Elías Naal Hernández sale, red de pesca en mano, a probar suerte en las aguas de Isla Aguada, una localidad ubicada en las costas de Campeche, donde la Laguna de Términos desemboca en el Golfo de México. El pescador no imagina la escena que el mar le mostrará esa mañana de los primeros días de abril de 2024.

“Era una enorme mancha, kilómetros y kilómetros de crudo, lo agarrábamos en los achicaderos (baldes) de agua y se llenaban de lo fuerte que estaba”, cuenta. Lo único que Elías Naal pescó ese día, a cubetadas, fue el petróleo que parecía llenar el mar entero.

Lo que describe el pescador fue detectado vía satélite por científicos que estudian desde hace años los derrames de petróleo en el Golfo, quienes observaron evidencias de posibles manchas oleosas desde el 7 de marzo de 2024. Las detecciones tenían un origen cercano a infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa estatal asignada para la explotación de hidrocarburos en el Golfo de México desde donde se extrae el 80% del crudo nacional.

Pero el derrame no fue reportado por Pemex, que por ley debió hacerlo, y cuando Naal acudió a la paraestatal para denunciarlo, la empresa desestimó el evento argumentando que era una “chapopotera”, es decir, una emanación natural de petróleo, cuenta el pescador. Es una respuesta que reciben los pescadores con demasiada frecuencia frente a eventos que, de acuerdo con Naal, no tienen las características de eventos naturales.

Cuando comenzó a pescar, hace 38 años, era común que recalaran muy cerca de la costa la sierra y el peto, el besugo y la merluza, el huachinango y el atún, la mojarra y el bagre: algunas de las 300 especies que el estuario alberga, y de las que casi 80 están hoy amenazadas de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología. Con un poco de suerte, hace décadas las redes se llenaban de camarón rosado. Se veían delfines nariz de botella, tortugas caguamas y lora. Era un mar de vida.

Pero cada vez con más frecuencia, lo que Elías Naal atraviesa al buscar alimento es literalmente un mar de negrura y muerte, producto de los derrames provenientes de pozos de extracción de petróleo que en 2024 sumaron 88 más de los que había hace seis años, para un total de más de 2000.

Un equipo de Mongabay Latam y Data Crítica solicitó reportes empresariales enviados al gobierno mexicano sobre derrames petroleros para comprender la magnitud de estos incidentes, identificando sus características y afectaciones en el Golfo de México. Luego, contrastó estas cifras contra datos compartidos por científicos del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), quienes han analizado más de 3000 imágenes satelitales obtenidas entre 2018 y 2024 y publicaron en octubre de 2024 una investigación académica al respecto.

Los hallazgos son alarmantes. Los reportes oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) sobre derrames en el Golfo de México muestran una pequeña parte de lo que realmente está pasando en un área que es hogar de más de 15 mil especies de aves, peces y moluscos de valor ecológico y comercial, y que sostienen la economía de unos 80 mil pescadores en la zona, como Naal.

De los 79 meses que equivalen a los seis años y medio analizados por los científicos, los investigadores han detectado la presencia de manchas de petróleo no naturales en el mar en 74 meses, mientras la autoridad ambiental solo tiene registrados derrames en 30 meses, el equivalente a dos años y medio, es decir, menos de la mitad de lo hallado por estos científicos.

“Estamos definitivamente en estado agónico, apenas sobreviviendo”, dice Baudelio Cruz, quien es pescador desde los siete años en la ciudad de Campeche y lleva décadas viendo el ecosistema deteriorarse. “Se pesca ya muy poco”, asegura y pide que el gobierno mexicano los voltee a mirar.

“No son chapopoteras”

Cuando Elías Naal acudió a los representantes de Pemex con un puñado de sargazo bañado en crudo como evidencia, los funcionarios le dieron el argumento de siempre: que las manchas que él veía a lo largo de kilómetros y kilómetros eran “chapopoteras”, es decir, emanaciones naturales de petróleo, aunque, según Naal, no respaldaron esa afirmación con ninguna prueba.

Pero el análisis realizado por científicos del Ecosur, el UABC, el Centro de Investigaciones del Golfo de México (Cigom) y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aporta evidencia a la versión de los pescadores de que aquel petróleo encontrado entre marzo y abril de 2024, no correspondía a una emanación natural. El crudo se encontraba demasiado alejado de la chapopotera conocida de la zona, y las características espaciales de la mancha tampoco corresponden con las de una emanación natural.  Esto se basa en la descripción que hacen los científicos en su artículo publicado en 2024.

Las características de las chapopoteras versus las de los derrames se han identificado en las miles de fotografías que forman parte de la base de datos construida para esta investigación y cuyo análisis se presenta aquí.

“Tenemos una gran certeza cuando detectamos petróleo en la superficie del mar. Tenemos decenas de fotografías y videos que nos han ayudado a la validación”, sostiene Abigail Uribe, especialista de la UABC, quien analiza las imágenes satelitales junto con investigadores de Ecosur.

El petróleo de una chapopotera, por ejemplo, no se desplaza más allá de unos cuantos kilómetros, genera una mancha menos extensa y está compuesta por hilos delgados y alargados en forma de “garra”. En cambio, en los derrames, estas características cambian: “es un petróleo que se concentra más y que abarca espacios mucho más grandes”, detallan los expertos. Además, los científicos y los pescadores saben dónde están las emanaciones naturales después de años dedicados a estudiar el Golfo. De acuerdo con Uribe, si un pescador detecta petróleo lo más probable es que sea un derrame, porque las chapopoteras son pequeñas y están en zonas cercanas a plataformas donde los pescadores no pueden acercarse por ley.

“Sabemos que no son chapopoteras”, afirma Wilbert Cosmopulos López, presidente de la federación de sociedades cooperativas de la industria de Cárdenas de Tabasco y pescador desde hace 20 años. “Frente a la costa de Magallanes, donde tenemos la pesquería, va uno en la embarcación y se percata del crudo por el olor que ya conocemos. Posteriormente ya ves en el espejo de agua un tono aceitoso brilloso. Más atrás ya vienen flotando los grumos y placas de hidrocarburo. Entre más vas avanzando hacia la mancha, ves placas más grandes de hidrocarburos. Entonces empezamos a tomar fotografías y evidencia”.

El aporte de los pescadores es clave para fortalecer los datos obtenidos a partir del análisis de las imágenes satelitales. El conocimiento que tienen acerca del comportamiento de las especies, la dirección de las corrientes, la ubicación de los arrecifes o los hallazgos que puedan tener, por ejemplo, de animales empetrolados, es información relevante. “Es importante porque abre otra fuente de información fidedigna de lo que está ocurriendo en un paisaje donde hay pocos actores. En un país como México con recursos económicos limitados para hacer una vigilancia efectiva, se vuelven indispensables estas otras fuentes de información o de datos para saber qué está sucediendo en nuestros mares”, explica Alejandro Espinoza Tenorio, investigador del Colegio de la Frontera.

Por eso, los científicos de Ecosur, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y otras instituciones como el Instituto Tecnológico de Centla (Tabasco) y la UNAM, colaboran con los pescadores en una alianza llamada “Pesca y Petróleo 2.0”.

La información analizada por los científicos y verificada en parte por los pescadores pone en discusión los datos del Estado. Por ejemplo, mientras entre enero y julio de 2024, ninguna empresa reportó derrames en el Golfo de México a las autoridades, los especialistas sí captaron manchas oleosas que no corresponden a emanaciones naturales en todos esos meses.

La sistemática minimización de derrames ocurre no sólo porque éstos no son reportados por las empresas, tal como exige la norma, sino también porque las cantidades derramadas son subestimadas. Por ejemplo, los datos proporcionados por la ASEA revelan que el derrame de Ek-Balam, uno de los más graves de la historia reciente del país, ocurrido en junio de 2023, fue reportado inicialmente con un volumen de 38 metros cúbicos, equivalentes a 690 tanques de combustible de un Toyota Corolla, algo imposible de acuerdo con científicos de la UABC, considerando la extensión y el desplazamiento de la mancha.

“Asumiendo cálculos conservadores, dejando fuera las áreas más controversiales y considerando solamente las zonas del derrame donde observamos petróleo bastante concentrado, tenemos cálculos de entre 10 y 200 veces [por encima] del volumen reportado”, señala Uribe.

Cada vez que los investigadores de la UABC y Ecosur identifican un derrame, envían un reporte a las autoridades. No obstante, la ASEA indicó, en respuesta a una solicitud de información, no haber sistematizado ningún reporte científico debido a que la ley no los considera como fuentes legítimas de información. Tampoco lo son las denuncias y evidencias enviadas por los pescadores, solamente consideran a las empresas petroleras.

El mayor impacto en el ecosistema y los millones de mexicanos que dependen de la pesca en el Golfo, coinciden especialistas y pobladores de la zona, no ocurre solo después de los grandes derrames como el de Ek-Balam, sino que es resultado de la acumulación de décadas de fugas y derrames crónicos más pequeños, la mayoría de los cuales jamás son reportados y, mucho menos, sancionados.

