En Ecuador y otros países del hemisferio, cuando el gobierno anunció el aumento del precio de la gasolina, provocó furias inauditas que terminaron en choques con autoridades, heridos, muertos y destrucción de la propiedad privada y lugares públicos. Hubo ríos de gente marchando contra sus gobiernos, ya fueran de derecha o de izquierda, pero todos enojados.

Siendo países productores de petróleo, merecemos tener gasolina (derivada del petróleo) a precios diferenciales en comparación con aquellos países que no lo tienen y deben comprarlo. Este fue un tema que el hoy ministro del Interior Fernando Velasco, cuando fue Senador por el Cauca, defendió por más de diez años en el Congreso, pero nunca logró consensos ni bancada para tal iniciativa.

Durante años, de manera tradicional, los colombianos esperamos el anuncio del alza de la gasolina en enero, y a partir de allí, los precios de los productos de la canasta familiar y de todas las cosas que se comercian e implican transporte suben de precio con porcentajes moderados. A veces, el gobierno da la línea, mientras que otras veces, la gente sube los precios de acuerdo con el contexto social y la oferta y la demanda.

Este imaginario económico en los pueblos, veredas y barrios de la ciudad sigue funcionando. El problema radica en que ahora, cada vez que el gobierno anuncia un aumento en el precio de la gasolina, la gente común que no está en línea directa de la directriz del gobierno, aumenta los precios de lo que vende de manera autónoma y automática.

Por ejemplo, el vendedor de arepas, aguacates o fresas, escucha en la radio que este mes subió la gasolina cuatrocientos pesos y el mes siguiente seiscientos, entonces él, de manera autónoma, le sube el precio a su producto. Esto es lo que hace que los usuarios, la gente común que va a comprar, sientan que cada día la vida es más cara. Y al paso que vamos, nos vamos a convertir en el país más caro del hemisferio

Asimismo, la gente que vende en la plaza de mercado escucha que sube el valor del dólar y aumenta el precio de sus productos, ya sea por el tema de la guerra en Ucrania o por otras causas. Al preguntarles por el alza, la respuesta suele ser que todo está más caro debido a la guerra en Ucrania y Rusia o al aumento del dólar. Y si bien esto puede ser cierto, no es tan simple como se piensa.

Por supuesto, el tema económico del país es mucho más complejo que esto. El encarecimiento de la vida en Colombia es resultado de factores macro y microeconómicos, tanto nacionales como internacionales, la inflación y otros temas relacionados con la política económica del gobierno, la banca y el Banco de la República. En este texto, nos estamos enfocando en un asunto sencillo pero grave que afecta a la población común, a la gente de a pie.

Con la llegada de un gobierno de izquierda de corte socialista, la gente creía que sería más fácil salir a comprar, que el dinero de los pobres tendría más valor y que las condiciones de vida, en cuanto a la carestía y la economía, mejorarían. Sin embargo, las cosas no han sido así y seguimos siendo pobres en un país costoso para los ricos.

olombia tiene una tasa de desempleo del 10%, según el DANE. El trabajo informal sigue siendo una realidad preocupante, ya que el mismo gobierno indica que el porcentaje de trabajos informales está en el 58%, lo que supera al trabajo formal.

La intención del gobierno es que cada vez más personas tengan un trabajo formal con garantías y condiciones laborales dignas. Sin embargo, una cosa es lo que se desea y otra muy diferente es la realidad, pues los empresarios indican que cada vez es más difícil contratar personal debido a las condiciones económicas actuales.

Para lograr sus objetivos, este gobierno de tendencia socialista está proponiendo reformas en temas laborales y pensionales.

En la reforma laboral hay propuestas de gobierno que son muy bien recibidas por la población en general, como el aumento de la licencia de paternidad a 12 semanas (actualmente está en dos semanas); y la obligación de registrar los contratos de trabajo de las trabajadoras del servicio doméstico, con el fin de formalizar esta actividad. Y se espera que sea motivo de debate el escenario laboral referido a entornos digitales, la inteligencia artificial y las condiciones de trabajo por internet desde casa.

En cuanto a la reforma pensional, que aborda la edad y las condiciones para acceder a la pensión, así como el papel de los fondos privados y públicos, es un tema de gran interés frente a las nuevas realidades económicas nacionales e internacionales.

