A Nohora Alejandra Quiguantar, indígena pasto, no le contaron de inmediato que a su abuela María Quiguantar la habían torturado y asesinado. Era 17 de febrero de 2002. Había regresado del colegio más tarde de lo habitual, en el resguardo indígena Mallamues, en Nariño, en el suroeste de Colombia. Tal vez se quedó jugando o recogiendo moras en el camino; no lo recuerda con claridad. De ese día le quedaron apenas fragmentos: la casa llena de gente, el murmullo espeso de la comunidad, los rostros tensos y ese silencio extraño del miedo cuando todavía no se entiende del todo la tragedia, pero ya se siente en el cuerpo.

María Quiguantar no era solo su abuela. Era partera, médica tradicional y lideresa de un proceso de recuperación de tierras que colonos, terratenientes y miembros de la Iglesia Católica les habían arrebatado a decenas de familias indígenas en Nariño. Su asesinato condenó a la familia al desplazamiento. Pero antes de la violencia, también había sembrado una herencia más profunda: la chagra -huerta-, las plantas medicinales y la certeza de que la salud nace de la relación con la tierra.

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Fue allí, junto a ella, donde Nohora Alejandra Quiguantar aprendió el poder de las mujeres indígenas en el cuidado y la sanación. Vio a su abuela curar enfermedades con lo que la tierra daba e incluso asistir el parto de una de sus hermanas. Ese saber sembrado en la infancia, la llevó años después a convertirse en una de las pocas científicas indígenas de América Latina con voz en escenarios de Naciones Unidas y en cumbres como la Conferencia de las Partes de la Convención Marco para el Cambio Climático. Esta es su historia.

El color de las hojas

Nohora Alejandra Quiguantar creció entre las montañas de Nariño, en una zona que colinda con el Pacífico y el Amazonas. La escuela quedaba a dos kilómetros de su casa, pero el trayecto casi nunca era directo: se detenía a trepar árboles, a mirar hojas, a preguntarse por qué unas eran verdes y otras rojizas. La curiosidad empezó así, caminando. En casa, un pequeño espacio de barro y de una sola habitación donde vivía con su mamá, su abuela y sus hermanas, encontró sus primeras respuestas. “Mi mamá fue mi primera maestra de biología”, dice a  Mongabay Latam y Vorágine para el especial Científicas Indígenas.

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Su madre, Lupe Quiguantar, le enseñó que la ciencia también estaba en la chagra: en la sopa de quinoa, en el maíz, el trigo, los tubérculos y las plantas medicinales que sostenían la vida familiar. Su abuela le dejó la selección de semillas, el trabajo de huerta y la defensa del territorio. Su familia ha sido un matriarcado y el cuidado, en su comunidad, también ha sido una cuestión de mujeres. De ellas aprendió no solo a curar, sino a liderar y desafiar el destino que parecía escrito para ella: ser esposa y madre.

El asesinato de María Quiguantar terminó de empujar esa decisión. “Quería buscar justicia por lo de mi abuela. Para eso tenía que acceder a información y la información estaba en la escuela”, afirma. Quiso ser abogada o médica, pero las brechas de la educación que recibió en el resguardo le cerraron esas puertas y eligió biología. Fue la primera profesional de su familia materna y una de las pocas mujeres de su generación en llegar a la universidad. A la Universidad del Quindío.

Allí, Nohora Alejandra Quiguantar por fin encontró la respuesta a por qué las hojas de los árboles que la vieron crecer tenían colores distintos. Pero la academia también fue otro escenario de disputa. Era la única indígena en su clase. A los prejuicios se sumaba la ausencia de profesores indígenas y de espacios donde los sistemas de conocimiento de comunidades como la suya dialogaran en igualdad con la ciencia occidental.

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De esa incomodidad nació el primer cabildo indígena universitario, un organismo estudiantil para reconocer y garantizar los derechos de los pueblos originarios. Por ejemplo, sus lenguas, creencias y prácticas. Sin embargo, las tensiones continuaron, especialmente cuando llegó el momento de su tesis de grado. Para ella, las plantas no eran únicamente materia, también eran memoria, protección y espiritualidad. Sus profesores, sin embargo, veían esas ideas como algo ajeno al método científico. Sus resultados no eran considerados datos y, por eso, eran invalidados.

El legado de las abuelas

Pese a la resistencia, Quiguantar decidió cambiar las reglas. Implementó una metodología comunitaria y colectiva, se deshizo de la rigidez del lenguaje académico y empezó a narrar la historia de sus antepasadas a través de las plantas y de los usos que les habían dado durante generaciones.

En mingas alrededor de la tulpa -el espacio de encuentro de su resguardo- habló con madres, mujeres líderes, parteras, docentes y taitas que identificaron 90 plantas medicinales. Las organizó en categorías: espirituales y protectoras, curativas, tintóreas y usadas en la partería. Guante blanco como insecticida; jujún para el dolor de estómago y para “sacar el frío”; culantrillo para los trastornos menstruales. Ese fue su trabajo de grado al que tituló: “Plantas medicinales utilizadas en el resguardo indígena de Muellamués, pueblo de los pastos”.

Desde el inicio supo que esa investigación no era solo una tesis, sino una forma de sostener una memoria sagrada que estaba desapareciendo. El cambio climático había hecho más difícil encontrar algunas plantas. Muchos jóvenes se habían ido del resguardo y quienes guardaban ese conocimiento estaban muriendo. “Mi trabajo de investigación no lo estaba haciendo para la universidad, sino para la gente”, dice. A pesar de la resistencia frente a su metodología, se graduó como bióloga, demostrando que el conocimiento heredado de su comunidad también podía reclamar su lugar en la ciencia.

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Su cercanía con la Amazonía la llevó a indagar en la necesidad de políticas públicas que protejan los conocimientos tradicionales de esa zona y el rol de los sabedores tradicionales en espacios académicos. Ese reclamo terminó plasmado en un artículo que hace parte del libro “Evaluación rápida de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos de la cuenca/región amazónica”, publicado por la Universidad Javeriana. Fueron 19 los casos de estudio que le permitieron a ella, junto a otros colegas, abordar el papel de las mujeres en la transmisión de conocimiento, los modelos de gestión de la biodiversidad y la bioeconomía.

Su trayectoria la llevó a retornar a su territorio, ser parte del Panel Científico por la Amazonía, una iniciativa regional para evaluar el estado de los ecosistemas amazónicos y proponer soluciones sostenibles, y a llegar a más de 200 jóvenes en América Latina mediante talleres que ella lideró. Su objetivo es construir un manifiesto colectivo sobre los problemas de las comunidades amazónicas, la tenencia de tierras y el rol de las juventudes en la preservación de la selva.

Descolonizar el conocimiento

Crisseyda Roman conoció a Nohora Alejandra Quiguantar en septiembre de 2024,  durante una cumbre de cambio climático en Nueva York. Entre los asistentes había dos grupos, recuerda: los que dominaban el inglés y los que no. Ambas estaban en el segundo y se volvieron cercanas. “Nohora tiene esa habilidad para conectar a pesar de las barreras lingüísticas. Me decía: ‘Yo no entiendo nada, pero estoy allí, y quiero entender’”.

Si acceder a investigaciones científicas ya era difícil desde su resguardo, el idioma levantaba otra frontera. La mayoría de los textos estaban en inglés, un idioma distante de su experiencia como mujer indígena de un pueblo que, hasta hace apenas diez años, creía extinta su lengua ancestral, el pastos, y que hoy solo unos pocos preservan.

También faltaban referentes: quienes habían trabajado metodologías similares a las que ella buscaba aplicar escribían en otros idiomas o circulaban poco en los espacios académicos tradicionales. “Busqué muchos referentes de las epistemologías del sur [la rama de la filosofía que estudia cómo se construye, valida y limita el conocimiento]. No eran tan mencionados, pero ya de una u otra manera venían trabajando ciertos temas”, dice a Mongabay Latam y Vorágine.

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Esa búsqueda la llevó también a enfrentarse a lo que llama extractivismo científico: investigaciones que llegan a los resguardos, toman conocimiento y nunca regresan. Las comunidades no saben qué pasó con su participación, dónde se publicó o para qué sirvió. Quiguantar se opone a esa lógica. Por eso insistió en una ciencia que devolviera algo a su gente.

Con la promesa de retornar lo investigado, pudo confirmar que eran las abuelas quienes guardaban la mayor parte del conocimiento sobre plantas medicinales y que las parteras ocupaban un lugar central en ese saber hoy en riesgo de desaparecer. “Estos sistemas tienen que aterrizar en los espacios de toma de decisiones que tienen los gobiernos para que así puedan responder a las necesidades más cercanas que tienen los pueblos indígenas. Que se reconozca su trabajo desde otras miradas”, explica.

Quiguantar todavía nota la cara de asombro de quienes escuchan que es científica e indígena. Ese debate, insiste, no está en si los pueblos originarios pueden hacer ciencia, sino en que todavía no se les reconoce plenamente como expertos.

Llevar el territorio

Nohora Alejandra Quiguantar ya rompió varios precedentes en su familia: construir un hogar en el lugar del que fue desplazada tras la muerte de su abuela, estudiar, y ocupar espacios donde antes no había mujeres como ella. “A nosotras nos han enmarcado en unos roles de reproducción y cuidado. Cuando iba a empezar la carrera, los comentarios eran que era una pérdida de tiempo, que ya tenía edad para casarme o mantener un marido”, cuenta.

Roto ese molde, su camino científico se convirtió, también, en conocimiento reconocido por aquello que su abuela María y su madre Lupe le enseñaron desde niña. Llevarlo a escenarios donde ese saber no era considerado ciencia. Eso le ha abierto las puertas a paneles científicos en la Amazonía, a la Cumbre de Clima de Nueva York, a ser integrante de la Coalición de Acción Feminista por la Justicia Climática de ONU Mujeres, a coordinar talleres en la COP30 en Belém, Brasil, y a crear Tejiendo Pensamiento. En esta organización, que busca empoderar a las mujeres y niñas en la conservación de ecosistemas, sigue haciendo lo mismo que aprendió en la chagra: escuchar, cuidar y defender el territorio.

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Su amiga Julie Topf dice que ha conocido Colombia a través de sus relatos: las montañas, el páramo, la biodiversidad y la riqueza de las comunidades indígenas de las que, casi siempre, Nohora Alejandra Quiguantar es la única representante en la mesa. “Gran parte de nuestra sociedad todavía está caminando y entendiendo el trabajo de los pueblos indígenas”, dice  Topf.

Un último reto, por ahora, mora en su comunidad. Los cargos de liderazgo suelen estar reservados para personas casadas y, hasta hoy, no ha habido ninguna mujer liderando las autoridades del resguardo. Incluso quienes se postulan, difícilmente son elegidas. Señalar esas desigualdades le ha costado distancias y cuestionamientos profundos dentro de su propio pueblo, pero también se ha convertido en parte de su propósito.

Todavía cuando alguien se sorprende de que una mujer indígena sea científica, recuerda que su primer laboratorio no fue una universidad, sino la chagra de su abuela. Allí aprendió que la ciencia también se siembra, se hereda y se cuida.

El asesinato de María Quiguantar sigue impune.

*Imagen principal: Nohora Alejandra Quiguantar, lideresa indígena y bióloga, forjó una carrera científica en Colombia y el mundo. Foto: cortesía Ricardo Vejarano/Vorágine.

El artículo original fue publicado por Mariana Guerrero en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La naturaleza ha sido su laboratorio, las abuelas sus maestras, las plantas medicinales sus instrumentos y la flora y fauna de su entorno su objeto de estudio. Cuando eran niñas no sabían lo que era vestir una bata blanca o manipular un microscopio, pero observar a las aves, bañarse en el río y escuchar los relatos de sus pueblos las preparó para llegar a la universidad y convertirse en las primeras científicas de su familia y, en muchos casos, de sus comunidades.

“Siempre tuve una pregunta para todo lo que mis abuelos me decían. ¿Por qué el río crece? ¿Por qué el pez respira dentro del agua? ¿Por qué las aves vuelan? Quería encontrar las respuestas y por eso quise ser bióloga”, cuenta Avita Taricuarima, científica del pueblo indígena kukama, de Perú.

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Esa niña que caminaba más de 10 kilómetros diarios a través de la selva amazónica para ir a la escuela jamás imaginó que a sus 32 años ya habría publicado un artículo científico, estaría por graduarse de la carrera de biología y sería parte de la lista de The Explorers Club, que reconoce a los 50 mejores investigadores del planeta.

Yarina Tapuy tampoco habría pensado que a esa misma edad ya habría descrito 14 especies nuevas de insectos ni Alejandra Nohora Quiguantar que llegaría a integrar el Panel Científico por la Amazonía. Si a la pequeña Marisel Mamani le hubiesen dicho que en su adultez viajaría a Suecia para realizar un doctorado, a Paola Moreno-Roman que estudiaría en la Universidad de Stanford o a Rosa Marina Flores Cruz que lograría utilizar la ciencia para luchar contra las amenazas a su pueblo, no lo habrían creído.

Todas ellas son científicas de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú que, gracias a sus hallazgos, no solo han aportado a la biología, sino que han logrado demostrar que los conocimientos ancestrales pueden ser una parte esencial de la ciencia.

Pero uno de sus principales retos ha sido abrirse paso en un campo históricamente ocupado por los hombres. Según datos de la Unesco, solo una de cada tres científicos en el mundo es mujer. “Partamos de que ya existe una baja representación de mujeres en la investigación científica a nivel mundial, pero cuando uno va a buscar la participación de mujeres indígenas en ciencias, no existe un mapeo de esa situación, no hay cifras”, explica Janeth Bonilla, vicepresidenta de la fundación Kichwa Institute of Sciences, Technology and Humanities (Kisth), la cual apoya y visibiliza el trabajo de las científicas de pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador.

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Lo que explica Bonilla es otro de los desafíos que están enfrentando estas investigadoras: son invisibles en las estadísticas. A esto se suman la falta de recursos económicos, los prejuicios y la discriminación dentro de la academia y la necesidad de visibilizar no solo su trabajo, sino que la ciencia también se construye en los territorios.

En este informe especial, Mongabay Latam presenta las historias de estas seis científicas indígenas de Latinoamérica que buscan que sus investigaciones contribuyan a la conservación y defensa de sus comunidades.

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Ciencia desde y para las comunidades

Sus visitas diarias a la chagra en su infancia, sin saberlo, fueron los primeros pasos de Nohora Alejandra Quiguantar en la biología. En su comunidad Mellamués, ubicada en las montañas de Nariño, entre el Pacífico y la Amazonía colombiana, las plantas medicinales de la huerta tenían un rol fundamental. Con ellas, su abuela curaba enfermedades, asistía los partos y protegía su legado ancestral. Y, gracias a esas mismas plantas, Quiguantar obtuvo su título de bióloga.