Solo ocho multas pagadas en seis años

Para que la Marina mexicana active el protocolo de atención a contingencias por derrames de hidrocarburos, un documento en donde se establecen claramente las rutas para la contención y remediación de un evento de esta naturaleza, es necesario que las empresas extractivas reporten los derrames. Si estas no lo hacen, nadie llega a la zona afectada. Por lo mismo, nada se hizo para intentar frenar el avance del petróleo que Elías Naal vio a inicios del 2024.

“Ahorita más o menos me dedico a pelear lo del ambientalismo, porque nos están perjudicando. La gente llega a deshoras de la noche: ‘vimos este derrame, pasó esto acá, está a siete millas, me hablan de Yucatán, que el derrame viene por abajo, que las plataformas tienen fugas y esto llega a las costas de Campeche y Yucatán por las corrientes”, denuncia Naal, quien es Presidente de la federación unidos por Isla Aguada, Campeche.

Científicas como Abigail Uribe advierten que las empresas parecen solo reportar los derrames más escandalosos, esos que tocan las costas. El resto pasa desapercibido y no llega a los oídos de la población mexicana, a menos que los pescadores lo denuncien.

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, las empresas extractivas son responsables de los desperdicios y derrames, y son ellas las que deben dar aviso a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la ASEA sobre cualquier siniestro, y aplicar los planes de contingencia, medidas de emergencia y acciones de contención que correspondan.

No obstante la regulación existente, los procesos de reporte de las empresas petroleras parecen ser cajas tan opacas como el mar oleoso que atraviesan frecuentemente los pescadores, quienes aseguran deben navegar cada vez mayores distancias para sacar en sus redes cada vez menos.

“Donde creemos que está el conflicto, es que el regulado (la empresa) es juez y parte”, dice Eduardo Cuevas, investigador de la UABC, en referencia a que son las empresas las responsables de dar aviso y de aplicar las medidas de contención y emergencia. Las empresas, indica Cuevas, no tienen incentivos para reportar sus propias fallas.

En los reportes oficiales de derrames, la empresa que concentra más eventos tanto a nivel nacional como en el Golfo de México es la estatal mexicana Pemex, seguida de la empresa privada Petrofac. A nivel nacional, la privada es responsable de 15 derrames ocurridos entre el 9 de enero de 2018 y el 20 de diciembre de 2020, de los cuales 12 fueron en el Golfo de México.

Desde 2018, Petrofac está desmantelando sus operaciones en México para dirigirlas hacia las energías renovables. Sin embargo, el movimiento de Petrofac a inversiones “verdes” dejó intacta la estructura extractiva en México que, desde octubre de 2018, es ocupada por Perenco, propiedad de una de las familias más ricas de Francia, los Perrodo. Esta es la segunda empresa privada con más derrames registrados oficialmente en el país.

El historial ambiental de Perenco no se limita a México. De hecho, de entre todas las compañías petroleras que operan en la Amazonía colombiana, esta empresa es una de las que registra el mayor número de procesos sancionadores y multas en los últimos 10 años, de acuerdo con una investigación de Mongabay Latam.

En México, según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) entregados en respuesta a una solicitud de información, no se inició ningún proceso sancionatorio contra Perenco por los derrames que ocurrieron desde su adquisición, sino solamente una sanción por incumplir su meta de barriles de producción de petróleo. Tampoco hay registro de ninguna sanción contra Petrofac por los 12 derrames registrados oficialmente en los tiempos en los que operó.

En respuesta a cuestionamientos para esta investigación, un portavoz de Perenco señaló que los derrames y fugas en México han ocurrido tierra adentro, y que la estrategia ambiental de la empresa consiste en la compra de equipos de vigilancia, pues culpa a actos vandálicos de los derrames.

“En los últimos cinco años, Perenco México ha invertido significativamente en la integridad de sus activos, así como en la mejora de la vigilancia con CCTV y drones. En consecuencia, los incidentes ambientales se han reducido en 85% desde 2019”, sostiene la empresa.

Aunque tierra adentro, al menos un derrame de las instalaciones de Perenco en el municipio costero de Comalcalco, Tabasco, ha tenido impacto tanto en el manglar como en el lecho del Golfo de México, como se desprende de su propio reporte a la ASEA. En el documento, la empresa indica que para detener el derrame llevó a cabo la “instalación de barreras marinas en zona de manglar para recuperación de aguas oleosas”.

Esta investigación no pudo corroborar directamente que la mayoría de derrames se deben a actos vandálicos, debido a que la ASEA no proporcionó información sobre causas de los derrames, a pesar de que esta información fue solicitada.

Esta ausencia de sanciones es representativa de lo que ocurrió en el país en los últimos seis años. De 2018 a la fecha, aunque hay 86 derrames oficialmente registrados, se han iniciado solamente 48 procesos sancionatorios contra empresas que extraen petróleo por incumplir normas tan básicas como no seguir su propio plan de exploración. Pero en menos de la mitad de los casos, en 21 procesos, se estableció como sanción una multa y solo ocho de ellas han sido pagadas, de acuerdo con la solicitud respondida por la CNH. Consultada sobre la impunidad de estos casos, hasta la publicación de este reportaje la CNH no respondió. Tampoco Pemex envió respuestas a las preguntas hechas por el equipo periodístico.

Cada derrame ignorado, cada denuncia desestimada, acumula impactos ecológicos que contribuyen a deshilar el tejido de la vida marina en el Golfo, de la cual también son parte cerca de 80 mil pescadores y las millones de familias mexicanas que se alimentan de lo que ellos capturan.

“Se pesca ya muy poco”

La ficha Ramsar que categoriza a la Laguna de Términos como humedal de importancia internacional, indica que cerca del 80 por ciento de los peces de la plataforma del Golfo de México dependen de sitios como este para su reproducción y alimentación.

Este ecosistema es una muestra de la biodiversidad de la región, y la mayor puerta de agua dulce de México al Golfo, que es un ecosistema crítico aún más amplio: corredor migratorio de cientos de especies de reptiles, anfibios, aves, peces y mamíferos de interés ambiental y comercial con decenas en categorías de amenaza como el jabirú (Jabiru mycteria), la segunda ave de mayor tamaño en el continente americano, de la que quedan unos 20 individuos en todo el territorio mexicano.

El valor ecosistémico del Golfo, apunta Eduardo Cuevas, es incalculable. Además de mantener especies de pesca como la sierra, el robalo, el atún y el huachinango, da vida a especies de tiburones protegidos como el tiburón ballena y tortugas como la lora y la laúd.

Con la contaminación, sin embargo, “no sólo se afectan ecosistemas marinos sino también terrestres”, explica Eva Coronado, especialista en sistemas socioecológicos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, dependiente de la Universidad Autónoma Nacional, en Mérida. “Todos los contaminantes que llegan a la costa tienen afectaciones a las zonas lagunares, como la Laguna de Términos en Ciudad del Carmen y a los ecosistemas de manglar que están cercanos al área”.

Pemex ocupa el lugar 20 en una lista de 57 empresas que ha generado el 80 por ciento de emisiones de carbono a nivel mundial desde la firma de los acuerdos de París, de acuerdo con el centro de investigación británico InfluenceMap. Pero mientras las petroleras contribuyen en gran medida a la crisis climática, también debilitan la capacidad de respuesta de los ecosistemas frente a eventos catastróficos catalizados por esa misma crisis, como los huracanes. Además, el petróleo viaja del plancton a animales más grandes, representando posibles daños al ser humano de los que no se han conducido estudios profundos, indican los especialistas. Para pescadores como Elías Naal, el valor de ecosistemas como la Laguna se sintetiza así: son toda su vida. El pescador lleva cuatro décadas mirándola desaparecer.

“Hemos visto pescado, tortugas, delfines manchados de crudo, y cuando el petróleo está a dos millas de la orilla, entonces no hay pescado, por el olor que despide. El impacto [de los derrames] es fuertísimo”, dice.

Su experiencia se multiplica por toda la costa del Golfo. De acuerdo con el Plan Nacional de Contingencia, en los procesos de respuesta ante derrames de hidrocarburos se debe tener como prioridad la vida humana, el medio ambiente y en último término la propiedad de la nación y de terceros. En la práctica, dicen los pescadores, ellos y sus demandas han sido relegados al último sitio.

“Se pesca ya muy poco, quisiéramos que nuestro gobierno actual se ponga a pensar que nosotros somos los campesinos del mar, los que traemos el sustento para los niños de México”, dice Baudelio Cruz. “Entendemos que el petróleo se necesita, pero si la pesca se acaba, si nuestro gobierno no pone los ojos también en la pesca, no sé qué va a pasar porque es comida para todo el país”, agrega el pescador que también fue testigo de la mancha kilométrica de petróleo a inicios de 2024.

“La gente me denuncia, desde Mérida hasta Nuevo Campechito me mandan reportes y yo he recolectado pruebas, pero (en PEMEX) me cierran las puertas. Vamos a pedir un recurso por la afectación y nos dicen que no hay, porque simplemente son ‘chapopoteras’, imagínese”, denuncia Naal. “Nadie toca a PEMEX. Ellos hacen y deshacen, y no podemos reclamar. Le hemos escrito hasta al presidente de la República y no nos atienden”, agrega el pescador Teodoro Wilson.

