“Es fantástico lo que uno encuentra, pero te da la sensación de que es muy poco lo que realmente se alcanza a conocer de ese lugar. Con ese rayito de luz que se hizo en un lado de la montaña te tienes que hacer una idea de toda la biodiversidad que hay en ella”, dice Javier Sellanes, profesor del departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte, después de haber participado en la expedición que recorrió, en aguas internacionales, los montes submarinos de la Dorsal de Nasca, una cordillera que se desplaza por el fondo del océano pacífico atravesando en su camino los mares de Perú y Chile.

El investigador que estuvo a bordo del buque científico Falkor narra cómo se hicieron los recorridos en el fondo del mar, utilizando un robot submarino que descendió entre 2000 a 3000 metros de profundidad. “Cuando bajamos el robot submarino hacemos un transecto de solo dos o tres kilómetros. Es como escalar una montaña de noche con una linterna y solo puedes ver lo que hay en ese transecto, es posible que estés pasando junto a un ecosistema maravilloso, pero no te das cuenta. Lo mismo sucede en el océano profundo”.

Durante los 28 días que duró la expedición del buque Falkor (too), los científicos identificaron una nueva montaña submarina de por lo menos 3109 metros de altura y con la ayuda del robot se logró explorar su cima donde se encontraron esponjas y corales milenarios. Además, los exploradores encontraron 20 posibles nuevas especies para la ciencia, así como el primer registro de un posible nuevo género de calamar.

Se trata de la tercera y última expedición a los montes submarinos del Pacífico Sudeste realizada por el Schmidt Ocean Institute en coordinación con el Center for Coastal and Ocean Mapping de la Universidad de New Hampshire, el Centro de Ecología y Gestión Sostenible de Islas Oceánicas de la Universidad Católica del Norte (ESMOI) y la organización Oceana.

En las dos anteriores expediciones, los científicos a bordo del Falkor exploraron las cordilleras submarinas de Salas y Gómez y de Juan Fernández, así como el fondo marino que va desde la costa de Chile hasta las islas de Rapa Nui, en el mar jurisdiccional de Chile. En esta tercera ocasión, el plan inicial era explorar la Dorsal de Nasca, en el mar peruano, sin embargo, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) denegó el permiso de la embarcación aduciendo motivos de seguridad nacional.

Un mundo de maravillas

“Hemos dado un salto gigante en el conocimiento”, comenta Sellanes sobre los hallazgos que se hicieron con el buque Falkor (too). El investigador explica que antes de que se realizaran las expediciones, se conocía de una manera muy somera estos montes submarinos Apenas se había llegado a unos 500 a 800 metros de profundidad, pero ahora se tiene información sobre lo que hay hasta por lo menos los 3000 metros de profundidad.

Además, Sellanes, quien también es investigador del ESMOI, explica que antes de que se realizaran estas expediciones se contaba con muy poca información de los montes submarinos, pero que ahora son más de 30 el número de montes explorados. “Podemos tener una idea mucho más clara de cómo se distribuye la biodiversidad, porque no es lo mismo lo que vive en la cima del monte, a lo que lo habita en la ladera, a una profundidad intermedia, a lo que vive en la base de la montaña submarina”, explica.

En conversación con Mongabay Latam, Sellanes menciona que durante la exploración lograron detectar la presencia de pesqueros en la zona, incluso se ubicaron líneas de pesca y trampas perdidas que se usan para pescar crustáceos “Se notaba que había cierto impacto en muchos de los montes que visitamos. Pero, por otra parte, en las zonas más profundas se veían ambientes muy prístinos y naturales”.

Entre los hallazgos de la expedición, Sellanes menciona los jardines de corales y las esponjas con corales gigantes “de dos a tres metros de altura, que se nota son colonias de corales muy antiguas, probablemente de cientos o miles de años”. También observaron fauna que no se había registrado en las expediciones anteriores. “En esta oportunidad fuimos un poco más profundo que en las campañas anteriores y vimos algunas especies que no habíamos registrado hasta ahora, sobre todo, unos erizos muy particulares que incluso pueden ser un nuevo género para la para la ciencia”.

Las imágenes tomadas por el robot submarino ROV SuBastian también captaron, por primera vez, a un calamar vivo del género Promachoteuthis. Se trata de un género muy raro del que solo se han descrito tres especies en base a unos pocos especímenes recolectados, varios de ellos de fines del siglo XIX. Hasta ahora este género de calamar solo se había descrito a partir de muestras encontradas en redes.

Los investigadores también documentaron un pulpo Casper, una especie que por primera vez se ha visto en el Pacífico Sur, además se encontraron dos sifonóforos Bathyphasa, comúnmente conocidos como monstruos espaguetis voladores.