Su tesis de grado se enfocó en la identificación de 90 especies y sus usos, pero, al inicio, sus resultados fueron invalidados por no apegarse de forma estricta al método científico. Ante eso, implementó una metodología comunitaria para contar la historia de su pueblo a través de las plantas y, a pesar de la resistencia a sus métodos, se graduó como bióloga.

“Mi trabajo de investigación no lo estaba haciendo para la universidad, sino para la gente”, explica a Mongabay Latam sobre este proceso en el que colaboraron las madres, lideresas, parteras, docentes y taitas de su comunidad.

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Romper esa brecha que existe entre los saberes ancestrales y la ciencia occidental es uno de los objetivos de Quiguantar y sus colegas. Un estudio publicado en Science Direct demuestra que el “enfoque estructurado y sistemático para comprender el mundo natural”, refiriéndose al método científico tradicional, “parece erosionar la sabiduría y legitimidad del conocimiento indígena”.

El artículo, por otro lado, resalta las oportunidades de articular las prácticas científicas con los saberes ancestrales, ya que esto conduce a estrategias de conservación más completas y eficaces, además de reconocer y valorar los aportes que han tenido estos pueblos durante siglos de observación y convivencia con la naturaleza.

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Para Yarina Tapuy, científica kichwa de la provincia de Napo, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, los conocimientos que le heredaron sus antepasados y las experiencias que vivió en su comunidad, Capirona, han sido esenciales para estudiar insectos. Por ejemplo, desde que era niña, sabía que la picadura de la hormiga conga era una de las más fuertes o que hay abejas que pican y otras que no tienen aguijón.

“En el caso de los bichos, hay muchas cosas que ya sabía y después la ciencia me sirvió para entender qué hay detrás. Prácticamente es lo mismo, pero con diferente explicación”, dice a Mongabay Latam Tapuy, quien ha descrito 14 especies nuevas de escarabajos.

Pero, más allá de que sus aportes a la ciencia estén publicados en revistas indexadas, su sueño es que la comunidad los pueda usar para su protección. Uno de sus objetivos es crear una fundación en la Amazonía que se enfoque en promover el desarrollo comunitario para fomentar la participación activa de los pueblos indígenas en las investigaciones y que no sean tratados solo como objeto de estudio.

“La ciencia no solo debe recolectar datos, sino compartirlos”, dice Taricuarima, quien coincide con Tapuy en que la información que se extrae debe regresar a los territorios. Un artículo realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Colorado muestra que el 87 % de los estudios enfocados en cambio climático han seguido un modelo extractivo. Esto quiere decir que investigadores ajenos a las comunidades han utilizado los conocimientos de los pueblos indígenas sin su participación en la toma de decisiones.

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Además, los resultados no han sido socializados ni utilizados para beneficiar a los lugares de donde se extrajeron los datos. Este es un aspecto que muchas veces se critica a la ciencia occidental y que estas mujeres buscan cambiar.

Taricuarima, por ejemplo, se ha enfocado en el estudio de los peces, ya que son la principal fuente de alimento de su pueblo, los kukama, conocidos como gente de río. La idea de su primer artículo como coautora, publicado en la revista Zoonotic Parasite, surgió mientras tomaba una sopa de pescado. En las escamas, recuerda, encontró unos gusanos de color blanco y, tras analizarlos en el laboratorio, descubrió que eran dañinos para la salud.

Con la intención de proteger a las comunidades amazónicas, continuó analizando otros parásitos con potencial zoonótico presentes en los peces. “No les digo que dejen de comer, sino que les recomiendo buenas prácticas para alimentarse sin perder riqueza cultural o nuestra identidad”, explica la bióloga.

Ahora, su tesis está enfocada en analizar bacterias de aguas calientes o termófilas para degradar diferentes tipos de microplásticos, lo cuál ayudaría a proteger sus ríos. “Cada logro, lo comparto con mi comunidad. Al ser la primera en todo esto, ellos aprenden de lo que yo aprendo”, dice Taricuarima.

Una herramienta contra las amenazas

Además del contacto con la naturaleza, las amenazas que afectan su territorio también han incentivado a estas mujeres a estudiar ciencias. “La preocupación que tengo por estos peces, porque hay minería ilegal [que contamina las aguas con mercurio] y pesca, es lo que me ha motivado. Quiero proteger mis recursos y rescatar lo que aún tenemos haciendo llegar mi voz a más lugares”, explica la bióloga kukama sobre sus esfuerzos para conservar lo que aún queda para su “gente del río”.

Rosa Marina Flores Cruz conoce de cerca lo que es enfrentar los impactos negativos de actividades que ponen en riesgo a la “gente de las nubes” o Binnizá, que es el nombre con el que el pueblo zapoteco se reconoce.

La historia de la experta afrozapoteca se relaciona con la expansión de la energía eólica en Oaxaca, sobre todo, en el Istmo de Tehuantepec, que entre 2007 y 2012 vivió el crecimiento más acelerado de la energía eólica en México. Allí se ubica su natal Juchitán que, poco a poco, se fue transformando por los aerogeneradores.

“Al final, mi decisión de estudiar Ciencias Ambientales tuvo que ver con todo eso”, dice Flores Cruz. En 2007, salió de su comunidad para cursar esta carrera en Michoacán, en un campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y después una maestría enfocada en conflictos territoriales, capitalismo verde y resistencias comunitarias en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

A través de sus investigaciones, Flores Cruz también ha analizado los impactos del terremoto de septiembre de 2017 en el Istmo de Tehuantepec. Su estudio se centra en un proyecto de reconstrucción de cocinas liderado por mujeres, el cual no solo buscó reparar daños físicos, sino reactivar la economía local.

En el caso de Marisel Mamani, su respuesta ha sido contra otra amenaza: el uso desmedido de pesticidas. Según datos del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, la importación y el uso de plaguicidas en Bolivia se incrementó en un 400 % entre 2005 y 2016.

Durante su maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas, esta científica aymara logró demostrar que era posible destruir la pared celular de hongos dañinos para el mango y eliminar las larvas de la mosca de la fruta en el suelo sin uso de pesticidas. Siguiendo su línea de estudio, publicó un artículo sobre la diversidad de Trichoderma en la Amazonía boliviana y su potencial para el control de enfermedades del café sin utilizar químicos.

Para Mamani, más allá de los hallazgos, lo más importante de estas investigaciones ha sido la incorporación de los saberes locales en el proceso. “Ellos me hablan de los rituales y yo los respeto. La ciencia no puede estar separada de la parte ancestral”, dice la científica sobre su trabajo con los productores de café en las Yungas de La Paz, que son quienes aportaron con su conocimiento y, al mismo tiempo, se han beneficiado de sus hallazgos.

Rompiendo estereotipos

“Yo quería ser una Jane Goodall de Perú en la selva amazónica. Era el único ejemplo de científica que tuve por muchísimos años”, dice Paola Moreno-Roman. Esta bióloga quechua se refiere a un problema que también experimentaron sus colegas: la falta de referentes mujeres indígenas en ciencias ambientales que demostraran que este camino era posible.

Con el fin de cambiar esta realidad, Moreno-Roman es parte del proyecto Foldscope, ideado por investigadores de la Universidad de Stanford, que consiste en llevar un microscopio de papel sintético a las comunidades para fomentar el uso de estas herramientas a las cuales ni ella ni otras tantas científicas indígenas tuvieron acceso durante su infancia.

“La educación me ha abierto las puertas y es mi rol contribuir de diferentes formas, no solo con el microscopio, sino también para apoyar a las personas a que puedan usarlo y perseguir los sueños que ellos tengan”, dice la científica que estudió en Yale y en Stanford. Moreno-Roman también usa sus redes sociales, a través del perfil Yachaq Warmi (Mujeres en STEM), para difundir la ciencia y mostrar el trabajo de otras científicas de toda la región.

Por otro lado, Taricuarima espera que su incorporación a la lista The Explorers Club 50, en la que se reconoce a las personas que están aportando a la ciencia, la conservación y la exploración, motive a otras niñas a seguir su ejemplo. “Este no solo es un paso para mí, sino para las que vienen detrás. Para hacerlas sentir que son escuchadas y valoradas y que podemos hacer muchas cosas”, dice.

Quiguantar, Tapuy y Mamani no solo han sido las primeras de sus familias en obtener una licenciatura, sino también de sus comunidades, donde han demostrado que hay otras opciones para las mujeres. “A nosotras justamente nos han enmarcado en unos roles de reproducción y cuidado. Cuando iba a empezar la carrera, los comentarios eran que era una pérdida de tiempo, que ya tenía edad para casarme o mantener un marido”, cuenta Quiguantar.

Ahora, es parte del Panel Científico por la Amazonía y ha llevado su mensaje de inclusión y conservación a eventos internacionales como las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP). También publicó junto a otros investigadores un artículo sobre la necesidad de reconocer el rol de los sabedores tradicionales y proteger sus conocimientos.

Flores Cruz ha roto otro estereotipo: el de la científica de bata blanca. Tras culminar su maestría, decidió tomarse un respiro de la producción de artículos y enfocarse más en el trabajo comunitario y territorial para encontrar otras formas de investigar fuera del espacio académico.

Ahora está estudiando una licenciatura en Comunicación y forma parte del colectivo Red Futuros Indígenas, que agrupa a mujeres indígenas con formación en ciencia, humanidades, psicología y ciencias biológicas para reflexionar sobre metodologías que se impulsen desde los territorios.

El camino recorrido por estas investigadoras demuestra que la ciencia no se limita a las paredes de un laboratorio ni se valida únicamente con una publicación indexada. Al proteger los ríos, conservar la selva y defender sus recursos, están inspirando a las próximas generaciones de niñas indígenas a entender que sus entornos y las enseñanzas de sus abuelas también son parte de la ciencia.

Sus historias están transformando el panorama de la investigación en América Latina, dejando claro que el rigor académico y la identidad cultural no son caminos excluyentes. Como dice Mamani: “Hacer ciencia no es olvidar tus raíces”.

Ilustración de portada: Juan Pablo Dellacha.

El artículo original fue publicado por Isabel Alarcón en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un operativo realizado por diferentes autoridades de Colombia ha revelado el alcance de una supuesta red de deforestación que operaba en el municipio de Mapiripán, en Meta, al norte de la Amazonía colombiana. Los involucrados están acusados de acaparamiento de tierras para la presunta instalación ilegal de ganadería y plantaciones de palma aceitera. Además de las implicaciones ambientales en los ecosistemas de la región, el caso por el que se investiga a empresarios, familiares de políticos y militares retirados ya ha provocado que altos funcionarios del país denuncien amenazas.

El pasado 10 de junio, las autoridades dieron a conocer que mediante un dispositivo en el que participaron la Policía de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se ejecutaron órdenes de captura contra 17 presuntos integrantes de esta red, entre ellos un exalcalde de Mapiripán.

Para Irene Vélez, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, esta operación fue resultado de años de investigación y es solo la punta del iceberg de un caso que ha implicado el acaparamiento de 60 predios de baldíos, la deforestación de más de 52 000 hectáreas de bosque y la apertura de 68 kilómetros de vías ilegales en una región estratégica que conecta la Amazonía con la Orinoquía.

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Si bien este proceso de pérdida de bosque en Mapiripán tiene cerca de 15 años, las autoridades ambientales comenzaron a investigar esta red en 2024, tras detectar las alertas de mayor deforestación a nivel nacional en esta región.

“Fuimos descubriendo que este era el caso más emblemático que iba a tener Colombia en su historia y toda América Latina respecto a una red criminal en la que uno de los delitos es deforestación, pero no el único”, dice la ministra Vélez a Mongabay Latam y agrega que esta operación implica también el supuesto acaparamiento ilegal de tierras baldías de la Nación, lavado de activos, ganadería sin trazabilidad y procesamiento de aceites de palma sin permisos ambientales.

Dicha investigación ha estado principalmente a cargo del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF), una instancia en la que participan diversas instituciones del Gobierno y establece la política para enfrentar la deforestación en el país.

Sin embargo, el caso se ha complicado. Apenas dos días después del operativo, autoridades ambientales denunciaron amenazas directas de muerte y acciones de espionaje. Funcionarios cercanos al caso cuentan a Mongabay Latam que la que consideran la mayor investigación contra la deforestación que ha tenido Colombia se encuentra, para ellos, en la incertidumbre.

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La acelerada deforestación en Mapiripán y sus huellas en Colombia

Mapiripán ha sido un constante foco rojo en la pérdida de bosque natural. Solo en 2024 este pequeño municipio registró el 5 % de la deforestación nacional y fue uno de los nueve núcleos activos identificados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Ese año registró 6722 hectáreas, un aumento de más del 38 %, respecto a 2023.

Sin embargo, en los últimos 13 años Mapiripán ha perdido cerca de 74 000 hectáreas de bosque, un área similar al tamaño de Singapur, de acuerdo con Edersson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques del Ideam.

“Tenemos registros de una creciente dinámica de deforestación asociada a estas áreas. Originalmente esta área estaba casi en estado 100 % de conservación, teníamos áreas de deforestación muy pequeñas en 2013, unas 1900 hectáreas, pero esta superficie se ha ido incrementando. El pico de deforestación para este municipio ocurrió en 2021, cuando se deforestaron cerca de 11 000 hectáreas”, explica el especialista a Mongabay Latam.

Si bien Mapiripán ha tenido períodos de reducción, como en 2023, cuando registró poco menos de 4900 hectáreas deforestadas, en 2025 se incrementaron a cerca de 9000, de acuerdo con Cabrera.

Entre los principales motores de deforestación en esta región está la praderización, que hace que el bosque húmedo tropical, rico en biodiversidad, se transforme directamente en un área de pastos. La segunda causa es la ganadería extensiva y le siguen la apertura de vías ilegales y los cultivos de uso ilícito que se mantienen en la región.

Cabrera destaca la extensión de la ganadería y la apertura de vías ilegales para el caso de Mapiripán en los últimos años.

“El incremento del hato ganadero [ganado] en Mapiripán se ha dado específicamente en esta ventana de tiempo de los últimos 10 años, cuando se ha incrementado de forma importante, muy relacionado a ese incremento de estas áreas de deforestación acumuladas. Las áreas no se abandonan después de la deforestación, se mantienen ya transformadas en áreas de pastos. No hay recuperación, no hay restauración, no hay regeneración”, sostiene el especialista del Ideam.

En 2025, Mongabay Latam realizó un análisis geográfico con imágenes satelitales y comprobó que en el municipio había un entramado de 11 ramales de vías que en ese momento sumaban 549 kilómetros.

Estas actividades están afectando bosques estratégicos que conectan la Amazonía colombiana con la Orinoquía y que son un corredor para especies de gran importancia ecosistémica y de los cuales también dependen comunidades.

Los impactos no solo ponen mayor presión a áreas protegidas cercanas, como los parques nacionales de Picachos, Tinigua, La Macarena, Nukak y Chiribiquete. También están presentando alteraciones en resguardos indígenas, como el caso de Alto Unuma, ubicado en los municipios de Cumaribo y Puerto Gaitan; y El Tigre, en Uribe, de acuerdo con Cabrera.

