas puedan circular en esa área”. Esto ha impulsado el establecimiento de un protocolo para su remoción diaria, apunta Reynaga Cob.

Rumbo a un observatorio tortuguero

Las tortugas marinas son consideradas especies centinelas: su comportamiento puede reflejar el estado de salud tanto del océano como de las zonas costeras donde anidan, recuerda el biólogo Yonel Jiménez.

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“Cuando dejan de anidar en un sitio donde siempre lo han hecho, es una señal de que algo está cambiando en el ecosistema”, advierte. “Si el cambio climático —y en particular el calentamiento acelerado provocado por la contaminación y la actividad humana— afecta su capacidad de adaptarse, el impacto no será solo para ellas. Detrás de las tortugas hay un ecosistema entero en riesgo, del que también dependen comunidades pesqueras y actividades económicas ligadas a la productividad del océano. No se trata solo de una especie: hablamos también de un impacto social”.

En esta línea, Jiménez, junto a Camila A. Reyes Rincón y Eduardo Calderón Alvarado —también investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California— estudian de manera paralela la vulnerabilidad de las tortugas marinas en otras regiones del país. Su trabajo abarca desde los efectos del turismo y la expansión urbana en Campeche, hasta las interacciones entre la pesca industrial y las tortugas en dos áreas naturales protegidas del Golfo de California. En este último caso, se identificó una preocupante coincidencia espacial entre zonas de pesca y hábitats críticos, lo que permitió detectar actividades pesqueras no permitidas dentro de áreas restringidas.

Cada una de estas iniciativas es una pieza de un rompecabezas más grande que busca tomar forma: un observatorio tortuguero nacional. La idea es crear un sistema organizado que recopile, analice y transforme de manera continua los datos del monitoreo de tortugas marinas y los ecosistemas de los que dependen para convertirlos en herramientas útiles para la toma de decisiones y el diseño de planes de manejo. Toda esta información pretende estar disponible en una plataforma web, alimentada por los campamentos tortugueros e investigadores de distintas regiones del país.

“Este tipo de análisis sirven para anticipar eventos”, dice Reyes Rincón. “El análisis espacial entre pesca industrial y hábitats de tortugas marinas nos indica sitios de solapamiento que necesitan una atención prioritaria. En este momento, estamos hablando de tortugas marinas, pero nuestra metodología o procesos pensados para el observatorio se pueden replicar en otras especies y en otros contextos, para fortalecernos como sociedad, como actores académicos y como actores locales”.

La propuesta del observatorio tortuguero va más allá de un modelo técnico: es una invitación a entender a las tortugas marinas desde una visión integral, donde cada etapa de su vida y cada presión ambiental revelan parte de una historia mayor, señalan los investigadores. Al unir el conocimiento científico con la experiencia de las comunidades costeras y sistematizar esa información, es posible anticipar amenazas, diseñar estrategias de conservación más efectivas y responder preguntas clave sobre el futuro de esta especie.

La invitación, dice Yonel Jiménez, es a todos los que trabajan por la conservación: que la información no se quede solo en los campamentos ni en la academia, sino que se comparta, se visibilice y se valore el esfuerzo colectivo detrás de este trabajo.

“Nuestra visión es reunir y compartir esa información para que sea pública, con la esperanza de generar una conciencia más profunda sobre la necesidad de cuidar todo lo que nos rodea”, concluye. “Sí, se trata de cuidar a las tortugas, pero detrás de ellas hay muchas otras especies, incluyéndonos a nosotros los humanos. Conservar todo lo que nos rodea, es para nuestro propio bien, al final de cuentas”.

*Imagen principal: Marcaje y Recaptura es un proyecto que inició durante la temporada de anidación de 2020. Consiste en la colocación de marcas metálicas con una seriación alfanumérica en la aleta delantera izquierda de las hembras que anidan en los campamentos, con el objetivo de estimar el crecimiento, migraciones y dinámica de la población. Foto: cortesía Campamento Tamul / The Palace Company.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una mujer que vive en una localidad del municipio de Progreso, en Yucatán, al sur de México, ofrece en grupos de Facebook ceviches que ella misma prepara. Son de camarón, pulpo o jícama, dice. La jícama es un tubérculo muy común en el país, pero en esta red social funciona como un código, una palabra clave que significa que lo que se vende es o contiene caracol rosado (Aliger gigas, antes Lobatus gigas y Strombus gigas), un molusco que debe su nombre al rosa de su concha.

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En 1988, el gobierno mexicano declaró que este caracol había sido explotado de forma intensiva y prohibió su captura en el estado de Yucatán. La prohibición, o veda permanente, se mantiene hasta la actualidad. Sin embargo, esta investigación demuestra que se pesca y comercializa de manera ilegal.

“A mí me lo vienen a vender aquí”, asegura la mujer que prepara en su casa los platillos con caracol rosado y los envía a domicilio. “Como sé que la gente lo consume y como soy vendedora de ceviches, lo compro para mi venta. Algunas veces, cuando no me sale el ceviche, ya lo vendo por kilo”, cuenta.

La cevichera compra el kilo de caracol rosado a 200 pesos mexicanos (11 dólares) y después de limpiarlo y quitarle las partes que considera no comestibles, vende la carne a 230 pesos el kilo (12 dólares). Cuando lo prepara en ceviche, vende la porción de 800 gramos a 170 pesos (9 dólares) y lo ofrece por redes sociales con la palabra clave que todos usan: jícama, aunque no sabe por qué le dicen así.

“Es rico y la gente lo consume mucho. Sé que está en veda, pero cualquiera de los pescadores te lo puede vender. Es como la captura del pulpo que está en veda [temporal], pero cualquier persona te lo viene a vender o lo puedes conseguir en cualquier lado”, asegura la mujer.

A la pregunta de si mucha gente se dedica a la venta de ceviche de caracol, la mujer no vacila: ”Sí, la verdad que en Progreso, sí”, dice.

La versión de la cevichera es confirmada en diferentes grupos de venta en redes sociales. Mongabay Latam identificó seis usuarios que ofrecen caracol rosado preparado en ceviche o sólo la carne en grupos de Facebook integrados por personas de la cabecera municipal de Progreso o de las localidades del municipio. En las ofertas de venta, todas publicaciones de este año, adjuntan fotos de caracol picado con tomate, cebolla y otras verduras, la pulpa sola empaquetada en bolsas y cientos de especímenes en congeladores.

Otra vendedora que tiene una pequeña coctelería en la cabecera municipal de Progreso, a medio kilómetro del nuevo malecón internacional, ofrece en sus redes sociales aguachiles, cócteles y ceviche de caracol en botes de un litro. Cuando este medio se puso en contacto con ella, dijo que vendía la orden con 200 gramos de molusco más verduras a 310 pesos. Comentó que era muy fresco, pero no quiso dar detalles sobre el lugar de donde provenía.

Entre los mensajes de venta de ceviche, una cuenta de Facebook ofrece caracol rosado desde 2021. Una de sus publicaciones más recientes, de junio pasado, incluye fotos de caracol congelado, con varios especímenes por empaque y cientos de bolsas almacenadas en congeladores.

Alejandro Medina Quej, ecólogo marino y profesor e investigador en el Instituto Tecnológico de Chetumal, monitorea esta especie de caracol desde 2010 en Quintana Roo. El experto revisó las fotografías de todas las publicaciones identificadas en Facebook donde se ve carne de caracoles y confirmó que todas muestran a hembras y machos de caracol rosado.

Ninguna de las dos mujeres entrevistadas sabe con certeza o quiere decir de dónde proviene el caracol rosado que utilizan para preparar sus ceviches. No obstante, ambas lo ofrecen cerca del puerto de Progreso, a 140 kilómetros del Parque Nacional Arrecife Alacranes, un área natural protegida de gran importancia, ya que conforma la estructura coralina más grande del Golfo de México, así como el único arrecife conocido y descrito del estado de Yucatán.

Este parque fue declarado área natural protegida en 1994, con el objetivo de conservar su diversidad biológica, proteger el acervo genético y fomentar el uso sustentable de sus recursos. Sin embargo, enfrenta un problema constante de pesca ilegal de caracol rosado, según información de la Secretaría de Marina, testimonios de líderes pesqueros y del propio director del parque obtenidos por Mongabay Latam.

Pesca de caracol en el parque

Uno de los casos más recientes de pesca ilegal en esta área natural protegida ocurrió el 13 de mayo de 2025. La Secretaría de Marina informó que, junto con la Armada de México y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), detuvieron a tres hombres en una embarcación que transportaba 132 kilos de caracol rosado dentro del Parque Nacional Arrecife Alacranes.

Las personas detenidas habían zarpado días antes desde la caleta de Progreso, pero al quedarse sin combustible tuvieron que pedir ayuda a la Marina. El personal naval, al abordar la embarcación, lo primero que advirtió fue que ésta no tenía nombre ni matrícula. Una inspección más detallada reveló un doble fondo donde escondían el caracol rosado.

Los tres hombres, la embarcación y los caracoles fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que inició una investigación.

Cristóbal Enrique Cáceres, director del Parque Nacional Arrecife Alacranes, explica que el área funciona como una incubadora natural, ya que en ella se concentran todas las especies comerciales en su etapa reproductiva. “Cuando las crías crecen y llegan a un estado juvenil, se acercan a la costa y son las que alimentan [a las personas que habitan en] toda la costa norte de la península de Yucatán”, asegura el funcionario.

Los pescadores autorizados para capturar langosta han informado al director sobre embarcaciones no autorizadas extrayendo langosta y otras especies, como el caracol. “Una de las especies por la que normalmente los furtivos van es el caracol, que está en veda permanente para el estado de Yucatán, y es una especie muy solicitada en los restaurantes y por la gente en general”, comenta el funcionario.

Cáceres añade que la detención de la embarcación con caracol en mayo pasado forma parte de las acciones de protección dentro del Arrecife Alacranes que se han implementado a partir de un convenio, que comenzó en 2024 y que fue renovado este año, entre la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) y el Gobierno del estado de Yucatán. Señala que, desde noviembre pasado hasta mayo, han detenido siete embarcaciones que realizaban pesca ilegal en el parque.