Un área protegida para alta mar

La Dorsal de Nasca es una cordillera que está protegida en sus extremos con reservas y parques marinos tanto en Chile como en Perú. Sin embargo, toda la zona que está en aguas internacionales está actualmente sin ningún tipo de resguardo, explica Sellanes. Pero eso podría cambiar.

En el 2023, luego de 20 años de negociaciones se firmó el acuerdo de Biodiversidad Marina de Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), conocido como Tratado de Alta Mar, que busca garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en aguas internacionales. El acuerdo fue firmado por 80 países, sin embargo, para que entre en vigencia debe ser ratificado por 60 de ellos, una cifra a la que aún no se ha llegado.

Las cordilleras submarinas Dorsal de Nasca, y su adyacente Dorsal de Salas y Gómez, han sido consideradas por expertos como un lugar clave para ser designada como Área Marina Protegida en alta mar.

“Es importante seguir recopilando información de buena calidad, seguir revelando la importancia de la biodiversidad que habita esta zona para que llegado el momento se tenga los mejores datos posibles para poder declarar esta zona como un área marina protegida en aguas internacionales”, declara Sellanes.

El investigador de ESMOI indica que las muestras biológicas que se han tomado en las tres expediciones se encuentran en la sala de colecciones biológicas de la Universidad Católica del Norte, en Coquimbo, Chile. “Las estamos catalogando, inventariando y ordenando. Con algunas muestras ya se ha avanzado en la parte taxonómica, pero estamos planificando, a partir de fin de año, hacer talleres con taxónomos de todo el mundo”.

Nuevos conocimientos sobre la vida en el mar

El equipo de investigadores mapeó y exploró varias de las montañas que forman parte de la Cordillera de Nasca y en uno de estos montes encontró una colonia de coral prístino de aguas profundas que brinda refugio a una gran variedad de organismos como peces, estrellas de mar y cangrejos. Esta área recorrida tiene aproximadamente 800 metros cuadrados.

Tomer Ketter, científico principal de la expedición y técnico marino del Schmidt Ocean Institute, señaló a Mongabay Latam que la zona recorrida es una región, hasta ahora, poco visitada. “Es una zona de biodiversidad muy especial por lo que realmente sentimos que es el lugar adecuado para volver y continuar con la investigación”.

Entre los hallazgos de esta última expedición, a Ketter le sorprendieron particularmente las colonias de corales y esponjas. “Son grandes áreas, muy densas en estas especies que son fundamentales porque crean hábitat para muchas otras. Encontramos varias de esas grandes colonias, que son un buen indicio de cuán saludables y vibrantes son esas comunidades”.

Sobre las 20 posibles nuevas especies para la ciencia que fueron halladas y recolectadas en la zona recorrida, Ketter señala que varias de ellas son bentónicas, es decir, que viven adheridas a los sustratos— y también algunos pelágicos. Confirmar si efectivamente son especies nuevas y describirlas, es un proceso que tomará tiempo, asegura el experto.

“Lo que es tremendamente importante es que el nivel de conocimiento en toda esta zona era muy restringido hasta hace unos pocos años atrás. Hasta los años 90 se realizaban expediciones rusas en aguas internacionales buscando, principalmente, nuevas áreas de pesca”, señala Carlos Gaymer, director del Centro de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI).

Luego hubo un período, entre el 2010 y 2013 —cuenta Gaymer— en el que Chile inició expediciones para tratar de proteger su ecosistema oceánico, una etapa en la que las exploraciones las realizaba National Geographic, Oceana y la Armada de Chile. Todas estas expediciones se realizaron en aguas jurisdiccionales de Chile, en cambio, las últimas expediciones, si bien en las dos primeras se visitó parte de la zona económica exclusiva de Chile, todas tuvieron un componente importante en aguas internacionales, que prácticamente no habían sido exploradas.

Aunque de todo el fondo marino solo se ha explorado aproximadamente un 25%, según Ketter, “en estas tres expediciones se recolectaron potencialmente 170 especies nuevas para la ciencia”, asegura Gaymer. “Es una enormidad. Por supuesto eso requiere todo un proceso de análisis. Además hay alrededor de 400 nuevos registros, es decir, especies que no se sabía que vivían en esa zona, pero que se conocen de otra parte del mundo”, cuenta el experto.

Para el científico de ESMOI estos descubrimientos “son tremendamente importantes”, porque estas expediciones no solo están orientadas a conocer lo que existe en el fondo marino, sino también a poner en valor esas cordilleras. “Lo que se está tratando de promover a través de la Coalición de Arrecifes de Corales de Alta Mar es la creación de la que sería la primera área marina protegida de altamar que cubriría las zonas de aguas internacionales de la cordillera de Salas y Gómez y la Cordillera de Nasca”, menciona Gaymer.

