Las flores de las orquídeas del género Dracula se asemejan a animales fantásticos. Esta particularidad las pone en el centro de un comercio internacional con dificultades para comprobar que los ejemplares tienen un origen legal. Este es el hallazgo central del artículo Dracula bajo amenaza: demanda persistente de un taxón de orquídeas amenazado y de distribución restringida, publicado en junio pasado en la revista Biological Conservation.

“Sabemos que las Dracula son de las orquídeas más deseadas entre los coleccionistas”, dice Edicson Parra-Sánchez, autor principal del artículo e investigador senior del Christ’s College de la Universidad de Cambridge. Además de la apariencia, su nombre fantástico, que viene del latín y significa “pequeño dragón” –no hace referencia directa al famoso vampiro de la ficción de Bram Stoker–, y su amplia gama de colores están entre las características que las vuelven atractivas, de acuerdo con el especialista.

El género Dracula comprende 133 especies que se distribuyen desde México por Centroamérica y hasta Perú. Sin embargo, la diversidad se concentra en Colombia y Ecuador. Solo este último país alberga 62 especies.

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Parra-Sánchez y un equipo de especialistas de Ecuador, Colombia, Costa Rica y el Reino Unido analizaron 34 087 registros de comercio reportados en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) entre 1977 y 2022.

Los autores encontraron datos que indican irregularidades e incluso tráfico ilegal. Más especies amenazadas por la extracción que las reportadas como comercializadas, países de exportación no nativos, altos volúmenes reportados como propagados artificialmente cuando se trata de especies difíciles de reproducir en laboratorio y venta incluso antes de que la especie exista formalmente para la ciencia son algunas de las alertas.

Para Marco Monteros, especialista en orquídeas, el trabajo de sus colegas permite corroborar con datos algo que para los orquideólogos es evidente desde hace años. “Las personas que trabajamos en la parte taxonómica nos damos cuenta de que existen muchas especies nuevas floreciendo en el extranjero”, dice el director ejecutivo de Fundación Ecominga, una organización no gubernamental ecuatoriana.

Lo anterior quiere decir que los ejemplares salieron de manera ilegal e irregular de los países de origen, con graves impactos para la conservación de especies únicas que están restringidas a pequeñas zonas geográficas de bosques nublados y bosques húmedos de montaña, precisa Monteros.

Exportaciones con volúmenes sospechosos

Según el estudio, entre 1981 y 2022 se exportaron 112 083 individuos vivos de 121 especies de Dracula, lo que equivale al 91 % de especies del género. Sin embargo, un porcentaje mayor, el 93 % está amenazado por la sobreexplotación, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El volumen anual pasó de 29 plantas en 1982 a un pico de más de 8200 en 2004, cuando Taiwán envió a Bélgica un solo cargamento de 4650 ejemplares de Dracula cordobae, una especie que hasta ahora solo ha sido registrada en el suroccidente de Ecuador.

“Si hubieran salido de Ecuador, tendría algo de sentido”, dice Luis Baquero, biólogo especialista en el género Dracula y coautor del artículo. Aun así, el volumen le parece sospechoso, pero no solo en este caso. En todos los registros de la base de datos se reportó que los ejemplares fueron propagados artificialmente.

Obtener permisos del Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador para colectar ejemplares en la naturaleza es “sumamente difícil”, asegura Baquero. De conseguirlos, después aparece otro reto, que es domesticar la planta y hacer varios ensayos hasta lograr la reproducción en laboratorio. Obtener una planta con flor puede tomar al menos cinco años.

Además, dice, las Dracula no son especies comerciales, es decir, no es común encontrarlas en las perchas de los supermercados como sí sucede con las del género Phalaenopsis o Cymbidium. “Es un nicho más específico, quienes compran Dracula son gente que sabe cultivarlas”, asegura Baquero.

“Se sospecha que bajo el nombre de Dracula cordobae deben haberse exportado muchas más especies, considerando que es muy difícil distinguir la mayoría de especies cuando se encuentran sin flor”, dice sobre el caso de Taiwán.

Pasar una especie por otra es lo que estaría sucediendo de manera general en el comercio de orquídeas, pues las autoridades portuarias no están capacitadas para corroborar que lo que se declara corresponde a lo que se exporta o importa, explican los especialistas.

Este caso ilustra uno de los principales hallazgos del artículo: el 49 % del comercio registrado se originó en países donde la especie no crece de manera natural.

Ecuador controló el 64 % del total de las exportaciones, lo que señala que desde el país también están saliendo especies no nativas, de acuerdo con Baquero. Le sigue Colombia, con el 18 % de las exportaciones. Mientras tanto, Alemania recibe el 68 % de todos los individuos importados. Estados Unidos desempeña un papel clave como intermediario al conectar con los principales países exportadores e importadores.

Especies no conocidas para la ciencia, a la venta

Los autores encontraron que el 89 % de las especies del género, 118 de 133, fueron descritas a partir de plantas que ya estaban en viveros. De esos casos, el 69.2 % de los especímenes usados para la descripción estaba fuera del país donde la especie crece de manera silvestre, principalmente en Estados Unidos.

“La mayoría de las especies Dracula estaban disponibles comercialmente sin que se conociera su identidad taxonómica, sus requerimientos de hábitat natural o incluso antes de que sus identidades estuvieran debidamente establecidas”, se lee en el artículo. Parra-Sánchez hace una analogía: esto es como si un niño sin documento de identidad saliera de su país de nacimiento.

En relación al momento de la descripción formal, los investigadores revelaron que D. fuligifera fue comercializada antes, D. tsubotae fue comercializada el mismo año y otras 20 especies fueron comercializadas menos de dos años después. Juntas representaron el 18 % de la base de datos.

Los investigadores identificaron algunas de estas especies a través de imágenes que promocionan su comercialización en redes sociales y páginas web. Los orquideólogos también identifican especies nuevas, todavía no descritas para la ciencia, en ferias y exposiciones internacionales, añade Baquero.

“A los pocos años de descubrir una Dracula no puede ser exportada. No hay forma en la que se haya tenido un número [de plantas cultivadas en laboratorios] para exportarla, necesitas volumen”, asegura Parra-Sánchez. Aquí es importante precisar que los ejemplares colectados de la naturaleza no pueden ser comercializados porque pertenecen al patrimonio natural de cada país.

Solo los reproducidos en laboratorio pueden ser comercializados, pero como explica Baquero, para pedir permisos de colecta, la especie debería estar descrita científicamente y, si es que se lo realiza de manera regular, los ejemplares para la venta deberían salir al menos cinco años después. Por eso, se sospecha que muchos de los ejemplares comercializados estén siendo extraídos de la naturaleza.

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El estudio también documenta que cerca del 10 % de todo el comercio internacional de Dracula, más de 11 000 individuos, se registró bajo identidades inciertas o incompletas. Por ejemplo, se registraron exportaciones bajo la etiqueta “Dracula sp.”, sin especificar a qué especie exacta pertenecía cada planta.

“Deberían cambiar las leyes para que la exportación suceda con nombres completos”, sugiere Parra-Sánchez. La regulación actual estaría permitiendo que los exportadores comercialicen diferentes especies con un solo permiso, sin necesidad de obtener autorizaciones nuevas, explica el investigador.

A Monteros le preocupan las implicaciones de este comercio ilegal. Muchas especies son endémicas y algunas incluso microendémicas, lo que significa que existen en espacios bastante reducidos. El director ejecutivo de Ecominga ha acompañado casos en los que las personas involucradas en la extracción de vida silvestre no solo remueven individuos aislados, sino que extraen poblaciones enteras. “Se genera un grave riesgo para su permanencia en estado silvestre e incluso se puede conducir a extinciones locales”, asevera.

Otro problema, señala Baquero, es que los países de origen están perdiendo el control sobre sus recursos genéticos, principalmente en los casos en los que la reproducción en viveros extranjeros está establecida. Esto implica la distribución desigual de los ingresos generados en la comercialización, afectando a los países de origen de las orquídeas.

Propuestas para disminuir la ilegalidad y la irregularidad

Todas las especies de Dracula están listadas en el Apéndice II de CITES, que permite el comercio regulado. Esto sucede a pesar de que el 71.5 % de las especies evaluadas por la UICN están catalogadas como amenazadas y que la sobreexplotación es señalada como la principal amenaza para cerca del 90 % de ellas.

Por eso, los autores proponen que el género pase al Apéndice I, que prohíbe el comercio a excepción de que se haya verificado que los especímenes fueron propagados en cautiverio. La medida “proporcionaría protección crítica para especies recién descritas, cuyas poblaciones silvestres permanecen completamente desprotegidas durante el periodo entre la descripción científica y el establecimiento de stocks cultivados verificables”, se lee en las conclusiones.

Además, proponen cuatro acciones regulatorias. En primer lugar, eliminar reportes a nivel de género, lo que Baquero considera que podría ayudar a la trazabilidad.

Como segundo punto, plantean documentar el hábitat natural de origen de las especies que todavía carecen esta información; tercero, usar código de barras genético/metabolómico para verificar si se trata de plantas silvestres o cultivadas; y, cuarto, establecer periodos de espera obligatorios entre la descripción de nuevas especies y su autorización comercial.

“No son acciones demandantes, son esfuerzos que se pueden hacer a pequeña escala y que van a tener una repercusión en toda la red de comercialización”, dice Parra-Sánchez. Aunque reconoce que el puente entre investigación e implementación es largo, este es el primer paso para proteger a las especies del género Dracula.

REFERENCIA

Parra-Sánchez, E., Baquero, L., Ordóñez-Blanco, J. C., Gil-Amaya, K., Edwards, D. P., & Morton, O. (2026). Dracula under siege: Persistent demand for a threatened and range-restricted orchid taxa. Biological Conservation, 321, Article 111986. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111986

*Imagen principal: la orquídea Dracula cordobae es especie endémica de Ecuador. Los autores del informe encontraron irregularidades en su comercio internacional. Foto: cortesía Luis Baquero.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la Reserva Natural El Dorado, un equipo de ornitólogos esperaba el anochecer para comenzar la búsqueda de un pequeño búho. En cada punto de conteo, se separaban unos 20 metros entre sí y reproducían una grabación del canto de la especie. Luego esperaban en silencio. Si un búho respondía desde algún lugar del bosque, orientaban sus brújulas hacia el origen del sonido para determinar su posición. De punto en punto, los recorridos se extendían hasta la madrugada. Así estudiaron a Megascops gilesi, el búho de Santa Marta, la única ave rapaz endémica de Colombia, con una distribución restringida a la Sierra Nevada de Santa Marta.

El estudio, publicado en la revista Global Ecology and Conservation, buscaba comprender cómo responde esta especie a la transformación del hábitat y así entender qué tipo de bosque necesita para vivir. Para hacerlo, los investigadores compararon tres ambientes dentro de la reserva: bosques primarios, que conservan buena parte de su estructura original; bosques secundarios antiguos, que llevan años recuperándose; y pastizales con árboles dispersos.

La diferencia apareció con claridad. En los bosques con mejor estado de conservación —tanto primarios como secundarios antiguos— encontraron alrededor de diez veces más búhos que en los pastizales con árboles.

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“Pudimos confirmar que el búho es una especie especialista de interior de bosque”, explica Sergio García-Murcia, ornitólogo colombiano e investigador del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. “Eso quiere decir que su hábitat óptimo es un bosque con árboles grandes, con una cobertura de dosel abundante, y que todas sus funciones ecológicas no las puede llevar a cabo en un pastizal porque no encuentra las condiciones para realizar su vida”.

El estudio también permitió identificar qué características del bosque estaban asociadas con una mayor presencia del búho. Los registros fueron más frecuentes donde había árboles altos, un follaje más cerrado y bromelias. En cambio, había menos búhos en lugares con sotobosque abierto, pendientes pronunciadas y cerca de carreteras, viviendas y bordes del bosque.