“En términos de áreas protegidas, se genera una mayor presión a las áreas de conservación que están en sus alrededores y no solamente parques nacionales. Ya se están viendo afectaciones de deforestación dentro de esos resguardos indígenas cuando antes no teníamos”, expone el especialista.

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Un caso judicial por deforestación

De acuerdo con autoridades ambientales de Colombia que dialogaron con Mongabay Latam en las últimas horas, la CONALDEF ha sido la institución principal de la investigación contra esta supuesta red de deforestación. El organismo busca probar que hay un entramado criminal que se ha apoderado de terrenos rurales que no han tenido un dueño particular y son reservados por el Estado, conocidos como baldíos. Lo hacen para expandir zonas ganaderas y producción de palma de aceite.

De las 17 personas con órdenes de captura, a la mayoría se les detuvo por los supuestos delitos de deforestación y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Sin embargo, a algunos de los detenidos se les investiga también por presunto lavado de activos, acaparamiento de tierras y daño medioambiental. Del total de personas señaladas, dos de ellas se entregaron voluntariamente, de acuerdo con autoridades ambientales consultadas por este medio.

Personas cercanas a la investigación sostienen que lograr los arrestos contra los presuntos responsables ha sido particularmente difícil por la presión económica y el riesgo que implica procesar a altos perfiles involucrados.

“La norma penal de Colombia dice que la orden de captura la debe expedir el juez del lugar donde sucedieron los hechos. Eso sería en Mapiripán, donde solamente existe una jueza. Obviamente se declaró impedida por temas de seguridad, después se incapacitó para no expedir esa orden de captura”, explica a Mongabay Latam una de las personas que lidera la investigación en CONALDEF y que pide omitir su nombre por seguridad.

Tras lograr que un juez fuera del municipio emitiera las órdenes de captura y que las detenciones de 15 de los investigados (dos se entregaron voluntariamente) se realizaran, las autoridades sostienen que otra jueza encargada de una de las audiencias no legalizó la captura de ocho personas.

De acuerdo con fuentes del CONALDEF, las órdenes de captura se dividieron en dos audiencias. En una de ellas se validó la detención de siete personas, así como registros y allanamientos, mientras que en otra se resolvió no declarar legal la detención de otras ocho personas.

“Esta situación no es tan normal en el proceso penal porque si ya otro juez había emitido una orden de captura, lo único que tenía que validar era que se hubieran cumplido los requisitos formales de la captura. El caso quedó en un limbo. Algunos quedaron libres y otros quedaron con la legalización de la captura”, explica la fuente anónima.

Esto derivó en que la jueza de Villavicencio que no validó las capturas se declarara impedida y enviara el proceso de vuelta a Mapiripán, donde la jueza de la localidad se había incapacitado, por lo que no hay un juez que determine las medidas del caso, según la fuente consultada.

Una abogada experta en derecho penal ambiental en Colombia explica que si bien la legalización de la captura es un procedimiento que debe realizarse dentro de las 36 horas siguientes a la captura, el que no se haya legalizado no implica que se detenga el proceso judicial.

“Si el juez verifica que los procedimientos de captura no se llevaron a cabo de manera adecuada y que, en consecuencia, hubo afectación a las garantías constitucionales del procesado, ordenará su libertad inmediata”, explica la especialista, quien pide conservar el anonimato.

También explica que al no legalizar la captura, las personas quedan en libertad, pero continúan vinculadas a la investigación del caso.

“No existe una relación directa entre la libertad del capturado y la evidencia del proceso, pues los elementos probatorios que ya se encuentren bajo custodia de la Fiscalía, estarán protegidos para su utilización en juicio. La persona vinculada deberá continuar atendiendo los requerimientos de la Fiscalía y de los jueces de la república, aun estando en libertad luego de no legalizada su captura”, dice la abogada a Mongabay Latam.

Para la experta, estas resoluciones no implican necesariamente algún tipo de estrategia que utilicen las personas señaladas en casos penales para desgastar el proceso judicial.

“La no legalización de captura no implica la detención del trámite, sino que se traduce en que aquel continuará, pero la persona estará afrontando el proceso sin privación de su libertad. La decisión de los jueces frente a las capturas depende exclusivamente del acatamiento a los procesos legales, lo que varía en cada caso en particular”, insiste.

Mongabay Latam se comunicó con la Fiscalía y no obtuvo respuestas sobre las razones por las cuales la juez de Villavicencio desestimó las ocho capturas. También intentó dar con los jueces que intervienen en el caso pero no fue posible ubicarlos.

Personal del CONALDEF que ha trabajado en la investigación sostuvo en diálogo con este medio que el caso contra esta red de deforestación se encuentra en riesgo no solo por la liberación de presuntos responsables, sino también por la validez de las pruebas recabadas.

“Es la primera investigación que se ha hecho en términos de deforestación, es la primera vez que se está probando un agravante que es el de acaparamiento de tierras, que no es fácil probarlo jurídicamente y que tiene un componente financiero internacional y nacional. Esos resultados van a ser muy importantes para el país”, advierte la fuente sobre el proceso judicial.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, una de las personas señaladas en el caso es Carlo Vigna Tagliante, director general de la empresa Poligrow, dedicada a la extracción de aceite de palma con una planta ubicada en Mapiripán.

Mongabay Latam contactó a la empresa de Poligrow para conocer su versión sobre los señalamientos en el caso. Sin embargo, la compañía descartó dar un posicionamiento ante la investigación en curso. También señaló que ni la empresa ni su personal fueron citados a las audiencias, al “no existir imputación alguna” en su contra hasta la fecha.

“Tenemos toda la tranquilidad de haber siempre operado respetando las normas legales y aplicando los más altos estándares de sostenibilidad que nos permitirán demostrar nuestro buen actuar”, sostuvieron en su respuesta.

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Denuncias de amenazas y espionaje contra autoridades ambientales

Autoridades ambientales aseguran que diferentes personas involucradas en la investigación del caso y el proceso judicial han recibido intimidaciones e incluso amenazas de muerte, entre ellos fiscales, abogados e incluso la ministra de Ambiente, quienes las recibieron simultáneamente mediante llamadas, mensajes y correos. Las intimidaciones llegaron tras las detenciones.

“Están intentando amedrentarnos para que no tomemos las decisiones que en el caso nos competen, peor aún, están explícitamente pidiendo que cerremos el caso”, dice Vélez a Mongabay Latam al hablar de las amenazas.

Vélez narra que el viernes 12 de junio exactamente a las 3:48 de la tarde, ella y personas cercanas a la investigación recibieron intimidaciones. Tras presentar la denuncia, la ministra sostiene que cerca de la medianoche detectó un artefacto de inteligencia en su apartamento.

“Hubo un despliegue de algo que creemos que se llama acoustic array que es un dispositivo de grabación y de emisión de sonido que se desplegó sobre mi balcón. Es un dispositivo tecnológico que se utiliza para inteligencia”, explica la ministra.

Pese a que presentó la denuncia ante la Fiscalía y a que cuenta con un esquema de seguridad, Vélez dice que vive un ambiente de gran vulnerabilidad por su trabajo institucional.

“Uno siente que el poder que está detrás de esto es tan grande que las medidas, a pesar de que somos el Estado, parecieran insuficientes para garantizar nuestra seguridad. Me parece difícil de creer que esto le pase a un ministro en un país democrático”, dice a este medio.

La ministra de Ambiente asegura que buscarán principalmente salvar el caso y que puedan continuar el proceso judicial para dar a conocer las pruebas sobre la presunta red de deforestación.

“Estamos hablando de por lo menos cuatro países involucrados en el lavado de activos, donde operan algunas compañías. Es un crimen organizado internacional. La responsabilidad que tenemos con nuestra Amazonía y Orinoquía es proteger el bosque, pero también asegurar que este tipo de crímenes ambientales adquieran una relevancia internacional”, advierte Vélez.

*Imagen principal: las imágenes de satélite dejan ver cómo las vías se van extendiendo y arrasando con la selva de Mapiripán. Foto: Google Earth.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Tres pares de medias térmicas y otras de lana. Dos licras. Dos pantalones. Suéter, chaqueta. Guantes plásticos hasta el hombro y un traje de pescador de cuerpo completo. Con estas prendas se prepara el profesor Mario Londoño antes de cada inmersión en el océano Antártico. Lo esencial, explica, es evitar que el agua, con una temperatura inferior a la de un refrigerador, toque alguna parte del cuerpo.

Una vez abajo, el fondo marino se convierte en su laboratorio. Con ayuda de una pala remueve el sedimento y recoge pequeñas muestras en busca de gusanos marinos casi imperceptibles: los poliquetos (Polychaeta). En estos organismos diminutos, enterrados en la arena, Londoño busca respuestas sobre la temperatura, la acidez y la salud del agua.

Ese mismo trabajo lo ha hecho durante más de dos décadas en el Caribe colombiano, aunque con muchas menos capas de ropa. Allí ha estudiado a los poliquetos como bioindicadores del estado ecológico de los ecosistemas marinos. Estos invertebrados acuáticos habitan el fondo oceánico, se alimentan del sedimento y su presencia, o ausencia, puede revelar alteraciones ambientales, contaminación o cambios en la dinámica del océano.

Con esa experiencia a cuestas, Londoño ha participado en cuatro de las 12 expediciones científicas que Colombia ha realizado en la Antártida, uno de los lugares donde el calentamiento global muestra avances más acelerados. Allí el investigador estudia cómo responden estos gusanos al aumento de la temperatura y a la acidificación del mar, y qué pueden anticipar sobre el futuro de la vida oceánica.

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En entrevista con Mongabay Latam, Mario Londoño habla sobre sus más de 20 años estudiando poliquetos, los hallazgos que han dejado las expediciones colombianas al continente blanco y las preguntas que estos organismos plantean frente al avance del cambio climático.

—¿Cómo llega usted a estudiar los poliquetos?

—Siempre quise estudiar organismos marinos, los que no todo el mundo quiere estudiar. Quienes se han dedicado al mar han preferido estudiar delfines, ballenas, tortugas marinas, todos estos animales carismáticos, pero yo quise irme por un grupo que no fuera tan estudiado.

A finales de los 90, un profesor del Instituto de Estudios Caribeños de la Universidad Nacional con sede en San Andrés, Colombia, me ofreció estudiar unos gusanos marinos asociados a las raíces de los manglares de San Andrés y Providencia. Me pareció que era una muy buena oportunidad para trabajar con organismos que no fueran ampliamente estudiados en Colombia.

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—¿Por qué es importante estudiar los poliquetos? ¿Qué se puede conocer a través de estos gusanos?

—Todos los grupos tienen su importancia ecológica, solo hay que descubrirla. La importancia de los gusanos marinos es que son indicadores de la calidad del agua. Algunos de ellos resisten condiciones extremas de contaminación, por lo tanto, si uno encuentra estos organismos, pero no otros, uno puede decir que esa agua está contaminada. Por el contrario, si uno encuentra aquellos que son muy sensibles a la contaminación es porque esa agua está poco contaminada.

De esta forma se van convirtiendo en bioindicadores del estado de salud del ecosistema. No solamente en cuanto a contaminación sino también a nivel ecológico sin intervención humana. Si están presentes es porque hay un recurso alimenticio debajo de ellos y ellos son a la vez el recurso alimenticio de otros organismos. Así como los tiburones son carismáticos por su forma y comportamiento, los gusanos marinos tienen el carisma de revelar secretos del ecosistema.

—Usted investiga los poliquetos en las costas de Colombia. ¿Cómo terminó vinculándose a las expediciones científicas que ha hecho el país en la Antártida?

—Me involucré en la segunda expedición (2015/2016) para estudiar los gusanos marinos como indicadores de la riqueza de biodiversidad en el lugar que teníamos más cercano y con más posibilidades de estudiar, que era la Isla del Rey Jorge en la Península Antártida.

Para la tercera expedición colombiana nos planteamos la pregunta de si la Península Antártida es la que más está cambiando con el impacto del aumento de la temperatura superficial del océano. ¿Cómo este cambio climático afectará a estos gusanos marinos? ¿Qué pasaría si estos gusanos se estuvieran acalorando? ¿Cuál sería la respuesta fisiológica de ellos? Para nosotros es muy fácil: respirar y tomar agua fría, pero ellos no tienen esa opción, no pueden evadir este aumento de la temperatura.

Entonces, lo que hicimos fue estresar térmicamente a los gusanos y evaluar fisiológicamente, a través de biología molecular, cuál es su respuesta a todo el estrés celular que provoca el aumento de la temperatura. Los estresamos a 2 y 4 grados centígrados por encima de la temperatura en la que los encontramos.

—¿Al poner los gusanos a una temperatura mayor a la que se encuentran, se busca predecir cómo se van a comportar cuando el océano llegue a ese punto?

—Exactamente. Lo que estamos viendo en este momento, y hacia el futuro cercano, es un evento acelerado de cambio climático donde la temperatura superficial del océano va a aumentar en la Antártida, en el Caribe, en todas partes. Por lo tanto, los organismos, no solamente los gusanos marinos, sino todos, van a tener que resistir ese aumento de la temperatura superficial. Si no resisten, van a desaparecer. Entonces, lo mismo que estamos haciendo en la Antártida lo estamos haciendo en el Caribe colombiano para evaluar qué grupo de organismos va a resistir más ese efecto del aumento de la temperatura y cuáles podrían extinguirse en un futuro cercano.

Lo que hemos encontrado es que los gusanos y, en general, los organismos antárticos, tienen mayor resistencia al cambio de temperatura que los caribeños porque en el trópico no cambia tanto el rango de temperatura en el océano, mientras que en la Antártida el cambio es mucho más fuerte. Entonces, la fisiología de los gusanos marinos está adecuada a esos grandes cambios a lo largo del año. Tenemos una hipótesis que estamos corroborando, en la que pensamos que los organismos antárticos posiblemente sean los que más resistan un evento de estrés térmico en el océano, más que los tropicales. Los gusanos marinos nos están mostrando cómo está cambiando el océano.

—¿Cuál es la especie de gusano que están estudiando puntualmente y por qué?

—Se llama Microspio moorei. Lo seleccionamos porque lo encontramos en abundancia, sobrevive mucho tiempo y se puede tener muy fácilmente cautivo en peceras porque es del tamaño de un grano de arroz.

Lo interesante de este gusano es que no se había identificado desde 1911, cuando el autor [Charles Gravier] lo hizo por primera vez para la ciencia. Nosotros, al hallar un montón de organismos, comparamos la descripción original y vimos que le faltaban muchos datos de morfología, entonces completamos toda esta información, [lo redescribimos] para que alguien que venga detrás de nosotros a estudiar este gusano sepa realmente cómo identificarlo.

Fue importante aclarar la taxonomía y la identidad del poliqueto para poder tener la seguridad de que estábamos trabajando con la misma especie.