El científico destaca que estas cordilleras no solo tienen un valor ecológico, sino que también son un apoyo para las pesquerías que se desarrollan en áreas adyacentes o más cerca del continente. “Por ejemplo, la zona sur de la cordillera de Nasca es un espacio de crianza del jurel, por tanto, es fundamental para la pesquería de la zona económica exclusiva de Perú y Chile, pues sin esa zona de crianza los jureles probablemente no podrían llegar a adultos”, explica.

Desde el punto de vista cultural también es importante, señala Gaymer, puesto que se trata de una carretera marina que conectaba a los pueblos de la Polinesia con los pueblos prehispánicos de Sudamérica. “Estas expediciones permiten demostrar que no es suficiente con proteger uno o dos montes submarinos. Estas cordilleras tienen más de 110 montes submarinos y cada uno tiene composiciones únicas de biodiversidad, no son iguales, por tanto, es fundamental avanzar hacia una protección de todas esas dos cordilleras”.

Gaymer explica que en cada una de las expediciones, gracias a la tecnología de punta que lleva el Falkor (too), se han ubicado montes que no se sabía que existían.. “El porcentaje de montes mapeados en detalle no es tan grande, en estas tres expediciones se logró hacer la batimetría de 32 montes. Entonces aún queda mucho por mapear”.

Las expediciones con el Schmidt Ocean Institute han llegado a su fin, sin embargo, para el 2026 ya se tiene aprobada una expedición con el buque Red Ocean, una embarcación noruega, anuncia Gaymer, para regresar a esta zona. “Este año se cierra con tres expediciones increíbles, la tercera no la esperábamos porque lo que estaba planificado era recorrer la cordillera de Nasca en aguas peruanas, pero la Armada de Perú la detuvo y no permitió que salieran los científicos peruanos”, comenta Gaymer.

En julio de 2024, varias instituciones científicas y organizaciones civiles como SOA Perú, APECO y CooperAcción manifestaron su rechazo ante la negativa de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) para autorizar la expedición del Falkor (too). Mongabay Latam preguntó al Ministerio de Defensa las razones por las que no se dio la autorización, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta.

Imagen principal: Por primera vez se registró un pulpo Casper en el Pacífico Sur, a 4 443 metros de profundidad. Crédito: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Luego de 14 años de incertidumbre, el día cero llegó para el primer reasentamiento a gran escala de una comunidad latinoamericana debido al incremento del nivel del mar. Ayer, 29 de mayo, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, inauguró la urbanización Isber Yala, ubicada en una zona de montaña del Panamá continental. El lugar acogerá a unas 268 familias gunas que a partir de junio dejarán sus hogares ancestrales en la isla Cartí Sugdub para instalarse en tierra firme.

Cartí Sugdup es la isla más poblada de las 365 que conforman el archipiélago de Guna Yala, en el caribe panameño, y donde el aumento del nivel del mar producto de la crisis climática global ya genera estragos. Cuando llueve o sube la marea, el pueblo completo se anega y todo indica que la situación empeorará. Los datos de la estación de mareas del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), muestran aumentos de alrededor de seis milímetros por año durante los últimos siete años en el Caribe.

Las autoridades panameñas catalogaron la inauguración de Isber Yala como un momento histórico. Sin embargo, el nuevo asentamiento genera dudas entre líderes y comuneros guna puesto que la arquitectura de las construcciones, así como la disposición de las viviendas, difiere drásticamente de las costumbres de este pueblo.

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La “bandera” del cambio climático

Ante el paulatino avance de las olas, durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela (2014 – 2019), se ofrecieron viviendas en las tierras colectivas y continentales de los indígenas gunas, ubicadas en Llanos de Cartí, para relocalizar a los pobladores isleños.

Tras años de espera, el proyecto conocido como Isber Yala —que tuvo un costo de 12.2 millones de dólares en un lote de 22 hectáreas y que se encuentra a unos 15 minutos de la isla en lancha y carretera— fue finalmente inaugurado. El lugar acogerá a 300 familias, de las cuales 268 son de Cartí Sugdup y 32 son indígenas que ya habían migrado a la ciudad de Panamá y ahora retornan a la comarca en Isber Yala. En total son unas 1500 personas que dejarán sus chozas de penca y bambú para cambiar todo su estilo de vida a una zona de montaña.

La  mudanza está programada para los próximos días 3 al 7 de junio y se efectuará por partes: la isla se ha dividido en seis bloques identificados de manera alfabética, de la A a la F, y cada área consta de unas 10 familias.

El día 3, por ejemplo, se trasladará la parte noreste de la isla, empezando con las personas discapacitadas, las autoridades tradicionales o saglas, hasta mudar, paulatinamente, a las más de mil personas de la isla en 14 botes que han ofrecido los isleños, sin contar con los que facilitarán las autoridades gubernamentales panameñas.