Para los pescadores, existe un antecedente inequívoco de que las empresas y las autoridades evaden la realidad con la excusa de las chapopoteras. El derrame de Ek-Balam, que se conoció por una alerta emitida desde la sociedad civil y no por un aviso de Pemex o las autoridades mexicanas, también intentó ser minimizado. Aseguraron que era una “chapopotera”, una versión que se derrumbó a medida que el derrame crecía. La extensión del desastre de Ek-Balam superó los 460 kilómetros cuadrados y se tiene evidencia de que viajó más de mil kilómetros a lo largo del oeste del Golfo de México, alcanzando las costas de Veracruz y Tamaulipas .

Pescadores e investigadores están convencidos que las tecnologías que utilizan para detectar y enfrentar los derrames, podrían convertirse en un potente mecanismo de vigilancia y monitoreo ambiental para circunnavegar las limitaciones de la regulación actual, que deja todo en manos de las empresas.

“Estamos realmente convencidos de que esta información es útil para ellos (las autoridades), pero la práctica actual y el oscurantismo de las regulaciones no permite que haya este flujo de datos valiosos para la acción inmediata, el seguimiento y la atención a los derrames”, dice Uribe. “Nosotros no queremos enjuiciarlos — asegura— nosotros estamos aquí para entregarles información. Úsenla, incorpórenla en su toma de decisiones”.

“También existimos”: el grito de auxilio de la pesca

Elías Naal, Baudelio Cruz y Wilbert Cosmopolus, pescadores ahora convertidos involuntariamente en defensores del territorio, se aferran a su oficio. Quieren proteger el modo de vida que mantienen desde hace casi medio siglo, pero cada vez más, lo que les hace falta, además de la pesca misma, es dinero y tiempo para pescar. Dinero para nuevas redes que reemplacen las que se arruinan por llenarse de petróleo y para adquirir motores que les permitan hacer recorridos cada vez más largos.

En los últimos cinco años, los pescadores aseguran que su producción ha disminuido en un 40 por ciento, así es que no reciben más de 8000 pesos mexicanos al mes (alrededor de 400 dólares). Además, sostienen que las áreas de pesca se han reducido dado que tienen prohibido acercarse a las plataformas petroleras, incluidas las obsoletas, donde podrían extraer recursos. “Nuestras áreas de pesca han sido invadidas. Tenemos muchas áreas restringidas de pesca donde están las plataformas que ya están obsoletas, pero no podemos ir a pescar allá. Hemos estado luchando, le hemos pedido a nuestros diputados que intervengan para ver si logramos que nos den permiso para pescar en esas plataformas que ya no sirven para nada, porque hay bastante pesca ahí, pero no lo hemos logrado”, dice Baudelio Cruz.

Esta restricción estatal busca prevenir posibles intervenciones en la extracción de petróleo o ataques terroristas. Así lo declaró el expresidente, Vicente Fox, cuando en 2003 se ampliaron los kilómetros de exclusión como respuesta a los ataques de las torres gemelas de Nueva York en 2001.

El 2023 fue un año récord en inversión para pozos de exploración, de acuerdo con datos públicos de la CNH. Sin embargo, al mismo tiempo, el presupuesto de la ASEA para las acciones de monitoreo y control disminuyeron en casi una tercera parte, pasando de 604.7 millones de pesos en 2018 (unos 26 millones 800 mil dólares al cambio de 2018) a 385.2 millones de pesos en 2024 (unos 18 millones de dólares al cambio de 2024), según datos enviados en respuesta a una solicitud de información.

Esta distribución de recursos que favorece la extracción pero que no impulsa un equitativo control para prevenir que haya derrames ni contener y mitigar sus efectos adversos, está ahogando a los pescadores que se reparten entre las actividades de monitoreo y la pesca cada vez más costosa. Si la sociedad mexicana no los mira por su valor como generadores de alimentos, reclaman, se convertirán en presa fácil para las petroleras.

De los cerca de 80 mil pescadores en la primera línea de acción frente al desastre, muchos como Naal, Cruz y Cosmopolus piden acción inmediata a las autoridades: el reconocimiento de que la generación de alimento es, al menos, tan importante para la supervivencia del país como la extracción petrolera en el mar.

Exigen que su conocimiento experto sea incorporado en la creación de políticas para balancear la generación pesquera de alimentos con la extracción de petróleo, que puedan pescar al menos cerca de las petroleras en desuso y que en caso de derrames haya reparaciones sustanciales a ecosistemas y pescadores, y no solo la entrega de una red nueva, como ha sido costumbre hasta ahora.

“Aprovecho este medio para pedirle a la autoridad de Pemex y a nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que ponga los ojos en los pescadores de todo México”, dice Baudelio Cruz. “Queremos un diálogo, una plática. Que no sacrifiquen a un sector por una industria como el petróleo, que es necesaria, pero nosotros existimos. Si nos tenemos que salir de nuestras áreas de pesca, que acordemos qué es lo que vamos a hacer nosotros los pecadores”.

Texto: Gibran Mena Aguilar y Michelle Carrere. Reportería en campo: Flavia Morales Carmona. Análisis de datos: Naomi Morato y Gibran Mena Aguilar / Data Crítica. Fotografías: Héctor Quintanar. Visualización: Eduardo Mota García. Edición: Michelle Carrere, Alexa Vélez

El artículo original fue publicado por Gibran Mena Aguilar y Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Chile oficializó la creación del Parque Nacional Desierto Florido en el norte del país. El área de 57 107 hectáreas protegerá más de 200 especies de flores y toda la fauna —entre insectos, aves, reptiles y mamíferos— que surge cuando, tras la lluvia, el desierto de Atacama, considerado el más árido del mundo, se convierte en un jardín.

“Estamos acá porque tenemos una deuda con la protección del Desierto Florido, pero en particular con la protección de Atacama”, dijo el presidente Gabriel Boric en octubre de 2022 cuando anunció que se crearía el parque nacional, la categoría de protección ambiental más alta que existe en el país.

“Durante los últimos años, estas áreas se han visto gravemente afectadas no tan solo por el cambio climático, sino también por el efecto antrópico directo”, asegura Rosa Fuentes Rivera, bióloga del departamento de Ciencias Del Mar de la Universidad Arturo Prat.

Entre las acciones que dañan a esta zona están “el aumento de turistas que por falta de educación sacan flores, bulbos y semillas, la destrucción del hábitat por tránsito inadecuado de vehículos y el establecimiento de industrias en zonas cercanas”, explica Fuentes Rivera. Todo esto, agrega, “limita el potencial de regeneración de las especies existentes”.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf), el organismo encargado de administrar El Parque Nacional, buscará detener esas amenazas para asegurar la efectiva protección y conservación de los ecosistemas. Las acciones para lograrlo quedarán establecidas en un plan de manejo que deberá ser elaborado en un plazo máximo de 37 meses.

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¿Qué protegerá el parque y cuáles son las amenazas?

Aunque el fenómeno de floración del desierto de Atacama es conocido en todo el mundo, no es el único. En Perú, Namibia, Australia y Estados Unidos también florecen los desiertos. La particularidad de Chile “es que sucede en el desierto más árido del planeta y no todos los años, sino sólo cuando existen eventos de precipitaciones (lluvias) por sobre 15mm”, asegura la Conaf.

Cuando eso ocurre, germinan semillas y bulbos que han permanecido durante años latentes bajo el suelo. El fenómeno se extiende desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo. Sin embargo, en la Región de Atacama —desde la localidad de Chañaral de Aceituno, por el sur, hasta Caldera, por el norte— es donde se concentran las mayores extensiones de flores que cubren como un manto los cerros normalmente áridos. El parque nacional recientemente creado se emplaza en los sectores de Llanos y Chañarcillo, ubicada a 30 kilómetros al sur de Copiapó, la capital de la región de Atacama.

Preservar las especies de flora nativa, especialmente las endémicas, es decir que solo se encuentran en este lugar, y las que presentan algún grado de amenaza es uno de los principales objetivos de la creación del parque.

“El norte de Chile es una zona que está bajo mucha presión por las actividades humanas, principalmente la minería”, asegura el biólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Jaime Martínez-Harms. Esta actividad “pone en riesgo zonas extensas de hábitat, tanto marino como terrestre”, agrega.

Además, debido a que en años secos el desierto no florece, “es fácil no preocuparse por esos sectores donde uno piensa que no existe nada, pero que están habitados por especies que están adaptadas a estos ciclos de lluvias que son recurrentes”, explica el científico. En ese sentido, “hay muchas especies que están en riesgo”. La creación del parque nacional representa una oportunidad para todas ellas.

Algunas de las plantas que ahora están protegidas en el área son el arbusto Pintoa chilensis y la hierba Eragrostis pycnantha, ambas endémicas y catalogadas En Peligro por la clasificación nacional de especies del Ministerio de Medio Ambiente. También la Austrocylindropuntia miquelii y la Eulychnia acida, dos cactáceas endémicas de Preocupación Menor.