A partir de esa alianza, se incorporaron seis guardaparques del gobierno de Yucatán al equipo existente de cinco de la Conanp, para un total de 11 personas dedicadas a la vigilancia y conservación del parque. Además, Arrecife Alacranes fue equipado con dos embarcaciones y equipo de buceo. También se mejoró la estación de campo del área protegida con la instalación de paneles solares e internet satelital, lo que permite mantener comunicación constante con el continente.

Según el director del parque, gracias a la alianza con el gobierno estatal, hoy pueden cubrir un área más amplia para monitorear las especies que habitan el arrecife y realizar más recorridos, por períodos más prolongados, para vigilar que no haya pesca ilegal.

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“Entre 2024 y 2025, hemos visto una notoria disminución de embarcaciones furtivas en el sitio”, asegura Cáceres. “Los pescadores furtivos saben que ya estamos ahí y que nuestras embarcaciones tienen la capacidad para poder alcanzarlos. Ya saben que se arriesgan a ser detenidos y consignados a la autoridad correspondiente. Ya les da un poco de temor y sí ha generado una disminución en la pesca furtiva del sitio”, insiste el funcionario.

Sin embargo, los datos de la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), las dos entidades que tienen a su cargo la administración, conservación, desarrollo y vigilancia del parque nacional, no reflejan la la información entregada por Cáceres. Hay un subregistro de la pesca ilegal en la zona.

La Secretaría de Marina informó que, desde 2014 a la actualidad, sólo tiene registros de dos incidentes de pesca ilegal en la zona, ambos relacionados con delitos contra la biodiversidad y específicamente con caracol rosado. El primero de ellos corresponde a los tres hombres varados en el parque por falta de gasolina; el segundo, ocurrió el 2 de enero de 2023, cuando se decomisaron 15 kilos de este molusco aunque fue en Chicxulub Puerto, municipio de Progreso, y no dentro del Parque Nacional.

Por su parte, Conapesca señaló que, tras una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no encontró registros de pesca ilegal dentro del parque entre 2014 y 2025. En contraste, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la entidad encargada de hacer cumplir la justicia ambiental en México, proporcionó un listado de 12 embarcaciones identificadas pescando ilegalmente en el parque durante ese mismo periodo, aunque no especificó qué especies.

En la última década, según datos de la Profepa, sólo se impusieron cuatro sanciones con multas que oscilaron entre los 100 000 pesos mexicanos (5343 dólares) y 120 000 pesos mexicanos (6412 dólares) por pesca ilegal en el parque nacional. No obstante, ninguna de esas multas fueron pagadas y ninguna persona resultó detenida.

Los pescadores que vigilan

Tres líderes pesqueros, cuyas agrupaciones se dedican a la captura de langosta en Yucatán y que son afectados por la pesca furtiva de esta especie durante época de veda, coinciden en que hay pesca ilegal de caracol rosado en el Parque Nacional Arrecife Alacranes. Ellos mismos o sus colegas de las cooperativas de pescadores la han visto mientras hacen  labores de vigilancia en la zona, como parte de un acuerdo de colaboración con la Marina y Conapesca.

Mariano Canul Uicab, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro-Poniente del estado de Yucatán, dice en entrevista que aunque vedaron el aprovechamiento de esta especie, jamás la cuidaron para evitar que fuera capturada de forma ilegal.

“Lo cerraron, el caracol aumentó, y los furtivos llegaron y lo vieron. No faltó quien, con dinero, dijera ‘hay mucho caracol, vamos a trabajar, te compro una lancha’”, relata el líder pesquero.

José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, explica que los pescadores de su agrupación tienen un comité de inspección y vigilancia comunitario en el parque. Ellos aportan embarcaciones, personal e insumos para llegar a la zona y, en coordinación con la Marina y Conapesca, realizan recorridos en áreas donde hay presencia de pesca ilegal. Es así cómo han detectado que se pesca caracol todo el año.

“De manera permanente hay embarcaciones menores trabajando caracol, langosta y mero en época de veda. El mes pasado vimos dos embarcaciones capturando caracol y langosta. Eso es de manera común y permanente”, cuenta.

El líder pesquero explica que, al ser una zona de reserva protegida, siempre hay abundancia de recursos, lo que la convierte en un punto muy atractivo para los pescadores ilegales. Muchos de ellos se arriesgan a llegar desde la costa continental hasta el parque porque saben que ahí podrán capturar muchos animales.

“Es muy importante que la Marina realmente se involucre aún más en el tema de la pesca ilegal. Sabemos que cumple con algunos objetivos como es el tema de narcóticos, sobre el tema de seguridad, pero el tema de la pesca ilegal, ya es un asunto de seguridad nacional y como tal la Marina debería considerarlo”, sostiene Carillo. El pescador se refiere a los enfrentamientos que ya se han registrado entre pescadores furtivos y quienes trabajan con permisos.

Los pescadores que integran la Federación de Cooperativas Pesqueras Turísticas Acuícolas y Artesanales de Yucatán también decidieron hacer labores de vigilancia en el parque tras identificar pesca ilegal de especies en vedas permanentes y parciales, entre ellas el caracol rosado.

“Hay muchas personas haciendo pesca ilegal en esas áreas. Las embarcaciones son en muchos casos locales de Progreso y sus comisarías aledañas. Son lanchas rápidas de 25 pies con motores que van desde los 90 a 250 caballos de fuerza, sin cubiertas. Son lanchas ribereñas, pero con motores nuevos, equipadas con radios y antenas satelitales, tienen internet automáticamente”, describe Ana María Frías Salazar, presidenta de la federación.

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Además, agrega que los pescadores furtivos utilizan compresores de aire para bucear. Esta es una técnica muy depredadora, ya que estos equipos permiten un flujo continuo de aire a los buzos, lo que aumenta sus horas de inmersión y, con ello, el tiempo dedicado a la pesca. La líder pesquera explica que, mediante este método, arrasan con todo lo que encuentran en el fondo marino: especies de escama, langosta o caracol. Según Frías, se han detectado embarcaciones que transportaban hasta 400 kilos de caracol.

La líder pesquera señala que han interpuesto denuncias con diversas autoridades por la venta de la carne del caracol en redes sociales. Como confirmamos para este reportaje, explica que la carne se comercializa en grupos de Facebook, donde se ofrecen en diferentes presentaciones: entero, pelado, picado y confirma que la palabra clave para encontrarlo es “jícama”.

Frías explica que ha habido un auge en la pesca de caracol, impulsado no solo por su carne, sino también porque en algunos casos se han encontrado perlas en su interior. Señala que estas perlas pueden alcanzar precios muy altos, que van desde los 50 000 pesos mexicanos (2672 dólares) hasta los 400 000 pesos mexicanos (21 373 dólares).

«A veces no van tanto por vender la pulpa del caracol, sino por lo que muchas veces se encuentra en su carne. Lo de las perlas es un negocio cerrado, lo mantienen más encubierto, pero nosotros nos enteramos porque en el ambiente es un secreto a voces”, asegura.

De acuerdo con Frías, el principal problema se encuentra en la flota menor, compuesta por lanchas pequeñas. Estas embarcaciones operan sin chips de rastreo, lo que impide tener control sobre ellas o saber cuántas ingresan al parque nacional.

«No creemos que sea suficiente lo que están haciendo, porque al final de cuentas no hay actas y no hay gente detenida. Al año solamente hay dos o tres embarcaciones detenidas. No ha habido castigos ni penas severas para los infractores, y hay quienes son hasta reincidentes dos o tres veces. Los agarran y al día siguiente ya salieron”, dice.

Hasta la publicación de este reportaje, la Secretaría de Marina y Conapesca no respondieron a las preguntas enviadas por Mongabay Latam ni a las solicitudes de entrevista para conocer sus acciones respecto a la pesca y comercialización ilegal de caracol rosado en Yucatán, detectadas mediante esta investigación. Ambas dependencias fueron contactadas con el fin de obtener sus comentarios sobre esta problemática, sin que al momento se haya recibido respuesta.

Cambio de administración para proteger mejor

No sólo los pescadores regulados han intentado proteger el caracol. Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, cuenta que en 2021 esta organización presentó una petición a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que incluyera al caracol rosado en la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, una regulación que enlista a las especies en riesgo de extinción. Hasta el momento, la solicitud no ha sido atendida.

“Nos hemos estado enfocando en especies como los pepinos [de mar] y el caracol porque vemos que las poblaciones se encuentran muy mermadas y que la gestión de Conapesca los ha llevado a esta situación”, comenta Olivera.

Si el caracol rosado se incluye en la NOM-059, su manejo pasaría de Conapesca a Semarnat, lo que, según Olivera, permitiría una gestión más efectiva y orientada a la conservación. Explica que esto facilitaría la aplicación de medidas como el monitoreo constante de la especie y la entrega regular de informes técnicos, lo que ayudaría a protegerla. Añade que el caracol rosado no solo se captura por su carne, sino también por sus conchas, que se venden como ornamento.

“El caracol rosado tiene la función de comer, filtrar y limpiar todo el fondo marino. Además, controla el crecimiento de algas o pastos y es alimento para muchas otras especies. Entonces, es clave para mantener los sistemas sanos. Es una lástima que una especie que alguna vez fue tan abundante en toda esa región no se haya podido gestionar adecuadamente y su población se haya reducido drásticamente”, dice el especialista.

La disminución del caracol rosado en toda su área de distribución en el Caribe llevó a que, en 1992, fuera incluido en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), con el propósito de controlar su comercio internacional y dar seguimiento a su explotación.

Dado que en otros estados de México el caracol rosado sí se puede extraer bajo ciertas condiciones, como en Quintana Roo, por ejemplo, donde la veda es temporal, la especie se exporta a otros países. Entre 2014 y 2023, México exportó 477 conchas de caracol rosado y tres toneladas de su carne a varios destinos, aunque no existe información para saber si esos especímenes provenían de lugares donde su captura está autorizada o de Yucatán. Estados Unidos, Alemania, Japón, España, Canadá, Nueva Zelanda y China fueron los principales compradores, según la base de datos de CITES.

El investigador Alejandro Medina Quej señala que las dependencias gubernamentales encargadas de proteger el caracol rosado deben ampliar su vigilancia a restaurantes, tiendas y mercados para asegurar el cumplimiento de la veda.