Yo me encargo, entre comillas, del trabajo sucio: meterme al agua, recolectarlos e identificarlos desde la morfología. Mis colegas trabajan más desde la biología molecular. Esa combinación de áreas nos ha permitido incluso avanzar en la identificación de nuevas especies de gusanos para la ciencia en la Bahía Fildes.

—Ahora están realizando una investigación secundaria de este mismo tema, lo que llaman un espejo de investigación. ¿En qué consiste?

—A la par de que hacemos todo esto de biología molecular con cambio climático, estamos evaluando la diversidad y riqueza de especies de la Bahía Fildes porque la zona está llenándose cada vez más de buques, barcos, turistas e investigadores de otros países. Pensamos que el estudio de los poliquetos puede ser una oportunidad para estudiar el impacto ambiental de todo esto.

Hemos encontrado alrededor de 35 especies diferentes de poliquetos en la Bahía Fildes. Evaluamos estos organismos que son susceptibles o resistentes a los contaminantes ambientales, a la vez que estamos creando una base de datos con información que sirva para comparar en un futuro cercano la información: qué especies vienen, qué especies desaparecen, y eso nos va dando un flujo ecosistémico de deterioro o de cambio ambiental.

—¿Y qué cambios han podido identificar entre las diferentes expediciones?

—A nivel del océano hemos podido medir, siempre en febrero, un aumento de la temperatura del agua de alrededor de un grado centígrado entre la primera expedición y la última, que parecería muy poco, pero es demasiado. Por eso es que hemos insistido en el tema del estrés térmico.

En la expedición más reciente también empezamos a jugar con otra variable: la acidificación del océano. Hemos observado una disminución progresiva del pH, asociada a la absorción de dióxido de carbono (CO2) atmosférico por parte del mar. Ese CO2 forma ácido carbónico y modifica lentamente la química del agua.

—¿Cómo funciona la articulación con otros países? ¿Qué aporta Colombia a la investigación en la Antártida?

—Nos tenemos que unir a aquellos que llevan un recorrido enorme en la Antártida, como Chile o Rusia. No podemos desconocer a aquellos países que han hecho tanta investigación y que nos están dando un espacio para que podamos ser países consultivos, que es lo que queremos.

En este momento somos un país adherente al Tratado Antártico, es decir, con voz pero sin voto. Al ser un país consultivo tendríamos voto y podríamos pensar incluso en instalar una base científica en la Antártida. Mientras no tengamos esa denominación tenemos que unirnos a quienes tienen experiencia. Nosotros, como biólogos en un país megadiverso, tenemos una experiencia enorme midiendo biodiversidad. Estamos más que preparados para estudiar la diversidad en la Antártida.

*Imagen principal: una pala es el instrumento con que el profesor Londoño remueve el sedimento y recoge pequeñas muestras en busca de los poliquetos. Foto: cortesía Mario Londoño.

El artículo original fue publicado por Luis Bonza en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Este domingo, Colombia decidirá quién será su próximo presidente: el candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda, del Pacto Histórico; o el opositor de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Ambos han ampliado recientemente las propuestas ambientales en sus planes de gobierno, las cuales se enfrentan principalmente en la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Después de la primera vuelta, cuando De la Espriella ganó con un porcentaje del 43.74 % frente al 40.90 % de Cepeda, los candidatos emitieron nuevos documentos como parte de sus planes de gobierno, en los que profundizan las propuestas en temas como deforestación, minería ilegal, combustibles fósiles y adaptación climática. También, en la situación de personas defensoras del territorio y derechos humanos.

La campaña de Cepeda y su candidata vicepresidencial, Aida Quilcué, publicó recientemente el documento “Tres Revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, donde detalla más a fondo con respecto a su plan anterior las medidas para una agenda ambiental centrada en justicia climática y atención a las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

Por otro lado, De la Espriella, junto con José Manuel Restrepo como candidato vicepresidencial, emitió la agenda ABC (Agua. Biodiversidad. Comunidades), en la que plantea la bioeconomía y la protección ambiental como un asunto que se vincula con la productividad económica, la seguridad y la inversión.

Mongabay Latam analizó estos planes de gobierno junto a expertos y consultó a quienes asesoran a los candidatos para contrastar las dos visiones ambientales que si bien coinciden en algunos temas prioritarios difieren en iniciativa y estrategia.

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Defensores del territorio, entre estrategias de seguridad y de derechos humanos

Ambas campañas reconocen la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio y de derechos humanos, pero sus propuestas plantean diagnósticos y caminos diferentes para enfrentar un problema que afecta a Colombia desde hace décadas.

Como parte de una “revolución ética”, la campaña de Cepeda propone mantener la iniciativa de Acuerdos de Paz, diálogo social y medidas de protección a comunidades y personas defensoras. También plantea la creación de la “Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida» y un fondo para su sostenibilidad, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el ejercicio de su labor.

“Las comunidades indígenas jugarán un papel activo y protagónico en la política de paz del gobierno», afirma en documento.

Uno de los programas de bienestar social también incluye una remuneración económica para al menos 5000 líderes sociales en regiones de alto riesgo, buscando garantizar “condiciones materiales de dignidad y estabilidad para quienes dedican su vida a la defensa de las comunidades”.

En tanto, la campaña de De la Espriella aborda la violencia ambiental como un enfoque de seguridad y, ante la ausencia del Estado, plantea la recuperación del control territorial frente a los grupos armados mediante un control “militar-policial” en zonas críticas.

La bióloga marina Sandra Bessudo, fundadora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos y asesora ambiental de la campaña de De la Espriella, aseguró a Mongabay Latam que la protección de líderes ambientales, sociales y comunitarios debe acompañarse del fortalecimiento en justicia, inteligencia y la fuerza pública.

“La mejor política para proteger a los líderes ambientales es derrotar a las organizaciones criminales que hoy están detrás de la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y buena parte de la violencia que golpea a la Amazonía, el Cauca y otras regiones del país”, dijo la ambientalista en diálogo con este medio.

Un dato: ninguna de las campañas menciona entre sus propuestas mejorar la implementación del Acuerdo de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental de Latinoamérica que enfrenta grandes retos para lograr la protección de personas defensoras del territorio en Colombia, que en 2025 tuvo el año más violento para este sector desde la asunción de Gustavo Petro.

Laura Restrepo, de la organización Climate Action Network Latin America (CANLA), advierte varios vacíos en ambas propuestas sobre cómo abordar la protección de líderes ambientales frente a la realidad del país.

“Hace falta un abordaje integral de las rutas para defender derechos de los y las defensoras del ambiente y los derechos humanos, entre otros”, dijo la oficial de incidencia de la organización internacional.

Para Natalia Escobar, coordinadora de justicia ambiental de la organización DeJusticia, hace falta una mayor perspectiva de derechos humanos en el plan presentado por De la Espriella.

“Es necesario el reconocimiento de la relación de ambiente y derechos humanos y que las comunidades no sean vistas como beneficiarias de programas, sino también sus propuestas de conservación que hoy día también son las que han mantenido y han sostenido el bosque”, afirmó.

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Fórmulas repetidas contra la deforestación

Las candidaturas que buscan la Presidencia de Colombia identifican varios motores de la deforestación en las economías ilegales y el crecimiento desordenado de actividades, como la expansión ganadera, el acaparamiento de tierra y de la frontera agropecuaria, así como en débil presencia del Estado en zonas críticas, pero nuevamente difieren en las alternativas.

De la Espriella plantea la persecución penal a financiadores y promotores de la deforestación, un sistema de alerta con monitoreo satelital y contención de la frontera agrícola en ecosistemas estratégicos. Pero, además, pone el foco en una visión económica y propone el impulso de la bioeconomía para “transformar conocimiento, recursos biológicos y capital natural en nuevos mercados, cadenas productivas y ventajas competitivas para el país”.

“La campaña plantea que la deforestación no se enfrenta solo con fuerza pública. Se propone avanzar en titulación y catastro multipropósito, fortalecer sistemas agroforestales, productos no maderables del bosque, turismo de naturaleza, pagos por servicios ecosistémicos, restauración remunerada y cadenas productivas legales”, explicó Bessudo.

La experta que asesora al candidato de ultraderecha agrega que en regiones como la Amazonía y Parques Nacionales se buscará crear alternativas económicas para que “conservar sea más rentable que deforestar”, así como medidas que incluyen fortalecer los pagos por servicios ambientales, créditos de biodiversidad, bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y esquemas de financiamiento climático.

En tanto, Cepeda propone como parte de la “revolución ambiental” y agraria impulsar medidas como una nueva Ley de Ordenamiento Territorial construida con las comunidades y territorios, teniendo como principios el respeto por el agua, la biodiversidad y la diversidad cultural de Colombia.

“Promoveremos estatutos especiales para regiones estratégicas como la Amazonía y el Pacífico, orientados a consolidar modelos de desarrollo sustentados en la protección ambiental, la soberanía territorial y las economías regenerativas”, sostiene la campaña que también busca cumplir con la meta de cero deforestación 2030.

En este tema, Escobar considera que ambos planes retoman fórmulas pasadas para frenar la deforestación.

En el caso de Cepeda, la especialista detecta dos elementos que dan continuidad a la política del actual presidente Gustavo Petro: un modelo de inteligencia militar y los pactos territoriales con comunidades, una estrategia que le ha permitido a la actual administración reducir la deforestación durante el primer tramo de gobierno, señala.

“No hay mucha profundización desde su plan de gobierno en el tema de forestación, pero deja claro que busca avanzar alrededor de una estrategia de inteligencia y de seguimiento de grandes capitales alrededor de la deforestación, que da como resultados, por ejemplo, las capturas de [supuestos deforestadores] de la semana pasada en el Meta”, aseguró la especialista a Mongabay Latam.

En la propuesta de De la Espriella, la experta ve una estrategia similar a la del expresidente Iván Duque, que aborda la deforestación como un problema únicamente de economías criminales.

“Está retomando la estrategia de comando y control, militarización de parques nacionales, una tesis que planteó Iván Duque en el pasado cuando implementó el modelo de Operación Artemisa”, sostuvo Escobar y agregó que es una visión incompleta del fenómeno. “La investigación que hemos realizado alrededor de la deforestación y ganadería da cuenta efectivamente de un rol sobre el vínculo con economías ilegales, pero también una participación directa de la economía formal y lícita dentro del proceso”, explicó.

Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que si bien los nuevos planes de gobierno dan mayor importancia a los temas ambientales no se plantean de forma integral reconociendo sus complejidades.

“Lo fácil de comunicar y gana votos es decir ‘combate a la ilegalidad’, pero la complejidad y lo que está debajo de la punta del iceberg es la comida, la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería y el acaparamiento de tierras. El reconocimiento de esa complejidad es lo que no estamos viendo en ninguno de los programas”, dijo el especialista a Mongabay Latam.

De acuerdo con el plan del candidato de la izquierda, se busca transformar los núcleos activos de pérdida de bosque en territorios de restauración y bioeconomía comunitaria, a través de figuras como las concesiones forestales campesinas y otros mecanismos de ordenamiento territorial.

“Esta estrategia tendrá especial prioridad en regiones como la Amazonía, el Bajo Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar”, detalla el documento.

También se busca implementar y articular la figura de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), así como sus sistemas propios y jurisdicciones en salud, educación, ambiente, justicia e infraestructura desde los gobiernos propios. “Esta apuesta implica superar las limitaciones que han impedido su materialización y avanzar hacia una administración integral del territorio desde el principio del reconocimiento de los gobiernos indígenas”, subraya la plataforma.

Mongabay Latam buscó en repetidas ocasiones a la exministra y coordinadora de Ambiente de la campaña de Iván Cepeda, Susana Muhamad, para ahondar en las propuestas ambientales clave del candidato, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

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Leyes contra la minería ilegal

Tanto De la Espriella como Cepeda coinciden en la amenaza socioambiental que representa la minería ilegal, especialmente por su vinculación al mercado internacional de oro y el control que grupos armados tienen sobre esta actividad en los territorios. Proponen diferentes respuestas, como cambios en la ley para enfrentar el fenómeno.

La campaña de De la Espriella plantea una Ley contra la Extracción Ilícita de Minerales que diferencia la “minería criminal, minería informal, minería de subsistencia, minería ancestral y pequeña minería en proceso de formalización”.

En este proceso plantea distintos plazos para la conversión de quienes se dedican a esta actividad: después de 18 meses, quien no haya iniciado el trámite será considerado “operador de extracción ilícita”.

“Reformaremos el canon superficiario para castigar los títulos especulativos», dice el programa. Además, plantea crear varios órganos y estrategias específicos en el Estado: Planes Mineros Unificados a nivel departamental y municipal; y «un Área Especial de Control Territorial contra la Extracción Ilícita, donde el Ejército y la Policía tendrán un rol protagónico y permanente en las zonas críticas (Bajo Cauca y La Mojana, Chocó biogeográfico y Cauca-Nariño)”, detalla la propuesta de Defensores de la Patria.

Sobre los proyectos de minería legal, Bessudo asegura que deberán contener “estrictas medidas de corrección, mitigación, compensación y restauración” por parte de los responsables. “En relación con las autoridades de otros países para atender economías ilegales, se promoverá una cooperación y monitoreo real Estado a Estado y con las autoridades de los países limítrofes, así como esquemas de cooperación con países más desarrollados en temas tecnológicos y control de economías ilegales y deforestación”, agregó.

Si bien el ABC de la campaña de De la Espriella sostiene que se deberán cumplir estándares ambientales y sociales rigurosos, esto contrasta con los pronunciamientos que ha realizado el candidato sobre mecanismos como la consulta previa, libre e informada a comunidades, al cual ha calificado como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Mientras tanto, Cepeda propone crear una nueva Ley Minera que “ordene socioambientalmente la actividad”, con la participación ciudadana y mayor participación del Estado para recuperar su control en el sector.

“Trabajaremos por el retorno del Estado al ciclo minero, buscando su participación directa en la producción, transformación y comercialización, así como en la industrialización del sector. Esto permitirá fortalecer economías locales, reducir la informalidad mediante alianzas con las comunidades mineras y avanzar en la superación del modelo extractivo”, señala la propuesta.

Andrés Camacho Morales, exministro de Minas y Energía en el gobierno de Petro y parte del comité programático de Cepeda, afirmó a Mongabay Latam que la campaña del candidato plantea fortalecer un monitoreo de elementos estratégicos contra la actividad ilegal en el país.

Camacho considera que Cepeda asume avanzar con el legado de Petro en algunas cuestiones: un monitoreo sobre los minerales estratégicos, mecanismos para la trazabilidad, principalmente en el oro, donde el aumento de los precios ha tenido impactos también por la minería ilegal. «Ahí la tecnología será clave y se requiere una mayor presencia institucional del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería”, reconoció Camacho.

Afirmó, además, que la propuesta de fondo también es un nuevo modelo minero.