La importancia ecológica del desierto florido no solo radica en la diversidad de flora. Cuando el fenómeno ocurre, la explosión de vegetación también permite el desarrollo de otras especies de insectos, aves, reptiles y mamíferos que se alimentan de ella. “Hay especies que están latentes en el desierto, desarrollándose en poca abundancia o esperando a que exista una lluvia para poder proliferar, y que se ven beneficiadas con este gran aumento de biomasa disponible de la que se pueden alimentar”, explica Martínez-Harms, quien lleva estudiando desde hace un tiempo las flores del desierto de Atacama.

Es así como el parque también tiene el objetivo de preservar animales como el guanaco del norte (Lama guanicoe cacsilensis) y el tuco tuco de Atacama (Ctenomys fulvus), ambos en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El parque también buscará incentivar la participación de la sociedad en la protección de la naturaleza y en particular del Desierto Florido. Según el decreto de creación, ello se hará “a través de la implementación de programas de interpretación y educación ambiental que favorezcan la valoración de este fenómeno como patrimonio natural del país y la adopción de una mayor concientización por parte de la comunidad respecto de los efectos del cambio climático”.

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Una enorme diversidad de flores

El año pasado, Martínez-Harms publicó, junto a investigadores del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), realizaron un asombroso descubrimiento. Tras estudiar las flores del desierto, los científicos pudieron comprobar que existe toda una amplia gama de colores que los humanos no somos capaces de percibir, pero que los insectos sí.

Durante sus visitas al desierto florido, Martínez-Harms notó que entre las floraciones masivas de una flor conocida como pata de guanaco (Cistanthe longiscapa) había flores que, a pesar de ser de la misma especie, se veían diferentes. “Había manchones púrpuras y amarillos, pero también se encontraban unas flores que no son tan comunes de ver dentro de esta especie”, cuenta el científico. Estas flores eran rojas, blancas y de un rosado notablemente diferente al púrpura dominante. “Si las mirabas en ultravioleta también encontrabas que podían llegar a ser diferentes. Por ejemplo, la flor púrpura que dominaba no reflejaba el ultravioleta, en cambio las rosadas sí reflejaron ultravioleta. También el amarillo que dominaba reflejaba ultravioleta, pero entre medio uno podía encontrar flores amarillas sin ultravioleta”, agrega el experto.

Según el experto, “estas flores menos comunes pueden ser cruces entre las variedades dominantes que es la púrpura y la amarilla. Y eso da cuenta de que quizás, en un pasado cercano, hubo insectos que promovieron ese cruce entre estas dos variantes y de ahí se generó esta mayor diversidad de colores”. Lo más interesante, sin embargo, es que esa diversidad podría seguir creciendo e incluso generar la aparición de nuevas especies.

Las diferencias en el ultravioleta no son perceptibles para el humano, pero sí para los insectos. “Para un polinizador —por ejemplo, una abeja— una flor amarilla con ultravioleta es diferente a una flor amarilla sin ultravioleta”, explica Martínez-Harms. Entonces, eventualmente, un polinizador podría comportarse selectivamente hacia alguna de estas flores raras”, dice Martínez-Harms.

La relevancia del estudio radica en que “hay procesos de interacción entre variedades, mediadas seguramente por polinizadores que están promoviendo que exista una mayor diversidad de colores. Eso podría, eventualmente, llegar a producir una diversidad mayor de especies”, resume el biólogo.

La ciencia ya ha comprobado ampliamente que los insectos juegan un rol muy importante en la polinización de muchos de los cultivos de los que dependemos los seres humanos. No solamente los insectos son importantes, asegura Martínez-Harms, sino también los lugares donde ellos habitan.

“Conservar el hábitat de esos insectos que pueden ser beneficiosos para los humanos también es importante”, sostiene, puesto que de lo contrario no sería posible asegurar su sobrevivencia. La creación del Parque Nacional Desierto Florido es un paso adelante en esa dirección.

*Imagen Principal: La enorme diversidad de flores que aparecen en el desierto es incluso más grande de lo que el ojo humano es capaz de percibir. Foto: Oven Pérez-Nates.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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• Monitores ambientales del pueblo Kakataibo encontraron cultivos ilegales de coca y pozas de maceración dentro de la reserva indígena definida para el pueblo en aislamiento kakataibo en la Amazonía peruana.
• Organizaciones indígenas han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que adopte medidas cautelares contra el Estado peruano, debido a la gravedad de las amenazas en el territorio indígena.

Una serie de amenazas está poniendo en riesgo al pueblo indígena en aislamiento de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, área que apenas tiene 20 meses de creada, luego de pasar por un periodo de espera de más de dos décadas.

En el último mes, monitores ambientales de las comunidades nativas kakataibo, que rodean el área natural protegida, señalaron que encontraron dentro de los límites de la reserva cultivos ilegales de coca y pozas de maceración. El hallazgo se dio durante uno de los recorridos habituales que realizan por su territorio para vigilar sus bosques. Ese día, incluso, según narró uno de los monitores a Mongabay Latam, fueron amenazados por un grupo de invasores que traspasó el límite de la reserva.

Esas no son las únicas amenazas. A través de imágenes satelitales, las organizaciones indígenas que monitorean el territorio kakataibo, incluida la reserva indígena, detectaron por primera vez desde la creación de la reserva, la presencia de pistas de aterrizaje clandestinas.

Mediante el monitoreo satelital también se han encontrado caminos forestales no autorizados, uno de ellos incluso cruza todo el sector sur de la reserva indígena.

“Ya no se puede soportar más. Este territorio sigue siendo invadido, entonces, cómo vamos a protegerlo”, dice Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kacataibos (Fenacoka), una de las organizaciones indígenas que ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la adopción de medidas cautelares contra el Estado peruano de manera inmediata, debido a la urgencia y gravedad de los hechos.

El 21 de marzo de 2023, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y Fenacoka presentaron una carta ante la CIDH en la que indican que “el Pueblo Indígena en Aislamiento (PIA) Kakataibo, que habita en y alrededor de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur en la Amazonía peruana, enfrenta violaciones y amenazas inminentes a su vida y su salud como consecuencia de las invasiones masivas de su territorio de supervivencia, la deforestación asociada a cultivos ilícitos, construcción y uso de caminos forestales ilegales y pistas de aterrizaje clandestinas dentro de la mencionada reserva indígena”.

La Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur se ubica entre las regiones Loreto, Ucayali y Huánuco, sobre un territorio de 148 996 hectáreas y fue declarada por decreto supremo del Ministerio de Cultura el 21 de julio de 2021.

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Un llamado internacional urgente

“Encontraron varias personas que los amenazaron. Lo hemos reportado, pero no se está actuando. Incluso, hace más de tres meses también se reportó tala ilegal dentro de la zona, pero nadie se ha pronunciado, por eso se tenía que hacer público lo que está sucediendo”, señala Odicio sobre la carta enviada a la CIDH.

En el documento enviado al organismo internacional se detalla lo que está ocurriendo dentro de la reserva y se presentan mapas que muestran cada una de estas amenazas, así como imágenes satelitales obtenidas a través de Geobosques, plataforma de monitoreo satelital del Estado peruano, y de la plataforma Global Forest Watch (GFW).

Una revisión de la plataforma Global Forest Watch permite observar las dos pistas de aterrizaje clandestinas que han sido ubicadas en la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur. En la zona norte, se visualiza un trazo recto de bosque deforestado en medio de una zona completamente cubierta de vegetación. En el caso del sector sur, que corresponde a una pista de aterrizaje clandestina ubicada en el límite de la reserva con la comunidad Unipacuyacu, el trazo es menos visible pues está rodeado de zonas deforestadas.

Las pista ubicada en el sector norte fue detectada por primera vez en mayo de 2022, casi un año después de la creación de la reserva; mientras que la pista ubicada en el sector sur fue encontrada en enero de 2023. Estos hallazgos, así como la presencia de otras dos pistas que se han abierto fuera de la reserva, en la comunidad nativa Puerto Azul, fueron reportados al Ministerio de Cultura.

Consultado sobre este tema, el Ministerio de Cultura confirmó la presencia de las pistas clandestinas. A través de una comunicación escrita enviada a Mongabay Latam, el sector Cultura indicó que “como parte de nuestras actividades de monitoreo y patrullaje, hemos tomado conocimiento de actividades que podrían poner en riesgo la vida, salud e integridad de los pueblos indígenas en aislamiento Kakataibo, como el cultivo ilegal de hoja de coca, rastros de pistas de aterrizaje clandestina, invasiones por parte de terceros”.

El Ministerio de Cultura también indicó que monitorea las amenazas identificadas dentro la reserva y que ha informado a los sectores competentes para que se adopten medidas preventivas y correctivas que permitan garantizar la protección de los pueblos aislados.

El informe enviado a la CIDH también incluye imágenes satelitales del camino forestal que cruza la zona sur de la reserva indígena y la deforestación alrededor de esta vía. Además, se indica que el 17 de marzo de 2023 representantes de ORAU y de la Gerencia Regional Forestal del Gobierno Regional de Ucayali realizaron un sobrevuelo para monitorear el área colindante con la reserva indígena. Durante el recorrido, constataron la deforestación masiva alrededor de la reserva y la presencia de cultivos ilícitos de coca que se están expandiendo.