El investigador asegura que un buen ejemplo de protección de esta especie se da en San Pedro, Belice, donde las autoridades establecen una cuota de captura, se respeta la veda y se permite un mes adicional para comercializar el producto en restaurantes y mercados. Pasado ese tiempo, se retira de los menús porque ya no se permite su venta. Esta regulación se cumple gracias a una vigilancia constante, lo que ha contribuido al buen manejo del recurso, asegura.

“Si se aplica de esta forma, evitamos ese comercio. Hay que dar seguimiento no solo a la pesca, sino también a la comercialización”, concluye el especialista.

*Imagen Principal: caracol rosado. Foto: Revista Science-Shane Gross /NPL/Minden

El artículo original fue publicado por Mariana Recamier en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A 35 metros de altura, la selva se percibe totalmente distinta. A diferencia del piso, donde se tienen los pies bien plantados sobre la tierra, en el dosel de los árboles es posible observar cómo la vegetación se conecta entre sí. Para notar esa arquitectura natural, hay que prestar mucha atención: las ramas revelan los senderos que recorren los mamíferos que habitan las alturas. “Para moverte, tienes que empezar a pensar como mono saraguato, como martucha o como tlacuache”, dice el biólogo mexicano José Juan Flores-Martínez.

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Durante más de una década estudiando mamíferos desde el suelo en la Estación de Biología Tropical de Los Tuxtlas, en Veracruz, al sureste de México, Flores-Martínez nunca dejó de mirar hacia arriba. La curiosidad por explorar ese otro mundo lo llevó a imaginar lo que podría documentarse si se instalaran cámaras trampa en las copas de los árboles. Montarlas en la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas, donde se encuentra la estación, prometía mostrar otra dimensión de este paisaje de selva tropical profundamente fragmentado y rodeado por zonas dedicadas a la agricultura y la ganadería.

La sorpresa tras el nuevo monitoreo fue mayúscula: a pesar del historial de pérdida de hábitat que enfrenta la reserva desde hace más de 50 años, los resultados refuerzan la urgencia de protegerla. El equipo logró registrar 14 de las 18 especies de mamíferos arborícolas esperadas para la zona. Entre ellas destacó el cacomixtle (Bassariscus sumichrasti), un mamífero que no se había observado en la estación en casi 15 años, según revela el estudio publicado en la revista Ecology and Evolution.

“Por años se ha considerado a la región de Los Tuxtlas como un área defaunada”, dice Flores-Martínez, investigador y académico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (IBUNAM). “Algunos académicos la han considerado así, pero en un estudio que hicimos a nivel del piso, vimos que las especies que ellos mencionan como no registradas en sus artículos, sí aparecían en nuestros registros y en gran número”.

Esa percepción, explica, cambia aún más al observar lo que ocurre en las copas. En el dosel hay especies totalmente arborícolas, pero también otras que se desplazan entre los árboles y el suelo, compartiendo los mismos sistemas. “Por eso, complementar la parte de arriba nos iba a ayudar a manejar con mucho cuidado esa ‘defaunación’, porque los resultados que tenemos en el dosel nos dicen claramente lo contrario: es una región que todavía se puede conservar, y en la que aún se pueden realizar bastantes estudios”, advierte el especialista.

Los Tuxtlas: el último fragmento de selva tropical

En el sureste del estado de Veracruz, la región de Los Tuxtlas guarda los vestigios de una selva tropical que alguna vez fue continua. La presión sobre el territorio —principalmente por el cambio de uso de suelo— aceleró durante décadas la pérdida de hábitat, hasta que en 1998 se tomó la decisión de declarar la zona como Área Natural Protegida, bajo la categoría de Reserva de la Biósfera. Con ello, se buscó frenar —o al menos contener— el deterioro ambiental que amenazaba con desaparecer este ecosistema único.

“Actualmente, el área sigue siendo una reserva, pero ya está representada por tres grandes manchones: los últimos remanentes de bosque tropical ubicados más al norte de todo el continente”, explica Vladimir Rojas-Sánchez, biólogo y estudiante de doctorado en el Posgrado en Ciencias Biológicas del Instituto de Biología de la UNAM, además de coautor del estudio. “Por eso este es un ecosistema único, es parte de lo poco que queda, de lo que alguna vez hubo”, afirma.

En una de esas zonas núcleo se encuentra la Estación de Biología Tropical de Los Tuxtlas, fundada mucho antes, en 1969, por un grupo de investigadores, con el objetivo de proteger 644 hectáreas de alto valor biológico. Desde entonces, Los Tuxtlas se ha convertido en un verdadero laboratorio viviente, del que han surgido más de 1500 artículos científicos que exploran distintos aspectos de la historia natural de la zona, detalla Rojas-Sánchez.

Para el nuevo estudio, se instalaron 21 cámaras trampa en el dosel —entre agosto de 2022 y diciembre de 2023—, distribuidas en tres zonas estratégicas: las instalaciones de la Estación de Biología, un área próxima a la comunidad de Lázaro Cárdenas, y otra conectada directamente con el parche principal de vegetación original del volcán San Martín Tuxtla. La ubicación de cada cámara consideró variables ambientales como la altitud, la distancia a asentamientos humanos y cobertura forestal.

La elección de los árboles no fue al azar. El equipo —guiado por Santiago Xolo, colaborador originario de Lázaro Cárdenas y gran conocedor local de la zona— priorizó aquellos que presentaban ramas que pudieran ser utilizadas por mamíferos arborícolas para desplazarse o alimentarse, y descartó los que representaban riesgos para los escaladores, como ramas muertas o débiles, o la presencia de colonias de insectos.

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Instalar cámaras a más de 30 metros del suelo no era una tarea sencilla. Vladimir Rojas-Sánchez, quien ya tenía experiencia escalando estructuras fijas, tuvo que entrenarse en técnicas de rapel para llegar con estrictos protocolos de seguridad al dosel. Pero escalar era solo una parte del reto: también había que resolver cómo subir las cuerdas hasta lo más alto. “¿Con una resortera, una caña de pescar, balines, clavos, tuercas?”, dice entre risas José Juan Flores-Martínez. “Fue muy interesante porque empezamos de cero y aprendimos bastante”.

Una vez más, el desafío era pensar como un mamífero arborícola. No bastaba con instalar las cámaras en ramas accesibles o aparentemente lógicas desde la perspectiva humana. Había que entender cómo se movían los animales entre las copas. En ocasiones, describen los científicos, las ramas más delgadas e inclinadas resultaban ser ‘pan comido’ para especies tan pesadas como los monos.

“No se trataba de enfocar la cámara en la rama por la que yo creía que pasarían los animales o porque fuera accesible para mí”, explica Vladimir Rojas-Sánchez. El equipo se enfrentó a un proceso de ensayo y error: hubo cámaras que debieron reubicarse porque no captaban movimiento alguno. Con el tiempo, y gracias al análisis de los videos, las discusiones entre el equipo en tierra y las observaciones directas en altura, lograron perfeccionar la estrategia. Hoy cuentan con un esquema de monitoreo que ya puede replicarse en otras zonas de la reserva.

La vida secreta de los animales

Durante 16 meses de trabajo, los biólogos lograron capturar momentos únicos de la vida secreta de los mamíferos arborícolas. Con un esfuerzo de 4897 días-cámara, se obtuvieron casi 3000 registros fotográficos que confirmaron la presencia de 14 de las 18 especies de mamíferos arborícolas previamente reportadas para la estación biológica. Fue una mirada inédita a cinco órdenes distintos de mamíferos que rara vez se dejan ver desde el suelo.

La martucha (Potos flavus), una experta equilibrista que inclina su cola para mantener el balance entre las ramas, fue la especie más abundante del estudio. Le siguieron el mono aullador o saraguato (Alouatta palliata) y el coatí (Nasua narica), dos especies que coinciden en los sitios de alimentación e incluso compiten por ellos. En contraste, el cacomixtle (Bassariscus sumichrasti) y el tlacuache cuatro ojos gris (Philander opossum) apenas se dejaron ver: cada uno apareció una sola vez frente a las cámaras. También fueron escasos los registros del tigrillo o margay (Leopardus wiedii) y de la tayra (Eira barbara), dos depredadores esquivos y con índices de abundancia notablemente bajos.

El estudio logró registrar más de dos tercios de las especies de mamíferos arborícolas conocidas en Los Tuxtlas. Pero no todas fueron detectadas por las cámaras trampa. El mono araña (Ateles geoffroyi), por ejemplo, no ha sido visto en la estación en más de 30 años. Su ausencia podría explicarse por sus grandes necesidades de espacio: se desplaza por extensiones amplias de selva y probablemente habita zonas más remotas, cerca del volcán San Martín.

Para Vladimir Rojas-Sánchez, más allá de que la proporción de especies detectadas sea alta en términos numéricos, lo verdaderamente revelador es lo que eso implica: “Estamos hablando de más de 50 años de pérdida de hábitat en la región, y a pesar de la presión humana, las especies todavía tienen la capacidad de permanecer ahí. ¿Cuáles son las características de las especies y del hábitat que permiten todo esto? Es lo que seguimos explorando y lo que buscamos descubrir ahora”, dice el especialista.

Considerando que el estudio se llevó a cabo únicamente en las 644 hectáreas de la Estación de Biología, el potencial es enorme, advierte Rojas-Sánchez. Cuando la investigación pueda extenderse al remanente de casi 1000 hectáreas conectadas al volcán San Martín, los hallazgos podrían ser aún más reveladores.

“La fragmentación del hábitat es un proceso que ocurre a nivel global y, desgraciadamente, seguirá avanzando», dice Rojas-Sánchez. “Se estima que en los próximos 50 años aumentará un 33 %. Por eso es tan importante entender cómo estos ambientes fragmentados aún pueden albergar a tantas especies. Ese conocimiento se podrá aplicar en otros lugares, y qué mejor ejemplo que Los Tuxtlas, una región que ha demostrado conservar un alto porcentaje de sus mamíferos remanentes”.