Los traslados se realizarán con el apoyo de los estamentos de seguridad y participarán unos 150 funcionarios además de observadores de organismos internacionales.

Para las autoridades panameñas, se trata de un hecho histórico.“Esta es la bandera del cambio climático, la primera isla afectada por el cambio climático y Panamá va a estar bajo los ojos del mundo”, dijo Roger Tejada, ministro de Gobierno en declaraciones previas a la televisión local.

Las reacciones entre los indígenas gunas, sin embargo, no son del todo favorables.  “Son casas de fósforo”, afirma Dalys Morris, quien ha liderado el comité del traslado desde sus inicios, cuando se decidió la mudanza. Morris hace referencia al tamaño de 49 metros cuadrados de las viviendas construidas de material rvc, que es un material plástico, según explicó en su momento Rogelio Paredes, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, ante los medios.

Además de las viviendas, la nueva barriada tiene dos chozas grandes que representan el congreso o lugar donde se reúnen las autoridades indígenas, además de la Casa de la Chicha, donde los gunas realizan sus tradiciones culturales.

“Yo no estoy de acuerdo en cuanto a la estructura física o arquitectónica de las casas, es igual a una barriada de Panamá, es incómodo para vivir para los gunas. Nos va a costar, va a haber un cambio drástico en la vida cotidiana, ni se diga a la gastronomía”, comenta a Mongabay Latam, Atilio Martinez, historiador Guna. La dieta diaria en las islas, explica, es en base a mariscos. Al mudarse a una zona montañosa la realidad será otra, asegura.

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El inicio de un éxodo inminente

Aunque aún hay buena parte de la comunidad guna que no está convencida de los efectos del cambio climático en su comunidad, entre ellos el sagla José Davies, los datos científicos son contundentes. El nivel del mar aumenta aproximadamente 1,5 milímetros por año en la Bahía de Panamá, en el Pacífico, mientras que en el Caribe, donde está el archipiélago de Guna Yala, los datos de la estación de mareas de la Universidad de Hawai muestran aumentos de alrededor de seis milímetros por año durante los últimos siete años, asegura el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI).

De hecho, al estar muchas de las islas del archipiélago a menos de medio metro por encima de la línea de la marea alta, “podrían dejar de existir para finales de siglo, posiblemente impulsando un cambio en la identidad del pueblo Guna de una cultura isleña a una terrestre”, explicó el STRI en una publicación.

Las alertas de las autoridades panameñas son incluso más drásticas. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, en los próximos años se registrará un ascenso de nivel del mar estimado de medio metro o un poco más de tres pies para el Caribe. “El pronóstico es que para el año 2050 puede que hayan desaparecido todas las islas del archipiélago”, dijo el viceministro Batista, en una entrevista en la que se abordó la mudanza de los gunas.

Steven Paton, Director del Programa de Monitoreo Físico del STRI, no obstante, advierte que esas estimaciones no serían precisas. A la hora de hablar de aumentos en el nivel del mar, explica, “hay mucha relatividad porque algunos años es más, algunos años es menos; hay ciclos de aumentos y bajas con el fenómeno de El Niño y aunque la estación de Hawai dice algo, no es suficiente para tener una estimación justa de la tendencia actual.” Para tenerla, es necesario contar con datos de al menos una o dos décadas completas, asegura, cosa que aún no está a disposición de los científicos.

Con todo, lo que sí es innegable, precisan los expertos del STRI, es que el nivel del mar está aumentando y que las islas de la comarca Guna Yala son particularmente vulnerables aunque no son las únicas. Frente a esto, la sociedad tendrá que reinventarse, dice Paton, “porque no se puede tener a millones de migrantes sin crear un gran impacto”.

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Emoción y nostalgia por un cambio de vida

Hay miembros de la comunidad emocionados por la mudanza, aunque a otros les preocupa la espiritualidad. “Para el gobierno quizás esto es progreso o desarrollo, pero ¿qué clase de desarrollo, comunidad, progreso?, no es lo mismo nuestra cultura de hace miles de años que la impuesta, a menos que la casa estuviera acorde a nuestros diseños típicos”, añade Martínez.

Las autoridades gubernamentales afirman que se respetaron las costumbres de los indígenas. “Se les va a permitir a estas familias que tengan sus ranchos en la parte de atrás de sus viviendas para que no se pierda el tema cultural o la tradición que tienen estas familias”, afirmó Armando Palacios, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en sus explicaciones a los preparativos de la mudanza.

Pero ante los cuestionamientos, el viceministro de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, José Batista, reconoció que él “no hubiera hecho ese proyecto así. Eso lo heredamos de la administración pasada”, dijo, afirmando que se deben considerar aspectos culturales.

Precisamente, ese punto le genera melancolía a la artesana guna, Keila Morales, quien contó a Mongabay Latam que desde hace meses viene consiguiendo un bote para mudar sus cosas a su nueva casa.