“La invasión masiva de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, la deforestación ilegal, expansión de campos de cultivos ilícitos, construcción y uso de caminos forestales ilegales, tala ilegal, pistas de aterrizaje clandestinas y actividades de narcotráfico que se realizan en plena Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, colocan en riesgo de muerte y extinción sociocultural a los Pueblos Indígenas en Aislamiento Kakataibo”, se señala el documento enviado al organismo internacional.

La antropóloga Beatriz Huertas, especializada en pueblos indígenas, señala que en la Reserva Indígena Kakataibo Sur y Norte “existe un riesgo inminente contra la vida, la salud y la integridad de los pueblos en aislamiento”. Cuando existe esa situación de amenaza para la vida —agrega Huertas—, la Comisión Interamericana puede instar al gobierno a adoptar medidas cautelares para evitar que se logre consumar un atentado contra la vida e integridad de las personas.

Huertas menciona que conoce la zona norte de la reserva indígena, pues entre los años 2010 y 2011 formó parte del equipo que realizó el diagnóstico para determinar la presencia del pueblo en aislamiento. “Encontramos que había concesiones forestales en la zona norte. Allí los madereros se encontraban con los aislados y muchos de los testimonios que recogimos provenían de ellos”. Además, Huertas recuerda que en ese momento reportaron la presencia de un camino forestal, por lo tanto, desde esa época existía preocupación por todas estas amenazas.

En el caso del sector sur, la antropóloga comenta que se trata de una zona que colinda con las comunidades nativas Unipacuyacu, Puerto Nuevo, Puerto Azul y Santa Martha, lugares en los que, en los últimos tres años, han ocurrido varios asesinatos de líderes indígenas y en donde, además, se está extendiendo las invasiones y el narcotráfico. “Desde hace tiempo existen esas amenazas y, al parecer, se están agravando. La presencia de madereros en las concesiones forestales y del narcotráfico es peligrosísima”.

Miguel Macedo, Coordinador del Área de Políticas Públicas y Gestión de los Bienes Comunes del Instituto del Bien Común (IBC), dice que se trata de una zona con muchas presiones. “El nivel de amenazas en el territorio Kakataibo ha sido un tema muy fuerte desde hace tiempo. Y una zona tan amenazada como esta, con invasiones y tantos problemas, no se soluciona rápidamente”.

Macedo agrega que el Ministerio de Cultura es el ente rector para las reservas indígenas, pero que, según la legislación, la responsabilidad está dividida en diferentes sectores, “atomizando la posibilidad de hacer una defensa más efectiva, pues la norma esta hecha para que la protección sea coordinada e intersectorial y menos eficiente que, por ejemplo, para las áreas naturales protegidas”.

El Ministerio de Cultura indicó a Mongabay Latam que tras la aprobación del Plan de Protección de la reserva se instalaron tres comités de gestión en los sectores de Ucayali, Huánuco y Loreto para ejecutar acciones orientadas al control territorial, el fortalecimiento del cordón sanitario y de las capacidades de todos los actores en el ámbito de la reserva.

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Un territorio amenazado

En el pedido que se ha hecho a la CIDH se detalla también que el pueblo Kakataibo en aislamiento carece de defensas inmunológicas para combatir enfermedades externas. Además, el territorio de supervivencia del pueblo indígena en aislamiento Kakataibo se encuentra invadido por agentes externos y actores ilegales cuya presencia representa un grave riesgo de contactos forzados y subsecuente transmisión de enfermedades.

“Debido al hecho de que gran parte de los invasores de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur se dedican a actividades ilícitas —tala ilegal y narcotráfico—, existe el riesgo latente de que estas personas puedan asesinar y masacrar a los indígenas en aislamiento, lo que ha sucedido en innumerables otras ocasiones en la Amazonía peruana”, se indica en el documento.

Otro de los riesgos mencionados en la solicitud de medidas cautelares, y que se puede observar en los mapas elaborados por las organizaciones indígenas, es la presencia de un camino forestal dentro del sector sur. “Durante los años 2021, 2022 y 2023, se construyó un nuevo camino forestal ilegal que atraviesa y corta en dos la Reserva Indígena Kakataibo Sur. Dicho camino forestal ilegal facilita las actividades ilícitas de tala ilegal dentro del área de la reserva”, se explica en el documento. Además, se cuestiona la presencia de dos concesiones forestales maderables que se superponen a la reserva indígena en los que existe deforestación y presencia de cultivos ilícitos.

“Los indígenas kakataibo se refugiaban en el área de lo que ahora es la zona sur de la reserva que antes era mucho más extensa, pero que ya fue colonizada. Es el refugio histórico de los Kakataibo, zonas de colinas con pocos recursos para la alimentación. Por ello necesitan desplazarse hacia las comunidades nativas del pueblo kakataibo para abastecerse de alimentos, pero el problema es que estas comunidades ahora están afectadas por el narcotráfico y los cultivos ilegales de coca”, explica Huertas.

En efecto, las comunidades Santa Rosa, Yamino y Mariscal Cáceres, colindantes con el sector norte de la reserva, así como las comunidades Puerto Azul, Puerto Nuevo, Sinchi Roca, Unipacuyacu y Santa Martha, adyacentes a la zona sur, están cercadas por las invasiones y el narcotráfico.

Los casos de asesinatos y amenazas a líderes indígenas en estas comunidades kakataibo, así como las invasiones y la presencia de cultivos de coca y narcotráfico han sido abordados en varias oportunidades por Mongabay Latam.

Luis Hallazi, consultor en incidencia sobre territorios indígenas del Instituto del Bien Común (IBC), menciona que la comunidad de Sinchi Roca, por ejemplo, tiene un serio problema con la invasión de aproximadamente 400 colonos dispersos en su territorio. “El papel de los gobiernos regionales con respecto a la defensa de las comunidades nativas es poco asertivo. En el caso de Sinchi Roca que está titulada y georreferenciada, falta el linderamiento en los lugares donde están las invasiones que, además, son los mismos que siembran coca y tienen los pozos de maceración”, dice Hallazi. “Una situación similar sucede en Puerto Nuevo y en Unipacuyacu”.

En el caso de Unipacuyacu, se trata de una comunidad que lleva más de tres décadas esperando que se concrete la titulación del territorio y que, pese a que el gobierno anunció en julio de 2022 que tomaría acciones en favor de la titulación, hasta ahora no se ha concretado. “No existe una voluntad de los gobiernos regionales para que se lleve adelante la titulación. Es desgastante para las comunidades porque no ha habido ninguna acción para llevar a cabo este proceso, todo lo contrario, se accede a las presiones de los caleros. Y esto ha empezado a afectar a la Reservas Indígenas Kakataibo Norte y Sur”.

El mensaje concreto es que el narcotráfico sigue avanzando en territorios de las comunidades nativas —agrega Hallazi— y ahora está afectando a las reservas indígenas, mientras que las las reacciones de las autoridades tanto nacionales como regionales es dubitativa, no es firme ni clara y, en muchos casos, incluso es cómplice por ceder a esas presiones y generar más conflictos.

Sobre la presencia de caminos forestales, el Ministerio de Cultura indica que como parte de los monitoreos del sistema de control y vigilancia en  los territorios de los pueblos en aislamiento se identificaron trochas carrozables clandestinas, información que se envió a los sectores de los tres niveles de gobierno responsables de las reservas indígenas. “Las actividades ilícitas afectan de manera directa a los pueblos indígenas, especialmente a los PIACI, y nos interpela constantemente a mantener las alertas y trabajar como Estado en su erradicación”.

* Imagen principal: Una pista de aterrizaje clandestina en la Reserva Indígena Kakataibo. Foto: Digital Globe / Maxar.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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• El Estudio de conectividad ecológica del paisaje amazónico en Madre de Dios analizó cómo la cobertura boscosa se ha ido transformando por efecto de la minería aurífera y por otras actividades como la agricultura y la ganadería.
• La investigación se realizó en un área que supera los 3 700 000 hectáreas y que incluye tres áreas naturales protegidas.

El paso lento de un oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla), que atraviesa el campo visual delimitado por una cámara trampa, y la mirada curiosa de un añuje (Dasyprocta variegata) sobre la lente del equipo fotográfico fueron captados, junto con otros cientos de videos y fotografías, por los 60 equipos instalados en ocho zonas estratégicas de Madre de Dios, una región afectada  fuertemente por la minería de oro.

Las imágenes captadas por estos equipos incluyen especies amenazadas como el lobo de río (Pteronura brasiliensis), el maquisapa (Ateles chamek) y el mono choro (Lagothrix lagothricha tschudii). También hay registros de jaguar y puma, así como de aves entre las que figuran el playero coleador (Actitis macularius), la garza de pecho castaño (Agamia agami) y la perdiz azul (Tinamus tao).

En total se registraron 150 especies a través de cámaras trampa y recorridos de observación, 13 de ellas se encuentran en alguna categoría de amenaza de extinción. La cifra sube a 185 especies si se considera otros dos métodos usados para registrar la biodiversidad como entrevistas a residentes de los sitios de muestreo y registros ocasionales que hicieron los investigadores mientras se trasladaban de un lugar a otro. Todas estas especies se registraron como  parte del Estudio de conectividad ecológica del paisaje amazónico en Madre de Dios, elaborado por el Proyecto Prevenir de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), en colaboración con la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS).