La esperanza para las especies

Trabajar con un guía comunitario como Santiago Xolo ha abierto nuevas posibilidades para involucrar a más personas de la comunidad de Lázaro Cárdenas en los proyectos de investigación. Tanto él como su hermano Daniel, que no solo conocen Los Tuxtlas como la palma de su mano, sino que también poseen un profundo conocimiento sobre la flora y fauna local, se están capacitando en técnicas de escalada e incluso han logrado despertar el interés de niñas y niños por la conservación.

“Siempre me ha gustado la conservación, desde el principio, porque aprendo cosas nuevas en la reserva y en el ambiente. Nunca vamos a acabar de aprender”, dice Santiago Xolo. Para él, es clave que la frontera agrícola no siga avanzando sobre la selva. “Lo estamos viendo en la comunidad: hasta donde hay potreros, hasta ahí, y que no siga, porque nos vamos a perjudicar nosotros mismos por el cambio climático que viene”, advierte.

Los biólogos ahora trabajan en conseguir financiamiento para incluir a más comunidades y capacitar monitores especializados en cámaras trampa en dosel. Además, buscan que el estudio sirva como justificación para la adquisición de terrenos adyacentes a la Estación de Biología, como una acción urgente para fortalecer la función ecológica y protección de la zona a largo plazo.

Lejos de ser un territorio perdido, Los Tuxtlas representa una oportunidad tangible para replantear cómo entendemos y valoramos los paisajes alterados. En palabras de Vladimir Rojas-Sánchez, este estudio no solo es un aporte científico, sino también un llamado urgente a no ignorar la zona.

“Por supuesto que puede ser más carismático conservar un área enorme de selva, pero estos ambientes fragmentados van a seguir y se continuarán fragmentando”, concluye el especialista. “Dar por hecho que están defaunados o en declive es un error gravísimo. Que sea más pequeño o que esté fragmentado no significa que no se deba conservar. Tenemos que cambiar esa retórica, porque estos espacios son la mayoría… y son lo que nos va a quedar para conservar”.

REFERENCIA

Rojas-Sánchez, J. V., Coates, R. I., Sánchez-Cordero, V., Lavariega, M. C. y Flores-Martínez, J. J. 2025. Diversity and Abundance of the Species of Arboreal Mammals in a Tropical Rainforest in Southeast Mexico. Ecology and Evolution.

Imagen principal: mono aullador o saraguato, en el dosel de la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas. Foto: cortesía «Mamíferos del dosel de la Estación de Biología Tropical de Los Tuxtlas», parte del Instituto de Biología, UNAM, la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, y Ciencia y Comunidad por la Conservación, A.C.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la lucha titánica por mitigar los cambios del clima, los reflectores se han centrado mayoritariamente en la protección de bosques tropicales como las selvas de la Amazonía, importantes sumideros de carbono que pueden almacenar entre 60 y 230 toneladas de carbono por hectárea en bosques primarios.

Sin embargo, en Latinoamérica, hay otros ecosistemas que permanecen olvidados y relegados por los tomadores de decisiones a nivel mundial, a pesar de que la ciencia reconoce su papel clave para evitar emisiones de gases de efecto invernadero y que muchos de ellos almacenan incluso más carbono que los bosques tropicales.

Un equipo de Mongabay Latam recorrió diversos países de la región para visibilizar a los olvidados: páramos, humedales costeros, turberas, manglares y pastos marinos, ecosistemas clave y depósitos invaluables de carbono. A pocos meses de la versión 30 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Belén, Brasil, estas seis historias muestran cómo comunidades, organizaciones y científicos se unen para conservar y estudiar estos ecosistemas vitales en la lucha contra el cambio climático y cuyo potencial aún no es completamente valorado.

Darle protagonismo a páramos, humedales costeros y pastos marinos

En la lucha contra el cambio climático todo ecosistema cuenta. Cada emisión de dióxido de carbono (CO2), metano y demás gases de efecto invernadero que no llegue a la atmósfera es crucial para evitar, o al menos contener y limitar, el calentamiento global.

El Acuerdo de París, adoptado en 2015, busca limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2° C (grados Celsius) por encima de los niveles preindustriales, con un esfuerzo por mantenerlo por debajo de 1.5 grados. Sin embargo, el progreso hacia esta meta no va en el camino esperado.

Muchos países han presentado sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), comprometiéndose a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, las evaluaciones han mostrado que los compromisos actuales no son suficientes.

Desde 2023, cuando se publicó el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), quedó claro que se requiere una acción mucho más ambiciosa para lograr las reducciones necesarias a 2030. “Urge tomar medidas más ambiciosas. Si actuamos ahora, aún es posible garantizar un futuro sostenible y habitable para todos”, dijo en ese momento Hoesung Lee, presidente del IPCC.

Esas medidas podrían incluir empezar a ver –y a proteger– ecosistemas clave para la mitigación de carbono. Algunos estudios sugieren, por ejemplo,  que una hectárea de suelo en el páramo puede almacenar hasta 338 toneladas de carbono en sus primeros 30 centímetros de profundidad, e incluso más dependiendo de las condiciones locales. En turberas dentro del páramo, la captura de carbono puede alcanzar incluso las 2000 toneladas.

En las zonas Boquilla de Oro y La Mancha, en Veracruz, México, se han encontrado que las selvas inundables pueden capturar hasta el doble de carbono (869 toneladas por hectárea) que los manglares contiguos (482), mientras que los humedales herbáceos capturan 692, según comparaciones realizadas por Patricia Moreno Casasola, investigadora del Instituto Nacional de Ecología (Inecol).

Los pastos marinos, aunque solo cubren el 0.1 % del fondo oceánico, pueden almacenar hasta el 18 % del carbono oceánico mundial, lo que los convierte en una potente solución frente a los efectos del cambio climático, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Expertos entrevistados para este reportaje coinciden en que hay un despertar en el interés de los países en estos ecosistemas, pero hay varios obstáculos que se deben superar para vincularlos dentro de los NDC. Uno de ellos es que aún falta mucho por estudiar, en algunos casos ni siquiera se cuenta con un mapa detallado de su ubicación. Otro obstáculo son las extenuantes discusiones políticas para que los gobiernos tomen en cuenta el trabajo y los resultados de la ciencia. Priman demoras y trabas que impiden que los hallazgos lleguen oportunamente a los altos niveles gubernamentales que toman decisiones.

La “fijación” por los bosques

“Nuestras autoridades políticas y técnicas tienen una gran fijación en los bosques y tratan de lidiar con ellos, entonces no les queda tiempo para pensar en otras cosas”, dice el profesor Juan Carlos Benavides, coordinador del Laboratorio de Ecosistemas y Cambio Climático de la Universidad Javeriana en Colombia y quien tiene un largo historial de investigación en páramos y humedales.

Y no es que Benavides le reste importancia al papel de los bosques en el secuestro de carbono, sino que considera que hay un sesgo arraigado en la gente porque la educación ambiental en Colombia se ha enfocado en los bosques. “Aún hay mucho desconocimiento sobre el papel de los suelos, las sabanas, los pastos, los páramos. Como que nos da miedo mirar más allá. Romper con esas barreras y paradigmas es muy difícil”.

Benavides se ha acercado a los creadores de políticas públicas en el país para que comprendan, por ejemplo, la importancia de los páramos, no solo en términos de agua sino de captura de carbono.

Aunque comenta que los funcionarios públicos comprenden que es necesario avanzar en el conocimiento y conservación del páramo, es frustrante que los procesos sean tan lentos y que se tenga que empezar desde cero cada vez que hay un cambio de gobierno.

“El desafío más grande que tenemos es lograr la articulación entre los instrumentos técnicos del Estado y los instrumentos políticos que producen los documentos de política pública como los NDC, los compromisos de mitigación de gases de efecto invernadero, las estructuras de pago por servicios ambientales y sus mecanismos de gobernanza y salvaguardas sociales”, comenta Benavides, y sustenta su afirmación con un ejemplo contundente.

Según comenta, cerca de 2.9 millones de kilómetros cuadrados del territorio colombiano son páramos y un 20 % de esa cifra son humedales. Unas 300 000 hectáreas de humedales en páramo están degradadas pero, asegura, si se manejan y se recuperan se podría retener entre un 10 % y un 15 % de las emisiones del país. “Pero, como esos humedales ni siquiera están en los inventarios, no importa lo que usted les haga, el país no los puede utilizar para sus reportes porque no tiene metodologías que los reconozcan”.

A pesar de esto, existen iniciativas de conservación que intentan proteger el páramo. Por ejemplo, en el Parque Natural Regional Vista Hermosa de Monquentiva, en el centro de Colombia, se han implementado procesos de restauración ecológica desde hace más de dos décadas. Esto ha permitido conocer mejor la capacidad del páramo para hacer frente al cambio climático.

En esta iniciativa trabajan de la mano comunidades, organizaciones como WWF y Conservación Internacional y academia. El grupo de investigación del profesor Benavides desde 2017 estudia allí los gases capturados por este ecosistema, que hoy es un área protegida dedicada a la investigación y la conservación de la biodiversidad.

No son “malezas” acuáticas

Desde México, Patricia Moreno comparte opiniones similares a las de Benavides, aunque su trabajo se centra principalmente en humedales costeros de agua dulce. “Lo importante es que las autoridades, sobre todo las federales, se den cuenta de que también los humedales de agua dulce capturan muchísimo carbono. Y si realmente los incluimos, así como se está haciendo con los manglares, tendríamos una participación internacional mucho más fuerte contra el cambio climático”, asegura.

Moreno comenta que la superficie disponible de humedales costeros de agua dulce se ha reducido históricamente y continúa en descenso principalmente por la pérdida de hábitat causada por el cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias. Este problema se agudiza con la falta de registros confiables, pues “desafortunadamente, estos ecosistemas no están contabilizados por la mayoría de los países”, explica, y agrega que en el caso mexicano la situación es tan crítica que se suele confundir a los humedales de agua dulce con los manglares, lo cual se refleja en los mapas y datos disponibles.

A esto se suma, dice Moreno, un desconocimiento histórico sobre estos ecosistemas. “Por ejemplo, muchos ingenieros hidráulicos les siguen llamando ‘malezas acuáticas’ porque históricamente se drenaban los desagües hacia estos ecosistemas incomprendidos en muchas partes del país y por eso se degradaron mucho”.