Pero el estudio tiene un alcance concreto: describe únicamente lo observado en una reserva, por lo que todavía no permite calcular cuántos individuos existen en toda la Sierra Nevada ni cómo ha cambiado su población con el tiempo.

Un búho que había escapado a las investigaciones

El búho de Santa Marta fue descrito como especie en 2017. Es pequeño, presenta un plumaje en tonos rojizos o grises y habita los bosques montanos de la Sierra Nevada. Su distribución restringida a esta región contribuye a que esté clasificado como especie Vulnerable a escala internacional. Pese al interés que despertó su descripción, hasta ahora faltaban estudios detallados sobre las condiciones del hábitat que necesita.

“Es una especie desconocida en todos sus aspectos, en su ecología básica”, explica García-Murcia, autor principal del artículo. “A partir de esa información es que uno puede tomar medidas de conservación”.

Para encontrar las respuestas, el equipo primero recorrió sus distintos ambientes y registró cómo era la vegetación: midió el tamaño de los árboles, su grosor, la cobertura del bosque y las características del terreno. Después regresó durante la noche para buscar al búho en diferentes puntos de conteo.

“Salía a buscarlos a las siete de la noche, empezaba mis muestreos y en los puntos más lejanos terminaba hasta a las tres de la mañana”, relata García-Murcia.

El método de búsqueda empleado, utilizando grabaciones del búho, permite detectar aves nocturnas que pueden ser difíciles de encontrar solo con la vista. A partir de la dirección de los llamados, los investigadores podían ubicar a los animales y registrar dónde aparecían con mayor frecuencia.

García-Murcia destaca un detalle de los registros obtenidos en pastizales arbolados: las respuestas venían de pequeños fragmentos de bosque cercanos a quebradas o ríos. “Nosotros nunca vimos al búho en un árbol aislado en un potrero o en un pastizal. Siempre provenían de pequeños fragmentos”, señala. Esta observación, dice, ayuda a explicar por qué dejar árboles dispersos en un área abierta no parece sustituir las condiciones que ofrece el bosque con una estructura más completa.

El bosque que necesita

La diferencia entre ambientes no significa que únicamente los bosques primarios puedan albergar al búho. En El Dorado, los bosques secundarios antiguos también registraron una densidad alta, aunque el estudio no evaluó si bosques secundarios más jóvenes ofrecerían condiciones semejantes. García-Murcia considera necesario conservar tanto los bosques mejor preservados como los que llevan más tiempo recuperándose.

“Lo que nos muestran estos resultados es que hay que conservar el bosque —no solo los bosques prístinos o en muy buen estado de conservación— sino esas sucesiones vegetales avanzadas que en la Sierra Nevada de Santa Marta son muy comunes”, dice.

Los árboles altos y el follaje cerrado forman parte de esa estructura. También las bromelias, plantas que crecen sobre los árboles y pueden ofrecer refugio a anfibios. García-Murcia plantea una posible relación con la alimentación del búho, aunque el estudio no demuestra que la presencia de bromelias aumente su densidad por proporcionar más presas. Existen registros de que come anfibios y cangrejos, pero faltan investigaciones para establecerlo con mayor detalle. Conocer aspectos como este permitiría entender mejor qué ocurre cuando un bosque pierde árboles grandes, cobertura o continuidad.

Jorge Luis Gutiérrez-Guillén, coautor del estudio e investigador de Otus Conservation, coincide en que el conocimiento sobre esta ave empezó a construirse recientemente. Antes de esta investigación, él y otros colegas habían trabajado sobre su uso del hábitat. Entre los aspectos que aún requieren estudio están precisamente su reproducción y el papel de distintas presas en su alimentación.

“Es una especie que ayuda a mantener el equilibrio en el ecosistema al fungir como controlador de las poblaciones de sus presas”, describe Gutiérrez-Guillén. “Estamos hablando de una especie endémica que se está alimentando de especies endémicas también. Eso habla de la importancia de la Sierra Nevado de Santa Marta como centro de endemismo”.

El estudio también halló una relación negativa entre la densidad del búho y la cercanía a carreteras, casas y bordes forestales. Por ello, los autores recomiendan conservar los bosques primarios y secundarios antiguos, mejorar la conexión entre fragmentos y evitar que nuevas aperturas degraden los que permanecen.

“Es decir, al búho no le gusta la presencia humana, es muy susceptible a eso”, explica García-Murcia. “Además, en las regiones que son más escarpadas encontramos menos búhos porque allí el bosque es mucho más simplificado, no tiene muchos elementos. El búho prefiere los bosques estructuralmente mucho más complejos que se dan en las zonas más planas”.

Lo que falta conocer fuera de El Dorado

La investigación ofrece datos sobre una zona concreta de la cara noroccidental de la Sierra Nevada. Guido Spinelli, biólogo de Otus Conservation que ha trabajado con el búho pero no participó en este artículo, considera que estos resultados son una base para orientar nuevas búsquedas. Advierte, sin embargo, que hace falta estudiar otros sectores antes de asumir que las densidades observadas en El Dorado se repiten en toda la montaña.

“Uno lo que esperaría es que en el resto de bosques conservados estuviera la misma situación de la estancia del búho”, comenta. Se trata de una expectativa, no de una estimación de sus poblaciones fuera de la reserva. Entre las tareas que propone está explorar otras zonas mediante monitoreo acústico para confirmar la presencia de la especie y evaluar las condiciones de los bosques donde se encuentre.

García-Murcia y Gutiérrez-Guillén cuentan que el equipo trabaja en otra investigación sobre la distribución del búho y su riesgo de extinción, pero esos análisis aún no forman parte de los resultados publicados en este artículo. Para García-Murcia, también hacen falta planes de manejo que reúnan investigación, educación ambiental y decisiones de conservación tomadas con quienes habitan la Sierra.

“Algo muy importante también es involucrar a las comunidades: la conservación no solo se hace con un artículo científico, la conservación se tiene que dar desde los territorios”, afirma el investigador. Gutiérrez-Guillén coincide en que proteger el hábitat y ampliar el conocimiento de la especie son pasos complementarios porque permitirían identificar qué áreas requieren atención y seguir sus cambios a futuro.

Conservar estos bosques es también una forma de proteger el hábitat de otras especies de la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los grandes centros de endemismo de aves del mundo, explica García-Murcia.

“La Sierra Nevada de Santa Marta es una joya no solo para las aves, sino para muchos otros organismos”, concluye el ornitólogo. “Es como una isla en el cielo donde solo las especies que están ahí se encuentran en ese pedacito de territorio”.

*Imagen principal: el búho de Santa Marta (Megascops gilesi) es un ave rapaz endémica de Colombia, restringida a la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: cortesía Jorge Luis Gutiérrez-Guillén.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Colombia busca aplicar una vieja práctica para combatir los cultivos ilícitos en el país: fumigar de forma terrestre, aérea o con drones las zonas donde se produce hoja de coca, amapola o marihuana. El gobierno encabezado por el presidente Abelardo De la Espriella quiere retomar esta actividad utilizando el glufosinato de amonio.

Se trata de un herbicida con capacidad de inhibir no sólo el crecimiento de los cultivos de hoja de coca, sino de cualquier tipo de planta. Aunque las autoridades nacionales han ordenado realizar un programa piloto para “generar evidencia técnica y científica” sobre el uso de esta sustancia, especialistas consultados por Mongabay Latam advierten que en realidad hay más evidencias y señales de los daños que puede generar el agrotóxico en la biodiversidad.

Si bien no hay antecedentes ni estudios suficientes del uso de glufosinato de amonio en cultivos de Colombia, el país cuenta con una larga historia con la aspersión de glifosato, otro herbicida utilizado contra los cultivos ilícitos a partir de 1992, cuyos impactos en la salud y el ambiente no solo fueron documentados, sino que derivaron en sentencias judiciales que ordenaron suspender esta técnica.

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Glufosinato, un herbicida aún en estudio pero peligroso

El herbicida está diseñado para eliminar malezas sobre la superficie del suelo y, con ello, la competencia que le hacen a los cultivos por los nutrientes de la tierra, sin embargo no está pensado para utilizarse en plantíos ilícitos.

Gabriel Tobón Quintero, profesor del Departamento de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, explica que los arbustos como los de la hoja de coca crecen de uno a dos metros, por lo que se requieren varias aplicaciones del herbicida para realmente eliminar la planta.

“El glufosinato no llega hasta la raíz de la planta, lo cual sí hace el glifosato”, precisa el ingeniero agrícola, quien cuestiona la efectividad del uso del herbicida contra cultivos ilícitos. “El glufosinato puede acabar con el tejido verde de las hojas, pero como no llega hasta las raíces, la hoja de coca o el arbusto se puede reproducir más rápidamente”, dice a Mongabay Latam.

Un análisis a la toxicidad del glufosinato, realizado por el ingeniero químico y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, describe los efectos de ambos agrotóxicos sobre las plantas y sostiene que si bien hay diferencias en los mecanismos de daño a la vegetación, ambos pueden representar riesgos para la salud y el ambiente.

El glifosato —considerado como probable carcinogénico para la salud humana por la Organización Mundial para la Salud (OMS)— entra a la planta, mata de raíz en un periodo de 15 a 20 días con un efecto duradero. Mientras, el glufosinato de amonio quema la zona de las hojas al contacto en entre tres y cinco días, pero permite el rebrote de las plantas y es utilizado en malezas que desarrollan cierta resistencia al glifosato, de acuerdo con el análisis citado.

Ambos especialistas coinciden en que no hay estudios concluyentes sobre los daños ambientales y a la salud que provoca el glufosinato de amonio, pues consideran que se requieren evaluaciones específicas para los contextos de Colombia. Además, el impacto dependerá también de su concentración, del método que se utilice y del uso de otras sustancias que acompañan a la aspersión para potenciar los efectos del herbicida.

Sin embargo, sostienen que hay más evidencias que señalan los riesgos para la salud humana, que pueden ir desde quemaduras químicas en la piel y ojos hasta afectaciones en el sistema reproductivo, intoxicaciones graves y acumulación de amoniaco en el cuerpo.

“Hay aspectos neurológicos, también desde el punto de vista genético, de la salud reproductiva, de vías respiratorias. Todo depende de la dosis, de las formas de aplicación y de las mezclas que se utilizan, pero los análisis clínicos y toxicológicos muestran que no es inocuo, eso es algo elemental, si no no se utilizaría para esos propósitos”, explica González a Mongabay Latam.

Estos análisis, de acuerdo con el especialista, señalan que el herbicida puede ser extremadamente tóxico para peces y plantas marinas, así como para polinizadores, como las abejas, e incluso acelerar la erosión del suelo.

Tobón menciona que aunque no hay estudios de campo que hayan analizado en laboratorio la toxicidad del glufosinato de amonio, la Organización Mundial de la Salud sí lo identifica como un sustancia de “un grado mediano de toxicidad y que es incluso mucho más perjudicial que el glifosato”.

El profesor advierte también que pese a los pocos estudios que hay sobre la sustancia, sí es posible identificar potenciales impactos socioambientales.

“El impacto ambiental es por los altos niveles de deforestación que puede causar, debido a la toxicidad que tiene ese herbicida en cualquier clase de tejido vegetal: árboles de la selva húmeda tropical, de los sistemas boscosos xerófitos, con las plantas de maíz, frutas, el pasto. Es un nivel de impacto muy alto”, sostiene Tobón.

Además, el especialista considera que las aguas superficiales, subterráneas y los suelos pueden ser afectados o contaminados al entrar en contacto con el herbicida.

González insiste en que hay una alta complejidad técnica para medir los impactos del uso de glufosinato de amonio para aspersión aérea de cultivos de coca, especialmente en regiones montañosas con presencia de grupos armados. Agrega que los riesgos dependen de las formulaciones empleadas, la tecnología de aplicación y las condiciones reales en que se hagan las fumigaciones.