Ella vive con su madre en Cartí Sugdup, pero “están creciendo las familias, ya en nuestras casas no caben los niños”, cuenta la joven artesana de 39 años, mientras muestra orgullosa sus molas para venderlas en el puerto Niga Kantule, donde se toma la lancha para ir a Cartí Sugdup.

Asegura estar contenta por mudarse a tierra firme, “pero van a ser muchos cambios”, dice. “Aquí vemos y escuchamos el mar todos los días, allá es diferente, escucharemos el ruido de los pájaros; no tendremos piso de tierra como acá, sino cemento; no tendremos chozas. Quisiera que no perdamos nuestras costumbres, quería que nuestras casas fueran de chozas, pero no las hicieron así”.

Morales llevará consigo hamacas, estufa, pero se pregunta dónde dejarán los gunas el cayuco, el principal medio de transporte de los isleños.

“El gobierno dice que respeta aspectos culturales, pero no es cierto. No hay respeto a la cultura ni a las costumbres. Muchos no quieren irse porque se está violentando el aspecto cultural”, indica Arnelio Brenes, presidente de la Asociación de Estudiantes Gunas.

*Imagen Principal: el presidente saliente de Panamá, Laurentino Cortizo inauguró la urbanización Isber Yala. Foto: Presidencia de Panamá

El artículo original fue publicado por Mary Triny Zea en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En medio del estado de excepción que vive Ecuador por los altos índices de inseguridad y violencia, dos líderes de la nacionalidad indígena Chachi fueron asesinados en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. El 20 de febrero de 2024, Alberto Quiñónez, de 46 años, y Didson De la Cruz Quiñónez, de tan sólo 12 años, ambos de la comunidad Tsejpi, murieron en extrañas circunstancias en un accidente que no ha sido investigado. Los comuneros Chachi, una de las 15 nacionalidades indígenas del Ecuador, viajaban, junto a un conductor, en una camioneta cuando unas personas no identificadas, dispararon hacia el carro.

Las balas hirieron al conductor quien se bajó del auto y se lanzó al suelo. El vehículo, ocupado por Quiñónez y De la Cruz —quienes eran tío y sobrino— se resbaló y cayó en la quebrada del estero, ubicado en el sector de Camarones de la comunidad Juan Montalvo, parroquia Borbón, del cantón Eloy Alfaro. Poco antes de que esto ocurriera, habían cruzado un puente sobre ese estero.

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Los detalles del misterioso accidente

En las fotografías y videos a los que Mongabay Latam y GK tuvieron acceso, se puede ver fundas plásticas y alimentos entre los restos de la carrocería de la camioneta, que terminaron en el agua. En uno de los videos se escucha que un hombre dice “allá están los dos” y señala con un tubo de metal hacia la camioneta volcada. Abajo del vehículo se ve un torso que correspondería a Alberto Quiñónez. El accidente ocurrió cerca de las 7 de la noche y las fotografías y videos no son claros ya que el agua del estero es turbia e impide ver las condiciones en las que quedó el vehículo.

El hecho casi no ha sido difundido por medios locales ni nacionales, y un líder indígena de la Costa, quien prefirió no ser identificado por temor a amenazas, dijo que no conocía del accidente. Según Raquel Quiñónez, funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Esmeraldas, “se han omitido ciertas formalidades”. “De lo que tenemos conocimiento no se ha determinado qué fue lo que provocó la muerte de estos dos líderes, por cuanto no se hizo levantamiento de cadáveres, no se hizo una autopsia y no hay una investigación en Fiscalía”, explica Quiñónez.

Hasta el 11 de marzo no existía una investigación del caso y según la funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Esmeraldas, los cuerpos de los líderes fueron enterrados la misma semana del accidente.

Un habitante de la zona, que por motivos de seguridad tampoco quiso ser mencionado, le dijo a Mongabay Latam y GK que no entiende “por qué los compañeros [Quiñónez y De la Cruz] no lograron botarse al momento que disparan, y el chofer sí se bota”. Una de sus hipótesis es que “fueron heridos [por las balas] y, por el estado en el que se encontraban, no pudieron hacerlo”. “Como no había testigos, nadie puede confirmar, y el conductor estuvo grave e inconsciente en el hospital, y no se sabe realmente qué sucedió”.

Quiñónez asegura que el conductor sobrevivió y se recuperó pero desconoce si “los familiares o él vayan a iniciar algún proceso, denuncia o investigación”. Una vez que salió del hospital, ha sido imposible localizarlo.