En medio de este panorama, en el estado de Veracruz se logró crear hace varios años el parque estatal Ciénaga del Fuerte, que busca proteger una extensa área de humedal. Además, en el sector de La Mancha, en ese mismo estado, campesinos lograron restaurar un potrero a su estado original de selva inundable con el apoyo de científicos.

El potencial de almacenamiento de carbono de los pastos marinos también es un mundo por descubrir. En países como Venezuela recién empiezan a explorar el potencial que tiene este ecosistema en las costas del país. “En Venezuela no existen investigaciones enfocadas en esta temática, ya que la mayoría de los estudios en estos ambientes han sido realizados en la diversidad de la fauna asociada y su biomasa, sin resaltar la importancia de estos ecosistemas como reservorios de carbono”, apunta Mayré Jiménez, investigadora del Instituto Oceanográfico de Venezuela (IOV).

Aunque las investigaciones sobre almacenamiento de carbono en pastos marinos aún se encuentran en etapas iniciales en Venezuela, gracias a ellas han podido detectar graves problemas. Por ejemplo, que la industria del turismo arrasa con estas plantas porque “afean” las costas y que un coral invasor proveniente del Indo-Pacífico está acabando con su hábitat natural y reduciendo su cobertura.

Con todo, las crisis políticas y económicas por las que atraviesa el país, y que han afectado a la academia, no han sido obstáculo para científicos como Jiménez, quien se las ingenió para crear un laboratorio en el garaje de su casa, donde estudia con detalle los pastos marinos y su potencial de secuestro de carbono.

Las sorpresas detrás de las turberas

Un sorprendente hallazgo en Perú es uno de los principales responsables de que las turberas comiencen a tener el protagonismo que les corresponde en la lucha contra la crisis climática en América Latina.

Las turberas del Abanico del Pastaza fueron descubiertas gracias a exploraciones científicas y estudios ambientales realizados en las últimas décadas, y su estudio y reconocimiento como un ecosistema de gran importancia comenzó a destacar en los años 2000, gracias a investigaciones de instituciones científicas peruanas y extranjeras que identificaron su riqueza en biodiversidad y su papel en el ciclo del carbono.

Se trata de uno de los complejos de humedales más profundos a nivel global: la tercera turbera tropical más profunda, con 8.1 metros, después de Central Kalimantan, en Indonesia, y Cuvette Centrale, en el Congo. Se creía que en Sudamérica no existía un ecosistema como este.

Un estudio publicado en 2024 comprobó la fascinación científica con este ecosistema y encontró que el stock de carbono en la vegetación de las turberas del Datem del Marañón, que forma parte del Abanico del Pastaza, es de 80 toneladas de carbono por hectárea en promedio. En el suelo de turba las estimaciones llegan incluso a 1700 toneladas, por lo que puede almacenar entre tres y cinco veces más dióxido de carbono que otros ecosistemas tropicales.

Comunidades nativas del Datem del Marañón, en la región de Loreto, fusionan saberes ancestrales con conocimiento científico para proteger las turberas que se encuentran en esta área de la Amazonía peruana. De esta manera protegen la palma de aguaje (Mauritia flexuosa), que es parte de su sustento alimenticio y vital en la conservación de las turberas. “Antes cosechábamos tumbando, ahora realizamos el escalamiento, o sea, ya no la tumbamos, aprovechamos la palmera cuando está de pie. Ese ha sido el principal cambio en estos años”, dice Segundo Chanchari, escalador de la comunidad nativa Puerto Díaz.

La investigación de las turberas del Abanico del Pastaza motivó nuevas investigaciones en países como Colombia. Un artículo publicado en abril de 2025 en la revista Environmental Research reveló que las turberas colombianas podrían ser una herramienta importante para combatir el cambio climático, pero que primero deben identificarse y ubicarse con precisión.

Scott Winton, ecólogo de la Universidad de California Santa Cruz, llevó a cabo tres años de extenso trabajo de campo para desarrollar el primer mapa basado en datos de turberas recientemente documentadas y previstas en los Llanos Orientales y la Amazonía colombiana.

Entre los principales hallazgos destaca que estas dos regiones probablemente contienen entre 7370 y 36 200 kilómetros cuadrados de turberas, que podrían estar secuestrando actualmente una cantidad de carbono equivalente a 70 años de emisiones del país provenientes de combustibles fósiles e industrias.

Los resultados de Winton y sus colegas sugieren que la densidad promedio de carbono en estas turberas es de cuatro a diez veces mayor que en la selva amazónica. Los investigadores identificaron dos tipos específicos de turberas colombianas, incluidas las turberas de arena blanca que no se habían documentado previamente en Sudamérica, lo cual es un fiel reflejo de la necesidad de estudiar más estos ecosistemas.

“Las turberas son una masa de carbono gigante. Las estadísticas nos dicen que cubren entre el 3 % y el 5 % de la superficie de la Tierra pero tienen dos veces más carbono que los bosques del mundo”, dice Winton, y agrega que, a diferencia de los bosques, que pueden restaurarse y ayudar a recuperar el carbono, cuando se pierde turba se requieren cientos y hasta miles de años para recuperar lo que se ha perdido del suelo. “Por eso se considera casi como una pérdida irrecuperable”.

Un escudo de manglares

El manglar también es un ecosistema trascendental: es capaz de almacenar entre cinco y siete veces más carbono que otros bosques, reportando valores promedio de 432 toneladas de carbono por hectárea, con rangos promedio cercanos a 1000 toneladas por hectárea, especialmente en manglares maduros y conservados.

Sobre este ecosistema también faltan muchos más estudios, pero es quizás, después de los bosques tropicales, el que más reconocimiento y protagonismo tiene en este momento en Latinoamérica.

“Los manglares, en particular, absorben y almacenan grandes cantidades de carbono mediante la fotosíntesis y la retención de sedimentos por sus complejas estructuras radiculares, lo que provoca una lenta descomposición de la materia orgánica en suelos húmedos”, asegura Julie Shahan, investigadora de la Universidad de Stanford que trabaja con manglares en Ecuador.

Shahan destaca que además de la mitigación del cambio climático, los manglares son importantes para la adaptación climática al proporcionar control de la erosión, prevención de inundaciones, garantizar la calidad del agua y mantener la biodiversidad. También menciona que hay avances positivos, ya que 97 países, entre ellos varios latinoamericanos, incluyen actualmente soluciones basadas en la naturaleza costera y marina en sus planes nacionales de mitigación del cambio climático.

Ecuador, en particular, ha tomado medidas adicionales para proteger los manglares, brindando a las comunidades locales la capacidad de conservar y restaurar los manglares locales y comprometiéndose a no convertir los manglares para la acuicultura de camarones. De hecho, aunque muchas veces los esfuerzos gubernamentales son vistos con escepticismo, la estrategia del gobierno ecuatoriano en gestión de manglares se ha convertido, según los expertos, en un verdadero caso de éxito.

A través de acuerdos de uso sostenible y custodia, el recientemente desarmado Ministerio del Ambiente de Ecuador ha concesionado 98 000 hectáreas de bosque de mangle a pescadores artesanales, que pueden extraer cangrejo para venderlo, pero se comprometen a proteger este valioso ecosistema.

El área concesionada representa el 62 % del total de los bosques de mangle que existen en el país, de los cuales, el 80 % está en el golfo de Guayaquil. Este sistema ha permitido la conservación del manglar desde hace 26 años y ha mostrado ser efectivo en su protección.

“Si no hubiésemos tenido esta estrategia [de concesionar zonas de mangle] ahorita tendríamos mucho menos manglar”, dice la bióloga Natalia Molina, docente investigadora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil. Esto no es un dato menor, ya que Molina recuerda que en 37 años (entre 1969 y 2006) se perdió el 27 % de los manglares del país, lo que equivale a unas 56 000 hectáreas.

En general, los científicos coinciden en que hay que prestarle más atención a los humedales, ya sean costeros, de manglar o turberas. “Los humedales tropicales se encuentran entre los ecosistemas de secuestro de carbono más eficientes del planeta. Si bien ocupan una pequeña área de la superficie terrestre, tienen el potencial de contribuir significativamente al secuestro de carbono a largo plazo debido a sus altas tasas de acumulación y almacenamiento de carbono”, asegura Shahan.

*Este especial hace parte de un trabajo colaborativo entre Mongabay Latam, El Tiempo, La Barra Espaciadora y Runrun.es

**Imagen principal: En Perú, Segundo Chanchari y Kietre Gonzales unen fuerzas para el aprovechamiento del aguaje y la conservación de la palmera. Foto: Leslie Moreno Custodio

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 24 de febrero de 2025, una ballena gris (Eschrichtius robustus) fue hallada sin vida en una zona despoblada de las costas de El Mogote, en La Paz, al noroeste de México. Su cuerpo, de más de 13 metros, yacía en un avanzado estado de descomposición.

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La ballena había viajado desde el mar de Bering, frente a Canadá, donde se alimentaba cada año, hasta su zona de reproducción en Baja California Sur (BCS). Lo que preocupa, es que ese viaje migratorio no fue el último solo para este ejemplar, sino para decenas de otras ballenas grises.

El hallazgo en El Mogote es uno de 92 casos de ballenas varadas registrados en la última temporada de reproducción en Baja California Sur, que abarca desde diciembre de 2024 a abril de 2025,  de acuerdo con datos de la NOAA Fisheries (NMFS por sus siglas en inglés). La agencia científica estadounidense, que mantiene un seguimiento de esta población a lo largo de su ruta migratoria, asegura que se trata de una de las temporadas más mortíferas para esta especie en la historia reciente.

Según Francisco Javier Gómez Díaz, director del Museo de la Ballena en La Paz y miembro activo de la Red de Varamientos de BCS, no hay indicios de intervención humana en estas ballenas varadas. Muchas, probablemente, murieron en alta mar y fueron arrastradas por las corrientes costeras, precisó.

Además, los registros detallan una disminución drástica en el número de avistamientos; una baja significativa en nacimientos; y un incremento preocupante de ejemplares en condiciones corporales deficientes, es decir, animales flacos, con reservas de grasa tan reducidas que,  en ocasiones, los huesos se marcan bajo la piel. Expertos mantienen la hipótesis de que la disminución de alimento en el Ártico, producto de la pérdida de hielo marino, sumado a cambios en la temperatura del agua, influyó en el debilitamiento de las ballenas y en su muerte.