Por ejemplo, ante la posibilidad de utilizar drones en la aspersión, González señala que los movimientos y las condiciones de viento pueden dispersar completamente el herbicida a otras zonas.

“Los drones generan una serie de dinámicas de movimiento que a su vez generan dispersión. Es decir que el efecto que se pueda producir es incontrolable. Queda una suspensión de partículas que puede ser movilizada por los vientos horas después”, explica el especialista.

Tobón agrega que si bien estos tipos de herbicidas están legalizados y comercializados, el grado de concentración que suele usarse para aspersiones es lo que puede implicar un daño a la salud humana y ambiental.

“No es lo mismo el grado de concentración que requiere una mezcla de herbicida preparada para jardín que para acabar las matas de coca”, precisa el profesor. “Esa diferencia fundamentalmente está en que para las plantas de coca se utilizan los aditivos o surfactantes que aumentan el poder tóxico del herbicida y por tanto aumentan el poder de destrucción”, añade.

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Glifosato, el antecedente del glufosinato de amonio que alerta en Colombia

El uso de herbicidas para la destrucción de cultivos ilícitos no es un tema nuevo en Colombia, donde durante casi 30 años se debatió legalmente su implementación, especialmente con el uso de glifosato, ante los impactos en la salud humana.

En 2020, la Universidad de Córdoba entregó al Instituto Nacional de Salud una evaluación de riesgos para la salud humana derivados por la aspersión aérea con glifosato en Meta, Vichada y Guaviare.

En el documento se alertaron los niveles de riesgos, los cuales dependiendo de las condiciones de exposición, la cantidad, la fórmula, el contacto y otras variables podrían generar “afectaciones de mayor complejidad para los seres humanos, asociadas a daños en diferentes sistemas orgánicos tales como el endocrino, respiratorio, renal y neurológico”.

Para 2022, la Corte Constitucional de Colombia rechazó los cambios al Plan de Manejo Ambiental (PMA) con los cuales el gobierno del expresidente Iván Duque buscó reanudar la aspersión aérea en el país.

La decisión del alto tribunal argumentó en su momento que la medida vulneraba el derecho a la participación de las comunidades de 104 municipios que serían afectadas por esta política. Además, sostuvo que el proceso no tuvo en cuenta que en muchas zonas se requería de una consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes.

El pasado 18 de agosto de 2026 el Consejo Nacional de Estupefacientes, un organismo adscrito al Ministerio de Justicia, expidió una resolución que deroga el establecimiento de un procedimiento para reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea.

Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional ordenó, como una “fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable”, crear un plan piloto de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio a realizarse únicamente en un área del país y sin que eso implique la reanudación de todo el programa.

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Piloto detenido, pero listo para fumigar

El pasado 22 de septiembre, un juzgado otorgó una acción de tutela, un mecanismo constitucional para la protección de derechos, y frenó de manera provisional el piloto programado por las autoridades para comenzar en octubre, mientras no se acredite “el cumplimiento de las condiciones constitucionales, legales, ambientales, sanitarias, participativas y de consulta previa exigidas” por la Constitución.

Jonathan Meneses Valencia, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Tiempo de Cambios, una de las promotoras de la tutela, cuenta que se vieron sorprendidos por la ubicación donde el programa piloto sería realizado en el departamento de Putumayo, al sureste del país.

“Recogimos un total de 10 a 12 acciones de tutelas acumuladas y esto llevó a que en primera instancia el juez fallara a nuestro favor y ordenara tener la aspersión parada hasta que no se cumplan dos cosas”, cuenta Meneses a Mongabay Latam.

La medida mantiene suspendida esta acción piloto hasta que las autoridades acrediten “el cumplimiento integral de las condiciones constitucionales exigidas para cualquier programa de aspersión aérea con herbicidas”, que incluye permisos y planes de manejo ambiental, así como ejercicios de consulta a las zonas impactadas por el ejercicio.

El presidente De la Espriella sostuvo, en respuesta a las acciones de tutela, que “todo aquel que se oponga a la fumigación, sea un funcionario o particular, está ayudando a que ese fenómeno [narcotráfico] se extienda” y debe “ser revisado con detenimiento por la justicia norteamericana”.

Aunque aseguró que respetaría el fallo judicial, su Gobierno explora los canales legales para reanudar la aspersión. En tanto, el ministro de Justicia, Iván Cancino, ha asegurado que eventualmente se harán las fumigaciones “protegiendo a la ciudadanía y al ambiente”.

“Vamos a fumigar, sin desconocer las decisiones. Cada vez que se nos pida que ajustemos algo, lo acataremos. Colombia es un país que necesita la fumigación terrestre, vía manual, la de drones o la aérea, con todo el respeto a la protección del ambiente, a la población civil y brindando alternativas en la sustitución de cultivos”, dijo en entrevista a la revista Semana.

Mongabay Latam buscó al funcionario para conocer el tipo de evidencia con la que cuenta el Gobierno sobre los impactos socioambientales del glufosinato de amonio, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

*Imagen principal: la Justicia colombiana frenó el pan de De la Espriella para comenzar a probar la fumigación con glufosinato de amonio. Foto: Ministerio de Defensa de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La pérdida de alimentos, la reducción de pescado y mariscos así como el incremento de sus precios son riesgos reales para Latinoamérica, que ya enfrenta los impactos por el fenómeno meteorológico de El Niño con sequías, incendios, inundaciones y cambios en los patrones del océano que se reflejan en tu mesa.

Estos impactos no afectan a todas las personas por igual. Especialistas consultados por Mongabay Latam explican que las alteraciones provocadas por este fenómeno aumentan las desigualdades sociales y económicas en la región.

En Colombia, por ejemplo, un análisis hecho por la Red por la Defensa de la Reforma Agraria advierte que los cultivos que representan entre el 30 % de toda la producción nacional de alimentos —incluyendo a varios de la canasta básica— están en riesgo de perderse por los efectos de El Niño.

La pesca en México, una actividad de la cual dependen miles de personas, también se verá afectada por la disminución de especies comerciales causada por el calentamiento anómalo en el Pacífico.

Mientras que en el norte de Argentina, las comunidades indígenas ya resienten los efectos de las lluvias e inundaciones en sus cultivos, así como la crianza de animales que utilizan para alimentarse y subsistir.

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El Niño le puede costar un tercio de la comida a Colombia

Papa, cebolla, maíz, arroz, banano y yuca son algunos de los principales alimentos que se producen y consumen en Colombia. El aumento de las temperaturas y la alteración en las lluvias provocadas por El Niño puede costarle al país la pérdida de 8 460 000 toneladas de comida, lo que representa entre el 30 % de toda la producción nacional, de acuerdo con un análisis hecho por la Red por la Defensa de la Reforma Agraria.

De acuerdo con el mapeo —el cual se basó en pronósticos oficiales de lluvias, evaluaciones agropecuarias municipales y calendarios de siembra de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)— el impacto más fuerte no llegará este año, cuando más falta el agua, sino entre febrero y mayo de 2027 cuando se recolectan las cosechas.

Por esta razón, el mapeo identifica dos riesgos distintos en la siembra y la cosecha de alimentos.

Por un lado se considera el impacto en las semillas que no germinan o cuya siembra se aplaza por que el suelo está seco. Este riesgo se enfoca entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. Mientras que el riesgo para la planta que germinó es distinto pues rendirá menos por el agua faltante durante el proceso y podrá ocurrir desde octubre de 2026 hasta agosto de 2027, con picos entre febrero y mayo.

Cristian López, integrante de la Red por la Defensa de la Reforma Agraria y uno de los autores del análisis, explica que la ausencia de lluvias en esos meses clave repercutirá después en alimentos básicos para la población.

“Hemos identificado que las cadenas alimentarias más afectadas van a ser el maíz, el plátano, la papa, el arroz, la yuca, el frijol, el aguacate. Esos cultivos alimentarios van a ser profundamente afectados y tendrán un impacto muy profundo en el hambre, en la pobreza y en las brechas de desigualdad en Colombia”, expone el investigador a Mongabay Latam.

El análisis advierte los puntos de sequía más críticos en diferentes momentos, acorde a la región y cultivo. Por ejemplo, se espera que la lluvia en La Guajira, al norte de Colombia, se reduzca más del 95 % en diciembre, así como un 85 % en el Caribe. Mientras que para el eje cafetero y el alto Magdalena el punto crítico es ahora, en septiembre, con una reducción de la lluvias del 74.6 % en Quindío; 68.2 % en Tolima; y 67.8 % en Huila, departamentos que incluso han enfrentado incendios forestales en las últimas semanas.

La red publicó también esta herramienta para que los campesinos y productores puedan conocer el nivel de riesgo por municipio y cultivo en este periodo, así como saber qué mes exactamente puede ser el más crítico en sus regiones.

La Red precisa que este esfuerzo es parte de un llamado para que el Gobierno de Colombia, encabezado desde agosto por Abelardo de la Espriella, destine una partida presupuestal para atender el tema y revierta el recorte previsto al sector agropecuario, pues los impactos no solo pueden encarecer los alimentos sino también dejar sin ingresos al sector campesino.

López explica que la gran mayoría de las medidas de prevención y atención parten de activar el presupuesto para, por ejemplo, compras públicas anticipadas, gestión de reservas, créditos para los productores y acceso a seguros para quienes arriesgan sus cultivos.

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Incertidumbre para la pesca en México

Originado por el calentamiento de la superficie del océano Pacífico, El Niño también se refleja en el cambio de la distribución de organismos marinos y, por lo tanto, en la ausencia de peces y especies comerciales. Esto representa un gran riesgo para la pesca en México, que concentra la mayoría de su actividad en el Pacífico y de la cual dependen directamente más de 333 630 personas.

Uno de los efectos principales que causa el fenómeno climático es el cambio en la distribución de los organismos. Las surgencias costeras —zonas de ascenso de aguas profundas y ricas en nutrientes— se ven alteradas, por lo que muchas especies que se alimentan en ellas migran a aguas más profundas y frías.

Esto dificulta más la actividad pesquera de muchas especies. Antar Pérez Botello, especialista en ciencias marinas de la organización Oceana, explica que los impactos se reflejan tanto en peces que “pueden ir a zonas más frescas, donde encuentran alimento”, como en especies que no migran, como moluscos y ostras.

También precisa que con las altas temperaturas de El Niño habrá mayor blanqueamiento de corales e incluso una menor productividad, por ejemplo, del ostión de roca, debido al mayor estrés.

Otro ejemplo ocurre en las costas de Oaxaca, donde la pesca del huachinango o pargo rojo (Lutjanus peru), una especie comercial clave, es cada vez menor debido al incremento de la temperatura del agua.

Pero un clima mucho más adverso no solo cambia la distribución de las especies. Pérez agrega que pescar puede volverse una actividad de riesgo ante cambios abruptos en el Pacífico, como recientemente ocurrió con el huracán Polo, que escaló de tormenta tropical a huracán categoría 5 en tiempo récord frente a las costas de Guerrero.

Estas circunstancias, explica Pérez, ponen en mayor incertidumbre a las personas que se dedican a la pesca ribereña en el Pacífico, especialmente en la captura de camarón, de túnidos, huachinangos y toda la escama marina.

Para el especialista en ciencias marinas, los efectos de El Niño en la pesca no solo se quedan en la costa, pues afirma que son más de dos millones de personas las que están involucradas en toda la cadena de valor, sin considerar los consumidores finales.

“Nos va a afectar de manera integral a toda la población”, afirma.

Actualmente, Oceana trabaja con comunidades costeras en planes de manejo pesquero que les permitan adaptarse a un clima cambiante y dinámico. “Vamos a poder responder de una manera mucho más informada, con la mejor ciencia disponible y entendiendo que estos patrones son el clima que nos toca enfrentar”.