“Nuestro candidato ha señalado la necesidad de una nueva ley minera que permita resolver problemas del pasado, de informalidad e ilegalidad pero también garantizar un ejercicio soberano y responsable de la minería”, afirma.

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Fany Kuiru Castro, líder del pueblo uitoto e integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), sostiene hay una preocupación de los pueblos indígenas ante varias de las propuestas que abordan economías ilícitas en la región.

“Estamos proponiendo la recuperación, la restauración y la regeneración del 80 % de la Amazonía porque según los estudios la degradación ya ha avanzado”, sostuvo la dirigente durante un seminario organizado por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

También cuestionó los planteamientos que sólo se centran en el aspecto de la seguridad. “El Gobierno y los Estados han creído que hacer presencia en los territorios más alejados es militarizar. Estamos repitiendo la misma historia y agravando la situación de derechos humanos. Se requieren políticas públicas claras, de frontera y que por fin hablemos de temas regionales y globales”, sostuvo.

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Extremos energéticos en campaña más allá del fracking

La política energética es quizás el tema donde los candidatos presidenciales tienen mayores diferencias en sus propuestas de gobierno. Por un lado, Cepeda se ubica en una posición que busca la descarbonización acelerada, prioriza la salida de los combustibles fósiles y la expansión de las energías renovables. En cambio, De la Espriella se mantiene en la explotación de los hidrocarburos por sus beneficios fiscales y económicos.

La campaña de De la Espriella argumenta que la transición energética debe ser ordenada y no un “salto al vacío». Si bien señala que habrá un impulso a la energía solar, eólica e hídrica, el candidato ha dado mayor prioridad a la extracción de combustibles fósiles.

Incluso ha propuesto la explotación del fracking «con responsabilidad ambiental». Su campaña sostiene que mediante “pilotos regulados, evaluados con la mejor ciencia disponible y veeduría independiente” se buscará decidir con evidencia científica.

“La campaña no propone desarrollar fracking en Parques Nacionales ni en ecosistemas estratégicos, páramos, humedales Ramsar, zonas de recarga hídrica, acuíferos estratégicos”, aseguró Bessudo, asesora de la campaña.

De acuerdo con la especialista, el uso de fracking se tiene pensado en lugares donde “no existan determinantes ambientales que la hagan inviable». «Todas las decisiones respecto al impulso del fracking se toman con rigor científico, legal y social”, argumentó.

Sin embargo, la campaña omite información y evidencia sobre los impactos de esta actividad en las fuentes de agua, el ambiente y la salud de las personas expuestas a sus efectos.

Por otro lado, Cepeda se ha pronunciado abiertamente contra esta técnica de explotación del gas y petróleo en el subsuelo argumentado que bajo esta lógica se han perdido ecosistemas.

El candidato, que propone avanzar hacia una transición “democrática y participativa”, plantea acelerar el cambio de la matriz energética del país para alcanzar al menos 10 gigavatios de energías renovables no convencionales mediante el desarrollo de fuentes más limpias como la solar y la eólica.

Al mismo tiempo, Cepeda propone que Ecopetrol, la mayor empresa petrolera de Colombia, no sea privatizada. “La defenderemos como patrimonio público y eje de la transición energética, consolidándose como una empresa multienergética que fortalece su base en hidrocarburos mientras avanza en energías limpias como la solar y la eólica”, sostiene.

Como asesor de la campaña, Camacho destacó la propuesta de verificación y reorientación en el sistema de regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos para que la riqueza ayude a combatir desigualdades.

“Iván Cepeda ha propuesto nuevos mecanismos participativos para que junto con las comunidades se defina el uso y se verifique cómo se van utilizando esos recursos de la extracción», afirmó. Además, planteó que esos recursos sean destinados también al apalancamiento financiero para que las regiones y los territorios puedan avanzar en la transición energética.

Promesas de adaptación, ante la crisis climática

Las dos candidaturas también reconocen que los efectos de la crisis climática ya se viven con sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y fenómenos extremos, pero difieren en las propuestas para adaptarse a la nueva realidad.

Cepeda propone una reforma a la ley de servicios públicos que incorpore mecanismos de adaptación y mitigación climática, enfocada en la protección de las cuencas hídricas, la restauración ecológica y nuevas fuentes sostenibles de abastecimiento de agua en regiones especialmente vulnerables.

“Nuestro propósito será avanzar hacia una verdadera convergencia entre el Sistema Nacional Ambiental, las políticas de cambio climático y los sistemas de gestión del riesgo», dice la plataforma de la izquierda. La principal estrategia de prevención de la crisis climática, dice, se basa en la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los territorios y el cuidado del agua.

En tanto, De la Espriella se enfoca en mecanismos para generar financiamiento y recursos que permitan movilizar inversión, aumentar competitividad y “convertir el capital natural en una fuente sostenible de crecimiento económico”.

Roa-Clavijo señala que el programa de De la Espriella tiene acciones más claras que el de Cepeda en cuanto a medidas de adaptación, sin embargo considera que ambas son muy ambiguas para los efectos que ya se viven en Colombia por la crisis climática.

“La adaptación no se puede quedar solamente dentro de un eje ambiental, tiene que estar transversal en la salud, en la economía, en la productividad, en el turismo. Vemos que está mencionado, como un saludo a la bandera por mencionar el tema, pero no se desarrolla de manera mucho más específica”, señaló el académico.

También advierte que quien gane deberá inmediatamente trabajar en la entrada del fenómeno de El Niño para lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027.

“Ambientalmente, quien llegue a la Presidencia va a tener que mostrar su capacidad para gestionar los desafíos que esto va a tener. Tendrá que activar rutas de reacción rápida, una línea de prevención, un enfoque que el país por muchas décadas no ha tenido. La pregunta es cómo van a hacer una propuesta de largo plazo de prevención y no solamente de atención a la emergencia”, advirtió Roa-Clavijo.

* Imagen principal: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella buscarán ganar la Presidencia de Colombia este 21 de junio. Fotos: Facebook Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cada año, el 16 de junio, se conmemora el Día Mundial de las Tortugas Marinas. La fecha llega este año con un panorama que mezcla esperanza y urgencia. Un estudio global publicado por el Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reveló que décadas de esfuerzos de conservación están dando resultado. Más del 40 % de las poblaciones de tortugas marinas son consideradas actualmente de bajo riesgo y baja amenaza, frente al 23 % registrado en 2011. Sin embargo, el mismo estudio advierte que la pesca incidental sigue siendo la amenaza más urgente para las tortugas marinas en todo el mundo, junto a otros riesgos como el desarrollo costero, la contaminación por plásticos, el cambio climático y la captura directa de tortugas y sus huevos.

En América Latina, tres historias iluminan tanto los avances como los desafíos que enfrentan estas especies en el Pacífico y el Atlántico Sur. En Ecuador, investigadores descubrieron que dos playas de la provincia de Esmeraldas son refugios únicos en el Pacífico Oriental para la resiliencia de las tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea) frente al cambio climático.

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En Colombia, las comunidades afrodescendientes del Chocó protagonizan una transformación profunda: de consumir tortugas a protegerlas, mientras la ciencia advierte la necesidad de acompañar esas iniciativas para que sean realmente beneficiosas. Y en Argentina, un equipo de investigadores logró por primera vez rastrear por satélite a machos de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) en el Atlántico Sur, develando los movimientos de los individuos más desconocidos de la especie más grande de todas.

Ecuador: el refugio de tortugas macho

En la costa noroccidental de Ecuador, donde el bosque del Chocó llega hasta el mar y una capa permanente de nubes filtra la luz del sol, dos playas guardan un secreto que la comunidad científica tardó décadas en descubrir: casi todas las crías de tortuga golfina que nacen allí son machos.

El hallazgo, publicado en octubre de 2025 en la revista Climatic Change, podría ser una de las noticias más importantes para la conservación de tortugas marinas en el Pacífico Oriental. Y su historia comenzó, casi por casualidad, con una pregunta sobre el cambio climático.

«Necesitábamos un bioindicador para evaluar los efectos del cambio climático en comunidades pesqueras», recuerda Rubén Vinueza Chérrez, biólogo marino y uno de los autores del estudio. En 2017, trabajando con la cooperación técnica alemana en el proyecto Procambio, propuso a los reptiles —y en particular a las tortugas marinas— como esa ventana para leer el clima. La razón es biológica: el sexo de las tortugas depende de la temperatura de incubación de los huevos. A más calor, más hembras. A más frío, más machos.

Lo que encontraron al instalar los primeros sensores en los nidos de Portete y Galera —en la provincia de Esmeraldas, al norte de Ecuador— fue sorprendente. Las temperaturas promedio de incubación fueron de apenas 27 °C en Portete y 27.3 °C en Galera, muy por debajo de los más de 30 °C que se registran en la mayoría de playas de anidación del mundo. El resultado: entre el 99.9 % y el 99.3 % de las crías nacidas entre 2018 y 2022 fueron machos.https://www.youtube.com/embed/eJ2w6CRTfM8?si=XAWtnbiuwwYOaRxU

Tortuga golfina anidando en playa Portete, Ecuador. Video: Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez-Flores. 

Estos resultados son clave. De hecho, en la gran barrera de coral, en Australia, hasta el 99 % de las tortugas verdes que nacen son hembras, al igual que en el norte de Chipre. En Turquía, la cantidad de tortugas nacidas hembras alcanza el 74 %. Esta tendencia, asegura la investigación, “conlleva una marcada desproporción entre sexos que puede afectar el éxito reproductivo y, por consiguiente, la viabilidad a largo plazo de las poblaciones, así como la reducción del éxito de eclosión”.

“Para la comunidad científica es urgente encontrar estas zonas que podrían ser refugios del cambio climático. Necesitamos definir qué playas están todavía generando machos”, explica Vinueza Chérrez.

La clave está en la geografía. Portete y Galera se encuentran dentro del corredor del Chocó, uno de los ecosistemas más húmedos del planeta. La presencia de bosque, la nubosidad constante y la humedad reducen la entrada de radiación solar, manteniendo las temperaturas locales significativamente más bajas que en otras zonas tropicales de anidación. Además, la temporada de anidación de la golfina —de agosto a noviembre— coincide con los meses más frescos del año en la región.

El estudio proyectó las temperaturas futuras de los nidos bajo tres escenarios del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Las conclusiones son alentadoras: incluso en el peor escenario posible —el de desarrollo intensivo en combustibles fósiles—, la probabilidad de que las temperaturas superen los 30.5 °C (el umbral a partir del cual se producen hembras) llegaría al 71 % en Portete y al 68 % en Galera hacia finales de siglo. En otras palabras, aun en ese escenario extremo, una porción relevante de los nidos seguiría produciendo machos.https://www.youtube.com/embed/97Sta8sVHIc?si=LOOWgIB6ncCwzNIk

Eclosión de tortugas marinas en playa Portete, Ecuador. Video: Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez-Flores. 

Sin embargo, el futuro de estas playas no depende solo del clima. Portete, aunque protegida, enfrenta la presión del turismo de un hotel cercano en Mompiche. Galera, más inaccesible, está por ahora más resguardada. Ambas integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador, pero «ser área protegida no garantiza el cien por ciento», advierte Estefanía Sánchez-Flores, coautora del estudio e investigadora en ingeniería ambiental. La urbanización, los perros sueltos en las playas, las luces artificiales y la pesca incidental siguen siendo amenazas reales. Conservar estos refugios, concluyen los investigadores, requiere no solo proteger el clima, sino también el bosque y la oscuridad de la noche.

Colombia: una tortuga viva vale más que una tortuga muerta

En Nuquí, un municipio del departamento del Chocó colombiano, hay personas que cada noche, entre julio y diciembre, recorren la playa esperando el rastro inconfundible de una tortuga que sube a desovar. Cuando la encuentran, esperan en silencio hasta que termina. Luego recogen los huevos y los trasladan a corrales protegidos donde permanecerán hasta la eclosión. El propósito del traslado es proteger los nidos de las mareas que pueden arrastrar los huevos mar adentro o de los perros que excavan la arena para devorarlos.

“Cuando los huevos eclosionan, las dejamos [a las tortugas] caminar solas hacia donde suena la ola», cuenta Jorge Enrique Murillo Palacio, integrante del Consejo Comunitario General Los Riscales. «Es muy difícil que una tortuga se devuelva para arriba. Siempre busca la parte de abajo». Esa caminata importa: la playa queda grabada en el vientre del animal, como un mapa, y cuando la tortuga es adulta regresa al mismo lugar a anidar.

Murillo forma parte del Consejo Comunitario General Los Riscales, autoridad territorial que administra más de 31 469 hectáreas en el municipio de Nuquí y que lleva más de 10 años coordinando la conservación de tortugas marinas en la zona. “Para nosotros es algo muy lindo porque estamos contribuyendo a que esa especie pueda seguir existiendo en el planeta”.

No siempre fue así. Un estudio publicado en 2025 en la revista Ethnoscientia, con trabajo de campo realizado en 2015 por Laura Soto-Cortés y Dennis Castillo-Figueroa en las comunidades de Jurubirá, Panguí y la cabecera de Nuquí, documenta una relación histórica mucho más compleja entre estas comunidades afrodescendientes y las tortugas marinas que llegan al Pacífico colombiano para reproducirse, todas en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), en Peligro Crítico; la caná o laúd (Dermochelys coriacea), Vulnerable; la verde (Chelonia mydas), en Peligro; y la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), Vulnerable.

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A partir de entrevistas con pescadores locales, la investigación registró un vínculo multidimensional con las tortugas: alimenticio, medicinal, ornamental, espiritual y ritual. Se consumían huevos y carne y la grasa del animal se usaba para tratar enfermedades respiratorias. El pene del macho, conocido localmente como «el viril» o «la picha», tenía alta demanda comercial como afrodisíaco, con compradores llegados desde ciudades como Medellín, y podía venderse entre 18 y 36 dólares. Incluso existía una práctica ritual llamada ombligada, en la que partes de la tortuga se ahumaban y raspaban para incorporarlas al cordón umbilical de los recién nacidos. De esa manera se les transfería, supuestamente, cualidades como la resistencia en el agua.

El estudio también documentó que los propios entrevistados percibían una disminución en las poblaciones y la vinculaban directamente a décadas de captura y consumo. «Cuando yo era muchacho, había mucha tortuga. Uno se iba por aquí, por la playa de Boca Chori, encontraba 10 nidadas de huevos y la gente se las traía«, relató uno de los participantes de Jurubirá. Los investigadores concluyen que incorporar estas percepciones y valores culturales locales es indispensable para diseñar estrategias de conservación verdaderamente efectivas y sostenibles en el tiempo.

Hoy, según Murillo, la transformación en Nuquí es real: quien sea encontrado con carne o concha de tortuga puede ser judicializado. Además, “nos dimos de cuenta de que una tortuga viva nos puede generar mucha más plata que terminar con su existencia. Nosotros anteriormente matábamos la tortuga. Pero gracias a Dios desde hace varios años a la tortuga la miramos como una fuente de ingreso, porque hay mucha gente turista que viene acá y de una u otra forma dejan recursos en el territorio”.