El objetivo de la investigación ha sido descubrir el nivel de conectividad ecológica —movimiento de las especies— que habitan en una extensión de aproximadamente 3 700 000 hectáreas de territorio en Madre de Dios, un área que abarca tres áreas protegidas —la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), la Reserva Nacional Tambopata (RNT) y el Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS)—, así como el espacio que sirve de conexión entre estos lugares protegidos, un territorio afectado por las actividades humanas, principalmente la minería.

Además de las especies registradas, el trabajo permitió determinar que aún existen 1055 corredores de conectividad que enlazan parches de hábitat, para que la fauna pueda desplazarse hacia mayores extensiones de bosques fuera o dentro de las áreas protegidas.

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La biodiversidad de Madre de Dios

“El reto era encontrar los sitios claves para el estudio”, señala Andrea Buitrago, directora del Programa Perú de la FCDS. Para ello, en un primer momento se realizaron análisis geoespaciales con información satelital del territorio de Madre de Dios: estos datos abarcaron un periodo de nueve años, entre 2011 y 2019. El fin fue evaluar la cobertura natural existente, así como los cambios que habían ocurrido durante ese periodo de tiempo.

Con esta primera información se pudo identificar cómo fue cambiando la cobertura boscosa para transformarse en zonas dedicadas, principalmente, a la minería aurífera legal e ilegal, pero también a otros usos como la agricultura y la ganadería; además se vieron qué zonas se habían regenerado. Esa información, unida a estudios previos que daban cuenta de las especies que habitan en este vasto territorio, permitió definir los ocho lugares en donde se colocarían las cámaras trampa.

Los centros recreativos en Mazuco, La Madriguera y El Lago; la Asociación de Agricultores Arco Iris; la concesión minera Cinco Rebeldes; las comunidades nativas Barranco Chico, Puerto Luz y San José de Karene; la concesión forestal  Nuevo San Juan, que forma parte de la Asociación Agroforestal y de Conservación del Medio Ambiente (Agrofocma) y la localidad de Santa Rita Baja, de la Asociación Agrobosque, fueron los lugares definidos para el estudio.

“Fueron ocho polígonos distribuidos en toda la zona del área de estudio. Lugares representativos de los diferentes ecosistemas, pero también de las diferentes dinámicas, presiones y amenazas de esos territorios”, señala Buitrago, quien lideró el estudio y participó en el trabajo de campo en Madre de Dios.

El trabajo de campo se realizó durante un mes —cuenta Buitrago—, con cuatro grupos de investigadores que recorrieron los ocho sitios de muestreo. En estos equipos participaron integrantes de comunidades indígenas, mineros, agricultores, castañeros y otras personas de las zonas en donde se instalaron las cámaras trampa y se hicieron los recorridos de observación.

“El grupo de las aves fue el de mayor cantidad de especies registradas (104), seguido por los mamíferos (36)”, indica el estudio que se presentó este  13 de abril. De las especies registradas —se lee en la investigación— el lobo de río, el maquisapa y el mono choro se encuentran  clasificadas como En Peligro de extinción, por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN).

La investigación encontró que la comunidad de Puerto Luz y la Concesión Minera Cinco Rebeldes son los sitios que demuestran la mayor diversidad de fauna. Los de menor diversidad son la comunidad de Barranco Chico y la Asociación de Agricultores Arco Iris (AAI). La investigación también permitió identificar 147 especies de flora, tres de ellas figuran en situación de amenaza.

Nos sorprendió encontrar esos parches [de bosque] en medio de la zona minera —relata Buitrago— que son como islas y refugio todavía para muchas especies, incluso grandes. “Fue una experiencia muy reveladora, porque pudimos ver cómo cada día va desapareciendo el bosque y la resistencia también de las personas que están apostando desde la minería para transitar a otras economías”.

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Aún se conserva la conectividad

Para evaluar los corredores de conectividad se seleccionaron 10 especies focales, que se organizaron en tres grupos de acuerdo con su capacidad de dispersión promedio, área mínima requerida por un individuo para encontrar los recursos necesarios para su supervivencia, y tipo de cobertura empleada como hábitat.

En el primer grupo están especies como el majaz (Cuniculus paca), el hormiguero (Taraba major) y el sajino (Dicotyles tajacu), que necesitan en promedio 5 kilómetros de extensión para desplazarse  y un área mínima de hábitat superior a 10 hectáreas. El segundo grupo alberga a especies como el tapir (Tapirus terrestris), maquisapa (Ateles chamek), pucacunga (Penelope jacquacu) y pichico (Leontocebus weddelli) cuya dispersión promedio es de 8 kilómetros y un área de hábitat mayor a 30 hectáreas. Mientras que el tercer grupo está compuesto por las especies más grandes como el jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor) y águila harpía (Harpia harpyja), que requieren en promedio de 50 kilómetros para desplazarse y un área hábitat mínima de 100 hectáreas.

El estudio logró determinar que el primer grupo cuenta con un total de 610 corredores de conectividad que enlazan parches de su hábitat con un área superior a 10 hectáreas. Para el segundo grupo se obtuvo un total de 374 corredores que une parches boscosos con un área superior a 30 hectáreas. El tercer grupo presentó 71 corredores que enlazan parches formados por bosques, vegetación secundaria y sabanas con áreas superiores a 100 hectáreas.

“Se puede considerar que, a pesar de las múltiples problemáticas socioambientales observadas en el paisaje de estudio, este mantiene un alto nivel de conectividad”, precisa el estudio. No obstante —aclara la investigación— de continuar la trayectoria de pérdida y degradación de hábitat, y si persiste la carencia de medidas en la planificación y gestión para la conservación, protección y restauración de ecosistemas, “se esperaría a futuro un paisaje severamente desforestado, con pequeños parches de bosque nativo altamente modificados, aislados y sin conectividad, rodeados de usos de suelo altamente contrastantes”.

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El camino de la conservación

La bióloga Julissa Barrios, quien también formó parte del equipo de investigación, conoce muy bien la concesión minera Cinco Rebeldes, pues sus padres son los propietarios. “Desde que tengo uso de razón mis padres han trabajado en la actividad de minería artesanal en Madre de Dios, pero siempre me enseñaron el respeto hacia la madre selva y hacia el bosque. Por eso, desde pequeña fui desarrollando una afinidad por la naturaleza”, cuenta la investigadora.

Barrios relata que mientras estudiaba su carrera se fue involucrando con proyectos de restauración. Fue así que se involucró con propuestas de evaluación y restauración de zonas degradadas por la minería. Ese camino la llevó de regreso a Huepetuhe, donde se encuentra la concesión minera de sus padres.

“Yo soñaba con lograr que en la concesión minera de mis padres se pudiera establecer una estación de investigación de los impactos de la minería, porque tiene una ubicación privilegiada ya que se encuentra al borde del corredor minero, pero también colindante con la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri”, cuenta Barrios. “Es como si tuviéramos en la mano derecha todo el corredor minero que se ha trabajado desde décadas atrás y en la mano izquierda un hermoso paisaje que hemos podido conservar junto con Sernanp [Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado] y otros aliados”, agrega.

Esta idea de transformar la concesión en un centro de aprendizaje y turismo sostenible, que Barrios compartía con sus padres,se ha empezado a concretar. Desde hace un año —cuenta la bióloga— han abierto las puertas de su concesión para que científicos de diversas partes del mundo puedan llegar para investigar. “Fuimos armando la propuesta y con el tiempo se corrió la voz de que había una concesión minera que permitía el ingreso para hacer la investigación. Y que, además, ofrecía servicios de alojamiento, alimentación y transporte”.

Participar en el estudio fue como un empujón para empezar —agrega Barrios—, porque después empezaron a llegar otros grupos y organizaciones, algunas de muy lejos. “Yo le dije a mi papá, se está cumpliendo la visión que tú pusiste a este río, porque empezaron a llegar personas de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de China, y no podíamos creerlo”.

Imagen principal: Un oso bandera (Myrmecophaga tridactyla) captado por una cámara trampa en la localidad de Nuevo San Juan. Foto: Prevenir / FCDS.

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• Mongabay Latam se puso en la tarea de indagar con expertos qué deudas dejó la administración anterior en materia ambiental y qué retos tendrá la entrante.
• La deforestación es la mayor deuda que deja Duque, así como el mayor reto que enfrentará Gustavo Petro. Fortalecer las áreas protegidas, la seguridad de líderes ambientales, contener las economías ilegales y acelerar las energías sostenibles, también son claves.

“Lo que hoy nos demuestran las cifras es que el gobierno del presidente Duque cierra su gestión quebrando la curva ascendente de la deforestación en Colombia, que había logrado su pico más reciente en el año 2017 con 219 552 hectáreas deforestadas”, dijo el exministro de Ambiente Carlos Correa en julio de 2022.

No obstante, especialistas como el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez consideran que la política en materia de deforestación de Duque fue un fracaso. Con una deforestación de 700 mil hectáreas durante su cuatrienio, la problemática empeoró en un 5 % durante el gobierno de Duque en comparación con el segundo mandato de Juan Manuel Santos. Gustavo Petro se comprometió a reducirla como uno de los puntos de su decálogo de objetivos estratégicos.