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Comunidades indígenas de Argentina, con mayores retos para obtener comida

A diferencia de otras regiones de Latinoamérica, en el norte de Argentina El Niño potencia la estación de fuertes lluvias e inundaciones. Para las comunidades del pueblo vilela, estos efectos ya se sienten dentro de la provincia de Santiago del Estero.

Deolinda Carrizo, integrante del pueblo vilela y de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena en Argentina (Mocase), cuenta que estas condiciones ya representan un riesgo alimentario para las comunidades que dependen de la agricultura familiar, la cría de animales y el monte nativo.

“Estamos en alerta máxima con el fenómeno de El Niño y nos están desmontando el monte. Lo están desmontando para el monocultivo. Ahí es donde también se rompe una barrera de contención para que estas cosas se paren”, explica la dirigente a Mongabay Latam.

Cuenta que por las fuertes lluvias y granizo han dejado de recolectar frutos como el algarrobo, que les brinda alimento tanto a ellas como a sus animales. Incluso estos efectos han mantenido inundada la zona de bañados, un conjunto de lagunas naturales, donde han perdido a algunos de sus animales de crianza.

“Normalmente las familias en invierno viven en la zona alta y en verano vuelven al bañado, pero en estos últimos meses prácticamente las familias no han podido volver porque sigue habiendo agua y las crecidas repentinas les han matado cabras, vacas, ovejas, yeguarizo que son la economía de las familias”, comenta Carrizo.

En años anteriores, dice Carrizo, las comunidades tenían acceso a un fondo de emergencia climática que les permitía paliar un poco los impactos del fenómeno climático. Sin embargo, hoy ya no es posible por lo que son las propias comunidades vilelas las que han sostenido entre ellas.

“Las familias tenían para plantar de nuevo un vivero. Hoy no hay nada. La Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la pesca artesanal ha sido eliminada”, cuenta la dirigente.

“Tratamos de compartirnos desde el huevo de gallina hasta un puñado de semillas, porque en muchos casos se han perdido por la inundación los cultivos por la sequía. Otra forma es el intercambio de reproductores”, expone Carrizo.

“En esta etapa tenemos no solo para compartir saberes y prácticas, sino que también queremos que se nos incluya en las soluciones que podemos aportar para que no nos afecte más”, sostiene.

*Imagen principal: los impactos de El Niño en Colombia ponen en riesgo al 30 % de la producción nacional de alimentos. Foto: cortesía Alcaldía de Medellín

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En los humedales y bosques densos de la cuenca del río San Juan, en Chocó, Colombia, las amenazas no provienen de un único frente. Las comunidades afrodescendientes que habitan el territorio colectivo del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) enfrentan una encrucijada crítica. Acadesan reúne a 72 comunidades distribuidas en los municipios chocoanos de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina y Litoral del San Juan, así como en Buenaventura, Valle del Cauca. Es, además, el único consejo comunitario de Colombia que cuenta con un esquema de protección colectiva integral, aprobado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Mientras el fuego cruzado entre grupos armados ilegales y sus ataques con drones y tecnología de punta los obligan a desplazarse de su territorio o a quedar confinados en él, las secuelas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en la mañana del 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, terminaron de resquebrajar sus condiciones de subsistencia.

Según la Defensoría del Pueblo, desde el mismo 10 de agosto, presuntos integrantes del Clan del Golfo llegaron a la comunidad San Agustín, en Sipí, en donde permanecieron por tres días restringiendo la movilidad y las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales de la población.

Luego, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se extendieron a otras partes del territorio étnico de Acadesan en zonas rurales de Nóvita y Sipí, con un agravante: el uso de drones cargados con explosivos. El 23 de agosto, en un comunicado, la Defensoría denunció que uno de esos artefactos fue detonado en el corregimiento de Charco Hondo, una zona rural del municipio de Sipí, dejando tres civiles heridos (dos hombres y una mujer) y provocando el desplazamiento forzado de decenas de familias.

La entidad mencionó que cerca de 3000 personas (652 familias) están en situación de confinamiento y 90 familias más se desplazaron hacia otros municipios por estos hechos. Según el comunicado, la población civil vive atemorizada no solo por los enfrentamientos entre estos dos grupos ilegales, “sino por la posibilidad de que sus campos y caminos hayan quedado contaminados con artefactos explosivos debido al uso recurrente de drones”.

De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, su equipo realizó una misión humanitaria el 25 de agosto en el corredor Nóvita–Sipí, en donde evidenciaron daños graves en viviendas y bienes colectivos, ocasionados por explosivos y ráfagas de fuego, así como afectaciones psicológicas importantes en la población.

“Se acompañó el traslado de 40 personas desplazadas desde Torrá hacia Nóvita e Istmina, algunas de las cuales posteriormente continuaron su desplazamiento hacia otros lugares del país. Con estas acciones no se quiere decir que el corredor humanitario se encuentre plenamente normalizado. Persisten restricciones de movilidad y condiciones de seguridad que dificultan el acceso regular y seguro de la población y de la oferta institucional humanitaria. Por ello, continuamos realizando llamados a las autoridades competentes para garantizar condiciones efectivas de acceso, protección y atención”, señaló Ortiz a Mongabay Latam.

En efecto, Mauricio Parra, asesor de Acadesan, asegura que quienes han logrado huir de la violencia o de la pérdida de sus viviendas en las zonas rurales enfrentan hoy un drama silencioso en los centros urbanos. “En el municipio de Istmina, las familias desplazadas se encuentran alojadas en condiciones de extremo hacinamiento en casas de familiares y amigos”, comenta.

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El terremoto que profundizó la crisis

El escenario para las comunidades afro de Acadesan se ha complicado en las últimas semanas. La sede de la asociación en el municipio de Istmina, que históricamente ha funcionado como albergue temporal para atender las emergencias en el territorio, también resultó gravemente afectada por el terremoto, lo que impide alojar a las víctimas de los grupos armados. Todo esto ocurre mientras el departamento sigue sin terminar el censo de daños del sismo, lo que, según la propia Defensoría, impide dimensionar y atender oportunamente a las víctimas en zonas rurales que permanecen incomunicadas.

Acadesan calcula que más de 200 viviendas del territorio colectivo quedaron totalmente destruidas o inhabitables debido al sismo y a un vendaval posterior el 13 de agosto, aunque esta cifra es un estimado preliminar y es posible que sean muchas más.

Como si esto fuera poco, el proceso de censo y registro de damnificados por los desastres naturales ha enfrentado una serie de desafíos tanto logísticos como de seguridad.

Si bien muchas familias no están en sus casas debido a los enfrentamientos, otras denuncian que no han recibido la visita de los funcionarios públicos de las alcaldías para llenar el formulario de afectaciones a sus viviendas tras el terremoto, dispuesto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El 4 de septiembre de 2026, Acadesan envió derechos de petición (solicitudes de información oficial) a las alcaldías de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca), así como a la UNGRD, para denunciar posibles irregularidades en la recolección de información en terreno.

“Tenemos entendido que los formularios de la UNGRD deben ser completados directamente por funcionarios públicos. Sin embargo, no conocemos ningún caso en donde se haya realizado este procedimiento. Por el contrario, algunas comunidades han manifestado que servidores públicos han enviado o dejado los formularios en las comunidades para que sean las mismas personas afectadas quienes los llenen”, denuncia Felipe Nery Martínez Arboleda, representante legal de Acadesan.

Desde la perspectiva de la organización étnica, esta práctica vicia el procedimiento legal y amenaza con dejar por fuera del registro oficial a cientos de familias que perdieron sus casas o cultivos, lo que posteriormente les impedirá acceder a la ayuda estatal o a programas de reconstrucción.

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Para tratar de encontrar una solución rápida a las familias que no pueden regresar a sus hogares debido a que sus casas quedaron destruidas por el sismo, por el vendaval o por los enfrentamientos armados, Acadesan también solicitó a la UNGRD la construcción de ocho casas comunitarias, una por cada una de las ocho zonas que componen su territorio, que sirvan para resguardarse frente a desastres naturales y para el desarrollo de actividades comunitarias. “Estas casas buscan que las comunidades no tengan que desplazarse necesariamente a las cabeceras municipales, en donde el desplazamiento se vive de manera mucho más brutal”, agrega Martínez.

Aunque Mongabay Latam consultó a la UNGRD para conocer sobre estos hechos, desde su oficina de prensa se limitaron a indicar que no tienen información al respecto.

El modelo de protección colectiva

Lo que hace particular la forma de organización de Acadesan en términos de seguridad es que, desde enero de 2024, cuentan con un esquema de protección colectiva para las 72 comunidades que la conforman. Se trata del primer esquema de este tipo reconocido en Colombia, tras más de cuatro años de insistencia.

Debido al contexto de conflicto armado en la cuenca del río San Juan, la UNP aprobó 50 medidas de protección a cargo de 23 entidades del Gobierno Nacional, un modelo que buscaba superar el enfoque tradicional de protección individual (escoltas, chalecos, celulares) para atender el riesgo de la comunidad como sujeto colectivo.

Esas 50 medidas apuntan a fortalecer el proceso organizativo de las comunidades e incluyen lanchas para misiones humanitarias, infraestructura para evacuaciones rápidas en medio de combates y casas comunitarias que sirvan de refugio. Además, procesos de recuperación de la cultura, el arte y la historia del pueblo negro de la cuenca del Rio San Juan y la financiación de equipos técnicos propios que le den a la organización mayor capacidad de diálogo con el Estado.

El eje central de estas medidas de protección es la estricta neutralidad. Acadesan rechazó cualquier tipo de esquema armado para evitar que sus líderes e integrantes fueran señalados por los actores legales o ilegales que operan en la zona. Bajo este enfoque, creen que la protección no se construye con armas, sino reduciendo las vulnerabilidades históricas de la población.

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Y es justamente este concepto de protección colectiva el que, según Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores, muchas comunidades han insistido en recibir, pero el Estado aún no lo contempla. “El analista es quien determina las medidas de protección preconcebidas dentro del Estado, cuando realmente son las personas en los territorios quienes pueden establecer con mayor claridad y rigurosidad qué tipo de acciones se deben desarrollar en términos de prevención, protección y reacción”.

Sin embargo, la pregunta que surge ante los hechos de violencia de agosto de 2026 es evidente: ¿qué tan efectivas han sido esas 50 medidas frente a una escalada de esta magnitud?

Mauricio Parra pone un ejemplo concreto sobre esa brecha: cuando se aprobó la medida de protección colectiva, Acadesan recibió gasolina para el uso de sus lanchas y botes a través de donaciones. Hoy, dos años después, no pueden mover sus medios de transporte, los cuales sirven, precisamente, para evacuar a la población y trasladar ayuda humanitaria en medio de emergencias como la actual.

Aunque el suministro de gasolina está consignado en la medida 42 de una Resolución DGRP del 22 de enero de 2024, el mismo acto administrativo que aprobó la protección colectiva, Parra asegura que no han recibido ni gasolina ni el mantenimiento necesario para las lanchas.

“Un gran porcentaje de las personas que usan vehículos de protección de la UNP son personas de estratos 4, 5, 6 [los más ricos del país] que pueden pagar la gasolina y pueden pagar el mantenimiento de los vehículos. Mientras que las comunidades rurales que se mueven por vía fluvial, en botes, están en un escenario de pobreza o de pobreza extrema, en un escenario de violaciones masivas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero a esas comunidades les toca sacar dinero que no tienen para pagar la gasolina. Ese sigue siendo un problema que debe ser corregido por el Gobierno”, denuncia Parra.