Sin embargo, la práctica de reubicar huevos, advierten los investigadores ecuatorianos Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez-Flores, “es complejo” y debe hacerse considerando diversos factores para evitar daños en las tortugas. De acuerdo con los especialistas, las tortugas seleccionan zonas de playa con perfiles térmicos específicos, y un nido mal reubicado —demasiado superficial o en una zona más expuesta— puede alterar la temperatura de incubación hasta afectar, incluso, el desarrollo neurológico de las crías. La reubicación puede ser necesaria, coinciden los investigadores, pero debe tomarse como última opción y con conocimiento técnico del perfil térmico de cada playa. No basta con que las tortuguitas lleguen al mar. Importa también cómo llegan.

Argentina: los machos invisibles del Atlántico Sur

De las siete especies de tortugas marinas que existen, la laúd (Dermochelys coriacea) es la más grande y una de las más misteriosas. Los adultos pesan entre 200 y 250 kilos —el ejemplar más grande registrado superó los 900 kilos—, pero a pesar de su porte, se sabe muy poco de ellas.

Victoria González, investigadora del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Conicet, explica que la especie pasa la mayor parte de su ciclo de vida en zonas alejadas de la costa, lo que la hace muy difícil de estudiar. Aunque esta dificultad aplica tanto para hembras como para machos, todo lo que la ciencia conocía provenía de las playas de anidación, donde las hembras salen a desovar y los investigadores pueden acercarse. Los machos, que nunca abandonan el océano, permanecían como una incógnita.

Eso empezó a cambiar en aguas cercanas a la costa de la provincia de Buenos Aires, donde un equipo de investigadores logró colocar transmisores satelitales a machos de tortuga laúd. Capturarlos no fue sencillo. La metodología consiste en aproximarse lentamente a los animales con una embarcación y colocar en su camino un aro —similar a uno de básquet, pero mucho mayor— para que entren solos en la red. Una vez retenidos, se los sube a una balsa inflable. «A la cuenta de tres, entre tres o cuatro personas», cuenta González, quien también es investigadora del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). La colaboración de pescadores artesanales, acostumbrados a trabajar en el mar y a manejar cargas pesadas, fue indispensable.https://www.youtube.com/embed/trMDUNQhxU8

Científicos marcan tortugas macho en el mar argentino. Video: Proyecto Tortuga Laud-Argentina

Los transmisores, fijados en el caparazón, envían datos de geolocalización cada vez que los animales salen a respirar. Los primeros resultados revelaron comportamientos inesperados: los cuatro machos marcados permanecieron durante semanas en aguas de la plataforma continental argentina, alimentándose en el norte de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la costa y no mar adentro como se pensaba. «Quizás lo vienen haciendo hace cientos de años, pero no lo sabíamos», reflexiona la investigadora.

Uno de ellos hizo luego algo diferente a los demás: se desplazó bordeando la costa bonaerense hacia el Rincón, otro sistema de alta productividad donde hay abundancia de medusas, su alimento principal. Los pescadores artesanales empezaron a reportar presencia de medusas en las redes y al poco tiempo los transmisores confirmaron que los animales los seguían. Hacia finales de mayo, los cuatro iniciaron el desplazamiento hacia el norte. Hoy están en el sur de Brasil.

A partir de este hallazgo se disparan muchas preguntas, dice González. “¿Cuántas hay? ¿Están separadas en grupos? ¿Están todas juntas?”, se preguntan los investigadores.

Se sabe, por estudios genéticos, que las tortugas laúd que llegan a Argentina provienen principalmente de una pequeña población del norte de Brasil, en el estado de Espíritu Santo, y de colonias en la costa occidental de África, en Ghana, Gabón y Congo.

Hace unos 20 años, hembras muertas en playas argentinas con marcas metálicas colocadas para su identificación en las aletas permitieron comprobar por primera vez la migración transatlántica de la especie. El año pasado, el equipo capturó una hembra que llevaba en las aletas una chapa colocada 11 años antes en el Congo.

El seguimiento satelital busca no solo identificar los corredores migratorios una vez que las tortugas llegan a Argentina, sino también identificar zonas de superposición con las actividades pesqueras, uno de los principales factores de mortalidad a nivel global, y con los residuos en el mar. La contaminación por plástico es otra amenaza documentada: en tortugas verdes recuperadas muertas es frecuente encontrar bolsas, fragmentos de plástico duro y tapas de botella en el estómago, cuenta González.

El equipo espera colocar cuatro transmisores más en la próxima temporada, si consiguen financiamiento.

*Imagen principal: científicos marcan tortugas macho en el mar argentino. Foto: cortesía Proyecto Tortuga Laud-Argentina.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cecilia Aguilera habla pausado, pero con firmeza. “Ha sido una linda jornada, dos días muy bonitos dentro del dolor que también vivimos en nuestros territorios”, dice la lideresa diaguita, de la Tercera Región de Chile, que llegó a Lima para el Encuentro Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales.

Junto a Aguilera está sentada Marcela González Yanqui, lideresa de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno, en Perú. “Soy mujer quechua-hablante”, dice para dar un saludo en quechua. Entre el grupo de defensores ambientales reunidos en esa mesa para conversar con Mongabay Latam también están Ezequiel, del pueblo indígena tremembé, de Brasil; y Yuvelis Morales, una de las seis ganadoras del Premio Goldman 2026 y representante de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

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La defensa del territorio, la criminalización y la presencia de actividades extractivas en sus tierras fueron los temas que se iban repitiendo en la conversación, con diferencias y semejanzas en cada país. “Los defensores en estos países somos perseguidos por defender el territorio, la vida, la permanencia”, dice Ezequiel para abrir el diálogo.

“Hemos compartido varias experiencias, tenemos en común muchas cosas, el extractivismo, la trata de mujeres, el feminicidio, las desapariciones forzadas“, agrega Aguilera sobre los temas que se fueron presentando en el encuentro que reunió a 40 defensores de cinco países sudamericanos (Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) los días 27 y 28 de mayo. Los representantes de Bolivia, que también estaban invitados a la cita, no pudieron asistir por los conflictos sociales y políticos en el país.

La reunión no solo fue un espacio para compartir experiencias, sino también para establecer una red latinoamericana de coordinación y protección de los defensores. “Lo que recojo es que el tejido social es el único que siempre va a avanzar, el tejido social es el que nos va a cuidar y el que nos va a proteger”, afirma Aguilera. La defensora agrega que estas instancias internacionales les permiten conocerse, generar contactos, crear en conjunto. “Siempre pienso y creo que si Latinoamérica se uniera contra el extractivismo lograríamos algo”, sostiene.

En la declaración final, los participantes expresaron su solidaridad con diversas comunidades que actualmente enfrentan conflictos socioambientales y procesos de criminalización, señaló CooperAcción, institución que organizó el encuentro, en un comunicado difundido luego de la cita.

CooperAcción también afirmó que “el encuentro concluyó con un llamado a los Estados de la región para fortalecer los mecanismos de protección existentes, garantizar la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios y reconocer el papel que cumplen quienes trabajan en la defensa del ambiente”.

Las amenazas para los pueblos indígenas

“La invasión de tierras y territorios para arrebatarnos nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras costumbres en todos los países son similares”, comenta Ezequiel, de Brasil. ”En cada país hay alguien que defiende, alguien que protege, alguien que lucha, pero no sabemos cuánto tiempo más viviremos, cuánto tiempo más lucharemos, porque cada día nos persiguen”, asegura el defensor brasileño.

El líder indígena cuenta su experiencia personal para describir lo que se vive en los territorios indígenas de Brasil. “Toda mi familia está siendo procesada por la lucha por el territorio. En 2014 estuve fuera del territorio durante meses porque me amenazaron, en ese momento era muy joven”, recuerda.

El último informe presentado por Global Witness sobre la situación de los defensores ambientales a nivel global señala que Latinoamérica se mantiene como la región con más asesinatos de personas defensoras en el mundo. De acuerdo con este reporte, al menos 120 personas han sido asesinadas o desaparecidas en Latinoamérica durante 2024. Esta cifra representa el 82 % de las agresiones a nivel global.

A nivel regional, Colombia lidera este registro con 48 casos. En segundo lugar está Guatemala, con 20 asesinatos en un año. México ocupa el tercer sitio con 18 asesinatos y una desaparición, seguido de Brasil con 12 homicidios de defensores ambientales. En la lista continúa Honduras con cinco casos, Nicaragua y Perú con cuatro cada uno, Ecuador registró tres personas defensoras asesinadas; mientras que Venezuela, Argentina, Chile y República Dominicana reportaron un caso por país.

“Con este encuentro hemos evidenciado la grave crisis de derechos humanos que supone para nosotros ser defensores, líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos y medioambiente. Y esta crisis se agrava en un contexto extractivista”, complementa Yuvelis Morales, de Colombia. “Vemos como nuestros territorios hoy siguen siendo territorios de sacrificio, como las comunidades siguen siendo sacrificadas, contaminadas, asesinadas, desplazadas y violentadas de todas las maneras posibles”, agrega la ganadora del Premio Goldman 2026.

Morales también habla de la defensa territorial contra el fracking, una técnica utilizada para extraer gas natural y petróleo de formaciones rocosas profundas. “Es una técnica extrema porque se necesita mucha energía y por que también utiliza grandes cantidades de agua, químicos y aditivos que se filtran fácilmente en los humedales subterráneos, contaminan acuíferos y también el suelo”, sostiene la lideresa.

La lideresa colombiana afirma que los “proyectos extractivistas” que se establecen en los territorios indígenas “incurren en transgresión a los derechos humanos, hacia las comunidades y sus liderazgos”.

Morales pone como ejemplo lo que sucede en su región, en Magdalena Medio, un territorio donde en 2020 se estableció por decreto la realización de proyectos pilotos de investigación usando la técnica de fractura hidráulica, más conocida como fracking. “Hemos visto en Colombia cómo hablar de las situaciones particulares de los territorios respecto a proyectos, en nuestro caso a proyectos de fracking de petróleo y gas, supone de inmediato un riesgo inminente a la vida”, agrega.

Mientras habla de lo que sucede en su país, Morales pone énfasis en los escenarios adversos en materia de derechos humanos y medioambiente que enfrentan “las juventudes y las niñeces” en los territorios indígenas de Colombia. “No tenemos la posibilidad de respirar un ambiente sano, no tenemos la posibilidad de respirar un aire limpio y, mucho menos, y cada vez más crítico, el acceso al agua potable. Sin embargo, los gobiernos siguen legislando a favor del extractivismo, entregando concesiones de agua e incluso privatizando el agua”.

Marcela Gonzáles, de Puno, Perú, también habla de las empresas extractivas que afectan a los territorios. En su caso, la gran minería. “Tenemos la agricultura familiar, tenemos la ganadería y con estas minas, toda la polvareda se levanta, todito el pastizal se empolva y  eso nos está contaminando a nosotros”, reclama.

La situación que describe implica impactos en la salud, en la alimentación y en la economía de los pueblos ubicados cerca de las minas en el sur de Perú. “Nosotros comíamos los peces, así como se come del mar, comíamos del lago, teníamos el carachi, el mauri, el suche, el pejerrey. Hoy no podemos comer porque está contaminado. Muchos hermanos, hermanas, niños están con metales pesados en el cuerpo, con arsénico”.

La lideresa también cuenta que algunas lideresas y defensoras tienen miedo de hacerse las pruebas para determinar si tienen metales pesados en su organismo. “Tengo miedo de que me digan: ‘Tú tienes metales pesados’ y me enferme”, dice la lideresa

“Me da mucha pena, de verdad. ¿Qué vida nos están dando? Saben que el Estado debe cuidarnos, que la policía debería cuidarnos, pero salen en nuestra contra”, cuestiona la lideresa con la voz entrecortada. “Hablar para mí de este tema es muy doloroso”, dice mientras su compañera chilena la abraza para consolarla.

Una red latinoamericana

En conversación con Mongabay Latam, Isaías Quinatoa, dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador (Ecuarunari), señaló que “hasta el momento tienen el registro de por lo menos 300 personas criminalizadas por defender los territorios y proteger el agua en Ecuador”.

“Durante esta reunión, construimos un mecanismo de estrategias, pero también trazamos un mapa de los desafíos que podemos abordar colectivamente en todos los países y cómo cada país puede contribuir a esta red de comunicación”, dice el líder indígena de Brasil sobre el trabajo para establecer una red de apoyo regional para los defensores en Latinoamérica. “Hoy, en el cierre final, hemos visto que necesitamos unirnos para fortalecernos, porque existe una jerarquía muy grande de dominio de poder” agrega.

Para la lideresa chilena, el encuentro “ha sido una linda jornada” en la que se “han llenado de amor y de cariño, porque siempre decimos que el autocuidado va entre nosotros mismos,  porque los Estados no nos protegen, no nos cuidan”. Por tanto, su apuesta es por un tejido social de cuidado entre defensores y defensoras. “El día de mañana, si tenemos que escapar de nuestros países, están las redes. Necesitamos asilos políticos también en los países latinoamericanos, no hablemos solamente de Sudamérica, hablemos de Latinoamérica”, dijo.

Desde Ecuador, la lideresa Erika Quilumba, defensora ambiental del pueblo kitu kara, comentó a Mongabay Latam que entre los asistentes al encuentro se acordó establecer una red latinoamericana. Comentó también que en Ecuador ya manejan una red de defensores que les permite saber lo que sucede en otras regiones. “Por más que yo sea de Quito, sé lo que está pasando en Loja y en otras provincias como Cotopaxi con la defensa del territorio. Eso nos permite estar en constante apoyo y ayuda de los defensores. Por eso aquí hemos acordado que ese tejido sea internacional”, explicó.

“Una de las cosas que consideramos importante es el tema de las redes para saber qué está pasando exactamente en los otros países. Todo lo estatal, los gobiernos se manejan a través de redes”, comenta la lideresa y señala que esta conexión puede ayudar a quienes están enfrentando situaciones de crisis en otros países.

Quilumba cita el ejemplo de Bolivia, donde llevan más de un mes de movilización social. “Nosotros decíamos, no estamos en Bolivia, pero está pasando lo mismo que hemos pasado en Ecuador, lo mismo que pasa aquí en Perú. Entonces, el apoyo debe ser a través de las redes. Por eso hemos hecho un compromiso de tejer redes a nivel internacional con la intención de buscar el cuidado entre nosotros”.

*Imagen principal: la reunión fue un espacio para establecer una red latinoamericana de coordinación y protección de los defensores. Foto: cortesía CooperAcción.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una reserva que declara a la Sierra Nevada de Santa Marta como un territorio libre de minería y explotación de hidrocarburos en el extremo norte de Colombia, junto con un decreto presidencial reciente que precisa el territorio ancestral de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo son parte de la respuesta del Gobierno colombiano para proteger a esta región montañosa única en el país. Especialistas y líderes indígenas celebran la decisión, pero también advierten los desafíos que existen para traducir estas herramientas en protección efectiva de una zona conocida como el “corazón del mundo”.