El gobierno debe escuchar las observaciones de los fondos privados respecto al proyecto de ley con el que se pretende reformar el sistema pensional, ya que estos aplauden algunos cambios y la posibilidad de que las madres cuenten con un bono que facilitar su jubilación, pero tienen reparos frente a otros temas que se tienen que debatir abiertamente.

Pero lograr que en el país tengamos esas reformas en lo pensional y laboral –en beneficio de los trabajadores– es necesario que el gobierno deje de pelear y amenazar al Congreso y logre consensos fundamentales para sacarlas adelante. Entendemos que hay un empeño en hacer reformas de forma y de fondo, pero es necesario lograr consensos también con los empleadores y gremios laborales, que tienen que adecuarse a los escenarios y nuevas realidades.

No es bueno que el presidente diga –desde antes de discutir los temas en el Congreso– que si no logra sacarlas adelante políticamente, pedirá el apoyo del pueblo en las calles. Eso para muchos analistas suena como una amenaza, e incluso hace prever que el presidente está hablando de convocar un plebiscito o una asamblea constituyente. Algo que más parece una estrategia política frente a las próximas elecciones de octubre que una necesidad para lograr consensos políticos en el Congreso.

Mientras tanto, bien le haría al sindicalismo nacional revaluarse y modernizar sus discursos, no quedarse repitiendo panfletos, arengas y frases de hace cien años sobre lo mismo, y volver sobre las mismas quejas de siempre con el mismo lenguaje agresivo de siempre, como lo vimos en muchos escenarios a lo largo y ancho del país el primero de mayo, día del trabajador.

Qué bueno sería escuchar de los sindicatos discursos constructivistas analizando en contexto lo que tenemos hoy, para hacer propuestas económicas, políticas y humanistas sobre cómo podemos mejorar la vida y las condiciones laborales. Qué bueno sería lograr que los discursos del gobierno, empleadores, empresarios y trabajadores estuvieran alineados en el mismo objetivo.

Por: Marco Antonio Valencia Calle

Un estudio psiquiátrico de la Universidad de Harvard arrojó que la gente es más feliz después de los sesenta años porque a medida que se avanza en edad, nos deshacemos de amistades innecesarias y evitamos asistir a reuniones poco agradables; además, el cerebro ya tiene suficiente edad emocional para enfocarse en lo positivo de la vida.

La calidad de vida de una persona adulta mayor depende de asuntos como el cuidado médico, la capacidad de movilizarse sin dolor, no tener discapacidades, la seguridad en el hogar, un estilo de vida saludable, rutinas de ejercicio y ocio, la calidad de las relaciones sociales con amigos y familiares, la capacidad de tener autonomía, acceso al transporte, el respeto y la valoración de la sociedad, pero también el acceso a recursos económicos. Y muchas veces, esto último depende de una pensión.

Las pensiones para una vejez digna se remontan al siglo XVIII, cuando empresas alemanas e inglesas comenzaron a ofrecer a sus empleados una jubilación para garantizar su permanencia, y desde entonces se implementa en muchos países la seguridad social; en Estados Unidos, se comenzó a dar después de 1870 por empresas de ferrocarriles y el gobierno. Hoy en día, en casi todo el mundo se puede obtener una pensión después de trabajar un cierto número de años y alcanzar una edad. Si no existieran las pensiones, las personas mayores tendrían que vivir de sus ahorros, el apoyo de sus familias y/o la caridad.

La edad y el monto de las pensiones son temas de debate permanente en todo el mundo. En Perú, el Congreso aprobó recientemente una ley para que las personas puedan trabajar hasta los 75 años; mientras que en Francia, las protestas callejeras son fuertes por el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años decretado por el presidente Emmanuel Macron. En Colombia, el tema también es noticia, ya que el gobierno de Petro propone una reforma pensional y los debates son intensos desde todos los sectores sociales y políticos.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, aseguró que el proyecto de reforma pensional que se radicó en el Congreso va a obligar a todas las personas que actualmente solo alcanzan a cotizar 1.150 semanas a estar en el sistema 3 años más, es decir, 150 semanas más. “Hoy, un hombre de 62 años, en los fondos de pensiones, se puede pensionar con 1.150 semanas cotizadas. Con el esquema que se propone, deberá cotizar 1.300 semanas, es decir, otros tres años para cumplir las condiciones de jubilación. Eso es un aumento de facto, un aumento en la edad de jubilación, aunque digan que no”, argumenta Montenegro.