De acuerdo con la resolución citada, el Ministerio de Minas y Energía es la entidad encargada de suministrar “gasolina motor corriente” para 12 lanchas del colectivo y de establecer una mesa técnica que estipula un mecanismo de financiamiento para asegurar la entrega del combustible de manera anual. Sin embargo, en respuesta del 9 de septiembre de 2026 a una solicitud de Acadesan por la emergencia del sismo, el ministerio afirmó que no era posible atribuirle la obligación de suministrar el combustible ni autorizar recursos públicos para ese fin.

Mongabay Latam contactó al Ministerio de Minas y al Ministerio del Interior. Esta última entidad es la responsable de hacer seguimiento a los avances de la implementación de las medidas de protección colectiva y a la respuesta institucional ante el desplazamiento masivo. Hasta el momento de la publicación de este reportaje ninguna de las entidades ha respondido.

Para Astrid Torres, en este tipo de contextos de crisis humanitaria, es esencial una acción que parece simple y obvia: “El Gobierno Nacional debe iniciar una comunicación directa con la comunidad y valorar las medidas necesarias ante la situación de emergencia, no solo del terremoto, sino por el confinamiento y el desplazamiento causado por el conflicto armado. También es indispensable reconstruir de manera inmediata la sede comunitaria que funciona como refugio y reconocer las agendas colectivas y de autoprotección que ya se tienen para enfrentar este tipo de situaciones”. Sin embargo, los voceros de Acadesan aseguran que hasta el momento el Gobierno Nacional no ha establecido diálogo con ellos.

La otra función de Acadesan

En Acadesan, el  consejo comunitario tiene la responsabilidad de velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a las comunidades afrocolombianas del río San Juan y sus afluentes. También, de adelantar campañas en defensa del ambiente y sus recursos naturales, según establece la organización en su propia carta de principios.

Esta labor cobra especial relevancia porque el territorio colectivo se ubica en pleno Chocó biogeográfico, considerado uno de los 36 hotspots de biodiversidad en el mundo, según la clasificación global de Conservation International (CI) y el Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), pero que está sometido a un deterioro acelerado. Muestra de esta presión es que, según cifras de Global Nature Watch, entre 2002 y 2025, el departamento del Chocó perdió 38 000 hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 29 % de su pérdida total de cobertura arbórea. El 62 % de la pérdida de cobertura vegetal en el departamento correspondió a deforestación permanente, impulsada principalmente por la agricultura permanente (75 000 hectáreas) y los procesos mineros y extractivos (5700 hectáreas), sumados a la infraestructura y asentamientos humanos (450 hectáreas).

Frente a este panorama, gran parte de las medidas de protección colectiva reconocidas a Acadesan en 2024 no solo buscan blindar a la población del conflicto armado, sino también avanzar en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, mejorar la educación, la salud, la seguridad alimentaria y los ingresos de las familias a través de proyectos productivos y el acceso a energía limpia.

Esta dimensión ambiental añade otra capa de urgencia a la crisis actual: mientras el conflicto armado y el terremoto concentran la atención institucional, el territorio que Acadesan busca proteger sigue expuesto a la presión de actores legales e ilegales que disputan el control de sus recursos naturales y corredores fluviales.

Jazmín González Díaz, secretaria de Acadesan y directiva zonal en el municipio de Litoral del San Juan, señala que, entre las 50 medidas de protección adoptadas, el Ministerio de Ambiente y Codechocó —la autoridad ambiental regional— se comprometieron a implementar el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental del territorio colectivo de Acadesan. El objetivo era proteger el territorio frente a la tala, la pesca y la minería ilegales. Sin embargo, asegura que ese compromiso sigue sin cumplirse.

“Estamos profundamente decepcionados y con muy poca esperanza porque no ha habido ningún avance en estos planes, a pesar de que el plan de manejo era un compromiso asumido por el gobierno anterior”, manifiesta González. A la lideresa le preocupa que, tras las afectaciones del reciente terremoto, la crisis obligue a las familias a recurrir a la extracción de recursos para subsistir: “Nos preocupa que muchas familias se vean forzadas a extraer oro de manera irregular, así como a talar madera en los manglares y en las más de 590 000 hectáreas de bosque del territorio de Acadesan, pues aquí la gente vive exclusivamente de lo que produce la tierra”.

Mongabay Latam consultó al Ministerio de Ambiente y a Codechocó pero hasta el momento no se han obtenido respuestas.

Acadesan Radio 101.3 FM: una herramienta contra el aislamiento

En medio del confinamiento, la incomunicación y la falta de energía eléctrica que afecta a la mayoría de los poblados rurales de la cuenca del río San Juan, las autoridades de Acadesan le apostaron a una última herramienta de autoprotección: la radiodifusión.

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El pasado miércoles 9 de septiembre de 2026, tras un largo proceso de gestiones y convocatorias ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), salió oficialmente al aire Acadesan Radio (101.3 FM).

A pesar de que el montaje de las torres y transmisores representó un enorme esfuerzo económico para el consejo comunitario, la emisora busca convertirse en el canal central para difundir alertas de emergencia, información comunitaria y resistencia cultural.

“La emisora es muy importante en un territorio en el que la mayoría de las comunidades no tiene energía o no tiene energía estable, y donde la telefonía e internet son muy precarios. Poder tener una emisora en FM, donde la gente simplemente con un radio de 30 000 o 50 000 pesos [entre 10 y 16 dólares] pueda saber qué está pasando en su territorio o recibir noticias de un familiar, tiene que ver con esa posibilidad de resistencia”, dice Mauricio Parra.

Previo al otorgamiento de la licencia, Acadesan recibió apoyos de alrededor de 10 entidades, entre estatales y ONG, para su funcionamiento. “Estas alianzas han permitido contar con un equipo intermitente para la gestión radial, desarrollar procesos de formación, realizar sondeos de audiencia, producir contenidos para redes sociales, sensibilizar a la comunidad sobre el lanzamiento y avanzar en infraestructura, como por ejemplo la donación de la antena, la mesa de mezclas, los micrófonos y otros equipos”, detalla Jonathan Sánchez Sinisterra, coordinador de Comunicación de Acadesan.

Para las 72 comunidades del consejo comunitario, mantener encendidos sus radios representa hoy una de las pocas garantías para informarse, prevenir nuevos impactos de la guerra y evitar que su historia y su cultura se borren en medio de la selva del Pacífico colombiano.

“Dado que se trata de un territorio geográficamente disperso donde muchas comunidades no se conocen entre sí, la radio fortalece las expresiones locales y permite reconocer la vigencia de prácticas compartidas. Por ejemplo, dentro de nuestra programación tenemos un espacio para la tradición oral («la hora del cuento»), concebido para registrar la memoria local y tejer redes de protección comunitaria alrededor de la palabra”, concluye Sánchez.

*Imagen principal: en el extremo sur de Chocó, las comunidades del Litoral del San Juan enfrentan con temor una guerra que ha escalado: los grupos armados que se disputan el territorio ahora utilizan drones cargados con explosivos. Foto: cortesía Acadesan.

El artículo original fue publicado por Tatiana Rojas Hernández en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La pesca artesanal en el Pacífico colombiano, clave para la vida y la alimentación de comunidades de la costa norte, enfrenta una crisis por la sobrepesca de al menos tres especies de importancia comercial: la sierra (Scomberomorus sierra), el pargo lunarejo (Lutjanus guttatus) y el burique (Caranx caballus), las cuales están siendo capturadas por debajo de la talla de madurez y con una reducción en su potencial reproductivo.

Un reciente estudio publicado en la revista Regional Studies in Marine Science detectó señales de sobreexplotación pesquera tras analizar las tallas capturadas en 769 viajes de pesca durante 2023 en puntos de desembarque de los municipios de Bajo Baudó, Nuquí y Bahía Solano, en el departamento de Chocó. De cuatro especies analizadas, únicamente una no presentó evidencias de sobrepesca, la picuda (Sphyraena ensis), un pez representativo de la región.

Además de detectar que estos peces están llegando al desembarque antes de haber podido reproducirse, el estudio señala un uso inadecuado de algunas artes de pesca, como redes de enmalle, así como una deficiente vigilancia y gestión de los recursos pesqueros.

Especialistas y autores de la investigación explican a Mongabay Latam cómo estos factores generan una presión sobre las poblaciones de peces que pone en riesgo su capacidad para reponerse. Sin embargo, también destacan el conocimiento de comunidades pesqueras para implementar posibles soluciones que permitan no solo la recuperación de las poblaciones, sino también garantizar el sustento de pescadores y sus familias.

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Artes de pesca que influyen en la sobreexplotación

Para identificar las razones de la sobreexplotación pesquera, los autores del estudio analizaron el tipo de arte de pesca utilizado, el tiempo en el cual se hace, el tipo de especie e incluso las condiciones donde se realizó la pesca.

De acuerdo con la investigación, el método predominante en la medición de más de 20 393 individuos fue la línea de mano (en un 56.7 %), seguido por las redes de enmalle (25.5 %), las redes camaroneras (11.1 %) y los palangres (6.7 %).

El estudio advierte también que aspectos del arte de pesca influyen en el tamaño de captura de los peces. Por ejemplo, las redes de enmalle y las camaroneras extraen diferente tamaños, incluyendo peces más juveniles, mientras que las líneas de mano y los palangres tienden a capturar peces grandes y maduros.

Gian Luca Lo Verso, investigador principal del estudio, explica que las características de las diferentes artes de pesca utilizadas en esta región costera han sido poco estudiadas, pese a que influyen en las especies que se capturan y en su conservación.

“Los pescadores comienzan a utilizar diferentes configuraciones del arte. Por ejemplo, utilizan un paño de red de enmalle de dos pulgadas, unido a un paño de cuatro pulgadas, uniendo diferentes tamaños de malla. Entonces, comienzan a capturar en una misma faena diferentes porciones de la estructura de las longitudes de las especies”, explica el autor a Mongabay Latam.

Lo Verso precisa que la investigación no incluyó al atún ni a la merluza, especies de gran valor comercial en la zona, debido a que ya han sido objeto de otros estudios.

El modelo de investigación permitió identificar patrones en las diferentes localidades donde se hizo la investigación, detectando zonas y temporadas en las que hay mayor impacto para las especies.

“Nuquí es una zona donde la mayoría de los artes de pesca y para todas las especies se están capturando individuos inmaduros en un porcentaje muy alto, con excepción de algunos casos como la picuda o el burique”, destaca el especialista.

En cuanto a la temporalidad, se detectó, por ejemplo, que entre los meses de abril y agosto se capturan principalmente individuos inmaduros con todas las artes de pesca. Lo Verso detalla que las longitudes promedio de las especies son cada vez menores.

“La tendencia es clara, cada vez se están capturando individuos más pequeños y eso es un riesgo muy grande, sobre todo para poblaciones de peces que son vulnerables y que están agotadas porque no solamente están disminuyendo los volúmenes de desembarco, sino también está disminuyendo el potencial reproductivo de las especies, que no alcanzan a reproducirse ni siquiera una sola vez en su ciclo de vida”, sostiene el ingeniero pesquero.

Jairo Altamar López, investigador y docente de la Universidad del Magdalena, quien no participó del estudio, coincide en el riesgo que representa este hallazgo para las especies analizadas, que representan el sustento de las comunidades pesqueras a lo largo de esta región de Colombia.

“Termina disminuyendo el potencial de individuos que van a sostener la biomasa desovante y en consecuencia los próximos cortes de estas poblaciones serán cada vez menores, poniendo en riesgo a la especie, no de extinción, pero sí de una disminución importante de las abundancias de estos recursos que al final terminan poniendo contra la pared a los pescadores”, comenta el experto a Mongabay Latam.

Altamar considera que el estudio científico debe despertar alarmas en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) para examinar con más detalle las pesquerías artesanales del Pacífico colombiano, una zona pesquera productiva pero de difícil acceso para su vigilancia.

“Todas esas dificultades en materia de movilidad terminan impactando también en la manera como el Estado llega a esas regiones con personal y con recursos. Se evidencia en la falta de control y vigilancia alrededor de los recursos pesqueros de esta región”, dice el especialista.