La pérdida de bosque es uno de los muchos puntos resaltados por expertos, organizaciones ambientales y exfuncionarios entrevistados para este artículo que analiza las deudas del gobierno de Duque y los retos que tendrá que enfrentar el gobierno entrante.

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Los pendientes y desafíos en la deforestación

El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez fue tajante en su evaluación: “Colombia en los últimos ocho años ha fracasado en el tema de la lucha contra la deforestación. Decir que se tuvo mucho éxito cuando lo que se hizo fue estacionarla (la deforestación), entre 170 y 180 000 hectáreas anuales, es un fracaso rotundo. Con ese desempeño es imposible llegar a la meta de cero deforestación en el año 2030”.

Nicola Clerici, investigador académico de la deforestación en Colombia y conocedor de la importancia del corredor biológico Andes-Amazonía, también se refirió a la pérdida de bosque y cuestionó las cifras presentadas recientemente por el exministro de Ambiente Carlos Correa. “El IDEAM maneja un modelo de escenarios futuros de la deforestación que es como una caja negra, no es de fácil acceso entender cómo se ha construido y cuáles son los intervalos de incertidumbre asociados. El exministro Correa dijo: ‘contuvimos la deforestación (en 2021)’, pero yo no estaría tan feliz. Las cifras son en términos absolutos muy altas. Más allá del modelo del Gobierno, esto no representa un éxito”, dice el investigador de la Universidad del Rosario.

Una de las medidas del Gobierno Duque con las que trató de reparar la deforestación fue la siembra de 180 millones de árboles, iniciativa que fue anunciada en 2019. De esa meta, lograron sembrar 143 millones de árboles, es decir un 80 %.

Pero, según refiere el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez, este programa tiene sus falencias. Primero, en su opinión, combatir la deforestación debería ser el primer objetivo, antes que la siembra. “Sí, yo creo que es la prioridad, si un país tiene recursos escasos (como Colombia), tiene que dedicarse a combatir la deforestación totalmente. Porque un bosque amazónico o de buena salud que se pierde, es irreversible. Se puede hacer seguramente alguna restauración, pero el bosque que va a restaurarse, pues no va a ser equivalente al que existía”. Y resalta, además, que la siembra no estaría siendo priorizada en las áreas de mayor deforestación o de bosques en vía de extinción, a lo que Silvia Gómez, directora de la organización Gaia Amazonas, añade que no hay que perder de vista que el número de árboles sembrados es mucho menor al de los deforestados.

En 2019, Duque anunció la que sería su principal política contra la deforestación, la operación militar y judicial Artemisa. Pero al cierre de su gobierno, los efectos de la operación han sido limitados, según los especialistas. “La operación Artemisa no ha dado significativamente con los grandes deforestadores, que tienen conexiones políticas en el territorio. Se ha ido sobre todo por los pequeños colonos, que son responsables pero en menor medida”, asegura Nicola Clerici.

Silvia Gómez de Gaia resalta que el enfoque punitivo de la operación Artemisa no es suficiente. “Se requieren acciones diferenciadas, preventivas, que pongan en el centro la coordinación de comunidades indígenas y pueblos que están en el centro de la deforestación. No ataca el origen del problema”.

La operación también tiene cuestionamientos por posibles violaciones de derechos humanos. Carlos Garay, secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y dirigente de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), dijo en una entrevista con Mongabay Latam que la operación Artemisa los está victimizando. “Por la operación Artemisa está capturado un gobernador indígena. Está en la cárcel todavía. El presidente Duque lo señaló de ser el más grande deforestador en San Vicente del Caguán. Es un montaje”, indica Garay.

Ahora esta deuda la hereda el gobierno de Gustavo Petro. La deforestación es sin duda el gran reto, destaca Rodríguez, por ello recomienda a la nueva gestión empezar por “examinar con mucho cuidado las causas o cuáles fueron las debilidades de la política antideforestación del gobierno Duque y del gobierno Santos. La ventaja del nuevo gobierno es que en la cúpula del Ministerio (de Ambiente) hay gente que sabe por primera vez en años”.

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), le dijo a Mongabay Latam, que dado que la ganadería y el acaparamiento de tierras son un factor clave de deforestación en la Amazonía colombiana es necesario que el nuevo gobierno impulse el seguimiento a la cadena de suministro del ganado colombiano. “Es la posibilidad de hacerle seguimiento a la cadena cárnica o láctea desde el sitio de origen hasta su disposición final en la cadena comercial, lo cual permite saber si en algún momento se utilizan áreas deforestadas o que se deforesten, lo que les debería generar un impedimento legal para comercializar y una sanción”. Al respecto, hay un proyecto de ley de los representantes Juan Carlos Losada y Julia Miranda que busca impulsar el tema de la trazabilidad en la ganadería.

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¿Áreas desprotegidas?

Una semana antes de dejar el Gobierno, el exministro de Ambiente Carlos Correa tuiteó: “Colombia ya cuenta con más del 30 % de sus áreas marinas y terrestres protegidas y conservadas”. Esto iba en línea con uno de los compromisos de Duque asumidos ante la Convención de Biodiversidad de las Naciones Unidas, y es que cada país declare como protegidas al menos el 30 % de sus áreas marinas y terrestres.

Sin embargo, el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez cuestiona nuevamente estos supuestos logros. “Hay información falsa. Es cierto que Colombia ya cumplió la meta para el año 2030 en áreas marítimas. En lo continental, las que se crearon (para llegar al supuesto 30 %) fueron unas áreas complementarias que son distintas a las áreas protegidas. En Colombia, las únicas áreas protegidas son los parques naturales nacionales y los santuarios de flora y fauna. Es una farsa”.

También conversamos con la ex alta consejera presidencial para la Gestión Ambiental, la Biodiversidad, Agua y Cambio Climático del gobierno de Santos y actual directora de la Fundación Malpelo, Sandra Bessudo, quien celebró la ampliación de las áreas protegidas marítimas. “Hay zonas que para mí se debieron haber creado como zonas de no pesca, que quedaron como de pesca y lo digo basados en la información científica. Se hizo un gran esfuerzo en la ampliación de áreas marinas protegidas y en la consecución de recursos financieros para apoyar la implementación de estas. La implementación, ese reto, ya le queda al gobierno Petro y las entidades ambientales, particularmente a Parques Nacionales”, aseguró Bessudo.

Manuel Rodríguez duda de la implementación. “Existe un muy bajo control de Colombia sobre sus áreas (protegidas). En las zonas costeras hay un manejo muy insuficiente que vea todo el tema de control y vigilancia de la pesca. ¿Quién va a vigilar esas áreas marinas?, ¿con qué recursos? Yo creo que el presidente por mostrar resultados, se precipitó a crear todas las áreas marinas y que, estratégicamente, eso fue un error”.

Si bien para Nicola Clerici, investigador de la Universidad del Rosario, fue bueno ampliar las áreas continentales, le preocupa que se trate de una protección más en el papel. “Pensamos, por ejemplo, en el Parque Natural Nacional Tinigua, con altas tasas recientes de deforestación, nadie lo está controlando de manera efectiva. Y hay situaciones parecidas que se verifican en el PNN Catatumbo o Sierra de la Macarena, entre otros. No se está invirtiendo en un manejo efectivo del parque”, señala el experto, quien resalta la falta de vigilancia y control como un grave problema.

Por eso, el tema de las áreas protegidas presenta importantes retos para el gobierno entrante. Rodríguez marca como punto de partida la urgencia de fiscalizar: “En primer término, deben asegurar el control estatal sobre los parques nacionales que hoy no lo hay en al menos nueve de los once parques naturales de la Amazonía. No hay presencia del gobierno porque los expulsaron las fuerzas subversivas”.

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Protección de líderes sociales y ambientales

De acuerdo con los especialistas, el gobierno de Petro inició con el pie derecho sus políticas en materia de protección de los líderes ambientales. Antes de la posesión de Petro, la bancada de Gobierno en el Senado aprobó en segundo debate el Acuerdo de Escazú, cuyo uno de sus principales objetivos es la protección de la integridad de defensores del medio ambiente. Este acuerdo había sido rechazado por la bancada del uribismo en el Congreso durante el cuatrienio de Duque.

También, el sábado 27 de agosto, el gobierno de Gustavo Petro anunció el primer Puesto de Mando Unificado por la Vida en Cauca, una iniciativa entre el Gobierno, congresistas, las fuerzas policiales y militares, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo por reducir la violencia contra líderes sociales.

Esta política para proteger a los líderes se ha construido de la mano de la sociedad civil. Un documento titulado Plan de Emergencia, coordinado por la organización Somos Defensores, ha sido socializado con el Gobierno y este lo ha acogido. Mongabay Latam buscó a la coordinadora de Somos Defensores, Lourdes Castro, quien se mostró esperanzada en la llegada del nuevo gobierno y espera que los líderes sociales puedan recuperar la confianza en la institucionalidad.