“Lo que hemos visto nos hace pensar que llegaron desnutridas, lo que las hizo mucho más vulnerables y propensas a vararse”, dice Lorena Viloria Gomorra, investigadora del Programa de Investigación y Monitoreo de Mamíferos Marinos (PRIMMA).

Una temporada crítica en Baja California Sur

El último censo de NOAA Fisheries en BCS, que se llevó a cabo con el apoyo en campo del Programa de Investigación y Monitoreo de Mamíferos Marinos (PRIMMA) de la Universidad Autónoma de BCS, se desarrolló durante febrero de 2025 en los principales santuarios de reproducción y crianza del estado: Laguna San Ignacio, Bahía Magdalena, Puerto Chale, Punta Abreojos y la zona Pacífico Norte. Allí, los especialistas realizaron fotoidentificación para distinguir a los diferentes individuos, elevaron drones para observar sus movimientos, colocaron marcas en algunos ejemplares para poder rastrearlos (CATS) y registraron los  varamientos, detalla Viloria Gomorra, jefa de investigación en Bahía Magdalena e integrante del PRIMMA.

Viloria Gomorra destacó que ninguno de los ejemplares analizados mostró signos de golpes por embarcaciones o enredos en redes. “Ninguna tenía cortes ni señales de enredos”, explica.

Aunque la mayoría de los varamientos ocurrieron en la Laguna Ojo de Liebre, principal zona de congregación de los mamíferos, este año se reportaron también varamientos más al sur, en lugares como Bahía Magdalena, San Felipe, Guaymas, Mazatlán, Loreto y La Paz.

“Este cambio de patrones en la distribución puede estar relacionado con alteraciones en las rutas migratorias debido a la búsqueda de alimentos”, señala Jorge Urbán Ramírez, investigador del Departamento Académico de Biología Marina de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y coordinador del PRIMMA.

Un evento de mortalidad inusual

La situación que hoy alarma a los científicos no es la primera crisis de la ballena gris.  Urbán Ramírez confirmó que en 2019, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) declaró un evento de mortalidad inusual (UME, por sus siglas en inglés) para esta especie.

Durante el UME se registraron 83 decesos en 2019 y 88 en 2020, considerados los años más críticos del evento. La mortalidad se mantuvo elevada hasta 2022 y en la temporada de 2023, el UME fue oficialmente concluido cuando se observó una disminución de 29 ballenas varadas en las costas mexicanas.

De acuerdo con el investigador, este antecedente creó la expectativa de que la población se estabilizaría y comenzaría a recuperarse. Sin embargo, el nuevo repunte de ballenas muertas registrado en 2025 encendió nuevamente las alarmas.

Según estimaciones del Centro de Ciencias Pesqueras del Suroeste de la NOAA Fisheries, la población de ballena gris del Pacífico Norte Oriental ha sufrido una reducción significativa desde 2016, cuando se contabilizaron casi 27 000 ejemplares, una de las cifras más altas registradas desde que comenzaron los conteos en 1967. Sin embargo, tras una serie de eventos adversos en sus zonas de alimentación ártica y subártica, esta cifra ha decaído de forma drástica.

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Para la temporada 2022-2023, la estimación osciló entre 13 230 y 15 960 ballenas grises, lo que corresponde a una disminución que ronda entre el 41 % y el 51 % respecto al punto máximo de 2016, indica Urbán Ramírez.

El último conteo disponible (la temporada 2024-2025) sitúa la población entre 11 700 y 14 450 individuos, la tercera estimación más baja en casi seis décadas de monitoreo.

Disminuyen los nacimientos

Según datos confirmados por la NOAA Fisheries y PRIMMA, la temporada 2024‑2025 registró, además, un récord histórico de baja natalidad.

El biólogo Urbán Ramírez advirtió que el año 2024-2025 supera a 2023-2024 como el de menor número de nacimientos en la historia reciente.

«Todas las que se han muerto son jóvenes o adultas, pero no hay crías, y no hay crías muertas porque el problema es que no hay crías vivas”, comenta.

En la temporada 2024‑2025, se contabilizaron apenas 85 ballenatos en las tres principales lagunas de reproducción de Baja California Sur, lo que representa una disminución del 90 % frente a un año promedio.

En Laguna de San Ignacio, al noroeste de BCS, por ejemplo, se registraron en 2014 hasta 138 madres con cría en un solo día de censo, mientras que en 2025 apenas se contaron cinco crías durante la misma jornada de monitoreo.

En el complejo lagunar Bahía Magdalena, conocido como una de las principales “guarderías” para la especie, los números también se desplomaron: en 2016 se censaron 55 madres con cría en un solo día y en 2025 apenas se contabilizaron tres crías durante toda la temporada.

Ballenas flacas 

Además del bajo número de nacimientos y del incremento de ballenas varadas, otro signo de alarma es la alta proporción de ejemplares con mala condición corporal.

Según Lorena Viloria Gomorra, durante el monitoreo en el complejo lagunar Bahía Magdalena se fotoidentificación 980 ballenas, de las cuales 244 presentaron condiciones corporales deficientes, es decir, lucían flacas y debilitadas. En Laguna de San Ignacio se observaron 72 individuos en mal estado.

Viloria Gomorra explica que se determina la condición corporal de las ballenas a partir de evaluaciones visuales y fotográficas, clasificando a los individuos en tres categorías: buena, regular y mala.

Una ballena en buena condición mantiene una línea recta desde la cabeza hasta el dorso, conservando su gruesa capa de grasa y musculatura. Sin embargo, cuando presentan curvaturas marcadas detrás de la cabeza, lo que los expertos llaman un “cuello” visible, significa que su reserva energética ha disminuido.

En los casos más graves, se puede incluso distinguir el hueso escapular —equivalente a nuestro omóplato—, algo que jamás debería notarse en una ballena saludable. Esto confirma una pérdida severa de grasa y masa muscular, reflejo de deficiencias de alimento en su ruta migratoria.

“Ver ballenas con los huesos marcados, sin reservas, es muy preocupante porque significa que no tienen energía ni para reproducirse ni para migrar con éxito”, señala Viloria Gomorra.

Científicos como John Calambokidis, de la organización Cascadia Research Collective, un instituto científico sin fines de lucro con sede en Washington, Estados Unidos, especializado en el estudio de cetáceos y mamíferos marinos, aseguran que las ballenas están sufriendo por una reducción en fuentes de alimento en el Ártico. Esto, debido principalmente al derretimiento del hielo marino que afecta la producción de algas subglaciales y, por ende, de anfípodos bentónicos, que son su presa principal.

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Así lo asegura también la revista científica Polar Journal y expertos como Josh Stewart, del Marine Mammal Institute, OSU, que aseguran que la disminución del hielo reduce la producción de algas que crecen debajo de él, fertilizan el fondo marino y alimentan a crustáceos clave.

Avistamiento atípico de ballenas grises

En febrero de 2025, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) reportó la presencia de al menos 50 ejemplares de ballena gris en el Parque Nacional Cabo Pulmo, ubicado en el estado de Baja California Sur. Se trata de un fenómeno inédito, ya que es la primera vez que se registra una concentración de tal magnitud en esta área marina protegida.

Este avistamiento refuerza la hipótesis de los expertos sobre las variaciones en las rutas migratorias de las ballenas. Lo positivo es que su presencia cerca de los arrecifes de coral del parque nacional podría ser un indicio positivo sobre la salud del ecosistema marino.

“Guías locales han documentado la presencia de ballenas en diversos puntos del parque, lo que representa también una valiosa oportunidad para continuar con la investigación sobre la biodiversidad marina en Cabo Pulmo”, declaró la CONANP.

La investigadora Viloria Gomorra atribuye este comportamiento inusual principalmente a los efectos del fenómeno climático La Niña en 2025, que provocó temperaturas más frías en las aguas de reproducción. Esto, explica, obligó a las ballenas a desplazarse hacia el sur en busca de aguas más cálidas dentro de su rango tolerable, el que oscila entre 18° C y 23° C. Por ejemplo, en Bahía Magdalena se registraron temperaturas de hasta 17° C, fuera del intervalo ideal para la especie, lo que motivó estas migraciones atípicas.

De acuerdo con los expertos, la energía extra invertida en desplazarse a estos nuevos sitios también estaría afectando a la salud de las ballenas.

La ballena gris es uno de los mamíferos con la migración más extensa del planeta. Cada año, viaja entre 16 000 y 20 000 kilómetros desde las zonas de alimentación en el Ártico hasta las lagunas de reproducción en Baja California Sur, México. El investigador Urbán Ramírez señaló que en algunos casos se ha documentado que estos trayectos pueden alcanzar hasta 23 000 kilómetros.

Sin embargo, “durante esta migración, las ballenas no se alimentan activamente”, explica Urbán Ramírez, sino que “dependen de las reservas energéticas acumuladas durante el verano [es decir, durante el tiempo que estuvieron alimentándose en el Ártico] para completar su ciclo migratorio, reproductivo y de lactancia”.

Durante su fase de alimentación, una hembra adulta de ballena gris requiere, en promedio, entre 3400 y 4500 megajoules (mj) diarios (medida sobre la cantidad de energía que una ballena almacena con respecto a su masa), por lo que en cada ciclo reproductivo bianual, acumula entre 130 000 y 136 000 mj. Esta reserva debe sostener el gasto energético durante la migración, el parto, la lactancia y el retorno al norte.

“Si una ballena pierde más del 40 % de su energía total acumulada durante el viaje, su supervivencia se ve comprometida, afectando también el éxito reproductivo”, apunta Urbán Ramírez.

El aumento en los desplazamientos hacia zonas atípicas, como se observó en la última temporada, incrementa el gasto energético y reduce la probabilidad de supervivencia y reproducción, lo que podría explicar el aumento en la mortalidad reportada para esta especie, agrega el experto.

Investigadores del PRIMMA explican que la combinación de temperaturas anómalas en zonas de reproducción y la disminución de alimento en el Ártico está obligando a estos gigantes del océano a modificar sus rutas milenarias, con un costo energético que puede comprometer su supervivencia.