Los líderes de la comunidad Tsejpi que fallecieron pertenecían a la Federación de Centros Chachi del Ecuador (FECCHE). Alfredo Quiñónez era, según la persona de la comunidad que no quiso ser identificada, “un líder muy serio, conocido en la zona, tranquilo y firme en sus posiciones. Él siempre estuvo con nosotros en la lucha por la tierra”. Didson De la Cruz, por otro lado, era un joven muy activo. “Lo importante para nosotros es que los jóvenes son los que animan y se ponen al frente de cualquier acción comunitaria, sea en temas de concienciación y socialización o de ir a defender el territorio”, dice el hombre de la comunidad.

El día del accidente, tío y sobrino salieron de la comunidad hacia la cabecera parroquial, Borbón, porque unos familiares estaban enfermos y necesitaban conseguir alimentos y medicinas. El acceso a las comunidades rurales en esta zona de Esmeraldas es limitado: no hay transporte público y el acceso a vehículos privados tampoco es permanente. Por ello, se cree que aprovecharon el ingreso de la camioneta, que llevaba alimentos, para ir a la comunidad.

El 28 de febrero, ocho días después de las muertes, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador hizo una denuncia pública. La titularon Dos líderes indígenas Chachi fallecen luego de un ataque armado en área afectada por minería ilegal en el norte de Esmeraldas. En el documento de cuatro páginas no sólo describen lo que sucedió, sino que hablan de las amenazas en la zona: la presencia de minería ilegal, la contaminación derivada de plantaciones de palma africana y balsa, la tala ilegal, las invasiones al territorio, entre otros problemas. Mismos problemas que, según la denuncia, se exacerbaron desde el momento en que empezó la cuarentena por el covid-19 en el 2020.

Las razones por las que acabaron con la vida de los dos líderes indígenas son inciertas y el caso destaca por la ausencia de información. Sin embargo, en esa zona del noroccidente del Ecuador, los conflictos por la tenencia de tierras y la minería ilegal se han vuelto parte de la cotidianidad.

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La minería ilegal y la tala invaden la zona

En los últimos años, organizaciones criminales y grupos de delincuencia organizada —el gobierno actual ha identificado a 22, entre ellos Los Choneros, Los Lobos y >Los Tiguerones— se han instalado en diferentes zonas del Ecuador. Esmeraldas es una de las provincias más afectadas. Al estar asentados cerca de las poblaciones indígenas, ejercen presiones provocando miedo y tensión en las comunidades.

La muerte de ambos comuneros Chachi se da en un contexto de violencia sin precedentes en el país. El 2023 cerró con la tasa de muertes violentas más alta de la historia: más de 40 por cada 100 000 habitantes. Desde el 8 de enero de 2024 rige un estado de excepción, que limita algunos derechos, implica un toque de queda y busca controlar la violencia. Hasta el 10 de marzo de 2024, según el Comando Conjunto de las Fuerzas Aramdas, se habían hecho más de 164 000 operativos y hay 12 874 detenidos, 280 de ellos por terrorismo. El caso de Esmeraldas es aún más crítico ya que InSight Crime, en su informe de junio de 2023, catalogó a la provincia como el foco de los homicidios en Ecuador: en 2022, su tasa de homicidios alcanzó 81 por cada 100 000 habitantes.

La violencia, sin embargo, no es la única amenaza en la zona. La minería ilegal, las plantaciones de palma y balsa, y las invasiones del territorio para el uso de recursos por parte de personas externas a las nacionalidades empezaron a convertirse en problemas cada vez más serios en las comunidades.

Todas estas circunstancias ahondaron en el abandono estatal que siempre ha vivido la provincia de Esmeraldas. La falta de acceso a servicios básicos, salud, educación y empleo afecta directamente a las comunidades. La presión en algunos casos, dice Manuel Morales, abogado especializado en derecho ambiental que ha trabajado con las comunidades Chachi y afrodescendientes, obliga a la gente local a buscar “alternativas y forzosamente se vincularon al tema de la minería”.

Nathalia Bonilla, coordinadora de la campaña por la defensa de bosques de la organización Acción Ecológica, dice que históricamente Esmeraldas es una provincia abandonada. Agrega que la provincia tiene el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas y esto es consecuencia de “haberla convertido en un territorio de sacrificio, del cual solamente se extrae materia prima”.

Bonilla, quien también es ingeniera en gestión ambiental dice que “la industria forestal ha arrasado con Esmeraldas y la ha convertido casi en una especie de desierto verde”.

Un estudio publicado en el 2020 sobre Deforestación en Paisajes Forestales de Ecuador, hecho por un grupo de científicos ecuatorianos y alemanes, reveló que en 26 años se perdió, en promedio, el 39,4 % del bosque tropical en Ecuador, siendo Esmeraldas la provincia más afectada. Hasta ese año, la zona había perdido, en promedio,  el 24,27 % de su bosque. El mismo estudio menciona que, “en el pasado esta provincia poseía unos 80 000 kilómetros cuadrados de bosques” pero que en 2020 queda “poco menos del 6 % de esta cobertura”. Esmeraldas, según el documento, es “la región más devastada del Ecuador”.