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La crisis se ve en el mar y en el bolsillo

Ana Zita Pérez, tecnóloga pesquera y presidenta del Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal del Pacífico chocoano, cuenta que en Bahía Solano, uno de los puntos de medición del estudio, las redes de enmalle y camaroneras están prohibidas dentro de la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA) debido que no son selectivas con los tamaños de los peces.

“La red captura cualquier tamaño. Y en muchas ocasiones el pescador se llevaba lo que le servía y el resto lo dejaba en la orilla. Hay embarcaciones que salen y en el sitio donde tiran redes desaparece la pesca por días. Entonces aquí la red está prohibida”, sostiene la lideresa.

De las especies en sobrepesca detectadas en el estudio, Zita comenta que en Bahía Solano el caso más evidente es el del pargo lunarejo y otras especies de pargo cotizadas por restaurantes que llegan a pagar entre 5 y 6 dólares el kilo.

“Al pargo rojo y al pargo lunarejo por ese tipo de comercio no los dejan crecer. Hay pescadores que ya han tomado conciencia, pero la mayoría no porque el mercado se lo exige”, explica la dirigente a Mongabay Latam.

Pone como ejemplo un pargo lunarejo de entre 400 a 900 gramos que pese a no haber alcanzado aún su madurez sexual se paga igual que uno adulto.

También destaca el caso del burique con desembarques cada vez más reducidos. “Anteriormente usted conseguía todos los días burique. Pero hay momentos en que desaparecen, que el pescador coge uno o dos. A veces llegan muy pequeños, pero decimos que eso debe ser debido al cambio climático”, agrega Zita.

Especialistas consultados por Mongabay Latam coinciden en que las investigaciones de sobrepesca de especies no pueden dejar de lado la realidad de las comunidades pesqueras, quienes optan por pescar especies de menor tamaño ante la necesidad de sostener sus medios de vida.

“La realidad de las comunidades que viven de la pesca es otra. Muchos pescadores nos decían: ‘Si yo no salgo a pescar y no tiro esta red de enmalle, no tengo con qué alimentar a mi familia’. Las medidas de manejo también tienen que hacerse pensando en la comunidad y con la comunidad”, comenta Lo Verso, autor principal del estudio.

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Conocimientos y cambios clave en la pesca pueden revertir el daño

El principal autor de la investigación explica que una de las ventajas del estudio fue involucrar a los pescadores locales en la medición de las especies capturadas, lo que permite conectar mejor los hallazgos con las realidades que viven las comunidades.

“Tenemos que cambiar el chip y comenzar a trabajar en conjunto con las comunidades y decirles: ‘Vamos a unir ciencia con conocimiento tradicional y con las necesidades de las comunidades’ y dejar de reportar solo la afectación de los recursos para comenzar a reportar cómo van mejorando y cómo se van recuperando estas poblaciones”, sostiene Lo Verso.

Altamar considera que la metodología de este tipo de estudios representan una nueva herramienta “ideal” para países como Colombia y regiones donde no se invierten recursos suficientes para monitorear la pesca.

“A partir de esta información limitada tenemos un primer análisis que nos da un estado que permite tomar medidas precautorias en torno a ciertos recursos”, sostiene el investigador, quien advierte que no se debe desconectar el conocimiento ecológico tradicional de las comunidades de pescadores de los hallazgos técnicos-científicos. Los pescadores, advierte, son quienes “tienen un mayor convencimiento de la necesidad de la sostenibilidad de las pesquerías, entienden la necesidad de realizar la actividad pesquera de manera responsable y sostenible”.

Para Zita, estas posibles alternativas pasan también por explorar otro tipo de pesquerías que permitan diversificar la alimentación y los medios de vida de las personas que dependen de la pesca, especialmente en zonas como Bahía Solano, donde familias y principalmente mujeres han encontrado en la pesca orillera un sustento.

“Hay que mirar otras especies que hay en la región, pero que todavía no se explotan, como el dorado, la centolla que se da en la región, y que sabemos que tiene muy buenos precios. Está la anguila, el calamar, pero no lo explotamos”, comenta Zita.

*Imagen principal: las especies presionadas por la sobrepesca son claves para el sustento de comunidades. Foto: cortesía Evaristo García.

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Seix Barral, 2024

252 pgs

A ninguna persona normal debe pasar inadvertido lo mal que lo suele pasar en la vida, peor que la mayoría, el personal del colectivo LGTBI, y dentro del mismo, las personas Trans llevan la peor parte, son un grupo realmente vulnerable. Tenía alguna noticia sobre este libro, y al verlo en la biblioteca de mi ciudad, decidí cogerlo.

Está siendo todo un fenómeno editorial y social, y a diferencia de otros, tiene calidad de sobra. Veamos, Alana es una chica trans, que nació en el barrio de San Blas, que estudió historia medieval, que se viene dedicando al mundo del teatro, la animación  sociocultural y la escritura, y esta es su  primera novela.

La protagonista de esta novela, al igual que la autora, nació en San Blas, donde pasó su infancia y adolescencia, en los 80 y 90. Como sabe cualquier persona nacida antes de 1978 o así, esos fueron los años de la heroína, el caballo, los yonquis a mansalva tirados en medio de la calle, muriendo a chorro, de sida, de sobredosis. Y la protagonista, Alex ( de la que no es muy difícil averiguar que tiene muchos puntos en común con la autora), desde muy pronto se da cuenta de que no se siente a gusto en un cuerpo de hombre, que se siente mujer, vaya, tiene disforia de género.

Alex vive en un humilde piso, con padres obreros, vecinos lo mismo, y todo rodeado de los problemas que comentábamos antes. Entre toda esa marginalidad no tardan en aparecer mujeres trans, como su vecina, Margarita, con la que no contactará hasta muchos años después, cuando tenga ya una enfermedad terminal, y Eugenia, la Moraíta, que hace la calle en otras barriadas madrileñas, y que la acogerá como a un hijo. Alex ama, lee, estudia, bebe, se droga, vive, en definitiva, amparada en un núcleo familiar muy unido, pero al que no se atreve a desvelar su secreto, que, de seguro, para sus padres no será tal. Así que vive, en apariencia, dentro de un cerrado armario, en ese barrio obrero tan digno y solidario que, a la autora, le inoculó su conciencia de clase desde el principio. Alex, como decimos, estudia, trabaja, en apariencia está cómoda dentro de su armario, pero, claro, tiene sus dudas, sus miedos, sus problemas de autoaceptación.

No es la novela nada explícita en cuanto a sexo y relaciones, sí lo es al describir la miseria y lo cutre de un barrio marginal hace 30, 40 años, y se hace duro de leer. Tampoco es una confesión a corazón abiero a lo Juan Goytisolo en coto vedado y En los reinos de taifa, verdadera literatura confesional gay, no, el libro es, en ese sentido, incluso algo ñoño, y ahí creo que yerra un poco el tiro. Quizá habría quedado mucho mejor una pieza totalmente autobiográfica y confesional a tumba abierta, descriptiva, dolida. Pero aun así es un bello testimonio de sufrimiento, de vértigo, dividido en cortos capítulos, con una  prosa absorbente. 

Apenas sabía nada de este mundo, sin duda duro, glacial, solitario, que una ley aprobada recientemente en este país intenta, de algún modo, si eso es posible, acompañar. Me gustaría que la gente como Alana sintiera muchas de nuestras manos tendidas.”

Se nota que su MUNDO; nos referimos al ANTONIO MEROÑO CAMPILLO; pertenece a otra GALAXIA… esa à la que nuestros LECTORES se montaron a cabalgar como un JINETE sin DISFRAZ…

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CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

La ballena sei (Balaenoptera borealis) es uno de los cetáceos más misteriosos y también una de las especies más desconocidas del océano. Este cetáceo convirtió las costas patagónicas en un escenario clave para la ciencia marina. En los últimos 15 años, mantuvo un crecimiento poblacional histórico y convirtió al Golfo San Jorge, al sur de Argentina, en un espacio indispensable para su supervivencia. Un equipo de científicos monitorean a dos ejemplares que ahora son analizados con tecnología satelital.

La ballena sei es el tercer animal más grande del planeta. Pertenece al grupo de los rorcuales y está en peligro crítico de extinción. Este animal permaneció desaparecido durante casi 100 años como consecuencia de la caza intensiva que produjo su depredación. Pero en 2024 un equipo de científicos marinos halló el rastro de una ballena sei en el litoral patagónico. Desde esa fecha, se hicieron varios estudios y monitoreos para verificar las rutas que realiza este cetáceo. Los resultados son espectaculares.

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Mariano Coscarella, biólogo e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), lidera el trabajo de campo junto a un equipo que incluye docentes e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, sigla en inglés) y Rewilding Argentina con el objetivo de comprender el uso real que los animales hacen del entorno patagónico.

El experto explicó a Mongabay Latam que los cetáceos se acercan a la región comprendida entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, al sur de Argentina, buscando alimentos, especialmente la langostilla. Además, en esa zona las ballenas se alimentan de copépodos y pequeños peces pelágicos.

Los copépodos son pequeños crustáceos que viven en el agua y son un componente crucial del plancton. Son extremadamente abundantes en los océanos y sirven como alimento para muchos animales marinos. Los pequeños peces pelágicos, por su parte, habitan la columna de agua, generalmente en aguas abiertas, lejos de la costa, y también alimentan a varios depredadores marinos.

El especialista añadió que, según datos recopilados, las ballenas sei permanecen en esta zona de alimentación desde octubre hasta junio, momento en el que inician una travesía misteriosa que la ciencia ahora busca documentar con total precisión.

“Lo que tenemos establecido es que, para junio, las ballenas empiezan a migrar hacia el norte. Algunas lo hacen sobre la plataforma costera, otras lo hacen por fuera de la plataforma, por aguas más profundas y se dirigen al sur de Brasil. Todavía no tenemos claro cuál es el lugar de destino final en Brasil”, detalló Coscarella.

La tecnología que se utiliza para rastrear a las ballenas es satelital. Los científicos implantan rastreadores en la piel de las ballenas con una fijación en la grasa. Duran entre 30 y 40 días. También se utiliza otra tecnología que tiene los mismos rastreadores que se implantan un poco más profundo en la grasa y pueden durar tres o cuatro meses. El satélite toma toda la información cuando el animal sale a respirar.

Un estudio que puede ayudar a crear áreas protegidas en el mar

Coscarella afirmó que lo importante de utilizar este tipo de tecnología es que les permite a los expertos establecer que el Golfo San Jorge se convirtió en una zona de alimentación para las ballenas sei y verificar zonas donde habitan estos cetáceos para luego crear áreas protegidas marinas. Además, este trabajo también podrá establecer la zona de reproducción de las ballenas en Brasil para establecer medidas de protección en esas áreas.

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“Se decidió rastrear los movimientos de esta especie mediante tecnología satelital para comprender cómo utilizan el entorno patagónico”, resaltó Coscarella.

La ballena sei es el tercer cetáceo más grande del planeta, solo por detrás de la ballena azul (Balaenoptera musculus) y el rorcual común(Balaenoptera physalus). Puede alcanzar hasta 18 metros de largo y superar las 20 toneladas de peso, aunque se caracteriza por tener un cuerpo más estilizado y ser una de las ballenas más veloces del océano. Son grises, con el vientre blanco y su cuerpo es alargado, y tiene una aleta dorsal alta y en forma de hoz. Es raro que muestren su cola fuera del agua y su soplo es relativamente bajo.

Según Coscarella, los primeros datos revelaron que uno de los animales con rastreador llegó hasta el sur de Brasil antes de perder la señal, reforzando la hipótesis de que allí podrían encontrarse sus áreas de reproducción. Actualmente, dos ballenas transmiten en tiempo real desde las costas brasileñas, lo que podría aportar información inédita sobre el destino final de su migración.