Ambos instrumentos eran una promesa del presidente Gustavo Petro para la protección ambiental, cultural y espiritual de la Sierra Nevada y de los pueblos que la habitan.

Expertos consultados por Mongabay Latam destacan que además de estas nuevas medidas, el Estado colombiano debe activar mecanismos y acompañar su implementación, por ejemplo, con el fortalecimiento de consultas previas frente a los proyectos energéticos, de minería, ganaderos o de infraestructura en la región.

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La Línea Negra, un sistema clave de espacios sagrados

El nuevo decreto 0514, emitido el pasado 19 de mayo, surge en respuesta a una decisión del Consejo de Estado, uno de los altos tribunales de Colombia, que declaró la nulidad de un decreto anterior, el 1500 de 2018. Esta norma redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas mediante un límite simbólico y sagrado conocido como la “Línea Negra”, que abarca un sistema 348 espacios sagrados que están interconectados y sostienen el equilibrio espiritual, cultural y ambiental en la región, según estas comunidades.

Para Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo kankuamo y miembro del Consejo Territorial de Cabildo, la Línea Negra es lo que permite llamar a esta región el “corazón del mundo”, dada su importancia para el ordenamiento territorial y cultural.

“Para nosotros la Línea Negra representa el tejido de espacios sagrados, cumple una función natural y ancestral y es donde se salvaguarda el conocimiento, la semilla y los elementos que equilibran la vida en el territorio”, explica el líder indígena a Mongabay Latam.

Aunque la cartografía de estos espacios sagrados ya se encontraba reconocida en el decreto anterior (el 1500), uno de los argumentos del Consejo de Estado para anular la norme fue que al momento de ser expedido no existía cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

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Al respecto, Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destaca que el nuevo decreto 0514 no solo repara en esta falla de procedimiento, sino que también retoma una resolución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 2022. Allí, se inscribió al sistema de conocimiento ancestral de los pueblos arhuaco, kankuamo, kogui y wiwa de la Sierra Nevada a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto implica que para proteger el sistema ancestral de conocimientos de los pueblos es necesaria la protección del territorio.

“El Gobierno tiene un mandato de reafirmar la protección de estos territorios a nivel interno y adoptar medidas para su protección. Ya no es un sistema que se protege solamente como patrimonio cultural y material para Colombia, sino que es de la humanidad y que está siendo vigilado por una instancia global”, señala la especialista.

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Otro de los argumentos por los cuales el Consejo de Estado anuló el decreto anterior fue que no se agotó la consulta previa con otros grupos indígenas y afrodescendientes que habitan la Sierra Nevada, por lo que la nueva norma también tuvo que corregir este señalamiento. Para ello, realizó procesos de consulta con otras comunidades étnicas, como los pueblos taganga, ette ennaka, wayuu y comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras que habitan en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra.

Aunque han surgido críticas de autoridades indígenas, por ejemplo del pueblo wayuu, que consideran que ambos decretos mantienen una jerarquización entre pueblos indígenas, el Ministerio del Interior sostuvo que en los procesos de consulta se identificaron dinámicas territoriales con “necesidades de atención sin preferencias y con toda la imparcialidad debida apartándose de intereses particulares”.

Rodríguez comenta que este aspecto es de los más difíciles de atender al considerar que los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada tienen diferentes formas de diálogo intercultural dentro de la Línea Negra.

“Fueron consultas formales acompañadas por las autoridades del Gobierno, el Ministerio del Interior, Parques Nacionales y allí se realizaron algunos acuerdos de concertación donde se incorporó el respeto de las otras comunidades hacia lo que es la Línea Negra”, señala,

Para Arias, el proceso de consulta para el nuevo decreto también contó con el apoyo de otros pueblos indígenas y afrodescendientes. “Se estableció una ruta de diálogo con los pueblos indígenas y afros, que es lo que llevó finalmente a tramitar la consulta previa que ratificó el contenido, pero también llevó a tener en cuenta esas medidas que puedan preservar algunos derechos que también tienen las otras comunidades que están en este territorio”, reconoce.

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Una reserva complementaria en Sierra Nevada

El 4 de junio el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entregó oficialmente una resolución que delimita y declara como Reserva de Recursos Naturales Renovables a la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto implica que es considerada un territorio libre de nuevos títulos mineros, así como de la explotación de combustibles fósiles.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, sostuvo que esta reserva no solo es un documento, sino “una herramienta” para que los pueblos de la Sierra Nevada puedan defender el territorio.

“Estamos diciendo que en el corazón del mundo no se hará minería, ni explotación de hidrocarburos porque rompe las conectividades naturales y el tejido espiritual que sostiene el territorio. La reserva permite la agricultura, el turismo, el ecoturismo y turismo de los pueblos, las economías para la vida y las economías productivas”, agregó la ministra.

Sin embargo, Rodrígez advierte que la medida no detiene toda la actividad minera pues los proyectos que ya cuentan con título minero, permisos ambientales y autorizaciones vigentes podrán continuar operando, además de que se mantienen excepciones para materiales de construcción destinados a obras públicas —asociados a gran parte de la minería en Sierra Nevada— y para ciertos procesos de formalización de pequeña minería en ríos.

De acuerdo con datos procesados por AIDA, existen al menos 120 títulos mineros vigentes activos en la Línea Negra de Sierra Nevada y más de 90 solicitudes en evaluación.

Pese a los avances que puede representar el decreto y la reserva para la protección de la sierra, la especialista advierte que un reto está en la implementación de estos instrumentos no sólo por parte de las comunidades y gobiernos indígenas, sino especialmente por parte de las autoridades nacionales, especialmente ahora que Colombia está en medio de una elección y un cambio de gobierno.

“Para que el nuevo decreto no vuelva a generar conflictos jurídicos [en temas de consulta previa] esto va a depender de que el Gobierno adopte regulaciones para proteger los territorios, implemente el nuevo decreto, pero también blinde jurídicamente la Sierra Nevada para no generar expectativas en el sector privado”, explica la abogada a Mongabay Latam.

Rodríguez considera clave que el nuevo decreto avance en la recuperación espiritual y física de esos espacios en lugar de abrir camino a nuevos proyectos extractivos.

Arias considera que existe un desafío para la protección de la región frente a intereses económicos en el territorio.

“Aún hay amenazas de megaproyectos mineros, extractivos, también presión turística y de otros sectores productivos en este territorio. Con este Gobierno venimos trabajando una propuesta que pueda generar un instrumento vinculante complementario al decreto frente a una moratoria minera”, expone el dirigente indígena sobre la reserva.

Informes elaborados por el CINEP dan cuenta también de cómo el conflicto armado, junto con el avance de la minería y otros megaproyectos, representan una amenaza directa para poblaciones indígenas de la Sierra Nevada, quienes enfrentan crisis humanitarias, desplazamiento forzado y persecución por la defensa de sus territorios.

Rodríguez insiste también en cómo la comprensión del concepto del territorio será clave a la hora de saber si procede o no un proyecto extractivo en la Sierra Nevada y en los espacios sagrados de la Línea Negra, los cuales señala que deben entenderse no sólo como espacios físicos sino como espacios sagrados para los pueblos donde existen complejas interconexiones culturales y espirituales.

“Es un territorio indígena cuyos espacios se interconectan entre sí, lo que quiere decir que la definición, por ejemplo, del área de influencia de un proyecto debe valorar las interconexiones espirituales que existen entre los diversos espacios sagrados”, explica la especialista. Rodríguez agrega: “Si el espacio 40 se conecta con el espacio 41 de determinada forma, el concepto de afectación directa debe ampliarse y construirse con enfoque biocultural y en respeto de ese sistema ancestral de conocimiento”.

*Imagen principal: las poblaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta se enfrentan a megaproyectos mineros, energéticos o turísticos por sus impactos socioambientales. Foto: cortesía Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Galápagos, en Ecuador, fue declarado el primer Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad por la biodiversidad única que alberga, pero monitorear esta formación de origen volcánico y suelos accidentados es un reto. Una de sus islas, Floreana, tiene 18 000 hectáreas, una superficie similar a la de Washington D.C. Guardaparques y equipos de conservación se tomaban 12 días para recorrerla y tras caminar 300 kilómetros recogiendo las tarjetas de memoria de 125 cámaras trampa, tenían que volver a sus oficinas a revisar manualmente miles de imágenes.

Si identificaban una de las 350 especies invasoras que amenazan la flora y la fauna del archipiélago, la información ya era antigua, explica Renato Pérez, coordinador de Innovación Tecnológica del Programa Galápagos de la Fundación Jocotoco. “Por eso, se cambiaron las cámaras convencionales a cámaras que de forma automática envían las imágenes a la central”, cuenta.

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Desde febrero, una red de 48 cámaras conectadas a internet, sensores y trampas envían alertas en tiempo real al detectar mamíferos invasores. Estos animales depredan huevos de diferentes especies y aves y reptiles de tamaños pequeños. La organización Island Conservation señala que los invasores contribuyeron a la desaparición de 13 especies de la isla, incluyendo el cucuve de Floreana (Mimus trifasciatus).

“Galápagos hoy está liderando el monitoreo inteligente”, afirma José Cabello, director general para América Latina y el Caribe de Island Conservation. Las tecnologías ya existían, pero esta es la primera vez que se usan en conjunto para monitorear una isla con fines de conservación, explica Pérez.

Si bien el objetivo más urgente del proyecto es erradicar las especies invasoras, las cámaras también permiten monitorear la reaparición y distribución de las especies nativas una vez que las amenazas desaparecen. Además, a través del sistema se están observando comportamientos entre especies nunca antes vistos.

Los sensores operan con tecnología LoRaWAN (Red de Área Amplia de Largo Alcance), un protocolo de comunicación inalámbrica diseñado para el Internet de las Cosas. Mientras tanto, a través de transmisión inalámbrica, el camino que recorren las imágenes va de las cámaras trampa a antenas instaladas estratégicamente en la isla y después a una antena de internet satelital que manda las imágenes a un servidor donde la inteligencia artificial las analiza.

En caso de que se detecten depredadores invasores, las alertas llegan a los celulares de los equipos de la Fundación Jocotoco, del Parque Nacional Galápagos y de Island Conservation. También se despliegan en una pantalla en el centro de operaciones de la Fundación en Floreana y Santa Cruz.

La meta más próxima, asegura Pérez, es declarar a Floreana libre de gatos ferales en 2026. En una siguiente fase se buscará erradicar roedores.

Catorce años de combate a los invasores

Cristian Sevilla, director de ecosistemas del Parque Nacional Galápagos, asegura que la principal amenaza para Galápagos y Floreana son las especies invasoras. Piratas y balleneros que pasaron por la isla en siglos pasados liberaron cabras, cerdos y ganado como reserva de alimento, mientras que los roedores llegaron de manera inadvertida en las embarcaciones. Con los humanos también arribaron gatos y perros.

En el archipiélago hay alrededor de 1700 especies introducidas y, de ellas, unas 350 son consideradas invasoras. Desde hace décadas, el parque trabaja en el control de manera progresiva, enfocándose primero en las de mayor impacto ecosistémico.

En Floreana, el proceso de erradicación dio sus primeros pasos en 2011. Se trabajó junto a los 150 habitantes de la isla para encontrar alternativas que no tuvieran un impacto en sus cultivos y animales de granja, cuenta Sevilla. Era la primera isla habitada en la que se llevaría a cabo un proceso así, pero la experiencia en las islas sin habitantes humanos ya había dejado lecciones. Aún así, se realizaron estudios de mitigación.

En 2012 nació el Proyecto Floreana, a través del cual se logró controlar cabras ferales y burros. Desde 2023 se busca combatir roedores y gatos ferales con el uso de cebos.

Uno de los resultados más concretos de la disminución de los invasores es que se volvieron a registrar especies endémicas que habían desaparecido. A inicios de 2025 se redescubrió el pachay de Galápagos (Laterallus spilonota), un ave que no se veía desde hace 190 años. “La última vez que fue registrado fue con Charles Darwin y ahora se lo ve en todos lados”, dice con emoción Pérez.

Otro hito en la restauración ecológica de la isla fue la reintroducción de tortugas gigantes, que volvieron a caminar por Floreana después de 180 años de desaparecer localmente.

De Hong Kong a las piedras volcánicas

El concepto de «isla inteligente» o Smart Island fue desarrollado por la necesidad de vigilar islas mientras se disminuye el impacto en los monitores humanos y en el ambiente, explica Cabello, de Island Conservation.

En Floreana, la implementación del sistema tomó meses de coordinación entre múltiples organizaciones, incluyendo Wildlife Protection Solutions (WPS) y Smart Parks.

Las antenas se fabricaron en Ecuador continental, viajaron vía aérea hasta la isla Santa Cruz, luego vía marítima a San Cristóbal y finalmente a Floreana. Las antenas existentes para comunicaciones internas y el monitoreo de la Reserva Marina fueron integradas al sistema gracias a la “visión” de la Dirección del Parque Nacional, señala Cabello. En otras islas donde trabaja la organización, la apertura no ha sido la misma.

Las cajas que contienen el cerebro de Smart Island fueron fabricadas en Santa Cruz, Estados Unidos, y siguieron un camino similar a las antenas y una vez en la isla, algunas fueron llevadas hasta los puntos de instalación a espalda por los funcionarios del Parque y de Jocotoco.

La primera fase consistió en configurar el sistema. Probaron rangos de señal, identificaron obstrucciones del terreno y midieron la cobertura. “Hubo mucho testeo”, asegura Pérez. Las zonas rocosas, los acantilados y el interior ondulado y volcánico de la isla creaban interferencias, pero las resolvieron con expansores de señal.

“Con el fenómeno de El Niño puede haber florecimiento y crecimiento acelerado, lo que puede afectar cómo las ondas se transmiten en terreno”, explica el especialista de Island Conservation. El evento climático está pronosticado para mediados de año. Por eso, también tomaron en cuenta este factor para evitar interferencias.

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Las cámaras se importaron desde Hong Kong y se colocaron en sitios prioritarios, donde el equipo tenía mayor dificultad para acceder. Paralelamente se instalaron 600 trampas mandíbula, llamadas doggle traps, con sensores Smart Parks. Al cerrarse, la trampa genera una alerta automática que llega al sistema central. Toda la información se centraliza en Earth Ranger, una plataforma gratuita de monitoreo.

Sevilla señala que aunque la inversión inicial es alta, a largo plazo el sistema reducirá los riesgos de accidentes y el uso de recursos.

450 ojos para proteger a Floreana

El sistema de monitoreo inteligente opera de manera continua y en los primeros 100 días de operación captó más de 250 000 imágenes. La inteligencia artificial analizó cada una y filtró unas 3000 como alertas de posible presencia de mamíferos invasores. El equipo humano solo tuvo que revisar estas fotos y ya no el total como en el pasado.