La minería ilegal es otro de los principales problemas socioambientales, asociado también a la violencia que vive esta zona. Más de una vez grupos irregulares han bloqueado operativos antimineros promovidos por el Estado.

Morales comenta que entre el 2005 y el 2006 empezaron los primeros casos de minería ilegal en la zona de los ríos Santiago y Cayapas. Comenzó de forma esporádica, pero poco a poco fue tomando fuerza. Luego, antes del 2010, hubo un boom de la minería en el norte de Esmeraldas y esto hizo que las Fuerzas Armadas realizaran más control en la zona y dinamitaran las maquinarias usadas en la minería ilegal.

Estas medidas de las Fuerzas Armadas, según Morales, “sacudieron un poco la zona y la minería ilegal se paralizó por un tiempo”. Sin embargo, volvió y, en el 2011, la Defensoría del Pueblo de Esmeraldas, con apoyo de varias organizaciones de la zona, presentó una solicitud de medidas cautelares para prohibir la minería irregular en el cantón San Lorenzo, ya que no contaba con regulación social ni ambiental por parte del Estado.

La medida se presentó, según la Defensoría del Pueblo, por la afectación a la salud debido a “la contaminación de los ríos de la localidad, por la explotación minera de oro y que, conforme a los resultados de laboratorio, sus aguas no eran aptas para consumo humano por su alto contenido de metales pesados”. Esta medida fue aceptada por un Tribunal de San Lorenzo.

Luego, en el 2018, las medidas otorgadas en 2011 fueron ampliadas al cantón Eloy Alfaro, donde están las comunidades Chachi y afrodescendientes — y donde fallecieron los dos indígenas—. La resolución suspendió toda actividad minera “y absoluta paralización de la actividad minera ilegal en la zona”.

Sin embargo, Morales y Bonilla coinciden en que no ha habido la capacidad institucional ni de control del Estado para que eso se cumpla. Por lo tanto, la minería ilegal a pequeña escala sigue, e incluso, va en aumento porque en la zona no hay oportunidades de empleo y  muchas personas terminan optando por actividades ilícitas.

Morales cree que en la actualidad es difícil erradicar la minería de la zona, pero, aún así, buscan llegar a acuerdos amigables con los mineros. “Poner las cosas sobre la mesa, hablar de la legislación, entender a ambas partes [las personas de la comunidad que están siendo afectadas y los mineros] y acordar un tiempo para que salgan”, explica. Todo esto con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las comunidades y de los dirigentes comunitarios.

“Los frentes mineros, sobre todo en la última temporada [desde el inicio de la pandemia en febrero de 2020 hasta 2024], están muy vinculados con los grupos armados delincuenciales, porque se utiliza el oro para lavar el dinero del narcotráfico”, explica.

Bonilla asegura que entre los mineros ilegales hay “actores armados que intimidan  a las comunidades, ingresan por la fuerza a los territorios y empiezan a hacer sus operaciones”. Otros, en cambio, llegan a negociaciones con las comunidades, las cuales tampoco tienen muchas posibilidades de decisión “porque entran y dan alguna cantidad económica para hacer sus operaciones”, dice Bonilla.

La investigadora de Acción Ecológica comenta que la situación se intensificó en la pandemia por Covid-19. “Mientras todos estábamos encerrados en las casas, con la cuarentena, los únicos libres por Esmeraldas eran estos frentes mineros, que fueron avanzando e hicieron lo que quisieron durante mucho tiempo”. Por ello, intentar sacarlos ahora requiere “mucha voluntad política”.

En enero de 2024, Andrea Arrobo, ministra de Energía y Minas de Ecuador fue a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional para informar sobre las accionesde control para frenar la minería ilegal en el Ecuador, en el contexto del combate contra el crimen organizado transnacional. La ministra dijo que en 2023 hicieron 413 operativos a nivel nacional para frenar la minería ilegal y que en estos operativos decomisaron o inhabilitaron “excavadoras, motores de succión, cucharas metálicas, generadores eléctricos, dragas, soldadoras, entre otros”.

Sin embargo, la denuncia pública del 28 de febrero de la Alianza de Derechos Humanos indica que los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Gobierno y Defensa “no han cumplido, ni cumplen las órdenes judiciales y los jueces no hacen nada efectivo para imponer el cumplimiento de sus órdenes”. Esto, en referencia directa a las medidas cautelares que existen en la zona.

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La enredada titulación de las tierras

La provincia de Esmeraldas es una de las más violentas del país. Tiene siete cantones y 553 900 habitantes según el censo Ecuador 2022. La mayoría de la población (55,1 %) vive en la ruralidad. El 53,8 % de las personas son afroecuatorianos, seguidos por mestizos con 39,5 %, e indígenas con 3,4 %, así como menores porcentajes para la población blanca y montubia.