Por otro lado, le advierte al gobierno que los subsidios deben ser lo menos posibles para no endeudar al Estado. Solicita que haya varias AFP de carácter público para competir en igualdad de condiciones con los fondos privados. También sugiere que en el momento de la jubilación, el dinero de las personas, ya sea en régimen público o privado, se entregue a Colpensiones para que se encargue de pagar las pensiones. Proponer permitir a las personas incrementar sus ahorros para pensiones libremente, que aquellos que ganen menos del salario mínimo puedan acceder al sistema pensional, y sobre todo, que se calcule el monto de la pensión utilizando el promedio salarial de toda la historia laboral de los trabajadores y no solo de los últimos 10 años.

En las próximas dos semanas veremos qué ocurre con el tema y si las sugerencias de Montenegro prosperan.

Los derechos humanos son un conjunto de libertades y garantías que tienen todas las personas sin importar su nacionalidad, raza, género, religión u orientación sexual. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la igualdad ante la ley y muchos otros más.

Sin embargo, a pesar de que los derechos humanos están protegidos por leyes y tratados internacionales, aún existen muchas personas que los desconocen o no les otorgan la importancia que merecen.

Por ello, es necesario socializar estos derechos de manera efectiva para que todas las personas los comprendan y los apliquen en su día a día. La educación en derechos humanos desde temprana edad es una herramienta fundamental para lograr este objetivo.

Esto significa que debemos estar atentos a posibles violaciones y denunciarlas ante las autoridades competentes. Además, es importante que las personas se organizan y se unan para exigir el respeto de sus derechos y para luchar contra la discriminación y la injusticia.

Los derechos humanos son una herramienta valiosa para proteger a las personas de la opresión y la violencia, y para garantizar que todos tengan las mismas oportunidades y libertades. Sin embargo, muchas veces son violados por gobiernos y poderosos que buscan imponer su autoridad y controlar a la población.

Sin embargo, en muchos países, incluidos aquellos afectados por conflictos armados, estos derechos están siendo gravemente vulnerados por grupos guerrilleros, alzados en armas, paramilitares y narcotraficantes.

Muchas personas son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, secuestros y torturas por parte de estos grupos armados. Además, la violencia y el terror que estos grupos ejercen sobre la población civil pueden causar la fuga y desplazamiento forzado de personas, que son privadas de sus hogares y comunidades y que pueden sufrir la pérdida de sus bienes y medios de subsistencia.

El derecho a un juicio justo también está en peligro en estos contextos, donde las personas pueden ser detenidas arbitrariamente y retenidas sin proceso, y donde los sistemas de justicia son débiles o ineficaces. Los grupos armados también pueden impedir el acceso de las personas a servicios básicos como la educación y la atención médica, lo que pone en peligro su derecho a la salud y a la educación.

Los derechos de las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables en estos contextos, ya que son víctimas de violencia sexual y otros abusos, incluido el secuestro y la explotación sexual. Las mujeres y las niñas también pueden ser discriminadas en el acceso a la educación y otros servicios básicos, lo que agrava su vulnerabilidad y su exclusión.

Es importante destacar que estas violaciones a los derechos humanos no son solo un problema para las personas afectadas directamente, sino que también tienen un impacto negativo en la estabilidad y la seguridad de las comunidades y del país entero

Proteger los derechos humanos y garantizar que se respete la ley y la justicia es responsabilidad de todos los estamentos de gobierno. Esto incluye el fortalecimiento de los sistemas de justicia, la promoción de la igualdad, la no discriminación, la protección y el apoyo a las víctimas, así como a los grupos más vulnerables.

Popayán es albergue de miles de personas que huyen de la violencia o la pobreza.

Personas que buscan salvar su vida, refugio y solidaridad de sus familiares, paisanos y amigos. Algunos más, son ciudadanos extranjeros, migrantes y vulnerables en busca de una oportunidad laboral para sus vidas.

Muchos de ellos, tan solo han llegado a engrosar esa larga fila de habitantes de calle sufriendo las penalidades del hambre y dificultades de salud. Incluso no tienen donde realizar sus necesidades fisiológicas y menos dónde dormir.

Sabemos que las alcaldías de cada municipio tienen programas de asistencia temporal, pero de ninguna manera esas ayudas son permanentes.

El fenómeno de gente sin hogar –que vive en la calle–, es cada día más fuerte en todo el territorio nacional, incluyendo la capital del Cauca y sus municipios a lo largo de la carretera Panamericana.