Esta confianza se perdió durante el Gobierno Duque. Entre 2016 y 2022, según Indepaz, el país ha visto 1341 agresiones contra líderes sociales, 329 masacres y 337 ataques a firmantes del Acuerdo de Paz. “Durante los cuatro años del gobierno Duque, los espacios de interlocución que había para discutir estos temas quedaron de lado. No hubo un diálogo fluido con el gobierno para analizar conjuntamente la situación y qué medidas tomar. Además, los órganos de control, de alguna manera estuvieron tomando partido hacia los planteamientos del gobierno, hablo de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Se constató un comportamiento negacionista de parte de las autoridades para asumir la gravedad de la situación”, precisa Lourdes Castro.

También criticó el enfoque militarista. “Durante el pasado gobierno la respuesta fue la militarización. Esta por lo general lleva a que en muchos casos se eleven los riesgos y la vulnerabilidad de los liderazgos en vez de la protección”, indica la coordinadora de Somos Defensores.

Volviendo al nuevo gobierno, Castro se muestra positiva. “Habrá un trabajo del gobierno Petro con representantes de las organizaciones sociales, en territorios priorizados, con autoridades indígenas y afro. Por ejemplo, que se reivindique en los planes de acción las guardias indígenas”, complementa Castro.

Precisamente, entre los mayores defensores del medioambiente y los bosques en Colombia están los pueblos indígenas. El líder indígena Carlos Garay, de la OPIAC, nos dio su balance de la era Duque: “Como pueblos amazónicos, vemos con mucha preocupación la desprotección de los territorios indígenas y de sus líderes durante el gobierno de Iván Duque. Los indígenas amazónicos que estamos considerados protectores de la Amazonía colombiana y sus dirigentes que interlocutarían como autoridades tradicionales hacia el Estado colombiano fueron prácticamente desconocidos por el gobierno anterior. No hubo una estrategia de protección”.

También hizo un balance de cifras de indígenas asesinados y agresiones. “Tuvimos un docente asesinado en Caquetá, más de 12 compañeros indígenas asesinados en el Putumayo, incluido el gobernador del pueblo kichwa muerto en la vereda alto remanso, de Puerto Leguízamo, en una aparente ejecución extrajudicial. Cuatro compañeros asesinados del pueblo awa en Nariño, que también ha sido víctima en Putumayo. Un compañero awa que está desaparecido por la misma fuerza pública. En total en la Amazonía, hubo 13 personas asesinadas”. También mencionó que hay comunidades indígenas en confinamiento, que ni pueden ir a comprar utensilios por órdenes de los grupos armados ilegales.

El líder indígena además aseguró que tienen expectativas en el nuevo gobierno. “Tenemos una esperanza. Se debe crear política de protección al medio ambiente, consolidar una estrategia de trabajo entre el Gobierno y los pueblos indígenas”.

Delitos ambientales y economías ilegales

El representante de la OPIAC, Carlos Garay, denunció cómo el gobierno anterior no hizo mayor esfuerzo para contener la minería ilegal en la Amazonía colombiana, particularmente en Inírida, Guainía. “La minería ilegal en los territorios se incrementó y realmente no hubo tampoco una política de Estado que combatiera la minería ilegal. No sabemos cuál fue la intención del gobierno, siempre los operativos militares iban en contra de casi de la minería tradicional. Pero contra los grandes mineros nunca se combatió. Esto perjudicó mucho a los territorios indígenas”.

Manuel Rodríguez también dijo que el gobierno de Iván Duque no redujo el problema, pero admitió que se trata de una problemática regional y alimentada por el precio internacional del oro. “Se avanzó muy poco. Hay que reconocer que el problema está descontrolado en América Latina en general. El mismo problema lo encuentras en Perú, en Brasil. Es una actividad altamente rentable y a diferencia de la coca, se comercializa legalmente. Los proyectos de trazabilidad del oro han fracasado”, precisó el exministro, quien además se declaró escéptico frente a las soluciones para combatir el narcotráfico o la minería ilegal, ya que dependen de dinámicas globales.

Rodríguez también resaltó los retos que representan los cultivos ilícitos y la economía del narcotráfico. “Colombia sigue atrapada en la tragedia que ha estado más de 40 años, la de los cultivos ilícitos”, dijo Rodríguez. Además relacionó los asesinatos de lideres sociales a retaliaciones o represalias de grupos armados ilegales.

Volviendo al tema de la minería ilegal, aunque el gobierno de Petro parece decidido a combatirla, las técnicas mencionadas han sido criticadas por especialistas que las consideran de antaño. “Draga ilegal que se encuentre, draga que se dinamita de manera inmediata”, dijo Petro ya como presidente. El líder indígena Carlos Garay dice que esa estrategia es problemática: “Yo viví una experiencia en el departamento de Caquetá, donde combatir la minería ilegal era bombardear las balsas mineras o las dragas sobre los ríos, lo que hacía esto era contaminar más porque al bombardear la balsa, todo el combustible que se derramaba caía sobre el río Caquetá. La fuerza pública nunca admitía que ese combustible había contaminado el río”.

Petro además ha propuesto para evitar que la minería ilegal de oro sirva como lavado de activos, que haya de por medio un solo comprador de oro, que sería el Banco de la República.

Otra economía ilegal de alta relevancia fue señalada por Rodrigo Botero. Se trata del acaparamiento de tierras como factor de deforestación, fenómeno que necesita ser enfrentado y que el reciente fallo de la Corte Constitucional presenta un reto para el Gobierno de Petro. “Mientras no haya asignación de baldíos masiva y rápida, como lo declara el fallo de la Corte Constitucional, para generar derechos sobre las poblaciones campesinas, que son las más afectadas por esta indefinición jurídica, el mercado de tierras informal e ilegal va a seguir presionando para el tema de la deforestación porque es un gran negocio. Las relaciones que hay que generar inmediatamente son los derechos de comunidades campesinas de manera masiva y rápida que además mantenga la característica de reserva forestal, es decir que el único uso posible (de las tierras otorgadas) sea el mantenimiento de la cobertura forestal”.

Consulta previa y licenciamiento de proyectos

Otro aspecto importante a analizar es el de las consultas previas a pueblos afro e indígenas para proyectos extractivos en sus territorios, así como el tema de las licencias que se otorgan para la explotación de los recursos. Para el líder indígena Carlos Garay, el marco actual no es suficiente. “Lo que queremos realmente es una política de protección de la Amazonía directa con los pueblos indígenas, que haya un reconocimiento de la autoridad ambiental indígena”.

Silvia Gómez le recomendó a la administración Petro trabajar de la mano de los pueblos indígenas, proteger sus territorios y la consulta previa. “Yo no me atrevería a decir que (el reconocimiento de los pueblos indígenas) sea tan coyuntural como que lo haya empeorado el gobierno saliente, ni lo pueda solucionar el gobierno entrante. Es una deuda histórica que tiene el Estado colombiano hace mucho tiempo, pero sin duda es una de las cosas pendientes que tiene el gobierno Petro es realmente asumir y ajustar la institucionalidad para implementar la descentralización efectiva y el reconocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales como gobierno autónomo en su territorio. Los gobiernos indígenas realmente pueden ser gobiernos autónomos y eficientes. Ya hay gobiernos indígenas sobre el 24 % de la Amazonía que mantienen casi que el 95 % o más de los bosques en pie. Ya están haciendo su parte. Se requiere realmente entender que los gobiernos indígenas son un actor clave”

Según Manuel Rodríguez, el tema de licenciamiento de proyectos fue manejado de manera correcta por el gobierno saliente. “Durante la administración Duque, se fortaleció la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Uno ve que esa agencia archivó dos solicitudes de licencia ambiental en Santurbán y otra en Jericó”, puntualizó Rodríguez.

Energías renovables, petróleo y fracking

Manuel Rodríguez se mostró favorable respecto a los resultados de Duque en materia de desarrollo de energías sostenibles como alternativa a los combustibles fósiles. En esta área, el gobierno Duque asegura haber triplicado en 15 meses la capacidad de energías renovables no convencionales, es decir eólica y solar. En magnitudes de capacidad energética, dice que antes de su gobierno el país tenía 60 megas y lo dejó con 2250. También celebró haber dejado 27 proyectos de energías limpias comprometidos por $16 billones de pesos colombianos (3687 millones de dólares) para “energías eólica, fotovoltaica y 9 líneas de transmisión”.

Respecto a la intención de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación petrolera por parte del gobierno de Petro, Rodríguez no está convencido. “Estoy en desacuerdo con eso. Obviamente en Colombia hay que disminuir el uso de combustibles fósiles como parte del proceso de descarbonización de la economía, es absolutamente clave en el sector transporte. Pero eso es distinto al negocio de exportación. Colombia debe seguir vendiendo petróleo porque tiene muchas necesidades que resolver”.

Sobre una de las primeras medidas del gobierno Petro de impulsar un proyecto de ley que prohíba el fracking, Silvia Gómez de Gaia celebró la decisión. “El Gobierno (Duque) fue muy terco en persistir en una propuesta de proyectos pilotos de fracking, a pesar de que está absolutamente comprobado que es una práctica cuya fracturación hidráulica genera muchísimas consecuencias en fuentes de aguas subterráneas y que genera movimientos sísmicos incontrolados”.

*Foto de portada: Las quemas en la Amazonía colombiana suelen darse entre enero y febrero. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

El artículo original fue publicado por David Tarazona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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