No todo es perfecto. La IA todavía está siendo entrenada, por lo que Pérez estima que de los 3000 archivos, solo el 2 % correspondía a amenazas reales.

Cuando llega una alerta, el equipo activa de inmediato un protocolo. El tiempo de respuesta es de 30 minutos. Además, cada mañana, el líder del grupo de campo revisa la data acumulada antes de asignar zonas de patrullaje. Así los grupos se dividen con base en zonas prioritarias y no a partir de decisiones intuitivas. “Podemos tomar decisiones de una forma más inteligente basándonos en la data”, afirma Pérez. Asimismo, cuando las trampas emiten alertas, el equipo acude al punto.

¿Será posible liberar a Floreana de los gatos ferales este 2026? “Quisiera decir que sí, porque tenemos las capacidades y todos estamos alineados para que eso sea posible”, responde Cabello.

Este año no será fácil por el Fenómeno de El Niño, que al provocar un crecimiento vegetacional acelerado producirá más alimento disponible para los invasores y posibles cambios en su comportamiento.

Ahora está en curso la fase dos, para la que se compraron 100 cámaras adicionales. La meta es tener 450 cámaras. “Tendríamos ojos cada 35 hectáreas. Se podrá tener todo tipo de data sobre las especies endémicas de la isla”, dice Pérez.

Una vez que se instalen todas las cámaras, la isla tendrá cobertura total, lo que resultará en un beneficio adicional: el control del tráfico de especies. Pérez explica que estos equipos capturan imágenes en alta definición y permiten la identificación de personas que transitan por el área protegida. “Va a ser muy difícil que alguien llegue a la isla sin ser visto”, añade.

Sevilla espera que el sistema se replique en otras islas de Galápagos para mejorar la toma de decisiones para la conservación y la protección del archipiélago.

El Smart Island se instalará en otras islas del mundo, adelanta Cabello. Ahora, Island Conservation está trabajando en una campaña de levantamiento de fondos para adquirir los equipos para el Archipiélago de Juan Fernández, en el centro del mar chileno.

*Imagen principal: las cámaras trampa recientemente instaladas en Floreana tienen conexión a internet. Foto: cortesía Bryan Pérez.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los cambios en el clima están modificando la vida en el planeta. Especies de plantas y animales migran de lugares donde las temperaturas se están elevando para buscar espacios con las condiciones adecuadas para su sobrevivencia. Esta sucede en la Amazonía y también en los Andes; en los bosques y las montañas; en los ríos y los lagos.

No son cambios en el futuro, sino situaciones que se presentan en el presente. Es por eso que este año el Día Mundial del Medioambiente, que se celebra el 5 de junio, se centra en el cambio climático, en las señales urgentes que envía el planeta y en las respuestas que estamos dando.

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En este día, Mongabay Latam ofrece una mirada a los aportes que se están haciendo desde la ciencia para investigar y entender cómo influye el cambio climático en Latinoamérica. Una investigación sobre corredores climáticos en la Amazonía, otra sobre los impactos del cambio climático en peces de los ríos de México y un análisis de cómo los incendios se han intensificado en la Patagonia argentina por el cambio climático son las tres experiencias que presentamos.

Corredores climáticos en la Amazonía

Los cambios del clima en los ecosistemas llevan a especies de plantas y animales a buscar otros espacios en los que puedan adaptarse para sobrevivir. En la Amazonía, muchas de estas migraciones ocurren desde las zonas bajas de la selva hacia gradientes más elevadas, hacia las montañas.

Estos movimientos de adaptación llevaron a un grupo de investigadores de Perú, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos —con apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore— a analizar los denominados corredores resilientes al cambio climático o corredores climáticos, es decir, espacios geográficos que conectan hábitats.

“Las plantas y animales amazónicas necesitan moverse para evitar el impacto del cambio climático y su válvula de escape son bosques intactos y conectados que suben desde elevaciones bajas a elevaciones más altas”, explica a Mongabay Latam Corine Vriesendorp, directora de Ciencia en Conservación Amazónica (ACCA) y una de las autoras de la investigación.

El estudio Evaluación a escala regional de corredores resilientes al clima y conectividad en la Amazonía, publicada en la revista científica Global Ecology and Conservation, permitió determinar que en la Amazonía occidental, principalmente en Perú, se concentran los corredores naturales más importantes para conectar la Amazonía con los Andes. Estos son territorios clave para la resiliencia climática de uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

También se identificaron áreas importantes en el este de Ecuador, el suroeste de Colombia, el norte de Bolivia, el norte de Brasil, el centro-norte de Guyana y la mayor parte de Surinam. “El Escudo Guayanés, en la Amazonía septentrional, representa otra región que puede contribuir a la resiliencia climática, importante para especies con menor capacidad de dispersión que no pueden alcanzar los Andes”, afirma el estudio.

En total se lograron determinar más de 2200 rutas potenciales de conectividad ecológica entre áreas protegidas amazónicas y refugios de altura, además de 10 corredores prioritarios aún no protegidos.

Vriesendorp señala que existe evidencia de que hay árboles subiendo la montaña en el Valle de Kosñipata, llamado “tierra de las nubes” y ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manu, en el sureste de Perú. Lo mismo ocurre con especies de árboles en el norte de Colombia. También menciona un estudio que demuestra que las aves se están moviendo hacia arriba en el Cerro de Pantiacolla, en Perú. “Es un área de investigación activa donde los estudios a largo plazo, en áreas bien conservadas, son los que más nos iluminan en este momento”, comenta.

Sin embargo, estas rutas están amenazadas principalmente por la deforestación asociada con carreteras, actividades extractivas como gas, petróleo, minería y agricultura. “Actualmente la presión de petróleo y gas es más fuerte en la parte norte de la cadena andina, Colombia y  Ecuador, mientras que la minería es más fuerte en la parte sur de la cadena andina, Perú y Ecuador, igual que en el Escudo Guayanés, Venezuela, Guyana y Surinam”, agrega la experta.

Vriesendorp dice que para que se puedan conservar esta áreas se deben reconocer los bosques que cubren gradientes altitudinales [cambios progresivo en las condiciones ambientales (temperatura, presión, humedad) y en la biodiversidad a medida que varía la altura sobre el nivel del mar] como zonas prioritarias para la conservación, trabajar con la población local para entender la mejor forma de proteger esos bosques, lograr el establecimiento de áreas nuevas de conservación y manejo de esos bosques y restaurar bosques en áreas claves para la conectividad altitudinal.

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Enfrentando el fuego en la Patagonia

Los incendios registrados en la Patagonia este año han sido los peores en seis décadas, según un informe de la organización Greenpeace. Este reporte indica que entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el fuego destruyó 60 845 hectáreas de bosques, principalmente en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, en el sur de Argentina. Entre las zonas afectadas por el fuego se encuentra el Parque Nacional Los Alerces, un área protegida que alberga árboles milenarios, algunos con una antigüedad de hasta 3000 años.

“Los incendios siempre estuvieron en la Patagonia, son ecosistemas en los cuales el fuego siempre estuvo presente. Sin embargo, desde hace 20 ó 25 años lo que estamos observando es un comportamiento distinto de los incendios. Se están transformando en más severos, en más recurrentes”, señala a Mongabay Latam Javier Grosfeld, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en la Patagonia Norte.

Grosfeld afirma que hay una serie de drivers climáticos -factores que modifican el clima- que explican el comportamiento del “fuego excepcional que estamos viendo en los últimos años”. Uno de ellos es la disminución de las precipitaciones, lo que significa que hay un déficit hídrico sostenido desde hace unos 20 años, explica el experto. Esto, sumado al aumento de las temperaturas en la Patagonia ocasiona la desecación del material orgánico combustible que se encuentra en los bosques y favorece la propagación extrema del fuego. “Lo que está pasando es que tenemos temporadas de incendio más largas, con olas de calor más largas que afectan el comportamiento del fuego”.

Otro driver importante, comenta Grosfeld, es que desde el año 2000, las probabilidades de tormentas eléctricas, disparadoras de los incendios naturales, que antes eran excepcionales en Patagonia Norte, aumentaron unas 70 veces. “Entonces, tenemos menos agua, más calor y más tormentas eléctricas”, argumenta.

“Lo que pasa en la Patagonia es una combinación entre el cambio climático y el factor humano porque tenemos mucha más gente viviendo en el bosque y eso también desencadena la complejidad de los incendios forestales en la Patagonia Norte”, agrega Grosfeld.

Para enfrentar los incendios que se agudizan por el cambio climático, Grosfeld considera que una iniciativa importante sería establecer un observatorio de los fuegos del sur, “un lugar de aprendizaje, de transferencia de conocimientos y de reflexión sobre el proceso que trae el cambio climático respecto a los incendios forestales en la Patagonia”.

Bajo esa perspectiva, el experto señala que desde los sectores académicos, científicos, organizaciones ambientalistas y activistas por el medioambiente están promoviendo “una especie de observatorio-foro-escuela” que permita canalizar las experiencias. “Es un trabajo a largo plazo. Aún no hay una organización que nos unifique, pero sí hay muchas voces. Cooperativas, partidos políticos, sindicatos se han acercado al tema del fuego porque los incendios empezaron a tocar a todos”, reafirma el experto.

Grosfeld también considera fundamental la “detección temprana del fuego” así como el “ataque inicial proactivo”. “Llegar rápido y poderlo contener a tiempo es fundamental”, agrega. Sin embargo, Grosfeld también menciona los desafíos que se presentan para una respuesta rápida. Una de ellas es la gran extensión de la Patagonia y la otra es la atención en las zonas de interfase, es decir, en el espacio entre el bosque y las ciudades, donde también hay viviendas establecidas.

En estos casos, dice el experto, se debe manejar el bosque, reducir la vegetación que se pueda convertir en combustible para el fuego. “Se deben despejar las vías de acceso, contar con reservorios de agua en el territorio para que cuando lleguen los bomberos no se queden sin agua. Estamos hablando de superficies extensas. Todo eso requiere inversión que históricamente no se ha hecho. La prevención es un tema a largo plazo y si no se empieza siempre vamos a estar tarde”, comenta Grosfeld. “La discusión actual pasa por tener comunidades más resilientes, mejor preparadas para los incendios forestales, con mayor prevención y eso es lo que está exigiendo la sociedad”, concluye el experto.

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Los peces en México

“México alberga 677 especies nativas de peces de agua dulce, que además tienen un alto endemismo y muchas de ellas sostienen la mesa y el ingreso de familias enteras de pescadores artesanales”, señala el biólogo Rafael Sebastián Muratalla-Miranda, autor principal de la investigación Peces de agua dulce mexicanos: identificación de prioridades de conservación y áreas de alto riesgo para la pesca en el contexto del cambio climático.

El cambio climático representa una amenaza significativa para la biodiversidad de agua dulce, dice el estudio. Por eso, la conservación de estos ecosistemas, así como la seguridad que se basa en estas especies pueden estar en riesgo. “La vulnerabilidad de los peces de agua dulce al cambio climático podría ser más pronunciada que la de los animales terrestres, ya que su movimiento a nuevas áreas no garantiza necesariamente que habrá condiciones ambientales adecuadas disponibles”, señala la investigación.

La investigación realizada por Muratalla-Miranda junto con otros tres científicos —Luis Fernando Del Moral-Flores, Ángela P. Cuervo-Robayo y Carolina Ureta— aborda estas dos premisas con el fin de colaborar en la planificación de la conservación y a la vez conocer dónde se encuentran en mayor riesgo estas especies acuáticas y las comunidades que dependen de la pesca de esas especies.

Para lograrlo, reunieron en una sola base de datos información taxonómica, ecológica y pesquera de las especies nativas de importancia económica y nutricional de peces de agua dulce en México, explica el autor a Mongabay Latam. “Trabajamos con registros históricos de las últimas siete décadas que abarcan la mayoría de los cuerpos de agua de nuestro país”, afirma Muratalla-Miranda, quien realizó esta investigación como parte de su maestría del Posgrado en Ciencias Biológicas en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional de México (UNAM).

“Al momento de buscar la literatura nos dimos cuenta de que casi nadie había evaluado cómo el cambio climático iba a reconfigurar la riqueza de peces de importancia alimentaria en el territorio. Por tanto, modelamos 54 especies de esta importancia bajo escenarios de cambio climático”, agrega.

Cuando realizaron el análisis, encontraron que tenían mayor información en zonas específicas del centro, occidente y sur del país. “Estados como Tamaulipas, Veracruz y Chiapas han sido zonas bastante monitoreadas”, comenta el investigador. Los resultados de las modelaciones con esas especies determinaron que estos lugares concentran una riqueza mayor en comparación con otras zonas. En cuanto a los riesgos, descubrieron que estos se concentran en el centro y en el occidente del país.

Muratalla-Miranda comenta que la investigación ha permitido saber que “la amenaza del cambio climático no es uniforme en todo el país”. Explica que hay especies que se denominan tropicales o euritermas, es decir, que toleran un rango amplio de temperaturas, que pueden expandir su distribución hacia el norte del país o hacia mayores altitudes.

Cita como ejemplo especies como Eugerres plumieri y Chirostoma sphyraena, este último conocido como charal, uno de los peces emblemáticos del país, “peces que pueden ganar más del 400 % de área de distribución en los escenarios de cambio climático con condiciones más extremas”.

Por otro lado, están las especies de aguas frías o las especies endémicas, que se encuentran  sobre todo en los estados de Michoacán y Jalisco, cuya distribución puede tener contracciones severas que van del 40 % al 86 % de su área con idoneidad climática. “Ahí tenemos un matiz crítico que sería que los peces de agua dulce son vulnerables porque no pueden simplemente nadar hacia un clima mejor, ya que muchos están atrapados en un cuerpo de agua o en una cuenca”. Si a ello se suma la presencia de presas en muchas de estas cuencas que cortan o impiden el paso de peces, así como la fragmentación de los ríos que se puede dar por cambios de uso de suelo, estos peces van a tener menos posibilidad de moverse, sostiene.

“Bajo el supuesto más estricto de los peces sin dispersión, las pérdidas de idoneidad climática llegan hasta un 73 %, lo que quiere decir que muchos hábitats actuales podrían volverse climáticamente inviables para las especies”, comenta el investigador.

Carolina Ureta, investigadora por México en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional de México (UNAM) y coautora de la investigación, explica que en el estudio evaluaron la idoneidad climática de los ecosistemas teniendo en cuenta variables atmosféricas como precipitación y temperatura. De esta forma identificaron las zonas prioritarias para la conservación y las zonas de riesgo para las especies.

También determinaron si las zonas donde hay una mayor diversidad se superponen con áreas naturales protegidas o están fuera de ellas, en este último caso consideraron que estos espacios sin categorización pueden ser propuestas como sitios prioritarios para la conservación.

*Imagen principal: un estudio identificó los corredores naturales más importantes para conectar la Amazonía con los Andes. Foto: cortesía Conservación Amazónica (ACCA).

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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