Los habitantes de la calle (generalmente) viven en condiciones precarias, enfrentan problemas de salud física y mental, no tienen acceso a servicios básicos como agua potable y servicios sanitarios. Al vivir sin techo, son vulnerables a la violencia y el abuso.

La población mayoritaria les tiene miedo, los rechaza, los denuncia por sospecha y pide a las autoridades que los saque de sus zonas residenciales simplemente por temor. Los habitantes de la calle enfrentan desafíos terribles de necesidad, exclusión, abandono y olvido.

Son el producto de la pobreza, y están en la calle por factores económicos, sociales y personales. Lo menos que esperan de la sociedad mayoritaria es empatía, solidaridad y apoyo.

Hay que decirlo, si bien algunos habitantes de calle son humildes y excelentes personas, algunos son presa de un resentimiento social grave, o el hambre los ha vuelto agresivos y peligrosos. ¿Qué hacer para ayudarlos?

Ahora que vienen elecciones y nuestros líderes preparan agendas de soluciones simples y concretas, desde El Nuevo Liberal les invitamos a incluir soluciones en sus programas de gobierno para este importante sector de la población que, por desprotegida y vulnerable, requiere atención.

En Popayán el alcalde nos dice que faltan 25 mil viviendas para satisfacer la demanda. Es necesario, entonces, incluir viviendas subsidiadas y programas de alquiler con precios que personas vulnerables puedan acceder.

Para salir de la calle se requieren atención con oportunidades. No solamente se requiere comida y ropas (que todo sirve, claro) pero también se requiere apoyo en asesoría laboral y financiera que les permita mejorar sus vidas.

Las respuestas a la pobreza y falta de hogar no se pueden planificar solamente desde oficinas, es necesario invitar a los mismos habitantes de calle, o a los que recientemente han salido de ellas, para hacer  parte de la implementación de programas de asistencia social, económica y de empleo.

Se requiere, señores políticos y líderes sociales, mayor inversión para políticas públicas, programas y servicios. Y claro, no olvidar, cambios en la cultura y las actitudes de la sociedad.

No es un asunto de cifras únicamente. También es asunto de sensibilizar la conciencia humana y colectiva para reconocer que hay seres humanos que lo han perdido todo y no tienen nada.  Que, quienes  gozamos del privilegio de vivir bajo un techo tenemos la invitación moral de ser solidarios y empáticos con la gente que vive en la calle.

Los problemas de salud de los maestros de aula por causas laborales incluyen una variedad de afecciones recurrentes como el estrés laboral, el síndrome de fatiga crónica, el dolor de espalda, el síndrome de burnout; sumados a problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad.

Pero de igual manera, son víctimas de todo tipo de enfermedades generadas por la edad, el medio ambiente, los virus, el clima, la alimentación, las enfermedades hereditarias, los accidentes, los temas de violencia, entre muchos otros.

El trabajo de los profesores es con la comunidad. Además de labores administrativas, la enseñanza y cuidado de niños y adolescentes es demandante en todo sentido. Genera estrés, obliga al sedentarismo, y se minimiza el tiempo para el cuidado propio y el bienestar físico y mental.

Los profesionales de la salud frente a estas situaciones suelen ofrecer apoyo para estas afecciones a través de programas de prevención y tratamientos varios; pocas veces recomendaciones para mejorar las condiciones laborales.

Sumemos además, que en una geografía tan accidentada como el Cauca siempre hay riesgos con   accidentes de transporte y eventualidades varias en las aulas de escuelas rurales. Mención aparte merecen todos los peligros que conlleva trabajar en zonas de conflicto o con presencia de actores armados,  que involucra estrés y traumas emocionales por amenazas, extorsiones, desplazamientos forzados, secuestros y homicidios (a sí mismos o las familias de sus estudiantes).

Todo lo anterior implica en el deber ser (ético y administrativo) tener un sistema de salud robusto, eficiente y vigoroso; pero los más de 10 mil maestros afiliados a ASOINCA, el sindicato de maestros del Cauca, creen que COSMITET la empresa que les presta salud desde hace 22 años, cada vez es más negligente y trabaja más por su bienestar económico que por la salud de los maestros.

Y para ejemplo, citan que en los dos últimos años han fallecido 122 maestros por temas de salud, fallas de hospitalización, demoras de servicio, dejadeces médicas, entre otras.