Frente a este panorama, científicos advierten que lo observado en 2025 sería una señal de alerta sobre los efectos acumulativos del calentamiento global en especies migratorias, y subrayan la urgencia de reforzar la investigación y conservación de hábitats críticos a lo largo del Pacífico.

Piden elevar estatus de protección

Urbán Ramírez informó que los científicos del PRIMMA y de la UABCS sometieron a finales de julio una evaluación ante la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la finalidad de proponer el cambio de categoría de la ballena gris en la Norma Oficial Mexicana NOM-059.

Actualmente, la especie se encuentra bajo la categoría de Protección Especial, pero la propuesta busca que se le reconozca como especie amenazada, lo que permitiría fortalecer las acciones de conservación, protección y manejo responsable.

Según explicó el investigador, esta medida no busca frenar las actividades de observación turística, sino garantizar que se realicen bajo criterios que minimicen el estrés y la perturbación a los ejemplares, especialmente en un año tan crítico como 2025.

“No estamos pensando en detener la observación de la ballena gris, se deben reforzar los cuidados para interactuar con ellas, porque al momento de no estar bien alimentadas se debe evitar incrementar el estrés de las ballenas”, explica Urbán Ramírez.

* Este texto es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Causa Natura. 

Imagen principal: en la temporada 2024-2025 se registraron 92 ballenas grises varadas en Baja California Sur, una de las cifras más altas en décadas. Foto: cortesía PRIMMA

El artículo original fue publicado por Rocío Casas en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un día de octubre de 2012, pescadores de la comunidad costera de Las Barrancas detectaron una embarcación inusual en las aguas del Golfo de Ulloa, donde trabajan, en la península de Baja California Sur, al extremo noroeste de México.

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No parecía un barco atunero, sardinero o camaronero, de los que a menudo tienen que reportar a las autoridades por entrar ilegalmente a explotar las aguas donde la cooperativa tiene permisos de pesca exclusivos para abulón, langosta o caracol. A esa extraña embarcación la detectaron desde las casetas de avistamiento y también mediante los radares de monitoreo que han instalado durante años para combatir por su cuenta la pesca ilegal.

“Conocemos todos los barcos pesqueros, pero no sabíamos qué embarcación era esta”, recuerda Tomás Camacho, presidente del consejo de administración de Puerto Chale SCL, una de las 649 cooperativas de pesca creadas desde el siglo pasado a lo largo de la costa sudcaliforniana, que dan trabajo a poco más de 5000 pescadores.

El misterioso barco era el Dorado Discovery, una nave de investigación de 96 metros de eslora que en ese momento (entre 2012 y 2013) realizaba una extensa campaña de prospección y muestreo del fondo marino para la empresa Odyssey Marine Exploration.

Esta compañía estadounidense, experta en la recuperación de naufragios y tesoros varados en el fondo de los mares, analizaba la viabilidad de explotar otro tipo de riqueza submarina: fosfato disuelto en arenas del lecho oceánico. Este mineral es fácilmente procesable para obtener fósforo, que se utiliza masivamente en la agricultura como fertilizante para acelerar y mejorar el crecimiento de las cosechas.

Odyssey tenía en la mira esta potencial riqueza desde que inició sus estudios de la zona en 2010 y para junio del 2012 ya había obtenido una concesión minera de 2680 kilómetros cuadrados a través de su filial en México, Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V.

En 2014, la Dirección General de Minas de México le otorgó dos concesiones adicionales totalizando un área de 3029 kilómetros cuadrados, el equivalente a dos veces la Ciudad de México. Esta área se superpone con un punto del Pacífico noroccidental clasificado por científicos de México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica como “centro de actividad biológica”, donde existen pesquerías de alto valor comercial, avistamiento de mamíferos marinos, pesca deportiva e investigación científica.

La concesión minera fue bautizada “Oceánica”, pero el proyecto minero en su conjunto sería conocido como Don Diego, por el nombre del yacimiento en el que se concentraría la explotación.

Según documentos de Odyssey Marine Exploration, se trata de “uno de los depósitos de fosfato más grandes y altos de grado in situ en el mundo y el único recurso marino de este tipo hallado en México”. Con casi 588 millones de toneladas de fosforita, es capaz de satisfacer la demanda de fertilizantes en Norteamérica por un siglo, agrega la empresa.

El plan de extracción de la empresa es succionar las arenas fosfáticas desde una embarcación en donde se separaría el fosfato y luego devolvería con otro tubo el excedente al lecho marino. Aunque Odyssey alega que la tecnología de dragado submarino existe y opera en distintas zonas costeras de México y el mundo, el procedimiento completo no se ha probado en ninguna parte.

La química oceánica Janette Murillo, quien ha estudiado distintos puntos costeros de Baja California, advierte que sólo la remoción de arenas podría dispersar químicos tóxicos como uranio, arsénico, cobalto y níquel, que suelen acompañar los depósitos de fosfatos.

“Si se remueven esos sedimentos van a estar liberando en disolución el uranio, que es lo que más se encuentra, y eso puede ser tomado por organismos vivos y ocasionar una gran mortandad de animales marinos”, explica la investigadora del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (Cicimar, IPN).

Los pescadores de la zona aseguran haber visto ya un aumento en la mortandad de tortugas y mamíferos marinos tan solo durante la prospección iniciada por Odyssey en 2012.

“Si ese proyecto se autoriza y lo echan a andar, nos va a fregar la pesca, que es la columna vertebral que sostiene económica, social y culturalmente a las comunidades costeras en el Golfo de Ulloa”, afirma Tomás Camacho.

Desde 2014, Camacho y sus compañeros en la cooperativa Puerto Chale, al igual que otros pescadores, activistas, científicos, líderes políticos y ciudadanos en Baja California Sur, han rechazado pública y continuamente el proyecto Don Diego y exigido su cancelación.

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México, condenado a pagar 37 millones de dólares

Entre 2012 y 2018, Odyssey Marine Exploration empeñó millonarios recursos económicos y humanos para desarrollar los estudios de impacto ambiental necesarios para que el gobierno mexicano le autorizase a emprender su mina submarina.

En 2019, tras al menos dos negativas de la Secretaría de Medio Ambiente para autorizar el proyecto (2014 y 2016), la empresa demandó al gobierno mexicano por supuesto trato injusto en comparación a inversiones mexicanas. De acuerdo con el procedimiento para dirimir controversias contemplado en el Tratado del Libre Comercio para América del Norte, el caso sería revisado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la entidad del Banco Mundial para dirimir diferencias entre gobiernos e inversionistas.

La disputa legal transcurrió al margen de la pandemia por Covid-19 y de la última elección presidencial en México, y llegó a una conclusión el 17 de septiembre de 2024, cuando dos de los tres jueces que integraron el tribunal del CIADI para el caso dieron la razón a Odyssey. Según el laudo del tribunal, la negación de los permisos ambientales para la mina submarina se basó en “una conducta gravemente arbitraria y caprichosa por parte de la autoridad ambiental” y no en la evaluación de la evidencia científica presentada por la empresa.

Aunque Odyssey demandó una indemnización superior a los 3000 millones de dólares, el tribunal condenó al Estado mexicano a pagar poco más de 37.

El gobierno de México respondió dos días después con un comunicado en el que desaprobó el fallo del tribunal y anunció que interpondría un recurso de apelación. A finales de 2024, México canceló las tres concesiones mineras otorgadas al conglomerado liderado por Odyssey Marine Exploration.

Ante la solicitud de Mongabay Latam, la dirección jurídica de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía confirmó a principios de junio que la apelación contra el fallo del tribunal de arbitraje ya fue presentada, pero informaron que no podían dar más información debido a que el caso se encuentra en litigio. Sin embargo, expertos en derecho comercial e internacional explicaron que, por la manera en que funcionan estas instancias de arbitraje, es sumamente difícil que México pueda revertir el fallo en su contra.

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“Un laudo novedoso en el peor de los sentidos”

El fallo del tribunal de arbitraje contra México se basó en un presunto comportamiento parcial del entonces secretario de Medio Ambiente, Rafael Pachianno (2015-2018). Según el laudo, de acuerdo con testimonios de dos subalternos en el mismo ministerio, el funcionario habría dado instrucciones explícitas para que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) negara las autorizaciones, motivado en “razones personales relacionadas con los propios intereses del Sr. Pacchiano”.

En su comunicado de desaprobación al laudo arbitral del 19 de septiembre de 2024, emitido por la Secretaría de Economía, el gobierno mexicano reitera los argumentos presentados durante el juicio de arbitraje: que el proyecto minero afectaba un lugar “ecológicamente sensible” —hábitat de la tortuga caguama (Caretta caretta), ballena gris (Eschrichtius robustus) y azul (Balaenoptera musculus), lobos marinos (Zalophus californianus), entre otros—; que la empresa Odyssey carecía de experiencia minera porque su actividad principal había sido la búsqueda de tesoros marinos; y que las técnicas de dragado del lecho marino propuestas por la empresa no se habían realizado en ninguna parte del mundo.

Además, el gobierno mexicano consideró que el tribunal de arbitraje dio “un peso desproporcionado” a las declaraciones de los dos empleados de la Secretaría del Medio Ambiente, quienes, según se dio a conocer en el juicio, recibieron de Odyssey un pago cuantioso como compensación al tiempo dedicado en presentar su testimonio. Esto fue calificado por el gobierno mexicano como un conflicto de interés.

Los argumentos defendidos por México son compartidos dentro del país por colectivos de activistas, científicos y especialistas en derecho ambiental internacional. Entre estos últimos se encuentra Phillippe Sands, un abogado francobritánico que, además de ser el árbitro elegido por México durante el arbitraje comercial, es una autoridad internacional en materia de juicios internacionales, autor de más de una docena de libros en la materia y profesor en las universidades del Colegio de Londres (UCL) y Harvard.

En una “opinión disidente” publicada en el laudo del tribunal, Sands hace una dura crítica al trabajo de sus colegas en el tribunal. Según Sands, los abogados no solo habrían hecho una errada interpretación de la ley, sino que habrían omitido información clave. Los acusa de “ignorar pruebas en cuanto al daño ambiental en su totalidad”, como por ejemplo las que dan cuenta de que el proyecto impactará el hábitat de tortugas marinas —incluyendo la amenazada tortuga caguama o cabezona—, de ballenas y de otros mamíferos marinos.