El especialista aclaró que la mayor parte del seguimiento se realiza cerca del Área Natural Protegida Punta Marqués, en la provincia de Chubut, Argentina, donde los ejemplares prefieren congregarse. Si bien en esa zona se cuenta con enclaves excepcionales más al norte, como el Parque Provincial Patagonia Azul, es en este sector específico del Golfo San Jorge donde se genera un nivel altísimo de productividad biológica.

“Esta riqueza subacuática atrae a una enorme diversidad de aves marinas, delfines, ballenas y bancos de peces que transforman el área en un ecosistema fascinante para la ciencia”, remarcó a Mongabay Latam la bióloga Marina Riera, una de las expertas que también es parte del equipo.

La experta explicó que este proyecto buscó conocer cómo las ballenas sei se adaptan a su hábitat y a su dieta, y que el objetivo fue hacer un estudio sobre las especies de cetáceos cerca del área protegida Punta Marqués, en el área central del Golfo San Jorge. “Queríamos conocer cuántas ballenas hay, cuándo las podemos ver, cómo se comportan y cómo se relacionan con otros grupos”, explicó Riera.

Según la experta, el comportamiento de las ballenas sei dentro de ese espacio representaba un gran interrogante para los observadores. Las estimaciones aéreas previas confirmaban la presencia de cetáceos a partir de 40 kilómetros mar adentro, pero la tecnología satelital logró aportar la pieza que faltaba para armar el rompecabezas. La información que llegó de los dispositivos indica que los animales permanecen en una franja de 30 a 40 kilómetros de la costa y que se alimentan exclusivamente allí.

“Los datos confirmaron que el área de mayor uso se extiende desde el norte de Comodoro Rivadavia [Chubut] hasta el sur de la localidad santacruceña de Caleta Olivia. Conocer esta dinámica poblacional resulta fundamental para diseñar futuras estrategias de manejo y pensar en la creación de un área marina protegida que garantice la conservación del hábitat a largo plazo”, destacó Riera. Chubut es una provincia petrolera y en un golfo cercano, el San Matías, en la provincia vecina de Río Negro, ya están previstos proyectos de oleoductos e instalación de buques gasíferos en el mar.

Una especie cazada por su grasa que se encuentra en peligro de extinción 

Según el estudio, la mayor parte del seguimiento se realiza cerca del Área Natural Protegida Punta Marqués, donde los ejemplares se congregan masivamente. Aunque existen enclaves excepcionales más al norte, como el Parque Provincial Patagonia Azul, es en el Golfo San Jorge donde se registra la mayor productividad biológica.

Los investigadores destacan que la información obtenida permitirá orientar políticas públicas, regular actividades turísticas y fortalecer la protección de un ecosistema clave para la biodiversidad del mar argentino.

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“Este aprendizaje no solo aporta a la ciencia, sino que también sienta las bases para un futuro sistema de avistaje turístico en la zona sur de Chubut, diversificando la economía regional y promoviendo la conservación”, destacó Riera.

Se estima que cerca de 300 000 ejemplares de ballenas sei fueron cazados en el mundo y alrededor 110 000 de ellos fueron capturados en el hemisferio sur durante los siglos XIX y XX. Esto provocó que su población se redujera en un 80 %, lo que llevó a que la especie fuera oficialmente catalogada “en peligro de extinción”.

Esta especie era cazada principalmente para obtener su grasa, que servía como combustible de lámparas y cera de vela, algo muy cotizado en el comercio de la época. La caza comercial comenzó a disminuir cuando la especie se redujo considerablemente, al punto de que la escasez promocionó otra forma más económica para iluminar las ciudades del mundo: el crudo de petróleo.

De acuerdo a Coscarella, en la actualidad todavía se cazan ballenas sei en Japón e Islandia, para consumo de su carne. El experto recalcó que esa práctica es reducida y que en 2025 en Japón cazaron alrededor de unos 30 ejemplares.

Según la lista de la Unión Internacional para la Conversación de la Naturaleza (UICN), esta especie se encuentra en peligro de extinción. Aunque se desconoce con exactitud la cantidad de ejemplares que viven en la actualidad, se estima que solo podrían quedar entre 10 000 y 50 000 en el mundo.

El seguimiento satelital de la ballena sei en Chubut abre una ventana inédita al conocimiento de una especie que eligió la Patagonia como fuente de alimento. Coscarella dijo que descubrir sus rutas migratorias y áreas de reproducción permitirá consolidar estrategias de conservación y proyectar un futuro donde ciencia, turismo y protección ambiental convivan en equilibrio.

*Imagen principal: las ballenas sei retornaron al Golfo San Jorge, al sur de Argentina. Esta especie está en peligro de extinción. Foto: Diego Cabanas/Proyecto Cetáceos San Jorge.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La minería ilegal está llegando a lugares cada vez más recónditos de Colombia, como el Parque Nacional Natural Río Puré, en la zona fronteriza con Brasil. Allí, esta actividad ha disparado la deforestación con pérdidas de 506 hectáreas de bosque desde 2024, de acuerdo con un reciente reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una iniciativa de la organización Amazon Conservation Association.

El monitoreo de las organizaciones que integran esta iniciativa advierte que la deforestación en esta región y la contaminación del río Puré por el uso de mercurio están aumentando los riesgos tanto para la biodiversidad de la región como para las comunidades indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos, los yuri y passé.

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En 2025, mediante el uso de imágenes satelitales, la misma alianza había documentado la presencia de al menos 27 dragas de extracción ilegal sobre el río Puré. Ahora, identificó cuatro zonas críticas, donde la minería ilegal ya afectó significativamente a algunas de sus riberas, incluso en zonas donde se realizaron operativos fronterizos entre Colombia y Brasil.

La demanda y precios históricos del oro, la falta de rastreo en su comercialización, así como la poca coordinación entre los países amazónicos han contribuido al deterioro ambiental de esta zona, considerada como refugio de biodiversidad y fuente importante de agua y alimento, de acuerdo con autores del reporte y especialistas consultados por Mongabay Latam.

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Deforestación ribereña enciende las alarmas

El análisis advierte que desde enero de 2024 se detectó la deforestación minera a lo largo de la zona ribereña del río Puré —el cual atraviesa el núcleo del área protegida y cruza hacia la Amazonía brasileña—, donde las extensiones de la deforestación pasaron de menos de cinco hectáreas en el primer semestre del año a un acumulado de 38 hectáreas.

Para el comienzo de 2025 ya se había detectado el doble de deforestación, respecto a diciembre de 2024. Aunque esta situación ha generado dos operativos binacionales en la zona fronteriza entre mayo y noviembre del año pasado, la pérdida de bosque continúa. Solo en lo que va de 2026, se identifican más de 177 hectáreas deforestadas en el área protegida.

Andrés Santana, gerente para combatir la deforestación ilegal en Amazon Conservation Association, señala que los operativos han tenido poco efecto para frenar la actividad, así como una respuesta descoordinada de gobiernos para la protección del Parque Río Puré.

“Lo desalentador en este caso es que el efecto del operativo duró solo dos meses. Estos operativos son costosos porque son áreas en donde los Estados no tienen presencia normalmente. Las fuerzas militares están unos días y después salen”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Santana señala que este tipo de acciones han provocado la dispersión de la minería ilegal a otras áreas. Agrega que el monitoreo de MAAP detectó cuatro zonas críticas que se expanden hacia el interior del área protegida.

“Los operativos se enfocaron en la frontera, sin embargo, el flujo del río va mostrando que hay gente que está dispuesta a adentrarse más en el parque nacional para excavar, extraer oro. Refleja básicamente la dificultad que tienen los dos Estados en hacer control de la presencia de mineros ilegales”, explica, en referencia a Colombia y Brasil.

Un informe de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) de Colombia y el Instituto Igarapé destaca que el alto valor ecológico de la red de ríos que conectan al río Puré coincide también con la exposición a la minería ilegal y con la poca presencia del Estado en las extensas áreas selváticas.

“En materia fiscal, ambiental y aduanera, la presencia institucional es principalmente simbólica. Colombia carece de puestos de migración o aduana en esta sección de frontera y los operativos de Corpoamazonia [Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia en Colombia] o Parques Nacionales son esporádicos”, destaca el documento.

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Riesgos para los pueblos en aislamiento voluntario

Julia Yansura, directora del programa contra delitos ambientales y finanzas ilícitas de la coalición Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT), destaca que la minería ilegal de oro ha llegado en los últimos años a zonas más vulnerables y remotas, lo que implica contactos no deseados con las comunidades y pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

“Ahora está penetrando en el corazón del bosque, donde nunca había llegado. Esto significa que está afectando regiones muy sensibles en su biodiversidad, en sus bosques, son zonas muy especiales. Está alcanzando por primera vez a pueblos no contactados, como los yuri y passé”, comenta la especialista a Mongabay Latam.

Los cuatro puntos críticos identificados en el informe de MAAP registran diferentes grados de afectación en el Parque Río Puré, una región donde también habitan estas poblaciones, lo que implica un riesgo adicional, de acuerdo con Santana.

“La minería ilegal está llegando a tal grado dentro del parque que nos da indicios de que va a haber un contacto no deseado. Los pueblos indígenas que están en aislamiento allí van a ser contactados por mineros que están viniendo principalmente desde Brasil”, advierte el especialista.

Este acercamiento ha sido advertido por diferentes instituciones, como el Grupo de Trabajo Internacional de Protección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (GTI-PIACI), la FCDS y la Defensoría del Pueblo de Colombia, quienes han señalado los riesgos de encuentros no deseados con estas poblaciones vulnerando no solo su decisión de no ser contactadas, sino también exponiéndolas a enfermedades y violencia.

“Las incursiones ilegales en zona intangible significaban un alto riesgo de contacto entre los mineros, madereros y los pueblos indígenas yuri-passé, lo cual podría resultar en encuentros violentos y en el contagio de enfermedades que podrían ser devastadoras para los grupos en aislamiento, dada su altísima vulnerabilidad epidemiológica», concluyó la Defensoría en una alerta emitida en 2023. «Las actividades mineras y madereras ilegales a su vez pueden modificar los determinantes ambientales que permiten la subsistencia de los pueblos en situación de aislamiento”, agregó el organismo.

Además, se han estudiado también los impactos socioambientales que deja esta actividad con la presencia de mercurio en los ríos, peces y cultivos de las poblaciones para subsistir.

Al respecto, Yansura también destaca que los niveles de violencia en esta región serán un indicador clave, ante el aumento de la minería ilegal de oro y la deforestación del parque.

“La minería ilegal se asocia de manera estadística con mayores niveles de violencia. No solo la minería llega a las zonas más remotas, sino que el crimen organizado también llega a esas zonas ahora. No es la minería ilegal por sí sola, sino quiénes están detrás”, expone la experta.

La calculadora de impactos desarrollada por Conservation Strategy Fund, que hace parte de la iniciativa Amazon Mining Watch, estima que la extracción de un kilogramo de oro utiliza 2.33 kilos de mercurio, de los cuales el 9 % se vierte en los ríos, de los que un 3 % puede ser absorbido por peces que migran hasta 2000 kilómetros. En un escenario conservador, se estima que el radio de dispersión del mercurio es de 100 kilómetros.

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Demanda global del oro, un factor clave

Tanto Yansura como Santana coinciden en que el precio del oro, la alta demanda a nivel global y la falta de trazabilidad tienen una responsabilidad grande que impulsa a la minería ilegal no solo en el río Puré, sino en la región de la Amazonía, debido a la rentabilidad del metal.

“Estamos en un año donde el precio del oro ha alcanzado cifras récord a nivel internacional y eso se debe principalmente a que la demanda responde a tiempos de crisis geopolítica, de incertidumbre. Cuando sentimos que no sabemos qué viene en el futuro queremos invertir en activos muy sólidos, tradicionales y antiguos como el oro”, afirma Yansura a Mongabay Latam.