La tasa de pobreza por ingresos de la provincia, hasta el 2021, era del 52,9 % y según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el 25,3 % de las personas viven en pobreza extrema y tienen déficit de recursos y servicios básicos.

Los Chachi, que son minoría en Esmeraldas, están asentados en 28 Centros Chachi distribuidos en los cantones Eloy Alfaro, San Lorenzo, Muisne, Río Verde, Esmeraldas y Quinindé. Son 16 500 habitantes de la nacionalidad quienes, en su mayoría, se dedican al cultivo de cacao, plátano, frutales y a la industria de madera y balsa.

El territorio Chachi colinda con el de los afrodescendientes y por décadas, ambos grupos vivieron en armonía y se ayudaban mutuamente. Sin embargo, a finales de los años ochenta y principios de los noventa, el entonces Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (Inda), ahora Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura, inició la titulación de tierras en favor de las comunidades Chachi y afro para regularizarlas, según la abogada Quiñónez. “Esto alteró parte de la convivencia pacífica que tenían ambas comunidades”, dice.

Manuel Morales explica que como el Estado no tiene un catastro de las tierras tituladas para que no se sobrepongan las nuevas adjudicaciones, hay casos en que un terreno tiene doble titulación. Este problema agudizó los conflictos y la violencia en la región.

Hace 30 años, dice Quiñónez, “los centros Chachi se organizaron y comenzaron a regularizar las propiedades, a diferencia de los centros de las comunidades afrodescendientes que no lo hicieron”. No obstante, Morales explica que los Chachi tuvieron más facilidades para registrar sus tierras porque en ese tiempo la lucha indígena por la reivindicación de la tierra “estaba en la retina de la gente”. “La injusticia en la que vivían los pueblos indígenas que trabajaban en haciendas, sin el derecho a la tierra, era un tema que tenía mucha atención”, dice Morales.

Entre 1995 y el 2001, Manuel Morales, que también es director ejecutivo de la Corporación Ecolex, junto a otros abogados y paralegales —personas de la comunidad que se capacitaron en el manejo y aplicación de la ley para resolver los conflictos— lograron legalizar la tierra de aproximadamente 15 comunidades, entre Chachi y afro. “Las tierras estaban mezcladas una con otra y había cultivos Chachi en la parte afro o cultivos afro en la parte Chachi”. Así que llegaron a consensos para la ocupación y legalización de las tierras.

No obstante, en los años 2000 empezó el Plan Colombia, la principal estrategia del gobierno colombiano para combatir el narcotráfico y, con él, se hicieron fumigaciones en los cultivos de coca, marihuana, amapola y otros en la frontera con ese país. Esto, dice Morales, “arrinconó a toda la gente, tanto comunidades y organizaciones del crimen organizado se asentaron en Ecuador”. Según dice, esto incrementó una serie de problemas sociales y de violencia en la zona.

En la actualidad, para solucionar los conflictos de las tierras que persisten entre algunas familias afrodescendientes y Chachi, explica Morales, Ecolex de nuevo está tratando de generar conversaciones y asambleas entre ambos grupos para llegar a acuerdos. Sin embargo, estos esfuerzos se ven opacados por las presiones de grupos mineros ilegales y personas interesadas en obtener los recursos de las comunidades. La gente de la zona sabe quiénes son, pero prefieren no mencionarlos con nombre propio por temor a represalias.

Para comprender los procesos de tenencia del territorio en esta zona y quiénes tienen las escrituras, Mongabay Latam y GK se contactaron con la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Según la Secretaría, entre 2022 y 2023 hicieron una “búsqueda en todos los archivos físicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con la finalidad de consolidar un matriz con la totalidad de registros de reconocimientos de territorios ancestrales a favor de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades otorgados por el MAG”. Pero en la lista enviada no consta la adjudicación a la comunidad Chachi Tseipi. Sin embargo, Mongabay Latam y GK tuvieron acceso a una copia de las escrituras originales de esta comunidad, confirmando que los procesos de tenencia, como coinciden los expertos, sigue siendo un tema que no se termina de resolver ni formalizar.

Mientras el gobierno nacional sigue haciendo operativos para desarticular grupos armados en diferentes puntos del país, la situación en zonas alejadas como Borbón, donde fallecieron los dos líderes indígenas, parece no mejorar. Al contrario, la población sigue acorralada mientras que los asesinatos y las represiones continúan en aumento.

*Imagen principal: Defensoría del Pueblo en reunión con dos comunidades Chachi para hablar de la defensa del territorio. Foto: Cortesía Raquel Quiñónez.

**Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y GK de Ecuador. Puedes revisarlo aquí