“A modo de conclusión, no puedo dejar de expresar la opinión de que este laudo inédito e inquietante es novedoso e innovador en el peor de los sentidos”, escribe el jurista británico, quien ha participado en más de un centenar de casos de arbitraje internacional.

“En un momento en el que los Estados empiezan, por fin, a reconocer los retos y complejidades de tomar decisiones que pueden tener repercusiones significativas en el medio ambiente, y a medida que se comprende cada vez mejor la fragilidad de nuestro medio marino, la mayoría (de jueces) ha hecho caso omiso […] de las preocupaciones ambientales legítimas. Se trata de un laudo sumamente lamentable”, sostiene Sands, quien asegura que “se han desconocido las pruebas y el derecho”.

El experto en impacto ambiental Carlos del Razo, quien colaboró en el arbitraje como asesor del gobierno mexicano, lamenta que los argumentos ambientales, como por ejemplo el alcance del principio precautorio, la regulación de actividades extractivas específicas o de las medidas de mitigación de daños, hayan quedado soslayados por el supuesto abuso administrativo contra Odyssey a manos de las autoridades mexicanas.

“El laudo se volcó a revisar si el inversionista había sido tratado indebidamente por razones metajurídicas (los supuestos intereses políticos o personales del ex secretario Rafael Pacchiano), más allá de la biodiversidad”, explicó Del Razo, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. “Aunque pueda haber asuntos polémicos, si la decisión del Estado mexicano a través de la Secretaría de Medio Ambiente no va en contra de sus propios principios y lineamientos en materia ambiental, la verdad es que no deberíamos discutir mucho más”, dijo.

En línea con Philippe Sands, Del Razo considera que este laudo sienta un precedente negativo para futuros arbitrajes de inversión, debido a que constituye una especie de jurisprudencia que tendrán que atender los jueces de controversias similares a la hora de emitir sus resoluciones, con potenciales efectos en la política y gestión ambiental de Estados soberanos.

“Lo que hace este laudo es prácticamente minimizar o soslayar la capacidad regulatoria que tienen los Estados para decidir sobre el manejo de sus recursos naturales, territorio y medio ambiente”, explica Del Razo.

Odyssey, por su parte, aseguró a Mongabay Latam que el caso “no era una disputa al derecho soberano de México para regular, sino a la manera en que fue tomada esta decisión en particular”. “El caso de Odyssey […] nunca se trató de priorizar los derechos de los inversionistas sobre las protecciones ambientales”, indicó la empresa vía correo electrónico.

“Se trató de asegurar trato justo y equitativo a un proyecto que había demostrado cumplir y, en muchos aspectos, superar los estándares ambientales. Creemos que este precedente no menoscaba la protección ambiental, sino que fortalece la confianza en los marcos legales que son esenciales tanto para la inversión responsable como para la gobernanza de los recursos”, indicó.

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“Una industria desconocida en un ecosistema desconocido”

Aunque una parte de los estudios justificativos presentados por Odyssey para el proyecto Don Diego se basaron en experiencias limitadas en el Reino Unido, la minería submarina es uno de los temas clave y más preocupantes para la conservación de los océanos.

De hecho, a nivel internacional está en pausa tanto por la falta de información científica suficiente como por la ausencia de reglas para contener sus peores impactos.

En las aguas nacionales, donde rigen las leyes de los Estados-Nación, solo algunos países como Noruega, Suecia y las Islas Cook han regulado legalmente la minería submarina. Mientras que en aguas internacionales, los países miembro del sistema de Naciones Unidas se debaten entre poner una moratoria a esta actividad —con México apoyando esta medida— o, ante la presión de los desarrolladores y los mercados, autorizarla mediante una regulación basada en información incompleta. Las negociaciones continúan en el seno de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos de la ONU, que podría tomar una decisión durante su reunión anual en julio.

Durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para los Océanos, que se llevó a cabo entre el 9 y 13 junio de 2025, 37 países renovaron su llamado a una moratoria global a la minería en aguas profundas. El presidente francés, Emmanuel Macron, se refirió a ella como una “locura” y el secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, lo respaldó señalando que “las profundidades marinas no pueden convertirse en el Salvaje Oeste”.

En este contexto, “el proyecto Don Diego se adelantó a la discusión internacional y empezó a avanzar dentro del país”, dice Diego Lillo, abogado senior para la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

El proyecto Don Diego fue propuesto por la empresa Odyssey a una distancia de entre 20 y 45 kilómetros de la costa de Baja California, en las aguas relativamente someras de la plataforma continental de esta península y dentro de la zona económica exclusiva, una franja de 370 kilómetros desde la costa, por lo que es facultad exclusiva del Estado mexicano autorizar o negar el proyecto.

“Es una industria que se desenvuelve en un entorno natural que es el ecosistema menos estudiado del planeta. En ese sentido, se combinan la novedad, la incertidumbre científica y un tercer componente, que es la insuficiencia o inaptitud de las regulaciones vigentes para adelantarse a los efectos que una industria desconocida pueda tener sobre un ecosistema también desconocido”, explica Lillo.

Desde 2015, en plena revisión del impacto ambiental de Don Diego, AIDA solicitó públicamente al gobierno mexicano la cancelación del proyecto por carecer de información técnica suficiente para garantizar la estabilidad del ecosistema marino.

En abril de 2023, después de considerar el caso Don Diego y otros a lo largo del país denunciados por la sociedad civil, el Congreso mexicano aprobó modificaciones a su Ley de Minería en vigor desde 1992. Estos cambios acotaron las actividades mineras en general y pusieron un alto definitivo a la minería submarina.

La nueva ley de minería prohíbe las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio minero dentro de las áreas naturales protegidas, en cauces o vasos de aguas nacionales y sus zonas federales, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino, el subsuelo de la zona económica exclusiva, en la zona federal marítimo terrestre y en los terrenos ganados al mar.

Sin embargo, legisladores de la oposición acusaron de inconstitucionales las modificaciones a la ley minera y las impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia, que ya en 2024 concedió un amparo a un particular contra los efectos de la ley modificada.

La colectiva CambiémoslaYa, que ha agrupado a académicos, activistas y comunidades afectadas por la minería en todo México para impulsar los cambios a la ley minera, ha advertido que si los ministros de la Corte aceptan la inconstitucionalidad denunciada, devolverían a México al escenario de 1992, caracterizado por dar preferencia al extractivismo minero sobre los pueblos y el medio ambiente.

El reglamento de la nueva ley minera está siendo elaborado por el actual gobierno de México en conjunto con representantes de la industria minera y entre organizaciones defensoras del medio ambiente hay nerviosismo.

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“Lo seguirán intentando, por la buena o por la mala”

A pesar de que el gobierno mexicano le negó a Odyssey Marine Exploration las autorizaciones de impacto ambiental y retiró las concesiones mineras, la empresa insiste en impulsar su proyecto.

Mark Gordon, el director ejecutivo de Odyssey, ha explicado a medios especializados que su intención es crear una asociación público privada con el gobierno de México, en la que la empresa estadounidense mantenga una participación del 35 %. El resto quedaría dividido entre inversionistas mexicanos y empresas estatales de México, empezando por Petróleos Mexicanos (Pemex), que actualmente produce el mayor volumen de fertilizantes en México, según el ejecutivo.

“El proyecto de fosfato en México está muy avanzado. Estamos en el punto de la curva de valor en que podemos llegar a un acuerdo satisfactorio con el gobierno mexicano, si quiere proceder. Podemos entrar a producción en 12 o 18 meses”, explicó Mark Gordon en abril pasado en el podcast WTR Small-Cap Spotlight.

Según Gordon, “la clave en México” está en “tener el socio adecuado” que sepa “navegar el régimen regulatorio local”. Para ello anunciaron una alianza con la empresa Capital Latinoamericana SA de CV, presidida por Juan Cortina Gallardo. Este empresario mexicano lideró hasta febrero pasado el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), una de las coaliciones agroempresariales más importantes del país, y en diciembre lideró una coinversión de 4 millones de dólares en Odyssey, aseguró Gordon.

La presión ejercida por la empresa con sede en Florida para conseguir la aceptación de la mina Don Diego tuvo efectos negativos en la sociedad bajacaliforniana, incluyendo señalamientos de supuesta persecución contra opositores y degradación de la discusión científica.

En 2015, después de participar en consultas públicas sobre el proyecto, el entonces presidente de la cooperativa de pesca Puerto Chale, Florencio Aguilar, fue denunciado ante la Procuraduría General de la República por Odyssey en 2015, junto al periodista Carlos Ibarra. Florencio Aguilar recuerda que la denuncia era tan absurda que prácticamente los acusaban de conspirar contra el desarrollo económico de México.

“Desgraciadamente la economía manda más que cualquier cosa legal”, explica el líder pesquero. “Sentí el apoyo de la gente que me respaldó y eso me dio valor para seguir en la defensa de nuestros mares”.

Debido al antecedente con Odyssey y a otros proyectos mineros acumulados en Baja California Sur a lo largo de los años, la sociedad sudcaliforniana tiene claro que no puede bajar la guardia.

“Hemos aprendido a no ser optimistas y eso nos ha hecho más efectivos porque el optimismo nos lleva a confiarnos y a bajar la guardia”, explica Jorge del Ángel, biólogo marino y vicepresidente del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos.

“El discurso ahora es que el fosfato es super necesario como fertilizante y que si no se mina el fondo del mar todos nos vamos a morir de hambre”, añade Del Ángel. “En todo este tiempo hemos aprendido que ninguna empresa se queda tranquila diciendo ‘bueno, me lo negaron’. Lo seguirán intentando, por la buena o por la mala, hasta que sus inversionistas se cansen”.

*Imagen Principal: los pescadores de la zona aseguran haber visto ya un aumento en la mortandad de tortugas y mamíferos marinos durante la prospección iniciada por Odyssey en 2012. Foto: SCPP Puerto Chale SCL

El artículo original fue publicado por Juan Mayorga en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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