Sin embargo, la experta considera que la demanda y el precio del oro son solo un factor, pues advierte que el sistema de opacidad en el que opera es el que permite el avance de la minería ilegal y el lavado de oro ilícito en el mercado.

“El incremento que vemos ahora en la minería ilegal en la Amazonía no solo se debe al precio del oro. También es la facilidad con la que se lava [blanquea], con la que se transporta, es la falta de debida diligencia en los mercados, son lagunas y brechas profundas”, sostiene.

Santana agrega que más allá de que sea un refugio para inversionistas, la falta de mecanismos, especialmente en la Amazonía, impiden rastrear su origen.

“El comercio internacional de oro tiene graves falencias en términos de trazabilidad y debida diligencia que permiten que el oro siga siendo extraído de esta forma ilegal, que entre a una cadena formal y de esta forma muchas organizaciones criminales o ilegales se están enriqueciendo”, afirma.

En el caso del Parque Río Puré, la calculadora de Conservation Strategy Fund estima que es mayor el valor monetario en impactos socioambientales (más de 26 millones de dólares) por 180 hectáreas afectadas que el valor del oro extraído (poco más de 20 millones de dólares).

“Si tú lo miras desde la perspectiva económica, ni siquiera es un buen negocio. Lo están extrayendo a un costo ambiental, humano y social que no es rentable y nosotros, como ciudadanos, vamos a terminar pagando el precio”, sostiene Santana.

El reporte de MAAP asegura que uno de los retos en este caso es fortalecer acciones sostenidas para la construcción de una estrategia de prevención, así como coordinar acciones con el gobierno de Brasil para frenar los insumos de la industria minería ilegal y la movilización del oro extraído.

“Los operativos y estas acciones para aplicar la ley, en realidad tienen un efecto temporal. Nosotros vemos ahí la oportunidad de que los gobiernos colaboren más en términos de alinear sus marcos normativos para dar una respuesta unificada frente a este fenómeno que es transnacional”, agrega Santana.

*Imagen principal: pese a los operativos binacionales entre Colombia y Brasil, la minería ilegal se intensifica en el río Puré. Foto: cortesía Fuente Aeroespacial Colombiana.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Algunos de los lugares más impresionantes del mundo son custodiados por guardaparques. Con su labor protegen selvas, manglares, páramos, pampas, humedales y paisajes antárticos. Del buen funcionamiento de esos ecosistemas y del mantenimiento de la biodiversidad dependen los servicios ambientales como el aire puro, el agua fresca o la polinización de alimentos. Por eso, desde 1992, el 31 de julio se celebra el Día Internacional de las y los Guardaparques.

Latinoamérica representa solo el 16 % de la superficie global, pero alberga cerca del 40 % de la biodiversidad del planeta, de acuerdo con datos del Grupo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, en varios países se reportan recortes presupuestarios para las áreas protegidas y los guardaparques. También es una región amenazada por el narcotráfico, la extracción legal e ilegal de recursos y la inequidad de género.

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En este contexto trabajan hombres y mujeres que se enamoraron de la naturaleza y se comprometieron con cuidarla a pesar de que el oficio de guardaparques no sea siempre reconocido.

Mongabay Latam habló con tres guardaparques de la región que enfrentan diferentes retos. En el Parque Nacional Natural La Paya, en Colombia, Hernán Chilito insiste en lo fundamental de trabajar con las comunidades locales para fortalecer los objetivos de conservación.

En el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, Tanya Villalba demuestra que una mujer puede liderar el área protegida más grande del territorio continental, la cual también atrae gran atención internacional por su gran diversidad biológica y cultural.

Desde el Parque Nacional El Palmar, en Argentina, Facundo Alcalde apunta a la sostenibilidad financiera del área protegida a través del incremento de las visitas y el turismo sostenible, siempre con base en datos científicos y la precaución.

Colombia: Hernán Chilito busca reconstruir las relaciones con las comunidades

Cuando el guardaparque Hernán Chilito llegó al Parque Nacional Natural La Paya en 2016, la relación entre la institución de Parques Nacionales y las comunidades campesinas “era muy débil”, asegura. En décadas pasadas, se había realizado una negociación para que 68 familias que habitaban dentro del parque salieran a cambio de acuerdos con diferentes instituciones donde se pagaron los cultivos, predios y mejoras. Pero el Estado quedó en deuda con otros acuerdos, como el de vivienda y el de tierras por diferentes complejidades en los procesos.

“Con Parques Nacionales se buscó encontrar alternativas y soluciones”, dice el experto en el uso, ocupación y tenencia con comunidades campesinas en parques naturales. Después de varios procesos infructuosos, consiguieron implementar proyectos productivos sostenibles para la seguridad alimentaria. También les entregaron árboles frutales de la Amazonía colombiana, incluyendo cacao maraco y chontaduro.

Luego, la Asociación Astracam planteó la necesidad de conocer los límites del parque. Se creía que 27 veredas estaban dentro, pero después de hacer reconocimientos, descubrieron que solo 80 familias estaban al interior y otras estaban sobre los bordes.

La Paya es un parque azotado por el narcotráfico. Sin embargo, mientras avanzaban los diálogos de paz, los guardaparques continuaban con sus acciones. Hasta que en 2019 llegó la cuestionada Operación Artemisa. Esta avanzada militar buscaba controlar la deforestación, pero en la zona dejó viviendas quemadas, 27 familias afectadas y siete familias judicializadas. Los grupos armados que operan en la región asociaron el despliegue a Parques Nacionales, convirtiendo a sus guardaparques en objetivo militar.

Los funcionarios no pudieron trabajar con las comunidades hasta 2023, cuando la comunidad El Triunfo quiso retomar el trabajo de precisión de límites. También hubo un acercamiento con comunidades de Mecaya y Sencella, pero los grupos armados no lo permitieron. Con El Triunfo se plantearon acuerdos de trabajo para resarcir las relaciones entre la comunidad y Parques Nacionales, incluyendo acompañamiento psicológico para las familias y acuerdos de convivencia.

El guardaparques destaca los avances en restauración ecológica participativa, construcción de la casa comunal, implementación de seis viveros transitorios e inicio del proceso para la compra de cinco fincas que están dentro del parque. “El otro logro que se obtuvo es el establecimiento de la confianza de la comunidad y la institución y el trabajo articulado entre las dos partes, es muy difícil de lograr, pero lo logramos”, resalta.

“Yo soy parqueano de corazón”, dice y añade que le gusta mucho el trabajo para el que se ha especializado, uno que combina lo social con lo ambiental.

Ecuador: Tanya Villalba alza la voz contra los micromachismos

Para las mujeres guardaparques en Ecuador, no es poco común que sus compañeros las subestimen. Aunque no lo hacen de manera frontal, frases como “mejor quédate cocinando”, dejan claros sus pensamientos. “Esto recae en sentir que como mujer estás solo para cocinar y barrer”, dice Tanya Villalba, guardaparque encargada de la administración del Parque Nacional Yasuní. “Eso repercute porque al final sientes que no tienes las mismas oportunidades”, agrega.

En la campaña “Eso que dices sí importa”, la organización Wildlife Conservation Society recoge 10 frases para identificar y evitar micromachismos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los testimonios de las guardaparques revelan que sus compañeros sugieren a través de palabras sutiles que las mujeres no pueden ser brigadistas contra el fuego, que solo son buenas para realizar actividades de oficina o que consiguieron el puesto a través de favores sexuales.

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Funcionarias como Villalba demuestran lo equivocados que están. Antes trabajó en atención al usuario en las ventanillas provinciales del Ministerio de Ambiente y cuando tuvo la oportunidad de convertirse en guardaparque, el cambio fue radical. Su turno de 20 días empezó a finales de año. Mientras en gran parte del planeta las familias se reunían por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ella y sus colegas estaban incomunicados en medio de la selva.

Extrañaba a su familia, pero decidió quedarse cuando atestiguó escenas que normalmente se ven solo en portadas de libros. Aún recuerda una de las especies que vio por primera vez. En un sendero despejado y bajo los rayos del sol, un árbol caía en diagonal. Al acercarse descubrió que una boa grande y pesada que dormía en el tronco había provocado la inclinación. “Esto es lo que enamora a los turistas”, afirma sobre lo maravilloso de la escena.

Aprendió a planificar sus actividades y equipaje para los 20 días en el campo, vivir en campamentos, hacer control y vigilancia, registrar y muestrear fauna, entre otros. “Ha sido un aprendizaje constante”, admite y cree que ser proactiva le permitió llegar a la administración hace año y medio.

Con más de un millón de hectáreas de superficie, actividad petrolera, al menos dos pueblos indígenas y pueblos en aislamiento voluntario en el interior del parque, su administración es un reto. A eso se suma la falta de recursos y personal. A pesar de eso, y de amenazas relacionadas a la extracción ilegal de recursos madereros y auríferos, Villalba ha liderado proyectos de gobernanza participativa y gestión pesquera para fortalecer la protección del área protegida.

Villalba cree que así como ella, otras directoras de áreas protegidas y las guardaparques demuestran que son capaces de hacer trabajo duro y técnico. Cree que esto tiene el efecto de cambiar las actitudes de los hombres. “Es buscar la equidad de hombres y mujeres, que tengan las mismas oportunidades”, afirma.

Argentina: Facundo Alcalde apuesta al turismo para la conservación

De Iguazú a la Antártida, el guardaparque Facundo Alcalde se ha dejado impresionar por la naturaleza argentina durante los últimos 20 años. Ha caminado en medio de la calurosa selva de Misiones por hasta dos días sin encontrar agua, cóndores han volado a pocos metros de su cabeza en la Patagonia y ha visto hasta la humedad del ambiente convertirse en cristales de hielo al sur del continente. “No lo cuento como algo traumático, sino como experiencia de vida, como algo que me sirvió, como algo enriquecedor”, dice.

Aunque en Argentina los guardaparques se forman en una escuela de dos años y después se van especializando a lo largo de su carrera, asegura que todos deben tener una característica en común: “Estar preparados para adaptarse a los cambios y a las diferentes funciones”.

En el Parque Nacional Nahuel Huapi trabajó en proyectos de reconversión productiva con comunidades mapuches y criollas. Después, pasó por el Parque Nacional Iguazú, el más visitado de Argentina, con hasta 13 000 personas por día en los picos de Semana Santa. En 2022 sumó 14 meses en la base Orcadas, en la Antártida, a cargo de un laboratorio interdisciplinario con 13 proyectos de investigación.

Luego de trabajar un año en la Dirección de Coordinación Operativa en Buenos Aires, asumió la intendencia del Parque Nacional El Palmar. Esta área protegida, donde se protegen 8200 hectáreas de las ecorregiones Espinal y Pampa con humedales de importancia internacional, es la sexta más visitada del país.

Como especialista en turismo sostenible, está impulsando un plan para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios con el objetivo de aumentar la recaudación propia sin afectar el ambiente. Según Alcalde, el parque cubría el 20 % de su presupuesto operativo al inicio de su gestión, en agosto de 2024. El porcentaje subió a 30 % en 2025 y para fines de 2026 se plantea superar el 40 %.

Para el guardaparque, la conservación y el turismo no son incompatibles. Reconoció que los extremos, tanto el turismo desregulado como el conservacionismo estricto, pueden generar impactos negativos, ya sea ambientales o económicos. Por ahora, trabaja con base en la ciencia, ajustando los procesos a medida que aumentan las visitas y buscando que haya cada vez más eficiencia para que el trabajo de sus colegas se concentre en la protección de la naturaleza.

*Imagen principal: la selva misionera es uno de los ecosistemas más biodiversos de Argentina. Foto: cortesía Facundo Alcalde.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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