Y esa es la razón fundamental para un paro de maestros que inicio el lunes 16 de enero e involucra marchas por la ciudad, obstrucción de vías y “toma pacífica” de la catedral de Popayán.

ASOINCA busca proyectarse desde los medios de comunicación y redes sociales para que el país escuche sus quejas, denuncias y señalamientos.

El paro de docentes es un intento por gestionar acuerdos con el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, donde tienen asiento los ministros de Educación, Hacienda y Trabajo; para que acepte su propuesta de organizar a Popayán y Cauca como región; y así poder organizar y contratar la prestación de salud de otra manera; y claro, con otros operadores diferentes a COSMITET.

El gobierno nacional está llamado a atender las denuncias y tramitarlas como corresponde.

Por un lado, para atender el reclamo del gremio docente que parece justo; y en segundo lugar, para no dilatar el ingreso a clases e inicio de labores para el año escolar 2023.

Solicitan los maestros el acompañamiento y los buenos oficios de la Iglesia Católica Colombiana como organismo facilitador a través del arzobispo de Popayán Omar Alberto Sánchez, quien tiene un asiento en la Comisión de Paz para tramitar un acuerdo con el ELN. Esperamos que así sea.

Queda por decir, que apoyamos a los maestros en su causa y estamos listos como medio de comunicación para socializar su proyecto por una mejor salud del gremio.

Máxime cuando las jornadas de paro están siendo llevadas con expresiones artísticas, sin confrontaciones violentas, vandalismo ni daños a la ciudad, hechos que suelen causar repudio general y rechazo ciudadano a las causas y jornadas de protesta social.

En el Cauca tenemos minería de oro, platino, carbón, plata, azufre y materiales de construcción que genera regalías y transferencias importantes para la economía del Departamento y municipios beneficiarios.

La Agencia Nacional de Minería tiene reportadas 6 zonas mineras en las comunidades negras y otras 6 en trámite (para un total de 12), mientras que las comunidades indígenas tienen 8 zonas declaradas y 3 solicitudes (año 2018)

Ese mismo informe dice que en el Departamento hay 250 títulos mineros legales y unas 450 solicitudes de permisos y autorizaciones de particulares para poder dedicarse a la minería dentro del territorio.

Habitamos un departamento donde coexiste la minería legal, ilegal y de subsistencia.

La minería de subsistencia está regulada por leyes de competencia de los alcaldes que limitan el volumen de metal a recoger, que prohíben las actividades subterráneas y el uso de maquinaria o explosivos, además de un sinnúmero de restricciones. De allí que muchos ciudadanos prefieran entonces dedicarse a la minera ilegal, es decir, gestionar minas no inscritas frente a las Alcaldías o la Agencia Nacional de Minería.

Para los expertos en el tema, más de la mitad de la producción del Cauca se obtiene de forma artesanal y ancestral, y, por ende, es minería de subsistencia lograda a través de mecanismos  precarios, burdos y limitados. La otra mitad se obtiene a través de empresas legales que tienen título minero usando maquinaria y tecnología especial.

Curiosamente, los municipios y terruños donde más oro se extrae en el Cauca se caracterizan por tener condiciones paupérrimas en calidad de vida de sus gentes y ausencia de servicios básicos en las poblaciones. Es decir, que la riqueza no se revierte en el territorio: de allí el argumento de los agentes del Gobierno pidiendo formalizar esas minas.

Se supone que si hay minería legal, la actividad sería rentable y ofrecería mejor calidad de vida, con políticas de cuidado del medio ambiente. Pero es sólo una suposición.

Mientras tanto, algunos particulares, que el Gobierno denomina “bandas criminales” organizan minas aprovechando la ausencia del Estado y logran que la gente trabaje en ellas sin ningún tipo de condiciones de seguridad social o física. Se estima que buena parte del conflicto armado que existe en esos municipios tiene que ver con actores armados apropiándose a la fuerza de las minas. Y anualmente se reportan entre 5 y 10 accidentes en minas subterráneas ilegales en el Cauca.

La explotación de oro de aluvión en Colombia representa tan solo el 2% a nivel mundial y lo que aporta el Cauca puede estar alrededor del 7% únicamente, ni siquiera el 10%.

Desde los años ochenta, inversionistas internacionales le han puesto el ojo a los recursos naturales para dinamizar su economía y el Gobierno Nacional ha generado reformas a las leyes para permitir la inversión de capital extranjero en la explotación minero-energética.

Esos procesos distintos de explotación han generado conflictos entre empresas mineras extranjeras y comunidades locales que denuncian destrucción de los sistemas ambientales. Para los caucanos, las minas son espacios de trabajo, lugares donde viven y subsisten, mientras que para las empresas multinacionales son sólo zonas para explotar y comercializar e ignoran -o desatienden-los daños sociales, de salud o ambientales que se generan por su accionar.

Como sea, la minería es importante para el Cauca, y las comunidades que viven de ella de manera artesanal y ancestral requieren, no sólo apoyo, sino protección, atención y acompañamiento.

Editorial / El Nuevo Liberal

Construida en el lado contiguo a la catedral Nuestra Señora de la Asunción y a la casa arzobispal, en la carrera séptima con calle quinta, representa sin duda un legado de ideología europea, pero especialmente la marca de España en Popayán.  Y esto lo podemos afirmar por la gran similitud de la torre con edificaciones erigidas junto al Palacio Saldañuela, en Burgos, la Casa Blanca de Medina del Campo y el Castillo de Curiel en Valladolid.  Incluso, podríamos compararla con La Giralda, nombre con el cual se reconoce el campanario de la catedral de Sevilla, donde se llevan a cabo, al igual que en Popayán, unas procesiones de Semana Santa.  Esa estructura es imponente y llena de detalles lujosos.

Se cuenta que la Torre del Reloj fue construida bajo el arzobispado de Cristóbal Bernardo de Quiroz, español que vino desde México para asumir las tareas encomendadas por el Papa en nuestra comarca, dentro de cuyos proyectos estaba el tener un medio de comunicación efectivo de la curia con los ciudadanos, y nada mejor que una torre de campanas.  Incluso, varios documentos reseñan que el dinero con el que se empezó a levantar este edificio provino de su bolsillo; luego se recibieron algunos aportes  provenientes de “las encomiendas de indios” y, finalmente, completado mediante limosnas de los buenos -y pudientes- católicos de la ciudad.  Una placa de plomo reseña que la puesta de la primera piedra -de una obra que tardaría nueve años en construirse- se realizó el 30 de mayo de 1673 bajo el nombre de Torre de la Plaza Mayor.

Y como la libertad de los esclavos en Colombia vino a darse legalmente en 1821, suponemos que, además de indios, fueron muchos los esclavos que trabajaron en una obra que al inicio fue de tres pisos.  En ella se invirtieron 96 mil ladrillos y se consolidó con paredes de tres metros de espesor.  Con los sucesivos terremotos de la ciudad, se han realizado algunos cambios de altura, pero sigue siendo imponente y majestuosa a pesar de su aparente sencillez.

Se le vino a llamar Torre del Reloj porque allí fue instalado un reloj de bronce -sin minutero- traído de Londres en 1737, por una donación de particulares, y que funcionaba con dos pesas de plomo.  La falta del minutero ha generado la leyenda de que en Popayán no pasa el tiempo, y si pasa, a los patojos no les importan los minutos sino las horas.  Sobre el plomo de las pesas hay que reseñar que, en las revueltas de la independencia, el General Antonio Nariño las robó para mandar a construir balas con ellas.  Un pequeño detalle histórico que las gentes de la ciudad todavía no le perdonamos al prócer traductor de los Derechos del Hombre.

Muchas leyendas se han tejido alrededor de la Torre, una de las cuales tiene que ver con la ‘Ñapanga llorona’ que se escucha a la medianoche en los días de luna en ‘La calle de las catedrales’.  Un alma en pena que inicia su paseo en el templo de San José, se detiene en la Torre y sigue por el andén de la catedral hasta el santuario de Belén, pasando por las capillas de La Encarnación y La Ermita.  Otra tiene que ver con el llanto de ‘Ernestina’, la niña que nació en el campanario en días de la independencia cuando varios insurgentes se escondían en su interior.  Y, claro: “la que dice a ciencia cierta” que allí reposan los huesos de Don Quijote de la Mancha, y que quien aspire a ser poeta o escritor, tiene que venir hasta este santuario de ‘La ciudad letrada de Colombia’ y poner sus manos sobre las paredes de la Torre para impregnarse del ingenio, el alma y la sabiduría del más famoso de los hidalgos de la literatura universal.